Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05124-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05124-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05124-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
30 de enero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05124-00
Demandante: Augusto Herrera Rivera y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-05124-00
Demandante AUGUSTO HERRERA RIVERA Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales especiales de
procedibilidad. Demanda de reparación directa. Desconocimiento del
precedente judicial. Caducidad de la acción en eventos que involucran
crímenes de lesa humanidad- desplazamiento forzado. Aplicación de la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 y de la sentencia SU-
254 de 2013.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera instancia
la acción de tutela instaurada por Augusto Herrera Rivera y otros, de conformidad
con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 23 de septiembre 20241, el seños Augusto Herrera Rivera y otras 246 personas
interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar porque
consideran que la sentencia del 1° de diciembre de 2023, proferida en la segunda
instancia del proceso de reparación directa nro. 13001-33-33-011-2015-00409-01,
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad, a la
reparación integral y de acceso a la administración de justicia al declarar probada
de oficio la excepción de caducidad de la acción.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones2:
«PRIMERO: QUE SE AMPAREN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO
PROCESO, A LA DIGNIDAD, A LA IGUALDAD, EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, A LA CONFIANZA LEGITIMA, A LA SEGURIDAD JURÍDICA, LA REPARACION
INTEGRAL, Y LOS DEMAS QUE RESULTEN VULNERADOS, por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, con ocasión de la sentencia N°.039/2023 del 1 de diciembre
de 2023, que declaro probada la excepción de Caducidad.
SEGUNDO: Como consecuencia del AMPARO, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE BOLIVAR, DEJAR SIN EFECTOS LA SENTENCIA N°.039/2023 de fecha 01 de diciembre
de 2023, del proceso de reparación directa, radicado 13-001-33-33-011-2015 00409-01,
demandante AUGUSTO HERRERA RIVERA Y OTROS CONTRA LA NACION-
MINDEFENSA-EJERCITO NACIONAL POLICIA NACIONAL-ARMADA NACIONAL-
MUNICIPIO DE SAN JACINTO.
TERCERO: SE ORDENE AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR EMITIR UN
NUEVO FALLO DE REMPLAZO, TENIENDO EN CUENTA EN SU INTEGRALIDAD EL
FALLO DE LA ACCION DE TUTELA, EN UN TERMINO NO MAYOR DE 30 DIAS.» (Sic para
toda la cita)
1
Samai, índice 2.
2
Páginas 49 y 50 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.
1
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Demandante: Augusto Herrera Rivera y otros
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 6 de julio de 2015, Augusto Herrera Rivera y otros promovieron demanda
de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, Armada Nacional y el Municipio de San Jacinto pretendiendo
la declaración de su responsabilidad administrativa con ocasión del
desplazamiento forzado masivo del que fueron víctimas en el corregimiento de
Las Palmas del municipio de San Jacinto, el 27 de septiembre de 1999.
En los antecedentes del caso se describieron una serie de actos violentos que
ocurrieron en el corregimiento de Las Palmas en 1999, perpetrados por grupos
armados al margen de la ley. Narraron que, en julio de ese año, fueron
amenazados e intimidados para abandonar el corregimiento por ser
colaboradores de la subversión. Y destacaron que los pobladores del
corregimiento informaron la situación al alcalde quien, a su vez, informó la
situación a la fuerza pública el 6 de julio de 1999, sin obtener respuesta.
Agregaron que el 25 de julio el grupo armado retornó y esa vez secuestró y
ejecutó a varias personas, pero a pesar de las nuevas solicitudes de ayuda (los
días 26 y 27 de julio), las autoridades no intervinieron. Y el 27 de septiembre de
1999, otra incursión dejó tres muertos, lo que forzó el desplazamiento masivo
de los residentes.
2.2. El proceso correspondió en primera instancia al conocimiento del juez 11
Administrativo del Circuito de Cartagena. Este analizó la caducidad de la
acción en la audiencia inicial del artículo 180 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), celebrada el 9 de
noviembre de 2017. La autoridad judicial manifestó que el desplazamiento
forzado constituía un daño continuado en el tiempo que cesa en el momento
en que las personas desarraigadas retornan a sus lugares de origen o cuando
están dadas las condiciones de seguridad que permitan su regreso, pero, en
el asunto bajo estudio, no había elementos de juicio para entender que el daño
cesó por lo que no declaró probada la excepción de caducidad.
2.3. En sentencia del 14 de febrero de 2020, el Juzgado 11 Administrativo del
Circuito de Cartagena negó las pretensiones de la demanda porque no se
probó que los hechos de violencia perpetrados por grupos armados ilegales
se hubieran desarrollado con la anuencia de las autoridades militares o de
policía. Agregó que tampoco se probó que las fuerzas militares y de policía
hubieran tenido conocimiento de las amenazas que venían recibiendo sus
pobladores
La decisión fue apelada por los demandantes.
2.4. En sentencia del 1° de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Decisión nro. 001, modificó la sentencia de primera instancia,
para, en su lugar, declarar probada la excepción de caducidad de la acción en
aplicación de las reglas de unificación de la sentencia del 29 de enero de 2020,
proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Con fundamento en las pruebas del proceso, dijo que los demandantes
conocieron de la participación del Estado en los hechos por omisión porque,
según su propio dicho, solicitaron a través del alcalde la intervención de la
fuerza pública para conjurar los hechos de violencia, pero no obtuvieron
respuesta. También advirtió que en el plenario obraba certificación de la
Armada Nacional en la que se informó la desarticulación de los grupos
armados ilegales de las FARC, ELN y ERP se produjo entre los años de 2007
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Demandante: Augusto Herrera Rivera y otros
a 2009, cuando se realizaron las operaciones militares «Alcatraz» y «Mariscal»
y que en el 2005 se llevó a cabo la desmovilización de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC)
De acuerdo con lo anterior, consideró que el término de caducidad en el caso
particular debía computarse según estos parámetros:
«De esta manera, esta Colegiatura acoge las consideraciones del órgano de cierre y, en
consecuencia, advierte que la situación de orden público en el municipio de San Jacinto se
restableció desde el año de 2009. Por consiguiente, la parte demandante tenía hasta el 1° de
enero de 2011 para promover la demanda. Sin embargo, la solicitud de conciliación prejudicial
y la demanda se presentaron el 23 de abril de 2015 y el 6 de julio de 2015, respectivamente.
Por lo anterior, es claro que se dejaron vencer los plazos previstos por el Legislador para pedir
la indemnización por este hecho dañoso.»
El Tribunal advirtió que en el caso concreto no debe tenerse como referencia
para el cómputo de la caducidad la ejecutoria de la sentencia SU-254 de 2013
sino la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de
Estado.
3. Fundamentos de la acción
Los actores estiman que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar el 1° de diciembre de 2023 en la que se declaró la caducidad de la acción
incurrió en desconocimiento del precedente judicial, en defecto sustantivo y en
defecto fáctico.
Consideran que la caducidad de la acción no debió resolverse en aplicación de la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo
de Estado porque no había sido proferida para el momento en que se radicó la
demanda de reparación directa; por lo que aplicar sus reglas al caso particular, a su
juicio, conllevó un desconocimiento del principio de seguridad jurídica y al de
confianza legítima.
A partir de lo anterior, advierten que para resolver la caducidad debió aplicarse la
jurisprudencia vigente al momento en que se radicó la demanda, es decir, la
contenciosa administrativa que defendía la inaplicación de la caducidad para los
casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos o delitos de
lesa humanidad como lo es el desplazamiento forzado.
En cuanto a la jurisprudencia constitucional, acusan el desconocimiento de la
sentencia SU-254 de 2013, según la cual el cómputo de la caducidad de la acción
en eventos de desplazamiento forzado debe atender a la fecha de ejecutoria de esa
providencia. En esa línea, destacan que la demanda se radicó dentro del plazo
establecido en la mencionada sentencia de la Corte Constitucional, dado que la
conciliación se solicitó el 23 de abril de 2015, lo que suspendió el término por tres
meses. Como la demanda se presentó el 6 de julio de 2015, no operó la caducidad
de la acción.
A ese respecto, alegó la indebida valoración de los medios de prueba que dan
cuenta de la solicitud de conciliación y de la radicación de la demanda de reparación
directa.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. El 26 de septiembre de 2024, el despacho ponente requirió a la parte
accionante para que: (i) individualizara a las personas que constituían la parte
actora en la tutela y a las autoridades accionadas; (ii) indicara quien es el
apoderado judicial que los representa en este mecanismo constitucional; (iii)
señalara las pretensiones respecto de cada una de las autoridades
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demandadas; y (iv) determinara los sujetos que conformaron el proceso de
reparación directa nro. 13001-3333-011-2015-00409-00 y allegara sus
direcciones de notificación electrónica.
