Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2018-00389-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Reparación directa: daños causados por terceros derivados de la ausencia de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2018-00389-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 47001-23-33-000-2018-00389-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
19 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545)
Actor: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y
otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
REPARACIÓN DIRECTA – Daños causados por terceros derivados de la ausencia de
protección por parte de la Fuerza Pública – DESPLAZAMIENTO FORZADO -
CADUCIDAD – Tratándose de víctimas de desplazamiento forzado el término de
caducidad debe iniciar desde que dicha condición cesó o desde cuando pudieron acceder
a la Administración de Justicia.
Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por el Ejército y
la Policía Nacional contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
Se demanda la reparación de los daños causados por la muerte de dos
ciudadanos, el hurto de sus bienes y el desplazamiento forzado del que fueron
víctimas tras los hechos ocurridos el 5 de junio de 2002, cuando miembros de un
grupo al margen de la ley ingresaron a los predios denominados “La isla” y
“Televisor”, ubicados en los corregimientos Las Canoas de los municipios de
Pivijay y Chivolo, Magdalena, respectivamente.
I. SENTENCIA APELADA
1. Mediante sentencia proferida el 17 de junio de 2020, el Tribunal Administrativo
de Magdalena accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda instaurada
el 22 de noviembre de 20181 por el señor Medardo Rafael Suárez Molinares -hijo
y hermano de los occisos-, su esposa Elmira Rosa Cervantes Meriño y sus hijos
Manuel José y Julio César Suárez Cervantes, Nivaldo Rafael y Arnulfo José
Suárez Meriño, en contra del Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía
Nacional y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -en
1
Folio 199 del cuaderno 1.
1
Radicación número: 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545)
Actor: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
adelante UARIV-, a causa de la muerte de los señores Manuel Antonio Suárez
Ramírez y Marco Fidel Suárez Parra, el hurto de los bienes de propiedad del
primero de ellos y el desplazamiento forzado del que fueron víctimas los aquí
demandantes. En esta decisión el a quo, tras encontrar responsable al Ejército y
a la Policía Nacional por los hechos referidos, los condenó a pagar indemnización
por concepto de perjuicios morales, por afectación a bienes constitucional y
convencionalmente protegidos y por daño emergente, efectuando una condena
en abstracto por este último aspecto2.
2. A través de esta sentencia se decidió la demanda cuyos supuestos fácticos,
probatorios y de derecho, son los siguientes:
3. Los accionantes indicaron que el señor Manuel Antonio Suárez Ramírez era
propietario de las fincas “La isla” y “Televisor”, de 52 y 200 hectáreas, ubicadas
en los corregimientos Las Canoas de los municipios de Pivijay y Chivolo,
Magdalena, respectivamente.
4. Afirmaron que el 5 de junio de 2002, aproximadamente a la 1:00 p.m., miembros
del bloque norte de las autodefensas ingresaron a la finca “La Isla”, en la que se
encontraba el señor Medardo Rafael Suárez, quien después de ser torturado fue
obligado a recoger el ganado y todo lo que su padre tenía en esos predios. Al
mismo tiempo, su hermano Marco Fidel y su padre Manuel Antonio eran torturados
en la finca “Televisor”, situación que le era comunicada por radio al primero de
ellos con el objetivo de que informara sobre el dinero que había recibido su padre
por la venta de leche y de los terneros de engorde.
5. Explicaron que después de la brutal tortura y muerte de los señores Marco Fidel
y Manuel Antonio, los integrantes de ese grupo criminal procedieron a hurtar el
ganado y las cosas que se encontraban en tales viviendas, bienes que al ser
trasladados por la vía pública, pasaron desapercibidos por la fuerza pública que
se encontraba en esa zona.
2
Como indemnización se pidió, por perjuicios materiales en favor de los demandantes: i) $1.325’000.000,
consistentes en el avalúo de las dos fincas -denominadas el televisor y la isla- que fueron despojados; ii)
$100’000.000 relativos al avalúo de las tres casas -una vivienda en cada finca y la que se encontraba en el
casco urbano- de las que fueron despojados; iii) $459’000.000, que corresponden al valor de las 306 que les
fueron hurtadas; iv) $5.755’474.697, consistentes en el “valor promedio como daño futuro por víctima,
teniendo de presente la esperanza de vida (…) y que eran unas personas productivas (…) $1.475’063.329,
por Manuel Antonio Suárez Ramírez y $4.280’411.368, por Marco Fidel Suárez Parra”.
Además, se solicitó: i) “perjuicios morales causados por el homicidio” la suma de 100 SMLMV, para cada uno
de los demandantes; ii) “perjuicios morales por el desplazamiento”, el equivalente a 50 SMLMV, en favor de
cada uno de los actores.
Finalmente, se pidió: i) “por daño a la vida de relación o a la salud, por el homicidio y por el desplazamiento
forzado por la omisión de la Policía y el Ejército Nacional”; un monto de 100 SMLMV para cada uno de los
accionantes; ii) “daños psicológicos producidos a Medardo Rafael Suárez Molinares por el homicidio y
desplazamiento”, un valor de 40 SMLMV; iii) “daños producidos a Medardo Rafael Suárez Molinares por las
torturas”, 30 SMLMV; iv) “indemnización administrativa a cargo de la UARIV”, el equivalente a 27 SMLMV,
para cada uno de los actores, quienes fueron reconocidos como víctimas del desplazamiento; v) “daños
morales por el no pago de la indemnización administrativa contra la UARIV”, 50 SMLMV, para cada
accionante.
2
Radicación número: 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545)
Actor: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
6. Señalaron que los insurgentes al salir de la finca “La Isla” amenazaron al señor
Medardo Rafael y a los trabajadores que se encontraban en ese lugar,
advirtiéndoles que debían abandonar inmediatamente esos predios, los cuales
quedaron en manos del hijo de alias Sonia, Nicolás Enoc Paternina Soto.
7. Agregaron que con el fin de recuperar sus inmuebles, los demandantes
promovieron un proceso de restitución de tierras ante la Procuraduría Ambiental y
Agraria del Magdalena y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas; sin embargo, ante las amenazas que
recibieron por este aspecto se vieron en la imperiosa necesidad de desistir de su
trámite.
8. Concluyeron que se configuró una falla del servicio por omisión, toda vez que
a pesar de que las demandadas tenían conocimiento de la alteración del orden
público en esa zona, omitieron adoptar las medidas de protección y seguridad
necesarias para salvaguardar su vida, integridad y bienes, circunstancia que
comprometía su responsabilidad patrimonial.
La defensa
9. El Ejército Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda, para cuyo
efecto propuso las excepciones de: i) caducidad del medio de control, dado que
los hechos objeto de controversia acaecieron el 5 de junio de 2002, por lo que el
término para ejercer el presente medio de control había transcurrido ampliamente
y, ii) falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto que de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 217 de la Constitución Política, su función primordial no
era la de prestar protección a los particulares, sino la de defender la soberanía del
territorio nacional.
10. Agregó que los hechos narrados en la demanda develaban la configuración
de la eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, pues los daños
alegados fueron perpetrados por miembros de un grupo paramilitar que operaba
en el centro del Magdalena, razón por la cual no existía un nexo causal entre el
daño alegado -muerte, desplazamiento, y hurto- y la conducta -activa u omisiva-
desplegada por esa entidad3.
