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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2013-01356-02

Fecha
12 de abril de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2013-01356-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 24 de junio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala 5 de decisión, por las razones expuestas en esta providencia, la cual quedará así: “PRIMERO: DECLARAR la caducidad de la acción respecto de las pretensiones formuladas por la muerte de Carmelo Durango, ocurrida el 3 de mayo de 1996. SEGUNDO: DECLARAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional responsables por el daño antijurídico causado a los demandantes con ocasión de desplazamiento forzado al que fueron sometidos los demandantes Lucelia Díaz Herrera, Huber Andrés y Sindy Juliana Durango Díaz, Daris Yamed y Dolis Judith Durango Moreno. TERCERO: CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicios inmateriales las siguientes sumas de dinero: BENEFICIARIOS Perjuicios morales Lucelia Díaz Herrera 50 SMLMV Huber Andrés Durango Díaz 50 SMLMV Sindy Juliana Durango Díaz 50 SMLMV Daris Yamed Durango Moreno 50 SMLMV Dolis Judith Durango Moreno 50 SMLMV CUARTO: COMUNICAR esta decisión a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UNARVI- para que informe a los demandantes sobre los programas de restablecimiento y reparación integral contemplados en la Ley 1448 de 2011 para la población víctima de desplazamiento forzado, en los términos consignados en la parte motiva. QUINTO: ORDENAR que la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional realicen un acto conmemorativo en el cual ofrezcan disculpas a los demandantes y reconozcan su responsabilidad porque omitieron brindarles medidas de protección para evitar se produjera su desplazamiento forzado, en los términos indicados en esta decisión. SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda SÉPTIMO: sin condena en costas en las dos instancias” 20 de 21 Radicación: 05001-23-33-000-2013-01356-02(68852) Demandante: Lucelia Díaz Herrera y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Confirma sentencia que declara la caducidad […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2013-01356-02

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

12 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 12 de abril de 2024

Radicación: 05001-23-33-000-2013-01356-02 (68852)
Demandante: Lucelia Díaz Herrera y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de reparación directa

Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – omisión de protección – desplazamiento forzado
–-falla en el servicio-liquidación de perjuicios

Síntesis del caso: se demanda por la muerte de un líder social, militante de la UP, perpetrada
por grupos de autodefensas y el desplazamiento forzado que se derivó de dicha acción

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la Sentencia de 24 de junio de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala 5 de decisión, que declaró la caducidad.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada, 1.3.
Sentencia de primera instancia, 1.4. Recursos de apelación, y 1.5. Trámite relevante

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 27 de agosto de 2013, Lucelia Díaz Herrera y otros1 presentaron
demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional y Policía Nacional para que se les declarara responsables
de “la muerte del señor CARMELO DURANGO MORENO, y el desplazamiento
forzado de todos los integrantes de la familia que se vieron sometidos por
miembros de las Autodefensas que operaban en el Urabá Antioqueño, y
concretamente en el municipio de Chigorodó –Antioquia-, al parecer con la
anuencia de los miembros de la fuerza pública”2.

2. La indemnización solicitada se resume en los siguientes valores:
Perjuicio Parentesco Indemnización
Perjuicios morales
Para cada demandante 200 SMLMV
“Daños en la vida
Para cada demandante 200 SMLMV
de relación”

1 Lucelia Díaz Herrera en condición de compañera permanente, Huber Andrés y Sindy Juliana Durango Díaz como

hijos, Daris Yamed Durango Moreno y Dolys Judith Durango como hijas de crianza y Tedy María, Iris Margoth y Delis
Daveida como hermanas.
2 Folios 3 a 53 del cuaderno 1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 05001-23-33-000-2013-01356-02(68852)
Demandante: Lucelia Díaz Herrera y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma sentencia que declara la caducidad
_______________________________________________________________________________________
“Daño a las
condiciones de Para cada demandante 150 SMLMV
existencia”
Para la compañera permanente, sus hijos e $464.056.568
Lucro cesante
hijas de crianza
Daño emergente Sin especificar el beneficiario $192.897.8023

3. Las afirmaciones que fundamentan las pretensiones se resumen así: el
3 de mayo de 1996, el presidente seccional de la Central Nacional
Provivienda –Cenaprov-, Carmelo Durango Moreno, fue asesinado por
grupos de autodefensa en el sitio conocido como La Campiña, ubicado en
la vía que conduce de Apartadó a Chigorodó, mientras se desplazaba en
su vehículo en compañía de Marcelino Medellín Narváez, amigo y
compañero en Cenaprov. Carmelo Durango era miembro activo del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria –
Sintrainagro- y del partido político Unión Patriótica –UP-, por cuyo movimiento
había sido elegido concejal en dos periodos. Aseguraron que la práctica
sistemática de exterminio de militantes y simpatizantes de la UP en la región
fue el móvil del hecho.

4. Expusieron que las entidades demandadas incumplieron el deber de
protección a la población civil, en particular sobre integrantes de este
movimiento político amenazados públicamente, además fallaron en el
mantenimiento del orden público. También aludieron al apoyo que las
autoridades estatales habrían brindado, en su momento, para la
conformación de estos grupos de autodefensa y la pasividad de las fuerzas
militares para contener su operación en la zona.

1.2. Posición de la parte demandada

5. En su escrito de contestación de la demanda4, el Ejército Nacional
advirtió que la responsabilidad estatal derivada de actos de terceros debía
atribuirse de acuerdo con el régimen de falla en la prestación del servicio, en
el que le correspondía a la parte actora acreditar la omisión o el
incumplimiento del deber de protección, carga probatoria que no cumplió.
Agregó que aquella es una obligación de medio y no de resultado, por lo
que se requería mediara una solicitud de protección para el surgimiento de
un deber específico de seguridad que hubiera sido desatendido. Propuso las
excepciones del hecho de un tercero porque el asesinato fue cometido por
un grupo de autodefensas y las que denominó “diligencia y cuidado por
parte de las fuerzas militares”, “inexistencia de la obligación”, “tasación
excesiva de perjuicios extrapatrimoniales” y “descuento de lo pagado a los
actores por acción social”.

6. La Policía Nacional contestó la demanda5. Señaló que no se aportaron
pruebas de que el occiso hubiera solicitado protección a la fuerza pública y
esta se le hubiera negado, ni que su familia haya denunciado amenazas

3 Por la pérdida de “el vehículo tipo campero Samurai en el que se transportaba cuando lo asesinaron que era de

propiedad del señor CARMELO; un ganado que tenía a partir (30 cabezas aproximadamente), enceres, pago de
arrendamientos, etc”.
4 Folio 297 a 316 del cuaderno 2
5 Folios 345 a 359 del cuaderno 2

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01356-02(68852)
Demandante: Lucelia Díaz Herrera y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma sentencia que declara la caducidad
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contra su vida e integridad física, de manera que el deber de protección
exigido a la entidad no se había activado. La condición de víctimas de
desplazamiento tampoco fue acreditada porque “necesariamente debe
mediar un acto administrativo” para respaldar dicha calidad. Adujo la
caducidad de la acción ya que no podía aceptarse que los demandantes
conocieron el origen del daño tan solo en 2012, pues era evidente que este
se concretó en la muerte de Carmelo Durango. Así, dado que los hechos
ocurrieron el 3 de mayo de 1996, la acción fue presentada por fuera de la
oportunidad legal. Lo anterior, aun si se considera, en relación con el
desplazamiento forzado, la fecha fijada por la SU 254 de 2013. Por último,
alegó las excepciones del hecho de un tercero, la “inexistencia de la
obligación” y el “descuento de lo pagado por la indemnización
administrativa del artículo 132 de la Ley 1448 de 2011”.

1.3. Sentencia de primera instancia

7. Mediante Sentencia de 24 de junio de 20226, el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala 5 de decisión, declaró la caducidad del medio de control.
Sostuvo que, en aplicación de la unificación planteada por el Consejo de
Estado en sentencia de 29 de enero de 20207, y cuyo planteamiento fue
avalado por la Corte Constitucional8, el momento en que los demandantes
conocieron o debieron conocer de la participación por acción u omisión de
agentes estatales en la persecución librada en contra de los militantes y
simpatizantes de la UP -y con ello advertir la posibilidad de imputarle
responsabilidad- pudo ocurrir en dos momentos. El primero, de entenderse que
el fundamento de imputación fue la omisión al deber de protección para
resguardarlos de las acciones violentas de los grupos de autodefensas,
ocurrió al momento de los hechos pues “era conocido el contexto de
violencia en el que se encontraba esa población, de cuenta de los grupos
armados al margen de la ley que hacían presencia en el territorio, así como
echaban de menos la presencia y el despliegue de actividades por parte de
la fuerza pública”.

