Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2013-01356-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2013-01356-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2013-01356-02
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
12 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 12 de junio de 2026
Radicación: 05001-23-33-000-2013-01356-02 (68852)
Demandante: Lucelia Díaz Herrera y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – omisión de protección – homicidio-
desplazamiento forzado –-falla en el servicio- liquidación de perjuicios
Síntesis del caso: se demanda por la muerte de un líder social, militante de la UP, perpetrada
por grupos de autodefensas y por el desplazamiento forzado que se derivó de dicha acción
En cumplimiento de la orden emitida por la Corte Constitucional, procede la
Sala a dictar Sentencia de reemplazo para decidir el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia de 24 de junio de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala 5 de decisión,
que declaró la caducidad.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada, 1.3.
Sentencia de primera instancia, 1.4. Recursos de apelación, y 1.5. Trámite relevante
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 27 de agosto de 2013, Lucelia Díaz Herrera y otros1 presentaron
demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional y Policía Nacional para que se les declarara responsables
de “la muerte del señor CARMELO DURANGO MORENO, y el desplazamiento
forzado de todos los integrantes de la familia que se vieron sometidos por
miembros de las Autodefensas que operaban en el Urabá Antioqueño, y
concretamente en el municipio de Chigorodó –Antioquia-, al parecer con la
anuencia de los miembros de la fuerza pública”2.
2. La indemnización solicitada se resume en los siguientes valores:
Perjuicio Parentesco Indemnización
Perjuicios morales
Para cada demandante 200 SMLMV
“Daños en la vida
Para cada demandante 200 SMLMV
de relación”
1 Lucelia Díaz Herrera en condición de compañera permanente, Huber Andrés y Sindy Juliana Durango Díaz como
hijos, Daris Yamed Durango Moreno y Dolys Judith Durango como hijas de crianza y Tedy María, Iris Margoth y Delis
Daveida como hermanas.
2 Folios 3 a 53 del cuaderno 1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2013-01356-02(68852)
Demandante: Lucelia Díaz Herrera y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca la sentencia y declara la responsabilidad
_______________________________________________________________________________________
“Daño a las
condiciones de Para cada demandante 150 SMLMV
existencia”
Para la compañera permanente, sus hijos e $464.056.568
Lucro cesante
hijas de crianza
Daño emergente Sin especificar el beneficiario $192.897.8023
3. Las afirmaciones que fundamentan las pretensiones se resumen así: el
3 de mayo de 1996, el presidente seccional de la Central Nacional
Provivienda –Cenaprov-, Carmelo Durango Moreno, fue asesinado por
grupos de autodefensa en el sitio conocido como La Campiña, ubicado en
la vía que conduce de Apartadó a Chigorodó, mientras se desplazaba en
su vehículo en compañía de Marcelino Medellín Narváez, amigo y
compañero en Cenaprov. Carmelo Durango era miembro activo del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria –
Sintrainagro- y del partido político Unión Patriótica –UP-, por cuyo movimiento
había sido elegido concejal en dos periodos. Aseguraron que la práctica
sistemática de exterminio de militantes y simpatizantes de la UP en la región
fue el móvil del hecho.
4. Expusieron que las entidades demandadas incumplieron el deber de
protección a la población civil, en particular sobre integrantes de este
movimiento político amenazados públicamente, además fallaron en el
mantenimiento del orden público. También aludieron al apoyo que las
autoridades estatales habrían brindado, en su momento, para la
conformación de estos grupos de autodefensa y la pasividad de las fuerzas
militares para contener su operación en la zona.
1.2. Posición de la parte demandada
5. En su escrito de contestación de la demanda4, el Ejército Nacional
advirtió que la responsabilidad estatal derivada de actos de terceros debía
atribuirse de acuerdo con el régimen de falla en la prestación del servicio, en
el que le correspondía a la parte actora acreditar la omisión o el
incumplimiento del deber de protección, carga probatoria que no cumplió.
Agregó que aquella es una obligación de medio y no de resultado, por lo
que se requería mediara una solicitud de protección para el surgimiento de
un deber específico de seguridad que hubiera sido desatendido. Propuso las
excepciones del hecho de un tercero porque el asesinato fue cometido por
un grupo de autodefensas y las que denominó “diligencia y cuidado por
parte de las fuerzas militares”, “inexistencia de la obligación”, “tasación
excesiva de perjuicios extrapatrimoniales” y “descuento de lo pagado a los
actores por acción social”.
6. La Policía Nacional contestó la demanda5. Señaló que no se aportaron
pruebas de que el occiso hubiera solicitado protección a la fuerza pública y
3 Por la pérdida de “el vehículo tipo campero Samurai en el que se transportaba cuando lo asesinaron que era de
propiedad del señor CARMELO; un ganado que tenía a partir (30 cabezas aproximadamente), enceres, pago de
arrendamientos, etc”.
4 Folio 297 a 316 del cuaderno 2
5 Folios 345 a 359 del cuaderno 2
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esta fuera negada, ni que su familia haya denunciado amenazas contra su
vida e integridad física, de manera que el deber de protección exigido a la
entidad no se había activado. La condición de víctimas de desplazamiento
tampoco fue acreditada porque “necesariamente debe mediar un acto
administrativo” para respaldar dicha calidad. Adujo la caducidad de la
acción ya que no podía aceptarse que los demandantes conocieron el
origen del daño tan solo en 2012, pues era evidente que este se concretó en
la muerte de Carmelo Durango. Así, dado que los hechos ocurrieron el 3 de
mayo de 1996, la acción fue presentada por fuera de la oportunidad legal.
Lo anterior, aun si se considera, en relación con el desplazamiento forzado,
la fecha fijada por la SU 254 de 2013. Por último, alegó las excepciones del
hecho de un tercero, la “inexistencia de la obligación” y el “descuento de lo
pagado por la indemnización administrativa del artículo 132 de la Ley 1448
de 2011”.
1.3. Sentencia de primera instancia
7. Mediante Sentencia de 24 de junio de 20226, el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala 5 de decisión, declaró la caducidad del medio de control.
Sostuvo que, en aplicación de la unificación planteada por el Consejo de
Estado en sentencia de 29 de enero de 20207, y cuyo planteamiento fue
avalado por la Corte Constitucional8, el momento en que los demandantes
conocieron o debieron conocer de la participación por acción u omisión de
agentes estatales en la persecución librada en contra de los militantes y
simpatizantes de la UP -y con ello advertir la posibilidad de imputarle
responsabilidad- pudo ocurrir en dos momentos. El primero, de entenderse que
el fundamento de imputación fue la omisión al deber de protección para
resguardarlos de las acciones violentas de los grupos de autodefensas,
ocurrió al momento de los hechos pues “era conocido el contexto de
violencia en el que se encontraba esa población, de cuenta de los grupos
armados al margen de la ley que hacían presencia en el territorio, así como
echaban de menos la presencia y el despliegue de actividades por parte de
la fuerza pública”.
8. El segundo, debido a la connivencia de la fuerza pública en las
actuaciones de este grupo armado, el Tribunal halló igualmente probado, a
partir de los testimonios recaudados, que “los habitantes conocían y eran
conscientes de las omisiones de la fuerza pública en el momento de la
ocurrencia de los hechos”, de donde “la resolución de 28/2/2013 y las
declaraciones de jefes paramilitares en 2012 –a las que hace referencia la
demanda– no aportan elementos nuevos al conocimiento por parte de los
demandantes de la presunta omisión del Estado en el cumplimiento de su
deber de protección en el municipio de Chigorodó en el año 1996”.
Concluyó que los hechos ocurrieron el 3 de mayo de 1996 y desde ese
6 Medio digital disponible en el sistema de gestión de la Rama Judicial.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de enero de 2020.
exp. 61033
8 Corte Constitucional, Sentencia SU 312 de 3 de agosto de 2020
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momento los demandantes conocieron de la posibilidad de atribuir la
responsabilidad estatal por el incumplimiento al deber de protección.
9. Al hallar que el desplazamiento forzado de los demandantes y la
muerte de Carmelo Durango compartían la fuente generadora del daño, la
caducidad respecto de aquella pretensión también debía correr a partir de
su acaecimiento, esto es, el 3 de mayo de 1996.
10. Así, dado que para la fecha de presentación de la demanda había
transcurrido más de dos años, declaró la caducidad de la acción respecto
de ambas pretensiones, pero se abstuvo de condenar en costas porque no
las halló causadas.
1.4. Recursos de apelación
11. La parte actora apeló la sentencia para que la decisión fuera
revocada y el asunto se resolviera de fondo9. Alegó que para el momento en
que se presentó la demanda existía un precedente que definía la
inaplicación del término de caducidad en asuntos de crímenes de lesa
humanidad10, decisión que fue utilizada de manera reiterada11. Indicó que,
cuando Carmelo Durango fue asesinado, sus familiares únicamente
conocían quiénes fueron los autores del hecho pero que la complicidad de
las autoridades públicas con los grupos paramilitares vino a conocerse
mucho tiempo después “con la asesoría brindada por el suscrito en el año
2013, y con las Resoluciones proferidas dentro del proceso penal en el año
2013 donde quedó en evidencia que los hechos podían ser imputables al
Estado por el actuar connivente del mismo con la AUC”.
12. El apoderado precisó que las “construcciones argumentativas”
presentadas en este asunto fueron fundadas en pruebas obtenidas en otros
procesos, de modo que los demandantes no estaban en condiciones de
advertir que, en la causa del daño, habrían participado agentes estatales.
13. Puso de presente las condiciones de precariedad económica y
prevalencia de las amenazas a la seguridad de los demandantes en las que
realizaron su retorno a Chigorodó en 1999, por lo que “no han logrado su
consolidación y estabilización socioeconómica lo que hace que a la fecha
continúen en condiciones de desplazados forzosos”.
1.5. Trámite Relevante
14. En sesión adelantada el 12 de abril de 2024, esta Subsección, revocó
parcialmente la Sentencia de primera instancia: de un lado, confirmó la
declaratoria de la caducidad de la acción respecto de la pretensión
formulada por la muerte de Carmelo Durango porque encontró acreditado
9 Medio digital disponible en el sistema de gestión de la Rama Judicial.
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 09 de junio de 2017.
Exp. 53704A
11 Al respecto, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto del 11 de mayo de
2017 Exp. 58217, auto del 7 de septiembre de 2015 Exp. 47.671, Sentencia del 17 de septiembre de 2013 Exp. 45092,
así como proveídos dictados en expedientes 45092, 35413, 44050, entre otros. Auto treinta (30) de marzo de dos mil
diecisiete (2017) Radicado: 25000-23-41-000-2014-01449-01 (AG).
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que las condiciones para que los demandantes identificaran el
comportamiento omisivo de las entidades, ante la ausencia de medidas que
protegieran su vida, así como la posible connivencia con el grupo
perpetrador, se dieron de manera concomitante con el hecho y, de otro
lado, declaró la responsabilidad de la Policía y el Ejército Nacional por el
desplazamiento forzado de Lucelia Díaz Herrera y de su grupo familiar12.
15. La parte demandante promovió la acción de tutela contra la referida
decisión, alegando la violación de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, a las garantías judiciales y el acceso a la
administración de justicia, y por la configuración del defecto fáctico y
sustantivo13. El 16 de enero de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda
de esta corporación negó el amparo al concluir que la accionada no incurrió
en tales defectos y la decisión se ajustó a la jurisprudencia vigente y el acervo
probatorio obrante14. Contra la anterior decisión, los actores presentaron
impugnación que fue resuelta por la Sección Primera de esta corporación,
en sentencia de 27 de marzo de 2025 que confirmó el fallo de primera
instancia15.