11. A su turno, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
señaló que la pretensión dirigida al reconocimiento de perjuicios morales por el no
pago de la indemnización administrativa no tenía vocación de prosperidad porque,
al tratarse de un mecanismo de reparación establecido dentro de la política pública
de atención y reparación integral a las víctimas, no podía considerarse como una
3
Folios 227 a 242 del cuaderno 1.
3
Radicación número: 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545)
Actor: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
obligación clara, expresa y exigible y mucho menos podía comportar la generación
de un perjuicio moral.
12. Respecto del cómputo de la caducidad, manifestó que cuando se trata de
población desplazada por el conflicto armado interno, la Corte Constitucional, en
sentencia SU 254 de 2013, manifestó que las víctimas contaban con dos años
siguientes a la ejecutoria de esa decisión para ejercer el medio de control de
reparación directa -23 de mayo de 2015-, pero como la parte actora radicó la
demanda el 22 de noviembre de 2018, resultaba evidente su extemporaneidad.
13. Al lado de lo anterior, consideró que como en el sub lite no se acreditó un nexo
causal entre esa dependencia, la muerte de los señores Marco Fidel Suárez y
Manuel Antonio y el desplazamiento de los aquí demandantes, se debía declarar
su falta de legitimación en la causa4.
14. Por su parte, la Policía Nacional sostuvo que en el presente asunto había
operado el fenómeno jurídico de la caducidad, pues bajo los parámetros
establecidos en la jurisprudencia constitucional -SU 254 de 2013-, la parte actora
contaba hasta el 23 de mayo de 2015 para promover el derecho de acción, pese
a lo cual procedió de conformidad por fuera de ese término.
15. Respecto de los hechos debatidos, manifestó que no era posible concluir que
esa institución hubiera omitido sus deberes de protección y cuidado frente a los
ciudadanos, comoquiera que la muerte de los señores Manuel Antonio y Marco
Fide fue perpetrada de forma imprevisible por grupos al margen de la ley que
operaban en esa zona; además, en su base de datos no reposaba ningún
documento que evidenciara alguna amenaza de muerte o extorsión en contra de
los hoy occisos ni tampoco una solicitud de protección que hubieran formulado
ante dicho ente5.
16. Luego de surtirse el debate probatorio6, en la oportunidad para alegar, las
entidades accionadas reiteraron los argumentos alusivos a la configuración de las
4
Folios 243 a274 del cuaderno 1.
5
Folios 340 a 359 del cuaderno 1.
6
En la audiencia inicial llevada a cabo el 17 de junio de 2019 (folios 388 a 391 ibidem), el Tribunal decretó las
siguientes pruebas: Documentales: i) conciliación extrajudicial; ii) derecho de petición del 12 de julio de 2017,
en el que se solicita indemnización administrativa; iii) oficio No. 2016112210385172 del 22 de noviembre de
2016 expedido por la Unidad para las Víctimas; iv) Resolución No. 2014-407433 de 2014, proferido por la
UARIV; v) formato a respuesta a peticionario, expedido el 11 de septiembre de 2017 por la UARIV: vi) denuncia
formulada por Medardo Suarez el 3 de febrero de 2012; vii) certificado de entrega de restos humanos; viii)
registro de versiones libres rendidas por integrantes de organizaciones criminales ante la Fiscalía Treinta y
Uno Delegada ante el Tribunal de Justicia Transicional; ix) copia de artículo periodístico sobre la muerte de
los señores Marco Fidel y Manuel Antonio Suárez; x) acta de audiencia pública celebrada el 2 de febrero de
2010, por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Santa Marta; xi) registro civil de defunción del señor
Manuel Antonio; xii) certificado de expectativa de vida expedido por el DANE; xiii) registro notarial de control
de hipotecas de las fincas denominadas La isla y El televisor; xiv) certificado de tradición y libertad del predio
bajo matricula inmobiliaria No. 226-1110; xv) orden de comunicación No. OM1174 del 16 de junio de 2015,
expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas; xvi) registros
4
Radicación número: 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545)
Actor: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
excepciones propuestas7. A su turno, la parte actora insistió en la responsabilidad
patrimonial de las demandadas al no haber adoptado las medidas de seguridad y
protección pertinentes para salvaguardar la vida, integridad y bienes de las
personas que residían en las zonas en las que ocurrieron los hechos, en las cuales
la situación de orden público había sido alterada por grupos al margen de la ley8.
17. El Ministerio Público guardó silencio.
La decisión
18. El Tribunal, después de hacer un recuento jurisprudencial sobre el cómputo
de caducidad en eventos en los que se discute la responsabilidad del Estado por
daños derivados de delitos de lesa humanidad, señaló que en el sub lite no operó
dicho fenómeno jurídico procesal, habida cuenta de que las pruebas que militaban
en el proceso develaban que en razón de las amenazas que sufrieron los
demandantes por parte de una organización criminal, aquellos no pudieron acudir
dentro del término legal a impetrar la respectiva acción indemnizatoria, por lo que
resultaban inaplicables los plazos establecidos en la ley procesal para el ejercicio
oportuno del medio de control. Como hechos concretos que les impidió acudir a
demandar, señaló que las versiones libres rendidas en el marco de la justicia
transicional evidenciaban que el señor Martín Suárez -hijo y hermano de los
occisos, iba a ser asesinado por denunciar los hechos luctuosos de los que fueron
víctimas.
19. En cuanto al fondo el asunto, arguyó que para la época de los hechos las
fuerzas militares tenían pleno conocimiento del alcance y métodos de violencia
utilizados por los grupos al margen de la ley que operaban en el centro del
Magdalena y, pese a ello, tanto la Policía como el Ejército Nacional omitieron
adelantar operativos necesarios para garantizar la seguridad de los residentes de
esa región, lo cual desencadenó en la muerte de los señores Manuel Antonio y
Marco Fidel Suárez, el desplazamiento de sus familias y el hurto de los bienes que
se encontraban en las fincas denominadas “La Isla” y “Televisor”.
civiles de nacimiento y cédulas de los aquí demandantes; xvii) certificados de paz y salvo de impuesto predial;
xviii) valoración psicológica realizada al señor Medardo Suárez el 17 de julio de 2017; xix) oficio No. 1815
proferido el 5 de marzo de 2019 por el Batallón de Infantería Mecanizado No. 5; xxi) ordenes de operaciones
del Ejército Nacional; oficio No. 011255 del 11 de marzo de 2019, expedido por el Comandante del
Departamento de Policía de Magdalena; xxii) minuta de servicio de la Estación de servicio de Policía de Pivijay
del 2002; xxiii) oficio No. S-2019-004897 del 11 de febrero de 2019 proferido por la UARIV. Folios 87 a 199,
325 a 333, 361 a 366 del cuaderno 1.
Testimoniales: Jhon Jairo Cervantes Meriño y Adolfo Pacheco Carranza. Folio 474 del cuaderno 1.
Finalmente, ofició: i) a la Fiscalía 31 ante el Tribunal de Justicia Transicional para que allegara las versiones
libres rendidas por Miguel Ramon Posada Castillo, Lino Contreras, alias Codazzi, alias Alfredo y alias
Condorito. Folio 431 del cuaderno 1.
7
Folios 477 a 502 del cuaderno 1.
8
Folios 504 a 522 del cuaderno 1.
