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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06970-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06970-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Confirmar la sentencia de 3 de diciembre de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en las consideraciones de esta decisión. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-06970-01 Demandante: Medardo Rafael Suárez Molinares y Otros Segundo.- Remitir, por conducto de la Secretaría General de esta Corporación, copia de la presente providencia, de las demandas interpuestas y de las decisiones adoptadas en ambos trámites de tutela a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, para que, si a ello hubiere lugar, se investigue la conducta del abogado Erlin Zader Medina Pérez, de conformidad con lo previsto en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06970-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06970-01
Accionante: MEDARDO RAFAEL SUÁREZ MOLINARES Y OTROS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa. Graves violaciones a derechos humanos. Cosa juzgada y
temeridad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte actora, quien actúa por intermedio de apoderado judicial,
contra la sentencia de 3 de diciembre de 2025, dictada por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela por no cumplir con el requisito de la inmediatez.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 5 de noviembre de 2025, la parte actora1, solicitó al juez de tutela la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia, a la verdad, a la reparación y a lo no repetición, que
considera vulnerados por la autoridad judicial accionada con ocasión de la sentencia
de 19 de febrero de 2024 proferida en el proceso con radicado nro. 47001-23-33-
000-2018-00389-01.

En el escrito de tutela formularon las siguientes:

“PRIMERO: SIRVASE SEÑOR JUEZ: amparar por el derecho de igualdad el derecho
inter comunis, y aplicar a este caso, la SENTENCIA T-014 DE 2025, Expediente: T-
10.058.279, Magistrado Ponente: Jorge Enrique Ibáñez Najar, en la parte resolutiva de
la misma en su numeral TERCERO, dice (Se advierte que esta decisión tiene efectos
inter comunis).

SEGUNDO: POR DERECHO DE INTER COMUNIS; este despacho debe ordenar:

“[…] PRIMERO. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia de los actores de la presente tutela. Se advierte que esta decisión tiene
efectos inter comunis, en los términos desarrollados en la parte motiva de esta providencia judicial.

1 Conformada por los señores Medardo Rafael Suárez Molinares, Elmira Rosa Cervantes Meriño, Nivaldo Rafael

Suárez Meriño, Arnulfo José Suárez Meriño, Manuel José Suárez Cervantes y Julio César Suárez Cervantes.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06970-01
Demandante: Medardo Rafael Suárez Molinares y Otros

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia del ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco
(2025), proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER.

en este caso; (SENTENCIA de segunda instancia proferida por el CONSEJO DE ESTADO, SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A, consejero
ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ, del diecinueve (19) de febrero de dos mil
veinticuatro (2024), con Radicación número: 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545), Actor:
Medardo Rafael Suárez Molinares y otros, Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otros, Referencia: Medio de control de reparación directa.

y ORDENAR, a esa autoridad judicial, que emita una nueva decisión de segunda instancia, en el
Expediente 680013333002-2015-00131-04, en este caso (RADICADO 47001-23-33-000-2018-
00389-01 (66.545), dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta decisión, bajo
los siguientes parámetros: (i) (ii) Está probada la condición de desplazados forzosos de los
demandantes del proceso contencioso administrativo en el que se soportó la presente acción de
tutela. También está demostrado el daño antijurídico que padecieron, el cual se concretó en el
anotado desplazamiento forzado. Está probado que el daño antijurídico advertido es atribuible a
las autoridades públicas demandadas en el proceso contencioso administrativo, a partir de las
consideraciones expuestas en esta sentencia. (iii) En asuntos que comprometan graves
violaciones de derechos humanos, es un imperativo la flexibilización del procedimiento probatorio
por parte de las autoridades jurisdiccionales, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación que, en el ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, vigile el cumplimiento de esta decisión judicial. […]».

TERCERO: TUTELAR la vulneración, a la verdad, a la justicia, a la reparación
(conforme a la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena de fecha 17/junio/2020) y no repetición, a la Reparación Integral de las
víctimas de desplazamiento forzado Y HOMICIDIO de nuestro padre, decir, revocar la
sentencia, determinando que estamos frente a una justicia transicional, y que no hay
caducidad de la acción, frente a las víctimas MEDARDO RAFAEL SUÁREZ
MOLINARES, ELMIRA ROSA CERVANTES MERIÑO, NIVALDO RAFAEL, ARNULFO
JOSÉ SUÁREZ MERIÑO Y MANUEL JOSÉ Y JULIO CÉSAR SUÁREZ CERVANTES
dentro del proceso de tutela que nos ocupa, y por tanto la ausencia de garantía del goce
efectivo de éste derecho, en conexidad con los derechos a la verdad y a la justicia, como
viene ordenado por dicha sentencia y sea aplicada, en este asunto, por el derecho a la
igualdad, sentencia T-024-2025.

CUARTO: CONCEDER la acción de tutela de que trata el expediente objeto de esta
acción y proteger el derecho (a la verdad, a la justicia, a la reparación y no repetición) a
la reparación integral de los accionantes víctimas de desplazamiento forzado Y
HOMICIDIO de nuestro padre como justicia transicional, (ii) QUE SE declare la
Responsabilidad patrimonial DE LA DEMANDADA, conforme a la sentencia de
primera instancia (conforme a la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena de fecha 17/Junio/2020), Y SE CONDENE A PAGAR LOS
DAÑOS MATERIALES, INMATERIALES LUCRO CESANTE, DAÑOS MORALES POR
LA MUERTE DEL PADRE DE LOS ACCIONANTES, DAÑO A LA VIDA RELACIÓN,
AFECTACIÓN A BIENES CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE
PROTEGIDOS como viene pretendido, (iii) que mis mandantes sean exonerados del
pago de costas en ambas instancias, por ser personas de especial protección
constitucional sentencia SU254/2013 y sentencia T-024-2025”.

