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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2017-00227-01

Fecha
7 de marzo de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2017-00227-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala primera de Oralidad. SEGUNDO: Sin lugar a costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2017-00227-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

7 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 05001-23-33-000-2017-00227-01 (67780)

Actor: MARÍA ADELINA ATEHORTÚA RAMÍREZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: CADUCIDAD DE LAS PRETENSIONES DE REPARACIÓN DIRECTA POR
DAÑOS DERIVADOS DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD Y CRÍMENES DE GUERRA –
DESPLAZAMIENTO FORZADO – El término de caducidad resulta aplicable, aunque se
trate de un asunto que involucre un delito de lesa humanidad – Aplicación de sentencia de
unificación jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado / APLICACIÓN DE
LA SENTENCIA SU-254 DE 2013 - la Corte Constitucional clarificó las distintas vías
institucionales con las que cuentan las personas en situación de desplazamiento por la
violencia, para acceder a una reparación integral, como son: las vías judicial penal y
contenciosa administrativa y la vía administrativa / Cómputo desde su ejecutoria, sin tener
en cuenta el trascurso de tiempos anteriores / CESACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO –
Acreditación del retorno de los demandantes al lugar del que salieron desplazados / REGLA
FIJADA POR LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SENTENCIA
SU-167 DE 2023 – No es procedente la readecuación del trámite procesal debido a que en
el sub lite no se sorprendió a las partes con la modificación del criterio jurisprudencial – la
parte actora contó con el recurso de apelación y los alegatos en segunda instancia para
referir las circunstancias que le impidieron materialmente acceder a la administración de
justicia de acuerdo con las reglas de caducidad.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala primera de Oralidad, el 15 de septiembre de 2021, mediante la cual
se declaró probada la excepción de caducidad de la acción.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Los demandantes pretenden la declaratoria de responsabilidad de las entidades
demandadas por la muerte del señor Carlos Emilio Zuluaga y el posterior
desplazamiento forzado de su grupo familiar, en hechos ocurridos en el año 2002
en la vereda San Pablo del municipio de San Luis, Antioquia, como consecuencia
de la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones de protección y seguridad.

Radicación número: 05001-23-33-000-2017-00227-01 (67780)
Actor: María Adelina Atehortúa Ramírez y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

II. ANTECEDENTES
1. Demanda

Mediante escrito presentado el 15 de noviembre de 2016 (fol. 2-12, c.1), la señora
María Adelina Atehortúa Ramírez, actuando en nombre propio y en representación
de su hijo Rubiel Antonio Zuluaga Atehortúa, y los señores Leonel de Jesús, Albino
de Jesús y Román de Jesús (fol. 48-49, c.1), por conducto de apoderado judicial,
interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra
la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional y la Unidad de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de que se hicieran las
siguientes declaraciones y condenas:

PRIMERO: Declarar Patrimonialmente responsable a LA NACIÓN
COLOMBIANA- MINISTERIO DE DEFENSA- EJÉRCITO NACIONAL-POLICÍA
NACIONAL -por los perjuicios sufridos, por la falta y la falla en el servicio, por
hechos tildados, Es desplazada, el día 02 de abril del año 2002, vivíamos en la
vereda san Pablo, en el Municipio de San Luis del Dpto. Antioquia, en la finca
de mi papá, llegó la guerrilla y querían que nosotros colaboramos con ellos,
pero nos negamos y poco a poco cada uno fue saliendo por temor que nos
fuera a pasar algo mis padres y mis hermanos pequeños se quedaron y como
al mes mataron a mi papá CARLOS EMILIO ZULUAGA SALAZAR Q. E. P.D,
porque, se negó a que se llevaran los animales, o los cultivos, cuando salí dejé
todo lo que tenía.

SEGUNDO: Condénese a LA NACIÓN COLOMBIANA-MINISTERIO DE
DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL-POLICÍA NACIONAL- a pagar a los
demandantes, a título de indemnización por los daños materiales, los cuales se
estiman en la suma de $1.126.700.000.00.

TERCERO: Condénese a LA NACIÓN COLOMBIANA-MINISTERIO DE
DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL-POLICÍA NACIONAL - a pagar, a los
demandantes, a título de indemnización por los DAÑOS MATERIALES
(FUTURO O LUCRO CESANTE), los cuales se estiman en la suma de
$3.119.350.000.00, el valor de los bienes, por el sueldo que devengaba el
finado, Este valor se debe determinar o actualizar, por la esperanza de vida, de
acuerdo al certificado que aporte el DANE a este proceso.

CUARTO: Condénese a LA NACIÓN COLOMBIANA-MINISTERIO DE
DEFENSA- EJÉRCITO NACIONAL-POLICÍA NACIONAL- a pagar, a título de
indemnización por los DAÑOS MORALES, SUFRIDOS POR LA MUERTE DE
SU FINADO compañero y padre, por la falla y falta de servicios, no prestados,
que son estimados en la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, equivalente A SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRES MIL PESOS ($64.435.000.00), a cada uno de los miembros
del grupo familiar.

Como fundamentos fácticos de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

1-B: El finado Carlos Emilio Zuluaga Salazar Q.E.P.D, al momento de ser
asesinado, convivía con su compañera permanente y sus hijos, quienes actúan
en nombre propio, ubicada en el barrio las margaritas, del Municipio de Carmen
de Bolívar.

2

Radicación número: 05001-23-33-000-2017-00227-01 (67780)
Actor: María Adelina Atehortúa Ramírez y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

SEGUNDO: Es desplazada, el día 02 de abril del año 2002, vivíamos en la
vereda San Pablo, en el Municipio de San Luis del Dpto. Antioquia, en la finca
de mi papá llegó la guerrilla y querían que nosotros colaboramos con ellos, pero
nos negamos y poco a poco cada uno fue saliendo por temor que nos fuera a
pasar algo mis padres y mis hermanos pequeños se quedaron y como al mes
mataron a mi papá Carlos Emilio Zuluaga Salazar Q.E.P.D. cuando salí dejé
todo lo que tenía, por ejemplo un día nos acostamos todo estaba tranquilo, al
día siguiente amanecieron en la finca más de 250 hombres fuertemente
armados de la guerilla de las FARC, cogieron una vaca y la mataron y se la
comieron, con yuca, la cual arrancaron de la finca de nuestro padre, con
plátano, las pilas las cogían y las que no se alcanzaban a comer las botaban,
al día siguiente cuando amanece, los hallamos en la finca, comiéndose la vaca,
y lo único que dijeron es que tenían hambre y que debíamos apoyar la causa
por la cual ellos luchaban y si decíamos algo ya sabíamos que hacer o lo que
nos podía pasar (…).