5
Radicación número: 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545)
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Referencia: Medio de control de reparación directa
20. Tras encontrar acreditada la responsabilidad de las mentadas entidades, las
condenó a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de 100 SMLMV en
favor de los señores Medardo Suárez y Elmira Rosa Cervantes y 50 SMLMV para
los demás accionantes; asimismo, ordenó reconocer a título de “afectación a
bienes constitucional y convencionalmente protegidos” el equivalente a 70
SMLMV en favor de los señores Medardo Suárez y de su esposa.
21. En igual sentido, afirmó que debido a que en el proceso no se acreditó el
número de semovientes que fueron hurtados de los predios de propiedad del
señor Manuel Antonio por parte de ese grupo insurgente, resultaba procedente
efectuar una condena in genere a título de daño emergente.
22. En línea con lo anterior, indicó que no había lugar a reconocer indemnización
por la pérdida de la titularidad de los inmuebles controvertidos y por las sumas
que aparentemente los actores dejaron de percibir con ocasión de la muerte de
sus familiares, en tanto que, por un lado, no probaron que la propiedad de esos
predios se encontraba en cabeza de Manuel Suárez y, de otro, no acreditaron que
dependían económicamente de aquellos.
23. Finalmente, negó la pretensión dirigida en contra de la UARIV por el no pago
de la indemnización administrativa, por considerar que el medio de control de
reparación directa ejercido en esta oportunidad no era el idóneo para su pago o
exigencia9.
II. LOS RECURSOS INTERPUESTOS
24. En su apelación, el Ejército Nacional cuestionó el hecho de que el a quo no
hubiese analizado la excepción del hecho de un tercero formulada en la
contestación de la demanda, la cual, en su sentir, se encuentra configurada por
cuanto el deceso de los señores Manuel Antonio y Marco Fidel tuvo su génesis en
los actos violentos perpetrados por un grupo al margen de la ley, hecho que, en
todo caso, le resultó imprevisible.
25. Además de lo anterior, indicó que el daño también resultó irresistible, toda vez
que para el año 2002, no existían las capacidades logísticas y de pie de fuerza
necesarias para garantizar la presencia de esa entidad en cada uno de los sectores
del departamento del Magdalena; ello, debido al conflicto armado que se estaba
viviendo a nivel nacional y a que muchos de sus uniformados se encontraban en
la zona de distensión que había sido decretada por el entonces Presidente de la
República mediante Resolución No. 85 del 14 de octubre de 1998.
9
Folios 548 a 573 del cuaderno del Consejo de Estado
6
Radicación número: 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545)
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Referencia: Medio de control de reparación directa
26. Por otro lado, reprochó la decisión del a quo en punto al análisis efectuado
frente a la caducidad del medio de control, pues el cómputo de los dos años
establecidos en el artículo 164 del CPACA, deben contabilizarse desde la muerte
de los señores Manuel Suárez Ramírez y Maro Suárez Parra ocurrida el 5 de junio
de 2002 a manos de miembros del bloque norte de las Autodefensas Unidas de
Colombia -AUC-.
27. No obstante lo anterior, arguyó que en el evento de que se considerara que el
conteo de la caducidad deba realizarse desde una fecha posterior a la ocurrencia
de los hechos, ante la supuesta imposibilidad que tuvieron las víctimas para acudir
a la administración de justicia, el plazo establecido por la ley debía iniciar a partir
del 13 de junio de 2012 o del 16 de junio de 2015, dado que en tales fechas los
hoy demandantes emprendieron acciones legales en contra de las AUC, con la
finalidad de obtener la restitución de los predios “La isla” y “Televisor”.
28. Sobre esa base precisó que aún si se tomara la última fecha de la actuación
adelantada por los accionantes, el medio de control incoado se encuentra
caducado, en tanto que el plazo de los dos años establecidos en la norma fenecía
el 16 de junio de 2017 y la parte actora radicó la demanda el 22 de noviembre de
201810.
29. A su turno, la Policía Nacional señaló que contrario a lo afirmado por el a quo,
los elementos de convicción que reposan en el expediente daban cuenta de la
configuración del hecho de un tercero, por cuanto los asesinatos, el hurto y el
desplazamiento forzado fueron perpetrados por miembros de una organización
criminal que operaba en jurisdicción del Magdalena, lo cual resultó imprevisible
para dicha entidad.
30. Con todo, indicó que los miembros de la fuerza pública realizaban constantes
patrullajes en el sector con la finalidad de prestar seguridad a sus habitantes, lo
cual no solo devela que su actuación no fue ausente u omisiva, sino que también
acredita que esa institución no fue cómplice de las conductas luctuosas; además,
las pruebas aportadas al proceso no demuestran una situación de notoriedad y
público conocimiento de un peligro que hubiera enfrentado el señor Manuel
Antonio y, que, por ende, necesitara un esquema de protección para salvaguardar
su vida, integridad y bienes.
31. Seguidamente, puso de presente que la jurisprudencia de esta Corporación ha
señalado que el reconocimiento de los perjuicios morales no está supeditado a la
simple verificación de la relación de parentesco de los demandantes, sino que el
mismo depende de las características mismas del daño, el grado de afectación en
el caso de cada accionante, su gravedad y extensión.
10
SAMAI, índice 47.
7
Radicación número: 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545)
Actor: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
32. Finalmente, señaló que no debía ser condenada en costas, en tanto que esa
entidad no actuó con temeridad al interior de este proceso11.
33. En el término para alegar de conclusión en segunda instancia12, El Ejército
Nacional13 y la parte actora14 reiteraron los argumentos esbozados a lo largo del
proceso. A su vez, la UARIV15 solicitó confirmar la decisión de primera instancia,
tras no evidenciarse una relación sustancial entre su conducta y los daños cuyo
resarcimiento se persigue.
34. En su concepto, el Ministerio Público solicitó confirmar la decisión de primera
instancia. De manera previa señaló que en el presente asunto no había operado
la excepción de caducidad propuesta por el Ejército Nacional, pues los actores
demostraron las circunstancias que les impidieron ejercer el derecho de acción
dentro de los 2 años siguientes a la ocurrencia del hecho, en tanto que de los
testimonios practicados en este proceso y las versiones libres rendidas en el marco
de la justicia transicional, era dable concluir que aun en el año 2017, las fincas
“Televisor” y “La Isla” continuaban siendo ocupadas por integrantes de una
organización criminal.
35. En cuanto al fondo del asunto, aseveró que se probó la falla en el servicio en
la que incurrieron el Ejército y la Policía Nacional, pues a pesar de que sus
miembros no participaron directamente en la incursión delictiva realizada el 5 de
junio de 2002 en los inmuebles "Televisor" y "La Isla”, se demostró que esas
entidades omitieron su deber constitucional de salvaguardar la seguridad y el
orden público en el corregimiento Las Canoas de los municipios de Chivolo y
Pivijay, dado que previo a la materialización de los hechos controvertidos, tenían
pleno conocimiento sobre las amenazas que ejercían paramilitares sobre esa
población16.
36. La Policía Nacional guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
37. Surtido el trámite procesal sin que se observe causal de nulidad o vicio que
impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver los recursos interpuestos.
Problema jurídico
11
SAMAI, índice 48.
12
Folio 186 del cuaderno del Consejo de Estado.
13
SAMAI, índice 17.
14
SAMAI, índice 16.
15
SAMAI, índice 15.
16
SAMAI índice 18.