2. Hechos2

La parte accionante relató que los señores Manuel Antonio Suárez Ramírez
(q.e.p.d) y Marco Fidel Suárez Parra (q.e.p.d)3 se encontraban el día 5 de junio de
2002, en la finca “El Televisor” ubicada en el corregimiento de Canoas, municipio

2 La Sala estima conveniente precisar que la parte actora hace un breve recuento de los hechos, razón por la

cual, los acontecimientos que se narran son tomados del escrito de tutela, proceso ordinario y las demás
pruebas obrantes en el plenario.
3 Padre y hermano de Medardo Rafael Suarez Molinares (accionante).

2

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06970-01
Demandante: Medardo Rafael Suárez Molinares y Otros

de Chibolo, Magdalena, cuando miembros del bloque norte de las autodefensas al
mando de alias “Jorge 40” los torturaron, asesinaron y se llevaron las pertenencias
de la finca.

Señaló que el mismo día, en la finca “La Isla” ubicada en el municipio de Pivijay, ese
grupo de las autodefensas amarró y torturó al señor Medardo Rafael obligándolo a
escuchar por radio las torturas a las que eran sometidos sus familiares en la otra
finca y a recoger el ganado y bienes enseres que se llevaron a “plena luz del día”.
Además, que recibieron amenazas de que “debían abandonar de inmediato las
fincas y avisarle al resto de familia que no volvieran más a esas tierras”.

El 3 de febrero de 2012, el señor Medardo Rafael Suárez Molinares acudió ante la
Fiscalía delegada ante el Tribunal de Justicia y Paz a poner en su conocimiento el
homicidio de su padre Manuel Antonio Suárez y su hermano Marco Fidel Suárez en
manos de las AUC y el desplazamiento forzado del que fue víctima por cuenta de
los hechos ocurridos el 5 de junio de 2002 en las fincas “La isla” y “Televisor”

Aseveró que por esos hechos, sumado a las versiones rendidas por alias “Rara4”
radicó el 22 de noviembre de 2018, demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional, Policía Nacional y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), con la pretensión de que se declarara
administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios causados por la
muerte de los señores Manuel Antonio Suárez Ramírez y Marco Fidel Suárez Parra,
el hurto de los bienes de propiedad del primero de ellos y el desplazamiento forzado
del que fueron víctimas el 5 de junio del 20025.

Indicó que el Tribunal Administrativo del Magdalena mediante sentencia de 17 de
junio de 2020 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al encontrar
responsables al Ejército Nacional y a la Policía Nacional por los referidos hechos y,
en consecuencia, los condenó a pagar indemnización por concepto de perjuicios
morales y afectación a bienes constitucional y convencionalmente protegidos. En
contra de esa decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación.

Manifestó que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
mediante sentencia de 19 de febrero de 2024, revocó la decisión de primera
instancia y, en su lugar, declaró la caducidad del medio de control, al advertir que
pese a haber acreditado su condición de desplazados, no demostraron que las
supuestas amenazas, intimidaciones o coacciones de grupos armados les
impidieran ejercer de manera oportuna la acción judicial, ya que desde el 3 de
febrero de 2012 tenían la plena posibilidad de acudir a la administración de justicia
-como lo hicieron al denunciar ante la fiscalía los homicidios y el desplazamiento forzado-, y como
la demanda se presentó hasta el 22 de noviembre de 2018, resultó evidente su
extemporaneidad. Además, condenó en costas a la parte demandante en ambas
instancias.

4 El día 18 de agosto de 2017, rindió versión libre en la Fiscalía 31 Delegada ante el Tribunal de Justicia

Transicional de Santa Marta, aceptando los cargos de hurto de ganado, homicidio
5 “Se demanda la reparación de los daños causados por la muerte de dos ciudadanos, el hurto de sus bienes y

el desplazamiento forzado del que fueron víctimas tras los hechos ocurridos el 5 de junio de 2002, cuando
miembros de un grupo al margen de la ley ingresaron a los predios denominados “La isla” y “Televisor”, ubicados
en los corregimientos Las Canoas de los municipios de Pivijay y Chivolo, Magdalena, respectivamente”.
3

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06970-01
Demandante: Medardo Rafael Suárez Molinares y Otros

Contra las decisiones adoptadas en el proceso ordinario, la parte actora presentó el
19 de febrero de 2025, demanda en ejercicio de la acción de tutela cuyo
conocimiento correspondió en primera instancia a la Sección Quinta6 de esta
Corporación, que en sentencia de 20 de marzo de 2025 declaró improcedente la
solicitud de amparo por no superarse el requisito de la inmediatez.

Inconforme con esa decisión presentó impugnación, que fue resuelta por la Sección
Primera del Consejo de Estado en sentencia de 8 de mayo de 2025, a través de la
cual se confirmó la improcedencia por la misma razón.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada con la sentencia de 19
de febrero de 2024 vulneró los derechos fundamentales invocados y desconoce el
precedente judicial de la Corte Constitucional fijado en la sentencia T-014 de 2025,
respecto a los derechos constitucionales de la población víctima de desplazamiento
forzado, la cual tiene efecto inter comunis.

Afirmó que la referida sentencia T-014 de 2025, estableció que el debido proceso
debe asegurar la defensa y aplicación efectiva de los derechos consagrados en la
Constitución, tales como la igualdad y el acceso a la administración de justicia. No
se trata únicamente de permitir el acceso formal a la jurisdicción, sino de garantizar
la obtención de una decisión justa, lo que se pretende con la acción de tutela.