Una vez el finado fue asesinado, fue trasladado al Hospital San Rafael San Luis
Municipio de San Luis donde le realizaron la necropsia.

2. El trámite de primera instancia1

2.1. La Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV- contestó
la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal y, en síntesis, argumentó
que su actuación fue posterior a la situación de desplazamiento y que en
cumplimiento de sus funciones entregó ayudas humanitarias de carácter monetario
a la señora María Adelina Atehortúa y su núcleo familiar. Además, sostuvo que los
demandantes “se equivocan al momento de determinar el hecho generador del daño
y de hacer imputación, pues del relato y la enunciación de los hechos, así como de
la forma en que se redactan las pretensiones, se advierte una relación directa con
el homicidio, más no con el pago de la indemnización administrativa”.

Destacó que las sumas solicitadas a título de perjuicio material y moral resultaban
excesivas y entraban en contradicción directa con el monto de la indemnización
administrativa por desplazamiento forzado prevista en la Ley 1448 de 2011 y en la
sentencia de unificación 254 de 2013 proferida por la Corte Constitucional.

Adicionalmente, formuló las excepciones de i) pago de la indemnización
administrativa, ii) inexistencia de configuración de la imputación, iii) ausencia de
responsabilidad de la unidad para las víctimas, iv) inexistencia probatoria de
perjuicios invocados y, v) hecho de un tercero (fol. 75-127, c.1).

2.2. La Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda para lo cual
sostuvo que no existían pruebas en el plenario que demostraran la calidad de
desplazados de los demandantes, condición que no solo se declaraba sino que

1
El 31 de enero de 2017 (fol. 59, c.1), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, admitió la
demanda de reparación directa formulada, decisión que fue notificada en debida forma a las
demandas y al Ministerio Público (fol. 71-74, c. 1).

3

Radicación número: 05001-23-33-000-2017-00227-01 (67780)
Actor: María Adelina Atehortúa Ramírez y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

debía ser reconocida mediante resolución, puesto que se percibía incertidumbre en
cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que pudo haberse
generado ese hecho y, en todo caso, afirmó que la aparente situación de
desplazamiento fue generada por grupos al margen de la ley.

En concordancia con lo anterior, propuso las excepciones de i) el hecho de un
tercero, ii) caducidad de la acción, iii) inexistencia de la obligación, iv) falta de
integración de litisconsorcio necesario de la unidad para la atención y reparación
integral de víctimas dentro del proceso de la referencia y, v) descuento de lo pagado
al actor por la indemnización administrativa del artículo 132 de la Ley 1448 de 2011
(fol. 141-148, c.1).

2.3. El Ejército Nacional por su parte manifestó que en el presente caso se configuró
la causal eximente de responsabilidad del “hecho de un tercero”, puesto que no fue
la entidad demandada quien participó en el homicidio del señor Carlos Emilio
Zuluaga y el posterior desplazamiento de los accionantes, sino un grupo
delincuencial que actuaba en la zona y pretendía la desestabilización de las
instituciones constitucional y legalmente constituidas.

Propuso las excepciones de i) caducidad del medio de control, ii) falta de
legitimación en la causa por pasiva, iii) carencia de medios probatorios, iv) hecho
de un tercero, v) inexistencia de la obligación, vi) diligencia y cuidado por parte de
las fuerzas militares y, vii) descuento de lo pagado a los actores por la indemnización
administrativa del artículo 132 Ley 1448 de 2011 (fol. 153-173, c.1).

3. Audiencia inicial

3.1. El 5 de febrero de 2018, se fijó fecha para la celebración de la audiencia inicial
prevista en el artículo 180 del CPACA (fol. 186, c.1), la cual se llevó a cabo el 25 de
junio siguiente. En estas audiencias se agotaron las etapas previstas en la norma
en comento2 (fol. 189-196, c1).

3.2. Los sujetos procesales no advirtieron vicios que requirieran la adopción de
medidas de saneamiento. Luego, el Tribunal Administrativo de Antioquia se
pronunció sobre las excepciones: declaró que las partes estaban legitimadas en la
causa por activa y pasiva. En relación con los demás argumentos de defensa que

2 De acuerdo con el aludido artículo, durante la audiencia inicial el juez adoptará las medidas de

saneamiento necesarias para evitar sentencias inhibitorias; resolverá las excepciones previas y las
de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción
extintiva; fijará el litigio, se pronunciará sobre la petición de medidas cautelares y decretará pruebas.

4

Radicación número: 05001-23-33-000-2017-00227-01 (67780)
Actor: María Adelina Atehortúa Ramírez y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

se plantearon en las contestaciones, se consideró que, por atacar el fondo del
asunto, debían ser analizados al momento de dictar sentencia.

3.3. El litigio se fijó en el sentido de determinar si la responsabilidad de las entidades
accionadas se encontraba comprometida con ocasión de la muerte del señor Carlos
Emilio Zuluaga Salazar y el posterior desplazamiento de los demás demandantes.
El problema jurídico fue puesto a consideración de las partes, quienes manifestaron
expresamente su aceptación.

3.4. Posteriormente, el magistrado tuvo como pruebas las allegadas con la demanda
y las contestaciones y decretó las solicitadas en estos mismos escritos. La diligencia
concluyó con la fijación de fecha para la celebración de la audiencia de pruebas
prevista en el artículo 181 del CPACA.

4. Audiencia de pruebas y alegatos de conclusión

4.1. En audiencias del 15 de noviembre de 2018 y el 31 de julio de 2019, se
incorporaron las pruebas pedidas por ambas partes y se escucharon los testimonios
solicitados (fol. 159-260 y 381-382, c.1).