16. La Corte Constitucional, mediante Auto de 29 de julio de 2025,
seleccionó el asunto para su revisión y, el 16 de abril de 2026, la Sala Quinta
de Revisión dictó Sentencia16. Esta decisión revocó la decisión de segunda
instancia, al tiempo que amparó los derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso y a las garantías judiciales y, en consecuencia, dejó sin
efectos la sentencia proferida por esta Subsección el 12 de abril de 2024, por
lo que ordenó se dictara una decisión de reemplazo en la que se resolviera
de fondo sobre la pretensión formulada por la muerte de Carmelo Durango17.
Previo a dictar el fallo, la magistrada sustanciadora halló pertinente proferir
un auto de pruebas para recaudar los elementos suficientes que le
permitieran definir el asunto, entre los cuales, requirió que se aportara la
Resolución de 28 de febrero de 2013 dictada por la Fiscalía 091 delegada
ante los jueces penales del Circuito Especializado de la Unidad Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional de Antioquia (medio que no
12 SAMAI índice 17.
13 El defecto fáctico, pues debió valorarse que “cuando los demandantes recibieron asesoría profesional, no tenían
claridad o certeza de la existencia de omisión del Estado, solo tenían idea de su condición de víctimas de
paramilitarismo en el contexto de violencia padecida por el movimiento político Unión Patriótica; tal era, que no
tenían si quiera conocimiento de encontrarse incluidos como tales en la denuncia internacional promovida por la
organización REINICIAR ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en tanto nunca si quiera les fue
solicitado poder para actuar en esa instancia internacional, por ello, la suposiciones derivadas de la prueba
testimonial o de lo estructurado por el defensor técnico en el libelo demandatorio, constituyó una indebida
valoración probatoria, pues se hizo decir a la prueba lo que no dijo y se infirió de la información obtenida para la
elaboración de la demanda y de los registrado en el libelo introductor del proceso contencioso, que los
demandantes tenían conocimiento que no tenían para la fecha de los hechos. Lo anterior, por lo tanto, condujo a
una conclusión contraria a los princios pro actione y pro damato que cercenaron el derecho al debido proceso, a
las garantías judiciales, a la protección judicial y al derecho de acceso a la justicia de los demandantes, en relación
con los daños causados con el homicidio de Carmelo Durango Moreno” El defecto sustantivo, por el
“desconocimiento de facto de la sentencia interamericana respecto del homicidio de Carmelo Durango y el
desconocimiento del propio precedente del mismo Consejo de Estado, del precedente vertical, sin justificación
alguna constituye un desconocimiento craso del precedente jurisprudencial internacional y una violación del
derecho a la igualdad, para quienes no fueron beneficiarios de la sentencia internacional”.
14 SAMAI índice 24 del expediente de tutela.
15 SAMAI índice 4 del expediente de tutela en segunda instancia.
16 Corte Constitucional, Sentencia T 086 de 16 de abril de 2026.
17 SAMAI índice 46.
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obraba en el proceso de reparación directa) “pues en ella se afirmó el que
homicidio de Carmelo Durango fue cometido por su militancia a la UP” y,
adicionalmente, que la accionante informara “sobre la fecha y modo en la
que conoció el contenido” de la Resolución referida. La Sentencia de tutela
sostuvo (se trascribe):
“La Sala advierte que la argumentación desarrollada por la Subsección de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, sobre los elementos de prueba
del expediente, incurrió en un error significativo con respecto al momento
en el que las víctimas adquirieron la inferencia razonable de la posible
participación del Estado en el homicidio de su familiar. Lo cual, impactó
en la correcta contabilización del término de caducidad para entender
presentado en término el medio de control de reparación directa.
En primer lugar, las declaraciones extrajuicio presentadas con la
demanda de reparación directa y aquellas incorporadas al proceso
judicial, corresponden a narraciones realizadas por vecinos, amigos y
conocidos del señor Carmelo Durango, en las cuales, se acredita su
participación como miembro de CENAPROV, Sintrainagro y militante de la
UP, y se describen las impresiones que tenían algunos de los habitantes del
municipio de Chigorodó sobre una eventual connivencia entre el ejército,
la policía y las AUC.
(…) De acuerdo con el estándar constitucional pro víctima que ha sido
aplicado por esta Corporación (supra 180), no basta con que las víctimas
cuenten con una mera sospecha de la participación del Estado en la
muerte de su familiar para iniciar con el cómputo del término de
caducidad, pues la claridad sobre los hechos o las situaciones que los
rodearon, son distintas a la inferencia que se debería tener para imputarle
responsabilidad al Estado. Así las cosas, no resultaba posible afirmar que
las víctimas hubieran conocido las condiciones particulares necesarias
para ejercer el derecho acción, sobre todo, porque la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado equiparó percepciones sociales
con un nexo jurídicamente imputable al Estado, razonamiento que no
explica cómo tales percepciones permitían estructurar razonablemente
una pretensión patrimonial en contra del Estado.
En consecuencia, las declaraciones de los testigos aportadas con la
demanda solo podían dar cuenta de las situaciones de orden público que
rodeaban al municipio de Chigorodó durante los meses cercanos a la
muerte del señor Carmelo Durango y su participación en ciertas
organizaciones, sin embargo, estas descripciones fácticas sobre militancias
conjuntas entre el ejército, la policía y las AUC, no permitían, siquiera inferir,
que el asesinato del señor Carmelo Durango fue cometido,
particularmente, con la participación de agentes estatales.
En segundo lugar, se debe tener en cuenta que la convicción sobre la
colaboración entre la fuerza pública y las AUC en Chigorodó también
representaba ciertas dudas para el año en el que sucedieron los hechos,
pues para entonces el fenómeno del paramilitarismo auspiciado por el
Estado no era una situación comúnmente demostrada o de la que se
tuviera plena identificación. Es así, como las notas de prensa y reportajes
a los que tuvieron acceso las demandantes (supra 7) fueron
especialmente relevantes para que estos adquirieran la inferencia
fundada necesaria para alegar una responsabilidad del Estado en la
muerte de su familiar. La Sala reconoce que los reportajes de prensa, por
más que describieran las declaraciones de jefes paramilitares, no tenían la
capacidad en sí mismas para generar en las víctimas una concepción
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certera sobre la participación del Estado en la muerte de Carmelo
Durango.
En consecuencia, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado no podía entender que las demandantes contaban con los
elementos de juicio suficientes para interponer la demanda dentro de los
dos (2) años siguientes al asesinato de Carmelo Durango. De hecho, las
demandantes alcanzaron la inferencia fundada de forma conjunta entre
los reportajes de prensa y la providencia de la FGN entre los años 2012 y
2013 –28 de febrero–, por lo que al ser presentada la demanda en contra
del Estado el 28 de febrero de 2013, ejercieron el derecho de acción
dentro del término de caducidad estipulado para el medio de control de
reparación directa.
(…) Por otra parte, la sentencia acusada en la acción de tutela fue
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
el 12 de abril de 2024, es decir, posterior a la Sentencia de Unificación de
la Sala Plena de la Sección Tercera de esa misma corporación, y a la
Sentencia SU-312 de 2020 de a la Corte Constitucional, junto con varias
decisiones que han desarrollado el estándar constitucional que se debe
aplicar en los casos de reparación directa por daños causados por delitos
de lesa humanidad. (…) Sumado a lo anterior, la Sala resalta que, para la
fecha en la que se profirió la sentencia acusada, la jurisprudencia
constitucional había unificado los criterios sobre la determinación del inicio
del término de caducidad en los casos de graves violaciones a derechos
humanos, lo anterior, mediante la Sentencia SU-167 de 2023 (…) Por
consiguiente, eran estos estándares los que la autoridad judicial
accionada debió haber aplicado al momento de valorar las condiciones
particulares del caso.
Así las cosas, la Sala considera que la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado incurrió en el defecto de desconocimiento del
precedente, por cuanto no tuvo en cuenta que el momento en el que las
demandantes adquirieron los elementos de juicio suficientes para
presentar pretensiones de responsabilidad en contra del Estado ante el
sistema de administración de justicia, fue cuando accedieron a las
consideraciones, valoraciones y hechos descritos, de forma conjunta, en
la Resolución del 28 de febrero de 2013 de la Fiscalía 091 de la Unidad
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de
Medellín –proceso 6313 (367.312)–, y a las notas de prensa sobre las
actividades paramilitares en la zona”.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia, 2.2. Oportunidad de la acción, 2.3. Inexistencia de
cosa juzgada internacional, 2.4. Análisis sustantivo, 2.5. Liquidación de perjuicios, y 2.6 Costas.
2.1. Síntesis de la controversia
17. La Sentencia de primera instancia será revocada. De un lado, se sujetará
al reconocimiento de responsabilidad internacional realizado por el Estado
colombiano dentro del “caso integrantes y militantes de la Unión Patriótica
vs. Colombia” decidido en Sentencia de 27 de julio de 2022 por el homicidio
de Carmelo Durango Moreno como parte de las acciones sistemáticas
encaminadas al exterminio de ese partido político y sus afiliados. De otro
lado, declarará la responsabilidad de la Policía y el Ejército Nacional por el
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desplazamiento forzado de Lucelia Díaz Herrera y su grupo familiar porque la
grave alteración del orden público y el conocimiento público de las
amenazas provenientes de grupos de autodefensas hacían que el hecho
fuera previsible, y susceptible de conocimiento de las demandadas, pese a
lo cual omitieron las medidas necesarias para proteger a la población civil y
evitar su desplazamiento.
18. Conviene precisar que las demandantes Iris Margoth, Tedys María y
Delis Daveiva Durango Moreno alegaron que sufrieron un daño derivado del
desplazamiento forzado por los mismos hechos, sin embargo, se advierte que
ninguno de los elementos aportados permite inferir que hacían parte del
núcleo familiar del fallecido, como tampoco que se hubieran trasladado
forzosamente a Medellín junto con los demás demandantes. Si bien se
constató que Tedys María y Delis Daveiva Durango Moreno se encuentran
inscritas en el Registro Único de Víctimas por hechos de desplazamiento, estos
hacen referencia a hechos ocurridos en Arboletes18, lo que impide extraer la
relación causal con el asunto que se analiza. Por ello, se negarán las
pretensiones en relación con estas demandantes por el hecho del
desplazamiento forzado.
2.2. Oportunidad de la acción
19. Mediante Sentencia de 29 de enero de 202019, la Sala Plena de la Sección
Tercera unificó su jurisprudencia respecto de la caducidad de la acción con
“pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se
pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado”.
20. Como regla general, dispuso que 1) el término aplicable es el legal incluso
si se trata de pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los
delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra, y similares, 2) que salvo
disposición legal especial (como la desaparición forzada), el plazo se
computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad patrimonial, y 3) el término pertinente no se aplica
cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el
ejercicio del derecho de acción.
21. Sobre la pretensión formulada por la muerte de Carmelo Durango
debido a su militancia en la UP y perpetrada por grupos de autodefensa, la
18 Folios 775 y 776 del cuaderno 3
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia de 29 de enero
de 2020, exp. 61033. La Sentencia tuvo los votos disidentes de los siguientes Consejeros de Estado: María Adriana
Marín, Ramiro Pazos Guerrero y Alberto Montaña Plata. Por su parte, el Consejero de Estado Guillermo Sánchez
Luque aclaró su voto. Los motivos de inconformidad del ponente de esta sentencia, respecto de la decisión
unificada, que se pueden consultar en extenso el salvamento de voto referido, están relacionados con que, a mi
juicio, la decisión fue regresiva respecto del bloque de convencionalidad al desconocer los estándares vigentes de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, privando a las víctimas de sus derechos a la verdad, la justicia,
la reparación y la no repetición. También puede consultarse el salvamento de voto de la decisión de tutela de 22
de julio de 2002, con radicado 11001-03-15-000-2022-04007-00. Allí expongo que el estándar internacional vigente,
así como elementos de relevancia constitucional que conducirían a inaplicar las normas de caducidad en casos
de graves violaciones a los Derechos Humanos.