8. El segundo, debido a la connivencia de la fuerza pública en las
actuaciones de este grupo armado, el Tribunal halló igualmente probado, a
partir de los testimonios recaudados, que “los habitantes conocían y eran
conscientes de las omisiones de la fuerza pública en el momento de la
ocurrencia de los hechos”, de donde “la resolución de 28/2/2013 y las
declaraciones de jefes paramilitares en 2012 –a las que hace referencia la
demanda– no aportan elementos nuevos al conocimiento por parte de los
demandantes de la presunta omisión del Estado en el cumplimiento de su
deber de protección en el municipio de Chigorodó en el año 1996”.
Concluyó que los hechos ocurrieron el 3 de mayo de 1996 y desde ese
momento los demandantes conocieron que la posibilidad de atribuir la
responsabilidad estatal por el incumplimiento al deber de protección.

6 Medio digital disponible en el sistema de gestión de la Rama Judicial.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de enero de 2020.

exp. 61033
8 Corte Constitucional, Sentencia SU 312 de 3 de agosto de 2020

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01356-02(68852)
Demandante: Lucelia Díaz Herrera y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma sentencia que declara la caducidad
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9. Al hallar que el desplazamiento forzado de los demandantes y la
muerte de Carmelo Durango compartían la fuente generadora del daño, la
caducidad respecto de aquella pretensión también debía correr a partir de
su acaecimiento, esto es, el 3 de mayo de 1996.

10. Así, dado que para la fecha de presentación de la demanda había
transcurrido más de dos años, declaró la caducidad de la acción respecto
de ambas pretensiones, pero se abstuvo de condenar en costas porque no
las halló causadas.

1.4. Recursos de apelación

11. La parte actora apeló la sentencia para que la decisión sea revocada
y el asunto se resuelva de fondo9. Alegó que para el momento en que se
presentó la demanda existía un precedente que definía la inaplicación del
término de caducidad en asuntos de crímenes de lesa humanidad10,
decisión que fue utilizada de manera reiterada11. Indicó que, cuando
Carmelo Durango fue asesinado, sus familiares únicamente conocían
quiénes fueron los autores del hecho pero que la complicidad de las
autoridades públicas con los grupos paramilitares vino a conocerse mucho
tiempo después “con la asesoría brindada por el suscrito en el año 2013, y
con las Resoluciones proferidas dentro del proceso penal en el año 2013
donde quedó en evidencia que los hechos podían ser imputables al Estado
por el actuar connivente del mismo con la AUC”.

12. El apoderado precisó que las “construcciones argumentativas”
presentadas en este asunto fueron fundadas en pruebas obtenidas en otros
procesos, de modo que los demandantes no estaban en condiciones de
advertir que, en la causa del daño, habrían participado agentes estatales.

13. Puso de presente las condiciones de precariedad económica y
prevalencia de las amenazas a la seguridad de los demandantes en las que
realizaron su retorno a Chigorodó en 1999, por lo que “no han logrado su
consolidación y estabilización socioeconómica lo que hace que a la fecha
continúen en condiciones de desplazados forzosos”.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia, 2.2. Caducidad de la acción, 2.3. Del
desplazamiento forzado, 2.3.1. Inexistencia de cosa juzgada internacional, 2.3.2. Análisis
sustantivo, 2.3.3. Liquidación de perjuicios, y 2.4 Costas.

2.1. Síntesis de la controversia

14. La Sentencia de primera instancia será parcialmente revocada. De un
lado, se confirmará la declaratoria de la caducidad de la acción respecto

9 Medio digital disponible en el sistema de gestión de la Rama Judicial.

10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 09 de junio de 2017.

Exp. 53704A
11 Al respecto, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto del 11 de mayo de

2017 Exp. 58217, auto del 7 de septiembre de 2015 Exp. 47.671, Sentencia del 17 de septiembre de 2013 Exp. 45092,
así como proveídos dictados en expedientes 45092, 35413, 44050, entre otros. Auto treinta (30) de marzo de dos mil
diecisiete (2017) Radicado: 25000-23-41-000-2014-01449-01 (AG).

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Demandante: Lucelia Díaz Herrera y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma sentencia que declara la caducidad
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de la pretensión formulada por la muerte de Carmelo Durango porque está
acreditado que las condiciones para que los demandantes identificaran el
comportamiento omisivo de las entidades, que determinó la muerte de la
víctima ante la ausencia de medidas que protegieran su vida, así como la
posible connivencia con el grupo perpetrador, se dieron de manera
concomitante con el hecho; no obstante, la demanda se presentó 17 años
después, sin que se comprobaran circunstancias que imposibilitaran el
ejercicio oportuno de la acción. De otro lado, declarará la responsabilidad
de la Policía y el Ejército Nacional por el desplazamiento forzado de Lucelia
Díaz Herrera y su grupo familiar porque la grave alteración del orden público
y el hecho de que las amenazas provenientes de grupos de autodefensas
eran de conocimiento público hacían que el hecho fuera previsible, y
susceptible de conocimiento de las demandadas, pese a lo cual omitieron
las medidas necesarias para proteger a la población civil y evitar su
desplazamiento.

15. Conviene precisar que las demandantes Tedys María y Delis Daveiva
Durango Moreno alegaron que sufrieron un daño derivado del
desplazamiento forzado por los mismos hechos, sin embargo, se advierte que
ninguno de los elementos aportados permite inferir que hacían parte del
núcleo familiar del fallecido, como tampoco que se hubieran trasladado
forzosamente a Medellín junto con los demás demandantes. Si bien se
constató que Tedys María y Delis Daveiva Durango Moreno se encuentran
inscritas en el Registro Único de Víctimas por hechos de desplazamiento, estos
hacen referencia a hechos ocurridos en Arboletes12, lo que impide extraer la
relación causal con el asunto que se analiza. Por ello, se negarán las
pretensiones en relación con estas demandantes.

2.2. Caducidad de la acción por la muerte de Carmelo Durango

16. Sobre la pretensión formulada por la muerte de Carmelo Durango
debido a su militancia en la UP y perpetrada por grupos de autodefensa, la
parte actora atribuyó este hecho a la intervención de la fuerza pública con
fundamento en dos factores: el primero, por “una falla del servicio, producida
por la omisión de las autoridades de la fuerza pública (Ejército y Policía
Nacional) en el mantenimiento del orden público, y que comprometieron su
responsabilidad, con mayor claridad, al no disponer las medidas de
seguridad necesarias para quienes estaban siendo exterminados por un
grupo armado al margen de la ley”; y el segundo, a la posible connivencia
de estos actores con las fuerzas militares pues “auspiciaron la presencia de
un grupo armado al margen de la ley (Autodefensas Campesinas de
Córdoba y Urabá), en la zona del Urabá Antioqueño y concretamente en el
Municipio de Chigorodó que llegaron con la clara consigna de exterminar a
todos los miembros del movimiento político de la Unión Patriótica U.P., y a los
sindicalistas afiliados a Sintrainagro”13.

12 Folios 775 y 776 del cuaderno 3

13 De acuerdo con los de imputaciones de la demanda.

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01356-02(68852)
Demandante: Lucelia Díaz Herrera y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma sentencia que declara la caducidad
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17. Al estudiarse la primera tesis, es claro que el comportamiento omisivo
de las fuerzas militares y de policía, fundado en la ausencia de medidas
dirigidas a proteger la vida de Carmelo Durango y su familia, fue conocido
por los actores desde el momento en que ocurrieron los hechos. Los testigos
Rigoberto Jiménez y Ángel Gabriel Palacio, como integrantes de Cenaprov
y Sintraingagro (entidades afines a la UP), reprocharon la inacción del
Ejército y la Policía frente al constante hostigamiento del que fueron víctimas
pues “conocía[n] muy de cerca las amenazas, la persecución y siempre
indicaban que eran las autodefensas, desafortunadamente la fuerza pública
nunca operó como para evitar ese tipo de asesinatos”14, e, incluso, el
comandante de la policía “[les] decía muchachos qué pena con ustedes los
están matando, pero yo no puedo hacer nada”. Luz Edilma Rodríguez
Londoño, habitante del municipio, confirmó que: “En esa época ellos [los
paramilitares] eran los que mandaban, mataban a la gente por cualquier
cosa que ellos querían, y en el momento no había ley no había nada. O ley
si había, pero nunca estaban, siempre pasaban las cosas y cuando la ley
llegaba no había nadie por ahí, apenas el muerto”.

18. Los testimonios recolectados en el proceso revelan la existencia de
indicios y de hechos de público conocimiento a partir de los cuales, de
manera razonada y general, los habitantes de Chigorodó concluyeron que
“ellos [Policía y Ejército] actuaban conjuntamente con los grupos
paramilitares” 15. Patrullaban juntos algunos barrios del municipio y que eran
los miembros de la SIJIN quienes señalaban a las siguientes víctimas16, y que,
incluso el Ejército acompañaba los retenes en los que fueron masacrados los
trabajadores bananeros de manera indiscriminada17. Relataron que, en
varias ocasiones, en calidad de directivos sindicales y de integrantes de la UP
elevaron quejas y denuncias ante “el comandante de la policía, el
comandante del Ejército y, repito otra vez, muchas veces ni siquiera [les]
recibían la denuncia”. Todo lo anterior daba a entender la existencia de un
“complot” para “sacar[los] a punta de bala”18.

