Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-33-000-2015-00179-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-33-000-2015-00179-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 18001-23-33-000-2015-00179-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
5 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697)
Actor: Mélida Ramírez Medina y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Temas: LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - Supone que la entidad sea la llamada a
responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés que es objeto de
controversia - La obligación funcional de adelantar las investigaciones de los hechos que revistan
las características de un delito en el Estado colombiano corresponde a la Fiscalía General de la
Nación, de manera que se encuentra legitimada en la causa en cuanto concierne a las pretensiones
por omisión de investigación / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN
DIRECTA – Daños derivados de graves violaciones a los derechos humanos – Delitos de lesa
humanidad y crímenes de guerra- Aplicación de la sentencia de unificación de la Sección Tercera
del 29 de enero de 2020 Expediente 61.033 – las normas que regulan la regla de la caducidad son
aplicables a todos los asuntos de reparación directa, al margen de que se trate de delitos de lesa
humanidad o de crímenes de guerra, pues ni el CCA ni el CPACA establecen una regla especial
frente a estas conductas, salvo lo referente al delito de desaparición forzada / CADUCIDAD EN
CASOS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO – esta Corporación ha considerado mayoritariamente
se trata de un daño de naturaleza continuada y que el término de caducidad se cuenta, en principio,
desde el momento en el que el daño cesa / SENTENCIA SU-254/13 - regla excepcional en materia
de caducidad por hechos relacionados con el desplazamiento forzado, según la cual el término de 2
años para demandar en reparación directa se cuenta a partir de la ejecutoria de la referida decisión
judicial / SENTENCIA SU-254/13 - sus disposiciones resultan aplicables, bajo las siguientes
condiciones: i) tener la calidad de víctimas de desplazamiento forzado por la violencia y, ii)
encontrarse inscritos en el registro de víctimas desde antes de entrar en vigencia la Ley 1448 de
2011/ RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR OMISIÓN DE
INVESTIGACIÓN – No se acreditó en el caso concreto que el ente investigador hubiere incumplido
sus funciones en tanto no obran en el plenario los expedientes de los procesos penales seguidos
por los delitos de homicidio y amenazas / RESPONSABILIDAD DEL EJÉRCITO Y LA POLICÍA
NACIONAL POR DESPLAZAMIENTO FORZADO - no es posible endilgar responsabilidad a título
de falla en el servicio por el solo hecho de entender que ocurrió el incumplimiento del deber general
de protección de vida, honra y bienes de los residentes en Colombia y que ello conlleva una
responsabilidad automática a partir de una posición de garante universal de los daños sufridos por
las personas - cuando la Administración tiene conocimiento acerca de una situación de vulnerabilidad
en la que se encuentre determinada persona el deber genérico de protección y seguridad se concreta
y exige una conducta activa de su parte que, de omitirse, permite que se declare su responsabilidad
por el daño derivado de la materialización del peligro.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia que declaró probadas las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación y la
caducidad del medio de control.
Se pretende la declaración de responsabilidad de las demandadas por el homicidio
de un familiar, la omisión en la investigación de los hechos y el consecuencial
desplazamiento forzado de los actores.
Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697)
Actor: Mélida Ramírez Medina y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1.
Corresponde a la proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 31
de enero de 2019 que, con el alcance antes referido, decidió las pretensiones de la
demanda presentada el 7 de julio de 20151 por la señora Mélida Ramírez Medina y
otros2 contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y Ministerio de Defensa –
Ejército y Policía Nacional.
2.La síntesis de las pretensiones, fundamentos de hecho y de derecho sobre las
que el Tribunal adoptó la sentencia que ahora se cuestiona, es la siguiente:
Pretensiones
3. Reclamaron los demandantes la declaración de responsabilidad patrimonial por
la muerte del señor Tomás Díaz Arias, ocurrida el 1 de enero de 1999, la
subsecuente omisión en la investigación de los hechos y el consecuencial
desplazamiento forzado de los actores, por lo que solicitaron una indemnización
de perjuicios materiales e inmateriales3.
Hechos
4.
El 1 de enero de 1999, el núcleo familiar conformado por los señores Tomás Díaz
Arias y Mélida Ramírez Medina y sus hijos -residentes en la vereda Villa Lozada del
municipio de Piamonte, Cauca “Región de la Baja Bota Caucana” limítrofe con el
departamento del Caquetá-, se encontraban de viaje en el corregimiento de
Zabaleta, municipio de San José del Fragua, Caquetá, con el fin de compartir con
sus familiares las festividades de año nuevo, cuando fueron víctimas del accionar
violento de miembros de las FARC que irrumpieron en una caseta y dieron muerte
al señor Díaz Arias y le causaron graves lesiones a su hija, Yismeldy Díaz Ramírez.
5.
La Fiscalía 14 de Belén de los Andaquíes, Caquetá, inició investigación por estos
hechos, y el 13 de enero de 2000 la Fiscalía 1º delegada ante el Juzgado Promiscuo
del Circuito de Bolívar, Cauca, avocó conocimiento de la misma. El 7 de noviembre
de 2001 se profirió resolución inhibitoria.
1 Demanda obrante de folios 1 a 28 del cuaderno No. 1 y constancia de reparto del 7 de julio de 2015 a folio
259 del cuaderno No. 2.
2 Los demandantes integran dos grupos familiares, así: (i) Familia Díaz Ramírez, conformada por Mélida
Ramírez Medina (madre), Yulieth Díaz Ramírez (hija), Yoniria Díaz Ramírez (hija) quien actúa en nombre propio
y de sus menores hijos Indira Vanessa y Katerine Gaviria Díaz (nietas), Anderson Gaviria Díaz (nieto), Yismeldy
Díaz Ramírez (hija), Yasbleidy Díaz Ramírez (hija), Yeiner Díaz Ramírez (hijo), Yamid Díaz Ramírez (hijo),
Yesenia Bustos (nuera) quien actúa en nombre propio y en representación de su menor hijo Julián Andrés Díaz
Bustos (nieto), Yira Mercedes Díaz Ramírez (hija) quien actúa en nombre propio y en el de sus hijos Angie
Loreidy y Kevin Ledezma Díaz (nietos). (ii) Familia Ramírez Silva, conformada por Isnel Ramírez Medina
(padre), Liliana Silva Artunduaga (madre), Isnel y Andrea Liliana Ramírez Silva (hijos) y Jhon Édgar Ramírez
Sánchez (sobrino).
3
Pretensiones por desplazamiento forzado para el grupo familiar Díaz Ramírez: perjuicios morales: 4.500
smlmv; alteración a las condiciones de existencia: 4.500 smlmv; Bienes constitucionalmente protegidos: 4.500
smlmv; perjuicios materiales para Mélida Ramírez Medina: $86’500.000 por daño emergente y $267’293.282
por lucro cesante. Pretensiones por desplazamiento forzado para el grupo familiar Ramírez Silva:
perjuicios morales: 1.500 smlmv; alteración a las condiciones de existencia: 1.500 smlmv; bienes
constitucionalmente protegidos: 1.500 smlmv; perjuicios materiales para Isnel Ramírez Medina: $40’000.000
por daño emergente y $93’188.866 por lucro cesante. Pretensiones por muerte de Tomás Díaz Arias para
los dos grupos familiares: perjuicios morales: 3.800 smlmv; alteración a las condiciones de existencia: 3.800
smlmv; bienes constitucionalmente protegidos: 4.500 smlmv. Igualmente pidieron la adopción de medidas
simbólicas.
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Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697)
Actor: Mélida Ramírez Medina y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
6.
A raíz de estos hechos, la señora Mélida Ramírez Medina, junto a sus hijos y sus
nietos debieron desplazarse en varias oportunidades. Así, se radicaron inicialmente
en el municipio de San José del Fragua, del cual debieron desplazarse
posteriormente al corregimiento “Guisitó”, Cauca, de donde salieron con ocasión de
las presiones y violencia ejercida por el ELN. Después se instalaron nuevamente en
la vereda Las Perlas del municipio de Piamonte, de donde también huyeron por
amenazas de las FARC y se trasladaron al corregimiento El Plateado. Luego
estuvieron un período corto en Popayán y en 2008 se mudaron a Paimadó, Chocó,
de donde debieron salir por amenazas en febrero de 2010.
7.
La señora Ramírez Medina y su núcleo familiar solicitaron ser reconocidos como
refugiados en Venezuela –donde han residido hasta la fecha de presentación de la
demanda-, estatus que les fue otorgado el 19 de octubre de 2012.
8.
Los hechos de desplazamiento forzado fueron denunciados por la señora Mélida
Ramírez desde 2005 ante la Personería Municipal de San José del Fragua, y ella y
sus familiares fueron registrados como víctimas desde el 9 de marzo de 2005. El 20
de enero de 2010 también presentó denuncia ante el Comité de Reparación
Administrativa de la Personería Municipal.
9.
En cuanto concierne al grupo familiar del señor Isnel Ramírez Medina –hermano
de la señora Mélida Ramírez Medina- se narró que para el mes de enero de 1999
residían y trabajaban en el corregimiento de Zabaleta, municipio de San José del
Fragua, pero que, a raíz del homicidio de su cuñado Tomás Díaz Arias, debieron
desplazarse forzadamente. En 2002, luego de haber vivido en varios sitios, se
radicaron en el municipio de Salento, Quindío, hasta noviembre de 2007, cuando
fueron extorsionados y amenazados por miembros de grupos armados ilegales.
10.
Por estos hechos, el señor Isnel Ramírez Medina solicitó protección y medidas al
alcalde del municipio y al personero, quienes le dijeron que ante la falta de recursos
era mejor que abandonaran la zona. Una vez instalados en la ciudad de Armenia,
otra vez fueron perseguidos y extorsionados por el mismo grupo armado, lo que
motivó finalmente el desplazamiento del grupo familiar a la ciudad de Bogotá, en
donde denunciaron su situación de desplazamiento ante la Personería de Bosa y el
5 de agosto de 2008 se les notificó la inclusión en el registro de desplazados.
11.
En 2011, uno de los hijos del señor Ramírez Medina fue objeto de intimidación y
hostigamiento y la familia recibió una llamada de amenaza, hechos que fueron
puestos en conocimiento de la Policía Nacional, la cual logró la identificación de dos
personas responsables de las amenazas el 2 de septiembre de ese año.
12.
El 12 de septiembre de 2011 el señor Isnel Ramírez Medina presentó denuncia
ante la Fiscalía 246 Seccional Bogotá por estos hechos, pero las diligencias fueron
archivadas el 26 de marzo de 2012 por atipicidad de la conducta.
13.
Ante la ausencia de medidas de protección, el 5 de noviembre de 2011 viajaron
a Venezuela con el fin de pedir asilo. A finales de noviembre de 2011 el señor
Ramírez Medina fue detenido por las autoridades venezolanas y regresado a
Colombia, y en abril de 2012 su compañera permanente también regresó a Bogotá.
3
Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697)
Actor: Mélida Ramírez Medina y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Fundamentos jurídicos
14.
La parte actora adujo que a pesar de que las autoridades del departamento del
Caquetá conocían de la grave situación de orden público de la región -por el control
territorial ejercido por varios grupos armados al margen de la ley debido al
establecimiento de la zona de distensión para los diálogos entre las FARC y el
gobierno nacional, a finales de los noventa-, no se adoptaron medidas para
garantizar la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, por lo que las
demandadas incumplieron con la posición de garante que tenían respecto de los
demandantes. Particularmente, la situación de las familias Díaz Ramírez y Ramírez
Silva era conocida por las demandadas, ante las cuales se interpusieron las
correspondientes denuncias.
15.
Asimismo, la Fiscalía no realizó ningún esfuerzo investigativo para dar con los
responsables de la muerte violenta del señor Tomás Díaz Arias, las lesiones de
Yismeldy Díaz Ramírez ni de las amenazas contra la familia Ramírez Silva, lo que
generó la impunidad en la que se encuentran los “delitos de lesa humanidad” por
los que se demanda, aunado a que no se otorgó ninguna medida de protección en
favor de las víctimas, a pesar de que denunciaron hechos que los ponían en una
situación de riesgo y vulnerabilidad.
16.
Se adujo que no acudieron inmediatamente ante las autoridades legítimamente
constituidas para denunciar los hechos porque eran constantemente vigilados por
miembros de la insurgencia armada.
17.
Mediante auto del 8 de febrero de 2016, el Tribunal rechazó la demanda frente a
las pretensiones por la muerte del señor Tomás Díaz Arias por considerar que había
operado el fenómeno de la caducidad en tanto los hechos ocurrieron el 1 de enero
de 1999 y sólo se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial hasta diciembre
de 20144. Esta providencia quedó en firme.
La defensa
18.