Indicó que en el precedente judicial citado se estableció la flexibilización de las
reglas probatorias en procesos de reparación directa en los cuales intervienen
víctimas del conflicto armado interno. Afirmó que los demandantes aportaron al
proceso ordinario las pruebas flexibles que lograron recuperar con ocasión del
desplazamiento forzado; no obstante, la autoridad judicial accionada no las
consideró ni las valoró, lo que constituye una “prolongada y sistemática” vulneración a
los derechos fundamentales de las personas victimizadas” y evidencia un claro
desconocimiento del precedente establecido por la Corte Constitucional en la
sentencia T-014 de 2025.

Sostuvo que la condena en costas se debe revocar, en los términos de la sentencia
de 23 de octubre de 20257, en la que se hizo referencia a la sentencia SU-241 de
2024 en la cual la Corte Constitucional reprochó “la condena en costas en los asuntos
que versan sobre el resarcimiento a las víctimas del conflicto armado, pues según el Acto
Legislativo 01 de 2017 estos constituyen casos de interés público y, por ende, estarían
exceptuados de condena en costas”.

Por último, aseveró que la acción de tutela debe ser procedente y, en consecuencia,
se deben garantizar los derechos fundamentales invocados.

4. Oposición
4.1. Respuesta de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado

El ponente de la decisión cuestionada solicitó declarar improcedente la acción de
tutela, al considerar que la parte actora pretende reabrir el debate fáctico, probatorio

6 Bajo el radicado núm. 11001-03-15-000-2025-00949-00
7 Expediente radicado nro. 11001-03-15-000-2025-03437-01.

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y jurídico ya resuelto en el proceso ordinario, sin que ello implique vulneración de
derechos fundamentales ni justifique el uso de la tutela como una tercera instancia.
En ese sentido, indicó que el desacuerdo con la decisión de segunda instancia no
habilita, por sí mismo, la intervención del juez constitucional.

Asimismo, señaló que la acción de tutela no puede ser utilizada para introducir
argumentos o fundamentos posteriores a la providencia cuestionada, como ocurre
en este caso con la invocación de la sentencia T-014 de 2025, la cual no fue alegada
ni considerada en el proceso ordinario. A su juicio, ello evidencia un intento de
reformular el caso y de promover una instancia adicional o un mecanismo similar a
un recurso de revisión.

Finalmente, sostuvo que la decisión cuestionada se ajustó a la normativa vigente y
a la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional,
conforme a la cual la acción de reparación directa está sujeta a caducidad, incluso
en eventos de graves violaciones a derechos humanos. En consecuencia, concluyó
que no se vulneró el derecho de acceso a la administración de justicia y que la
presente acción de tutela desnaturaliza su finalidad al pretender reabrir un asunto
ya definido por el juez ordinario.

4.2. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

A través de apoderado judicial, solicitó se declare improcedente la solicitud de
amparo, en tanto los actores ya habían promovido una tutela por los mismos hechos
contra la sentencia de 19 de febrero de 2025, bajo el radicado nro.
110010315000202500949-00. Dicha acción fue conocida en primera instancia por
la Sección Quinta del Consejo de Estado que mediante sentencia de 20 de marzo
de 2025 la declaró la improcedente por no cumplir con el requisito de la inmediatez,
decisión confirmada en segunda instancia por la Sección Primera de esta
Corporación, mediante sentencia de 8 de mayo de 2025.

Se opuso a las pretensiones formuladas por la parte accionante, toda vez que con
el escrito de tutela no se allegó ninguna prueba que acreditara la vulneración de los
derechos fundamentales que invocó como quebrantados. Sostuvo que la acción de
tutela no se instituyó como una tercera instancia dentro del proceso ordinario.
Afirmó que en este caso no se advierte la vulneración de los derechos
fundamentales que invoca la parte actora, porque la sentencia cuestionada se ciñó
a los lineamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales establecidos por la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre la materia.

Adujo que la acción de tutela no resulta procedente, en la medida en que uno de los
principios que rigen su procedencia es el de inmediatez, el cual impone un límite
temporal razonable para su ejercicio, requisito que no se cumple en el presente
caso.

4.3. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

La jefe del Área Jurídica de la Secretaría General pidió que se declare la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la inmediatez.

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Indicó que la solicitud de amparo se radicó el 5 de noviembre de 2025, mientras que
la sentencia objeto de reproche constitucional se profirió el 19 de febrero de 2024,
notificada el 28 del mismo mes y año, en consecuencia, la parte actora dejó
transcurrir un (1) año y ocho (8) meses antes de acudir al mecanismo constitucional
para solicitar la protección de los derechos fundamentales que consideró
vulnerados, circunstancia que desconoce el requisito de procedencia de la
inmediatez.

Hizo referencia al marco normativo y jurisprudencial de la garantía del debido
proceso, el principio de igualdad procesal y el acceso efectivo a la administración
de justicia, y sostuvo que en el caso concreto no se configuró vulneración alguna de
los derechos invocados, toda vez que el ad quem resolvió de fondo la controversia
planteada en el proceso ordinario. En consecuencia, los derechos cuya afectación
se alegó quedaron plenamente garantizados, pues la autoridad judicial de segunda
instancia analizó de manera integral las pretensiones y los argumentos expuestos y
adoptó una decisión debidamente motivada, con observancia del debido proceso,
la igualdad y el acceso a la administración de justicia.