4.2. El 4 de octubre de 2024, la parte accionante aportó archivo en el que
individualizó a las personas que conformaron la parte activa en el proceso de
reparación directa sub examine y relacionó su dirección de notificación.
4.3. El 11 de octubre de 2024, el despacho ponente admitió la acción de tutela
presentada por Augusto Herrera Rivera y otros, quienes adujeron actuar en
nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Bolívar.
En el proveído fueron vinculados como terceros con interés todos los
demandantes, demandados y terceros que participaron en el proceso de
reparación directa nro. 13001-3333-011-2015-00409-00/01, así como el
Juzgado Once Administrativo de Cartagena, dada su calidad de juez de
primera instancia en el mencionado proceso judicial.
4.4. El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cartagena, por conducto
de la secretaria del despacho, allegó el soporte de que cumplió con el oficio
encomendado en el auto admisorio consistente en notificar a los sujetos
procesales del medio de control de reparación directa nro. 2015-00409-00/01
la existencia de esta acción de tutela.
La gestión se surtió en los correos de notificación de los sujetos procesales
que obraban en el expediente ordinario.
4.5. El Tribunal Administrativo de Bolívar, a través del ponente de la sentencia
acusada, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque
no satisface los requisitos generales de relevancia constitucional ni el de
inmediatez. Respecto del primer presupuesto, manifestó que la acción de
tutela se toma como una instancia adicional al proceso ordinario para
controvertir la decisión que los jueces de la causa tomaron en despliegue de
los principios de autonomía e independencia, pero que no es favorable a sus
pretensiones.
Respecto de la inmediatez, destacó que la acción de tutela no se interpuso en
el lapso de 6 meses contados desde la ejecutoria de la providencia que
culminó el proceso, pues la sentencia acusada se notificó el 7 de marzo de
2024 y cobró ejecutoria el 15 de ese mes y año; no obstante, la tutela se radicó
hasta el 23 de septiembre de 2024, es decir, por fuera de la pauta
jurisprudencial definida para este efecto.
La autoridad judicial se pronunció sobre el fondo del asunto de manera
subsidiaria. Dijo que la decisión de caducidad que se cuestiona se fundamentó
en el precedente vigente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado,
pues las dos corporaciones defienden los efectos retrospectivos de la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 (rad. 61033).
En el marco de las reglas de decisión de la anterior sentencia de unificación,
esa autoridad consideró que había caducado la acción porque (i) los hechos
cuya reparación se invoca ocurrieron el 27 de septiembre de 1999; (ii) se
acreditó la posibilidad de retorno desde el año 2009 y (iii) los demandantes
podían ejercer el derecho de acceso a la justicia desde el lugar en donde se
hubieran radicado definitivamente.
4.6. La Secretaría General del Tribunal Administrativo de Bolívar, allegó
constancia de que la sentencia acusada se emitió el 1° de diciembre de 2023,
se notificó el 7 de marzo de 2024 y quedó ejecutoriada el 14 de ese mes y año.
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4.7. El Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de apoderada judicial,
manifestó que la decisión de declarar la caducidad de la acción en el caso
objeto de análisis se fundamentó en la aplicación de una sentencia de
unificación cuyo acatamiento era obligatorio.
Al amparo de ese precedente, argumentó que los demandantes conocieron la
participación del Estado en el daño endilgado desde su consumación el 27 de
septiembre de 1999, pero radicaron la demanda de reparación directa hasta el
6 de julio de 2015, es decir, que dejaron vencer los plazos legales para acudir
al servicio de justicia a efectos de que se declarara la responsabilidad
extracontractual del Estado por los hechos.
Destacó que el tribunal incluso consideró como fecha de inicio del cómputo el
momento en que se aseguró el retorno al lugar del desplazamiento en el año
2009, pero aun así la conclusión era la de la caducidad de la acción.
Explicó que existe una postura unificada del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional para el conteo de la caducidad en casos de delitos de lesa
humanidad, genocidio y crímenes de guerra, según el cual este tipo de hechos
deben demandarse en el término establecido por el artículo 164 de la Ley 1437
de 2011 y se computa desde el día siguiente de que los afectados conocieron
o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado, y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial al mismo.
4.8. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, por conducto
de asesora del Área Jurídica de la Secretaría General de la Policía Nacional,
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela ante la
inexistencia de la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la
parte actora. Lo anterior, porque la sentencia acusada se fundamentó en la
normativa procesal aplicable (Ley 1437 de 2011) y en la jurisprudencia vigente
para resolver el asunto como lo era la sentencia del 29 de enero de 2020.
De acuerdo con lo anterior, destacó que el cómputo de caducidad inició en el
año 2009 cuando estaban dadas las condiciones de seguridad para el retorno
en el municipio de San Jacinto.
Finalmente, advirtió que la acción de tutela no expone un perjuicio irremediable
que justifique la intervención del juez constitucional en un asunto que ya fue
decidido en las dos instancias del proceso ordinario.
4.9. En proveído del 6 de noviembre de 2024, este despacho dejó sin efectos el
auto admisorio para procurar la debida conformación de la parte activa del
proceso constitucional debido a que no obraba en el expediente de tutela la
expresión de la voluntad debidamente acreditada de las personas que
aparecían relacionadas en el escrito de tutela como accionantes.
Adicional a lo anterior, el despacho requirió al tutelante para que aclarara la
legitimación en la causa por activa de varias personas que fueron relacionadas
en sus memoriales como accionantes, pero respecto de quienes se evidencia
que no aparecen como demandantes en el proceso ordinario o fueron
separados del litigio por diferentes causas.
4.10. En memorial del 15 de noviembre de 2024, la parte accionante respondió el
requerimiento anterior, así: (i) expuso la voluntad de varios de los accionantes
de conformar la parte activa del proceso constitucional con la relación de la
correspondiente firma digitalizada; (ii) indicó que por error se señalaron en el
escrito de tutela varias personas que en realidad no tienen legitimación para
intervenir por lo que solicitaron que no se las tuviera como accionantes; (iii)
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informaron el fallecimiento de algunas de las personas que conformaron la
parte activa del proceso ordinario y las individualizaron.