La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se opuso a las
pretensiones de la demanda y propuso las siguientes excepciones: (i) falta de
legitimación en la causa por pasiva, en tanto no se acreditó la acción u omisión
imputada a esa institución; (ii) falta de legitimación en la causa por activa de Liliana
Silva Artunduaga, de quien no se acreditó mediante sentencia judicial que fuera la
compañera permanente del señor Isnel Ramírez Medina, ni se demostró que Isnel
Ramírez Silva fuera el hijo de ambos, y (iii) caducidad del medio de control, debido
a que la muerte violenta del señor Tomás Díaz Ramírez acaeció el 1 de enero de
1999, de manera que la solicitud de conciliación y la demanda excedieron el término
legal. Argumentó que se configuró la causal eximente de responsabilidad
consistente en el hecho de un tercero, pues los daños por los que se demanda son
imputables a las FARC y no es función de las fuerzas militares prestar seguridad y
protección individualizada a toda la ciudadanía5.
4 Folios 261-266 c. 2.
5 Folios 295-314 c. 2.
4
Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697)
Actor: Mélida Ramírez Medina y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
19.
La Fiscalía General de la Nación se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, en tanto no se acreditó que alguna omisión o acción suya hubiera sido
causante del daño por el que se demanda. Propuso los siguientes “argumentos de
defensa y excepciones”: (i) “cumplimiento de un deber legal”, pues se siguió el
procedimiento de conformidad con las funciones asignadas constitucional y
legalmente a la Fiscalía; (ii) “inexistencia de la obligación o del derecho reclamado”;
(iii) “falta de nexo causal entre el daño alegado y las actuaciones de la Fiscalía
General de la Nación”; (iv) “inexistencia de la obligación o del derecho reclamado”;
(v) falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que la Fiscalía no tiene ninguna
obligación respecto de los daños imputados; (vi) “falta de causa para pedir”, y (vii)
caducidad, debido a que los demandantes se reasentaron y se estabilizaron
socioeconómicamente, de manera que cesó su condición de desplazamiento 6.
20.
La Policía Nacional adujo que se configuró la eximente de responsabilidad
consistente en el hecho de un tercero y que los accionantes no pusieron en
conocimiento de la Policía Nacional la situación de amenazas ni requirieron la
adopción de medidas de protección. Propuso las siguientes excepciones: (i) falta de
legitimación en la causa por activa por el desplazamiento forzado, pues varios de
los accionantes no se encontraban inscritos en el Registro Único de Víctimas por
ese hecho victimizante; (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva; (iii) “no
comprender la demanda todos los litisconsortes necesarios o cuasinecesarios”, en
tanto en el proceso se debió vincular a la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas7.
21.
Surtida la etapa probatoria 8, la Policía Nacional alegó que los demandantes
decidieron voluntariamente buscar nuevas oportunidades en otros territorios e
6 Folios 330-345 c. 2.
7 Folios 353-396 c. 2.
8 Al proceso se incorporaron, entre otras, las siguientes pruebas relevantes para el objeto de discusión:
1. Declaración extrajuicio de la señora Mélida Ramírez Medina rendida el 18 de enero de 2007 ante la
Inspección Central de Policía del municipio de San José del Fragua en Caquetá.
2. Derecho de petición firmado por la señora Mélida Ramírez Medina con fecha del 22 de enero de 2009 y
dirigido a la Fiscalía 01 Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bolívar, Cauca.
3. Documento de solicitud de reparación administrativa - Comité de Reparaciones Administrativas ante la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, con fecha de radicado del 20 de
enero de 2010.
4. Certificación expedida por el Fiscal Seccional Delegado ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bolívar,
Cauca, en la que se dejó constancia de que esa unidad adelantó la investigación penal por los hechos ocurridos
el 1 de enero de 1999, la cual fue archivada el 7 de noviembre de 2001.
5. Oficio del 21 de enero de 2014 por medio del cual la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas informó que la señora Mélida Ramírez Medina rindió declaración de los hechos victimizantes el 16 de
febrero de 2005 y quedó incluida en el Registro Único de Víctimas desde el 9 de marzo de 2005.
6. Documentos relacionados con las propiedades que los demandantes habrían tenido que abandonar con
ocasión del desplazamiento forzado al que se vieron avocados.
7. Documento de promesa de venta de una mejora rural ubicada en la vereda Las Perlas de la Baja Bota
Caucana, jurisdicción del municipio de Piamonte, Cauca, a la señora Mélida Ramírez Medina, firmada el 20 de
marzo de 2006 en el municipio de San José del Fragua, Caquetá.
8. Oficio de notificación de decisión de solicitud de refugio con fecha del 19 de octubre de 2012, de la Comisión
Nacional para los Refugiados de Venezuela.
9. Certificados de calificaciones de los nietos de la señora Mélida Ramírez Medina en los que consta que
acudían a centros educativos en Venezuela entre 2010 y 2012.
10. Certificación expedida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en la que consta
que el señor Yamid Díaz Ramírez junto con su núcleo familiar, se encontraba inscrito en el Registro Único de
Víctimas.
11. Derechos de petición -fechados de diciembre de 2013- suscritos por el apoderado de los demandantes y
dirigidos a cada autoridad del municipio (Policía, Ejército, Fiscalía, Personería, autoridades municipales, entre
otras) para verificar las actuaciones que habrían adelantado con ocasión de los hechos. Igualmente constan los
correspondientes oficios de respuesta de las citadas entidades.
5
Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697)
Actor: Mélida Ramírez Medina y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
insistió en los argumentos propuestos en la contestación 9; el Ejército Nacional
alegó, entre otras cosas, que no se acreditó que la razón del desplazamiento de las
familias hubiera sido la situación de amenazas con ocasión del conflicto armado,
sino que se trató de un asunto personal con terceros10, y la Fiscalía General de la
Nación reiteró los argumentos propuestos en la contestación11.
22.
La parte demandante reiteró lo dicho en la demanda y en el traslado de las
excepciones12.
La decisión del tribunal13
23.
El Tribunal a quo declaró probada la excepción de falta de legitimación en la
causa de la Fiscalía General de la Nación, por considerar que no tuvo injerencia en
la producción del daño atribuido, en tanto la decisión que adoptó sobre el archivo
de la investigación penal seguida por la muerte del señor Tomás Díaz Arias no
guardó relación alguna con el hecho del desplazamiento forzado de sus familiares.
24.
Declaró probada la excepción de caducidad del medio de control. Para estos
efectos, partió de considerar que el desplazamiento de los grupos familiares Díaz
Ramírez y Ramírez Silva obedeció a inconvenientes de carácter personal, por los
vínculos familiares que tenían con un militante de las FARC, además de su ideología
política de izquierda. De manera que no se acreditó que el desplazamiento se
hubiera visto determinado por (i) el conflicto armado interno; (ii) la violencia
generalizada; (iii) la vulneración masiva de los derechos humanos e infracción del
derecho internacional humanitario; o (iv) la alteración grave del orden público, de
12. Certificación expedida por la Presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda la Nubia de Salento,
Quindío.
13. Certificación expedida el 24 de julio de 2008 por la Personería de Bogotá.
14. Certificación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en la que consta que el
señor Isnel Ramírez Medina y su núcleo familiar se encontraban incluidos en el Registro Único de Víctimas
desde el 5 de agosto de 2008.
15. Certificación expedida por la Fundación Juan Bosco Obrero en noviembre de 2009.
16. Denuncia presentada el 12 de septiembre de 2011 por el señor Isnel Ramírez Medina en la URI de
Paloquemao por el delito de amenazas.
17. Derechos de petición de septiembre de 2011 dirigidos a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría Distrital,
a las Fuerzas Militares y a la Fiscalía General de la Nación para poner en conocimiento la situación del señor
Isnel Ramírez Medina.
18. Oficio fechado del 19 de septiembre de 2011 dirigido a la Embajada de la República Bolivariana de
Venezuela en Colombia.
19. Certificación expedida por la señora Luz Delia Vera Rico con fecha del 29 de julio de 2013.
20. Constancia expedida por la Secretaría de Educación de Bogotá y oficios de abril de 2012 suscritos por la
Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
21. Oficio No. 0188 del Comandante del GAULA Militar Caquetá.
22. Oficio del 25 de junio de 2013 de la Unidad de Delitos contra la Libertad Individual, otras garantías y otros.
23. Oficio de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del 22 de septiembre de 2016.
9Folios 509-517 c. 3.
10 Folios 518-529 c. 3.
11 Folios 561-566 c. 3.
12 Folios 530-630 c. 3.
13 La decisión fue del siguiente tenor: “PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA alegada por la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
y la CADUCIDAD del medio de control por los argumentos señalados en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda por los motivos expuestos en la presente decisión.
TERCERO: CONDÉNASE en costas a la parte demandante. Fíjense las agencias en derecho en la suma
equivalente al 2% de las pretensiones reconocidas. Liquídense por Secretaría del juzgado de primera instancia.
CUARTO: DEVUÉLVANSE a los actores los remanentes del depósito efectuado para gastos ordinarios del
proceso, si los hubiere.
QUINTO: En caso de no ser apelada la presente providencia, ARCHÍVESE inmediatamente el expediente,
previa anotación correspondiente en el software de gestión”.
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Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697)
Actor: Mélida Ramírez Medina y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
modo que ni los hechos de desplazamiento ni la muerte violenta del señor Díaz
Arias eran constitutivos de delitos de lesa humanidad, razón por la cual no había
lugar a inaplicar el término de caducidad dispuesto en la ley.
25.
A pesar de que fue materia de rechazo de plano al momento de admisión de
la demanda, concluyó que en lo relacionado con la muerte del señor Tomás Díaz
Arias, los hechos ocurrieron el 1 de enero de 1999, por lo que el término para
demandar transcurrió hasta el 2 de enero de 2001. Sobre los hechos de
desplazamiento del núcleo familiar Ramírez Medina, señaló que la solicitud de asilo
se presentó ante el gobierno de Venezuela el 19 de septiembre de 2011 y que en la
narración realizada en dicho documento se planteó que habían sido desplazados
por la violencia desde hacía aproximadamente 3 años, lo que indica que el
desplazamiento inició desde el año 2008, pese a lo cual sólo se acudió ante esta
jurisdicción en el año 2014. Resaltó que incluso si se tuviera en cuenta la fecha en
que el señor Isnel Ramírez Medina presentó denuncia por el delito de
desplazamiento forzado -esto es, el 12 de septiembre de 2011-, el medio de control
se encontraba caducado.
26.
El Tribunal condenó en costas a la parte demandante y fijó como agencias
en derecho a favor de las demandadas, el equivalente al 2% del valor de las
pretensiones de la demanda14.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
23.
La parte actora cuestionó (i) la declaración de falta de legitimación en la
causa de la Fiscalía General de la Nación; (ii) la decisión en materia de caducidad
del medio de control y (iii) la condena en costas.
24. El desarrollo de la argumentación expuesta por la recurrente será detallado
al resolver de fondo los cargos formulados.
25.
Durante el término para alegar de conclusión, la Policía Nacional15 y la Fiscalía
General de la Nación 16 solicitaron que se confirmara la decisión de primera
instancia, mientras que la parte demandante reiteró los argumentos de
inconformidad propuestos en el recurso17.
26.
El Ejército Nacional y el Ministerio Público guardaron silencio18.
27.
Estando el proceso para fallo, el 4 de diciembre de 2023, se profirió auto para
mejor proveer mediante el cual se dio traslado a la parte demandante para que
expusiera los motivos que le impidieron acudir a esta jurisdicción antes de la fecha
en que presentó la demanda, teniendo en cuenta que las reglas determinadas en la
sentencia de unificación dictada por el pleno de la Sección Tercera el 29 de enero
de 2020 fueron adoptadas con posterioridad a la fecha de presentación del libelo
inicial19.
14 Folios 599-619 c. ppal.
15 Folios 653-657 c. ppal.
16 Folios 672-676 c. ppal.
17 Folios 687-710 c. ppal.
18 Folio 711 c. ppal.
19 Visible a índice 19 de SAMAI.
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Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697)
Actor: Mélida Ramírez Medina y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
28.
El 11 de enero del año en curso los apoderados de la parte actora allegaron un
memorial en el que manifestaron que no presentaron la demanda de reparación
directa en tiempo debido al temor a las retaliaciones de las que pudieran ser
víctimas, ya que cada vez que acudían a las autoridades para denunciar la situación
se radicalizaban las acciones violentas en su contra por parte de grupos al margen
de la ley, lo que incluso implicó la muerte violenta de varios de sus familiares20. Con
el memorial allegaron varios documentos para probar los hechos narrados21.
29.
Mediante auto del 5 de febrero de 2024 se resolvió rechazar la solicitud probatoria
presentada por la parte demandante, en tanto la oportunidad otorgada a la parte
actora para que se pronunciara sobre la aplicación al caso concreto de los
estándares dispuestos por la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, no
tenía por objeto reabrir la etapa probatoria que ha sido definida explícitamente en el
estatuto procesal22. Dicha decisión no fue objeto de recurso.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
30.
Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede
la Sala a resolver el recurso interpuesto.
El objeto del recurso de apelación
31.