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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01356-02(68852)
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parte actora atribuyó este hecho a la intervención de la fuerza pública con
fundamento en dos factores: el primero, por “una falla del servicio, producida
por la omisión de las autoridades de la fuerza pública (Ejército y Policía
Nacional) en el mantenimiento del orden público, y que comprometieron su
responsabilidad, con mayor claridad, al no disponer las medidas de
seguridad necesarias para quienes estaban siendo exterminados por un
grupo armado al margen de la ley”; y el segundo, a la posible connivencia
de estos actores con las fuerzas militares pues “auspiciaron la presencia de
un grupo armado al margen de la ley (Autodefensas Campesinas de
Córdoba y Urabá), en la zona del Urabá Antioqueño y concretamente en el
Municipio de Chigorodó que llegaron con la clara consigna de exterminar a
todos los miembros del movimiento político de la Unión Patriótica U.P., y a los
sindicalistas afiliados a Sintrainagro”20.
22. Al estudiarse la primera tesis, es claro que el comportamiento omisivo
de las fuerzas militares y de policía, fundado en la ausencia de medidas
dirigidas a proteger la vida de Carmelo Durango y su familia, fue conocido
por los actores desde el momento en que ocurrieron los hechos. Los testigos
Rigoberto Jiménez y Ángel Gabriel Palacio, como integrantes de Cenaprov
y Sintraingagro (entidades afines a la UP), reprocharon la inacción del
Ejército y la Policía frente al constante hostigamiento del que fueron víctimas
pues “conocía[n] muy de cerca las amenazas, la persecución y siempre
indicaban que eran las autodefensas, desafortunadamente la fuerza pública
nunca operó como para evitar ese tipo de asesinatos”21, e, incluso, el
comandante de la policía “[les] decía muchachos qué pena con ustedes los
están matando, pero yo no puedo hacer nada”. Luz Edilma Rodríguez
Londoño, habitante del municipio, confirmó que: “En esa época ellos [los
paramilitares] eran los que mandaban, mataban a la gente por cualquier
cosa que ellos querían, y en el momento no había ley no había nada. O ley
si había, pero nunca estaban, siempre pasaban las cosas y cuando la ley
llegaba no había nadie por ahí, apenas el muerto”.
23. La Sala rechaza el argumento de apelación que explica el
“conocimiento del daño” únicamente a partir de la asesoría jurídica bridada
por su apoderado pues, como se expuso, los actores estaban en condiciones
de advertir los comportamientos omisivos de la fuerza pública. Además, el
término de caducidad no puede quedar al arbitrio de las partes, por la
búsqueda de una asesoría legal o por la designación de un apoderado
judicial.
24. No obstante, en cumplimiento del fallo de tutela dictado por la Corte
Constitucional, la Subsección estima que el ejercicio de la acción fue
oportuno en consideración al momento en que los demandantes tuvieron la
posibilidad de conocer la participación de agentes estatales en la
20 De acuerdo con los de imputaciones de la demanda.
21 En ese sentido también indicaron la sospechosa tolerancia de la Policía y el Ejército a los retenes que se hacían a
“500 o a 1000 meros del pueblo. Llegarán tipo 5, 4, 5 de la mañana se quedarán ahí [los paramilitares] hasta las 7 o
8 de la mañana masacrando los trabajadores y la fuerza pública por ningún lado”.
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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01356-02(68852)
Demandante: Lucelia Díaz Herrera y otros
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Referencia: Acción de reparación directa
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producción del daño, pues sólo a partir de constatarse que los autores del
hecho fueron miembros de grupos paramilitares, “las demandantes tuvieron
certeza de que su asesinato se enmarcó en una eliminación sistemática de
simpatizantes de la UP por parte de las AUC, actuaciones que, en
concordancia con las declaraciones de jefes paramilitares, ya comportaban
elementos suficientes para inferir una posible responsabilidad del Estado”. En
palabras de la Corte Constitucional:
“(…) De esta forma, la Sala considera que las afirmaciones y valoraciones
que conocieron las demandantes, contenidas en la providencia del 28 de
febrero de 2013 dentro del proceso 6313 (367.312), reforzaron la convicción
que los familiares de Carmelo Durango comenzaron a tener desde su
acercamiento a los reportajes de prensa y de las sospechas que siempre
tuvieron sobre una eventual participación del Estado en el asesinato de su
familiar. (…)
(…) Sin perjuicio de lo anterior, la Sala precisa que la resolución de la FGN
no se podía adoptar como una prueba directa de responsabilidad estatal,
sino que su contenido era capaz de transformar el contexto de
conocimiento que tenían las víctimas. En efecto, esa resolución no
generaba certeza plena sobre los hechos –grado que solo se alcanzaba
con decisiones judiciales ejecutoriadas– sino únicamente una inferencia
razonable de la posibilidad de atribuirle responsabilidad al Estado. Pese a
esto, la información y las consideraciones realizadas en la mencionada
resolución eran inexistentes o inaccesibles para las víctimas en 1996, razón
por la que, en conjunto con los otros elementos públicos –reportajes– se
superó el nivel de mera sospecha y proporcionó a los demandantes
fundamentos objetivos para ejercer el derecho de acción.
(…) En otras palabras, los familiares del señor Carmelo Durango fueron
adquiriendo elementos para inferir la participación de agentes estatales
en su asesinato desde 2012 y, de manera particular, la Resolución del 28
de febrero de 2014 de la Fiscalía les permitió tener certeza de que el
asesinato de Carmelo Durango constituyó un delito de lesa humanidad,
cometido dentro de un patrón sistemático con el fin de eliminar a los
simpatizantes de la UP en el municipio de Chigorodó. Por lo tanto, las
valoraciones realizadas por la FGN en esa actuación les permitió contar los
elementos objetivos para acreditar ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, que los hechos de su demanda se enmarcaban en un
posible delito de lesa humanidad y, por ende, estarían habilitados
procesalmente para reclamar la responsabilidad estatal por la vía judicial.
En consecuencia, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado tuvo que haber tenido como base, por lo menos, para la
contabilización del término de caducidad de la acción el 28 de febrero
de 2013, fecha de la Resolución de la Fiscalía 091 Delegada ante los
Jueces Penales del Circuito Especializado de la Unidad Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Lo anterior,
debido a que, en respuesta al Auto del 14 de octubre de 2025 el
apoderado de la accionante manifestó que la accionante tuvo
conocimiento de dicho documento sin especificar una fecha exacta, lo
cual, en todo caso, no afecta el hecho de que la demanda se presentó el
término a los seis meses siguientes, incluso, sin tener en cuenta las fechas
precisas de notificación”.
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25. En relación con la pretensión por el desplazamiento forzado22, los
testimonios relatan que la familia Durango Díaz fue víctima de amenazas
dirigidas por grupos de autodefensas, “que llegaban hombres a la casa de
ella [de Lucelia]y le decían que no la querían ahí en el pueblo, que ella era
guerrillera que se fuera”, “tumbaban las puertas, las ventanas y le decían que
se tenía que ir que les tenía que dejar esa casa a ellos”23, pues este grupo
armado rechazaba la militancia de Carmelo Durango en el movimiento
político de la UP. Sobre este punto y aunque algunas versiones difieren en
precisar el momento en que el desplazamiento comenzó, y si este sucedió
días antes o después del asesinato de Carmelo Durango24, es claro que el
peligro que representaba permanecer en el municipio de Chigorodó para
la vida de Lucelia y sus hijos, fue el motivo de su salida forzada y del inicio del
desplazamiento.
26. Los testimonios coinciden en que Lucelia Díaz regresó a Chigorodó tres
años después de ocurridos los hechos - esto es, para el año 199925- “para
enfrentar lo poquito que había dejado CARMELO, que era un lote donde
iban hacer un parqueadero y la casita donde ellos vivían que había dejado
también”26, inicialmente “alquiló la casa que era en material, era una casa
buena, cómoda, amplia la alquiló y se fue para el parqueadero, ella hizo una
casita con tablitas, consiguió un kiosquito de coca cola y se fue a trabajar
allá con sus hijos y allá vivía27. Luz Marina Padierna Gómez, vecina y residente
de la zona, aseguró que las amenazas continuaron a su regreso, pues los
señalamientos de pertenecer a un grupo guerrillero subsistieron aun después
de la muerte de su compañero.
27. En este punto conviene precisar que las condiciones de retorno deben
sustentarse en la voluntariedad, y darse en condiciones de seguridad y
dignidad, en los términos del artículo 74 del Decreto 4300 de 2011 y de la
22En criterio del ponente, el desplazamiento forzado es un daño de carácter continuado, cuyo término de
caducidad inicia una vez se producen las condiciones de seguridad para el retorno de las víctimas al lugar de
origen o al comprobarse su arraigo definitivo en otro lugar. Así puede concluirse a partir de, entre otras, la Ley 387
de 1997, que en su artículo 18 establece: “De la cesación de la condición de desplazado forzado. La condición de
desplazado forzado por la violencia cesa cuando se logra la consolidación y estabilización socioeconómica, bien
sea en su lugar de origen o en las zonas de reasentamiento”. Sobre el carácter continuado del daño producido por
el desplazamiento forzado ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Sentencia de 16 de agosto de 2001, Exp. 13.772, Auto de 26 de julio de 2011, Exp. 41037; Sentencia del 25 de julio
de 2019, Exp. 50364; Sentencia de 27 de agosto de 2020, Exp. 58996.
23 Testimonios de por Luz Edilma Rodríguez Londoño y Rosa Isabel Toro Osorio ante el Juzgado Civil del circuito de
Apartadó –comisionado-, el 22 de julio de 2016. Las declarantes aludieron su condición de residentes del municipio
y vecina de los demandantes. Folios 540 a 541 y 544 a 547 del cuaderno 3.
24 De acuerdo con la declaración de Lucelia Diez Herrera presentada ante la personería de Chigorodó el 5 de
septiembre de 2011 y los testimonios de Rosa Isabel Toro y Rigoberto Jiménez ella y su núcleo familiar conformado
por 4 hijos (entre ellos 2 hijas de crianza) tuvieron que trasladarse a Medellín en el año 1996, incluso antes de la
muerte de su compañero. De otro, el testigo Ángel Gabriel Palacio aseguró que el hecho que generó el
desplazamiento fue el asesinato de su Carmelo y la persecución previa de la que habían sido víctimas por esa
época.
25 Hecho aceptado por el apoderado de los demandantes.
26 Luz Marina Padierna Gómez en su testimonio rendido ante el Juzgado Civil del circuito –comisionado-, el 22 de
julio de 2016, como habitante del municipio y vecina de los demandantes le constaba que Lucelia: “se puso a vivir
en lo que es ahora el parqueadero, ahí había una casita en madera, de tablas, para ella poder alquilar la casita
que le dejó CARMELO en la URBANZACION CENAPROV o sea URBANIZACION BRISAS DEL RIO. Tuvo que alquilar la
casita para tener una forma de vivir y ayudarse económicamente”. Folio 542 a 543 del cuaderno 3.