4.11. A través de proveído del 29 de noviembre de 2024 el despacho ponente
admitió la acción de tutela interpuesta contra el Tribunal Administrativo de
Bolívar. La parte activa de la acción de tutela quedó conformada por las
siguientes personas (197):
Augusto Rafael Herrera Rivera, Arturo Manuel Díaz Fontalvo, Piedad del
Socorro Anillo Melendrez, Lorena Roció Stave Díaz, Cesar Luis Reyes
Hamburger, Julio Rafael Caro Peñaloza, Jorge Eliezer Narváez de Ávila,
Everlides María Herrera Reyes, Ana Herlinda Vásquez Cerpa, Jorge Bladimir
Narváez Diaz, Juan Inocencio Peñaloza Salas, Ana Karina Díaz Sierra,
Stephany del Carmen Díaz Sierra, Elmy Mariela del Carmen Sierra Estrada,
María Luisa Díaz Sierra, Adrián Javier Díaz Herrera, Arnobis Yesid Díaz
Herrera, Cristina Isabel Sierra Ávila, Loraine Diaz Herrera, Felipe Santiago de
Ávila Sierra, Martin Elías Ávila Sierra, Alfredo Rafael Sierra Caro, Abis María
Sierra Caro, Isidora Josefa Hamburger Salas, Juan Manuel Rivera Diaz, Letty
del Socorro Arroyo Cerpa, Nelson Alberto Rivera Diaz, Aura Arroyo Cerpa,
Héctor Manuel Arroyo Cerpa, Juan Carlos Tapia Sierra, Carmen Elina Tapia
Sierra, Leider Enriques Escobar Vásquez, Henry Alfonso Herrera Caro,
Marcos Amilkar Herrera Díaz, Dina Luz Herrera Caro, Félix José Caro Diaz,
Duvis del Socorro Estrada de Sierra, Liceth María Herrera Herrera, Litbeth
Herrera Díaz, Doris de Jesús Palencia Gómez, Linda María Vásquez Vásquez,
Rafael Gustavo Caro García, Carlos Alfonso Caro García, Víctor Gustavo Caro
García, María del Rosario García García, Yeimi Judith Díaz Rivera, Elena
Esther Díaz Rivera, Daniel Eduardo Diaz Rivera, Enrique Bernardo Cortesano
García, Juan Antonio Barreto Reyes, Dairo José Sierra Arias, Ramiro Alfonso
Reyes Arroyo, Luis Miguel Estrada Sierra, Pedro Antonio Sierra Salas, Mayra
Alejandra Barreto Carvajal, Deimer Alfonso Sierra Peñaloza, Franklin David
Lora Sierra, Sindinela Lora Sierra, Ana Dolores Diaz Fontalvo, Cesar Augusto
Reyes Rivera, María Felipa Sierra de Estrada, María Guadalupe Estrada
Sierra, Aníbal Antonio Diaz Serpa, Rosa Elina Guelbreth Sierra, Jenniffer
Cecilia Guelbreth Sierra, Rosa Isabel Herrera Torres, Emelina de Jesús Torres
de Herrera, Luis José Herrera Herrera, Carmen Elena Tapia de Rivera, Ricardo
Narváez de Ávila, Brenda Luz Romero Lora, Otto Nel Barrios Bustillo,
Sigilfredo Barrios Bustillo, Judith María Barrios Bustillo, Cesar Isamael Tapia
Arroyo, Tatiana Judith Sierra Caro, Icela del Carmen Sierra Caro, Carlos
Rafael Sierra Caro, Vikis Tatiana Lora Sierra, Manuel Gregorio Lora Peñaloza,
Graciela Hortencia Diaz Sierra, Julio Manuel Caro Díaz, Rosa Albertina
Peñaloza Meléndez, Kevin Wadith Tapia Estrada, Fernando Antonio Tapia
Reyes, Amalfi María Cerpa Ortega, Cesar Alberto Peña Cerpa, Sandri Judith
Diaz Rivera, Alberto Manuel Diaz Rivera, Ramiro Antonio Peñaloza Ortega,
Laura Vanessa Torres Herrera, Gary Rafael Fontalvo Tapias, Aurelia Diaz
Cerpa, Mario Rafael Fontalvo Buelvas, Luis Alberto Caro Sierra, Dalis de Jesús
Peñaloza Arroyo, Luis Guillermo Diaz Cerpa, Ledys María Peñaloza Arroyo,
Miriam del Milagro Fontalvo Buelvas, Maureen Cecilia Herrera Caro, Tomas
Enrique Meléndez Caro, Mario Rafael Tapia Arroyo, Víctor Rafael Narváez
Fontalvo, José Luis Caro Caro, Karen Mercedes Caro Caro, Fabian Enrique
Fontalvo Rivera, Fabricio Rafael Fontalvo Rivera, Juana María Caro Alandete,
Jailer Antonio Fontalvo Tapia, Luis Guillermo Diaz Herrera, Blanca María Diaz
Cerpa, Dina Banessa Herrera Diaz, Jorge Luis Caro Diaz, Aníbal Alfonso Diaz
Rivera, María Concepción Caro Barreto, Armando Rafael Caro Barreto, Tomas
José Caro Barreto, Yerlin Judith Cortezano Caro, Jesús Francisco Cortezano
Caro, Rodrigo Tomas Caro Barreto, José Armando Cortezano Caro, Miguel
Enrique Cortezano Caro, Francisco José Cortezano Herrera, Natali Cortezano
Caro, Teresita de Jesús Cortezano Herrera, Julia Esperanza Ferrer Carvajal,
Astrid Celeste María Herrera Diaz, Josefa Tapia de Herrera, Marielis Judith
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Demandante: Augusto Herrera Rivera y otros
Ferrer Carvajal, Elida Rosa Arroyo Cerpa, Miguel Antonio Vásquez Caro, Olga
María Cerpa Caro, Nelsy Elena Arrieta Borrego, Nauris Mercedes Ortega Caro,
Jorge Luis Ortega Caro, Camilo Andrés Ortega Caro, Catherine Judith Ortega
Caro, Betty de la Concepción Caro Peñaloza, Néstor Enrique Castillo Diaz,
Maximiliano Antonio Caro Herrera, Ana Luisa Caro Arrieta, José Joaquín Caro
Peñaloza, Ernelda Rosa Diaz Cerpa, José del Carmen Herrera Tapia, Ana
Josefa Herrera Tapia, Luis Enrique Herrera Tapia, Mademis del Carmen
Herrera Tapias, Roció Lora Peñaloza, Luis Armando Lora Peñaloza, Nilgen
Diaz Caro, María Bernarda Sierra Diaz, Yaneth Miladys Rivera Diaz, Dayana
Carolina Fontalvo Rivera, Gustavo Adolfo Reyes Cerpa, Olga Lucia Rivera
Diaz, Andrés Manuel Tapia Fontalvo, Constancia María Tapia Diaz, Elvia
Modesta Meléndez Caro, Ruth Colombia Serpa Reyes, Bernardino Antonio
Barreto Reyes, Evert Alfonso Tapia Caro, Pedro Antonio Diaz Tapia, Alfonsina
María Diaz Contreras, Arturo Rafael Caro Alandete, Luis Gilberto Caro
Alandete, Catalina Mercedes Caro Sierra, Jaider Antonio Diaz Herrera, Alberto
Rafael Caro Vásquez, Alejandra María Caro Vásquez, Danilo Alfonso Ferrer
Carvajal, Alberto Rafael Caro Buelvas, Yaquelina María Caro Alandete, Carlos
Arturo Fontalvo Herrera, Vilma del Rosario Tapia Reyes, Paola Pilar Ávila Diaz,
Néstor Gregoria Diaz Caro, Elena Ortega Mercado, Adriana Luz Cerpa Ortega,
Luisa Lucila Sierra Estrada, Esilda Teresa Martínez Cerpa, Alfredo Manuel
Caro Cerpa, Astrid del Milagro Sierra Hamburger, Celina del Rosario
Hamburger Salas, Juan Aníbal Reyes Sierra, Rufino Rafael Reyes Cerpa,
Jenny del Milagro Hamburger Salas, Julio Rafael Diaz Salas, Aníbal Raúl
Torres Reyes, Maribel Barrios Caro, Brayan José Guelbreth Sierra, José
Vicente Diaz Ortega, Alejandro Luis Herrera Reyes, Marilsa Rosa Meléndez
Arrieta, Ingris del Carmen Arrieta Meléndez, Gladis Esther Diaz de Torres,
Miguel Armando Sierra Arias.
En calidad de terceros, atendiendo a su interés en este proceso, fueron
vinculadas las siguientes entidades y personas: (i) el Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Armada Nacional
(autoridades que actuaron como demandadas dentro del medio de control de reparación
directa) y el Juzgado Once Administrativo de Cartagena (autoridad que dictó
sentencia de primera instancia dentro de dicho proceso). Además (ii) se vincularon al
proceso con esa calidad, las siguientes personas (44) que conformaron la parte
activa del proceso de reparación directa Nro. 13001-3333-011-2015-00409-
00/01:
Aníbal Gabriel Vuelvas Vásquez, Rita Teresa Meléndez Caro, Luz Elena Ferrer
Carvajal, Decelia Hirtencia Ferrer Carvajal, Janis Esther Ferrer Carvajal,
Andrés Avelino Peñaloza de Ávila, Rosa Elena Sierra Bustillo, Miguel Alberto
Vásquez Arias, María Emilia Conde de Barreto, Álvaro Enrique Sierra Estrada,
Farith Gregorio Tapia Arroyo, Roberto Clemente Sierra Yepes, Ariel Antonio
Vásquez Tapia, Ibeth del Rosario Sierra Yepes, Óscar Alfonso Sierra Yepes,
Miguel Antonio Sierra Salas, Nelson Ramón Sierra Estrada, Sandra Marcela
Sierra Vásquez, Yeraldis Judith Sierra Vásquez, Manuel Gustavo Arroyo
Anillo, Ana Estela Barrios Bustillo, Marisela Barrios Caro, Eder Napoleón Caro
Díaz, Blanca Edith Sierra Caro, Winner Alfonso Barreto Carvajal, Amber Aloet
Maury Arrieta, Alfredo Rafael Sierra Caro, Miriam Isabel Peñaloza Sierra,
Leonardo Alfonso Peñaloza Lora, Álvaro Javier Sierra Caro, María Isabel
Herrera Díaz, Dayana María Tapia Díaz, Marco Aurelio Herrera Sierra, Arcelias
Ortegas Caro, Modesta Fontalvo de Narváez, Edith del Socorro Díaz, Daniela
del Socorro Narváez Fontalvo, Gloria Inés Díaz Tapia, Vanessa Isabel Díaz
Trujillo, Elsy del Carmen Caro Sierra, Cindy Lucía Caro Vásquez, Orly Rafael
Hamburger Rivera, Juan Daniel Reyes Hamburger, Rafaela Judith Cerpa
Ortega.