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Radicación número: 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545)
Actor: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
En los términos del recurso de apelación, el análisis de la Sala se circunscribe a
verificar si el medio de control impetrado se presentó dentro de la oportunidad
prevista para tal fin. De verificarse que se ejerció oportunamente, se procederá a
analizar la acreditación de los elementos de la responsabilidad estatal deprecada
por la supuesta falla del servicio de seguridad y protección imputable a la Policía
y al Ejército Nacional.
Análisis de caducidad del medio de control
38. La figura de la caducidad y su eventual configuración corresponde a un
presupuesto del derecho de acción que se torna invariable, irrenunciable e
insubsanable, sujeto únicamente a la ocurrencia del hecho definido en la ley y el
consecuente paso del tiempo y que, por tanto, debe ser analizado por el juez al
momento de dictar sentencia como verificación de un elemento esencial y
preexistente para poder decidir el fondo del asunto, no solo al haber sido
planteado como excepción por los demandados, sino que incluso es susceptible
de ser analizado y advertido de manera oficiosa,17 tal como lo dispone el artículo
187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo18 -aplicable al presente asunto-.
39. Respecto de la caducidad de las acciones ejercidas ante esta jurisdicción, el
literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, prevé que el medio
de control de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos (2) años
contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho que daba lugar
al daño por el que se demanda la indemnización para intentar la acción de
reparación directa, período que, una vez vencido, impide solicitar la declaratoria
de responsabilidad patrimonial del Estado.
40. En lo concerniente a la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad y, en general, de
cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial al Estado, esta Sección unificó su jurisprudencia en el sentido de
concluir que en este tipo de casos también resulta exigible el término de caducidad.
17
Al respecto, esta Corporación ha precisado lo siguiente: “Este entendimiento del principio de congruencia y
de los límites competenciales del ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de
manera que si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos
los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a
ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de
pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión
de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción,
aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la
providencia censurada” (subrayas fuera de texto). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de
abril de 2018, expediente número 46.005. M.P. Danilo Rojas Betancourth:
18
“(…) En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones
de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.”
9
Radicación número: 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545)
Actor: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
En ese sentido, señaló que las normas que regulan la regla de la caducidad son
aplicables a todos los asuntos de reparación directa al margen de que se trate de
delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra, pues ni el CCA ni el CPACA
establecen una regla especial frente a estas conductas, salvo lo referente al delito
de desaparición forzada19.
41. Sobre el inicio del cómputo del derecho a accionar en sede de reparación
directa, la jurisprudencia de esta Sección ha identificado dos momentos, así: i) a
partir del día siguiente a aquél en el que ha sucedido la conducta u omisión
generadora del daño antijurídico; o, ii) desde cuando el afectado tuvo conocimiento
de este suceso20; sin embargo, con criterios de unificación, la Sección Tercera21,
en lo que se refiere a las acciones en las que se alegan daños relacionadas con
conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra -por
ejemplo, el desplazamiento forzado-, precisó que, incluso en estos eventos los
términos de caducidad están llamados a ser atendidos y deben ser contabilizados
a partir del momento en el que el interesado sabía o tuvo la oportunidad de advertir
que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser
demandado en los términos artículo 90 de la Constitución Política -criterio que no
aplica para los casos de desaparición forzada, cuya regla de caducidad tiene
previsión normativa especial-22.
42. Al lado de lo anterior, esta Sección ha precisado que el mentado plazo no
resulta exigible cuando se advierta que la no comparecencia ante la administración
de justicia se encuentra justificada por razones materiales -entendidas como
aquellas que impiden agotar las actuaciones necesarias para la presentación de la
demanda-, por manera que el paso del tiempo no puede empezar a correr mientras
subsistan dichas situaciones especiales, por lo que una vez superadas, empezará
a efectuarse el cómputo del término establecido en la ley23.
43. En los casos como el aquí analizado en los que también se involucran
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del
29 de enero de 2020, expediente 61.033.
20
“Por otra parte, el segundo evento de cómputo de la caducidad ha sido estructurado a partir de un criterio
de cognoscibilidad, y tiene lugar cuando el hecho dañoso pudo haberse presentado en un momento
determinado, pero sus repercusiones se manifestaron de manera externa y perceptible para el afectado
solamente hasta una ulterior oportunidad, de modo que el término de caducidad se computa desde cuando el
daño se hizo cognoscible para quien lo padeció”. Ver, Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 13
de febrero de 2015. Exp. 31.187.
21
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 29 de enero de 2020, expediente: 61.033,
con criterios de unificación
22
“Por otra parte, el segundo evento de cómputo de la caducidad ha sido estructurado a partir de un criterio
de cognoscibilidad, y tiene lugar cuando el hecho dañoso pudo haberse presentado en un momento
determinado, pero sus repercusiones se manifestaron de manera externa y perceptible para el afectado
solamente hasta una ulterior oportunidad, de modo que el término de caducidad se computa desde cuando el
daño se hizo cognoscible para quien lo padeció”. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 13 de
febrero de 2015, exp. 31.187.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del
29 de enero de 2020, exp. 61.033.
10
Radicación número: 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545)
Actor: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
conductas ligadas al desplazamiento forzado, esta Sección, en recientes
pronunciamientos, ha señalado que, si bien la situación de desplazamiento
evidencia un daño de carácter continuado, lo cierto es que los cómputos de
caducidad no pueden quedar indefinidos en el tiempo. Así, acogiendo lo dispuesto
en el artículo 18 de la Ley 387 de 199724, de conformidad con el cual, “la condición
de desplazado forzado por la violencia cesa cuando se logra la consolidación y
estabilización socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o en las zonas de
reasentamiento25”, determinó que el cómputo de la caducidad en esos eventos
debe partir del momento en que el daño cesa, es decir, desde: (i) la ejecutoria del
fallo definitivo adoptado en el proceso penal seguido por esos hechos; (ii) la fecha
del retorno o restablecimiento de las víctimas al lugar de origen; o (iii) cuando estén
dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno,
independientemente de que los afectados procedan o no de conformidad26.
44. La jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que un criterio atendible y que
tiene incidencia en el cómputo del término de caducidad en desplazamiento
forzado, es el que en el evento de que los afectados hubiesen podido reasentarse
o arraigarse en otro lugar, pues tal circunstancia lo posibilita para acceder a la
administración de justicia27.
45. Para el sub examine, la parte actora solicitó la declaratoria de responsabilidad
de las autoridades demandadas con motivo de la falla en el servicio que dio lugar
a la muerte de los señores Marco Fidel y Manuel Antonio, el hurto de los bienes de
propiedad de este último y el desplazamiento forzado al que se vieron obligados
los demandantes con ocasión de los hechos acaecidos el 5 de junio de 2002,
cuando un grupo paramilitar incursionó en las fincas “Televisor” y “La isla”, ubicadas
en el corregimiento La Canoas de los municipios de Pivijay y Chivolo, Magdalena.
46. En el fallo de primera instancia, el a quo, a pesar de que en el escrito inicial no
se planteó o alegó imposibilidad alguna para acudir a la administración de justicia
por cuenta de las aparentes amenazas de las que habrían sido objeto los
demandantes por parte de las AUC, analizó dicho aspecto y concluyó que dadas
las amenazas de las que eran objeto los actores, resultaban inaplicables los plazos
establecidos para el ejercicio oportuno del medio de control. Lo anterior fue
controvertido por el Ejército Nacional en el recurso de alzada, tras considerar que
las pruebas que militan en el proceso evidencian que los actores no estuvieron
24
Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección,
consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en Colombia.