Agotado el objeto de la audiencia, el tribunal a quo dio aplicación a lo dispuesto en
el inciso quinto del artículo 181 del CPACA, en el sentido de prescindir de la
audiencia de alegaciones y juzgamiento para, en su lugar, ordenar la presentación
de alegatos de conclusión por escrito y el concepto del representante del Ministerio
Público.

4.2. La parte actora reiteró los argumentos de la demanda y adicionó que, si bien
los demandantes se encontraban reconocidos como víctimas en la Unidad de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y recibieron ayudas humanitarias, no
les pagaron la indemnización administrativa. En cuanto a las otras entidades señaló
que debían condenarse a título de falla en el servicio, pues omitieron el deber de
protección frente a miembros vulnerables (fol. 401-414, c.1).

4.3. En esta oportunidad, la Policía Nacional manifestó que no obraban pruebas que
demostraran que los agentes de esa institución contribuyeron en alguna medida con
los grupos al margen de la ley que operaban en el año 2002 en la vereda San Pablo
del municipio de San Luis – Antioquia, lo que presuntamente habría ocasionado la
muerte del señor Carlos Emilio Zuluaga Salazar y el posterior desplazamiento de
los demás demandantes (fol. 396-399, c.1).

5

Radicación número: 05001-23-33-000-2017-00227-01 (67780)
Actor: María Adelina Atehortúa Ramírez y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

4.4. El Ejército Nacional insistió en que los hechos eran atribuibles únicamente a un
tercero, específicamente, a un grupo subversivo que causó el presunto
desplazamiento de los actores (fol. 414-418, c.1).

4.5. La Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas aseguró que la
parte actora confundía los conceptos de indemnización administrativa y reparación
administrativa contempladas en la Ley 1448 de 2011. Por último, manifestó que en
el proceso de la referencia se reúnen los supuestos constitutivos del hecho de un
tercero, circunstancia que la liberaba de responsabilidad (fol. 419-422, c.1).

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 15 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala primera de Oralidad, declaró probada la excepción de caducidad del
medio de control de reparación directa.

Precisó que la sentencia SU-254 de 20133 estableció una regla excepcional en
materia de caducidad por hechos relacionados con el desplazamiento forzado,
según la cual los 2 años establecidos por la ley para presentar las respectivas
demandas de reparación directa, únicamente podían ser contabilizados a partir de
la ejecutoria de la referida decisión judicial -22 de mayo de 20134-, esto como
garantía de acceso a la administración de justicia a un sector especial y vulnerable
de la población.

Con fundamento en el anterior marco jurisprudencial, concluyó que los
demandantes podían demandar hasta el 23 de mayo de 2013; sin embargo, la
solicitud de conciliación fue presentada el 3 de diciembre de 2015 y la demanda fue
interpuesta el 24 de agosto de 2016, esto es, por fuera del término legalmente
establecido (fol. 427-438, c. ppal.).

6. Recurso de apelación

De manera oportuna, la parte demandante impugnó la decisión de primera instancia,
porque “Nace entonces la excepción, a la regla general, del art. 136 ibidem, cuando
la Corte Constitucional dice que este término, de caducidad frente a la población
desplazada, no se contarán tiempos pasados, sino que tiempo de caducidad se
contará a partir de este fallo, aún a hechos ocasionados en años anteriores, es decir,

3 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU 254 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
4 El 22 de mayo de 2013 cobró ejecutoria la sentencia SU 254 de 2013.

6

Radicación número: 05001-23-33-000-2017-00227-01 (67780)
Actor: María Adelina Atehortúa Ramírez y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

que los términos de caducidad se empezarán a contar de nuevo a partir de la
expedición de la presente sentencia de unificación, SU 254/2013, por ser esta
población de especial protección constitucional” (…) Por lo anterior, mis mandantes
se encuentran facultados y legitimados para presentar esta acción de reparación,
sin que, para la misma haya operado el fenómeno de la caducidad, teniendo de
presente la sentencia SU254/2013 de la Corte Constitucional.

Adicionalmente, afirmó que “En cuanto al fenómeno de caducidad con este término
(de un delito de lesa humanidad), nace otra excepción, a la regla general, al art. 136
Ibidem”.

Destacó que “se desplazaron del Municipio de SAN LUIS, y finalmente al Distrito de
Cartagena, donde actualmente se encuentran, es decir, continúan desplazados, por
tanto, padecen un daño continuo, hasta el momento el estado no ha garantizado su
retorno”.

De otra parte, sostuvo que se encontraba acreditada la omisión por parte de las
entidades del Estado por haber permitido que los grupos al margen de la ley
tomaran el control del territorio colombiano, entre estos San Luis - Antioquia, a lo
que agregó que los aquí demandantes no estaban obligados a informar a las
autoridades los hechos en su contra cuando estos eran notorios y ocurrieron con la
participación de las alcaldías y sus funcionarios con dichos grupos ilegales.

Por último, insistió en que la Unidad de Atención y Reparación Integral a las víctimas
no había realizado el pago de la indemnización administrativa, a pesar de haber
sido solicitada mediante varios mecanismos judiciales (fol. 442-457, c. ppal.).

7. Trámite en segunda instancia

El recurso fue concedido el 15 de octubre de 2021 y admitido el 28 de febrero de
2022, oportunidad en la que se ordenó a la secretaría que, una vez ejecutoriado el
proveído, se corriera traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera concepto (fol. 460 y 467, c. ppal.)

El Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia,
por considerar que no se acreditaron las condiciones materiales que impidieron a
los aquí demandantes acudir a tiempo a esta jurisdicción, sin que el hecho de que
en el caso se involucre un crimen de lesa humanidad resulte suficiente para
extender la caducidad (fol. 468-485, c. ppal.).

Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal.

7

Radicación número: 05001-23-33-000-2017-00227-01 (67780)
Actor: María Adelina Atehortúa Ramírez y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

III. CONSIDERACIONES
1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, por tratarse
de un proceso de doble instancia por razón de la cuantía, según lo dispuesto en el
artículo 129 del CCA5, dado que la suma de las pretensiones excede los 500 salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presentación de la demanda6.