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Demandante: Augusto Herrera Rivera y otros
4.12. En memorial del 9 de diciembre de 2024, los señores Cindy Lucía Caro
Vásquez, Miriam Isabel Peñaloza Sierra, Ana Estela Barrios Bustillo, Marco
Aurelio Herrera Sierra, Rosa Elena Sierra Bustillo, Rafaela Judith Cerpa
Ortega, Álvaro Javier Sierra Caro, Eder Napoleón Caro Díaz, Eder Napoleón
Caro Díaz, Dayana María Tapia Díaz, Miguel Antonio Sierra Salas, Ibeth del
Rosario Sierra Yepes, Janis Esther Ferrer Carvajal, Decelia Hirtencia Ferrer
Carvajal, Vanessa Isabel Díaz Trujillo, Álvaro Enrique Sierra Estrada, Nelson
Ramón Sierra Estrada manifestaron coadyuvar la acción de amparo y pidieron
que se les tuviera como tutelantes.
En este punto resulta importante aclarar que las anteriores personas ya habían
sido vinculadas como terceras con interés en el auto admisorio de la demanda.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido unos requisitos generales4 y
especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional6 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso
3 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
4
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
5
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
6
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
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Demandante: Augusto Herrera Rivera y otros
3. Planteamiento del problema jurídico
La Sala en primera medida debe analizar si la acción de tutela cumple con los
requisitos generales de procedibilidad para cuestionar providencias judiciales, en
especial los de inmediatez y de relevancia constitucional ya que fueron discutidos
en los informes de respuesta de esta tutela.
En caso de que la acción de amparo supere el examen general de procedibilidad,
la Sala deberá establecer si el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión
001, incurrió en desconocimiento del precedente judicial, en defecto sustantivo y en
defecto fáctico al proferir la sentencia del 1° de diciembre de 2023, en el medio de
control de reparación directa nro. 13001-33-33-011-2015-00409-01.
4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad en el caso
particular
4.1. La acción de tutela interpuesta cumple con los requisitos generales de
procedibilidad dado que: (i) versa sobre la posible vulneración de los derechos
fundamentales de personas que tienen la calidad de desplazados por la
violencia al debido proceso, a la dignidad, a la reparación integral y de acceso
a la administración de justicia con ocasión a la sentencia que en la segunda
instancia del proceso declaró la caducidad de la acción; (ii) la parte actora
agotó todos los medios ordinarios de defensa judicial y en relación con los
cargos presentados por los accionantes no proceden los recursos
extraordinarios de revisión ni de unificación de jurisprudencia7; (iii) se
identificaron razonablemente los hechos que generaron la vulneración y los
derechos afectados; y (iv) no se trata de una tutela contra sentencia de tutela.
4.2. Relativo al (v) requisito de la inmediatez esta Sala observa que la sentencia
impugnada se notificó a través de mensaje de datos que fue remitido a los
sujetos procesales el 7 de marzo de 2024, por lo que quedó notificada el 12
de marzo del año pasado8. De otra parte, la acción de tutela se radicó el 23 de
septiembre de 2024, lo que quiere decir que entre la notificación de la
providencia impugnada y la interposición de la acción de tutela pasaron 6
meses y 11 días.
Este lapso supera el plazo razonable de 6 meses establecido por la
jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado9 para cuestionar
sentencias vía tutela. Este término se estableció considerando «la naturaleza del
acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la
necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad»10.
Pero las anteriores reglas de decisión deben analizarse en armonía con lo
establecido por la Corte constitucional en la sentencia SU-391 de 2016 donde
aseguró que «[n]o existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la
razonabilidad del plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la
luz de las circunstancias de cada caso concreto, lo que constituye un término razonable».
Por ende, para analizar si este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional
7 El artículo 258 del CPACA establece que habrá lugar a este recurso cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga
a una sentencia de unificación del Consejo de Estado, pero en el caso particular se discute la aplicación de una sentencia
de unificación de la Corte Constitucional y la aplicación de un precedente del Consejo de Estado que no está contenido
en una sentencia con efectos de unificación.
8
En auto de unificación del 29 de noviembre de 2022. La Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado, con ponencia de
la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto, adoptó la siguiente regla de unificación en relación con la notificación
electrónica de las sentencias: «La notificación de las sentencias por vía electrónica prevista en el inciso primero del artículo
203 del CPACA se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los
términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
2 del artículo 205 del CPACA».
9
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R.
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
10
Ibidem.
9
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Demandante: Augusto Herrera Rivera y otros
brindó cinco criterios a considerar: i) la situación personal del peticionario; ii) si
la vulneración de derechos fundamentales se extiende en el tiempo; iii) la
naturaleza de la vulneración; iv) la actuación contra la que se dirige la tutela; y
v) los efectos de la tutela.
Adicional a lo anterior, en la Sentencia T-619 de 2019, la Corte Constitucional
estimó que «el juez debe ser muy cuidadoso en la constatación de este requisito por
estar en riesgo la seguridad jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado
(6 meses), lo cierto es que también se ha extendido dicho lapso, pues para su fijación se
debe acudir a criterios como el de razonabilidad y proporcionalidad en cuya
valoración le corresponde al juez tener en cuenta las circunstancias que caractericen al
caso concreto» (negrillas propias).
Aunado a ello, el máximo tribunal constitucional ha sostenido11 que es posible
flexibilizar el requisito referido cuando el solicitante del amparo sea un sujeto
de especial protección constitucional, en atención al artículo 13 de la
Constitución Política, como lo son, entre otros: los adultos mayores, las
víctimas del conflicto armado, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres y
padres cabeza de familia y las personas en condición de discapacidad.
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde verificar, además
del transcurso del tiempo, si existe alguna de las circunstancias definidas
jurisprudencialmente que permita determinar que la acción de tutela fue
presentada en un término razonable o si existe alguna situación que permita
la flexibilización del estudio de la inmediatez, a pesar de que la solicitud no
haya sido presentada dentro del término de los seis meses.
De acuerdo con lo expuesto, para esta Sala es posible flexibilizar el requisito
de inmediatez al considerar las particularidades de este caso a la luz de los
criterios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en la jurisprudencia
constitucional citada.
Son varios los factores a considerar en este caso y que justifican que no se
aplique con rigurosidad el presupuesto de la inmediatez. En primera medida,
debe considerarse que la acción de tutela fue promovida por un número
considerable de personas de manera directa, es decir, que no contaron con el
apoyo jurídico de un experto para incoar este mecanismo judicial. Además, los
accionantes fueron reconocidos en el proceso ordinario como víctimas del
conflicto armado en tanto padecieron el hecho victimizante de desplazamiento
forzado. Así lo reconocieron los jueces de la causa en cada una de las
instancias del proceso ordinario de reparación directa12.
A lo anterior debe sumarse la complejidad del proceso que involucra la
situación de desarraigo de más de 256 personas que procuran la reparación
del Estado por los hechos que se describieron en el acápite de antecedentes.
Así las cosas, considerando la calidad de víctimas del conflicto armado de los
demandantes, el hecho de que la tutela se interpuso de manera directa y la
complejidad misma del asunto que se expone, esta Sala estima que es posible
flexibilizar en el caso particular el presupuesto de inmediatez. Más aún cuando
se trata de un asunto en el que no transcurrió un periodo irrazonable desde
que se concretó la vulneración ius fundamental alegada, pues no se evidencia
desproporción en el tiempo que permita concluir negligencia, desinterés o
11 Ver entre otras: Corte Constitucional. Sentencias T-678 de 2016, T-518 de 2017 y T-375 de 2018.
12
En la sentencia acusada se indicó que desde la primera instancia lo demandantes probaron su calidad de desplazados
con la documentación emitida por la UARIV. Y en el acápite de «Hechos relevantes probados», indicó lo siguiente frente
a la situación de desarraigo alegada por la parte actora: «5.5.1.1. A lo largo del proceso se aportaron diferentes pruebas
documentales que certifican la calidad de desplazados forzosamente de los señores Joaquín Pablo Barreto Caro, Augusto
Rafael Herrera Rivera, Piedad del Socorro Anillo Meléndez, María Felipa Sierra de Estrada, y del resto de demandantes.»