Previo a definir el marco de análisis en esta instancia, es del caso reiterar
que en auto del 8 de febrero de 2016 el Tribunal a quo rechazó la demanda frente
a las pretensiones formuladas por la muerte del señor Tomás Díaz Arias, por
considerar que había operado el fenómeno de la caducidad en tanto los hechos
ocurrieron el 1 de enero de 1999 y sólo se presentó la solicitud de conciliación
extrajudicial hasta diciembre de 201423. Dicha providencia quedó en firme y el litigio
se fijó en audiencia inicial únicamente respecto de la responsabilidad de las
entidades demandadas por el desplazamiento forzado de los accionantes24. Si bien
el a quo en la sentencia de primera instancia se refirió a la caducidad frente a este
punto que ya había sido materia de rechazo, tampoco fue objeto de apelación, de
manera que no será objeto de estudio en esta instancia.
32.
El ámbito del recurso de apelación se centra en tres puntos de estudio: (i) si la
Fiscalía General de la Nación está legitimada en la causa por pasiva con base en la
imputación por ausencia de investigación de las conductas punibles denunciadas
por los demandantes y, de obtenerse respuesta positiva, si es dable concluir que el
medio de control fue presentado en tiempo respecto de las pretensiones dirigidas
en contra de la referida entidad, para finalmente, de ser correspondiente, continuar
al estudio de fondo; (ii) analizar si operó la caducidad para el ejercicio del medio de
20 Visible a índice 23 de SAMAI.
21 Así se plasmó en el escrito: “Teniendo en cuenta que la relación de los hechos se hace bajo la gravedad de
juramento, no obstante para que el cuerpo juzgador tenga certeza de los mismos, en forma respetuosa me
permito allegar los documentos con los que se cuenta y que dan certeza de lo expuesto: (1) Registros Civiles
de Defunción de las víctimas violentas. (2) Investigación Penal de la desaparición forzado de la señora FRANCY
DEL PILAR GUEVARA SÁNCHEZ; (3) Investigación penal de la familia de Querly Viviana Ramírez Arias”.
22 Visible a índice 29 de SAMAI.
23 Folios 261-266 c. 2.
24 Folio 463 c. 3.
8
Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697)
Actor: Mélida Ramírez Medina y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
control de reparación directa en cuanto concierne a los hechos de desplazamiento
forzado de los demandantes. Superado este análisis y de ser oportuna la demanda
se analizará la responsabilidad endilgada; (iii) finalmente se estudiará la condena
en costas proferida por el juez de primera instancia para determinar si la decisión
en este punto se encuentra ajustada a derecho.
La legitimación en la causa de la Fiscalía General de la Nación
33.
La decisión del a quo en cuanto concierne a la Fiscalía General de la Nación se
fundamentó en que las actuaciones adelantadas en el marco de las investigaciones
seguidas por los hechos puestos de presente en la demanda, no guardaron relación
con el daño consistente en el desplazamiento forzado de las familias Díaz Ramírez
y Ramírez Silva25.
34.
En el recurso se señaló que el razonamiento del Tribunal no tuvo en cuenta los
medios de convicción allegados al proceso y que se confundió la imputación
realizada en contra de esa entidad, en tanto los cargos propuestos contra la Fiscalía
se fundamentaron en la omisión de investigación de los hechos relacionados con la
muerte del señor Tomás Díaz Arias, la tentativa de homicidio de Yismeldy Díaz
Ramírez -hechos por los cuales no se adelantó ninguna acción de investigación
previa ni se hizo presencia para el levantamiento del cadáver- y las amenazas en
contra del señor Isnel Ramírez Medina, lo que derivó en la impunidad absoluta pues,
en primer lugar, la Unidad Delegada ante los Juzgados Promiscuos del Circuito de
Bolívar, Cauca, profirió una resolución inhibitoria por los primeros dos hechos y
posteriormente la Fiscalía 246 Seccional ordenó el archivo de la investigación por
el delito de amenazas, por atipicidad de la conducta.
35.
Indicó que la imputación no se realizó por el hecho del desplazamiento en sí,
como equivocadamente lo determinó el Tribunal para decidir la falta de legitimación
en la causa por pasiva, sino que se fundamentó en la ausencia de una investigación
eficiente y responsable de las conductas punibles constitutivas de crímenes de lesa
humanidad, aunado a la ausencia de protección de las víctimas al momento de las
denuncias, quienes por tratarse de testigos deberían haber gozado de la protección
establecida hacia ellos.
36.
De conformidad con el reproche planteado por la parte actora en el recurso de
apelación y de la lectura del libelo inicial, la Sala constata que la imputación que los
demandantes plantearon en contra de la Fiscalía General de la Nación
precisamente no se derivó del hecho del desplazamiento forzado, sino de la
ausencia de investigación de los sucesos relacionados con la muerte violenta del
señor Tomás Díaz Arias, las lesiones de Yismeldy Díaz Ramírez y las amenazas en
contra de la familia del señor Isnel Ramírez Medina. En este sentido, en la demanda
se solicitó declarar la responsabilidad del Estado, entre otras cosas, por falla en el
25 En el proveído apelado se razonó que: “(…)
la Fiscalía General de la Nación no tuvo injerencia en la
producción del daño atribuido, siendo imposible que tenga relación con las pretensiones del medio de
control, si bien es cierto la Fiscalía General de la Nación sí lo tuvo, y esta entidad de conformidad con las
pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso resolvió archivar la investigación, ella es autónoma
administrativa y patrimonialmente, para adoptar las decisiones que en derecho corresponde y su decisión no
es óbice para que produzca un desplazamiento forzado” (se resalta).
9
Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697)
Actor: Mélida Ramírez Medina y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
servicio por omisión de investigación y acceso a la justicia de los núcleos familiares
demandantes.
37.
La pretensión antes referida fue reconocida por el Tribunal en el fallo apelado al
reseñar la demanda y los alegatos de conclusión de primera instancia, en donde se
plasmó que la parte demandante adujo que la responsabilidad de la Fiscalía General
de la Nación radicaba en haber archivado las investigaciones penales seguidas por
los delitos narrados en la demanda, particularmente el homicidio del señor Tomás
Díaz Arias26.
38.
La legitimación material en la causa por pasiva supone que la entidad sea la
llamada a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o
interés que es objeto de controversia. En este sentido, se trata de una cuestión
propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensión
que se debate en el litigio y su ausencia constituye motivo para decidir la demanda
adversamente en relación al demandante, por no ser la demandada la llamada a
responder por las pretensiones contenidas en el libelo inicial27.
39.
La obligación funcional, derivada de la Constitución Política, de adelantar las
investigaciones de los hechos que revistan las características de un delito en el
Estado colombiano corresponde a la Fiscalía General de la Nación 28 y es en el
marco de dicho deber funcional que debe la Sala analizar la responsabilidad de la
demandada. Como el objeto de controversia en este caso es la omisión de
investigación, resulta claro que la Fiscalía era la llamada a discutir las pretensiones
contenidas en la demanda como sujeto pasivo de la relación jurídica sustancial que
se debate.
40.
De modo que la asiste razón a la recurrente al controvertir la decisión del juez de
primera instancia en lo que corresponde a la falta de legitimación en la causa de la
Fiscalía General de la Nación.
41.
Como consecuencia, se revocará el ordinal primero de la parte resolutiva de la
decisión apelada que declaraba la falta de legitimación de la referida entidad.
La oportunidad del medio de control de reparación directa
42.
Para la época de ocurrencia de los hechos objeto de la litis, el artículo 136 del
Decreto 01 de 198429 establecía que la acción de reparación directa caducaba al
26
Folio 606 c. ppal.
27 Sobre el particular la postura de las Subsecciones es pacífica: i) Subsección A, sentencia del 12 de julio de
2024, exp. 67856, MP. María Adriana Marín; ii) Subsección B, sentencia 2 de agosto de 2024, exp. 56046, MP.
Martín Bermúdez; y, iii) Subsección C, sentencia del 23 de septiembre de 2024, exp. 64845, MP. Nicolás Yepes
Corrales.
28 El artículo 250 de la Constitución Política dispone que: “La Fiscalía General de la Nación está obligada a
adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características
de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio,
siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del
mismo. (…). En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá: (…) 8. Dirigir y coordinar
las funciones de policía Judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional y los demás organismos
que señale la ley”.
29 Decreto 1 de 1984: “Artículo 136. Caducidad de las acciones. <Subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de
1998. El nuevo texto es el siguiente:> “(…) 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de
dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa
o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público
o por cualquiera otra causa”.
10
Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697)
Actor: Mélida Ramírez Medina y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
vencimiento del plazo de 2 años contados a partir del día siguiente al del
acaecimiento del hecho u omisión causante del daño, en este caso, determinado
por: (i) las decisiones que pusieron fin a las diligencias investigativas seguidas por
los delitos de homicidio, lesiones y amenazas denunciados por los aquí
demandantes y (ii) el desplazamiento forzado de cada uno de los grupos familiares,
Díaz Ramírez y Ramírez Silva.
43. En relación con el momento desde el cual debe computarse el término de
caducidad del medio de control y a partir de la norma en cita, esta Corporación ha
identificado dos eventos: (i) desde el día siguiente de aquél en el que ha sucedido
la conducta u omisión generadora del daño antijurídico, o (ii) a partir de cuando ésta
es conocida por quien la ha padecido30.
44. Sin perjuicio de lo anterior, resulta imperativo destacar que en materia de
caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los
hechos que pudieran constituir delitos de lesa humanidad, esta Sección unificó su
jurisprudencia en el sentido de concluir que en este tipo de casos también resulta
exigible el término de caducidad. Así, determinó que las normas que regulan la regla
de la caducidad son aplicables a todos los asuntos de reparación directa, al margen
de que se trate de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra, pues ni el
CCA ni el CPACA establecen una regla especial frente a estas conductas, salvo lo
referente al delito de desaparición forzada31.
45. Para estos efectos, la providencia de unificación reflexionó sobre la relación
entre la imprescriptibilidad penal de los delitos de lesa humanidad y crímenes de
guerra, y la caducidad de la pretensión de reparación directa frente a tales
conductas, en el entendido de que así como la acción penal no prescribe si no se
identifica la persona que se debe procesar por el respectivo delito, en lo contencioso
administrativo el término de caducidad de la reparación directa no es exigible sino
cuando el afectado advierte que el Estado estuvo implicado en la acción u omisión
causante del daño y este le resulta imputable.
46. Con las anteriores y otras consideraciones, la Sala concluyó que el término
de caducidad es exigible aún en los eventos en los que se analiza la posible
responsabilidad estatal por hechos que podrían configurar graves violaciones a
derechos humanos, sobre la base de que se advierta que el interesado sabía o tenía
la posibilidad de saber que el Estado tuvo alguna injerencia en la causación del daño
y era susceptible de ser demandado en los términos del artículo 90 de la
Constitución Política. Bajo este contexto, se indicó que corresponderá en cada caso
analizar la posibilidad que tenían los demandantes de conocer el hecho dañoso y si
se encontraban en condiciones de inferir la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial al Estado.
30 “Por otra parte, el segundo evento de cómputo de la caducidad ha sido estructurado a partir de un criterio de
cognoscibilidad, y tiene lugar cuando el hecho dañoso pudo haberse presentado en un momento determinado,
pero sus repercusiones se manifestaron de manera externa y perceptible para el afectado solamente hasta una
ulterior oportunidad, de modo que el término de caducidad se computa desde cuando el daño se hizo
cognoscible para quien lo padeció”. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 13 de febrero de
2015. Exp. 31.187.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del 29
de enero de 2020, expediente 61.033, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
11
Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697)
Actor: Mélida Ramírez Medina y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
47. Como marco normativo y jurisprudencial, la referida decisión realizó un
estudio de las providencias que sobre este punto se han proferido en el sistema
regional de protección de los derechos humanos, particularmente lo dispuesto por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Órdenes Guerra y otros
vs. Chile, bajo la que se efectuó una interpretación de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos a la luz de reglas con contenido material similar a las que
preveía nuestro Código Contencioso Administrativo y la Ley 1437 de 2011, para
concluir que tal pronunciamiento no resultaba vinculante para resolver el asunto de
la caducidad en este tipo de casos.
48. A través del fallo referido se determinaron con claridad las reglas y subreglas
aplicables en materia de caducidad para el estudio de todos los casos conocidos
por la jurisdicción contenciosa administrativa y se fijaron los sucesos que demarcan
la contabilización del plazo para demandar en reparación directa, de cara a un
estudio de las disposiciones de derecho penal internacional y el derecho
internacional de los derechos humanos.
49. Con el derrotero antes referido, se definió como excepción al término de
caducidad del medio de control de reparación directa, aquellos eventos en los que
median circunstancias que obstaculizan materialmente el ejercicio del derecho de
acción e impiden agotar las actuaciones necesarias para la presentación de la
demanda. Se enfatizó en que se trata de supuestos objetivos, como por ejemplo
secuestros, enfermedades o cualquier situación que no permita materialmente
acudir a esta jurisdicción, en tanto –se itera- la imposibilidad de conocer la relación
del Estado con el hecho dañoso no da lugar a la inaplicación de las reglas de
caducidad, sino a iniciar su cómputo a partir del momento en el que, dado el
conocimiento de los hechos, surge el interés para reclamar la indemnización de los
perjuicios causados, tesis jurisprudencial que ha sido ampliamente desarrollada en
fallos de esta Corporación y también ha sido respaldada por la Corte
Constitucional32.