2. Cuestión previa. Variación de la causa petendi

En el presente caso, una vez revisada la demanda, la Sala encuentra que son varias
las imputaciones que se formularon y que constituyen la causa petendi, en tanto en
el escrito introductorio se solicita la indemnización de los perjuicios causados con
ocasión de la muerte del señor Carlos Emilio Zuluaga Salazar y el posterior
desplazamiento forzado de la señora María Adelina Atehortúa Ramírez y su núcleo
familiar, el 2 de abril de 2002, cuando vivían en la vereda San Pablo del municipio
de San Luis – Antioquia, frente a las que se procederá a determinar la oportunidad
en el ejercicio de la acción y, de ser el caso, los presupuestos para declarar la
responsabilidad de las entidades demandadas.

Frente a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no se elevó en
la demanda una pretensión concreta y tampoco se efectuó una imputación clara
sobre la falta de reconocimiento de la indemnización administrativa, como lo hizo la
parte actora en las etapas procesales siguientes a la demanda y a la fijación del
litigio, esto es, en el recurso de apelación y los alegatos de conclusión, lo que
constituye evidentemente una variación de la causa petendi que impide a la Sala
pronunciarse al respecto.

3. Ejercicio oportuno de la acción

Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó
la figura de la caducidad para aquellos eventos en los cuales determinadas acciones
judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal
de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo
pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

5 Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda

instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como
de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto
del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión”.
6
La demanda se presentó el 1° de marzo de 2011, por lo que la norma de competencia aplicable es
la Ley 1395 de 2010. A título de indemnización de perjuicios materiales, se solicitó la suma de
$1.126.700.000.00.

8

Radicación número: 05001-23-33-000-2017-00227-01 (67780)
Actor: María Adelina Atehortúa Ramírez y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

Esa figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación
extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998 y 640
de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada
de oficio por el juez.

En el presente caso se advierte que la parte demandante pretende que se declare
la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Policía
Nacional, como consecuencia de la muerte del señor Carlos Emilio Zuluaga Salazar
y el desplazamiento forzado de la señora María Adelina Atehortúa Ramírez y sus
hijos Rubiel Antonio Zuluaga Atehortúa, Leonel de Jesús Zuluaga Atehortúa, Albino
de Jesús Zuluaga Atehortúa y Román de Jesús Zuluaga Atehortúa.

De conformidad con el artículo 136 del Decreto 01 de 19847, vigente para la época
de los hechos, la acción de reparación directa “caducará al vencimiento del plazo
de (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión
u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del
inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra
causa”.

Es importante resaltar que la Sección Tercera de esta Corporación unificó su
jurisprudencia en lo concerniente a la caducidad de las pretensiones
indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los
crímenes de guerra y “cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la
declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado” y concluyó que para
computar el plazo de dicho fenómeno procesal no basta con la ocurrencia del hecho
dañoso, sino que se requiere determinar si el interesado advirtió o tuvo la posibilidad
de saber que el Estado, por acción u omisión, tuvo injerencia en tales hechos y que
le era imputable el daño, pues es a partir de ese momento que surge el interés para
ejercer el derecho de acción, además de que debía tenerse en cuenta la
configuración de algún supuesto objetivo que le impidiera el acceso material a la
jurisdicción8.

7 Decreto 1 de 1984: “Artículo 136. Caducidad de las acciones. Subrogado por el artículo 44 de la

Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:
“(…)
“8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir
del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o
por cualquiera otra causa”.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena de la

Sección Tercera, sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, expediente 61.033.

9

Radicación número: 05001-23-33-000-2017-00227-01 (67780)
Actor: María Adelina Atehortúa Ramírez y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

3.1. Análisis de la caducidad por la muerte del señor Carlos Emilio Zuluaga
Salazar

De acuerdo con lo relatado en la demanda, "el día 02 de abril del año 2002, vivíamos
en la vereda San Pablo, en el Municipio de San Luis del Dpto. Antioquia, en la finca
de mi papá, llegó la guerrilla y querían que nosotros colaboráramos con ellos, pero
nos negamos y poco a poco cada uno fue saliendo por temor que nos fuera a pasar
algo mis padres y mis hermanos pequeños se quedaron y como al mes [2 de mayo
de 2002] mataron a mi papá CARLOS EMILIO ZULUAGA SALAZAR"; sin embargo,
el registro civil de defunción9, la constancia de la Fiscalía10 y el certificado expedido
por la Empresa Social del Estado - Hospital San Rafael del Municipio de San Luis11
demuestran que la muerte del señor Zuluaga Salazar ocurrió el 12 de abril de 1998.

En los términos de la sentencia de unificación antes referida, el 12 de abril de 1998
-fecha que se acredita con los elementos probatorios-, o desde el 2 de mayo de
2002 -fecha señalada en la demanda-, los demandantes advirtieron la posibilidad
de imputar responsabilidad patrimonial al Estado, en la medida en que desde esa
fecha conocieron la omisión de las autoridades en cumplimiento de sus obligaciones
de seguridad, pues conforme a la imputación, fue la inactividad del Estado para
adoptar medidas de protección a favor de la población civil, lo que permitió la muerte
del señor Carlos Emilio Zuluaga Salazar por la que se reclama la reparación.

Según esta perspectiva, el término de caducidad empezó a correr a partir del 13 de
abril de 1998 y venció el 13 de abril de 2000, para el primer caso, o desde el 3 de
mayo de 2002 y hasta el 3 de mayo de 2004, para el segundo; sin embargo, la
solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 3 de diciembre de 2015 y la
demanda se formuló el 24 de agosto de 2016, es decir cuando ya había operado el
fenómeno de la caducidad.