27 Testimonio de Rosa Isabel Toro Osorio
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jurisprudencia de la Corte Constitucional28. Si bien la Sala no desconoce que
justamente para cuando la demandante regresó a Chigorodó dichas
condiciones no se cumplieron, debido a las presiones permanentes por parte
del grupo armado para abandonar el lugar y sus pertenencias, y por las
condiciones económicas precarias en que ocurrió; también es cierto en el
transcurso de los años, la familia consiguió la estabilización en condiciones
dignas que le permitieron “p[oner] esos cuatro pelaos a estudiar hasta que
ya las muchachas grandes, las sobrinas del esposo empezaron a trabajar en
almacenes, y le ayudaban a ella, (…) Ya al mucho tiempo se pasó para su
casa y alquiló el parqueadero y de eso es que ha vivido (…) así fue inicio su
negocio, ella hizo el parqueadero con los años y trabajo día y noche y de
eso ha vivido y con eso crió a sus hijos y los sacó adelante, les dio estudio,
arregló su casa”29. Además, los hostigamientos por parte de los grupos
ilegales cesaron pues se convencieron de que ella “no tenía que ver con
guerrilla ni nada, ni mucho menos con partidos del marido”30.
28. Pese a que los testigos no establecieron con precisión la fecha en que
la familia logró sostener su cotidianidad y plan de vida en normalidad, en
condiciones seguras y en dignidad; la Sala no puede tomar por cierta la
afirmación del apoderado relativa a que al momento de presentación de la
demanda no había cesado su condición de desplazamiento, en tanto
considera que, el transcurso de más de 14 años, en las circunstancias
favorables descritas por los testigos, es un periodo razonable para alcanzar
la consolidación y estabilización socioeconómica en términos
constitucionalmente admisibles.
29. Ahora, conviene precisar que la Corte Constitucional, mediante
Sentencia de unificación SU-254 de 2013, consideró que el término de dos
años para demandar la responsabilidad patrimonial del Estado en casos de
desplazamientos, como ocurrió en el presente asunto, se debe contabilizar a
partir de la fecha de ejecutoria de ese fallo31, esto es, el 23 de mayo de 2013.
28 Al respecto ver, entre otras, la Sentencia T 515 de 2010 en la que cita Informe definitivo del Relator Especial, Sr.
Paulo Sergio Pinheiro sobre los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las
personas desplazadas, Doc. E/CN.4/Sub.2/2005/17, 28 de junio de 2005: “10.1. Todos los refugiados y desplazados
tienen derecho a regresar voluntariamente a sus anteriores hogares, tierras o lugares de residencia habitual en
condiciones de seguridad y dignidad. El regreso voluntario en condiciones de seguridad y dignidad debe fundarse
en una elección libre, informada e individual. Se debe proporcionar a los refugiados y desplazados información
completa, objetiva, actualizada y exacta, en particular sobre las cuestiones relativas a la seguridad física, material
y jurídica en sus países o lugares de origen”.
29 Testimonio de Rosa Isabel Toro Osorio
30 Testimonio de Luz Edilma Rodríguez Londoño
31 Respecto de la interpretación que la Corporación ha realizado de la Sentencia de unificación SU-254 de 2013, en
el salvamento de voto de la Sentencia de 10 de febrero de 2021, expedida en el proceso 81001-23-39-000-2018-
00124-01 (63.264), referí que no es plausible contabilizar el término de oportunidad a partir de la ejecutoria de la
mencionada providencia cuando el daño no se ha consolidado, es decir, el desplazamiento no ha cesado. Al
respecto, manifesté: “La Corte se refería a los casos en que el daño se hubiera consolidado antes de la fecha
definida, pues los trascursos de tiempo sólo son relevantes para efectos de la caducidad desde la consolidación
del daño. Esa decisión de la Corte permitiría a los jueces de tutela declarar la improcedencia de la indemnización
en abstracto31, en los casos de daños consolidados antes de la Sentencia. Respecto de esos asuntos, durante los
dos años posteriores a la ejecutoria de la SU-254 de 2013, todavía estaría vigente la posibilidad de acceder a un
medio judicial ordinario para obtenerla, por lo que no se cumpliría el requisito de subsidiariedad exigido en el
Decreto 2591 de 1991.// Desde luego la Corte no estableció esa fecha para dar por consolidado un daño que no
lo estuviera, ni dictó una instrucción para iniciar cómputos de caducidad mientras las víctimas continuaban en
situación desplazamiento. Habría sido una decisión contraconvencional y regresiva frente a los estándares definidos
por ella misma. La Sentencia de la Corte, lejos de eso, diseñó una medida para extender los términos de caducidad
en favor de los desplazados internos. Sin perjuicio de otros instrumentos judiciales, como la excepción de
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De modo que, la demanda, al haber sido presentada el 27 de agosto de
2013, cumple con el presupuesto procesal de la oportunidad de la acción.
2.3.1. Inexistencia de cosa juzgada internacional
30. La cosa juzgada persigue que los asuntos que han sido resueltos por
determinada autoridad judicial, no vuelvan a ser debatidos y decididos en
otro juicio posterior. De conformidad con el artículo 303 del CGP, para que
se declare la cosa juzgada, los dos procesos deben versar sobre el mismo
objeto, tener causa común y existir identidad jurídica de partes. Lo anterior,
para 1) garantizar la seguridad jurídica e impedir la discusión indefinida sobre
el objeto del litigio, 2) evitar eventuales pronunciamientos repetitivos o
contradictorios y 3) prevenir escenarios de doble resarcimiento32. La cosa
juzgada que impide volver sobre el asunto puede provenir de un juez
nacional o, incluso, de un juez internacional. En este sentido, al constatarse
la triple identidad (partes, hechos y objeto) el juez debe declarar, de oficio o
a petición de parte, la excepción de cosa juzgada internacional, que no es
nada distinto que estarse a lo dispuesto por el fallo del juez internacional33.
31. Esto resulta relevante en el presente asunto porque la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del 27 de julio de
2022, “caso integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”,
aceptó el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado
colombiano por la violación de los derechos al reconocimiento de la
personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad
personal en relación con su deber de prevención frente a ciento treinta y
ocho personas que fueron ejecutadas. En particular, el Estado asumió la
responsabilidad por la muerte de Carmelo Durango, en hechos ocurridos el
3 de mayo de 199634.
32. Asimismo, la Corte declaró la responsabilidad del Estado colombiano
por la vulneración al derecho de circulación y residencia contenido en el
artículo 22 de la Convención Americana, en relación con su obligación de
respeto, en perjuicio de las mil seiscientas veinticinco personas que sufrieron
desplazamientos internos o que tuvieron que migrar fuera del territorio
colombiano, debido a las amenazas y hechos de violencia en su contra o de
sus familiares, y que fueron señalados en los Anexos I y III de la mencionada
decisión.
33. Sobre este aspecto, la Sala constata que el grupo familiar demandante
no figura en los registros incluidos en los anexos I y III del fallo internacional,
como tampoco se relaciona el desplazamiento forzado como hecho
inconstitucionalidad, la Corte entregó a la jurisdicción de lo contencioso administrativo un instrumento adicional
para garantizar el acceso a la justicia de esos sujetos de especial protección constitucional”.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de
septiembre de 2016, exp. 51743; Subsección A, sentencia del 3 de julio de 2020, exp. 54897 y 1 de diciembre de
2023, exp. 63381 y 5 de febrero de 2024, exp- 63891.
33 Corte Constitucional SU-168 de 18 de mayo de 2023
34 Caso integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia, párr. 58 a 80. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de julio de 2022.
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victimizante respecto de Carmelo Durango,35. Es decir, que no existe
identidad de causa, ni de partes; se trata de hechos concretos que no fueron
abordados por la Corte Interamericana y que, en atención al principio de
complementariedad y subsidiariedad de la jurisdicción internacional36, esta
Sala deberá resolver de acuerdo con lo pretendido por los demandantes
que acudieron al presente mecanismo de reparación en la jurisdicción
interna.
2.3.2. Análisis sustantivo
34. Sobre el primer daño, esto es, el derivado de la muerte de Carmelo
Durango, la Sala se atendrá al reconocimiento de responsabilidad realizado
por el Estado colombiano dentro del “caso integrantes y militantes de la
Unión Patriótica vs. Colombia”, fundado en la violación del derecho a la vida
(artículo 4 de la Convención Americana) en relación con el deber de
prevención (artículo 1.1) y avalado por la Corte interamericana de Derechos
Humanos en la Sentencia del 27 de julio de 2022. Así, entenderá que las
entidades demandadas en este caso, por tratarse de los agentes estatales
encargados de preservar el la seguridad y el orden público en el territorio
nacional, serán las encargadas de asumir la condena impuesta.
35. Respecto del segundo daño, consistente en el desplazamiento forzado
del grupo familiar demandante, fue acreditado de acuerdo con los
elementos citados en el análisis de la caducidad.
36. De acuerdo con lo sostenido por esta Subsección37, el Estado puede ser
declarado responsable por los actos de terceros en contra de la vida y los
bienes de los particulares, cuando:
“1) se acredite que la persona contra quien se dirigió el ataque había solicitado
previamente medidas de protección a las autoridades y estas no se las brindaron
o las mismas fueron insuficientes o tardías, de tal manera que los efectos
antijurídicos de la omisión concretados en un daño son objeto de reproche jurídico
(infracción a la posición de garante); 2) la víctima no solicitó las medidas referidas,
pero las fuerzas del orden conocían las amenazas que se cernían contra su vida y,
por ende, estaban obligadas a actuar (deber de diligencia); y, 3) en razón de las
especiales circunstancias que se vivían en el momento, como por ejemplo, la
grave alteración del orden público y el conocimiento público de amenazas por
parte de terceros que hacían que el hecho fuera previsible y susceptible de
conocimiento”.
37. Como se expondrá a continuación, las dos primeras hipótesis no se
encuentran configuradas, no obstante, la Sala elaborará el análisis en
consideración a la tercera de ellas.
35 Al respecto convienen precisar que Carmelo Durango fue incluido en los Anexos I y III como víctima de una
ejecución extrajudicial. Sin embargo, en el Anexo II relativo a los familiares de las víctimas, no figura ninguno de los
demandantes que acude a este proceso.
36 Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. párr. 64, y Caso Perozo y otros
Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. párr.
299.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección B, Sentencia de 17 de
marzo de 2021, exp. 47551.
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38. La Corte Constitucional caracterizó los hechos de violencia
perpetrados contra la UP, que se prolongaron por más de dos décadas entre
1980 y el 2000, como una acción sistemática, de “eliminación progresiva” y
“persecución política e ideológica”38. La jurisprudencia reiterada de esta
corporación confirma que este plan sistemático de exterminio39, mediante la
ejecución de atentados, intimidaciones y seguimientos en contra de los
integrantes y militantes de la UP en distintas regiones del país, constituye un
hecho notorio40 y que, en esa medida, ha declarado la responsabilidad de
la administración por la muerte violenta de varios miembros de esta
organización política por omisión en la adopción de medidas efectivas para
proteger su vida e integridad personal, pese a que conocía de la situación
especial de riesgo debido a su pertenencia a dicho partido político41. Así se
ha sostenido (se trascribe):
“Para el año 1993, los miembros de la Unión Patriótica eran sujetos de
múltiples delitos como persecución, desaparición y homicidio, lo cual
constituye un hecho notorio y lo ha reconocido la Sala de manera
reiterada, al declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por la
muerte violenta de varios miembros del Partido Comunista y de la Unión
Patriótica, en los cuales, igualmente, el factor de atribución fue la
omisión del Estado de brindarles protección”42.