10
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desidia, sino que la demora puede explicarse en la misma situación de
desarraigo a la que comúnmente se ven sometidas las víctimas de este flagelo.
En la sentencia SU-254 de 2013, la Corte Constitucional advirtió la vulneración
múltiple de derechos que implica el fenómeno de desplazamiento forzado y el
estado de vulnerabilidad en el que quedan sus víctimas. Recordemos:
«(…) la jurisprudencia constitucional ha reconocido el drama humanitario que causa el
desplazamiento forzado como un hecho notorio, así como la dimensión desproporcionada del
daño antijurídico que causa este grave delito, el cual ha calificado como (i) una vulneración
múltiple, masiva, sistemática y continua de los derechos fundamentales de las víctimas de
desplazamiento; (iii) una pérdida o afectación grave de todos los derechos fundamentales y
de los bienes jurídicos y materiales de esta población, que produce desarraigo, pérdida de la
pertenencia, de la autonomía personal, y por tanto dependencia, marginalidad, exclusión
social y discriminación de esta población; y (iv) por consiguiente como una situación de
extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta, de inusual y gravísima desprotección e
indefensión de las víctimas de este delito.»
Teniendo en cuenta este derrotero, en varias providencias de esa alta
Corporación se ha flexibilizado el requisito de inmediatez considerando la
calidad de sujetos de especial protección constitucional de los accionantes en
consideración a su situación de desplazamiento forzado. Así, por ejemplo, en
la sentencia T-107 de 2019, el Tribunal Constitucional hizo el siguiente análisis
sobre el plazo razonable de interposición de la tutela:
«La Sala de lo Contencioso Administrativo (Subsección B) de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, que analizó en segunda instancia la acción de tutela objeto de revisión concluyó
que el citado período era excesivo, razón por la cual resolvió que el amparo era improcedente.
Sin embargo, la Sala encuentra que esta solución no es de recibo por dos razones de
trascendencia, a saber:
i) Los accionantes son sujetos de especial protección, por referir que son víctimas del conflicto
armado interno en Colombia al alegar que han sido forzados a desplazarse. Esta particularidad
si bien, no implica que la acción de tutela necesariamente deba ser considerada
automáticamente procedente, más aun teniendo en cuenta que en el asunto actuaban
mediante apoderado, sí obliga al juez constitucional a efectuar un análisis en el asunto más
detallado o a flexibilizar estos requisitos, teniendo en cuenta que condiciones como las
referidas ponen a estos individuos en una situación de vulnerabilidad e incluso indefensión,
razón por la cual no puede exigírseles una carga de diligencia idéntica a la que se esperaría
de una persona que no tenga estas connotaciones.
ii) El amparo objeto de revisión, además de ser un tema complejo por involucrar pretensiones
de múltiples accionantes que integran dos núcleos familiares, no fue interpuesto en un tiempo
desproporcionado, puesto que, si bien la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que
un término de seis (6) meses es suficiente para interponer las acciones de tutela contra
providencias judiciales, este no constituye un plazo unívoco ni completamente estricto, sino
que deberá analizarse caso por caso, atendiendo las condiciones más particulares si se
presentó en un término prudente o no. En este orden de ideas, considerando la condición de
sujetos de especial protección de los accionantes, la cantidad de pretensiones que convergen
en el amparo constitucional que se revisa, y la mayor dificultad argumentativa que implica la
interposición de una acción de tutela contra providencia judicial (que en esta oportunidad se
solventó acudiendo a una apoderada única), la Sala concluye que el término de casi ocho (8)
meses que trascurrió entre la notificación del fallo accionado y la interposición del amparo, no
fue desproporcionada.
Así, el requisito de inmediatez se encuentra suficientemente acreditado.»
Así las cosas, una vez analizadas las particularidades del caso, la Sala tendrá
como superado el requisito de inmediatez, ya que la accionante goza de una
especial protección debido a su condición de víctima del conflicto armado,
además porque se trata de una acción judicial que presenta una especial
complejidad y que fue promovida de manera directa por los accionantes.
De acuerdo con lo anterior, los 11 días por los que se superó el periodo de 6
meses establecido en la jurisprudencia de esta Corporación, no se traducen
en un lapso desproporcionado ni irrazonable, considerando que no se trata de
una tardanza excesiva y que la tutela fue incoada por sujetos de especial
11
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protección constitucional que acudieron de manera directa al servicio de
justicia a pretender la protección de sus derechos fundamentales.
4.3. De otro lado la Sala también tiene por acreditado el requisito de relevancia
constitucional en consideración a que los hechos y pretensiones de la acción
de tutela exigen estudiar el alcance de los derechos al debido proceso y de
derecho al acceso a la justicia de víctimas del conflicto armado que pretenden
la indemnización del daño derivado del desplazamiento forzado masivo
ocurrido en el corregimiento de Las Palmas del municipio de San Jacinto13..
En esa medida, es importante identificar si en el caso particular se concretó un
escenario de vulneración ius fundamental por desconocimiento del precedente
judicial aplicable para computar la caducidad en eventos de desplazamiento
forzado14.
5. Alcance del defecto por desconocimiento del precedente judicial y su
análisis en el caso particular
5.1. El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el
pasado y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos
semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el
juez al momento de decidir el nuevo caso.
La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que, “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia
jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente
y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación” 15.
Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación
(existencia del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) sean
vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente
vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii)
que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al
precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante); (iv) que el
juez de instancia no presente una justificación razonable para apartarse del
precedente vinculante.
13 Al respecto, Corte Constitucional: Sentencias SU-254 de 2013, T-037 de 2015, T-352 de 2016, T-237 de 2017, T-089 de
2021, T-044 de 2022, T-117 de 2022 y T-374 de 2023.
Al respecto, en la sentencia T-089 de 2021, la Corte manifestó: «3.1.2. Los desplazados como sujetos de especial
protección constitucional. En este punto en particular, debe resaltarse, como bien se dijo en uno de los acápites
anteriores, que el Estado colombiano tiene la obligación de ayudar a todas las víctimas del conflicto armado interno a
superar la condición de desplazamiento, lo cual se debe lograr brindando condiciones de auto sostenimiento que permitan
garantizar la reconstrucción de sus vidas y la satisfacción de sus necesidades básicas.
Esta responsabilidad del Estado se debe precisamente a las tres condiciones que han sustentado jurisprudencialmente
la protección reforzada de la población desplazada, a saber: (i) las situaciones que se derivan del desplazamiento, como
el verse obligado o forzado a abandonar de manera intempestiva el hogar y lugar de origen y el tener que llegar en
condiciones precarias a otro lugar con el que no se tiene arraigo; (ii) el incumplimiento por parte del Estado del deber de
brindar y garantizar la protección y seguridad de todos los ciudadanos en el territorio nacional, lo que ha tenido como
consecuencia la generación del desplazamiento forzado; y, (iii) la persistente incapacidad del Estado para proveer
protección a las víctimas del conflicto armado interno, puntualmente a la población desplazada, y restablecer sus
derechos, razón por la cual se ha generado un “estado de cosas inconstitucional”, por las ostensibles omisiones de las
autoridades en proporcionar una debida atención a las víctimas.»
14
La Corte Constitucional ya ha indicado que los casos en los que se discute la vulneración de derechos fundamentales de
víctimas del conflicto armado con ocasión a la declaratoria de caducidad de la acción en el marco de proceso de
reparación directa tienen relevancia constitucional, debido al contenido mismo de la discusión y la calidad de los
accionantes. En la sentencia SU312 de 2020, el Tribunal Constitucional, al respecto dijo: «El asunto es de relevancia
constitucional, comoquiera que se debate sobre la posible vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de una víctima de la violencia en un proceso contencioso administrativo, con ocasión de la
existencia de diferentes interpretaciones en torno al término de caducidad del medio de control de reparación directa
cuando el hecho dañoso constituye un delito de lesa humanidad».
15
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-1029 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto.