Concluyó que la acción de tutela contra providencias judiciales tiene un carácter
subsidiario y excepcional, por lo que solo procede cuando no existe otro medio de
defensa judicial o cuando se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. Su ejercicio exige respetar las competencias del juez
ordinario y del juez constitucional, a fin de impedir que se convirtiera en una
instancia adicional para reabrir debates legales ya resueltos. En el caso concreto,
la tutela resulta improcedente, pues además de no cumplir con la inmediatez no se
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable derivado de la decisión adoptada
por la autoridad judicial accionada.

4.4. Respuesta de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas - UARIV

La entidad, a través de apoderado judicial, pidió declarar improcedente la acción de
tutela, y precisó que es el organismo encargado de garantizar la atención,
asistencia, reparación integral y las garantías de no repetición a las víctimas del
conflicto armado interno, conforme a lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y demás
normas concordantes.

Afirmó que la sentencia cuestionada en la presente acción de tutela se profirió en el
marco de un proceso judicial en el cual la Unidad no realizó actuación alguna que
vulnerara derechos fundamentales. En consecuencia, solicitó su desvinculación del
presente trámite, al considerar acreditada la inexistencia de responsabilidad frente
a las pretensiones formuladas en el escrito de tutela.

4.5. El Tribunal Administrativo del Magdalena pese a que fue notificado en debida
forma, guardó silencio en el presente trámite constitucional.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia
de 3 de diciembre de 2025, decidió lo siguiente:

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06970-01
Demandante: Medardo Rafael Suárez Molinares y Otros

“Primero: Declarar improcedente la solicitud de tutela presentada por Medardo Rafael
Suárez Molinares, Elmira Rosa Cervantes Meriño, Nivaldo Rafael Suárez Meriño, Arnulfo
José Suárez Meriño, Manuel José Suárez Cervantes y Julio César Suárez Cervantes, en
contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
(…)”.

Al descender al análisis y teniendo en cuenta la respuesta del Ejército Nacional, la
Sala hizo referencia a la institución de la cosa juzgada constitucional en los
siguientes términos: “En cuanto a la cosa juzgada, recuérdese que «es una institución jurídico
procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras
providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben
por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de
controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica”.

Indicó que el ejercicio de la acción de tutela debe racionalizarse, en la medida en
que, una vez el caso sea resuelto por un juez constitucional, no puede someterse
nuevamente al conocimiento de otra autoridad bajo los mismos supuestos fácticos,
con idénticas pretensiones y entre las mismas partes, pues ello vulnera el principio
de la cosa juzgada constitucional y puede configurar actuación temeraria, en los
términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.

Señaló que al presentarse dos o más solicitudes de amparo bajo supuestos
similares deben ser rechazadas o decididas desfavorablemente; sin embargo, se
debe tener en cuenta que para que se configure la actuación temeraria, además,
deben concurrir los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional (i) la
identidad de partes, (ii) la identidad de causa petendi, (iii) la identidad de objeto, que
conducirían a rechazar la solicitud de tutela, el juez constitucional tiene la obligación
de “(iv) excluir la existencia de un argumento válido que permita convalidar la duplicidad en
el ejercicio del derecho de acción”.

Concluyó que los jueces de tutela deben verificar de manera rigurosa los citados
requisitos a partir de la presunción de buena fe del demandante, pues no es
suficiente constatar su cumplimiento formal, sino que resulta necesario examinar las
razones que sustentan la interposición de la acción y determinar si se encuentran
debidamente justificadas, a fin de establecer si se configuró o no una actuación
temeraria.

Hizo referencia al requisito de procedibilidad de la inmediatez, y para resolver el
caso concreto consideró necesario realizar un cuadro comparativo entre las
acciones de tutela radicados nro. 2025-00949-01 y 2025-06970-00 en aras de
establecer si se configuraba la cosa juzgada y la temeridad.

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Demandante: Medardo Rafael Suárez Molinares y Otros

Sostuvo que, en efecto, se configuraba la identidad de partes, pues se trata de los
mismos accionantes y la misma autoridad contra la que se dirige la acción. Se trata
de idéntica situación fáctica, la cual, en resumen, son las presuntas violaciones en
que incurrió la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al
proferir la sentencia de 19 de febrero de 2024, en el medio de control de reparación
directa radicado nro. 47001-23-33-000-2018-00389-01.

Explicó que, aunque en la acción de tutela con radicado nro. 2025-00949-01 se
alegaron los defectos orgánico, fáctico y procedimental, y en la radicado nro. 2025-
06970-01 se invocó el desconocimiento del precedente judicial y la violación directa
de la Constitución, lo cierto es que en ambos casos el objeto de la pretensión de
amparo consistió en dejar sin efectos la misma decisión judicial -sentencia de 19 de
febrero de 2024-.

Advirtió que, aunque el fin último de las referidas acciones de tutela resultó similar,
podría habilitarse el estudio del nuevo reclamo, en la medida en que en cada una
se invocaron causales específicas de procedencia distintas, por ello no se
configuraba el fenómeno de la cosa juzgada. No obstante, la Sala consideró que el
asunto no cumplía el requisito de inmediatez, pues transcurrió un año, siete meses
y cuatro días entre la notificación de la sentencia de 19 de febrero de 2024, -
efectuada el 1º de marzo de 2024-, y la radicación de la acción de tutela el 5 de
noviembre de 2025, lapso que desconoció los presupuestos de urgencia y
necesidad propios del amparo constitucional.

En consecuencia, consideró que si bien no se configuró la existencia de la cosa
juzgada, la solicitud de amparo no cumplía con el requisito de inmediatez, por lo que
declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la parte actora.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia, solicitó que se revoque y, en su
lugar, “se estudie de fondo la acción de tutela y, se ordene modificar la decisión que
condenó en costas a los demandantes”.