39. Para la Sección Tercera, en estos casos, se encuentra demostrado que
durante esa época, los militantes, simpatizantes e integrantes de la UP eran
objeto de graves y repetidos ataques, de múltiples e implacables
persecuciones y atentados, así como que las numerosas amenazas e
intimidaciones existentes eran de pleno conocimiento de los pobladores y de
las autoridades, tanto nacionales como municipales43. Además, pesaba
sobre las autoridades públicas un deber de especial protección de los
miembros de la UP, pues se trataba de un partido político surgido de un
acuerdo de paz con un grupo armado (algunas milicias de las Farc), lo que
se traduce en un esfuerzo y compromiso estatal de otorgar las garantías
38 Corte Constitucional Sentencia T-439 de 1992.
39 La Corte IDH identificó cinco los planes de exterminio, así: “los planes “Esmeralda” (1988) y “Retorno” (1993)
habrían tenido como objetivo desaparecer las seccionales de la UP en los departamentos del Meta, Caquetá y en
la región de Urabá. La “Operación Cóndor” (1985) y los planes “Baile Rojo” (1986) y “Golpe de Gracia” (1992)
habrían estado dirigidos a socavar las estructuras de dirección nacional del movimiento y a asesinar o secuestrar a
sus dirigentes elegidos a las corporaciones públicas. Yezid Campos Zornosa, El Baile Rojo, Grafiq Editores, Bogotá,
2003, páginas 17 y 18, Anexo 42”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso Manuel Cepeda Vargas Vs.
Colombia, sentencia de 26 Mayo de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
40 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 1 de
abril de 2009, exp. 16.836; 20 de noviembre de 2008, exp. 20.511; 3 de octubre de 2007, exp. 15.985; 30 de octubre
de 1997, exp. 10.957; 19 de agosto de 2009, exp. 17370; 28 de julio de 2011, exp. 20.091; 6 de marzo de 2013, exp:
26217.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 30 de octubre de 1997,
exp. 10.957; sentencia del 5 de marzo de 1998, exp. 10.303; sentencia de 3 de octubre de 2007, exp. 15.985; 20 de
noviembre de 2008, exp. 20.511; 1 de abril de 2009, exp. 16.836; 8 de febrero de 2012, exp. 22373; 19 de agosto de
2009, exp. 17370, 28 de julio de 2011, exp. 20.091; 8 de febrero de 2012, exp. 20089; 6 de marzo de 2013, exp: 26217;
27 de agosto de 2020, exp. 58996.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 1 de abril de 2009, exp.
16.836. Reiterado en: sentencias de 26 de junio de 2014, exp. 26.029; 6 de marzo de 2013, exp: 26217; 8 de febrero
de 2012, exp. 22373; 8 de febrero de 2012, exp. 20.089.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 26 de junio de 2014,
exp. 26.029 y eran objetos de graves y 8 de febrero de 2012, exp. 20089.
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necesarias para que su participación política se diera en las mismas
condiciones que de los demás partidos44.
40. Los documentos elaborados para preservar la memoria histórica, el
esclarecimiento de los hechos violentos, la dignificación de las voces de las
víctimas y la construcción de una paz sostenible en los territorios dan cuenta
del exterminio sistemático al que fueron sometidos los integrantes y militantes
de la UP entre los años 1984 y 2002 y, en particular, relatan la concentración
de las amenazas y ataques en tres subregiones del país, coincidentes con
“los principales bastiones de éxito político-electoral para la UP”. Estas
subregiones “concentraron el 48,8 por ciento de las víctimas que fueron
asesinadas o desaparecidas, lo que significa que casi la mitad de las
víctimas se produjeron en las regiones del Ariari- Guayabero en el suroriente
del país45; el Magdalena Medio en el centro46, y Urabá en el
noroccidente47”48. Esta última comprende el municipio de Chigorodó,
Carepa y Apartadó, zona por la cual transitaba Carmelo Durango cuando
fue asesinado y de que resultó desplazado su núcleo familiar.
41. El Centro de Memoria Histórica registró que entre “1995-1997, el 64 por
ciento de las víctimas de asesinato o desaparición forzada se concentra en
Urabá, lo que se expande a 76,7 por ciento si se cuenta a las regiones del
Occidente antioqueño y el Atrato que son las que siguen en nivel de
victimización, ambas contiguas”, además que durante este periodo se
evidenció un recrudecimiento de la violencia con “tendencia creciente que
empiez[ó] en 1992 y que se extiend[ió] con un escalamiento sin
precedentes hasta 1997”49, y su “pico en 1996”, época que coincide con
el momento en que ocurrió el desplazamiento forzado de la familia
demandante.
42. Asimismo, se reconoció una crisis humanitaria sin precedentes en la
región de Urabá, y particularmente en la zona del Eje Bananero, donde “se
alcanzaron los mayores picos de violencia que se expresaron en una serie de
masacres, y sus respectivas retaliaciones, entre 1994 y 1996”, cuyos
44 Caso integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 27 de julio de 2022.
45 La región del Ariari-Guayabero está conformada por los municipios de El Castillo, Granada, Lejanías, Mesetas, La
Uribe, San Juan de Arama, Puerto Rico, Fuente de Oro, El Dorado y Puerto Concordia en el departamento del Meta
y San José del Guaviare, Calamar, Miraflores y El Retorno en el departamento del Guaviare.
46 La región del Magdalena Medio está conformada por los municipios de Aguachica, San Alberto y San Martín en
el departamento del Cesar; Barrancabermeja, Puerto Wilches, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí,
Santa Helena del Opón, Sabana de Torres, Cimitarra, Rionegro, Puerto Parra y Bolívar en el departamento de
Santander; Puerto Nare, Puerto Berrio, Puerto Triunfo y Yondó en el departamento de Antioquia; Puerto Salgar y
Yacopí en el departamento de Cundinamarca; La Dorada en el departamento de Caldas, Puerto Boyacá en el
departamento de Boyacá y San Pablo, Simití, Cantagallo y Santa Rosa del Sur en el departamento de Bolívar..
47 En el caso de la UP, la región de Urabá se limita a las subregiones del Eje Bananero, el Sur y Urabá Chocoano con
Apartadó, Carepa, Turbo, Chigorodó y Mutatá en el departamento de Antioquia y Ungía y Acandí en el
departamento de Chocó.
48 Centro Nacional de Memoria Histórica (2018), Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica
1984-2002, Bogotá, CNMH.
49 Con excepción de 1994, periodo durante el cual los niveles de violencia disminuyeron por los efectos del acuerdo
político entre la UP y Esperanza Paz y Libertad (Desmovilizados del EPL) para mermar los efectos violentos de la
contienda electoral que llevó a que los partidos declinaran sus candidaturas a la Alcaldía de Apartadó, lo que se
conoció como el Consenso de Apartadó.
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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01356-02(68852)
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perpetradores, entre otros actores, fueron mayoritariamente grupos de
autodefensas50.
43. La persecución política y las constantes amenazas en contra de la vida
de Carmelo Durango y de su familia fueron los hechos generadores del
desplazamiento, intimidaciones que finalmente se concretaron con el
homicidio ocurrido el 3 de mayo de 1996. Los testimonios de Rigoberto de
Jesús Jiménez Sarriego y Ángel Gabriel Palacio corroboraron que Carmelo
Durango, para ese momento, se desempeñaba como Presidente Seccional
de la Central Nacional de Provivienda –CENAPROV-51, una corporación
dedicada a la formalización de viviendas en condiciones dignas para los
trabajadores bananeros de la región. Fue designado por la Junta directiva
de la UP luego de su renuncia al Concejo de Chigorodó en 1994, mientras
fungía como representante de dicha organización, debido a la amenaza
pública que recibió por parte de las autodefensas, cuando en su residencia
“amaneció un letrero que decía ‘fuera Durango del municipio’ le damos 24
horas para que salga el municipio si no se activa la consecuencia”52.
44. Los testigos son consistentes en afirmar que las amenazas fueron
permanentes hasta el día de la muerte de Carmelo Durango 53 y que, el
desplazamiento de su familia respondía a la crítica situación de orden
público, pues entre 1995 y 1996 tuvo lugar el accionar más fuerte de los
grupos paramilitares, lo que se evidenció con la consumación de masacres
como “El Aracatazo”, en la que cerca de veinte personas fueron asesinadas
con tiros de gracia el 12 de agosto de 1995, en una cantina del barrio El
Bosque en Chigorodó54; y el “Golazo”, cuando, en un billar de Apartadó que
era frecuentado por integrantes de la UP y del sindicato Sintrainagro, el
Bloque Bananero de las Autodefensas asesinó a 10 personas y dejó 6 más
heridas “con el propósito de erradicar a sindicalistas y militantes del partido
de ese partido y a las ideologías de izquierda de la región”55. También
aludieron a la muerte de varios líderes sindicales y de obreros patronales
durante ese periodo a manos de grupos paramilitares, como lo fueron los
homicidios de Luis Roberto Arboleda, Marceliano Medellín, William Contreras
y Oswaldo Olivo Angulo 56.
50 Centro Nacional de Memoria Histórica (2018), Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al
esclarecimiento histórico, Bogotá, CNMH.
51 Organización social con tendencia comunista y dirigida por la Junta directiva de la UP.
52 Así lo sostuvo Rigoberto de Jesús Jiménez Sarriego: “El año 94 llegó al municipio un comando paramilitar
comandado por Carlos Castaño, el Mono-leche y otros que yo no me recuerdo el nombre. Cuando llegaron a ese
municipio, ellos pintaron el pueblo. Todo el pueblo ‘muerte a los de la Unión Patriótica y muerte a los sindicalistas,
fuera guerrillero de municipio’, que era la otra. Y había en la puerta de su residencia, de Carmelo Durango
amaneció un letrero que decía ‘fuera Durango del municipio’ le damos 24 horas para que salga el municipio si no
se activa la consecuencia, incluso yo tengo foto ese de ese de ese letrero”
53 Testimonio de Rigoberto de Jesús Jiménez Sarriego.
54 Informe No. 10/15 caso 12.756. Informe de solución amistosa masacre estadero el Aracatazo- Colombia, de 30 de
enero de 2015. En él se deja constancia que “el Estado colombiano reconoce la responsabilidad internacional por
omisión en su deber de garantizar los derechos reconocidos en los artículos 4 (derecho a la vida) y 5 (derecho a la
integridad personal) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación general
establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento” porque el día de los hechos los paramilitares habrían transitado
libremente por la vía que conducía al local, con la aquiescencia de la fuerza pública varios agentes se encontraban
situados en un retén que el Ejército Nacional había instalado en la misma vía a 1500 metros del local “El Aracatazo”.
55 Informe No. 296/22 petición 1519-13. Informe de admisibilidad, de 19 de octubre de 2022.
56 Víctimas que también figuran en el Anexo III de la Sentencia en el caso integrantes y militantes de la unión
patriótica vs. Colombia
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45. Sobre el conocimiento que tuvieron las entidades demandadas
acerca de la tensa situación de orden público, la constante presencia de
grupos de autodefensas en la región y el peligro que esto representó para las
organizaciones sindicales y grupos políticos como la UP, los testimonios
indicaron que a pesar de que poseían información respecto de las
incursiones de estos grupos, su actuación fue omisiva pues, como dirigentes
sindicales “a diario se hicieron denuncias, conocían muy de cerca las
amenazas, la persecución y siempre indicaban que eran las autodefensas.