12
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A partir de lo anterior, debe considerarse que, por regla general, los jueces de
lo contencioso administrativo deben guiarse en la solución de sus asuntos, por
la jurisprudencia vinculante. Este concepto cobija tanto el precedente vertical
como el horizontal. El segundo, refiere a las reglas de decisión fijadas por
autoridad judicial de igual jerarquía. El vertical, por su parte, atiende a los
lineamientos establecidos por instancias superiores, es decir, por los órganos
de cierre de cada jurisdicción o por la Corte Constitucional16.
5.2. El principal argumento de disenso de esta acción de tutela es que el Tribunal
Administrativo de Bolívar desconoció el precedente judicial de unificación y
vinculante bajo el cual debía estudiar el fenómeno de caducidad para eventos
de desplazamiento forzado. La parte actora reprocha que el análisis de la
oportunidad de la acción se realizó exclusivamente al amparo de las reglas de
decisión de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 (Exp. 61033),
emitida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, pero dejó de lado la
sentencia SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional en la que se establecen
pautas relevantes sobre la materia estudiada.
5.3. Ahora bien, el análisis de la sentencia del 1° de diciembre de 2023 da cuenta
de que el tribunal al analizar la caducidad de la acción si tomó en consideración
la sentencia SU-254 de 2013, pero descartó la aplicación de sus subreglas al
caso concreto porque consideró que el precedente vigente para ese efecto era
el establecido por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional en las
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 (61033) y SU-312 de 2020.
Así las cosas, la autoridad judicial concentró los fundamentos jurídicos de la
sentencia en la aplicación del artículo 164.2. i) del CPACA sobre la oportunidad
para presentar la demanda de reparación directa, según lo indicado en la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020. Luego, estableció que ese
era el precedente vinculante y obligatorio para decidir el caso puesto en su
consideración.
Al descender al análisis del escenario fáctico expuesto en la demanda, el
Tribunal argumentó que había operado la caducidad de la acción. Dijo que el
hecho dañoso que ocasionó los perjuicios reclamados se materializó el 27 de
septiembre de 1999 cuando ocurrió el desplazamiento forzado masivo cuya
indemnización se reclama. A partir de lo anterior, consideró que la caducidad
de la acción debía contarse desde uno de dos eventos, el primero, a partir del
día siguiente a la ocurrencia del daño, porque el expediente permitía inferir que
«los demandantes tuvieron conocimiento de la participación del Estado en el daño
endilgado a partir de su consumación, a saber, el 27 de septiembre de 1999». El
segundo, desde cuando se acreditó que estaban dadas las condiciones de
seguridad para el retorno, es decir, en el año 2009, pero como la demanda se
radicó en el año 2015, la conclusión seguía siendo la caducidad de la acción.
A continuación, se relacionan los apartes relevantes del fallo cuestionado:
«Como se explicó en líneas precedentes, existe una postura unificada del Consejo de Estado
[exp.61033] y de la Corte Constitucional [SU-312] respecto al conteo de la caducidad en
relación a los daños originados por la comisión de delitos de lesa humanidad, genocidio y
crímenes de guerra cuya participación sea atribuible a agentes del Estado. De acuerdo a las
sentencias invocadas, este tipo de hechos dañosos deben demandarse en el término
establecido por el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, esto es, dos (2) años después de su
acaecimiento.
(…)
Ahora bien, frente a la aplicación de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020
proferida por el Consejo de Estado, se ha dicho que tiene efectos retrospectivos, es decir, las
reglas definidas en esta providencia deben aplicarse a situaciones no consolidadas antes de
16 Cfr. Corte Constitucional de Colombia. SU113 de 2018; T-309 de 2015 y T-794 de 2011.
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su vigencia. Bajo estos términos, el criterio unificado del órgano debe aplicarse al presente
caso, aun cuando la demanda se hubiese promovido antes de proferirse esta decisión
unificada.
Esta conclusión encuentra respaldo en las recientes sentencias proferidas por el Consejo de
Estado de fecha 7 de diciembre de 2021 17, 4 de mayo de 202218, 10 de octubre de 202219, y
3 de febrero de 202320, en las que se puntualizó que la aplicación de la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020 tiene un carácter inmediato y retrospectivo, por lo cual, resulta
pertinente para resolver todos los casos pendientes de resolución judicial (…).
Así entonces, el juzgado de instancia no podía obviar el precedente sentado por el órgano de
cierre de esta jurisdicción, y en tal sentido, prescindir del análisis de la caducidad. Téngase en
cuenta que, el fallo de unificación fue proferido el 29 de enero de 2020, mientras que la
sentencia emitida por el Despacho de origen data del 14 de febrero de 2020. (…)
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que la parte actora dejó fenecer el plazo
legal dispuesto por el legislador para hacer efectiva su pretensión indemnizatoria, sustentada
en la ocurrencia del desplazamiento forzado del que fueron víctimas. Para sustentar esta
posición, se tuvieron en cuenta los siguientes argumentos:
(i) (…) la Sala de Decisión considera que las presuntas víctimas tuvieron conocimiento del
daño al momento de su ocurrencia. Al revisar la demanda, se infiere que los accionantes les
endilga responsabilidad a las entidades demandadas, por cuanto, no previnieron la situación
de desplazamiento de la que fueron afectados, a pesar de tener conocimiento previo de la
situación de orden público que aquejaba al corregimiento de Las Palmas, municipio de San
Jacinto. (…)
Así entonces, puede concluirse que los demandantes tuvieron conocimiento de la participación
del Estado en el hecho dañoso, desde el 27 de septiembre de 1999, por lo tanto, tenían hasta
el 28 de septiembre de 2001 para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. La
solicitud de conciliación prejudicial fue presentada el 23 de abril de 2015 y, a su vez, la
demanda se radicó el 6 de julio de 2015. En este orden de ideas, se entiende que se dejaron
vencer los plazos legales para presentar este medio de control de reparación directa.
(ii) Otro aspecto que se ha valorado para el estudio de la caducidad, son los eventos donde
los demandantes demuestran haber estado en la imposibilidad material para acceder a la
jurisdicción contenciosa administrativa. Al respecto, la Sala de Decisión evidencia que existe
una certificación expedida por la Brigada de Infantería de Marina No. 01 de la Armada
Nacional, en la que se informa que la desarticulación de los grupos armados ilegales de las
FARC, ELN y ERP se produjo entre los años de 2007 a 2009, cuando se realizaron las
operaciones militares de “Alcatraz” y “Mariscal”. Igualmente, precisó que, el día 14 de julio de
2005 se llevó a cabo la desmovilización del grupo ilegal de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC).
(…) De esta manera, esta Colegiatura acoge las consideraciones del órgano de cierre y, en
consecuencia, advierte que la situación de orden público en el municipio de San Jacinto se
reestableció desde el año de 2009. Por consiguiente, la parte demandante tenía hasta el 1°
de enero de 2011 para promover la demanda (…).es claro que se dejaron vencer los plazos
previstos por el Legislador para pedir la indemnización por este hecho dañoso.
17 «“Este criterio es aplicable incluso a procesos iniciados con anterioridad a la jurisprudencia de unificación, pues como lo
ha indicado esta Corporación el cambio jurisprudencial tiene efectos retrospectivos, por ende, se aplica a todos los casos
pendientes de decisión en vía judicial y administrativa” (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Marta
Nubia Velásquez Rico, Rad. No. 70001-23-33-000-2016-00288-02 (64635), Sentencia del 7 de diciembre de 2021).»
18
«“17.- Finalmente, si bien es cierto que en este caso la demanda fue presentada antes de que se profiriera la sentencia
de unificación previamente referida, la aplicación de esa providencia fue inmediata (no prospectiva) y las reglas
jurisprudenciales allí establecidas aplican al presente caso en la medida en que la sentencia desarrolla e interpreta
adecuadamente una disposición legal; no se trata de una regla jurisprudencial que modifique las condiciones para adquirir
un derecho o para ejercerlo judicialmente, por lo que el justiciable no puede afirmar que, ateniéndose a la subregla
equivocada, realizó determinada actuación o ejerció determinado derecho.” (Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, C.P. Martín Bermúdez Muñoz, Rad. No. 05001-23-33-000-2018-02415-01 (68058), Sentencia del 4 de
mayo de 2022)»
19
«“En sentencia T-210 del 10 de junio de 2022, en un caso de tutela promovido con ocasión de un fallo en el que se declaró
la caducidad por daños derivados de una conducta de lesa humanidad, se concluyó que tanto el Consejo de Estado como
la Corte Constitucional en las sentencias que dictaron en enero y agosto de 2020, respectivamente, habían dejado sentada
su posición frente al tema, sin que para tal fin resultaran oponibles los pronunciamientos expedidos con anterioridad en
un sentido distinto, pues a partir de la adopción del criterio de unificación era ese el vinculante y, por ende, era el
precedente constitucional vigente.” (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico, Rad. No. 25000-23-36-000-2017-01405-01 (67.965), Sentencia del 10 de octubre de 2022).»