Mencionó que la decisión impugnada desconoció sus derechos fundamentales, con
el argumento que no se cumple con el requisito de la inmediatez.

Reiteró los argumentos expuestos en la acción de tutela en relación con el trámite
del proceso ordinario y los hechos que fueron objeto de demanda, donde se produjo
“el homicidio del padre del señor Medardo y su hijo, y el posterior desplazamiento de los
hoy demandantes”. Y agregó que “se ha venido reiterando dentro de esta demanda que
estamos frente a un proceso de hechos y delitos continuados donde la amenaza no ha sido
superada por mis mandantes que no existen garantías, del estado de protección ni de
restitución, ni mucho menos de retorno”.

Insistió en la aseveración hecha en el escrito de tutela concerniente al
desconocimiento de la decisión proferida por la Corte Constitucional en la sentencia
T-014 de 2025 en la cual se enfatizó que “los derechos que la población desplazada
tiene, en un marco de justicia transicional, los cuales corresponden, a la verdad, la justicia,
la reparación y la no repetición”, y con base en esa decisión concluyó “(…) hoy con este
fallo impugnado se viola el acceso a la justicia (…)”.
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Demandante: Medardo Rafael Suárez Molinares y Otros

Sostuvo que, si bien las sentencias no pueden ser modificadas, la sentencia T-014
de 2025 “ordenó al Tribunal Administrativo de Bolívar dejar sin efectos una
providencia y proferir una nueva decisión”. En ese contexto, no entiende por qué en
el presente caso la Sala se niega a adoptar una medida similar, lo que considera
una vulneración constitucional por desconocimiento de una sentencia de la Corte
Constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si debe revocar la sentencia de 3 de diciembre
de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito
de la inmediatez, y si se debe acceder al amparo constitucional en los términos
propuestos por la parte actora.

La Sala precisa que previamente se pronunciará sobre la configuración de la cosa
juzgada constitucional y la temeridad conforme lo dispone el artículo 38 del Decreto
2591 de 1991, que tiene como finalidad evitar decisiones contradictorias o la
utilización indebida del mecanismo constitucional.

3. De la temeridad y la cosa juzgada constitucional ante una duplicidad en el
ejercicio de la acción de tutela

El artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece la figura de la temeridad, que
se configura cuando una misma acción de tutela es presentada varias veces por la
misma persona o por su representante ante diferentes jueces o tribunales, sin motivo
expresamente justificado. La norma en cita, encuentra fundamento en el deber de
actuar conforme con los mandatos superiores de buena fe y de colaboración con la
administración de justicia y busca impedir afectaciones al adecuado desempeño de
la labor judicial8.

El ejercicio temerario de la acción de tutela para efectos de obtener múltiples
pronunciamientos, a partir de una misma situación fáctica, constituye entonces un
abuso desmedido e irracional de este recurso, que incide en la efectividad y agilidad
de la administración de justicia9. Así las cosas, para que se estructure una actuación
temeraria es necesario que concurran los siguientes tres elementos: (i) Identidad de
8 Ver sentencia T 254 de 2023.
9 En este mismo sentido, en la sentencia C-034 de 1993, la Corte sostuvo que el ejercicio temerario del recurso

judicial “ocasiona un perjuicio para toda la sociedad civil, porque de un 100% de la capacidad total de la
administración de justicia, un incremento en cualquier porcentaje, derivado de la repetición de casos idénticos,
necesariamente implica una pérdida directamente proporcional en la capacidad judicial del Estado para atender
los requerimientos del resto de la sociedad civil.”
9

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partes, es decir, que las acciones de tutela se hayan interpuesto por la misma
persona (ya sea de forma directa o por medio de apoderado o representante) y se
dirija contra el mismo demandado; (ii) Identidad de causa petendi, esto es, que el
ejercicio repetido de la acción de tutela se fundamente en los mismos hechos que le
sirven de sustento y (iii) Identidad en el objeto, o en otras palabras, que las
demandas persigan la satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección
de los mismos derechos fundamentales.

No obstante, el análisis de los anteriores elementos debe trascender un juicio
netamente formal, toda vez que la sola concurrencia de los tres supuestos antes
mencionados no conlleva al surgimiento automático de la temeridad. En efecto, para
que tal figura se configure, el juez debe efectuar un examen cuidadoso del
expediente con el objeto de determinar si el accionante carece de un motivo
justificado para hacer uso nuevamente de la acción10. De comprobarse la temeridad
del peticionario, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 faculta al juez de tutela
para rechazar o decidir desfavorablemente todas las solicitudes incoadas por el
actor, e imponer, en caso de estimarlo necesario, la sanción pecuniaria prevista en
los artículos 80 y 81 del Código General del Proceso.

Con fundamento en lo anterior, puede decirse que la mala fe del peticionario es un
elemento esencial de la temeridad, de modo que no toda duplicidad de acciones
semejantes da lugar a la imposición de sanciones. De hecho, según este tribunal, la
conducta del accionante es justificada, entre otras hipótesis, (i) por la condición de
ignorancia del accionante11; (ii) por el asesoramiento errado de los profesionales del
derecho12; o (iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de
aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho13; o (iv) por la consideración de eventos
nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción14.

Las anteriores reglas también encuentran sustento cuando se presenta de forma
sucesiva una demanda de tutela, pues la Corte ha indicado que más allá de la
declaratoria de temeridad, es preciso analizar si ha operado el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional, lo cual conlleva a la improcedencia de los amparos
subsiguientes15. Es preciso señalar que las partes tienen derecho a plantear sus
desacuerdos en el marco del proceso, para lo cual está contemplada la impugnación
de la decisión de instancia y luego, dado el caso, la eventual selección para revisión
por parte de la Corte Constitucional.