Desafortunadamente la fuerza pública nunca operó como para evitar ese
tipo de asesinatos”57. Manifestaron su desconfianza debido a la inexistente
respuesta de estas entidades respecto de los retenes armados que los
paramilitares instalaban desde las 4 o 5 de la mañana cerca de las fincas
bananeras para ultimar a los obreros sindicalizados58. Incluso mencionaron la
connivencia o tolerancia de fuerza pública en relación con estos grupos (se
trascribe):
“Ahí no había otra autoridad, sino los paramilitares, la policía, la SIJIN que eran
las que estaban en el municipio, convivían con ellos diariamente, tomaban
tinto con ellos, tomaban tragos con ellos, ellos los cuidaban. En el Hotel
Central se hospedaban los paramilitares. El Hotel Central está ubicado en
pleno centro de Chigorodó en la calle principal. Y en esa calle central, en
ese Hotel Central donde se hospedaban aproximadamente 40 - 60
paramilitares la Policía y el Ejército allí lo cuidaba con las tanquetas del
Ejército alrededor del hotel. Ellos salían por la mañana a asesinar a la gente
por una calle, el Ejército por otra calle (…) 59”
46. La declarante Rosa Isabel Toro Osorio relató que las amenazas a la
población eran públicas “donde los paramilitares decían que iban a acabar,
que iban a matar a todas las personas que fueran del partido comunista o
de la UP, pintaron paredes, regaron panfletos, esto era de terror, y las
autoridades no prestaron ningún servicio porque la gente llamaban o iban a
avisar al comando de la policía a decir están los paramilitares atacando una
casa, matando a un líder político, un dirigente sindical y en unos casos no se
aparecía la policía, pero en otros casos llegaba la policía o el ejército ya
tarde, cuando ya había acabado todo, pero no hacía nada”60. En similares
términos describieron los obstáculos que enfrentaron para que sus denuncias
fueran recibidas en la Brigada XVII del Ejército y los comandos de la Policía61.
También aludieron a solicitudes de protección que se habrían elevado a nivel
nacional y regional, como la realizada por la Presidenta de la Unión
57 Testimonio de Ángel Gabriel Palacio
58 Así lo sostuvo Ángel Gabriel Palacio: “era casi público porque soy ingrato de que estos señores hicieran un retén
a 500 o a 1000 metros del pueblo, llegarán tipo 4 o 5 h de la mañana, se quedarán ahí hasta las 7 o 8 h de la
mañana a masacrándolos los trabajadores. Y la fuerza pública por ningún lado. Ni la policía ni el Ejército” (…)
“Entonces, como no va a deducir uno que hay negligencia del Ejército y la Policía. Si estos sujetos se quedaron ahí
3 o 4 horas. Ah. A 500 o 1000 m que queda la estación de esos puntos que yo le estoy indicando. Y nunca tuvieron
un encuentro con el Ejército, nunca se enfrentaron con la policía. Entonces, ¿qué deduce uno ahí? ¿Por eso uno se
atreve a decir, hombre, hubo un complot?
59 Testimonio de Rigoberto de Jesús Jiménez Sarriego.
60 Testimonio de Rosa Isabel Toro.
61 Testimonio de Rigoberto de Jesús Jiménez Sarriego
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Patriótica, Aída Avella, en una reunión con el Gobernador de Antioquia, sin
que se obtuviera respuesta positiva62.
47. Mediante Oficio No. 005563/MDN-CFGM-COEJC-DIV07-BR17-CJM-1.9,
el Ejército Nacional confirmó que no recibió requerimiento alguno dirigido a
la protección de Carmelo Durango, sin embargo aclaró que la Brigada XVII
tenía a su cargo realizar “operaciones militares tendientes a garantizar el
mantenimiento del orden público de la región”63. Por su parte, la Policía no
encontró en sus archivos solicitudes de protección a favor de Carmelo
Durango o de su familia, pero aportó la bitácora de poligramas de la Estación
de Policía de Chigorodó en la que consta haber atendido los actos urgentes,
una vez ocurrido su fallecimiento. En los documentos allegados se observa la
ejecución de labores de registros, capturas y patrullajes en la zona, de donde
se concluye que esta entidad también tenía injerencia operacional64.
48. El hostigamiento permanente del que fue víctima Carmelo Durango y
su familia con el objetivo de que abandonaran la zona, las amenazas
públicas para atentar contra su vida e integridad física debido a su activismo
y filiación política, así como las incursiones violentas ejecutadas
sistemáticamente por las autodefensas en la zona de Urabá para mermar la
presencia de líderes, militantes y simpatizante de la UP, o cualquier partido
de izquierda, daban indicios de la inminencia de un ataque cierto hacia los
demandantes, lo que, en definitiva, propició su desplazamiento forzado.
Estas mismas circunstancias permiten establecer que la previsibilidad del
daño fue alta y razonable para las autoridades, más aún si se considera que
las amenazas se concretaron con el asesinato de Carmelo Durango.
49. En línea con la declaratoria de responsabilidad internacional por
hechos de desplazamiento en relación con integrantes de la UP, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos señaló que “el derecho de
circulación y de residencia puede ser vulnerado por restricciones de facto si
el Estado no ha establecido las condiciones ni provisto los medios que
permiten ejercerlo”65 . En ese sentido, al resolver sobre el fondo del asunto
puntualizó que estos derechos también pueden resultar afectados “cuando
una persona es víctima de amenazas u hostigamientos y el Estado no provee
las garantías necesarias para que pueda transitar y residir libremente en el
territorio de que se trate, incluso cuando las amenazas y hostigamientos
provienen de actores no estatales66”.
50. La Sala estima que el grupo familiar demandante era merecedor de
una especial protección por parte del Estado, pues sobre ellos pesaba un
riesgo elevado de vulneración ya que uno de sus integrantes pertenecía a
62 Testimonio de Rigoberto de Jesús Jiménez Sarriego
63 Folio334 a 338 del cuaderno 4.
64 Folios 465 a 500 del cuaderno 4.
65 En: Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, supra, párr. 139, y Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 350, párr.
309.
66 Caso integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia, párr. 58 a 80. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de julio de 2022.
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una minoría política perseguida, y respecto de la cual existía una regla
jurídica especial que obligaba al Estado a garantizar su protección67. Así,
aunque no se cuente con evidencia que permita concluir que Lucelia Díaz y
su familia solicitaron protección a las entidades demandadas, lo cierto es
que, dadas las circunstancias políticas y sociales del momento, no era
necesario que las víctimas solicitaran expresamente que se preservara su
vida o su integridad personal, o que se impida se concretara las amenazas
de desplazamiento, para que surja a cargo del Estado la obligación de
adoptar medidas especiales de protección y prevención, en tanto el daño
resultaba conocido, previsible y evitable.
2.3.3. Liquidación de perjuicios
51. Las demandadas indicaron que, en este caso, debía considerarse el
“descuento de lo pagado por la indemnización administrativa”
contemplada en la Ley 1448 de 2011 y, en esa medida, les correspondía
demostrar si tal reparación fue concedida a los demandantes y que, en
efecto, hubiera ocurrido su pago. Sin embargo, tal carga no fue atendida
por las interesadas, así, la Sala advierte que no hay lugar a aplicar lo
dispuesto por el artículo 20 de la norma en mención68.
Perjuicios inmateriales
52. La Sala accederá reconocimiento de la indemnización el perjuicio
moral que sufrieron las víctimas por la muerte de Carmelo Durango y el
desplazamiento forzado que lo sucedió.
53. La parte demandante solicitó el reconocimiento de perjuicios
morales a favor de la compañera permanente, hijos y hermanas de Carmelo
Durango ocasionados por la muerte de este último, cuyo monto estableció
en 200 SMLMV. De acuerdo con la Sentencia de unificación de 28 de agosto
de 2014, “en casos excepcionales, como los de graves violaciones a los
derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario,
entre otros, podrá otorgarse una indemnización” de hasta tres veces el tope
fijado por la jurisprudencia de esta corporación.
54. El homicidio de Carmelo Durango fue parte de los actos de violencia
sistemática y masiva dirigidos contra dirigentes, miembros y militantes de la
UP, que “constituyeron una forma de exterminio” contra ese partido político,
mientas se “contaba con la participación de agentes estatales, y con la
67 Esta corporación ha sostenido: “Si bien el Estado Colombiano tiene el deber constitucional de proteger la vida de
todas las personas residentes en el territorio nacional, dicha obligación cobra mayor fuerza cuando ciertas personas,
bien por su condición política, ideológica, económica, religiosa o de cualquier otra índole, ven amenazada su
integridad personal, como ocurrió en el presente caso particular con la muerte del dirigente político asesinado,
crimen que pudo evitarse puesto que el Gobierno Nacional sabía de las amenazas de muerte que se cernían en su
contra y no hizo nada para evitarla o al menos disuadir a los victimarios”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 3 de octubre de 2007, exp. 15.985,
68 Artículo 20 de Ley 1448 de 2011. Principio de prohibición de doble reparación y de compensación. La
indemnización recibida por vía administrativa se descontará a la reparación que se defina por vía judicial. Nadie
podrá recibir doble reparación por el mismo concepto.
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tolerancia y aquiescencia de las autoridades”69. Hechos que fueron
catalogados por la Corte interamericana de Derechos Humanos y varios
organismos internos como una grave violación a los derechos humanos70.
55. Por lo anterior se reconocerá en favor de Lucelia Díaz Herrera,
compañera permanente de la víctima71, de sus hijos Huber Andrés y Sindy
Juliana Durango Díaz72, y de sus hijas de crianza Daris Yamed Durango
Moreno y Dolys Judiht Durango73 la suma equivalente a 150 SMLMV para
cada uno74. Y para sus hermanas Iris Margoth, Tedys María y Delis Daveiba
Durango Moreno75 la suma equivalente a 75 SMLMV.
56. De otro lado, la jurisprudencia de esta corporación76 ha considerado
de manera reiterada y uniforme que es “un hecho notorio que el
desplazamiento forzado produce daño moral a quienes lo padecen. No es
necesario acreditar el dolor, la angustia y la desolación que sufren quienes
se ven obligados a emigrar del sitio que han elegido como residencia o
asiento de su actividad económica, abandonando todo cuanto poseen,
69 Sostuvo la Corte en Sentencia de 27 de julio de 2022, “caso integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs.
Colombia”: “la violencia sistemática contra los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica se manifestó a través
de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos,
amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos
forzados, entre otros. Esos actos constituyeron una forma de exterminio sistemático contra el partido político Unión
Patriótica y sus miembros y militantes y contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y
aquiescencia de las autoridades”
70 En la misma decisión explicó: “Del mismo modo, distintos Tribunales internos en Colombia han calificado las
conductas cometidas contra la UP de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal colombiano que incorpora
la figura del genocidio contra grupos políticos, de lesa humanidad y de guerra. En el mismo sentido, la calificación
de “genocidio” es compartida por el Centro Nacional de Memoria Historia, el cual tituló su publicación de 2012
“[t]odo pasó frente a nuestros ojos. Genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002” (…) Por otra parte, la Corte nota
que, mediante Auto No. 027 de 6 de febrero de 2019, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la
Paz indicó que la violencia letal “fue prevalente contra los militantes de la UP. La Sala identificó 5.733 víctimas únicas
de violencia letal (homicidio o desaparición forzada), principalmente hombres. La magnitud de la victimización
permite afirmar que se trató de una violencia masiva y generalizada”. Del mismo modo, “al menos 857 víctimas de
violencia letal, aproximadamente 1 de cada 6 (16,5%), sufrió alguna otra forma de victimización antes o durante el
suceso en que perdieron la vida. Este subconjunto de víctimas son las que presentan un patrón de victimización
más consistente con una selectividad de la violencia. // Por último, la Corte advierte que, recientemente, la
Comisión de la Verdad y la Jurisdicción para la Paz revelaron cifras de violencia contra la Unión Patriótica, e
indicaron que, según la investigación que realizaron, hubo al menos 8.300 víctimas de la Unión Patriótica, y que ello
constituye “una cifra inédita de lo que hasta ahora se consideraba la victimización de este partido político”.