20
«“46. Basados en la referida determinación, la Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020, concluyó que la regla de caducidad de la reparación directa es aplicable a todas las demandas
presentadas ante esta jurisdicción, incluidas las que versen sobre conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad
y salvo aquellas controversias en las que se presenten circunstancias particulares que ameriten recurrir a la excepción
de inconstitucionalidad de que trata el artículo 4 de la Constitución Política.” (Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, Rad. No. 20001-23-31-000-2012-00163-02 (55.845), Sentencia del 3
de febrero de 2023)»
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(iii) (…) era posible acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través del nuevo
lugar donde se radicaron definitivamente los demandantes, ya que, el derecho al acceso a la
administración de justicia puede ejercerse desde cualquier parte del país. Además, aun
refiriendo alguna cuestión de orden económica, se recuerda que, para acudir a un proceso
judicial puede hacerse uso del amparo de pobreza (…).
(iv) Finalmente, cabe destacar que, en la Sentencia SU-254 de 2013, la Corte Constitucional
dispuso en su parte resolutiva lo siguiente: “para efectos de la caducidad de futuros procesos
judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los términos para la población
desplazada sólo podrán computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de
tener en cuenta trascursos de tiempo anteriores, por tratarse de sujetos de especial protección
constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad
manifiesta”.
Al respecto, el Tribunal Administrativo considera que no debe utilizarse como referencia la
ejecutoria de la Sentencia SU-254 de 2013 para realizar el cómputo de la caducidad del medio
de control de reparación directa. La sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida
por el Consejo de Estado no indicó ninguna limitación en cuanto a la aplicación de este criterio
jurisprudencial en el tiempo. En esa línea de acción, debe considerarse que sus efectos son
retrospectivos, es decir, las reglas definidas en la sentencia deben aplicarse a situaciones no
consolidadas antes de su vigencia.
(…) En igual sentido, el Consejo de Estado sostuvo esta misma tesis mediante providencias
del 3 de febrero y del 19 de julio de 2022, explicando que, la interpretación adoptada en la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 resultaba vinculante y obligatoria para los
casos pendientes por resolver, por encima, incluso, de la posición adoptada en la Sentencia
SU-254 de 2013.» (Subraya y negrilla de la Sala).
5.4. La relación de los fundamentos jurídicos y fácticos de la sentencia acusada
corroboran que el análisis de la caducidad se surtió al amparo de la norma
procesal aplicable para el medio de control de reparación directa y de la
sentencia de unificación del Consejo de Estado que analizó cómo opera la
caducidad de la acción en crímenes de lesa humanidad, pero descartó la
aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional SU-254 de 2013.
Así las cosas y atendiendo a los argumentos de la tutela, corresponde a esta
Sala analizar si esta última sentencia constituye precedente aplicable y
vinculante al caso concreto y si debía ser tenida en consideración por la
autoridad judicial accionada a efectos de resolver sobre la oportunidad de la
acción.
5.5. En la Sentencia SU254 de 2013, la Corte Constitucional analizó varias acciones
promovidas por víctimas de desplazamiento forzado en las que se pretendía
la reparación integral de los perjuicios derivados de ese hecho victimizante. El
problema jurídico entonces se centró en determinar si las autoridades
accionadas vulneraron el derecho a la reparación integral de las víctimas
accionantes. Es decir que, en la providencia no solo se analizó y se tomaron
decisiones sobre la indemnización administrativa para las víctimas de
desplazamiento, sino que el estudio también comprendió algunos aspectos de
la reparación de sus perjuicios por vía judicial.
Así pues, la Sala Plena de la Corte precisó en esa oportunidad que «los términos
de caducidad para población desplazada, en cuanto hace referencia a futuros procesos
judiciales ante la jurisdicción contencioso administrativa, sólo pueden computarse a partir de
la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en cuenta trascursos de tiempo anteriores,
por tratarse, como antes se explicó, de sujetos de especial protección constitucional, en
atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta»(Subraya y
negrita de la Sala). El alto Tribunal otorgó a este fallo efectos inter comunis por lo
que aplica a los casos que se encuentren en similares circunstancias fácticas
y jurídicas.
Se precisa que, en esta sentencia la Corte no desconoció ni inaplicó el plazo
legal de caducidad de la acción en eventos de reparación directa, sino que
determinó un alcance especial respecto del momento en que debe iniciar el
cómputo en atención a las especiales dificultades que evidenció en la
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población víctima de desplazamiento, debido a la falta de conocimiento y
claridad sobre los mecanismos legales con los que cuentan para garantizar su
derecho a la reparación integral.
5.6. Posteriormente, en la sentencia T-374 de 2023, la Corte Constitucional reiteró
que la sentencia SU254 de 2013 no se limitó al estudio de la vulneración del
derecho a la indemnización administrativa de la población desplazada, sino
que comprendió el de la reparación integral, el cual incluye la posibilidad de
acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para obtener el
resarcimiento por los perjuicios sufridos.
En esta sentencia de tutela, el Tribunal Constitucional advirtió que el cómputo
de caducidad de la acción de reparación directa por desplazamiento forzado
en los eventos allí descritos sólo puede contarse a partir del término de
ejecutoria de la sentencia SU-254 de 2013, siempre que el hecho victimizante
hubiere acaecido antes de la expedición de esa providencia. Para mayor
ilustración, se relaciona el aparte pertinente de la sentencia en comento:
«5.1. El Tribunal (…) al (…) declarar probada la excepción de caducidad en este caso, incurrió
en desconocimiento del precedente constitucional, sentado en la Sentencia SU-254 de 2013.
(…)
5.14. De igual manera, no es posible acoger la razón adicional por la que el tribunal accionado
decidió apartarse de lo decidido en la SU-254 de 2013, relativa a que la Sentencia SU-254 de
2013 surtió efectos jurídicos en su momento pero que, ante la expedición de la sentencia de
unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, este era el precedente vinculante
y aplicable al caso concreto.
5.15. Como se expuso en la parte considerativa, las sentencias del órgano de cierre de la
jurisdicción constitucional tienen un peso predominante respecto a la interpretación que realiza
sobre los derechos fundamentales. Esto quiere decir que su labor hermenéutica prevalece
sobre la interpretación que realicen de los mismos, los demás órganos judiciales. En particular,
en esta sentencia de unificación, donde la Corte abordó, entre otros temas, lo atinente a las
diferentes vías con las que cuentan las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia,
para acceder al goce efectivo de su derecho a la reparación integral. Y, que como se
mencionó, es plenamente aplicable a los actores.
5.16. En definitiva, la aplicación de lo dispuesto en la Sentencia SU-254 de 2013 tiene sustento
en el criterio de especialidad porque la Corte fijó una regla específica respecto al momento
a partir del cual debe contabilizarse el término de caducidad, esto es, desde su ejecutoria, en
los casos de desplazamiento forzado acaecidos con anterioridad a la expedición de ese fallo,
como ocurre en el asunto bajo examen. Y, en el criterio de prevalencia de las normas
constitucionales y del alcance e interpretación que esta Corporación le otorgue a las mismas,
tal como se expuso en el acápite de la vinculatoriedad del precedente constitucional que, entre
otros fines, persigue garantizar la igualdad de trato y la seguridad jurídica de los ciudadanos.»
Más recientemente, en la sentencia SU-429 de 202421 con ponencia del
magistrado Jorge Enrique Ibáñez, la Corte Constitucional reiteró el deber de
aplicar la sentencia SU-254 de 2013 en el análisis del fenómeno de caducidad
de la acción para eventos de desplazamiento forzado ocurridos antes de la
emisión de esa sentencia.
Como se observa, el Tribunal Constitucional reconoce la vigencia de la
sentencia SU-254 de 2013 como parámetro de análisis de la caducidad de la
acción en eventos de desplazamiento forzado, siempre que cumpla con los
requisitos allí establecidos, sin que la emisión de la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020 se erija como un obstáculo.