Si la Corte Constitucional en ejercicio de su facultad discrecional de revisión, decide
seleccionar el caso para su estudio, la cosa juzgada constitucional se produce con
la ejecutoria del fallo de la propia Corte, pero si resuelve excluirlo, la misma opera a
partir de la terminación del proceso de selección, en concreto, con la ejecutoria del
auto en que se decide la no selección16.

10 Corte Constitucional, sentencia T-919 de 2003, reiterado en sentencia T-254 de 2023
11 Corte Constitucional, sentencia T-1215 de 2003
12 Corte Constitucional, sentencia T-721 de 2003.
13 Corte Constitucional, sentencia T-272 de 2019.
14 Corte Constitucional, sentencias T-919 de 2003, T-707 de 2003 y SU-027 de 2021
15 Corte Constitucional, sentencia T-661 de 2013
16 Sentencia T-254 de 2023

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4. Estudio y solución del caso concreto

Teniendo en consideración las pruebas que obran en el proceso y el recuento de
los hechos narrados por las partes en relación con la supuesta vulneración de
derechos fundamentales que tiene como génesis la decisión adoptada en sentencia
de 19 de febrero de 2024 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, la Sala observa que con la contestación a la demanda de tutela, el
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, puso de presente que sobre los mismos
hechos y pretensiones, los actores ya habían presentado otra acción de tutela, la
cual fue decidida por sentencia de primera instancia de 20 de marzo de 2025,
proferida por la Sección Quinta de esta Corporación en el radicado núm.
110010315000202500949-0017, decisión confirmada por la Sección Primera del
Consejo de Estado el 8 de mayo de 2025.

Sobre el particular, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
consideró que no se configuraba la cosa juzgada constitucional por cuanto si bien,
el fin último de las referidas acciones de tutela resultó similar, podría habilitarse el
estudio del nuevo reclamo, en la medida en que en cada una se invocaron causales
específicas de procedencia distintas, no obstante, consideró que no se superaba el
requisito de inmediatez pues transcurrió un año, siete meses y cuatro días entre la
notificación de la sentencia de 19 de febrero de 2024, -efectuada el 1º de marzo de
2024-, y la radicación de la acción de tutela el 5 de noviembre de 2025.

Al respecto y previo al análisis de los argumentos de impugnación, corresponde a
la Sala analizar la posible existencia de cosa juzgada constitucional y, de ser del
caso, de temeridad en atención a lo señalado en el artículo 38 del Decreto 2591 de
1991, cuyo fin, como se indicó en el problema jurídico, es evitar decisiones
contradictorias o la utilización indebida del mecanismo constitucional.

Así las cosas, al contrastar la demanda adelantada bajo el núm. 11001-03-15-000-
2025-00949-00 con el presente trámite, se encuentra lo siguiente:

Proceso 11001-03-15-000-2025-00949- Proceso 11001-03-15-000-2025-06970-
00/01 de conocimiento de la Sección 00/011 de conocimiento de la Sección
Quinta en primera instancia y Sección Segunda18 en primera instancia y de esta
Primera en segunda instancia. Sección en segunda instancia.
Partes Medardo Rafael Suárez Molinares, Elmira Medardo Rafael Suárez Molinares, Elmira
Rosa Cervantes Meriño, Nivaldo Rafael Rosa Cervantes Meriño, Nivaldo Rafael Suárez
Suárez Merino, Arnulfo José Suárez Merino, Meriño, Arnulfo José Suárez Meriño, Manuel
Manuel José Suárez Cervantes y Julio César José Suárez Cervantes y Julio César Suárez
Suárez Cervantes19 Cervantes
Causa petendi Señalaron que presentaron demanda en Señalaron que presentaron demanda en
ejercicio del medio de control de reparación ejercicio del medio de control de reparación
directa contra la Nación – Ministerio de directa contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, Policía Defensa Nacional – Ejército Nacional, Policía
Nacional y la Unidad para la Atención y Nacional y la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, Reparación Integral a las Víctimas – UARIV,
con el fin de que se les declarara con el fin de que se les declarara administrativa
administrativa y extracontractualmente y extracontractualmente responsables, de
responsables, de manera solidaria, por el manera solidaria, por el daño causado a título
daño causado a título de falla del servicio, de falla del servicio, con ocasión de la muerte
con ocasión de la muerte de los señores de los señores Manuel Antonio Suárez
Manuel Antonio Suárez Ramírez y Marco Ramírez y Marco Fidel Suárez Parra, así como
Fidel Suárez Parra, así como por el hurto de por el hurto de los bienes de propiedad del
los bienes de propiedad del primero de ellos