No obstante, la Sala no puede soslayar que los demandantes alegaron que con
ocasión del homicidio de su familiar debieron desplazarse forzadamente, situación
que por sí misma da cuenta de un hecho que impidió acudir al aparato jurisdiccional
del Estado. En estas condiciones, la oportunidad para demandar por los dos hechos
dañosos -homicidio y desplazamiento- debe analizarse conjuntamente a la luz de

9
Fol. 27-28 del cuaderno principal.
10
Fol. 29 del cuaderno principal, constancia expedida por la Fiscalía cuarenta y siete local encargada
• delegada ante el Juzgado Penal Promiscuo Municipal de Puerto Triunfo - Antioquía.
11 Fol. 30 del cuaderno provincial, donde consta que se realizó necropsia al cadáver del señor Carlos

Emilio Zuluaga Salazar y su deceso obedeció a homicidio.

10

Radicación número: 05001-23-33-000-2017-00227-01 (67780)
Actor: María Adelina Atehortúa Ramírez y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

las disposiciones que se han definido sobre el acceso a la administración de justicia
de la población en situación de desplazamiento, tal como pasa a verse12.

2.2. Análisis de la caducidad por el desplazamiento forzado

En los casos en que el daño alegado es producto de delitos de carácter continuado,
como ocurre con el desplazamiento, desaparición forzada o secuestro, el término
de 2 años previsto en la ley sólo podrá computarse teniendo en cuenta las
particularidades de cada caso, pues se trata de eventos en que el daño se prolonga
en el tiempo13.

Al respecto, esta Subsección ha sostenido:

En estos eventos se ha establecido que el término de dos años previsto en la
ley no podrá empezar a contabilizarse a partir del ‘acaecimiento del hecho,
omisión y operación administrativa’, sino a partir del momento en que el daño
adquiere notoriedad -cuando esta última no coincide con la causación de aquel,
es decir, cuando a pesar de haberse producido, la víctima se encuentra en la
imposibilidad de conocerlo-, o cuando aquel se entiende consolidado -en los
eventos en que el daño se prolonga en el tiempo-, circunstancias que se
analizan teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.

“Bajo esta misma lógica, la Corporación14 ha estimado que, en los eventos de
daños con efectos continuados (vgr. desplazamiento forzado, desaparición
forzada o secuestro), el término de caducidad de la demanda de reparación
directa debe empezar a contarse a partir de la cesación del daño, esto es,
cuando la persona aparezca, sea liberada o cuando están dadas las
condiciones de seguridad para que se produzca el retorno al lugar de
origen o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en
el proceso penal (…)”15 (se resalta).

Adicionalmente, en materia de desplazamiento forzado, esta Corporación ha
considerado que el término de caducidad se cuenta desde el momento en el que el
daño cesa16, evento que puede acontecer desde la ejecutoria del fallo definitivo
adoptado en el proceso penal seguido por los hechos o desde la fecha del retorno
o restablecimiento de las víctimas al lugar de origen o, en su defecto, desde que
están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno,

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de febrero de 2024, exp.

47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545), M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de diciembre de 2013,

expediente 48.152, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto de 22 de noviembre de 2012, expediente

40.177, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. En esta providencia se cita el auto de 26 de julio de 2011,
proferido por la Subsección C, expediente 41.037, M.P. Enrique Gil Botero.
15
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de septiembre de 2015,
radicado 20040151201 y auto del 10 de febrero de 2016, radicado 201500934 01, ambas con
ponencia del Dr. Hernán Andrade Rincón.
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2014, Exp. nº

00298-01(AG). C.P. Enrique Gil Botero.

11

Radicación número: 05001-23-33-000-2017-00227-01 (67780)
Actor: María Adelina Atehortúa Ramírez y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

independientemente de que los afectados procedan o no a hacerlo 17. De igual
manera, también se ha razonado sobre las hipótesis en las que las personas que
inicialmente se desplazaron forzadamente pudieron haberse reasentado o
arraigado en otro lugar18 o que pudieran encontrarse elementos que permitieran
considerar que estaban en la posibilidad de acceder a la administración de justicia,
circunstancia que tiene incidencia en el cómputo del término de caducidad19.

En los estrictos términos del recurso de apelación, la Sala, como juez de segunda
instancia resolverá: i) la procedencia de la sentencia SU-254 de 2013 para el
análisis de la caducidad en el caso concreto, ii) si no resulta aplicable el cómputo
del término de caducidad por tratarse de un caso en el que se involucra un delito de
lesa humanidad y, iii) la cesación del desplazamiento forzado, en virtud de la
imposibilidad de retornar al lugar del que los actores salieron desplazados.

2.2.1. La sentencia SU-254 de 2013 y sus efectos respecto de la caducidad de
la acción de reparación directa en eventos de desplazamiento forzado

La jurisprudencia constitucional no ha sido ajena al debate relativo a la temporalidad
de los reclamos judiciales y administrativos de quienes se han visto afectados por
el desplazamiento forzado. En la sentencia de unificación 254 de 2013, la Corte
Constitucional abordó el análisis de varios casos relacionados con víctimas de
desplazamiento forzado por la violencia, que solicitaban la reparación integral en
sede administrativa de los perjuicios ocasionados a causa de dicho desplazamiento.

El problema jurídico planteado en la sentencia SU-254 de 2013 no solo se
circunscribió al estudio de la vulneración del derecho a la indemnización
administrativa de esta población sino también al de la reparación integral, que
incluye la posibilidad de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para
obtener el resarcimiento por los perjuicios sufridos.

En efecto, la Corte Constitucional clarificó las distintas vías institucionales con las
que cuentan las personas en situación de desplazamiento por la violencia, para
acceder a una reparación integral, como son: las vías judicial penal y contenciosa
administrativa y la vía administrativa que es diferente a las medidas asistenciales
ofrecidas por el Gobierno.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 9 de septiembre de 2015, Exp: 200401512 01 y auto del 10 de febrero de 2016, Exp:
201500934 01(AG), C.P. Hernán Andrade Rincón.
18
Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 10 de mayo de 2017. Exp: 58.017. C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico. Reiterado por la Sala en sentencia del 13 de agosto de 2021. Exp: 64.893. M.P.
José Roberto Sáchica Méndez.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 14 de julio de 2023. Exp.

62.500.

12

Radicación número: 05001-23-33-000-2017-00227-01 (67780)
Actor: María Adelina Atehortúa Ramírez y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

Cabe precisar que las disposiciones de la sentencia SU-254 e 2013 resultan
aplicables, bajo las siguientes condiciones: i) tener la calidad de víctimas de
desplazamiento forzado por la violencia y, ii) encontrarse inscritos en el registro de
víctimas desde antes de entrar en vigencia la Ley 1448 de 201120.