19. Conforme lo dicho, la Sala observa que las condiciones para llegar al
conocimiento sobre la intervención o la intencionada inacción de la fuerza

14 En ese sentido también indicaron la sospechosa tolerancia de la Policía y el Ejército a los retenes que se hacían a

“500 o a 1000 meros del pueblo. Llegarán tipo 5, 4, 5 de la mañana se quedarán ahí [los paramilitares] hasta las 7 o
8 de la mañana masacrando los trabajadores y la fuerza pública por ningún lado”.
15 Testimonio rendido por Rigoberto de Jesús Jiménez Sarriego ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 8 de

noviembre de 2016. Audio de la audiencia en CD, a folio 1 de cuaderno 2.
16 El testigo Rigoberto Jiménez narró: “y lo más complicado de eso era que el Ejército en esos barrios andaba con

ellos uniformados y muchos policías del municipio Chigorodó, gente de la SIJIN. En ese entonces había una cosa
que se llamaba el F2, por el día andaban vestidos de militares y por la noche salían con un pasamontaña en la
cabeza y llevaban a los paramilitares a las casas a donde iban a sacar a cualquier trabajador, a cualquier miembro
de la UP para que lo asesinaran”.
17 Así se expresó Rigoberto Jiménez: “Y hay mucha gente a las 5:00 H de la mañana, o 5:30 de la madrugada se

tiraban al caño, echaban para las bananeras por temor a ser asesinados. Es que eso era público, hacían el retén y
ahí los asesinaron y nosotros vimos porque ellos tenían lista en mano y llamaban por lista: fulano de tal sí, vaya por
allá y fulano de tal, sí, vaya por allá y mandaba los carros, los mandaban y se quedaban ahí con los que iban a
asesinar y eran los paramilitares con el Ejército que estaba en ahí”. La testigo Rosa Isabel Toro agregó que la
complicidad entre estos actores fue evidente porque “el Estado no hacia presencia, muchas veces me toco yendo
para Medellín un retén de los paramilitares y por ahí a diez minutos un retén del ejército, ellos se cuidaban entre sí”,
y que “cuando entraron los paramilitares acá ellos se unieron con el ejército y un general de la brigada que se
llamaba RITO ALEJO les dio base para que operaran allá, en la brigada de Carepa, les puso oficina y allá operaba,
había un centro de operación donde ellos tenían su comandante, su seguridad y operaban desde allá”
18 Testimonio rendido por Ángel Gabriel Palacio ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 25 de octubre de

2016. Audio de la audiencia en CD, a folio 1 de cuaderno 2.

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pública para contener las acciones violentas de ese grupo armado ilegal no
eran desconocidas ni ajenas a los residentes en la zona, incluso, mucho antes
de la muerte de Carmelo Durango. De acuerdo con lo anterior, y ante la
ausencia de elementos que demuestren lo contrario, para la Sala no es
consistente que tan solo en 2012, “a través de las declaraciones de Salvatore
Mancuso y Raúl Emilio Hasbúm, Javier Ocaris Correa, Bernardo de Jesús Díaz
Alegre” los demandantes conocieron “que autoridades del Estado
participaron activamente en la muerte de los miembros de la UP y
sindicatos”, pues nada de lo dicho por ellos consta probatoriamente en el
expediente. Tampoco estima fundado el convencimiento de que “las
resoluciones dictadas dentro de los procesos penales en 2013” dieron certeza
de la participación de agentes estatales en los hechos, puesto que tampoco
fueron aportadas, y la decisión mediante la cual la Fiscalía 33 Especializada
de la Dirección Nacional de Análisis y Contextos Violencia contra Miembros
de la Unión Patriótica declaró el homicidio de Carmelo Durango como delito
de lesa humanidad ante el presunto surgimiento de “una alianza entre
grupos armados ilegales (paramilitares), con sectores de la política
tradicional, organismos de seguridad del Estado, de la fuerza pública”19 fue
dictada el 27 de octubre de 2014, es decir, con posterioridad a la
presentación de la demanda, lo que refuerza la imputación de complicidad
entre la fuerza pública y las autodefensas, pero no la fundamenta por sí sola.

20. La Sala rechaza el argumento de apelación que explica el
“conocimiento del daño” únicamente a partir de la asesoría jurídica bridada
por su apoderado pues, como se expuso, los actores estaban en condiciones
de advertir los comportamientos omisivos de la fuerza pública, y hasta
suponer la aquiescencia con las actuaciones de la autodefensa. Además, el
término de caducidad no puede quedar al arbitrio de las partes, por la
búsqueda de una asesoría legal o por la designación de un apoderado
judicial.

21. En este sentido, la referida decisión de unificación aclaró que “mientras
no se cuente con elementos de juicio para inferir que el Estado estuvo
implicado en la acción u omisión causante del daño y que le era imputable
el daño, el plazo de caducidad de la reparación directa no resulta exigible,
pero si el interesado estaba en condiciones de inferir tal situación y, pese a
ello no acudió a esta jurisdicción, el juez de lo contencioso administrativo
debe declarar que el derecho de acción no se ejerció en tiempo”, supuesto
que aquí se presenta.

22. La Sala no desconoce la situación de desplazamiento, desprotección
y amenaza en que permaneció la demandante luego del asesinato de su
compañero, sumado a que los perpetradores del crimen continuaron
operando en la zona, lo que comportó, sin duda, la imposibilidad para
ejercer en libertad sus derechos, entre ellos, el de acceder a la administración
de justicia. De modo que la contabilización del plazo legal debería iniciarse

19 Folios 205 a 259 del cuaderno 2

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Demandante: Lucelia Díaz Herrera y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
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solo a partir del momento en que estos obstáculos hubiesen cesado y la
imposibilidad material para demandar hubiera sido superada.

23. No obstante, para la Subsección, al constatarse que los demandantes
retornaron al lugar del que fueron desplazados donde, con el transcurso de
los años, consiguieron la estabilización socioeconómica y la continuación de
su proyecto de vida en condiciones de dignidad, como se explicará más
adelante, luego de 14 años de su retorno, no subsistía ninguna de las
circunstancias con posibilidad de sustentar factores adicionales que
obstaculizaran acceder a la administración. Así se constata que la acción
derivada de la muerte de Carmelo Durango se ejerció por fuera de la
oportunidad legal. En consecuencia, la Sala confirmará la decisión que
declaró caducidad de la acción por este daño.

2.3. Del desplazamiento forzado

24. Mediante Sentencia de 29 de enero de 202020, la Sala Plena de la Sección
Tercera unificó su jurisprudencia respecto de la caducidad de la acción con
“pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se
pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado”.

25. Como regla general, dispuso que 1) el término aplicable es el legal incluso
si se trata de pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los
delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra, y similares, 2) que salvo
disposición legal especial (como la desaparición forzada), el plazo se
computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad patrimonial, y 3) el término pertinente no se aplica
cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el
ejercicio del derecho de acción.

26. En relación con la pretensión por el desplazamiento forzado debe tenerse
en cuenta que es un daño continuado21, cuyo término de caducidad inicia
una vez se producen las condiciones de seguridad para el retorno de las
víctimas al lugar de origen o al comprobarse su arraigo definitivo en otro
lugar22. Los testimonios relatan que la familia Durango Díaz fue víctima de

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia de 29 de enero

de 2020, exp. 61033. La Sentencia tuvo los votos disidentes de los siguientes Consejeros de Estado: María Adriana
Marín, Ramiro Pazos Guerrero y Alberto Montaña Plata. Por su parte, el Consejero de Estado Guillermo Sánchez
Luque aclaró su voto. Los motivos de inconformidad del ponente de esta sentencia, respecto de la decisión
unificada, que se pueden consultar en extenso el salvamento de voto referido, están relacionados con que, a mi
juicio, la decisión fue regresiva respecto del bloque de convencionalidad al desconocer los estándares vigentes de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, privando a las víctimas de sus derechos a la verdad, la justicia,
la reparación y la no repetición. También puede consultarse el salvamento de voto de la decisión de tutela de 22
de julio de 2002, con radicado 11001-03-15-000-2022-04007-00. Allí expongo que el estándar internacional vigente,
así como elementos de relevancia constitucional que conducirían a inaplicar las normas de caducidad en casos
de graves violaciones a los Derechos Humanos.
21 Sobre el carácter continuado del daño producido por el desplazamiento forzado ver: Consejo de Estado, Sala de

lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 16 de agosto de 2001, Exp. 13.772, Auto de 26 de julio
de 2011, Exp. 41037; Sentencia del 25 de julio de 2019, Exp. 50364; Sentencia de 27 de agosto de 2020, Exp. 58996.
22 Ley 387 de 1997, artículo 18. “De la cesación de la condición de desplazado forzado. La condición de desplazado

forzado por la violencia cesa cuando se logra la consolidación y estabilización socioeconómica, bien sea en su
lugar de origen o en las zonas de reasentamiento”.