17 Que declaró improcedente por no cumplirse el requisito de inmediatez.
18 Subsección B.
19 Se deja constancias que en los dos trámites, los demandantes fueron representados por el mismo apoderado

judicial.
11

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y el desplazamiento forzado del que fueron primero de ellos y el desplazamiento forzado
víctimas. del que fueron víctimas. Manifestaron que el Tribunal Administrativo Manifestaron que el Tribunal Administrativo del
del Magdalena profirió sentencia el 17 de Magdalena profirió sentencia el 17 de junio de
junio de 2020, mediante la cual accedió 2020, mediante la cual accedió parcialmente a
parcialmente a las pretensiones de la las pretensiones de la demanda.
demanda. Indicaron que la Sección Tercera -Subsección
Indicaron que la Sección Tercera - A- del Consejo de Estado profirió sentencia, en
Subsección A- del Consejo de Estado profirió segunda instancia, el 19 de febrero de 2024,
sentencia, en segunda instancia, el 19 de mediante la cual resolvió revocar la decisión de
febrero de 2024, mediante la cual resolvió primera instancia para en su lugar, declarar
revocar la decisión de primera instancia para probada la caducidad del medio de control
en su lugar, declarar probada la caducidad incoado y condenar en costas.
del medio de control incoado. Objeto PRIMERO:TUTELAR la vulneración, a la PRIMERO:: amparar por el derecho de
REPARACIÓN ADMINISTRATIVA, igualdad el derecho inter comunis,y aplicar a
DERECHO A LA IGUALDAD, en conexidad este caso, la SENTENCIA T-014 DE 2025,
con los DERECHOS A LA VERDAD Y A LA Expediente: T 10.058.279, Magistrado
JUSTICIA, a la Reparación Integral de las Ponente: Jorge Enrique Ibáñez Najar, en la
víctimas de desplazamiento forzado Y parte resolutiva de la misma en su numeral
HOMICIDIO, MEDARDO RAFAEL SUAREZ TERCERO, dice (Se advierte que esta decisión
MOLINARES, ELMIRA ROSA CERVANTES tiene efectos inter comunis). MERIÑO, NIVALDO RAFAEL, ARNULFO
JOSE SUAREZ MERIÑO Y MANUEL JOSE (…)
Y JULIO CESAR SUAREZ CERVANTES TERCERO: TUTELAR la vulneración, a la
dentro del proceso de tutela que nos ocupa, verdad, a la justicia, a la reparación (conforme
y por tanto la ausencia de garantía del goce a la sentencia de primera instancia proferida
efectivo de éste derecho, en conexidad con por el Tribunal Administrativo del Magdalena de
los derechos a la verdad y a la justicia, como fecha 17/junio/2020) y no repetición, a la
viene ordenado por dicha sentencia y sea Reparación Integral de las víctimas de
aplicada, en este asunto, por el derecho a la desplazamiento forzado Y HOMICIDIO de
igualdad. nuestro padre, decir, revocar la sentencia,
SEGUNDO: CONCEDER la acción de tutela determinando que estamos frente a una justicia
de que trata el expediente objeto de esta transicional, y que no hay caducidad de la
acción y proteger el derecho a la reparación acción, frente a las victimas MEDARDO
integral de la accionante víctimas de RAFAEL SUAREZ MOLINARES, ELMIRA
desplazamiento forzado Y HOMICIDIO art. ROSA CERVANTES MERIÑO, NIVALDO
93 CN, y la sentencia su254/2013, como RAFAEL, ARNULFO JOSE SUAREZ MERIÑO
ACTOS DE GUERRA, ACTOS DE LESA Y MANUEL JOSE Y JULIO CESAR SUAREZ
HUMANIDAD, DAÑOS CONTINUADOS, la CERVANTES dentro del proceso de tutela que
ley 1448/2011 art. 3, lo cual dice la corte nos ocupa, y por tanto la ausencia de garantía
constitucional, y en consecuencia, (ii) QUE del goce efectivo de éste derecho, en
SE CONFIRME LA SETENCIA DE conexidad con los derechos a la verdad y a la
PRIMERA INSTANCIA en todas sus partes justicia, como viene ordenado por dicha
emitida por el Tribunal Administrativo del sentencia y sea aplicada, en este asunto, por el
Magdalena de fecha 17/junio/2020, (iii) que derecho a la igualdad, sentencia T-024-2025.
mis mandantes sean ser exonerados del CUARTO: CONCEDER la acción de tutela de
pago de costas en ambas instancias, por que trata el expediente objeto de esta acción y
personas de especial constitucional proteger el derecho (a la verdad, a la justicia, a
sentencia SU254/2013. la reparación y no repetición) a la reparación
TERCERO:

QUE SE ORDENE A LAS integral de las accionantes víctimas de
DEMANDADAS SESAR TODO COBRO por desplazamiento forzado Y HOMICIDIO de
causa de las costas del proceso contra mis nuestro padre como justicia transicional, (ii)
mandantes debido a la gravedad de su QUE SE declare la Responsabilidad
estado de salud. patrimonial DE LA DEMANDADA, conforme a
la sentencia de primera instancia (conforme a
la sentencia de primera instancia proferida por
el Tribunal Administrativo del Magdalena de
fecha 17/Junio/2020), Y SE CONDENE A
PAGAR LOS DAÑOS MATERIALES,
INMATERIALES LUCRO CESANTE, DAÑOS
MORALES POR LA MUERTE DEL PADRE DE
LOS ACCIONANTES, DAÑO A LA VIDA
RELACION, AFECTACIÓN A BIENES
CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONALMENTE PROTEGIDOS
como viene pretendido, (iii) que mis mandantes
sean exonerados del pago de costas en ambas
instancias, por ser personas de especial
protección constitucional sentencia
SU254/2013 y sentencia T-024-2025.

Adicionalmente, se advierte que la decisión adoptada en el primer trámite de tutela
no fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional, conforme consta en
Auto de 29 de julio de 2025, notificado por estado de 13 de agosto de 2025.
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Así las cosas, del análisis comparativo se advierte que entre las acciones de tutela
referidas se configura la triple identidad, además de constatarse que la decisión
adoptada en el proceso núm. 11001-03-15-000-2025-00949-00/01, fue excluida de
revisión, por lo que puede a priori puede predicarse la existencia del fenómeno de
cosa juzgada constitucional.