25
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2023, exp. 62.866.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20 de noviembre de 2023, exp. 65.916.
26
Ver entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A, sentencia del 3 de febrero de 2023, exp. 55.845
27
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2023, exp. 62.866.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20 de noviembre de 2023, exp. 65.916,
entre otras.
11
Radicación número: 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545)
Actor: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
impedidos para adelantar diversas actuaciones administrativas y judiciales para
solicitar la protección de sus derechos y el resarcimiento de los daños que les
fueron causados a raíz de los hechos ocurridos el 5 de junio de 2002.
47. Con base en lo anterior y con el objetivo de adoptar una decisión frente al
aspecto que delimita el problema jurídico, la Sala recapitulará, en cuanto importa,
los siguientes hechos cuya prueba milita en el expediente de cara al cómputo de la
caducidad del presente medio de control.
48. Al respecto, encuentra la Sala que respecto de los hechos ocurridos el 5 de
junio de 2002 en los predios “La Isla” y “Televisor”, relativos a los homicidios de su
padre y hermano28 y el desplazamiento al que él y su familia fueron forzados por
parte de las AUC, en el proceso se acreditó que solo hasta el 3 de febrero de 2012,
el señor Medardo Rafael Suárez Molinares puso en conocimiento de la Fiscalía
Delegada ante el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla tales hechos, denuncia
en la cual manifestó tuvo que trasladarse del municipio de Pivijay, Magdalena, al
municipio de Soledad, Atlántico. Sobre el particular manifestó lo siguiente29 (se
transcribe literal):
“Mi hermano Marcos Fidel Suárez, salió con su cuñado menor de edad para
la finca el Televisor, al rato regresó dejando al menor de edad para acudir a
una cita con los paramilitares, se fue con alias condorito de las AUC,
subalterno de alias Codazzi otro paramilitar hacia la finca la finca donde lo
obligaron a entregar todo el ganado asesinándolo después. Al mismo tiempo
lo mismo sucedía con mi papá Manuel Antonio Suárez en la finca La Isla que
después de robarle todo fue asesinado por compañeros de ese mismo grupo.
Yo me encontraba amarrado en el baño de la finca La Isla con un trabajador,
hasta cuando mi madrastra pudo soltarnos, al día siguiente me vine para
Barranquilla”.
49. Como consecuencia de los mentados hechos de los que fueron víctimas los
aquí demandantes, el 29 de marzo de 2012, el señor Medardo Suárez acudió a la
Defensoría Regional de Barranquilla para rendir declaración sobre esos hechos
luctuosos, con el objetivo de ser incluido en el Registro Único de Víctimas -en
adelante RUV-30.
50. También se probó que en el marco del proceso penal especial de que trata la
28
Lo cual se acredita con el registro civil de defunción de los occisos, el certificado de entrega de restos
humanos expedido por la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz el 23 de mayo de 2012. Folios
104 y 136 del cuaderno 1.
29
Tal como se desprende del formato de registro de hechos atribuibles a grupos al margen de la ley No.
437479, expedido por la Fiscalía Delegada Folios 100 a 102 del cuaderno 1.
30
Tal como se desprende de la información contenida en la Resolución No. 2014-407433 del 4 de marzo de
2014 expedida por la UARIV. Folios 93 a 96 del cuaderno 1.
12
Radicación número: 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545)
Actor: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Ley 975 de 200531, el 21 de enero de 2013, el señor Lino Antonio Torregrosa
Contreras, alias Lino, rindió versión libre ante la Fiscalía 31 Delegada ante el
Tribunal de Justicia Transicional de Santa Marta en la que señaló sobre los hechos
aquí controvertidos, que alias doña Sonia, quien después de los hechos tomó
posesión de una de las fincas del señor Manuel Antonio, le pagó $2’000.000 para
ubicar a Martín Suarez, quien sería asesinado por hombres al mando de esta
insurgente por haber “sapeado” (transcripción literal, con posibles errores
incluidos)32:
“(…) otra finca está pegada al corregimiento de las canoas, asesinaron al
señor y a un hijo de apellido Suárez, esta finca fue habitada por la señora
Neila Alfredina Soto Ruíz, conocida como doña Sonia o la sombrerona.
Recuerdo que estando en Barranquilla el negro Pertuz me preguntó si conocía
a Martín Suárez, me dijo que ubicara a Martín Suárez me dio dos millones de
pesos para ubicar al señor y que la señora Sonia lo quería matar. El señor se
había ido para Bogotá (…) no se puso hacer lo que se iba a hacer con el señor
porque el señor se fue para Bogotá, tengo entendido que la señora Sonia lo
había mandado a matar (…) porque estaba sapeando (…)”.
51. Posterior a ello, el 28 de octubre de 2013, el señor Medardo Suárez rindió
declaración ante la Defensoría Regional de Barranquilla -código AJ0000129197-,
en la que solicitó nuevamente su inclusión y la de otros familiares en el Registro
único de Víctimas – en adelante RUV-, en tal virtud, la UARIV, mediante Resolución
No. 2014-407433 del 4 de marzo de 2014, entre otras cosas, mantuvo la inclusión
del aludido demandante en el RUV, aclarando que no reconocería un nuevo hecho
victimizante de desplazamiento, por cuanto su versión versaba sobre los mismos
hechos rendidos el 29 de marzo de 201233.
52. Sobre este aspecto, es del caso precisar que, a pesar de que en la base de
datos del RUV se encontraba inscrito el núcleo familiar de Medardo Rafael Suárez
-integrado por su esposa Elmira Rosa Cervantes Meriño y sus hijos Manuel José y
Julio César Suárez Cervantes, Nivaldo Rafael y Arnulfo José Suárez Meriño-, la
UARIV no especificó desde qué momento se realizó dicha inclusión34.
53. Al lado de lo anterior, en el proceso se acreditó que, como se indicó en la
demanda, el 17 de octubre de 2003, el inmueble “Televisor” fue trasladado a
Nicolás Enoc Paternina Soto, hijo de alias Sonia35, por lo que los familiares de los
31
“Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados
al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos humanitarios”.
32
Folios 105 a 120 del cuaderno 1.
33
Ibidem.
34
Folios 246 y 247 del cuaderno 1.
35
Según se desprende de la versión libre rendida el 5 de octubre de 2007, por Rodrigo Tovar Pupo, alias
Jorge 40, en el marco del proceso penal especial de que trata la Ley 975 de 2005, en el cual manifestó: “(…)
alias doña Sonia puso la finca Televisión a nombre de un hijo de ella, Nicolás Paternina Soto”.
13
Radicación número: 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545)
Actor: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
occisos realizaron dos actuaciones tendientes a recuperar el dominio de ese
predio. Así se consignó en el certificado de libertad y tradición expedido el 13 de
junio de 2012, por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Plato,
Magdalena (transcripción literal, con posibles errores incluidos)36:
Anotación No. 1 Fecha: 3-5-1978 Anotación No. 3 Fecha: 20-11-
Documento: Sentencia del 10 de marzo de 1969. 2003
Juzgado Civil Municipal de Pivijay Documento: Escritura 160 Notaría
Especificación: Modo de adquisición – única de Chivolo
Prescripción extraordinaria Especificación: Falsa Tradición.