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01356-02(68852)
Demandante: Lucelia Díaz Herrera y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma sentencia que declara la caducidad
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amenazas dirigidas por grupos de autodefensas, “que llegaban hombres a
la casa de ella [de Lucelia]y le decían que no la querían ahí en el pueblo,
que ella era guerrillera que se fuera”, “tumbaban las puertas, las ventanas y
le decían que se tenía que ir que les tenía que dejar esa casa a ellos”23, pues
este grupo armado rechazaba la militancia de Carmelo Durango en el
movimiento político de la UP. Sobre este punto y aunque algunas versiones
difieren en precisar el momento en que el desplazamiento comenzó, y si este
sucedió días antes o después del asesinato de Carmelo Durango24, es claro
que el peligro que representaba permanecer en el municipio de Chigorodó
para la vida de Lucelia y sus hijos, fue el motivo de su salida forzada y del
inicio del desplazamiento.

27. Los testimonios coinciden en que Lucelia Díaz regresó a Chigorodó tres
años después de ocurridos los hechos - esto es, para el año 199925- “para
enfrentar lo poquito que había dejado CARMELO, que era un lote donde
iban hacer un parqueadero y la casita donde ellos vivían que había dejado
también”26, inicialmente “alquiló la casa que era en material, era una casa
buena, cómoda, amplia la alquiló y se fue para el parqueadero, ella hizo una
casita con tablitas, consiguió un kiosquito de coca cola y se fue a trabajar
allá con sus hijos y allá vivía27. Luz Marina Padierna Gómez, vecina y residente
de la zona, aseguró que las amenazas continuaron a su regreso, pues los
señalamientos de pertenecer a un grupo guerrillero subsistieron aun después
de la muerte de su compañero.

28. En este punto conviene precisar que las condiciones de retorno deben
sustentarse en la voluntariedad, y darse en condiciones de seguridad y
dignidad, en los términos del artículo 74 del Decreto 4300 de 2011 y de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional28. Si bien la Sala no desconoce que
justamente para cuando la demandante regresó a Chigorodó dichas
condiciones no se cumplieron, debido a las presiones permanentes por parte
del grupo armado para abandonar el lugar y sus pertenencias, y por las
condiciones económicas precarias en que ocurrió; también es cierto en el

23 Testimonios de por Luz Edilma Rodríguez Londoño y Rosa Isabel Toro Osorio ante el Juzgado Civil del circuito de

Apartadó –comisionado-, el 22 de julio de 2016. Las declarantes aludieron su condición de residentes del municipio
y vecina de los demandantes. Folios 540 a 541 y 544 a 547 del cuaderno 3.
24 De acuerdo con la declaración de Lucelia Diez Herrera presentada ante la personería de Chigorodó el 5 de

septiembre de 2011 y los testimonios de Rosa Isabel Toro y Rigoberto Jiménez ella y su núcleo familiar conformado
por 4 hijos (entre ellos 2 hijas de crianza) tuvieron que trasladarse a Medellín en el año 1996, incluso antes de la
muerte de su compañero. De otro, el testigo Ángel Gabriel Palacio aseguró que el hecho que generó el
desplazamiento fue el asesinato de su Carmelo y la persecución previa de la que habían sido víctimas por esa
época.
25 Hecho aceptado por el apoderado de los demandantes.

26 Luz Marina Padierna Gómez en su testimonio rendido ante el Juzgado Civil del circuito –comisionado-, el 22 de

julio de 2016, como habitante del municipio y vecina de los demandantes le constaba que Lucelia: “se puso a vivir
en lo que es ahora el parqueadero, ahí había una casita en madera, de tablas, para ella poder alquilar la casita
que le dejó CARMELO en la URBANZACION CENAPROV o sea URBANIZACION BRISAS DEL RIO. Tuvo que alquilar la
casita para tener una forma de vivir y ayudarse económicamente”. Folio 542 a 543 del cuaderno 3.
27 Testimonio de Rosa Isabel Toro Osorio

28 Al respecto ver, entre otras, la Sentencia T 515 de 2010 en la que cita Informe definitivo del Relator Especial, Sr.

Paulo Sergio Pinheiro sobre los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las
personas desplazadas, Doc. E/CN.4/Sub.2/2005/17, 28 de junio de 2005. : “10.1. Todos los refugiados y desplazados
tienen derecho a regresar voluntariamente a sus anteriores hogares, tierras o lugares de residencia habitual en
condiciones de seguridad y dignidad. El regreso voluntario en condiciones de seguridad y dignidad debe fundarse
en una elección libre, informada e individual. Se debe proporcionar a los refugiados y desplazados información
completa, objetiva, actualizada y exacta, en particular sobre las cuestiones relativas a la seguridad física, material
y jurídica en sus países o lugares de origen”.

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01356-02(68852)
Demandante: Lucelia Díaz Herrera y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma sentencia que declara la caducidad
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transcurso de los años, la familia consiguió la estabilización en condiciones
dignas que le permitieron “p[oner] esos cuatro pelaos a estudiar hasta que
ya las muchachas grandes, las sobrinas del esposo empezaron a trabajar en
almacenes, y le ayudaban a ella, (…) Ya al mucho tiempo se pasó para su
casa y alquiló el parqueadero y de eso es que ha vivido (…) así fue inicio su
negocio, ella hizo el parqueadero con los años y trabajo día y noche y de
eso ha vivido y con eso crió a sus hijos y los sacó adelante, les dio estudio,
arregló su casa”29. Además, los hostigamientos por parte de los grupos
ilegales cesaron pues se convencieron de que ella “no tenía que ver con
guerrilla ni nada, ni mucho menos con partidos del marido”30.

29. Pese a que los testigos no establecieron con precisión la fecha en que
la familia logró sostener su cotidianidad y plan de vida en normalidad, en
condiciones seguras y en dignidad; la Sala no puede tomar por cierta la
afirmación del apoderado relativa a que al momento de presentación de la
demanda no había cesado su condición de desplazamiento, en tanto
considera que, el transcurso de más de 14 años, en las circunstancias
favorables descritas por los testigos, es un periodo razonable para alcanzar
la consolidación y estabilización socioeconómica en términos
constitucionalmente admisibles.

30. Ahora, conviene precisar que la Corte Constitucional, mediante
Sentencia de unificación SU-254 de 2013, consideró que el término de dos
años para demandar la responsabilidad patrimonial del Estado en casos de
desplazamientos cuyo daño se haya consolidado, como ocurrió en el
presente asunto, se debe contabilizar a partir de la fecha de ejecutoria de
ese fallo31, esto es, el 23 de mayo de 2013. De modo que, la demanda, al
haber sido presentada el 27 de agosto de 2013, cumple con el presupuesto
procesal de la oportunidad de la acción.

2.3.1. Inexistencia de cosa juzgada internacional

31. La cosa juzgada persigue que los asuntos que han sido resueltos por
determinada autoridad judicial no vuelvan a ser debatidos y decididos en
otro juicio posterior. De conformidad con el artículo 303 del CGP, para que
se declare la cosa juzgada, los dos procesos deben versar sobre el mismo

29 Testimonio de Rosa Isabel Toro Osorio

30 Testimonio de Luz Edilma Rodríguez Londoño

31 Respecto de la interpretación que la Corporación ha realizado de la Sentencia de unificación SU-254 de 2013, en

el salvamento de voto de la Sentencia de 10 de febrero de 2021, expedida en el proceso 81001-23-39-000-2018-
00124-01 (63.264), referí que no es plausible contabilizar el término de oportunidad a partir de la ejecutoria de la
mencionada providencia cuando el daño no se ha consolidado, es decir, el desplazamiento no ha cesado. Al
respecto, manifesté: “La Corte se refería a los casos en que el daño se hubiera consolidado antes de la fecha
definida, pues los trascursos de tiempo sólo son relevantes para efectos de la caducidad desde la consolidación
del daño. Esa decisión de la Corte permitiría a los jueces de tutela declarar la improcedencia de la indemnización
en abstracto31, en los casos de daños consolidados antes de la Sentencia. Respecto de esos asuntos, durante los
dos años posteriores a la ejecutoria de la SU-254 de 2013, todavía estaría vigente la posibilidad de acceder a un
medio judicial ordinario para obtenerla, por lo que no se cumpliría el requisito de subsidiariedad exigido en el
Decreto 2591 de 1991.// Desde luego la Corte no estableció esa fecha para dar por consolidado un daño que no
lo estuviera, ni dictó una instrucción para iniciar cómputos de caducidad mientras las víctimas continuaban en
situación desplazamiento. Habría sido una decisión contraconvencional y regresiva frente a los estándares definidos
por ella misma. La Sentencia de la Corte, lejos de eso, diseñó una medida para extender los términos de caducidad
en favor de los desplazados internos. Sin perjuicio de otros instrumentos judiciales, como la excepción de
inconstitucionalidad, la Corte entregó a la jurisdicción de lo contencioso administrativo un instrumento adicional
para garantizar el acceso a la justicia de esos sujetos de especial protección constitucional”.