Para el asunto particular, el a quo para contabilizar la caducidad por el
desplazamiento forzado tuvo en cuenta la fecha de ejecutoria de la sentencia SU
254 de 2013, para indicar que los demandantes podían acudir a la jurisdicción hasta
el 23 de mayo de 2013, pero presentaron la solicitud de conciliación el 3 de
diciembre de 2015 y la demanda el 24 de agosto de 2016, esto es, por fuera del
término legalmente establecido.

En el recurso de apelación, la parte demandante también invoca la aplicación de la
sentencia SU 254 de 2013, al afirmar que “no se contarán tiempos pasados, sino que
tiempo de caducidad se contara a partir de este fallo, aún a hechos ocasionados en
años anteriores, es decir, que los términos de caducidad se empezaran a contar de
nuevo a partir de la expedición de la presente sentencia de unificación, SU254/2013,
por ser esta población de especial protección constitucional”.

Al respecto, resulta necesario advertir que, en virtud del principio de favorabilidad y
como garantía de acceso a la administración de justicia a un sector especial y
vulnerable de la población, la Corte Constitucional estableció una regla excepcional
en materia de caducidad por hechos relacionados con el desplazamiento forzado,
según la cual los 2 años establecidos por la ley para presentar las respectivas
demandas de reparación directa podían ser contabilizados a partir de la ejecutoria
de la referida decisión judicial.

En este sentido, expresó específicamente que “los términos de caducidad para
población desplazada, en cuanto hace referencia a futuros procesos judiciales ante
la jurisdicción contencioso administrativa, sólo pueden computarse a partir de la
ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en cuenta transcursos de
tiempo anteriores, por tratarse, como antes se explicó, de sujetos de especial
protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad
extrema y debilidad manifiesta.

Bajo la anterior directriz, se precisa a la parte demandante que el cómputo de la
caducidad no debe realizarse desde la expedición de la sentencia SU 254 de 2013,
sino desde su ejecutoria -22 de mayo de 2013-21.

20
Corte Constitucional. Sentencia T-374 de 2023, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de febrero de 2024, exp.

47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545), M.P. José Roberto Sáchica Méndez.

13

Radicación número: 05001-23-33-000-2017-00227-01 (67780)
Actor: María Adelina Atehortúa Ramírez y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

Así las cosas, la caducidad de la acción de reparación directa se encuentra
configurada, como lo consideró el a quo, pues la oportunidad para demandar se dio
entre el 23 de mayo de 2013 y el 23 de mayo de 2015; sin embargo, dicha fecha
correspondió a un día no hábil22; por tanto, el término se extendió hasta el 25 de
mayo de 2015 y como se ha reiterado en párrafos anteriores, la solicitud de
conciliación extrajudicial se radicó el 3 de diciembre de 2015 y la demanda se
interpuso el 24 de agosto de 2016.

Finalmente, la Sala procedió a verificar, de oficio, si entre mayo de 2013 y mayo de
2015 (término de dos años para presentar la demanda, según la SU-254 de 2013),
se presentó alguna barrera que impidió a los actores acudir a tiempo a la
administración de justicia, sin que las pruebas obrantes en el plenario permitieran
establecer la configuración de alguna situación de esas características.

2.2.2. La excepción a la aplicación del término de caducidad por tratarse de un
caso de lesa humanidad

La parte demandante argumentó que en el presente asunto no procedía la
aplicación del término de caducidad establecido en el artículo 136 del C.C.A., por
tratarse de un delito de lesa humanidad.

Sobre este aspecto se debe reiterar que la Sala Plena de la Sección Tercera unificó
su jurisprudencia en relación con la aplicación de las reglas de caducidad en materia
de reparación directa, para lo cual precisó que las disposiciones establecidas para
tal fin resultan aplicables a todos los asuntos en los que se solicite la declaratoria
de responsabilidad patrimonial al Estado, incluso en aquellos casos que versen
sobre daños derivados de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, pues ni
el Decreto 01 de 1984 ni la Ley 1437 de 2011 excluían tales asuntos y, por ende,
no establecieron una regla especial que imponga que la demanda puede ser
presentada en cualquier tiempo.

La referida sentencia de unificación se apartó del criterio que predicaba que la
caducidad era inaplicable en ciertos temas, como los delitos de lesa humanidad,
porque el juez carecía de facultades para crear reglas sobre términos que deroguen
los establecidos por el legislador, pues solo era posible apartarse de ellos al recurrir

22 En este punto resulta necesario tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 118 del CGP: “Cuando

el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día que empezó a correr
del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el término vencerá el último día del
respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta el primer día hábil
siguiente”.

14

Radicación número: 05001-23-33-000-2017-00227-01 (67780)
Actor: María Adelina Atehortúa Ramírez y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

a la excepción de inconstitucionalidad establecida en el artículo 4 de la Carta
Política.

Dicho lo anterior, la Corporación descartó la postura según la cual la
imprescriptibilidad que opera en la acción penal frente a los delitos de lesa
humanidad y crímenes de guerra, daba lugar, por control de convencionalidad, a la
inaplicación del plazo de caducidad para solicitar la declaración de responsabilidad
patrimonial del Estado.

Bajo ese hilo argumentativo, hay lugar a concluir que tampoco resulta de recibo este
cargo expuesto en el recurso de apelación, en consideración a que la aplicación del
término de caducidad también resulta aplicable en el presente caso, aunque se trate
de un delito de lesa humanidad.

Ahora bien, la Corte Constitucional en la sentencia SU-312 del 13 de agosto de
202023 indicó que resulta imperioso que exista un término de caducidad de las
acciones judiciales, pues es contrario al derecho de acceso a la administración de
justicia su ejercicio de manera ilimitada, “sin condicionamientos de ninguna
especie”, porque ello atentaría contra la seguridad jurídica y obstaculizaría la
posibilidad del Estado de brindar a los ciudadanos reales posibilidades de resolución
de sus conflictos y, por ende, de obtener pronta y cumplida justicia, de ahí que la
actitud pasiva de quien estuvo en la posibilidad de ejercer sus derechos no fuera
susceptible de protección.