Personas que intervienen en el acto Compraventa de derechos y acción. 83
De: JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE PIVIJAY hectáreas
A: SUÁREZ RAMÍREZ MANUEL ANTONIO Personas que intervienen en el acto
De: SUÁREZ MOLINARES MEDARDO
SUÁREZ OSPINO MILENA PATRICIA
A: PATERNINA SOTO NICOLÁS
ENOC
Anotación No. 4 Fecha: 15-9-2006 Anotación No. 6 Fecha: 3-4-2007
Documento: Oficio 36000 del 27-7-2006 Documento: Oficio 01538 del
Procuraduría de Santa Marta 11/12/2007 Instituto Colombiano
Especificación: Medida cautelar. 0470 de Desarrollo Rural – INCODER de
Abstenerse de inscribir enajenaciones por Barranquilla
declaratoria de inminencia de riesgo o Especificación: Medida cautelar. 0470
desplazamiento forzado Prevención registradores abstenerse de
Personas que intervienen en el acto inscribir actos de enajenación o transferencia
De: PROCURADURÍA 13 JUDICIAL II a cualquier título de bienes rurales
AMBIENTAL Y AGRARIA DEL MAGDALENA Personas que intervienen en el acto
De: INSTITUTO COLOMBIANO DE
A: SUÁREZ RAMÍREZ MANUEL ANTONIO DESARROLLO RURAL - INCODER
A: SUÁREZ RAMÍREZ MANUEL ANTONIO
54. En línea con lo anterior, se acreditó que en el marco del proceso de gestión de
restitución de que trata la Ley 1448 de 2011- Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno-, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas, mediante orden de comunicación No. OM1147 del 16 de junio de
2015, informó que la Dirección Territorial del Magdalena expidió la Resolución 0230
del 1 de junio anterior en la que ordenó, entre otras cosas, comunicar ese acto
administrativo -en los términos del numeral 3 del artículo 2.15.1.4.1. del Decreto
1071 de 2015- a los propietarios, poseedores u ocupantes que se encuentren en
el predio objeto de registro ubicado en el municipio de Chivolo, departamento del
En ese mismo proceso, el 20 de febrero de 2008, se recepcionó “reporte de una víctima” realizado, quien
señaló: “debido a este hecho los familiares de la víctima se desplazaron a otra ciudad y estando en ese lugar
se enteran por intermedio de familiares que Milena Patricia Suárez (…) los señores Nicolás Enoc, hijo de alias
Sonia de las AUC le dieron la suma de $6’000.000 y la obligaron a firmar documentos de traspaso de ese
terreno”. Folios 105 a 120 del cuaderno 1.
36
Tal como se desprende del certificado de tradición y libertad del inmueble con matrícula No. 50S-64771,
expedido por la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de Bogotá el 22 de julio de 1999. Folios 177 y
178 del cuaderno 6.
14
Radicación número: 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545)
Actor: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Magdalena, denominado “Televisor”37.
55. Finalmente, se probó que el 12 de julio de 2017, el señor Medardo Suárez elevó
derecho de petición ante la UARIV, en el que solicitó que, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 5 del Decreto 1290 de 2008 y 156 de la Ley 1448 de
2011, le fuera reconocida la indemnización administrativa por los homicidios de su
padre y hermano, el desplazamiento forzado y la tortura de la que fue víctima 38. En
respuesta a lo anterior, esa entidad, en oficio No. 2017-72023191321 del 11 de
septiembre de 2017, le comunicó el trámite que debía realizar para acceder a tal
indemnización, la cual se entregaba de manera gradual y progresiva de acuerdo
con la disponibilidad anual de recursos39.
Sobre la caducidad respecto del homicidio de los señores Manuel Antonio
Suárez Ramírez y Marco Fidel Suárez Parra y el hurto de los bienes de
propiedad del primero de ellos
55. En cuanto concierne a este hecho, el término de caducidad de 2 años se debe
computar desde cuando los accionantes conocieron ese hecho dañoso y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial al Estado.
56. En punto a la imputación de responsabilidad por este suceso, en el libelo inicial
se sostuvo que la falla endilgada se sustentaba jurídicamente en la omisión del
deber constitucional e institucional de defender la vida y los bienes de los
ciudadanos, siendo responsables por la omisión de protección. En este sentido,
como lo que se alegó en la demanda fue la conducta omisiva de las entidades
demandadas en tanto no adoptaron ningún tipo de medidas que garantizaran la
seguridad de tales personas asesinadas y de sus bienes, pues a pesar de tenían
conocimiento de la alteración del orden público en esa zona, omitieron adoptar las
medidas de protección y seguridad necesarias, la contabilización de la caducidad
del medio de control debe iniciar desde el conocimiento de la omisión endilgada a
las demandadas, lo cual, por razón de las mismas afirmaciones y fundamento de
la demanda, coincide con el hecho dañoso que originó el presente litigio.
57. Así, se insiste, los actores advirtieron la posibilidad de imputar responsabilidad
patrimonial al Estado, desde el mismo 5 de junio de 2002, fecha en la que
ocurrieron los hechos, en la medida en que desde esa misma data los familiares
del señor Medardo Rafael Suárez Molinares conocieron de la concreción del riesgo
que alegan creado ante la omisión de las autoridades de cumplir sus obligaciones
de seguridad, pues según la demanda, fue ante la inactividad del Estado para
adoptar medidas de protección de la población civil, que ocurrieron los sucesos
37
Folios 145 y 146 del cuaderno 1.
38
Ibidem.
39
Folios 97 a 98 del cuaderno 1.
15
Radicación número: 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545)
Actor: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
por los que se reclama una reparación. No se trataba, entonces, de una omisión
puntual, asociada a una actuación específica de protección, o frente a un daño
atribuible al Estado por un hecho revelador conocido tiempo después.
58. Desde esa precisa fecha se contaba con los elementos de juicio para
demandar al Estado en ejercicio de la pretensión de reparación directa -con los
mismos argumentos que hoy se estudian-, por no haber adoptado las medidas
necesarias para garantizar la seguridad de la población civil en el las fincas “La
isla” y “Televisor”, ubicadas en los corregimientos Las Canoas de los municipios
de Pivijay y Chivolo, Magdalena, respectivamente, aun cuando las autoridades
demandadas tenían conocimiento de la situación de riesgo para la población.
59. De este modo, el término de caducidad empezó a correr a partir del 6 de junio
de 2002 y venció el 6 de junio de 2004; pero como la solicitud de conciliación
extrajudicial y la demanda se radicaron en 2018, resulta claro que ambas se
presentaron cuando el referido plazo legal ya se encontraba ampliamente vencido.
60. No obstante, la Sala no puede soslayar que los demandantes alegaron que
con ocasión del homicidio de su familiar debieron desplazarse forzadamente de
las fincas “La isla” y “Televisor”, ubicadas en los corregimientos Las Canoas de los
municipios de Pivijay y Chivolo, Magdalena, respectivamente, situación que por sí
misma da cuenta de un hecho que impidió acudir al aparato jurisdiccional del
Estado. En estas condiciones, la oportunidad para demandar por los dos hechos
dañosos -homicidio y desplazamiento- debe analizarse conjuntamente a la luz de
las disposiciones que se han definido sobre el acceso a la administración de
justicia de la población en situación de desplazamiento, tal como pasa a verse.