71 De acuerdo con las declaraciones de Luz Edilma Rodríguez Londoño, Jhon Francisco González, Rosa Isabel Toro
Osorio y Luz Marina Padeirna Gómez: “Lo conocí en Chigorodó en razón de vecinos, amigos de ahí del barrio, él
era el esposo de la señora LUCELIA DÍAZ HERRERA”; “Lo conocí en Chigirodó, lo conocí viviendo con LUCELIA, hace
por ahí unos 25 años”; “Sí claro, era el esposo de doña LUCELIA, inclusive yo los conocí desde que eran novios hace
por ahí 29 años exactos”; “Sí, hace unos 25 años para atrás más o menos que lo conozco, no era de mi familia, lo
conocí en campaña políticamente y porque era la esposa de doña LUCELIA”.
72 Registro civil de nacimiento de Huber Andrés y Sindy Juliana Durango Díaz. Folios 11 y 12 del cuaderno 1.
73 Los testimonios de Luz Edilma Rodríguez Londoño, Jhon Francisco González, Rosa Isabel Toro Osorio y Luz Marina
Padeirna Gómez fueron coincidentes en afirmar que, tras el fallecimiento de la madre de Daris Yamed Durango
Moreno y Dolys Judiht Durango, Carmelo Durango acogió a las menores en su hogar, donde formaron lazos de
solidaridad y afecto similares a las de un padre con sus hijas. Así lo manifestaron: “ellas no tenían papá ni mamá,
eran hermanas, la mamá murió estando ellas muy pequeñas teniendo por ahí 5 y 6 años, y la mamá de ellas era
hermana de don CARMELO y entonces al ver las sobrinas solas se hizo cargo de ellas, y la relación era de papá e
hijas, así como las hijas de él”; “porque esas dos niñas tenían una situación económica muy difícil y CARMELO las
tenía en la casa y veía por ellas, las trataba muy bien en la casa, la relación era de padre e hijas, prácticamente
las quería mucho como si fueran sus hijas, veía por ellas”; “eran como sus hijas, las estaba criando porque ellas eran
huérfanas”; “su hermana era madre soltera de esas dos muchachitas, cuando esa señora la madre de ellas se
murió, él acogió las niñas y las amaba mucho y le dijo a doña LUCELIA que esas niñas iban a ser como hijas de ellos,
y las criaba como a sus hijas (…) le dio afecto, manutención, apoyo psicológico, moral y económico”.
74 Al respecto, ver entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias
de 10 de noviembre de 2016, exp. 56282; de 1 de junio de 2017, exp. 51623; de 24 de mayo de 2017, exp. 49358.
75 Registro civil de nacimiento de Iris Margoth, Tedys María, Delis Daveiba y Carmelo Durango Moreno. Folios 9, 15 a
17 del cuaderno 1.
76 En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 26
de enero de 2006, expediente: 25000-23-26-000-2001-00213-01(AG)B; Sentencias de 15 de agosto de 2007,
expediente: 25000-23-27-000-2002-00004-01(AG) y 19001-23-31-000-2003-00385-01(AG), entre otras.
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como única alternativa para salvar sus vidas, conservar su integridad física o
su libertad (…) Quienes se desplazan forzadamente experimentan, sin
ninguna duda, un gran sufrimiento, por la vulneración múltiple, masiva y
continua de los derechos fundamentales” 77. A esto se suma la incertidumbre
sobre la posibilidad de retorno y las precarias condiciones económicas,
sociales, culturales y familiares padecidas durante el proceso de reubicación,
hasta la obtención del arraigo perdido.
57. De modo que se reconocerá el equivalente a 50 SMLMV, tal como se
ha tasado en reiterados pronunciamientos por esta corporación78, a favor de
Lucelia Díaz Herrera, Huber Andrés y Sindy Juliana Durango Díaz, Daris Yamed
y Dolis Judith Durango Moreno (para cada uno).
58. Los anteriores reconocimientos se resumen de la siguiente manera:
BENEFICIARIOS P. morales por la P. morales derivados Total
muerte de del desplazamiento
Carmelo Durango forzado
Lucelia Díaz Herrera 150 SMLMV 50 SMLMV 200 SMLMV
Huber Andrés Durango Díaz 150 SMLMV 50 SMLMV 200 SMLMV
Sindy Juliana Durango Díaz 150 SMLMV 50 SMLMV 200 SMLMV
Daris Yamed Durango Moreno 150 SMLMV 50 SMLMV 200 SMLMV
Dolis Judith Durango Moreno 150 SMLMV 50 SMLMV 200 SMLMV
Iris Margoth, Durango Moreno 75 SMLMV 75 SMLMV
Tedys María Durango Moreno 75 SMLMV 75 SMLMV
Delis Daveiba urango Moreno 75 SMLMV 75 SMLMV
59. En relación con lo solicitado por la “alteración a las condiciones de
existencia” y al “daño a la vida de relación”, debe precisarse que dichas
categorías no se reconocen actualmente en esta jurisdicción, sin embargo,
se tendrá en cuenta la tipología vigente en la jurisprudencia, para indemnizar
77 Sentencia SU-1150 de 2000. En el mismo sentido, sentencia T-1635 de 2000. En sentencia T-1215 de 1997 ha dicho
esa Corporación: “No existe duda sobre la violación continua de los derechos de las personas obligadas a migrar
de su lugar de origen y cuya circunstancia de vulnerabilidad e indefensión es manifiesta. Los devastadores y trágicos
efectos materiales de quienes se ven obligados intempestivamente a dejarlo todo con el único fin de proteger su
vida e integridad personal, van acompañados del sentimiento de pérdida, incertidumbre y frustración que conlleva
el desarraigo de sus bienes, de su tierra y de su entorno natural, pues, de alguna manera, impide que los afectados
reconstruyan en el corto plazo su vida familiar, social, cultural, psicológica y económica”. Criterio que más
recientemente esa Corte reiteró en sentencia T-721 de 2003 al señalar: “También la Corte ha destacado que las
heridas físicas y afectivas generadas por el desplazamiento, comportan traumas de toda índole de difícil
recuperación, los que se agravan al tener que soportar las escasas o nulas posibilidades de acceder a una vida
digna, que les ofrecen las ciudades, que los albergan en condiciones de hacinamiento e indigencia. Así mismo,
habrá de señalarse que el desplazamiento –de acuerdo con los estudios realizados al respecto- conlleva abruptos
cambios sicológicos y culturales en las mujeres, debido a que a éstas a menudo les corresponde asumir solas la
reconstrucción del hogar en todos los órdenes, y ser el apoyo de los hombres enfermos e incapacitados, no pocas
veces en razón de los mismos hechos que dieron lugar al desplazamiento, como también de niños y ancianos,
atemorizados e inermes”.
78 Al respecto ver pronunciamientos sobre indemnización de perjuicios morales ocasionados por el desplazamiento
forzado, por ejemplo, el padecido por habitantes del corregimiento La Gabarra, del municipio de Tibú, Norte de
Santander, durante los meses de mayo y agosto 1999 por cuenta de amenazas e incursiones armadas de grupos
de autodefensas. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 26 de
enero de 2006, expediente: 25000-23-26-000-2001-00213-01(AG)B. Desplazamiento forzado de habitantes del
corregimiento Filo Gringo, que soportaron amenazas de grupos de autodefensas desde el mes de septiembre de
1999 y que resultaron perjudicados con el ataque perpetrado entre el 29 de febrero y el 3 de marzo de 2000,
Sentencia de 15 de agosto de 2007, expediente: 25000-23-27-000-2002-00004-01(AG). Desplazamiento forzado de
comunidades afro-colombianas, indígenas y colonos campesinos de la región del Naya, norte del Departamento
del Cauca, zonas rurales del municipio de Buenos Aires, por incursiones de grupos paramilitares en abril de
2001.19001-23-31-000-2003-00385-01(AG), entre otras.
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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01356-02(68852)
Demandante: Lucelia Díaz Herrera y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca la sentencia y declara la responsabilidad
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los perjuicios que resulten acreditados en el expediente y hayan sido
alegados. Esto es, las relativas al daño a la salud (lesión a la integridad
psicofísica de una persona) y la vulneración relevante a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente protegidos. En el presente caso, no se
demostró la alteración de las condiciones psicofísicas de los demandantes,
pues los testimonios practicados dentro del proceso dieron cuenta de la
aflicción moral padecida por ellos, pero no se demostró ninguna afectación
en particular de su derecho a la salud. Debe anotarse que el dictamen
pericial aportado79 se sustenta en declaraciones de los demandantes que
no fueron incluidas en el mismo, de las que se desconoce su contenido y, por
ende, impide que se evalué la congruencia con las conclusiones emitidas.
60. De otro lado, en relación con los bienes constitucional y
convencionalmente amparados, está acreditado que el desplazamiento al
que fueron obligados los demandantes impactó de manera
desproporcionadamente negativa la vida de los demandantes. Las
amenazas y desplazamiento del municipio, la desestabilización económica
y las condiciones hostiles en que retornaron los demandantes revelan la
alteración de la posibilidad de Lucelia Díaz Herrera y su grupo familiar para
determinar su plan de vida y, sin duda, se tradujo en la afectación relevante
a sus derechos a la libertad de circulación, la residencia y la vida en
condiciones dignas80.
61. No obstante, la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 de
esta Sección advirtió que para la reparación de este perjuicio deben
preferirse medidas de carácter no pecuniario y solo “en casos
excepcionales” podrá otorgarse una indemnización consistente en dinero81.
62. En este caso, la Sala encuentra que una medida de carácter no
pecuniario es suficiente para reparar los derechos efectivamente vulnerados
o amenazados, comoquiera que se persigue el restablecimiento del derecho
a la libre determinación de la demandante sobre su proyecto de vida y la
afectación de sus derechos a la libertad de circulación, la residencia y la
vida en condiciones dignas, como una expresión propia de la justicia
restaurativa impuesta a todo funcionario judicial y con la que se busca volver
79 Folios 33 a 58 del cuaderno 1
80 Explica la Corte Constitucional que, cuando las personas se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su
hogar o de su lugar de residencia habitual, para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de
violencia generalizada, o de violaciones de los derechos humanos, para la Corte Interamericana de Derechos
Humanos se torna evidente la afectación directa de los derechos a la circulación, la residencia y la vida en
condiciones dignas “los cuales se vulneran de facto si el Estado no establece condiciones o medios para su
ejercicio, como por ejemplo cuando una persona es víctima de amenazas u hostigamientos y no se proveen las
garantías necesarias ‘para que pueda transitar y residir libremente en el territorio de que se trate, incluso cuando
las amenazas y hostigamientos provienen de actores no estatales”. Al respecto ver, entre otras, Sentencia T -689 de
2014; Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 25 de octubre de 2012, caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam; caso de la Masacre de
Mapiripán Vs. Colombia, y Caso Valle Jaramillo Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de
noviembre de 2008
81 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación
jurisprudencial de 28 de agosto de 2014, Exp. 26251, en la que se señaló: “se reconocerá, aun de oficio, la
afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.
Procederá siempre y cuando se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación
integral. Se privilegia la compensación a través de medidas reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima
directa y a su núcleo familiar más cercano (…)” (subrayas fuera del texto).