50. Ya en lo que se refiere a los efectos de las sentencias de unificación en el
tiempo, esta Corporación ha establecido33 -así como la Corte Constitucional34- que
32 Al respecto, el Tribunal Constitucional ha precisado que, de acuerdo con el pleno de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en todos los eventos, incluso en los relacionados con graves violaciones a derechos
humanos, es relevante estudiar la posibilidad del interesado de identificar la participación en la misma de sujetos
vinculados a una autoridad pública y de acudir al sistema jurisdiccional para presentar la reclamación respectiva.
Igualmente indicó que resulta imperioso que exista un término de caducidad de las acciones judiciales, pues es
contrario al derecho de acceso a la administración de justicia su ejercicio de manera ilimitada, “sin
condicionamientos de ninguna especie”, porque ello atentaría contra la seguridad jurídica y obstaculizaría la
posibilidad del Estado de brindar a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus conflictos y, por
ende, de obtener pronta y cumplida justicia, de ahí que la actitud pasiva de quien estuvo en la posibilidad de
ejercer sus derechos no fuera susceptible de protección. Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-312 de 2020,
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
33 Sobre los efectos de las sentencias de unificación en el tiempo se ha indicado que tienen efectos
retrospectivos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 7 de noviembre de 2024,
radicación 11001031500020240367501. C.P. José Roberto Sáchica Méndez. En igual sentido Consejo de
Estado, Sección Tercera, auto del 30 de julio de 2021, radicado 66941, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico;
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 29 de abril de 2021, rad. 2021-01372-00(AC), C. P. Roberto
Augusto Serrato Valdés
34 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, M.P: Paola Andrea
Meneses Mosquera, exp: T-8.263.898. En fallos recientes proferidos por la Corte Constitucional, en los que por
vía de tutela se ha estudiado la configuración de la causal de desconocimiento del precedente judicial por parte
de esta Corporación al dar aplicación a la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 (Exp. 61.033), el
mentado Tribunal ha sostenido que, por regla general, los precedentes judiciales de las altas cortes tienen
efectos inmediatos y son de obligatorio seguimiento por los operadores jurídicos así como las partes
12
Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697)
Actor: Mélida Ramírez Medina y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
por regla general los cambios jurisprudenciales tienen efectos retrospectivos y son
de obligatorio seguimiento por los operadores jurídicos y las partes involucradas en
un proceso en curso, aún si incorporan modificaciones importantes en la
comprensión de un determinado problema jurídico35. En ese sentido, la Sala Plena
de la Sección Tercera ha precisado que, salvo que de manera expresa se disponga
lo contrario, los operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial
vigente al momento de resolver el asunto sometido a su consideración, a efectos de
salvaguardar valores superiores como la igualdad, la seguridad jurídica y la
aplicación uniforme e inmediata del derecho36.
51.
Por consiguiente, la aplicación de la sentencia de unificación proferida por
esta Corporación el 29 de enero de 2020 en materia de caducidad del medio de
control de reparación directa, no desconoce las garantías procesales de las partes
involucradas en el proceso, en tanto se trata del criterio vigente en este momento
para la evaluación y estudio de la oportunidad para demandar, el cual, además,
había sido reiterado en precedencia por esta misma Subsección en varias
providencias desde el año 201337 hasta que fue objeto de unificación en 2020.
52.
Por tratarse de imputaciones distintas, la Sala estudiará de manera separada la
caducidad de las pretensiones propuestas en contra de la Fiscalía General de la
Nación y las de desplazamiento forzado de cada grupo familiar en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército y Policía Nacional.
La caducidad respecto de la omisión de investigación atribuida a la Fiscalía
General de la Nación
53.
En el recurso de apelación, la parte actora señaló que la Fiscalía General de la
Nación omitió adelantar una investigación diligente y eficaz de los hechos
relacionados con el homicidio de Tomás Díaz Arias, las lesiones de Yismeldy Díaz
Ramírez y las amenazas en contra de la familia de Isnel Ramírez Medina. Dicha
omisión se materializó con las decisiones que pusieron fin a la etapa de indagación
en los procesos penales seguidos por esos hechos.
54.
En cuanto concierne al homicidio del señor Díaz Arias y las lesiones irrogadas a
su hija en hechos ocurridos el 1 de enero de 1999, consta en el expediente un oficio
del 30 de diciembre de 2013 -por medio del cual la Fiscalía dio respuesta a un
involucradas en un proceso en curso, aun si incorporan cambios importantes en la comprensión de un
determinado problema jurídico (véase también: Corte Constitucional. Sentencia SU-167 del 18 de mayo de
2023. M.P. Diana Fajardo Rivera).
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 3 de marzo de 2023, C.P: Marta Nubia
Velázquez Rico. Exp; 53.439.
36 “Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, para la Sala la providencia del veinticuatro (24) de octubre
de dos mil diecinueve (2019) no incurrió en un desconocimiento de la jurisprudencia unificada de esta
Corporación. Por el contrario, el Tribunal aplicó la regla de unificación vigente y aplicable al momento de resolver
el asunto sometido a su consideración, analizando la antijuridicidad del daño para encontrar acreditada la
responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad.
Adicionalmente, debe indicarse que no resultan de recibo los argumentos de la parte actora dirigidos a afirmar
que debió aplicarse la tesis prevista en la sentencia de diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013),
radicado 23.354, por ser esa la vigente al momento de presentar la demanda, pues, como lo ha indicado el
Consejo de Estado (…) los operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento
de resolver el asunto Consejo de Estado (…)”. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 25 de agosto
de 2022. Exp. 11001032600020210002800 (66.5359. C.P. Nicolás Yepes Corrales.
37 Véase por ejemplo: Auto del 28 de agosto de 2013. Radicado 66001-23-31-000-2011-00138-01. C.P. Mauricio
Fajardo Gómez; Auto del 21 de noviembre de 2012, Exp. 41.377; Auto del 10 de febrero de 2016, Radicado
05001-23-33-000-2015-00934-01. C.P. Hernán Andrade Rincón, entre otras.
13
Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697)
Actor: Mélida Ramírez Medina y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
derecho de petición presentado por el apoderado de los demandantes el 13 de
diciembre de 2013- en el que informó sobre todas las actuaciones adelantadas en
el marco de la investigación previa bajo radicado No. 1450, la cual culminó el 7 de
noviembre de 2001 cuando la Fiscalía 01 Delegada ante el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Bolívar, Cauca, profirió resolución inhibitoria por no reunirse a cabalidad
los presupuestos requeridos en el artículo 331 del código procesal penal para
disponer la apertura de instrucción, en tanto no se logró la individualización de las
personas que se vincularían como autores o partícipes de la conducta38.
55. Sin embargo, en el expediente no consta prueba que permita establecer si dicha
resolución fue notificada a la familia Díaz Ramírez en su calidad de víctimas del
delito que se investigaba, lo que impide a la Sala determinar con certeza el momento
desde el cual los demandantes conocieron de la posibilidad de imputarle
responsabilidad al Estado por la ausencia de una investigación diligente con ocasión
de estos hechos39. Al respecto, es importante señalar que en el oficio proferido el
30 de diciembre de 2013 la Fiscalía Delegada ante el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Bolívar indicó que, pese a que se intentó en varias oportunidades la
comparecencia de la señora Mélida Ramírez Medina y su hija Yismeldy Díaz para
que expusieran los hechos objeto de investigación, fue imposible localizarlas y
manifestó que ese despacho no tuvo conocimiento de que se hallaran en situación
de desplazamiento “pues desaparecieron sin poderse ubicar”.
56. Obra en el expediente una petición firmada por la señora Mélida Ramírez Medina
con fecha del 22 de enero de 2009 dirigida a la misma Fiscalía Delegada que siguió
la investigación de los hechos, en la que solicitó que se le ordenara a la
Registraduría que inscribiera la defunción de su esposo40; no obstante, de la simple
lectura de dicho documento no es posible advertir si para esa fecha los
demandantes conocían la resolución inhibitoria que puso fin a la investigación penal
o si la misma les fue notificada, de modo que la Sala no cuenta con elementos de
prueba certeros a partir de los cuales se pueda inferir, sin lugar a duda, el momento
desde el cual se debe contabilizar la caducidad en este caso.
57.
Lo único que ofrece certeza a la Sala sobre este elemento es que el 30 de
diciembre de 2013 se expidió el oficio mediante el cual la autoridad competente
informó al apoderado de los demandantes sobre el estado del trámite adelantado
por los hechos ocurridos el 1 de enero de 1999 y, aunque no se conoce la fecha en
que habría sido entregado dicho documento, incluso si se tiene en cuenta el día en
que se expidió, se impone concluir que la demanda de reparación directa fue
presentada oportunamente41.
38 Folios 131-133 c. 1. También consta certificación del 30 de diciembre de 2013 expedida por el Fiscal Seccional
Delegado ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bolívar, Cauca, en la que se dejó constancia de que esa
unidad adelantó la investigación penal por los hechos ocurridos el 1 de enero de 1999, la cual fue archivada el
7 de noviembre de 2001, con resolución inhibitoria por aplicación del artículo 327 del Código de Procedimiento
Penal, al no haber sido posible la individualización e identificación del sujeto activo (folio 83 c. 1).
39 En decisión reciente la Subsección B contabilizó la caducidad desde la fecha de notificación de la decisión
que confirmó la resolución inhibitoria de la Fiscalía, por considerar que desde ese momento se generó el daño
que se atribuía a la Fiscalía General de la Nación. Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección B.
Sentencia del 7 de septiembre de 2023. Exp. 63.792. C.P. Fredy Ibarra Martínez.
40 Folio 85 c. 1.
41 La solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 18 de diciembre de 2014 y la demanda se instauró el
7 de julio de 2015 (folios 1 c. 1 y 251-259 c. 2).
14
Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697)
Actor: Mélida Ramírez Medina y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
58. En relación con la investigación penal seguida por las amenazas, en el
expediente consta la denuncia presentada el 12 de septiembre de 2011 por el señor
Isnel Ramírez Medina en la URI de Paloquemao, Bogotá, en la que narró hechos
de hostigamiento contra sus hijos, razón por la cual solicitó que se adoptaran
medidas de protección para él y su familia42.
59. Mediante oficio del 25 de junio de 2013, la Fiscalía 246 de la Unidad de Delitos
contra la Libertad Individual y otras garantías de Bogotá dio respuesta a derecho de
petición presentado por el aquí demandante Isnel Ramírez Medina sobre el trámite
del proceso seguido por su denuncia de amenazas. En el documento se dejó
constancia de que en decisión del 26 de marzo de 2012, la extinta Fiscalía 246
Seccional adscrita a la Unidad, archivó las diligencias adelantadas por atipicidad de
la conducta, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 C.P.P.43.
60. En este caso, tampoco obra prueba de que la familia Ramírez Silva hubiera sido
notificada de esta decisión ni existen elementos de los que sea posible inferir en
qué fecha conocieron el archivo de las diligencias.
61. La Sala sólo tiene certeza de que el 25 de junio de 2013 se profirió el oficio dirigido
al señor Isnel Ramírez Medina en el que se dio respuesta a su solicitud de
información sobre el trámite del proceso penal, de manera que aún si se tiene en
cuenta esa fecha para la contabilización del término de caducidad es forzoso
concluir que el medio de control se presentó en tiempo.
62. En ese contexto, como no se encuentra acreditado que las familias Díaz Ramírez
y Ramírez Silva conocieron las decisiones que pusieron fin a la etapa de indagación
de los procesos penales desde el momento en que se profirieron y de cara a las
pruebas que obran en el expediente, en aplicación de los principios pro actione y
pro damato, el término de caducidad habrá de contabilizarse desde las fechas en
que se profirieron las respuestas a los derechos de petición presentados ante las
autoridades para conocer el estado del trámite. Por tanto, la Sala continuará con el
estudio de fondo de esta pretensión en el acápite correspondiente.
La caducidad respecto de los hechos de desplazamiento forzado
63.
En el recurso de apelación la parte actora insistió en que las normas de caducidad
establecidas por la ley procesal administrativa no resultaban aplicables al sub
examine, habida cuenta de que el desplazamiento forzado es un crimen de lesa
humanidad, en tanto ocurrió en el marco de la grave situación de orden público del
departamento en el que residían los demandantes, con ocasión del conflicto armado
no internacional y fue responsabilidad de grupos al margen de la ley que ejercían el
control territorial, por lo que debía darse aplicación a los parámetros del bloque de
constitucionalidad y los principios constitucionales, en armonía con la ratio decidendi
de la sentencia SU- 254/13.