Análisis de caducidad del desplazamiento forzado
61. A pesar de la disparidad de los hechos probados relacionados, la Sala
encuentra acreditado que los demandantes probaron la condición de
desplazamiento forzado que alegaron en la demanda, en tanto que de la
información contenida tanto en la base de datos del RUV y en la Resolución del 4
de marzo de 2014, expedida por la UARIV, se evidencia que el señor Medardo
Rafael Suárez Molinares fue incluido en dicho registro como jefe de su núcleo
familiar; sin embargo, como se indicó, dicha condición por sí sola no obsta para
que hubieran podido acudir a la administración de justicia para ejercer la presente
acción.
62. Así, aunque en el escrito inicial los demandantes afirmaron que a raíz de las
amenazas de las que estaban siendo objeto tuvieron que desistir del proceso de
restitución de tierras que promovieron ante la Procuraduría Ambiental y Agraria de
Magdalena y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas, las pruebas que militan en el proceso no evidencian que las
16
Radicación número: 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545)
Actor: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
víctimas desistieron de dicho trámite; por el contrario, el certificado de tradición y
libertad expedido el 13 de junio de 2012, revela en la última anotación efectuada -
No. 6- que el 11 de diciembre de 2007, el Incoder insistió en la medida cautelar
decretada por la Procuraduría 13 Judicial II Ambiental y Agraria del Magdalena, en
la que ordenó abstenerse de inscribir actos de enajenación o transferencia a
cualquier título, por desplazamiento forzado.
63. Además, la orden de comunicación No. OM1147 del 16 de junio de 2015,
demuestra que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas, Dirección Territorial del Magdalena, continuó con las
actuaciones administrativas para la inclusión de víctimas y predios en el registro de
tierras despojadas y abandonadas forzosamente, ordenando comunicar a los
propietarios, poseedores u ocupantes que se encontraran en la finca el “Televisor”,
sobre la decisión adoptada en la Resolución 0230 de esa anualidad.
64. De igual forma, si bien la versión libre que rindió Lino Antonio Torregrosa
Contreras, alias Lino, demuestra que alias doña Sonia ofreció la suma de
$2’000.000 por ubicar a Martín Suárez, hermano de Medardo Suárez, con el
objetivo de asesinarlo porque “estaba sapeando”, lo cierto es que el deponente no
indicó la fecha en la que fue requerido para cometer ese acto luctuoso, sumado al
hecho de que los demandantes no acreditaron que, con ocasión de esa intimidación
efectuada en contra de su familiar -que no compareció a este proceso- aquellos
tuvieron que desistir del referido trámite o que se vieron impedidos para ejercer la
acción indemnizatoria ante esta jurisdicción en tanto que dicha coacción se hizo
extensiva a ellos.
65. Además, no demostraron cuál fue la causa por la cual el señor Martín Suárez
recibió esas intimidaciones, es decir, por haber denunciado los hechos materia de
controversia o por algún otra circunstancia, pues de la información contenida en la
audiencia pública celebrada el 2 de febrero de 2010 ante el Juzgado Penal del
Circuito Especializado de Santa Marta, en contra de alias doña Sonia, la señora
Milena Patricia Suárez Ospino -hija del occiso Marco Fidel-, frente a la pregunta de
los móviles de los homicidios, aseveró que “el comentario del pueblo es que están
conmovidos que no era justo que personas tan honestas pagara por una persona
llamada Martín Suárez que ni siquiera tuvo el valor de afrontar el problema” pues
“le hizo un atentado a alias Alfredo en el camino de flores de María en represalia
de eso y quien pagó por eso fue mi papá y mi abuelo”40.
66. De conformidad con lo expuesto, la Sala no advierte ninguna circunstancia de
la que se pueda inferir que a raíz de las supuestas amenazas, intimidaciones o
coacción que recibieron de manera directa o indirecta los aquí demandantes por
parte del bloque Norte de las AUC, se hubiesen visto imposibilitados para acudir a
40
Folios 126 a 132 del cuaderno 1.
17
Radicación número: 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545)
Actor: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
la administración de justicia para solicitar el resarcimiento de los daños que le
fueron causados por el homicidio de sus familiares, el hurto de sus bienes y el
desplazamiento al que se vieron forzados por cuenta de estos hechos. Por el
contrario, de los elementos de convicción allegados se advierte que el 3 de febrero
de 2012, el señor Medardo Rafael Suárez Molinares acudió ante la Fiscalía
Delegada ante el Tribunal de Justicia y Paz a poner en su conocimiento el homicidio
de su padre Manuel Antonio Suárez y su hermano Marco Fidel Suárez en manos
de las AUC y el desplazamiento forzado del que fue víctima por cuenta de los
hechos ocurridos el 5 de junio de 2002 en las fincas “La isla” y “Televisor”.
67. En este punto, es del caso precisar que si bien del certificado de libertad y
tradición del predio “Televisor” y de la orden de comunicación No. OM1147 del 16
de junio de 2015, se desprende que se estaba adelantando el trámite respectivo
para solicitar la restitución del mentado inmueble, lo cierto es que al no haberse
demostrado quién promovió dichas actuaciones no es posible tomar las fechas en
las que se realizaron las anotaciones o en la que se expidió el aludido oficio para
efectuar el conteo de la caducidad.
68. En estas condiciones, como se advierte, al menos desde el 3 de febrero de
2012, los demandantes se hallaban en posibilidad de acceder a la administración
de justicia para demandar el reconocimiento de perjuicios por los hechos relatados,
en ese sentido, el término para demandar en ejercicio del medio de control de
reparación directa empezó a correr a partir del 6 de febrero de esa anualidad -día
hábil siguiente- y venció 6 de febrero de 2014, por manera que como la demanda
se presentó el 22 de noviembre de 2018, resulta evidente su extemporaneidad,
máxime si se tiene en cuenta que la solicitud de conciliación extrajudicial se radicó
el 30 de agosto de 201841, esto es, cuando ya había fenecido el término para el
ejercicio oportuno del medio de control.
69. Adicionalmente, la Sala advierte que, si bien no consta que para la fecha de
presentación de la demanda los familiares del señor Medardo Rafael Suárez
Molinares hubieran retornado al territorio del que debieron desplazarse, de los
medios de prueba allegados se advierte que luego de los hechos, el núcleo familiar
del señor Suárez Molinares se estableció en la ciudad de Barranquilla, desde
donde impetraron acciones para el acceso a reparaciones administrativas y el
reconocimiento de subsidios y apoyos económicos, e incluso denunciaron ante la
Fiscalía los hechos relacionados con el homicidio, circunstancias que vislumbran
que los demandantes estaban en la posibilidad de demandar para pretender una
reparación judicial; es decir que no existió una situación que objetivamente les
impidiera el acceso material a la administración de justicia.
70. Sin perjuicio de lo anterior, ante la complejidad fáctica de este tipo de casos, la
41
Folios 87 y 88 del cuaderno 1.
18
Radicación número: 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545)
Actor: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Sala no puede dejar de anotar que la Corte Constitucional, en sentencia SU-254
del 24 de abril de 2013, decidió que para efectos de la caducidad de futuros
procesos judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los
términos de caducidad de las acciones que involucraran a la población desplazada,
sólo podría computarse a partir de la ejecutoria de ese fallo, por lo que aun
aplicando tal regla jurisprudencial, en el sub examine la pretensión se encuentra
caducada, pues la mencionada sentencia fue notificada el 19 de mayo de 201342
y, por ende, quedó en firme el 22 de esos mismos mes y año43; por tanto, los aquí
demandantes habrían tenido hasta el 23 de mayo de 2015 para instaurar la
demanda, pero como se vio en precedencia, la solicitud de conciliación y la
demanda, se presentaron cuando ya el término se encontraba vencido.