En efecto, existe identidad de partes, pues en ambos procesos actúan como
accionantes los mismos demandantes; identidad de causa petendi, en tanto las
solicitudes de amparo se fundamentan en los mismos hechos y en la misma
providencia judicial cuestionada (esto es, la sentencia proferida el 19 de febrero de
2024 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró
la caducidad del término para interponer la demanda de reparación directa); e
identidad de objeto, ya que en ambos casos se pretende, en esencia, dejar sin
efectos dicha providencia y hacer prevalecer la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 17 de junio de 2020.

Ahora bien, la Sala considera del caso precisar que si bien, en el presente trámite
se introducen argumentos adicionales (igualdad, justicia transicional, sentencia T-
014 de 2025), lo cierto es que no se modifica el objeto material o sustancial del
amparo, cuyo propósito material sigue siendo revertir la declaratoria de caducidad.

En ese contexto, se destaca que la interposición de la acción de tutela y su decisión
por parte del juez constitucional satisface, en principio, la garantía de acceso a la
administración de justicia. En tal sentido, especialmente cuando se trata de acciones
dirigidas contra providencias judiciales, la carga argumentativa del accionante debe
ejercerse de manera completa y oportuna en la primera oportunidad procesal. Por
ello, no resulta admisible que, una vez resuelta una primera acción de tutela, se
promueva una nueva con fundamento en defectos distintos o en argumentos que
pudieron ser expuestos inicialmente, pues tal proceder desconoce los principios de
seguridad jurídica y cosa juzgada constitucional, y propicia un uso indebido del
mecanismo de amparo, a lo que se agrega que bajo ese entendimiento de manera
indefinida podría seguir presentando escritos de tutela.

Por otro lado, y sin perjuicio de la configuración de la cosa juzgada constitucional
en el presente asunto, la Sala considera necesario pronunciarse sobre la eventual
temeridad en el ejercicio de la acción, de conformidad con lo previsto en el artículo
38 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional aplicable. Lo anterior,
en atención a que se trata de figuras que no se excluyen entre sí20, de manera que,
aun cuando la cosa juzgada limita la posibilidad de un nuevo estudio de fondo, ello
no obsta para que el juez constitucional examine la conducta de la parte actora, con
el fin de determinar si se configuró un uso indebido del mecanismo de amparo que
dé lugar a declarar la temeridad.

En el caso concreto, se advierte que los accionantes acudieron en ambas
oportunidades a la acción de tutela a través de apoderado judicial, quien, en cada
una de las demandas, manifestó bajo la gravedad del juramento que no había
presentado con anterioridad otra acción de tutela por los mismos hechos. No
obstante, del análisis del proceso se constata que dicha afirmación resulta contraria
a la realidad, en tanto se omitió informar la existencia de una acción previa tramitada
20 Sobre el particular puede verse la consideración 3.3.7 de la sentencia T-098 de 2015 y sentencia T-151 de

2010.
13

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bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-00949-00/01, sin que se observe
justificación alguna para tal omisión.

Así las cosas, al no evidenciarse una justificación suficiente ni debidamente
acreditada por parte del apoderado de los accionantes, la Sala concluye que la
presente acción de tutela resulta temeraria, en la medida en que concurren los
presupuestos exigidos para su declaratoria, esto es, identidad de sujetos, de hechos
y de pretensiones, sin que se advierta circunstancia excepcional alguna que
habilitara la interposición de una nueva solicitud de amparo.

Finalmente, se precisa que la Sala no desconoce que en el asunto bajo examen se
exponen circunstancias que, prima facie, podrían involucrar graves violaciones a los
derechos humanos, las cuales, sin duda, merecen una especial consideración
desde el ámbito constitucional. No obstante, tal circunstancia, por sí sola, no habilita
el estudio de fondo de la solicitud de amparo ni comporta la flexibilización de los
presupuestos procesales que condicionan la procedencia de la acción de tutela,
pues la informalidad que la rige no puede llevar a desconocer las condiciones
procesales que establece el ordenamiento jurídico para ejercer el derecho de
acción.

En igual sentido, el hecho de que la acción de tutela previamente interpuesta haya
sido declarada improcedente por falta de inmediatez no constituye, por sí mismo,
un principio de razón suficiente para reabrir el debate constitucional ni para
promover un nuevo análisis de fondo, en ausencia de circunstancias excepcionales
que así lo justifiquen, dado que el escenario que se está abordando es el de tutela
contra providencia judicial, el cual, como lo ha señalado la jurisprudencia
constitucional y esta corporación, se torna más exigente.

En consecuencia, si bien la Sala comparte la decisión de improcedencia adoptada
en primera instancia, considera necesario modificarla, para precisar que la acción
de tutela resulta improcedente, pero por configurarse la cosa juzgada constitucional
y la temeridad en su ejercicio. Adicionalmente, se dispondrá que, por intermedio de
la Secretaría General de esta Corporación, se remita copia de la presente
providencia, de las demandas interpuestas y de las decisiones adoptadas en ambos
trámites de tutela a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, para
que, si a ello hubiere lugar, se investigue la conducta del abogado Erlin Zader
Medina Pérez, de conformidad con lo previsto en el artículo 38 del Decreto 2591 de
1991.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,

FALLA

Primero.- Confirmar la sentencia de 3 de diciembre de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en las consideraciones de esta decisión.
14

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Segundo.- Remitir, por conducto de la Secretaría General de esta Corporación,
copia de la presente providencia, de las demandas interpuestas y de las decisiones
adoptadas en ambos trámites de tutela a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá, para que, si a ello hubiere lugar, se investigue la conducta del
abogado Erlin Zader Medina Pérez, de conformidad con lo previsto en el artículo 38
del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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