64. Enmateria de desplazamiento forzado, esta Corporación ha considerado
mayoritariamente que se trata de un daño de naturaleza continuada 44 y que el
42 Folios 214-216 c. 2.
43 Folio 134 c. 1.
44 En este sentido se tienen las siguientes providencias: Subsección A. Auto de Sala de 18 de marzo de 2024,
radicación: 05001-23-33-000-2019-03149-01 (66238), M. P. María Adriana Marín; Auto de ponente de 3 de
15
Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697)
Actor: Mélida Ramírez Medina y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
término de caducidad se cuenta, en principio, desde el momento en el que el daño
cesa45, evento que puede acontecer desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado
en el proceso penal seguido por los hechos, o desde la fecha del retorno o
restablecimiento de las víctimas al lugar de origen o, en su defecto, desde que están
dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno,
independientemente de que los afectados procedan o no a hacerlo46.
65. De igual manera, también se ha razonado sobre las hipótesis en las que las
personas que inicialmente se desplazaron forzadamente pudieron haberse
reasentado o arraigado en otro lugar47 o que pudieran encontrarse elementos que
permitieran considerar que estaban en la posibilidad de acceder a la administración
de justicia, circunstancia que en consonancia con los criterios expuestos en la
mencionada sentencia de unificación jurisprudencial de 29 de enero de 2020 48 tiene
incidencia en el cómputo del término de caducidad49.
La sentencia SU-254 de 2013 y sus efectos respecto de la caducidad de la
acción de reparación directa en eventos de desplazamiento forzado50
febrero de 2025, radicación: 05001-23-33-000-2016-02608-01 (62701), M. P. María Adriana Marín; Auto de
ponente de 3 de febrero de 2025, radicación: 05001-23-33-000-2020-00575-01 (66248), M. P. María Adriana
Marín; sentencia de 5 de marzo de 2021, radicación: 44001-23-33-000-2015-00086-01 (64563), M. P. Marta
Nubia Velásquez Rico; sentencia de 7 de diciembre de 2021, radicación: 70001-23-33-000-2016-00288-02
(64635), M. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 20 de mayo de 2022, radicación: 05001-23-33-000-
2020-00418-01 (67.891), M. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 3 de febrero de 2023, radicación:
20001-23-31-000-2012-00163-02 (55.845), M. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 17 de octubre de
2023, radicación: 44001-23-40-000-2015-00085-01 (64435), M. P. María Adriana Marín; sentencia de 20 de
noviembre de 2023, radicación: 13001-23-33-000-2017-00895-01 (65.916), M. P. José Roberto Sáchica
Méndez; sentencia de 19 de febrero de 2024, radicación: 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545), M. P. José
Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 7 de marzo de 2025, radicación 05001-23-33-000-2017-00227-01
(67780), M. P. María Adriana Marín. Subsección B. Auto de Sala de 30 de marzo de 2022, radicación: 05001-
23-33-000-2018-00842-01 (64.170), M. P. Alberto Montaña Plata; sentencia de tutela de 14 de mayo de 2024,
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01004-00, M. P. Alberto Montaña Plata; sentencia de 7 de septiembre de
2023, radicación: 05001-23-33-000-2016-01998 01 (63332), M. P. Alberto Montaña Plata; sentencia de 5 de
diciembre de 2023, radicación: 13001-23-33-000-2017-01122 01 (68675), M. P. Alberto Montaña Plata;
sentencia de 12 de abril de 2024, radicación: 05001-23-33-000-2013-01356-02 (68852), M. P. Alberto Montaña
Plata. Subsección C. sentencia de 1 de junio de 2020, radicación: 13001-23-31-000-2011-00247-01(48261),
M. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 19 de febrero de 2024, radicado: 25000-23-36-000-2014-
00549-01 (59027), M. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 28 de octubre de 2024, radicación:
68001233300020170020301 (68154), M. P. William Barrera Muñoz; sentencia de 28 de octubre de 2024,
radicado: 25000-23-36-000-2015-00537-01 (63280), M. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
45 Ibidem.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9
de septiembre de 2015, Exp: 200401512 01 y auto del 10 de febrero de 2016, Exp: 201500934 01(AG), C.P.
Hernán Andrade Rincón.
47 Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 10 de mayo de 2017. Exp: 58.017. C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico. Reiterado por la Sala en sentencia del 13 de agosto de 2021. Exp: 64.893.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del 29
de enero de 2020, expediente 61.033, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
49 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 14 de julio de 2023. Exp. 62.500.
50 Criterios acogidos por la Subsección en sentencia de 7 de marzo de 2025, radicación 05001-23-33-000-2017-
00227-01 (67780), M. P. María Adriana Marín. En igual sentido ha sido consistente la jurisprudencia mayoritaria
de la Sección Tercera. Subsección A. Sentencia de 5 de febrero de 2021, radicación: 47001-23-33-001-2015-
00176-01(59490), M. P. Marta Nubia Velásquez Rico. Subsección B. Sentencia de 23 de noviembre de 2022,
radicación: 05001-23-33-000-2014-02100-01 (63777) AG, M. P. Martín Bermúdez Muñoz; sentencia de 26 de
enero de 2023, radicación: 05001-23-33-000-2016-00536-02 (AG), M. P. Fredy Ibarra Martínez; sentencia de
19 de abril de 2023, radicación: 47001-23-33-000-2016-00183-01 (64.521), M. P. Fredy Ibarra Martínez;
sentencia de 25 de mayo de 2023, radicación: 05001-23-31-000-2012-00653 01 (62866), M. P. Alberto Montaña
Plata; sentencia de 25 de mayo de 2023, radicación: 13001-23-31-000-2012-00235 01 (64131), M. P. Alberto
Montaña Plata; sentencia de 12 de abril de 2024, radicación: 25000-23-36-000-2016-025-92-02 (65586), M. P.
Martín Bermúdez Muñoz; sentencia de 12 de abril de 2024, radicación: 05001-23-33-000-2013-01356-02
(68852), M. P. Alberto Montaña Plata; sentencia de 12 de abril de 2024, radicación: 13001-23-33-000-2017-
01159-01 (68.652), M. P. Fredy Ibarra Martínez; sentencia de 8 de julio de 2024, radicación: 76001-23-33-000-
2018-00775-01 (70.110), M. P. Fredy Ibarra Martínez; sentencia de 10 de octubre de 2024, radicación: 25000-
23-36-000-2017-00860-02 (66.568), M. P. Fredy Ibarra Martínez. Subsección C. Sentencia de 1º de noviembre
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Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697)
Actor: Mélida Ramírez Medina y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
66.
La jurisprudencia constitucional no ha sido ajena al debate relativo a la
temporalidad de los reclamos judiciales y administrativos de quienes se han visto
afectados por el desplazamiento forzado. En la sentencia SU-254 de 2013, la Corte
Constitucional abordó el análisis de varios casos relacionados con víctimas de
desplazamiento forzado por la violencia, que solicitaban la reparación integral en
sede administrativa de los perjuicios ocasionados a causa de dicho desplazamiento.
67.
El problema jurídico planteado en la sentencia SU-254 de 2013 no solo se
circunscribió al estudio de la vulneración del derecho a la indemnización
administrativa de esta población sino también al de la reparación integral, que
incluye la posibilidad de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para
obtener el resarcimiento por los perjuicios sufridos.
68.
La Corte Constitucional clarificó las distintas vías institucionales con las que
cuentan las personas en situación de desplazamiento por la violencia, para acceder
a una reparación integral, como son: las vías judicial penal y contenciosa
administrativa y la vía administrativa que es diferente a las medidas asistenciales
ofrecidas por el Gobierno.
69.
Cabe precisar que las disposiciones de la sentencia SU-254 de 2013 resultan
aplicables, bajo las siguientes condiciones: i) tener la calidad de víctimas de
desplazamiento forzado por la violencia y, ii) encontrarse inscritos en el registro de
víctimas desde antes de entrar en vigencia la Ley 1448 de 201151.
70. En virtud del principio de favorabilidad y como garantía de acceso a la
administración de justicia a un sector especial y vulnerable de la población, la Corte
Constitucional estableció una regla excepcional en materia de caducidad por hechos
relacionados con el desplazamiento forzado, según la cual los 2 años establecidos
por la ley para presentar las respectivas demandas de reparación directa podían ser
contabilizados a partir de la ejecutoria de la referida decisión judicial.
71.
En este sentido, expresó específicamente que “los términos de caducidad
para población desplazada, en cuanto hace referencia a futuros procesos
judiciales ante la jurisdicción contencioso administrativa, sólo pueden computarse
a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en cuenta
transcursos de tiempo anteriores, por tratarse, como antes se explicó, de sujetos
de especial protección constitucional, en atención a sus circunstancias de
vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta”. Bajo la anterior directriz, el cómputo
de la caducidad debe realizarse desde la ejecutoria de la sentencia SU-254 de 2013,
la cual ocurrió el 22 de mayo de 201352, es decir que la oportunidad para demandar
bajo el amparo de la mencionada decisión de la Corte Constitucional se extendió
hasta el 23 de mayo de 2015, sin perjuicio de la suspensión del término derivada
del trámite de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad del medio
de control de reparación directa.
de 2023, radicación: 05001233300020150191901 (66873), M. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia de 11 de
diciembre de 2024, radicación: 23001-23-33-000-2016-00133-01 (69.476), M. P. William Barrera Muñoz.
51 Corte Constitucional. Sentencia T-374 de 2023, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
52 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de febrero de 2024, exp. 47001-23-33-
000-2018-00389-01 (66.545), M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697)
Actor: Mélida Ramírez Medina y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
La calidad de víctimas de desplazamiento forzado y la inscripción en el
registro de víctimas de los núcleos familiares Díaz Ramírez y Ramírez Silva
72. Al margen de las inscripciones en el registro único de víctimas, vale reiterar que
en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, esta Sala ha
reiterado que el desplazamiento forzado es una situación de hecho que puede ser
probada con medios de cualquier naturaleza y, por esta misma razón, no resulta
indispensable la certificación, inscripción, declaración o constancia de ninguna
entidad, ni pública ni privada, para configurarse53. Lo anterior, por cuanto la calidad
de víctima se adquiere cuando ocurre el hecho victimizante y no cuando éste es
registrado por el Estado54.
73. Enel presente asunto se tiene que el núcleo familiar Díaz Ramírez está
conformado por la señora Mélida Ramírez Medina –compañera permanente del
señor Tomás Díaz Arias-, sus hijos Yulieth Díaz Ramírez, Yoniria Díaz Ramírez,
Yismeldy Díaz Ramírez, Yasbleidy Díaz Ramírez, Yeiner Díaz Ramírez, Yira
Mercedes Díaz Ramírez y sus nietos Indira Vanessa y Katerine Gaviria Díaz,
Anderson Gaviria Díaz, Angie Loreidy y Kevin Ledezma Díaz, quienes fueron
desplazados.
74. Encuentra la Sala que la señora Mélida Ramírez rindió declaración por los hechos
victimizantes ante Acción Social el 16 de febrero de 2005 y fue incluida como jefe
de hogar en el Registro Único de Víctimas desde el 9 de marzo de 200555. Asimismo,
Yamid Díaz Ramírez –hijo de Mélida Ramírez Medina y Tomás Díaz Arias y aquí
demandante-, junto con su núcleo familiar, fue inscrito como jefe de hogar en el
Registro Único de Víctimas el 29 de noviembre de 2007 por el hecho victimizante
de desplazamiento forzado de fecha del 14 de julio de 200756. De igual manera, en
oficio de 2014 la Personería Municipal de San José del Fragua informó que la señora
53 Sentencia de 1° de marzo de 2024, radicación: 50001-23-31-000-2011-00096-01 (62355), M.P. María Adriana
Marín.
54 En sentencia T-211 de 2019, la Corte Constitucional señaló: “… la inscripción en el RUV no es constitutiva de
la condición de víctima, ya que ésta se adquiere con la ocurrencia del hecho victimizante [, por lo que el RUV es
una herramienta de carácter técnico que no otorga la calidad de víctima, pues se trata solamente de un acto de
carácter declarativo que permite identificar a los destinatarios de ciertas medidas de protección y en
consecuencia ‘por su conducto (i) se materializan las entregas de ayudas de carácter humanitario; (ii) el acceso
a planes de estabilización socio económica y programas de retorno, reasentamiento o reubicación y, (iii) en
términos generales el acceso a la oferta estatal y los beneficios contemplados en la ley’. “De igual manera, esta
Corte ha reconocido la relevancia del RUV señalando que la inscripción en el mismo constituye un derecho
fundamental de las víctimas. Lo anterior, por cuanto la inscripción: ‘(i) otorga la posibilidad de afiliación al
Régimen Subsidiado de salud (…) en caso de carecer de capacidad de pago suficiente para acceder al Régimen
Contributivo; (ii) determina el momento en el cual se adquiere el derecho a recibir la ayuda humanitaria de
emergencia o de transición (según el caso) y cesa, por lo tanto, la asistencia humanitaria inmediata. Una vez
superadas dichas carencias, permite la priorización para el acceso a las medidas de reparación y
particularmente a la medida de indemnización, así como a la oferta estatal aplicable para avanzar en la
superación de la situación de vulnerabilidad; (iii) implica el envío de la información relativa a los hechos delictivos
que fueron narrados como victimizantes para que la Fiscalía General de la Nación adelante las investigaciones
necesarias; (iv) permite el acceso a los programas de empleo contemplados para la población desplazada; (v)
en general, posibilita el acceso a las medidas de asistencia y reparación previstas en la Ley 1448 de 2011, las
cuales dependerán de la vulneración de derechos y de las características del hecho victimizante, siempre y
cuando la solicitud se presente dentro de los cuatro años siguientes a la expedición de la norma’, entre otros
derechos y beneficios”.