71. En este punto, es del caso resaltar que esta Corporación ha dicho que le
corresponde a la parte interesada demostrar las situaciones excepcionales que
invoquen para efectos de justificar un conteo diferencial de caducidad, esto, en
aplicación de la regla general de carga de la prueba –quien afirma prueba-. Sin
embargo, en el presente caso, la parte demandante ni siquiera alegó, y mucho
menos acreditó la ocurrencia de una circunstancia que le hubiera impedido al señor
Medardo Rafael Suárez Molinares y a sus familiares, demandar en oportunidad
ante la imposibilidad de acceder materialmente a la administración de justicia; sin
embargo, ningún medio de prueba acredita que existiera alguna situación física,
minusvalía, de seguridad o de entorno social y económico, que hubiere podido
incidir en la supresión de la voluntad de los demandantes o de sus facultades y
derechos para acudir en tiempo ante la jurisdicción.
72. Finalmente, se estima necesario poner de presente que en este caso no se
expidió el auto de mejor proveer de que trata la sentencia SU-167 de 2003 de la
Corte Constitucional, habida cuenta de que de acuerdo con lo que quedó probado
los demandantes pudieron acceder a la administración de justicia desde el 3 de
febrero de 2012, cuando el señor Medardo Rafael Suárez Molinares acudió ante
42
Sobre la notificación de la mencionada sentencia, la Corte Constitucional, en auto 105 de 2014, manifestó:
“… actualmente no existe disposición alguna que establezca o señale un mecanismo unívoco por medio del
cual, el juez constitucional en sede de tutela deba notificar sus providencias.
“3.3. En tal virtud, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha podido concluir que, en principio, el juez de
tutela goza de gran libertad para elegir el medio que considere más expedito y eficaz para comunicar sus
providencias, siempre y cuando el mecanismo que elija para tales efectos sea suficientemente efectivo para
garantizar, como mínimo, el derecho de defensa del afectado y sea un verdadero instrumento de publicidad
de sus providencias.
“3.4. Conforme a lo expuesto, en casos de sentencias cuyos efectos son inter comunis, esta Corporación, al
margen de las notificaciones que en virtud del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 debe realizar el juez de
primera instancia, ha considerado como un mecanismo idóneo para comunicar sus fallos, la publicación de
un aviso en un diario de amplia circulación nacional.
“(…)
“En consecuencia, atendiendo al carácter inter comunis de la sentencia SU-254 de 2013 y considerando que
la Secretaría General de la Corte Constitucional, mediante publicación en el diario ‘El Tiempo’, el 19 de mayo
de 2013 dio a conocer a toda la comunidad, la existencia del fallo en comentario, reproduciendo en su
integridad su parte resolutiva, se tendrá esta fecha como el día en el cual fue notificada” (subrayado fuera del
texto original).
43
En concordancia con lo establecido en el artículo 331 del C.P.C.
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Radicación número: 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545)
Actor: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Justicia y Paz a poner en su conocimiento
el homicidio de su padre Manuel Antonio Suárez y su hermano Marco Fidel Suárez
en manos de las AUC y el desplazamiento forzado del que fue víctima.
73. Sobre esa base, resulta forzoso concluir que por las circunstancias fácticas y
probatorias que registra el plenario, no hay lugar a considerar en el presente caso
que el citado término de caducidad no está llamado a ser exigible y, por tal motivo,
la Sala revocará la sentencia de primer grado, para en su lugar, declarar la
caducidad del medio de control interpuesto.
Condena en costas
74. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la liquidación
y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de
Procedimiento Civil, actualmente CGP. En este orden de ideas, de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 365 de esta codificación, la Sala
condenará en costas en ambas instancias a la parte demandante, toda vez que
corresponde a la parte vencida en el presente proceso.
75. Adicionalmente, considerando que el artículo 361 ejusdem prevé que las
costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados
causados durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en
derecho, las cuales, se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el
Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 5 de
agosto de 2016 -aplicable a este asunto, en consideración a la fecha de
presentación de la demanda, esto es, 22 de noviembre de 2018-, la Sala
condenará, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a tres (3)
S.M.L.M.V., la cual correrá a cargo de la parte demandante y se pagará en partes
iguales a cada una de las entidades demandadas.
76. Como en este caso la parte actora se encuentra integrada en forma plural, la
condena en costas será pagada por cada uno de los demandantes, en función de
su particular interés en las resultas del proceso, según dispone el numeral 6 del
artículo 365 del CGP44, de la siguiente manera45:
44
“Artículo 365 (…) 6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los
condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas
por partes iguales entre ellos”.
45
El porcentaje se fija según lo pretendido por cada uno de los demandantes, es decir, según su interés
patrimonial. Se recuerda que en la demanda se pidió por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 100
SMLMV para la cónyuge, 100 SMLMV para cada uno de los hijos y 50 SMLMV para el nieto y cada uno de
los hermanos de la víctima y por lucro cesante se solicitó el monto de mil quinientos cuarenta y nueve millones
ochocientos cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y cinco pesos m/cte. ($1.549’855.285) que según ha
sido dispuesto por esta Corporación, se pagaría en una proporción del 50% para la cónyuge sobreviviente y
25% para cada uno de los hijos. El salario mínimo del 2016, año en que se presentó la demanda, era de
$689.455.
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Radicación número: 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545)
Actor: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Demandante Pretensión del proceso de Porcentaje respecto
reparación directa de las costas
Medardo Rafael Suárez Molinares $1.370’510.411 16.75%
Elmira Rosa Cervantes Meriño $1.315’823.471 16.65%
Manuel José Suárez Cervantes $1.315’823.471 16.65%
Julio César Suárez Cervantes $1.315’823.471 16,65%
Nivaldo Rafael Suárez Meriño $1.315’823.471 16.65%
Arnulfo José Suárez Meriño $1.315’823.471 16.65%
TOTAL 7.949’627.771 100%
77. Ante esta definición, se impone la liquidación de las costas de manera
concentrada por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del
Código General del Proceso.
IV. PARTE RESOLUTIVA
78. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 17 de junio de 2020, por el
Tribunal Administrativo del Magdalena.
SEGUNDO: DECLARAR probada la CADUCIDAD del medio de control incoado.
TERCERO: CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte actora, para lo
cual se fija por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1)
S.M.L.M.V., para el Ejército Nacional, para la Policía Nacional y para la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, respectivamente.
Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo, en los
términos señalados en el artículo 366 del Código General del Proceso y teniendo
en cuenta los siguientes porcentajes a cargo de los demandantes:
Demandante Pretensión del proceso de Porcentaje respecto
reparación directa de las costas
Medardo Rafael Suárez Molinares $1.370’510.411 16.75%
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Radicación número: 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545)
Actor: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Elmira Rosa Cervantes Meriño $1.315’823.471 16.65%
Manuel José Suárez Cervantes $1.315’823.471 16.65%
Julio César Suárez Cervantes $1.315’823.471 16,65%
Nivaldo Rafael Suárez Meriño $1.315’823.471 16.65%
Arnulfo José Suárez Meriño $1.315’823.471 16.65%
TOTAL 7.949’627.771 100%
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
22
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