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01356-02(68852)
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Referencia: Acción de reparación directa
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objeto, tener causa común y existir identidad jurídica de partes. Lo anterior,
para 1) garantizar la seguridad jurídica e impedir la discusión indefinida sobre
el objeto del litigio, 2) evitar eventuales pronunciamientos repetitivos o
contradictorios y 3) prevenir escenarios de doble resarcimiento32. La cosa
juzgada que impide volver sobre el asunto puede provenir de un juez
nacional o, incluso, de un juez internacional. En este sentido, al constatarse
la triple identidad (partes, hechos y objeto) el juez debe declarar, de oficio o
a petición de parte, la excepción de cosa juzgada internacional, que no es
nada distinto que estarse a lo dispuesto por el fallo del juez internacional33.

32. Esto resulta relevante en el presente asunto porque la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del 27 de julio de
2022, “caso integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”,
aceptó el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado
colombiano por la violación de los derechos al reconocimiento de la
personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad
personal en relación con su deber de prevención frente a ciento treinta y
ocho personas que fueron ejecutadas. En particular, el Estado asumió la
responsabilidad por la muerte de Carmelo Durango, en hechos ocurridos el
3 de mayo de 199634.

33. Asimismo, la Corte declaró la responsabilidad del Estado colombiano
por la vulneración al derecho de circulación y residencia contenido en el
artículo 22 de la Convención Americana, en relación con su obligación de
respeto, en perjuicio de las mil seiscientas veinticinco personas que sufrieron
desplazamientos internos o que tuvieron que migrar fuera del territorio
colombiano, debido a las amenazas y hechos de violencia en su contra o de
sus familiares, y que fueron señalados en los Anexos I y III de la mencionada
decisión.

34. Sobre este aspecto, la Sala constata que el grupo familiar demandante
no figura en los registros incluidos en los anexos I y III del fallo internacional,
como tampoco se relaciona el desplazamiento forzado como hecho
victimizante respecto de Carmelo Durango,35. Es decir, que no existe
identidad de causa, ni de partes; se trata de hechos concretos que no fueron
abordados por la Corte Interamericana y que, en atención al principio de
complementariedad y subsidiariedad de la jurisdicción internacional36, esta
Sala deberá resolver de acuerdo con lo pretendido por los demandantes
que acudieron al presente mecanismo de reparación en la jurisdicción
interna.

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de

septiembre de 2016, exp. 51743; Subsección A, sentencia del 3 de julio de 2020, exp. 54897 y 1 de diciembre de
2023, exp. 63381 y 5 de febrero de 2024, exp- 63891.
33 Corte Constitucional SU-168 de 18 de mayo de 2023

34 Caso integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia, párr. 58 a 80. Excepciones Preliminares, Fondo,

Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de julio de 2022.
35 Al respecto convienen precisar que Carmelo Durango fue incluido en los Anexos I y III como víctima de una

ejecución extrajudicial. Sin embargo, en el Anexo II relativo a los familiares de las víctimas, no figura ninguno de los
demandantes que acude a este proceso.
36 Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. párr. 64, y Caso Perozo y otros

Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. párr.
299.

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Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma sentencia que declara la caducidad
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2.3.2. Análisis sustantivo

35. El daño, consistente en el desplazamiento forzado del grupo familiar
demandante, fue acreditado de acuerdo con los elementos citados en el
análisis de la caducidad.

36. De acuerdo con lo sostenido por esta Subsección37, el Estado puede ser
declarado responsable por los actos de terceros en contra de la vida y los
bienes de los particulares, cuando:

“1) se acredite que la persona contra quien se dirigió el ataque había solicitado
previamente medidas de protección a las autoridades y estas no se las brindaron
o las mismas fueron insuficientes o tardías, de tal manera que los efectos
antijurídicos de la omisión concretados en un daño son objeto de reproche jurídico
(infracción a la posición de garante); 2) la víctima no solicitó las medidas referidas,
pero las fuerzas del orden conocían las amenazas que se cernían contra su vida y,
por ende, estaban obligadas a actuar (deber de diligencia); y, 3) en razón de las
especiales circunstancias que se vivían en el momento, como por ejemplo, la
grave alteración del orden público y el conocimiento público de amenazas por
parte de terceros que hacían que el hecho fuera previsible y susceptible de
conocimiento”.

37. Como se expondrá a continuación, las dos primeras hipótesis no se
encuentran configuradas, no obstante, la Sala elaborará el análisis en
consideración a la tercera de ellas.

38. La Corte Constitucional caracterizó los hechos de violencia
perpetrados contra la UP, que se prolongaron por más de dos décadas entre
1980 y el 2000, como una acción sistemática, de “eliminación progresiva” y
“persecución política e ideológica”38. La jurisprudencia reiterada de esta
corporación confirma que este plan sistemático de exterminio39, mediante la
ejecución de atentados, intimidaciones y seguimientos en contra de los
integrantes y militantes de la UP en distintas regiones del país, constituye un
hecho notorio40 y que, en esa medida, ha declarado la responsabilidad de
la administración por la muerte violenta de varios miembros de esta
organización política por omisión en la adopción de medidas efectivas para
proteger su vida e integridad personal, pese a que conocía de la situación
especial de riesgo debido a su pertenencia a dicho partido político41. Así se
ha sostenido (se trascribe):

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección B, Sentencia de 17 de

marzo de 2021, exp. 47551.
38 Corte Constitucional Sentencia T-439 de 1992.

39 La Corte IDH identificó cinco los planes de exterminio, así: “los planes “Esmeralda” (1988) y “Retorno” (1993)

habrían tenido como objetivo desaparecer las seccionales de la UP en los departamentos del Meta, Caquetá y en
la región de Urabá. La “Operación Cóndor” (1985) y los planes “Baile Rojo” (1986) y “Golpe de Gracia” (1992)
habrían estado dirigidos a socavar las estructuras de dirección nacional del movimiento y a asesinar o secuestrar a
sus dirigentes elegidos a las corporaciones públicas. Yezid Campos Zornosa, El Baile Rojo, Grafiq Editores, Bogotá,
2003, páginas 17 y 18, Anexo 42”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso Manuel Cepeda Vargas Vs.
Colombia, sentencia de 26 Mayo de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
40 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 1 de

abril de 2009, exp. 16.836; 20 de noviembre de 2008, exp. 20.511; 3 de octubre de 2007, exp. 15.985; 30 de octubre
de 1997, exp. 10.957; 19 de agosto de 2009, exp. 17370; 28 de julio de 2011, exp. 20.091; 6 de marzo de 2013, exp:
26217.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 30 de octubre de 1997,

exp. 10.957; sentencia del 5 de marzo de 1998, exp. 10.303; sentencia de 3 de octubre de 2007, exp. 15.985; 20 de

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“Para el año 1993, los miembros de la Unión Patriótica eran sujetos de
múltiples delitos como persecución, desaparición y homicidio, lo cual
constituye un hecho notorio y lo ha reconocido la Sala de manera
reiterada, al declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por la
muerte violenta de varios miembros del Partido Comunista y de la Unión
Patriótica, en los cuales, igualmente, el factor de atribución fue la
omisión del Estado de brindarles protección”42.

39. Para la Sección Tercera, en estos casos, se encuentra demostrado que
durante esa época, los militantes, simpatizantes e integrantes de la UP eran
objeto de graves y repetidos ataques, de múltiples e implacables
persecuciones y atentados, así como que las numerosas amenazas e
intimidaciones existentes eran de pleno conocimiento de los pobladores y de
las autoridades, tanto nacionales como municipales43. Además, pesaba
sobre las autoridades públicas un deber de especial protección de los
miembros de la UP, pues se trataba de un partido político surgido de un
acuerdo de paz con un grupo armado (algunas milicias de las Farc), lo que
se traduce en un esfuerzo y compromiso estatal de otorgar las garantías
necesarias para que su participación política se diera en las mismas
condiciones que de los demás partidos44.