55 La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas certificó la inclusión en el RUV de los
miembros del grupo familiar Díaz Ramírez, en oficios obrantes a folios 86 a 90 y 109 c. 1., folios 28 y 29 C.
Pbas de la Fiscalía General de la Nación.
56 Según oficio de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas visible a folio 110 c. 1.
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Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697)
Actor: Mélida Ramírez Medina y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Ramírez Medina se encontraba incluida en el Sistema de Población Desplazada de
ese despacho desde el 3 de septiembre de 200557.
75. El núcleo familiar Ramírez Silva está conformado por el señor Isnel Ramírez
Medina, su compañera permanente Liliana Silva Artunduaga, sus dos hijos Isnel y
Andrea Liliana Ramírez Silva y su sobrino Jhon Édgar Ramírez Sánchez.
76. Enel expediente obra certificación expedida el 24 de julio de 2008 por la
Personería de Bogotá en la que se registró que el señor Isnel Ramírez Medina había
rendido declaración juramentada ante ese despacho sobre su situación de
desplazamiento -sin que conste la fecha de declaración-, razón por la cual se estaba
adelantando el trámite de evaluación e inscripción en el Registro Único Nacional de
Personas Desplazadas por la Violencia de la Red de Solidaridad Social58.
77. Igualmente, en otra certificación de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas se consignó que el señor Isnel Ramírez Medina y su núcleo
familiar fueron incluidos en el registro único de víctimas el 5 de agosto de 200859.
78. En este caso y en aplicación de la sentencia SU-254/13, el término para
demandar en ejercicio del medio de control de reparación directa empezó a correr
a partir del 23 de mayo de 2013 y se suspendió con ocasión de la solicitud de
conciliación extrajudicial radicada el 18 de diciembre de 201460, cuando faltaban
157 días para que ocurriera la caducidad. La audiencia de conciliación resultó
fracasada por falta de ánimo conciliatorio y la constancia se expidió el 16 de marzo
de 2015, por lo que a partir del día siguiente se reanudó el término suspendido, de
manera que la oportunidad para accionar se extendió hasta el 20 de agosto de 2015,
mientras que la demanda se presentó el 7 de julio de esa misma anualidad61, por lo
que es claro que esto se hizo en tiempo.
79. En este contexto, se impone revocar la decisión del Tribunal Administrativo del
Caquetá de decretar la caducidad del medio de control respecto de las pretensiones
relacionadas con el hecho de desplazamiento forzado y el estudio de fondo de esta
pretensión se realizará en el acápite correspondiente.
La imputación de responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación por
omisión de investigación
80. En el recurso de apelación, la parte actora insistió en que el reproche que se
propuso en contra de la Fiscalía General de la Nación se sustentó en la “ausencia
de una investigación eficiente y eficaz respecto de la comisión de conductas
punibles que constituyen crímenes de lesa humanidad”, lo que constituyó una falla
en el servicio por omisión de las obligaciones que constitucionalmente le competen
a dicha entidad como ente investigador de los delitos que se cometen en el territorio
nacional.
81. Laresponsabilidad por omisión con ocasión del desconocimiento del ámbito
obligacional, además de que exige establecer si se impone en un caso concreto una
determinada conducta positiva o negativa y si la autoridad obligada omitió
57 Oficio obrante a folio 141 c. 1.
58 Certificación que obra a folio 221 c. 2.
59 Según oficio de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas visible a folio 161 c. 1.
60 Folio 251 c-2.
61 Folio 1 c. 1 y 259 c. 2.
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Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697)
Actor: Mélida Ramírez Medina y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
ejecutarla, también requiere, de manera indispensable, que se elabore un juicio de
atribución.
82. Frentea los supuestos sobre los cuales se analiza si procede declarar la
responsabilidad del Estado por la omisión en el cumplimiento de las funciones que
el ordenamiento jurídico le ha atribuido, es necesario efectuar el contraste entre el
contenido obligacional que en abstracto, las normas pertinentes fijan para la
autoridad administrativa implicada, de un lado, y el grado de cumplimiento u
observancia de este por parte de la autoridad demandada en el caso concreto.
83. Desde el libelo inicial los demandantes fundamentaron la imputación de
responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación en cargos genéricos sobre una
“omisión de investigación” que se concretó en las decisiones que pusieron fin al
proceso penal, sin mencionar ni preocuparse por acreditar, de manera concreta, las
obligaciones que habrían sido trasgredidas o desconocidas. No existe en la
demanda ningún argumento de los actores dirigido a reprochar las obligaciones
concretas del ente investigador que habrían sido incumplidas y tampoco se
proponen criterios de imputación por el desconocimiento de la normativa que rige la
etapa de indagación, lo que hace inviable la construcción de un juicio de atribución
respecto de dicha entidad.
84. Aunado a lo anterior, en el plenario no constan los expedientes de los procesos
penales seguidos por la Fiscalía Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito
de Bolívar y la Fiscalía 246 de la Unidad de Delitos contra la Libertad Individual y
otras garantías de Bogotá, de manera que resulta imposible verificar el trámite de
dichas indagaciones 62 . No obstante, del estudio de los oficios suscritos por los
correspondientes despachos de la Fiscalía con los que se dio respuesta a las
peticiones presentadas por el apoderado de los demandantes –los cuales fueron
allegados con la demanda-, la Sala cuenta con elementos a partir de los que puede
inferir que, en ambos casos, el ente investigador desplegó sus herramientas y
medios razonables para la gestión del proceso penal.
85. En cuanto concierne a la investigación previa adelantada bajo el radicado No.
1450 por el delito de homicidio del señor Tomás Díaz Arias y tentativa de homicidio
de Yismeldy Díaz Ramírez, constan las siguientes actuaciones63:
(i) La Fiscalía 14 de Belén de los Andaquíes inició la investigación y dispuso escuchar
los testimonios de la señora Mélida Ramírez Medina y Yismeldy Díaz Ramírez. Además
ordenó la realización de una misión de trabajo para individualizar e identificar al señor
Ever Vargas, alias “El Guara”, en el marco de la cual mediante informe del 4 de junio
de 1999 el C.T.I. de la Fiscalía solicitó las tarjetas alfabéticas de Ever Vargas Rivera,
Ever Vargas Narváez y Ever Vargas Díaz, documentos que fueron allegados por
intermedio del inspector de policía de Curillo, Caquetá. Posteriormente se solicitó la
ubicación y comparecencia de la esposa e hija del señor Díaz Arias “para
62 La Sala advierte que la parte demandante únicamente solicitó con la demanda oficiar a la Unidad Delegada
ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bolívar, Cauca, para que, entre otras cosas, remitiera copia de la
investigación con radicado No. 1450, pero no solicitó que se allegara prueba de la investigación seguida por la
Fiscalía 246 Seccional. En la audiencia inicial el Tribunal resolvió no oficiar a la Unidad Delegada ante el
Juzgado Promiscuo del Circuito de Bolívar, toda vez que ya se había aportado con la demanda la
correspondiente respuesta a la información que se requirió. Dicha decisión no fue objeto de recurso por la parte
demandante (como consta a folio 464 c. 3). De ahí que los actores no cumplieron con la carga probatoria que
les impone la ley, al no procurar que se allegaran al proceso las pruebas suficientes para determinar la alegada
responsabilidad de la referida entidad.
63 El recuento de estas actuaciones obra en el oficio No. 443 del 30 de diciembre de 2013 de la Fiscalía 01
Delegada ante Juzgado Promiscuo del Circuito de Bolívar, Cauca allegado por la parte demandante (folios 131-
133 c. 1).
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Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697)
Actor: Mélida Ramírez Medina y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
reconocimiento y establecer cuál de estas tres personas correspondía al presunto
implicado alias ‘Guara’, sin que hubiese sido posible pues se desconoce su lugar de
residencia, y la menor lesionada ya había sido dada de alta en el Hospital”.
(ii) El 13 de enero de 2000 la Fiscalía 01 Delegada ante el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Bolívar, Cauca, avocó conocimiento de la investigación previa e insistió en
practicar las declaraciones de Yismeldy Díaz Ramírez y Mélida Ramírez Medina, para
lo cual se comisionó al Juzgado Promiscuo Municipal de Curillo, Caquetá; comisión que
fue devuelta sin diligenciar por la no comparecencia de las citadas.
(iii) El 20 de junio de 2000 se comisionó a la Fiscalía Seccional de Mocoa con el mismo
fin, sin que hicieran presencia las antedichas.
(iv) El 4 de enero de 2001 se envió nuevamente comisión al Juzgado Promiscuo
Municipal de Curillo, en la que se insistió en el recaudo de pruebas y se pidió solicitar
al Hospital María Inmaculada de Florencia, Caquetá, la historia clínica de la menor
Yismeldy Díaz. La comisión se devolvió sin completar porque no acudieron las testigos.
(v) El 6 de marzo de 2001 se comisionó al Juzgado Único Promiscuo Municipal de San
José del Fragua, Caquetá y se insistió en el requerimiento de la historia clínica de
Yismeldy Díaz Ramírez en el Hospital de Florencia. El 23 de abril de 2001 el comitente
devolvió la comisión argumentando que carecía de competencia para cumplir con la
misma y solicitó que se comisionara nuevamente al Juzgado de Curillo. El 17 de mayo
del mismo año se reiteró la comisión al despacho de San José del Fragua y el 5 de
septiembre éste devolvió la comisión sin diligenciar por la no comparecencia de las
citadas.
86. Con este contexto, de conformidad con el oficio de la Fiscalía 01 Delegada:
“el 7 de noviembre de 2001, encontrándose el término que establece el artículo 327
del Código de Procedimiento Penal de la ley 600 vencido; esta Fiscalía procede a
decretar la resolución inhibitoria con el argumento de que no se reunieron a
cabalidad los presupuestos que requiere el artículo 331 del nuevo código procesal
para disponer la apertura de instrucción, por cuanto hasta el momento no se logró
la identidad e individualidad de las personas por vincular como autores o partícipes
de la conducta punible investigada, a pesar de los ingentes esfuerzos realizados
por la Fiscalía; así como la labor desplegada por el Cuerpo Técnico de Investigación
y Policía Nacional ante la alteración del orden público en la región donde acaecieron
los hechos, por la constante presencia de grupos subversivos, siendo infructuosas
las diligencias para identificar e individualizar a los responsables del punible
investigado”64.
87. Con este panorama ilustrado por la única prueba allegada al plenario que da
cuenta del trámite dado a la investigación previa por el homicidio del señor Tomás
Díaz Arias y la tentativa de homicidio de Yismeldy Díaz Ramírez, resulta imposible
para la Sala construir y soportar un juicio de atribución frente a la supuesta inacción
de la Fiscalía General de la Nación, acreditado, como está, que sí se adoptaron
medidas para la gestión del proceso.
88. En lo relacionado con la investigación penal por el delito de “amenazas” en contra
de la familia Ramírez Silva, la Sala tiene prueba del siguiente trámite65:
“Las diligencias fueron asignadas a la Fiscalía 246 Seccional, el día 16 de
septiembre de 2011, y recibidas por el despacho en mención, el 21 de abril de
64 Folios 131-133 c. 1.
65 El recuento de las actuaciones obra a oficio del 25 de junio de 2013 de la Fiscalía 246 de la Unidad de Delitos
contra la Libertad Individual y otras garantías de Bogotá, allegado por la parte demandante (folio 134 c. 1).
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2011, quien en octubre 10 de 2011, elaboró orden a policía judicial, donde
solicita entrevistar al denunciante para que indique en qué consisten las
amenazas, establecer la veracidad de los hechos.
Se allega informe, de la investigadora de campo, donde da cuenta de las
actividades realizadas; entre ellas el oficio expedido al CAI más cercano de la
residencia con el fin de que se le brinde protección, tanto a usted, como a su
familia.
En decisión de marzo 26 de 2012, la extinta Fiscalía 246 Seccional adscrita a
la Unidad, archivó las diligencias, de conformidad con lo establecido en el
artículo 79 C.P.P., por atipicidad de la conducta”66.
89. En el expediente consta que con ocasión de la denuncia presentada el 12 de
septiembre de 2011 por el señor Isnel Ramírez Medina, el 30 de septiembre del
mismo año la Fiscal 246 Seccional de la Unidad de Delitos contra la libertad
individual y otras garantías solicitó al Comandante de Policía Metropolitana de
Bogotá que adoptara medidas inmediatas de protección y seguridad para el señor
Ramírez Medina y su grupo familiar, particularmente que se llevaran a cabo rondas
constantes para la protección de la familia67.