Asimismo, en sentencia T-340 de 2023 la Corte Constitucional sostuvo que el punto
de partida será siempre la disposición legal que prevé el término de caducidad y
deben evitarse imponer cargas desproporcionadas al demandante que obstaculicen
de manera irrazonable el acceso a la administración de justicia y, resaltó que la
Corte, al igual que el Consejo de Estado, ha optado por señalar un único momento
o punto de partida para el cómputo de la caducidad, estableciendo que el análisis
debe hacerse en cada caso concreto, para identificar el momento en el que el
afectado conoció de manera cierta el daño.

En sentencia T-376 de 2024, la Corte Constitucional argumentó que en los casos
en que el conocimiento del hecho dañoso por parte del interesado es posterior a su
acaecimiento, debe verificarse en cada situación que este haya tenido motivos
razonablemente fundados para no haberlo conocido, en un momento anterior, pues,

23 Corte Constitucional, sentencia SU -312 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

15

Radicación número: 05001-23-33-000-2017-00227-01 (67780)
Actor: María Adelina Atehortúa Ramírez y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

si no existen tales motivos, no hay lugar a aplicación de los criterios que se han
establecido para el cómputo del término de caducidad en casos especiales.

En sentencia SU-241 de 2024, la Corte Constitucional señaló que la existencia de
barreras en el acceso a la justicia debe ser analizada por el juez contencioso
administrativo competente, atendiendo a las particularidades de cada asunto en
concreto; que la sola ocurrencia del hecho dañoso no es suficiente para iniciar el
cómputo del término de caducidad, lo cual no implica desconocer dicha institución
jurídico procesal, sino que es necesario que el juez realice una valoración de las
circunstancias particulares de cada caso para determinar desde cuándo se debe
aplicar dicho término, y en el que deben analizarse aspectos relacionados con: (i) la
calidad de los accionantes como sujetos de especial protección constitucional al
haber sufrido graves violaciones a los derechos humanos; (ii) el momento en el que
las víctimas tuvieron la posibilidad real de advertir que la pretensión de reparación
directa resultaba procedente de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución; y (iii)
la posibilidad material de las víctimas de acudir a la justicia debido a la situación de
extrema vulnerabilidad en la que se encuentran.

Por último, se destaca que la Corte Constitucional en SU-439 de 2024 resaltó que
“los términos de caducidad de las acciones judiciales, en lugar de coartar el acceso
a la administración de justicia, lo concretiza y viabiliza, pues, de lo contrario, ante
un escenario de acciones sin términos de caducidad, se paralizaría la administración
de justicia y se impediría su funcionamiento” (...) “figura no puede interpretarse de
manera irrazonable, so pena de que se convierta en una barrera injustificada para
el acceso a la administración de justicia”.

El anterior marco jurisprudencial permite destacar que resulta imperioso que exista
un término de caducidad de las acciones judiciales con el fin de obtener una pronta
y cumplida administración de justicia, el análisis debe hacerse en cada caso
concreto, para identificar el momento en el que el afectado conoció de manera cierta
el daño, debe revisarse en cada situación que el interesado tenga motivos
razonablemente fundados para no haber conocido el hecho en un momento anterior
y la existencia de barreras en el acceso a la justicia debe ser analizada por el juez
competente, atendiendo a las particularidades de cada asunto.

En el presente caso, además de que la parte actora no alegó ni demostró alguna
circunstancia que le hubiera impedido acudir a tiempo a la jurisdicción, un examen
oficioso tampoco permite verificar que los actores hubieran enfrentado, en lapso

16

Radicación número: 05001-23-33-000-2017-00227-01 (67780)
Actor: María Adelina Atehortúa Ramírez y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

comprendido entre mayo de 2013 y mayo de 2015, alguna barrera de acceso que
les hubiera impedido acudir en tiempo a la administración de justicia.

2.2.3. Cesación del desplazamiento forzado, en virtud de la imposibilidad de
retornar al lugar del que los actores salieron desplazados

En el recurso de apelación, los demandantes afirmaron que se desplazaron desde
el municipio de San Luis – Antioquia hasta el Distrito de Cartagena, donde se
encuentran actualmente, en consideración a que el Estado no ha garantizado su
retorno; sin embargo, se debe indicar que, por el contrario, las pruebas obrantes en
el proceso demuestran que en varias ocasiones retornaron al municipio de San Luis,
lugar del que fueron desplazados.

En efecto, en el plenario obra constancia en la cual se evidencia que la señora María
Adelina Atehortúa Ramírez estuvo vinculada a programas de asistencia social en
los cuales recibió beneficios económicos y en especie, así como afiliación a salud
teniendo como ubicación de entrega de los beneficios San Luis – Antioquia entre
los años 2005 hasta el año 2017 (fol. 90-93, c. ppal.), lo que evidencia que para
esos años ya se encontraban en el lugar del que habían sido desplazados o que ya
no persistían las condiciones de peligro que originaron el hecho, lo que además
desfigura probatoriamente los argumentos de la demanda y el recurso de apelación
sobre la imposibilidad de retornar de los demandantes al lugar de origen y de la
continuidad del desplazamiento forzado.

2.2.4. Procedencia de la readecuación del trámite procesal en el presente caso

En este punto, se debe precisar que aunque se reconoce como un hecho notorio el
drama humanitario que causa el desplazamiento forzado, así como la situación de
extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta de las víctimas de este delito, lo que
en muchas ocasiones obstaculiza y dificulta el acceso a la administración de justicia
de dicha población objeto de especial protección, lo cierto es que dentro del plenario
no obra prueba que permita determinar que a la parte accionante le fue imposible
acceder a la jurisdicción.