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las cosas al estado anterior a la ocurrencia del hecho dañoso o, por lo
menos, limitar sus consecuencias nocivas, por consiguiente:
63. 1) Comunicará esta decisión a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas –UARIV- para que informe a los
demandantes sobre los programas de restablecimiento y reparación integral
contemplados en la Ley 1448 de 2011 relativos a subsidios de vivienda para
población desplazada, programas de capacitación y generación de
empleo y, en particular, los que adelante la entidad y se adecuen a las
circunstancias relatadas en este fallo. Los demandantes evaluaran su
postulación en ellos.
64. 2) Ordenará al Ministerio de Defensa- Ejército Nacional y la Policía
Nacional que, en un acto conmemorativo, ofrezcan disculpas a los
demandantes por los perjuicios causados y reconozcan que incumplieron
con la obligación de adoptar medidas de protección y prevención para
evitar el desplazamiento forzado del grupo familiar, pues el Estado, en este
caso, no solo debió obrar con respeto de los derechos a la circulación, la
residencia y la vida en condiciones dignas de los demandantes, sino además
garantizarlos. De acuerdo con el principio según el cual este tipo de
reparaciones integrales debe concertarse con la víctima, la parte
demandante les informará a las entidades, dentro del mes siguiente a la
ejecutoria de esta providencia, si dicho acto debe realizarse de forma
privada o pública, así como el lugar y fecha en que se adelantará. Además,
se precisa que el acto se realizará en torno al hecho del desplazamiento
forzado dado que lo relativo al homicidio de Carmelo Durango fue una
medida adoptada la CIDH en la Sentencia del 27 de julio de 2022, “caso
integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”.
Perjuicios materiales
65. Respecto los perjuicios solicitados bajo la modalidad de lucro cesante,
la Sala encuentra acreditado que, Carmelo Durango Moreno fungía como
presidente seccional de Cenaprov82, sin embargo, lo aportado resulta
insuficiente para acreditar el monto devengado por estas labores83. Para
liquidar este perjuicio se tomará el salario mínimo legal vigente, sin que haya
lugar al incremento del 25% por concepto de prestaciones sociales pues no
se logró establecer el tipo de vinculación que sostuvo con la entidad, y a
este monto se restará el 25% por concepto de gastos destinados para su
propia subsistencia, así se determinará un IBL de $1.313.178,75. Son
beneficiarios de esta indemnización su compañera permanente, su hijo
Huber Andrés Durango Díaz y sus hijas Sindy Juliana Durango Díaz y Dolys
Judiht Durango. Se advierte, además, que Daris Yamed Durango Moreno no
82 Testimonios de Rigoberto de Jesús Jiménez Sarriego, Ángel Gabriel Palacio y Rosa Isabel Toro Osorio.
83 El testimonio de Rosa Isabel Toro Osorio refiere que “podía ganarse entre dos o tres sueldos porque era el que
mandaba en esa corporación de vivienda”, no obstante, la testigo no explicó el sustento de su dicho; además las
declaraciones extraproceso no fueron ratificadas en el trámite de este asunto, tal como lo exige el artículo 229 del
CPC.
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forma parte de los beneficiarios puesto que tenía más 25 años cuando su
padre murió84.
66. Para efectos de determinar el tiempo durante el cual el Estado debe
disponer del IBL para indemnizar el lucro cesante, la Sala tomará en
consideración que la expectativa de vida probable de la víctima era de
612,48 meses85 y se identificará el tiempo que le faltaba a cada uno de sus
hijos para cumplir 25 años de edad. Además, se consideran los siguientes
aspectos:
Periodo 1. Para Lucelia Díaz Herrera, Huber Andrés Durango Díaz, Sindy
Juliana Durango Díaz y Dolys Judiht Durango comprendido entre la fecha del
fallecimiento de Carmelo Durango Moreno -3 de mayo de 1996- hasta el
momento en que Dolys Judiht Durango cumpliría 25 años -21 de febrero de
1998-, que corresponde a 21.6 meses. Así, el IBL deberá distribuirse de la
siguiente manera: 50% para la compañera permanente y, el 50% restante
debe repartirse en partes iguales entre los demás beneficiarios, es decir,
16,6% del IBL para cada uno.
Periodo 2. Para Lucelia Díaz Herrera, Huber Andrés Durango Díaz y Sindy
Juliana Durango Díaz que va desde la fecha en la que Dolys Judiht Durango
cumplió 25 años, hasta el 3 de junio de 2014, fecha en la que Sindy Juliana
Durango Díaz alcanzó la misma edad. Este periodo tiene 195.4 meses.
Adicionalmente, el IBL deberá distribuirse de la siguiente manera: teniendo
en cuenta que una de sus hijas ya no es beneficiaria en este periodo, la
porción que le correspondía vuelve al IBL y se distribuye en partes iguales
entre los beneficiarios restantes; es decir que acrece en el 5,55% cada uno
de ellos.
Periodo 3. Para Lucelia Díaz Herrera y Huber Andrés Durango Díaz tomado
desde el día siguiente al cumplimiento de los 25 años de Sindy Juliana hasta
el 9 de febrero de 2023, fecha en el que Huber Andrés alcanzó la misma
edad. Este periodo tiene 104.2 meses. Además, el IBL deberá distribuirse de la
siguiente manera: teniendo en cuenta que una de sus hijas ya no es
beneficiaria en este periodo, la porción que le correspondía vuelve al IBL y se
distribuye en partes iguales entre los beneficiarios restantes; es decir que
acrece en el 11,07% cada uno de ellos.
Periodo 4. Para Lucelia Díaz Herrera tomado desde el día siguiente al
cumplimiento de los 25 años de Huber Andrés hasta la expectativa de vida
de la víctima, esto es 291,3 meses86. Siendo esta la única beneficiaria y
cónyuge supérstite, el ingreso base se liquida nuevamente y se reduce al 50%
porque se entiende que el porcentaje restante la víctima destinaría para
84 El registro civil refiere el 16 de agosto de 1970 como fecha de nacimiento.
85 De acuerdo con la Resoluciones 585 de 1994 y 497 de 1997, Carmelo Durango Moreno tenía una esperanza de
vida de 612,48 meses, pues tenía 25 años, 8 meses y 14 días cuando murió. Este periodo resulta inferior a la vida
probable de su compañera que era de 642,36 meses, ya que al momento de la muerte de su compañera tenía 24
años,2 meses y 18 días.
86 Que corresponden a los 612,48 meses indemnizables para Lucelia Díaz Herrera, menos los 321,2 meses que se
liquidaron en los periodos 1, 2 y 3.
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gastos propios. Este periodo se dividirá en periodo consolidado y futuro,
teniendo como punto de referencia la fecha de expedición de esta
providencia.
67. Así, para el caso concreto y de conformidad con los criterios
explicados, se aplicará la fórmula tradicionalmente aceptada por esta
corporación para liquidar el lucro cesante87 en cada uno de los periodos y
para las demandantes a quienes se reconocerá la indemnización:
Beneficiario Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Total
(21.6 meses) (195.4 (104.2 (291,3 meses)
meses) meses)
Lucelia Díaz $14.916.416,63 $236.952.715,4 $118.275.330 P. consolidado88 $535.519.923,23
Herrera(comp $38.619.628,6
añera P. futuro89
permanente) $126.755.832,6
Huber Andrés $4.972.139,88 $94.994.557,1 $59.395.341,5
Durango Díaz $159.362.038,48
(hija)
Sindy Juliana $4.972.139,88 $94.994.557,1 $99.966.696.98
Durango Díaz
(hija)
Dolys Judiht $4.972.139,88 $4.972.139,88
Durango(hija)
68. Finalmente, negará lo solicitado por perjuicios materiales porque no
pueden ser probados mediante declaraciones de los valores aproximados
aportados por los afectados y algunas referencias vagas sobre la pérdida del
vehículo, unas cabezas de ganado y algunos “pagos de arrendamientos”
realizadas por las testigos, sin ninguna referencia adicional. En este sentido
advierte que los extractos bancarios aportados dirigidos a probar la
adquisición de créditos para solventar la situación económica de Lucila Díaz
87 Se aplica la fórmula jurisprudencialmente aceptada sobre el lucro cesante consolidado
n
S= Ra x (1+i) - 1
i
En donde, Ra= renta actualizada; i= tasa de interés que, en este caso, corresponde a 0,004867; y n = número de
meses que tiene el periodo.
Mientras que la fórmula jurisprudencialmente aceptada sobre el lucro cesante futuro corresponde:
n
S= Ra x (1+i) - 1
n
i (1+i)
En donde, Ra= renta actualizada; i= tasa de interés que, en este caso, corresponde a 0,004867; y n = número de
meses que tiene el periodo.
88 Que corresponde al periodo de 40,06 meses
89
Que corresponde al periodo de 251,22 meses
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y su familia tampoco resultan suficientes para acreditar lo pretendido, en
tanto no se observa la relación causal con el daño declarado.
2.4. Condena en costas
69. De acuerdo con los artículos 188 del CPACA y 365, numerales 1 y 3 del
CGP, la condena en costas es objetiva y depende del resultado del proceso.
Por lo tanto, al haber prosperado la apelación de la parte actora, se
condenará en costas de esta instancia a la parte demandada. El tribunal de
origen liquidará la condena en constas de manera concentrada (artículo 366
del CGP).
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 24 de junio de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala 5 de decisión, por las razones expuestas en
esta providencia y, en consecuencia:
“PRIMERO: DECLARAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y
Policía Nacional responsables por el daño antijurídico causado a los
demandantes por la muerte de Carmelo Durango, ocurrida el 3 de mayo de 1996.
SEGUNDO: DECLARAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
y Policía Nacional responsables por el daño antijurídico causado a los
demandantes con ocasión de desplazamiento forzado al que fueron
sometidos los demandantes Lucelia Díaz Herrera, Huber Andrés y Sindy Juliana
Durango Díaz, Daris Yamed y Dolis Judith Durango Moreno.
TERCERO: CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
y Policía Nacional al pago a los demandantes de las siguientes sumas de
dinero, expresadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes al
momento de ejecutoria, por concepto de reparación pecuniaria, según las
liquidaciones efectuadas en la parte motiva:
BENEFICIARIOS Perjuicios Perjuicios
inmateriales materiales
Lucelia Díaz Herrera 200 SMLMV $535.519.923,23
Huber Andrés Durango Díaz 200 SMLMV $159.362.038,48
Sindy Juliana Durango Díaz 200 SMLMV $99.966.696.98
Daris Yamed Durango Moreno 200 SMLMV N/A
Dolis Judith Durango Moreno 200 SMLMV $4.972.139,88
Iris Margoth Durango Moreno 75 SMLMV N/A
Tedys María Durango Moreno 75 SMLMV N/A
Delis Daveiba Durango 75 SMLMV N/A
Moreno
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CUARTO: COMUNICAR esta decisión a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas – UARIV - para que informe a los
demandantes sobre los programas de restablecimiento y reparación integral
contemplados en la Ley 1448 de 2011 para la población víctima de
desplazamiento forzado, en los términos consignados en la parte motiva.
QUINTO: ORDENAR que la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
y Policía Nacional realicen un acto conmemorativo en el cual ofrezcan
disculpas a los demandantes y reconozcan su responsabilidad porque
omitieron brindarles medidas de protección para evitar se produjera su
desplazamiento forzado, en los términos indicados en esta decisión.
SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SÉPTIMO: sin condena en costas en las dos instancias.”
SEGUNDO: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copia de la
Sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 114
del C.G.P. Para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá las previsiones del
artículo 329 del C.G.P.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente subsección B
Salvamento parcial de voto
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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