40. Los documentos elaborados para preservar la memoria histórica, el
esclarecimiento de los hechos violentos, la dignificación de las voces de las
víctimas y la construcción de una paz sostenible en los territorios dan cuenta
del exterminio sistemático al que fueron sometidos los integrantes y militantes
de la UP entre los años 1984 y 2002 y, en particular, relatan la concentración
de las amenazas y ataques en tres subregiones del país, coincidentes con
“los principales bastiones de éxito político-electoral para la UP”. Estas
subregiones “concentraron el 48,8 por ciento de las víctimas que fueron
asesinadas o desaparecidas, lo que significa que casi la mitad de las
víctimas se produjeron en las regiones del Ariari- Guayabero en el suroriente
del país45; el Magdalena Medio en el centro46, y Urabá en el

noviembre de 2008, exp. 20.511; 1 de abril de 2009, exp. 16.836; 8 de febrero de 2012, exp. 22373; 19 de agosto de
2009, exp. 17370, 28 de julio de 2011, exp. 20.091; 8 de febrero de 2012, exp. 20089; 6 de marzo de 2013, exp: 26217;
27 de agosto de 2020, exp. 58996.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 1 de abril de 2009, exp.

16.836. Reiterado en: sentencias de 26 de junio de 2014, exp. 26.029; 6 de marzo de 2013, exp: 26217; 8 de febrero
de 2012, exp. 22373; 8 de febrero de 2012, exp. 20.089.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 26 de junio de 2014,

exp. 26.029 y eran objetos de graves y 8 de febrero de 2012, exp. 20089.
44 Caso integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones

y Costas. Sentencia de 27 de julio de 2022.
45 La región del Ariari-Guayabero está conformada por los municipios de El Castillo, Granada, Lejanías, Mesetas, La

Uribe, San Juan de Arama, Puerto Rico, Fuente de Oro, El Dorado y Puerto Concordia en el departamento del Meta
y San José del Guaviare, Calamar, Miraflores y El Retorno en el departamento del Guaviare.
46 La región del Magdalena Medio está conformada por los municipios de Aguachica, San Alberto y San Martín en

el departamento del Cesar; Barrancabermeja, Puerto Wilches, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí,
Santa Helena del Opón, Sabana de Torres, Cimitarra, Rionegro, Puerto Parra y Bolívar en el departamento de
Santander; Puerto Nare, Puerto Berrio, Puerto Triunfo y Yondó en el departamento de Antioquia; Puerto Salgar y
Yacopí en el departamento de Cundinamarca; La Dorada en el departamento de Caldas, Puerto Boyacá en el
departamento de Boyacá y San Pablo, Simití, Cantagallo y Santa Rosa del Sur en el departamento de Bolívar..

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noroccidente47”48. Esta última comprende el municipio de Chigorodó,
Carepa y Apartadó, zona por la cual transitaba Carmelo Durango cuando
fue asesinado y de que resultó desplazado su núcleo familiar.

41. El Centro de Memoria Histórica registró que entre “1995-1997, el 64 por
ciento de las víctimas de asesinato o desaparición forzada se concentra en
Urabá, lo que se expande a 76,7 por ciento si se cuenta a las regiones del
Occidente antioqueño y el Atrato que son las que siguen en nivel de
victimización, ambas contiguas”, además que durante este periodo se
evidenció un recrudecimiento de la violencia con “tendencia creciente que
empiez[ó] en 1992 y que se extiend[ió] con un escalamiento sin
precedentes hasta 1997”49, y su “pico en 1996”, época que coincide con
el momento en que ocurrió el desplazamiento forzado de la familia
demandante.

42. Asimismo, se reconoció una crisis humanitaria sin precedentes en la
región de Urabá, y particularmente en la zona del Eje Bananero, donde “se
alcanzaron los mayores picos de violencia que se expresaron en una serie de
masacres, y sus respectivas retaliaciones, entre 1994 y 1996”, cuyos
perpetradores, entre otros actores, fueron mayoritariamente grupos de
autodefensas50.

43. La persecución política y las constantes amenazas en contra de la vida
de Carmelo Durango y de su familia fueron los hechos generadores del
desplazamiento, intimidaciones que finalmente se concretaron con el
homicidio ocurrido el 3 de mayo de 1996. Los testimonios de Rigoberto de
Jesús Jiménez Sarriego y Ángel Gabriel Palacio corroboraron que Carmelo
Durango, para ese momento, se desempeñaba como Presidente Seccional
de la Central Nacional de Provivienda –CENAPROV-51, una corporación
dedicada a la formalización de viviendas en condiciones dignas para los
trabajadores bananeros de la región. Fue designado por la Junta directiva
de la UP luego de su renuncia al Concejo de Chigorodó en 1994, mientras
fungía como representante de dicha organización, debido a la amenaza
pública que recibió por parte de las autodefensas, cuando en su residencia
“amaneció un letrero que decía ‘fuera Durango del municipio’ le damos 24
horas para que salga el municipio si no se activa la consecuencia”52.

47 En el caso de la UP, la región de Urabá se limita a las subregiones del Eje Bananero, el Sur y Urabá Chocoano con

Apartadó, Carepa, Turbo, Chigorodó y Mutatá en el departamento de Antioquia y Ungía y Acandí en el
departamento de Chocó.
48 Centro Nacional de Memoria Histórica (2018), Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica

1984-2002, Bogotá, CNMH.
49 Con excepción de 1994, periodo durante el cual los niveles de violencia disminuyeron por los efectos del acuerdo

político entre la UP y Esperanza Paz y Libertad (Desmovilizados del EPL) para mermar los efectos violentos de la
contienda electoral que llevó a que los partidos declinaran sus candidaturas a la Alcaldía de Apartadó, lo que se
conoció como el Consenso de Apartadó.
50 Centro Nacional de Memoria Histórica (2018), Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al

esclarecimiento histórico, Bogotá, CNMH.
51 Organización social con tendencia comunista y dirigida por la Junta directiva de la UP.

52 Así lo sostuvo Rigoberto de Jesús Jiménez Sarriego: “El año 94 llegó al municipio un comando paramilitar

comandado por Carlos Castaño, el Mono-leche y otros que yo no me recuerdo el nombre. Cuando llegaron a ese
municipio, ellos pintaron el pueblo. Todo el pueblo ‘muerte a los de la Unión Patriótica y muerte a los sindicalistas,
fuera guerrillero de municipio’, que era la otra. Y había en la puerta de su residencia, de Carmelo Durango
amaneció un letrero que decía ‘fuera Durango del municipio’ le damos 24 horas para que salga el municipio si no
se activa la consecuencia, incluso yo tengo foto ese de ese de ese letrero”

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44. Los testigos son consistentes en afirmar que las amenazas fueron
permanentes hasta el día de la muerte de Carmelo Durango 53 y que, el
desplazamiento de su familia respondía a la crítica situación de orden
público, pues entre 1995 y 1996 tuvo lugar el accionar más fuerte de los
grupos paramilitares, lo que se evidenció con la consumación de masacres
como “El Aracatazo”, en la que cerca de veinte personas fueron asesinadas
con tiros de gracia el 12 de agosto de 1995, en una cantina del barrio El
Bosque en Chigorodó54; y el “Golazo”, cuando, en un billar de Apartadó que
era frecuentado por integrantes de la UP y del sindicato Sintrainagro, el
Bloque Bananero de las Autodefensas asesinó a 10 personas y dejó 6 más
heridas “con el propósito de erradicar a sindicalistas y militantes del partido
de ese partido y a las ideologías de izquierda de la región”55. También
aludieron a la muerte de varios líderes sindicales y de obreros patronales
durante ese periodo a manos de grupos paramilitares, como lo fueron los
homicidios de Luis Roberto Arboleda, Marceliano Medellín, William Contreras
y Oswaldo Olivo Angulo 56.

45. Sobre el conocimiento que tuvieron las entidades demandadas
acerca de la tensa situación de orden público, la constante presencia de
grupos de autodefensas en la región y el peligro que esto representó para las
organizaciones sindicales y grupos políticos como la UP, los testimonios
indicaron que a pesar de que poseían información respecto de las
incursiones de estos grupos, su actuación fue omisiva pues, como dirigentes
sindicales “a diario se hicieron denuncias, conocían muy de cerca las
amenazas, la persecución y siempre indicaban que eran las autodefensas.
Desafortunadamente la fuerza pública nunca operó como para evitar ese
tipo de asesinatos”57. Manifestaron su desconfianza debido a la inexistente
respuesta de estas entidades respecto de los retenes armados que los
paramilitares instalaban desde las 4 o 5 de la mañana cerca de las fincas
bananeras para ultimar a los obreros sindicalizados58. Incluso mencionaron la
connivencia o tolerancia de fuerza pública en relación con estos grupos (se
trascribe):

“Ahí no había otra autoridad, sino los paramilitares, la policía, la SIJIN que eran
las que estaban en el municipio, convivían con ellos diariamente, tomaban

53 Testimonio de Rigoberto de Jesús Jiménez Sarriego.

54 Informe No. 10/15 caso 12.756. Informe de solución amistosa masacre estadero el Aracatazo- Colombia, de 30 de

enero de 2015. En él se deja constancia que “el Estado colombiano reconoce la responsabilidad internacional por
omisión en su deber de garantizar los derechos reconocidos en los artículos 4 (derecho a la vida) y 5 (derecho a la
integridad personal) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación general
establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento” porque el día de los hechos los paramilitares habrían transitado
libremente por la vía que conducía al local, con la aquiescencia de la fuerza pública varios agentes se encontraban
situados en un retén que el Ejército Nacional había instalado en la misma vía a 1500 metros del local “El Aracatazo”.
55 Informe No. 296/22 petición 1519-13. Informe de admisibilidad, de 19 de octubre de 2022.