90. Asimismo, el 21 de noviembre de la misma anualidad una investigadora del C.T.I.
remitió oficio al comandante del CAI “La Libertad” de la localidad de Bosa, en el que
le solicitó que “se realicen las actividades pertinentes para proveer la protección
policiva y evitar afectaciones futuras en la vida e integridad del señor ISNEL
RAMÍREZ SILVA, ANDREA LILIANA RAMÍREZ SILVA, ISNEL RAMÍREZ MEDINA,
LILIANA SILVA ARTUNDUAGA (…) lo anterior atendiendo a la denuncia que
instaura el señor INSEL RAMÍREZ MEDINA por el delito de amenazas. Así mismo
se solicita el informe a esta Unidad con destino a la investigación de la referencia,
sobre las actuaciones desplegadas por su despacho policivo”68.
91. Las actuaciones antes referidas dan cuenta, por lo menos, de que el ente
investigativo no adoptó una postura pasiva en el trámite del proceso penal y
adelantó medidas razonables para garantizar la protección de los denunciantes. No
obstante, se itera, la ausencia del expediente de la referida causa torna imposible
determinar la supuesta conducta omisiva que se endilgó a la entidad demandada.
92. Por otra parte, no sobra mencionar que al denunciar el delito de amenazas, el
señor Isnel Ramírez Medina narró una serie de eventos en los que personas
desconocidas habrían preguntado por su hijo Isnel Ramírez Silva en la universidad
donde cursaba sus estudios de pregrado. Indicó que estas personas se hacían
pasar por funcionarios de Acción Social y le preguntaron a una compañera de su
hijo y a otros trabajadores de la universidad por el joven Isnel Ramírez Silva, aunque
en ninguno de esos casos se enviaron mensajes intimidantes para el joven o su
familia. Asimismo, relató que en una oportunidad entró una llamada al celular de su
hijo en la que un desconocido le dijo que tenía ubicada a la familia y que tenían que
pagar una plata que debían hace tiempo, sin que conste mayor detalle al respecto.
93. Si bien, como se ha dicho, no se allegó el expediente penal y tampoco se conocen
las decisiones que pusieron fin a los procesos investigativos, más allá de las
menciones a ellas en los oficios allegados por los despachos que tramitaron los
66 Folio 134 c. 1.
67 Folio 217 c. 2.
68 Folio 213 c. 2.
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procesos, la Sala advierte que el tipo penal de amenazas exige la configuración de
un elemento subjetivo distinto del tipo, consistente en el “propósito de causar
alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella”69, el cual, al menos
de la narración de los hechos realizada en la misma denuncia, no es posible
verificar; razón por la cual debió concluirse la atipicidad de la conducta.
94. Al margen de lo anterior, se insiste, con los medios de prueba que obran en el
expediente, no es posible considerar que la Fiscalía hubiere incumplido sus
funciones de investigación y, por el contrario, sí se tiene prueba de que solicitó a las
autoridades competentes adoptar medidas para la protección de la familia Ramírez
Silva.
95. Las consideraciones planteadas en este acápite cobran mayor relevancia si se
tiene en cuenta que el deber de investigar es de medio y no de resultado70, de ahí
que no se quebranta por la sola circunstancia de no arrojar un resultado
condenatorio o favorable en cada caso, y debe ser comprendido como una
obligación propia asumida por el Estado, considerando la compleja estructura de
ejecución del crimen y el contexto en el que se comete71.
96. Ante el insuficiente esfuerzo probatorio de la parte interesada, se impone negar
las pretensiones de la demanda en contra de la Fiscalía General de la Nación.
La imputación de responsabilidad al Ejército y la Policía Nacional por
desplazamiento forzado
27.
La parte actora adujo en la demanda que a pesar de que las autoridades del
departamento del Caquetá conocían de la grave situación de orden público de la
región -por el control territorial ejercido por varios grupos armados al margen de la
ley debido al establecimiento de la zona de distensión para los diálogos entre las
FARC y el gobierno nacional, a finales de los noventa-, no se adoptaron medidas
para garantizar la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, por lo
que las demandadas incumplieron con la posición de garante que tenían respecto
de los demandantes. Se dijo que la situación de las familias Díaz Ramírez y Ramírez
Silva era conocida por las demandadas -sin mayores precisiones-, ante las cuales
se afirmó haber interpuesto las correspondientes denuncias.
97.
En el recurso de apelación la parte actora realizó un recuento de todos los
elementos del desplazamiento forzado así como de los instrumentos y disposiciones
nacionales e internacionales que se refieren a este fenómeno y, en este sentido,
adujo que el a quo desconoció el bloque de constitucionalidad en la materia, en
tanto no se pronunció sobre las obligaciones que les correspondían a las entidades
demandadas para prevenir e investigar estos hechos.
69 Artículo 347 del Código Penal.
70 Al respecto, por ejemplo, ha reiterado la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde su primera
sentencia, que el deber de investigar es una obligación de medios, no de resultados, que no es incumplida por
el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio, y que debe ser asumida por el
Estado como un deber jurídico propio. Se trata de la obligación que tienen los Estados de “investigar seriamente
con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de
identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada
reparación”. Corte IDH. Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio
de 1988. Serie C No. 4.
71 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 7 de julio de 2016. Exp. 38.994.
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98.
Ante la revocatoria de la caducidad declarada por el a quo, se abre paso el
estudio de fondo, por lo que corresponde a la Sala determinar si en el presente
asunto se encuentra probado el desplazamiento por el que se demandó y si tal
situación encontró su causa eficiente en el incumplimiento de las obligaciones
asignadas al Ejército y la Policía Nacional, las que, a juicio de los actores,
configuraban una posición de garante de las entidades que les imponía garantizar
la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos.
99.
El daño, consistente en el desplazamiento forzado de los grupos familiares
demandantes, fue acreditado de acuerdo con los elementos probatorios
anteriormente citados en el análisis de la caducidad -párrafos 72 a 76-.
100. En casos como el formulado 72 , la jurisprudencia de esta Sección ha sido
reiterada hasta la actualidad, siendo una postura consolidada aquella según la cual
la Administración responderá patrimonialmente, a título de falla en el servicio por
omisión en el cumplimiento del deber de brindar seguridad y protección a las
personas, al menos en dos eventos: (i) cuando se solicita protección especial con
indicación de las especiales condiciones de riesgo en las cuales se encuentra la
persona y (ii) cuando sin que medie solicitud de protección alguna, de todas
maneras resulta evidente que la persona la necesitaba en consideración a que
existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se
encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida o sus
bienes73.
101.
De acuerdo con dicho criterio, para que el Estado responda por el incumplimiento
de la obligación de brindar protección y seguridad, se debe establecer que las
autoridades tenían conocimiento de la situación de riesgo o peligro en que se
encontraba la víctima, pues “tal conocimiento es el que posibilita y hace exigible la
actuación y protección de las autoridades”74.
102.
De modo que, si bien la fuerza pública tiene un deber general de protección de
la vida, honra y bienes de todos los residentes en Colombia, según lo dispuesto en
el artículo 2 constitucional, para que surja la responsabilidad del Estado por omisión
del deber de seguridad, la Administración debe conocer la situación de amenaza o
peligro, ya sea porque el interesado solicite protección especial o porque su
vulnerabilidad resulte evidente, pues es el conocimiento de la situación el que hace
exigible la acción del Estado.
72 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección A, sentencia del 20
de noviembre de 2020, Exp. 76001-23-31-000-2012-00778-01 (54443). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
73 Ver al respecto entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de julio 19 de 1997, Exp. No.
11875, C.P. Daniel Suárez; sentencia de octubre 30 de 1997, Exp. No, 10958, C.P. Ricardo Hoyos; sentencia
de 14 de febrero de 2002, Exp. No. 13253 y marzo 10 de 2005, Exp. No. 14395, C.P. Ramiro Saavedra Becerra;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 13 de
mayo de 2014, Exp. (23128), CP: Mauricio Fajardo Gómez. Esta Subsección se ha pronunciado sobre este
mismo particular en sentencia de 17 de octubre de 2023, radicación: 44001-23-40-000-2015-00085-01 (64435)
y sentencia de 29 de julio de 2022, radicación: 68001-23-31-000-2003-01967-01 (52797), ambas con ponencia
de la magistrada María Adriana Marín.
74 Ibidem, reiterado por la Subsección A en sentencia del 19 de septiembre de 2019, Exp. 70001-23-31-000-
2001-00946-01 (52417) y en sentencia de 5 de marzo de 2021. Exp. 44001-23-33-000-2015-00086-01(64563).
C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
24
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103.
El artículo 2º inciso 2º de la Carta Política, impone que las autoridades de la
República tienen el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia,
teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño
que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las
autoridades para contrarrestarlo y, por ende, no le son imputables todos los daños
causados a las personas, en tanto las obligaciones del Estado son relativas, pues
situaciones temporales, presupuestales o de orden legal, imponen limitaciones a las
capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que “nadie está
obligado a lo imposible”. Al Estado se le deben exigir los medios que corresponden
a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías de la concepción ideal del Estado
perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la
relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica
debe concluirse que el Estado debe hacer todo cuanto está a su alcance75.
104.
Así las cosas, como ha razonado con antelación esta Sala, las obligaciones
dispuestas en un marco constitucional y legal, si bien caracterizan la orientación que
un estado persigue y justifican el modelo mismo de organización democrática y de
derecho que se adopta desde el constituyente, deben comprenderse en el esquema
lógico y razonable de las capacidades y posibilidades institucionales, para cada
caso 76 , criterio que resulta igualmente predicable de las obligaciones que en
abstracto han sido contempladas en los instrumentos internacionales integrantes
del bloque de constitucionalidad; por tanto, bajo esta premisa, contrario a lo
considerado por la parte actora, no es posible endilgar responsabilidad a título de
falla en el servicio al Ejército y la Policía Nacional, por el solo hecho de entender
que ocurrió el incumplimiento del deber general de protección de vida, honra y
bienes de los residentes en Colombia y que ello conlleva una responsabilidad
automática a partir de una posición de garante universal de los daños sufridos por
las personas, para concretarlo en la situación de desplazamiento sufrida por los aquí
demandantes.
105.
De otra parte, cuando la Administración tiene conocimiento acerca de una
situación de vulnerabilidad en la que se encuentre determinada persona -bien
porque aquella lo puso de presente y solicitó protección o, porque dicha situación
era en tal grado ostensible, que demandaba el despliegue oficioso de actividades
tendientes a conjurar o resistir el peligro que sobre ella se cernía-, el deber genérico
de protección y seguridad se concreta y exige una conducta activa de su parte que,
de omitirse, permite que se declare su responsabilidad por el daño derivado de la
materialización del peligro.
75 La jurisprudencia ha considerado que los deberes contemplados en el artículo 2 constitucional no implican
que el Estado sea un asegurador general contra daños, tampoco comportan una responsabilidad automática
derivada exclusivamente de la afectación de un derecho y encuentran su límite en los recursos materiales y
humanos de que disponen las autoridades para disuadir y, en últimas, garantizar la seguridad e integridad. Cfr.
Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 26 de mayo de 2022, Exp. 43954, C.P. Guillermo Sánchez Luque;
sentencia de 8 de agosto de 2023, Exp. 56427, C.P. Guillermo Sánchez Luque. En la misma línea se ha
pronunciado las Subsecciones A y B de la Sección Tercera: Cfr. Subsección A, sentencia de 18 de noviembre
de 2024, Ex. 70598, C.P. María Adriana Marín. Subsección B, sentencia de 19 de octubre de 2022, Exp. 54899,
C.P. Fredy Ibarra Martínez.
76 Cfr. sentencia de 6 de diciembre de 2024, Exp. 69275. C.P. María Adriana Marín; sentencia de 28 de junio
de 2024, Exp. 69529, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 16 de agosto de 2022, Exp. 48256,
C.P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 18 de febrero de 2022, Exp. 47136, C.P. José Roberto
Sáchica Méndez.
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106.
En el presente caso quedó evidenciado que los grupos familiares demandantes
fueron víctimas de desplazamiento; sin embargo, las pruebas obrantes en el
proceso no permiten establecer que ello ocurrió por acción u omisión de la fuerza
pública, falencia probatoria que impide concluir que a las demandadas les
correspondía adoptar medidas tendientes a brindar protección especial a los
demandantes, como se señaló en la demanda y el recurso de apelación.
107.
Entre otras cosas, en la demanda se señaló que los hechos de desplazamiento
forzado ocurrieron en 1999 y fueron denunciados por la señora Mélida Ramírez
desde 2005 ante la Personería Municipal de San José del Fragua, y ella y sus
familiares fueron registrados como víctimas desde el 9 de marzo de 2005. El 20 de
enero de 2010 también presentó denuncia ante el Comité de Reparación
Administrativa de la Personería Municipal. Se expuso que el grupo familiar del señor
Isnel Ramírez Medina se desplazó en 1999 del municipio de San José del Fragua y
que vivieron en varios sitios antes de radicarse en Salento, Quindío en 2002, pero
que nuevamente en 2007 fueron extorsionados y amenazados por miembros de
grupos armados ilegales, por lo que el señor Ramírez Medina solicitó protección y
medidas al alcalde del municipio y al personero, sin obtener respuesta positiva.