Adicionalmente, cabe precisar que en el presente caso no resulta procedente
readecuar el trámite en segunda instancia, tal como lo estableció la Corte
Constitucional en sentencia de unificación 167 del 18 de mayo de 2023, esto es,
otorgarle a las partes un término prudencial para que manifestaran las razones que
les impidieron acudir a la administración de justicia, ya que la sentencia de
unificación de la Sección Tercera fue proferida antes de que se resolviera la primera
instancia de este proceso, por lo que la parte actora contó con oportunidades

17

Radicación número: 05001-23-33-000-2017-00227-01 (67780)
Actor: María Adelina Atehortúa Ramírez y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

procesales24 para exponer los motivos por los cuales no pudo acudir a esta
jurisdicción y, no lo realizó, esto es, el recurso de apelación y los alegatos de
conclusión en el trámite de segunda instancia, más aún cuando la sentencia de
primera instancia declaró la excepción de caducidad.

Bajo ese entendido, no resultan aplicables las razones objetivas planteadas por la
Sala Plena de esta Sección en la sentencia de unificación, a efectos de que el
término de caducidad deba ser contabilizado a partir de un momento distinto.

3. Condena en costas

De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 202125, en concordancia con el artículo 365 del CGP26,
la Sala emitirá condena en costas por la segunda instancia a favor de las entidades
demandadas, en partes iguales, y a cargo de la parte actora, toda vez que en esta
providencia se resuelve desfavorablemente el recurso de apelación por ella
interpuesto.

En consecuencia, la Subsección, teniendo en cuenta la duración del proceso en
segunda instancia y los deberes de vigilancia27 que ello implicó28, y con fundamento
en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura29, debe fijar por concepto de agencias en derecho para la

24 Oportunidades procesales: 1. Recurso de apelación contra la sentencia que declaró excepción de

caducidad y 2. Alegatos de conclusión en el trámite de segunda instancia.
25 En el siguiente sentido: “[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando

se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”, regla que,
por ser de orden público, de aplicación inmediata y no estar sujeta a régimen de transición, rige en
todos los procesos en curso para la fecha de su entrada en vigor.
El aspecto subjetivo citado no es aplicable a los procesos ordinarios, sino a aquellos en los que se
ventila un interés público, en los cuales proceden las costas, ante la “manifiesta carencia de
fundamento legal” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 63.217, CP: Fredy Ibarra Martínez;
Subsección A, sentencia del 11 de mayo de 2022, expediente 67.700; sentencia del 10 de octubre
de 2022, expediente 67.965).
26
“Artículo 365. Condena en costas. (…) [L]a condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación (…).
27 La Sala ha considerado como criterio para fijar las agencias en derecho, lo referente a las labores

de vigilancia del proceso inherentes al trámite de una instancia adicional (Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 17 de junio y 21
de noviembre de 2022, así como del 3 de febrero de 2023, expedientes 67.618, 68.941 y 69.319).
28 El numeral 4 del artículo 366 del CGP señala: “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán

aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquéllas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
29 “ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en

cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la
naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas

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Radicación número: 05001-23-33-000-2017-00227-01 (67780)
Actor: María Adelina Atehortúa Ramírez y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

segunda instancia el valor equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente
a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

Sin embargo, mediante auto de 31 de enero de 2017, el a quo concedió amparo de
pobreza a la parte actora de conformidad con los artículos 151, 152 y 154 del Código
General del Proceso, normas que lo prevén como un beneficio de tipo legal, cuyo
propósito está asociado a garantizar el acceso a la administración de justicia
respecto de aquellos sujetos que, dada su incapacidad para asumir los costos del
proceso, se encuentran eximidos de asumir las cargas económicas atribuibles a su
condición de partes, bien sea para ejercer su derecho de acción o de defensa, según
fuere el caso.

Adicionalmente, la Sentencia SU-241 de 2024 proferida por la Corte Constitucional
fijó como criterio unificado en materia de derechos fundamentales que en los casos
en los que se ventilan posibles violaciones a los derechos humanos, especialmente
ocurridas en el contexto del conflicto armado, por ser procesos que revisten interés
público, los jueces administrativos se abstendrán de condenar al pago de costas
judiciales30.

La Sala Plena de la Corte Constitucional indicó que el acto legislativo 01 de 2017
determinó que la reparación de las víctimas del conflicto armado es un asunto de
interés público, razón por la cual no procede la condena en costas.

Así las cosas, debe aplicarse la integralidad de la regla jurisprudencial fijada en la
SU-241 de 2024, conforme a la cual el juez administrativo debe tener “en
consideración la calidad de sujetos de protección constitucional reforzada” del actor
y su núcleo familiar. Conforme la Sentencia de unificación, esta condición “daba
lugar a aplicar la excepción contemplada en el artículo 188 del CPACA”. Esto
además, pues el caso que se ventila busca el resarcimiento de las víctimas del
conflicto armado, y porque de las pruebas obrantes en el expediente no se
evidencia que sea una demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se
puedan desconocer los referidos límites”.
“(…)
“ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
(…)
“En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.
30 Reiterado en la Sentencia del 6 de diciembre de 2024, proferida por esta Subsección dentro del

radicado 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855). Se precisó: “la Corte Constitucional en su
determinación de unificación, SU-241/24 ha decidido que en este tipo de procesos se ventila un
interés público, de manera que al tenor de lo dispuesto en el art 188 del CPACA no procede la
condena en costas, aun habiendo prosperado parcialmente la alzada. Entiende de la Sala que el
criterio indicado por el legislador y que ordena aplicar la Corte en este tipo de asuntos cobija a todos
los sujetos interesados en el proceso, con independencia de su actuar en el mismo y el alcance y
sentido de las decisiones, de manera que no procede la condena en costas en la presente instancia”.

19

Radicación número: 05001-23-33-000-2017-00227-01 (67780)
Actor: María Adelina Atehortúa Ramírez y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

Con base en la anterior conclusión no resulta procedente la condena en costas a la
parte demandante, pues busca la protección y garantía de derechos humanos,
supuestamente vulnerados por hechos ocurridos “en el contexto del conflicto
armado”. El solo hecho de que las pretensiones de declaración de responsabilidad
patrimonial del Estado no prosperen, no hace que proceda la condena en costas,
pues lo que se resuelve es un asunto de interés público.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de septiembre de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala primera de Oralidad.

SEGUNDO: Sin lugar a costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Salvamento de voto

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto

VF

20

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