56 Víctimas que también figuran en el Anexo III de la Sentencia en el caso integrantes y militantes de la unión

patriótica vs. Colombia
57 Testimonio de Ángel Gabriel Palacio

58 Así lo sostuvo Ángel Gabriel Palacio: “era casi público porque soy ingrato de que estos señores hicieran un retén

a 500 o a 1000 metros del pueblo, llegarán tipo 4 o 5 h de la mañana, se quedarán ahí hasta las 7 o 8 h de la
mañana a masacrándolos los trabajadores. Y la fuerza pública por ningún lado. Ni la policía ni el Ejército” (…)
“Entonces, como no va a deducir uno que hay negligencia del Ejército y la Policía. Si estos sujetos se quedaron ahí
3 o 4 horas. Ah. A 500 o 1000 m que queda la estación de esos puntos que yo le estoy indicando. Y nunca tuvieron
un encuentro con el Ejército, nunca se enfrentaron con la policía. Entonces, ¿qué deduce uno ahí? ¿Por eso uno se
atreve a decir, hombre, hubo un complot?

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Demandante: Lucelia Díaz Herrera y otros
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Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma sentencia que declara la caducidad
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tinto con ellos, tomaban tragos con ellos, ellos los cuidaban. En el Hotel
Central se hospedaban los paramilitares. El Hotel Central está ubicado en
pleno centro de Chigorodó en la calle principal. Y en esa calle central, en
ese Hotel Central donde se hospedaban aproximadamente 40 - 60
paramilitares la Policía y el Ejército allí lo cuidaba con las tanquetas del
Ejército alrededor del hotel. Ellos salían por la mañana a asesinar a la gente
por una calle, el Ejército por otra calle (…) 59”

46. La declarante Rosa Isabel Toro Osorio relató que las amenazas a la
población eran públicas “donde los paramilitares decían que iban a acabar,
que iban a matar a todas las personas que fueran del partido comunista o
de la UP, pintaron paredes, regaron panfletos, esto era de terror, y las
autoridades no prestaron ningún servicio porque la gente llamaban o iban a
avisar al comando de la policía a decir están los paramilitares atacando una
casa, matando a un líder político, un dirigente sindical y en unos casos no se
aparecía la policía, pero en otros casos llegaba la policía o el ejército ya
tarde, cuando ya había acabado todo, pero no hacía nada”60. En similares
términos describieron los obstáculos que enfrentaron para que sus denuncias
fueran recibidas en la Brigada XVII del Ejército y los comandos de la Policía61.
También aludieron a solicitudes de protección que se habrían elevado a nivel
nacional y regional, como la realizada por la Presidenta de la Unión
Patriótica, Aída Avella, en una reunión con el Gobernador de Antioquia, sin
que se obtuviera respuesta positiva62.

47. Mediante Oficio No. 005563/MDN-CFGM-COEJC-DIV07-BR17-CJM-1.9,
el Ejército Nacional confirmó que no recibió requerimiento alguno dirigido a
la protección de Carmelo Durango, sin embargo aclaró que la Brigada XVII
tenía a su cargo realizar “operaciones militares tendientes a garantizar el
mantenimiento del orden público de la región”63. Por su parte, la Policía no
encontró en sus archivos solicitudes de protección a favor de Carmelo
Durango o de su familia, pero aportó la bitácora de poligramas de la Estación
de Policía de Chigorodó en la que consta haber atendido los actos urgentes,
una vez ocurrido su fallecimiento. En los documentos allegados se observa la
ejecución de labores de registros, capturas y patrullajes en la zona, de donde
se concluye que esta entidad también tenía injerencia operacional64.

48. El hostigamiento permanente del que fue víctima Carmelo Durango y
su familia con el objetivo de que abandonaran la zona, las amenazas
públicas para atentar contra su vida e integridad física debido a su activismo
y filiación política, así como las incursiones violentas ejecutadas
sistemáticamente por las autodefensas en la zona de Urabá para mermar la
presencia de líderes, militantes y simpatizante de la UP, o cualquier partido
de izquierda, daban indicios de la proximidad de un ataque cierto hacia los
demandantes, lo que, en definitiva, propició su desplazamiento forzado.

59 Testimonio de Rigoberto de Jesús Jiménez Sarriego.

60 Testimonio de Rosa Isabel Toro.

61 Testimonio de Rigoberto de Jesús Jiménez Sarriego

62 Testimonio de Rigoberto de Jesús Jiménez Sarriego

63 Folio334 a 338 del cuaderno 4.

64 Folios 465 a 500 del cuaderno 4.

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Estas mismas circunstancias permiten establecer que la previsibilidad del
daño fue alta y razonable para las autoridades, más aún si se considera que
las amenazas se concretaron con el asesinato de Carmelo Durango.

49. En línea con la declaratoria de responsabilidad internacional por
hechos de desplazamiento en relación con integrantes de la UP, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos señaló que “el derecho de
circulación y de residencia puede ser vulnerado por restricciones de facto si
el Estado no ha establecido las condiciones ni provisto los medios que
permiten ejercerlo”65 . En ese sentido, al resolver sobre el fondo del asunto
puntualizó que estos derechos también pueden resultar afectados “cuando
una persona es víctima de amenazas u hostigamientos y el Estado no provee
las garantías necesarias para que pueda transitar y residir libremente en el
territorio de que se trate, incluso cuando las amenazas y hostigamientos
provienen de actores no estatales66”.

50. La Sala estima que el grupo familiar demandante era merecedor de
una especial protección por parte del Estado, pues sobre ellos pesaba un
riesgo elevado de vulneración ya que uno de sus integrantes pertenecía a
una minoría política perseguida, y respecto de la cual existía una regla
jurídica especial que obligaba al Estado a garantizar su protección67. Así,
aunque no se cuente con evidencia que permita concluir que Lucelia Díaz y
su familia solicitaron protección a las entidades demandadas, lo cierto es
que, dadas las circunstancias políticas y sociales del momento, no era
necesario que las víctimas solicitaran expresamente que se preservara su
vida o su integridad personal, o que se impida se concretara las amenazas
de desplazamiento, para que surja a cargo del Estado la obligación de
adoptar medidas especiales de protección y prevención, en tanto el daño
resultaba conocido, previsible y evitable.

2.3.3. Liquidación de perjuicios

51. La Sala accederá reconocimiento de la indemnización el perjuicio
moral que sufrieron las víctimas del desplazamiento. La jurisprudencia de esta
corporación68 ha considerado de manera reiterada y uniforme que es “un
hecho notorio que el desplazamiento forzado produce daño moral a quienes
lo padecen. No es necesario acreditar el dolor, la angustia y la desolación
que sufren quienes se ven obligados a emigrar del sitio que han elegido como
residencia o asiento de su actividad económica, abandonando todo cuanto

65 En: Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, supra, párr. 139, y Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 350, párr.
309.
66 Caso integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia, párr. 58 a 80. Excepciones Preliminares, Fondo,

Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de julio de 2022.
67 Esta corporación ha sostenido: “Si bien el Estado Colombiano tiene el deber constitucional de proteger la vida de

todas las personas residentes en el territorio nacional, dicha obligación cobra mayor fuerza cuando ciertas personas,
bien por su condición política, ideológica, económica, religiosa o de cualquier otra índole, ven amenazada su
integridad personal, como ocurrió en el presente caso particular con la muerte del dirigente político asesinado,
crimen que pudo evitarse puesto que el Gobierno Nacional sabía de las amenazas de muerte que se cernían en su
contra y no hizo nada para evitarla o al menos disuadir a los victimarios”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 3 de octubre de 2007, exp. 15.985,
68 En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 26

de enero de 2006, expediente: 25000-23-26-000-2001-00213-01(AG)B; Sentencias de 15 de agosto de 2007,
expediente: 25000-23-27-000-2002-00004-01(AG) y 19001-23-31-000-2003-00385-01(AG), entre otras.

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poseen, como única alternativa para salvar sus vidas, conservar su integridad
física o su libertad (…) Quienes se desplazan forzadamente experimentan, sin
ninguna duda, un gran sufrimiento, por la vulneración múltiple, masiva y
continua de los derechos fundamentales” 69. A esto se suma la incertidumbre
sobre la posibilidad de retorno y las precarias condiciones económicas,
sociales, culturales y familiares padecidas durante el proceso de reubicación,
hasta la obtención del arraigo perdido.