108.
Sobre la situación del grupo familiar Díaz Ramírez, desde la misma demanda
se reconoció expresamente que sus miembros no acudieron inmediatamente -en
1999- ante las autoridades legítimamente constituidas para denunciar los hechos
porque eran constantemente vigilados por miembros de la insurgencia armada77, lo
cual se acompasa con las afirmaciones del mismo libelo según las cuales los hechos
fueron denunciados hasta el 2005, año en el que se incluyeron en el registro de
víctimas.
109.
Frente al grupo familiar Ramírez Silva se indica que a pesar del desplazamiento
ocurrido en 1999, solo hasta 2007 vino a realizar una solicitud de protección al
alcalde y personero del municipio de Salento, Quindío; sin embargo, en el
expediente no existe respaldo de tal afirmación ni respuesta alguna por parte de las
autoridades en cuestión.
110.
Con la demanda se allegaron respuestas a peticiones formuladas por el
apoderado de los actores, en el sentido de indicar que la estación de Policía de
Santa Rosa Cauca no adoptó medidas de seguridad para la familia Díaz Ramírez,
dado que fue creada en 2004 y no hacía presencia en la vereda Villa Lozada, pues
aquella pertenecía al municipio de Piamonte, el cual era cubierto por la policía del
Putumayo. Igualmente se manifestó que se desconocía si los hechos fueron puestos
en conocimiento de otra autoridad, principalmente el Ejército78.
111.
También se allegó con el libelo la respuesta emitida por la Vigésima Novena
Brigada del Ejército Nacional, en la que se expuso que dicha unidad operativa fue
77 En este sentido se expuso en la demanda (transcripción literal): “32. Los miembros de la familia DIAZ
RAMÍREZ no pudieron acudir inmediatamente ante las autoridades legítimamente constituidas para denunciar
las aberrantes violaciones a sus derechos humanos porque eran constantemente vigilados por miembros de la
insurgencia armada, dentro de la vereda, fuera de ella y le impedían el desplazamiento a los pueblos”. Fol. 8
vto c. 1.
78 Oficio No. 016/ DISPO5-ESTPO de 10 de enero de 2014, suscrito por el Intendente Comandante de la
Estación de Policía Santa Rosa. Fol. 128 c. 1.
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activada en el mes de marzo de 2005 y que por tal razón no contaba con información
relacionada con los hechos que rodearon la muerte del señor Tomás Díaz Arias,
ocurrida el 1 de enero de 1999. Señaló que para la fecha de la respuesta el
municipio de Santa Rosa estaba comprendido dentro del área de responsabilidad
asignada al batallón de alta montaña No. 4, con sede en el corregimiento de
Valencia, municipio de San Sebastián, Cauca79.
112.
El Ejército aportó respuesta del Gaula Militar Caquetá, en la cual informó que
en sus archivos no obraban registros sobre que a partir de 1999 se hubiera brindado
asesoría a los señores Mélida Ramírez Medina, Isnel Ramírez Silva, Tomás Díaz
Arias y Yismeldi Díaz Ramírez, respecto de manifestaciones verbales o escritas en
el sentido de que la familia de la señora Mélida Ramírez Medina fuera víctima de
amenazas contra su vida y la de su grupo familiar, como tampoco se tenían registros
relacionados con sus datos80. De otro lado, se allegó respuesta del Batallón de
Infantería No. 34 Juanambú, según la cual en su archivo central no se encontró
ninguna información con respecto a las amenazas y desplazamiento forzado de la
señora Mélida Ramírez Medina, en hechos ocurridos el 1 de enero de 1999, en la
caseta comunal del corregimiento de Zabaleta, municipio de San José del Fragua81.
113.
La Policía allegó certificación expedida por la Unidad Nacional de Protección,
según la cual en sus bases de datos no reposaba ninguna solicitud de protección a
nombre de los demandantes82.
114.
Finalmente, en diligencia de interrogatorio de parte, el señor Isnel Ramírez
Medina manifestó que para el momento de la muerte de Tomás Díaz Arias él se
encontraba en Bogotá y que ante los hechos le dijo a su esposa que saliera de
Zabaleta83; por su parte, la señora Liliana Silva Artunduaga expuso que con ocasión
de estos hechos salió con su familia de Zabaleta y no acudió a las autoridades para
solicitar protección84.
115.
Los anteriores medios probatorios permiten determinar que la Policía Nacional
y el Ejército Nacional no tenían conocimiento de la situación particular de
vulnerabilidad en la que pudieran encontrarse los demandantes para enero de 1999
ni con anterioridad, por lo que no llevaron a cabo ninguna acción concreta de
protección.
79 Oficio No. 01151/MD-CGFM-CE-DIV3-BR29-JUR-1.10 de 17 de febrero de 2014, suscrito por el Segundo
Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Vigésima Novena Brigada del Ejército Nacional. Fol. 129 c. 1.
80
Oficio No. 0188/ MDN-CGFM-CE-DIV6-BR12-COGAULA-CJM-1.9 de 11 de febrero de 2016, suscrito por el
Comandante del Gaula Militar Caquetá. Fol 327 c. 2.
81 Oficio No. 000896/ MDF-CGFM-CE-CCON3-DIV6-FTJUP-BR12-BIJUA-CJM-1.9 de 21 de febrero de 2015,
suscrito por el Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Infantería No. 34 Juanambú. Fol. 328 c. 2.
82 Oficio OFI16-00051317 de 5 de diciembre de 2016, suscrito por la profesional especializado de la Unidad
Nacional de Protección. Fol. 12. C. Pbas Policía Nacional.
83 “… en el momento de la muerte de Tomás yo me encontraba en Bogotá, trabajaba con ropa por aquí en los
alrededores de Bogotá, de Cundinamarca y algunas partes de Boyacá, el único (sic) que estaba allá era mi
esposa con mis hijos y la idea era irnos, irme yo para continuar trabajando, cuando él muere ya la situación se
pone muy difícil y yo digo no, yo allá no vuelvo (…) entonces yo dije eso se pone muy difícil, véngase y seguimos
luchando y peleando por acá”. Minutos 0:21:35 a 0:22:43, grabación de la audiencia de pruebas, folio 502 c. 3.
84 “Preguntado: Cuando usted decide irse de la inspección de Zabaleta acudieron a alguna autoridad,
especialmente al Ejército o la Policía, pidiendo protección sobre el particular. Respondió: no señor, porque en
ese momento un sale tan asustado que uno no sabe ni que hacer, no teníamos, mejor dicho nadie nos dijo vea
vayan a tal lado, vayan a otro lado, pongan la demanda, esto o lo otro, no, no fuimos a ningún lado, porque
nadie nos indicó nada, nos dijo nada ni fuéramos a poner denuncia ni nada , entonces no fuimos a ningún lado
en ese momento”. Minuto: 00:42:46 a 00: 43: 29, grabación de la audiencia de pruebas, folio 502 c. 3.
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116.
Se echa de menos en el expediente alguna prueba respecto de la afirmada
solicitud de protección formulada al alcalde y personero municipal de Salento,
Quindío, así como de solicitudes o denuncias formuladas antes del 1 de enero de
1999 que dieran cuenta de la existencia de amenazas en contra de la integridad de
los núcleos familiares Díaz Ramírez y Ramírez Silva, como con posterioridad a
dicha fecha en atención a los alegados hechos que habrían motivado el
desplazamiento de los actores a distintos municipios y finalmente hacia Venezuela,
de modo que no podía exigirse que las demandadas adoptaran alguna medida
específica de seguridad y no es posible considerar que el desplazamiento forzado
tuvo como causa la acción u omisión particular de las entidades y, en todo caso, la
presencia de grupos armados al margen de la ley en los departamentos de Caquetá,
Cauca, Chocó y Quindío, no puede significar que la fuerza pública pudiera prever
que se realizarían hechos violentos en contra de los grupos familiares demandantes.
117.
En cuanto al planteamiento referido a la grave situación de orden público de la
región -por el control territorial ejercido por varios grupos armados al margen de la
ley debido al establecimiento de la zona de distensión para los diálogos entre las
FARC y el gobierno nacional, a finales de los noventa-, considera la Sala que si bien
esto puede reflejar un conocimiento general de las actuaciones de grupos ilegales
en el Caquetá, Cauca, Chocó y Quindío, ello no significa que el Ejército y la Policía
Nacional tuvieran conocimiento concreto del riesgo en el que pudieran encontrarse
los demandantes y mucho menos que el 1 de enero de 1999 se iba a cometer el
homicidio del señor Tomás Díaz Arias y que ello conllevaría el desplazamiento
forzado de los demandantes, según se afirmó en la demanda.
118.
En conclusión, la Sala considera que no le era exigible a las demandadas evitar
el desplazamiento forzado de que fueron víctimas los actores, porque la presencia
de grupos armados al margen de la ley en esa región del país no puede significar
que le resultaba posible prever que se realizarían esos hechos violentos en ese
lugar y en esa fecha específica; no existen pruebas en el expediente de que tuvieran
conocimiento de que los referidos grupos familiares se encontraran en una situación
de peligro o riesgo, ni obra elemento de convicción referente a que les hubieran
informado de alguna amenaza en su contra o solicitado una medida de protección,
para que se pudiera establecer que desconocieron su deber de seguridad y
vigilancia, por lo que se impone negar las pretensiones de la demanda en contra del
Ejército y la Policía Nacional.
Sobre la condena en costas
119. En su recurso de apelación, la parte actora se opuso a la decisión del Tribunal
con fundamento en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, que subrogó el artículo 171
del Código Contencioso Administrativo, según el cual, la condena en costas a la
parte vencida deberá hacerse teniendo en cuenta la conducta asumida por las
partes. Al respecto, es importante precisar que como el objeto de apelación versa
sobre la razón jurídica de la imposición de la condena en costas y no sobre la
liquidación de expensas ni el monto definido por concepto de agencias en derecho,
el cargo es procedente y susceptible de estudio por la Sala, pues de no ser ese el
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caso, la actora debería encuadrar su reproche en los términos del numeral 5 del
artículo 366 del Código General del Proceso85.
120. Pese al cuestionamiento planteado por la parte recurrente, en el sub lite la
normativa aplicable es la contenida en la Ley 1437 de 2011, que en su artículo 188
establece que en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil, siendo las disposiciones
del Código General del Proceso las vigentes para la fecha de presentación de la
demanda -7 de julio de 2015-.
121.No obstante lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-
241/24 ha decidido que en este tipo de procesos relativos a la responsabilidad por
graves violaciones a los derechos humanos se ventila un interés público, de manera
que al tenor de lo dispuesto en el art 188 del CPACA no procede la condena en
costas, aun habiendo desestimado la alzada. Entiende la Sala que el criterio
indicado por el legislador y que ordena aplicar la Corte en este tipo de asuntos cobija
a los demandantes 86 , de manera que no procede la condena en costas en la
presente instancia, lo que se extiende a la condena impuesta en el fallo apelado, lo
que impone su revocatoria en este aspecto.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR los ordinales primero y tercero de la parte resolutiva de la
sentencia proferida el 31 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo del
Caquetá en los términos dispuestos en esta providencia. Como consecuencia, la
decisión quedará del siguiente tenor:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda , según lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
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“ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada
en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada
la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas: (…) 5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho
solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la
liquidación de costas”.
86 En este sentido se pronunció esta Subsección en sentencia de 7 de marzo de 2025, radicado 18001-23-33-
002-2014-00069-01 (69.540). M.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. “Considera esta Sala que el razonamiento de
la Corte Constitucional no puede aplicarse en el sub lite, en el que se condenará en costas al Ejército Nacional
-responsable de la muerte de (…) -, toda vez que la citada regla jurisprudencial únicamente resulta aplicable si
la condena en costas se impone en contra de los demandantes -víctimas del conflicto armado- y no de la entidad
demandada que, como sucedió en este proceso, se acreditó que fungió como victimaria; precisamente porque
lo que pretendió la Corte Constitucional con el criterio que adoptó en la SU-241 de 2024, en sus palabras
textuales, fue que no se “desincenti[vara] el ejercicio de la acción de reparación directa de otras víctimas ante
el temor de ser condenados en costas por los jueces administrativos”. Dicho criterio fue reiterado por la Sala en
sentencia de 21 de marzo de 2025, radicado: 13001-23-33-000-2017-01037-01 (70.834), M. P. José Roberto
Sáchica Méndez.
29
Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697)
Actor: Mélida Ramírez Medina y otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
TERCERO: DEVUÉLVANSE a los actores los remanentes del depósito
efectuado para gastos ordinarios del proceso, si los hubiere.
SEGUNDO: Sin condena en costas de segunda instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema SAMAI.
VF
30
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