52. De modo que se reconocerá el equivalente a 50 SMLMV, tal como se
ha tasado en reiterados pronunciamientos por esta corporación70, a favor de
Lucelia Díaz Herrera, Huber Andrés y Sindy Juliana Durango Díaz, Daris Yamed
y Dolis Judith Durango Moreno (para cada uno).

53. En relación con lo solicitado por la “alteración a las condiciones de
existencia” y al “daño a la vida de relación”, debe precisarse que dichas
categorías no se reconocen actualmente en esta jurisdicción, sin embargo,
se tendrá en cuenta la tipología vigente en la jurisprudencia, para indemnizar
los perjuicios que resulten acreditados en el expediente y hayan sido
alegados. Esto es, las relativas al daño a la salud (lesión a la integridad
psicofísica de una persona) y la vulneración relevante a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente protegidos. En el presente caso, no se
demostró la alteración de las condiciones psicofísicas de los demandantes,
pues los testimonios practicados dentro del proceso dieron cuenta de la
aflicción moral padecida por ellos, pero no se demostró ninguna afectación
en particular de su derecho a la salud. Debe anotarse que el dictamen
pericial aportado71 se sustenta en declaraciones de los demandantes que
no fueron incluidas en el mismo, de las que se desconoce su contenido y, por
ende, impide que se evalué la congruencia con las conclusiones emitidas.

69 Sentencia SU-1150 de 2000. En el mismo sentido, sentencia T-1635 de 2000. En sentencia T-1215 de 1997 ha dicho

esa Corporación: “No existe duda sobre la violación continua de los derechos de las personas obligadas a migrar
de su lugar de origen y cuya circunstancia de vulnerabilidad e indefensión es manifiesta. Los devastadores y trágicos
efectos materiales de quienes se ven obligados intempestivamente a dejarlo todo con el único fin de proteger su
vida e integridad personal, van acompañados del sentimiento de pérdida, incertidumbre y frustración que conlleva
el desarraigo de sus bienes, de su tierra y de su entorno natural, pues, de alguna manera, impide que los afectados
reconstruyan en el corto plazo su vida familiar, social, cultural, psicológica y económica”. Criterio que más
recientemente esa Corte reiteró en sentencia T-721 de 2003 al señalar: “También la Corte ha destacado que las
heridas físicas y afectivas generadas por el desplazamiento, comportan traumas de toda índole de difícil
recuperación, los que se agravan al tener que soportar las escasas o nulas posibilidades de acceder a una vida
digna, que les ofrecen las ciudades, que los albergan en condiciones de hacinamiento e indigencia. Así mismo,
habrá de señalarse que el desplazamiento –de acuerdo con los estudios realizados al respecto- conlleva abruptos
cambios sicológicos y culturales en las mujeres, debido a que a éstas a menudo les corresponde asumir solas la
reconstrucción del hogar en todos los órdenes, y ser el apoyo de los hombres enfermos e incapacitados, no pocas
veces en razón de los mismos hechos que dieron lugar al desplazamiento, como también de niños y ancianos,
atemorizados e inermes”.
70 Al respecto ver pronunciamientos sobre indemnización de perjuicios morales ocasionados por el desplazamiento

forzado, por ejemplo, el padecido por habitantes del corregimiento La Gabarra, del municipio de Tibú, Norte de
Santander, durante los meses de mayo y agosto 1999 por cuenta de amenazas e incursiones armadas de grupos
de autodefensas. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 26 de
enero de 2006, expediente: 25000-23-26-000-2001-00213-01(AG)B. Desplazamiento forzado de habitantes del
corregimiento Filo Gringo, que soportaron amenazas de grupos de autodefensas desde el mes de septiembre de
1999 y que resultaron perjudicados con el ataque perpetrado entre el 29 de febrero y el 3 de marzo de 2000,
Sentencia de 15 de agosto de 2007, expediente: 25000-23-27-000-2002-00004-01(AG). Desplazamiento forzado de
comunidades afro-colombianas, indígenas y colonos campesinos de la región del Naya, norte del Departamento
del Cauca, zonas rurales del municipio de Buenos Aires, por incursiones de grupos paramilitares en abril de
2001.19001-23-31-000-2003-00385-01(AG), entre otras.
71 Folios 33 a 58 del cuaderno 1

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54. De otro lado, en lo atinente a la categoría de bienes constitucional y
convencionalmente amparados, no se demostró una afectación distintita al
perjuicio moral previamente reconocido. Sin embargo, la Sala estima
necesario ordenar medidas de rehabilitación y satisfacción dirigidas a
favorecer el restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las
víctimas, así como resarcir su dolor a través de su dignificación y la
reconstrucción de la verdad72, por consiguiente:

55. 1) Comunicará esta decisión a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas –UNARVI- para que informe a los
demandantes sobre los programas de restablecimiento y reparación integral
contemplados en la Ley 1448 de 2011 relativos a subsidios de vivienda para
población desplazada, programas de capacitación y generación de
empleo y, en particular, los que adelante la entidad y se adecuen a las
circunstancias relatadas en este fallo. Los demandantes evaluaran su
postulación en ellos.

56. 2) Ordenará al Ministerio de Defensa- Ejército Nacional y la Policía
Nacional que, en un acto conmemorativo, ofrezcan disculpas a los
demandantes por los perjuicios causados y reconozcan que incumplieron
con la obligación de adoptar medidas de protección y prevención para
evitar el desplazamiento forzado del grupo familiar, pues el Estado, en este
caso, no solo debió obrar con respeto de los derechos a la circulación, la
residencia y la vida en condiciones dignas de los demandantes, sino además
garantizarlos. De acuerdo con el principio según el cual este tipo de
reparaciones integrales debe concertarse con la víctima, la parte
demandante les informará a las entidades, dentro del mes siguiente a la
ejecutoria de esta providencia, si dicho acto debe realizarse de forma
privada o pública, así como el lugar y fecha en que se adelantará.

57. Negará lo solicitado por perjuicios materiales porque no pueden ser
probados mediante declaraciones de los valores aproximados aportados
por los afectados y algunas referencias vagas sobre la pérdida del vehículo,
unas cabezas de ganado y algunos “pagos de arrendamientos” realizadas
por las testigos, sin ninguna referencia adicional. En este sentido advierte que
los extractos bancarios aportados dirigidos a probar la adquisición de
créditos para solventar la situación económica de Lucila Díaz y su familia
tampoco resultan suficientes para acreditar lo pretendido, en tanto no se
observa la relación causal con el daño declarado.

2.4. Condena en costas

58. De acuerdo con el artículo 188 del CPACA28 y el numeral 5 del artículo
365 del Código General del Proceso29, la Sala se abstendrá de condenar en
costas en esta instancia.

72 En criterio del ponente, estas medidas de rehabilitación y satisfacción se derivan de la vulneración a bienes o

derechos convencional y constitucionalmente protegidos, categoría que se activa en orden a reparar
integralmente el daño. En tal sentido, recuerda que las medidas de rehabilitación y satisfacción presuponen la
declaratoria de existencia de un perjuicio objeto de reparación integral y que, resulta antitécnico, ordenar tales
medidas, sin identificar previamente el perjuicio correspondiente.

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3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 24 de junio de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala 5 de decisión, por las razones
expuestas en esta providencia, la cual quedará así:

“PRIMERO: DECLARAR la caducidad de la acción respecto de las pretensiones
formuladas por la muerte de Carmelo Durango, ocurrida el 3 de mayo de 1996.

SEGUNDO: DECLARAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
y Policía Nacional responsables por el daño antijurídico causado a los
demandantes con ocasión de desplazamiento forzado al que fueron
sometidos los demandantes Lucelia Díaz Herrera, Huber Andrés y Sindy Juliana
Durango Díaz, Daris Yamed y Dolis Judith Durango Moreno.

TERCERO: CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
y Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicios inmateriales las
siguientes sumas de dinero:

BENEFICIARIOS Perjuicios
morales
Lucelia Díaz Herrera 50 SMLMV
Huber Andrés Durango Díaz 50 SMLMV
Sindy Juliana Durango Díaz 50 SMLMV
Daris Yamed Durango Moreno 50 SMLMV
Dolis Judith Durango Moreno 50 SMLMV

CUARTO: COMUNICAR esta decisión a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas –UNARVI- para que informe a los
demandantes sobre los programas de restablecimiento y reparación integral
contemplados en la Ley 1448 de 2011 para la población víctima de
desplazamiento forzado, en los términos consignados en la parte motiva.

QUINTO: ORDENAR que la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
y Policía Nacional realicen un acto conmemorativo en el cual ofrezcan
disculpas a los demandantes y reconozcan su responsabilidad porque
omitieron brindarles medidas de protección para evitar se produjera su
desplazamiento forzado, en los términos indicados en esta decisión.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda

SÉPTIMO: sin condena en costas en las dos instancias”

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SEGUNDO: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copia de la
Sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 114
del C.G.P. Para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá las previsiones del
artículo 329 del C.G.P.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclara voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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