5.7. En el caso sub examine se tiene acreditado: (i) que los accionantes ostentan
la calidad de desplazados22; (ii) que el desplazamiento ocurrió antes de que se
21 Cfr. Comunicado de prensa nro. 45: https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado%2045-
%20Octubre%209%20y%2010%20de%202024.pdf
22 Óp. Cit nro. 12.
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emitiera la sentencia SU-254 de 2013; (iii) que la sentencia SU-254 cobró
ejecutoria el 23 de mayo de 2013; (iv) que la solicitud de conciliación prejudicial
se radicó el 23 de abril de 2015 y se emitió constancia de diligencia fallida el 6
de julio de 201523 y (v) que la demanda se radicó el día 15 de ese mismo mes
y año24.
Es decir que, el Tribunal accionado debió analizar las reglas de decisión
contenidas en la sentencia del 2013 para establecer, de acuerdo con los
requisitos allí establecidos, si había operado la caducidad de la acción, pues
se trataba de un precedente de unificación de la Corte Constitucional anterior
a la sentencia acusada, con fuerza vinculante de acuerdo con la jurisprudencia
que se citó y que no ha sido modificado o variado por esa alta Corporación.
A pesar de tratarse de un precedente vinculante y vigente, el Tribunal
Administrativo de Bolívar negó su aplicación con fundamento en un argumento
de vigencia que fue descartado por la Corte Constitucional en sentencias
posteriores como la T-374 de 2013.
5.8. Para esta Sala, la sentencia del 29 de enero de 2020 (61033) proferida por la
Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado no excluye las reglas de
decisión de la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional, sino que,
por el contrario, su contenido puede armonizarse.
Lo primero que debe aclararse es que las sentencias de unificación de la Corte
Constitucional, como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, tienen
un carácter vinculante que no puede ser desconocido arbitrariamente por los
jueces naturales de la causa, debido a su función de determinar el alcance de
los derechos fundamentales.
Observa esta Sala que la sentencia SU-254 de 2013 debía ser aplicada al caso
concreto en virtud de un criterio de especialidad, pues allí se fijó una regla
específica sobre el parámetro para iniciar el cómputo de la caducidad de la
acción contenciosa para eventos de desplazamiento forzado acaecidos con
anterioridad a ese fallo.
Ahora bien, esta determinación no se excluye con la posterior sentencia del 29
de enero de 2020 donde se unificó la postura sobre la aplicación del fenómeno
de la caducidad de la acción en casos de graves violaciones a los derechos
humanos y al derecho internacional humanitario. En esta oportunidad, la
Sección Tercera precisó que el fenómeno de caducidad sí era aplicable a los
eventos mencionados y que su análisis debía guiarse por la regulación
establecida en el artículo 136.8 del Decreto 01 de 1984 o el artículo 164.2.i
inciso primero de la Ley 1437 de 2011, según el caso.
De otra parte, la Sección Tercera del Consejo de Estado aceptó, por vía de
excepción, la inaplicación del término de caducidad de la acción en los eventos
en que se advierta que los afectados no estaban en la posibilidad material de
ejercer la acción contenciosa. En esa vía, declaró que el término no puede
iniciar mientras subsistan las circunstancias especiales que materialmente
impiden a cada sujeto acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo
para propender la satisfacción de sus derechos.
Conforme a lo expuesto, se tiene que la sentencia de unificación del Consejo
de Estado del 29 de enero de 2020 establece que, por regla general, la
caducidad sí aplica a eventos de lesa humanidad y el cómputo debe hacerse
23
Páginas 12 a 21 del archivo denominado «Parte 3» del expediente digitalizado del medio de control de reparación directa
nro. 13001-33-33-011-2015-00409-01
24
Página 29 del archivo denominado «Parte 3» del expediente digitalizado del medio de control de reparación directa nro.
13001-33-33-011-2015-00409-01.
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según la norma procesal aplicable. Así entonces, aunque el desplazamiento
forzado sea un delito de lesa humanidad25, en principio, no hay lugar a inaplicar
la caducidad de la acción. Ahora bien, en cuanto al momento en que inicia el
conteo, bajo un criterio de identidad y de especialidad, deben considerarse,
entre otras, las reglas de decisión de la sentencia SU-254 de 2013, según la
cual la caducidad iniciará a partir de la ejecutoria de esa sentencia.
En el análisis también podrá considerarse, al amparo de la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, si los demandantes se enfrentaron alguna
imposibilidad material con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia SU-254
de 2013 que le impidiera acudir en oportunidad a la administración de justicia.
5.9. Adicional a lo anterior, esta Sección advierte que, con posterioridad a la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, la Sección Tercera del
Consejo de Estado continuó aplicando la regla de caducidad establecida en la
sentencia SU-254 de 2013 para eventos de desplazamiento forzado.
Por ejemplo, en la sentencia del 17 de octubre de 2023 (Exp. 64435), la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló:
«De otra parte, cabe precisar que por tratarse de sujetos de especial protección constitucional,
en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta, la Corte
Constitucional, en sentencia SU-254 del 24 de abril de 2013, decidió que, para efectos de la
caducidad de futuros procesos judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
los términos de caducidad de las acciones que involucraran a la población desplazada, sólo
podrían computarse a partir de la ejecutoria de ese fallo, sin que se tuviera en cuenta el
transcurso de tiempos anteriores a dicha sentencia. Así, la Corte Constitucional, otorgó un
término complementario para que las personas que con anterioridad a esa sentencia fueran
víctimas de desplazamiento forzado, demandaran en ejercicio de la acción de reparación
directa, el cual debió computarse desde la ejecutoria del mencionado fallo.
La Corte Constitucional otorgó efectos inter comunis a dicha providencia, con el fin de cobijar
situaciones jurídicas similares tramitadas ante los jueces de tutela, así como para garantizar
una respuesta uniforme que garantice el derecho a la igualdad de personas que se encuentran
en la misma situación fáctica.»
En similar sentido se han proferido otras sentencias de la Sección Tercera del
Consejo de Estado26 en las que se persigue la reparación extracontractual del
Estado con ocasión del hecho victimizante de desplazamiento forzado.
También hay varios pronunciamientos de esta Corporación27, incluso de esta
Sección28, que en acción de tutela han amparado el derecho a la igualdad y
de acceso a la administración de justicia por soslayar la sentencia SU-254 de
2013, aunque estaban dadas las condiciones para aplicar las reglas allí
desarrolladas.
De acuerdo con lo dicho, se reitera, el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala
de Decisión nro. 001, incurrió en defecto por desconocimiento del precedente
judicial debido a que no analizó el caso particular a la luz de la regla de
caducidad establecida en la sentencia SU-254 de 2013.
25 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-374 de 2023. M.P. Cristina Pardo.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera: Subsección A. Sentencia del 17 de octubre
de 2023, proceso nro. 44001-23-40-000-2015-00085-01 (64435). M.P. María Adriana Marín; Subsección A. Sentencia del
19 de febrero de 2024, proceso nro. 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545), M.P. José Roberto Sáchica Méndez;
Subsección A. Sentencia del 18 de marzo de 2024, proceso nro. 05001-23-33-000-2019-03149-01 (66238). M.P. María
Adriana Marín; Subsección B. Sentencia del 12 de abril de 2024, proceso nro. 13001-23-33-000-2017-01159-01 (68.652),
M.P. Fredy Ibarra Martínez; Subsección B. Sentencia del 17 de junio de 2024, proceso nro. 05001-23-33-000-2017-00559-
01 (69.932). M.P. Freddy Ibarra Martínez.
27
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta, proceso nro. 11001-03-15-000-2024-00099-
00 AC, M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez; Sección Primera, proceso nro. 110010315000202305230-01 AC, M.P.
Hernando Sánchez Sánchez; Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, proceso nro. 11001-03-15-
000-2024-01004-00, M.P. Alberto Montaña Plata; Subsección B de la Sección Tercera, proceso nro. 11001-03-15-000-
2022-04962-00, M.P. Martín Bermúdez Muñoz.
28
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 25 de abril de 2023, proceso
nro. 11001-03-15-000-2023-04852-01 AC, M.P. Wilson Ramos Girón; sentencia del 30 de noviembre de 2023, proceso
nro. 11001-03-15-000-2023-05230-00, M.P. Wilson Ramos Girón.
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La omisión del tribunal accionado afectó los derechos a la igualdad, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de los aquí accionantes
debido a que les impidió que el análisis de la caducidad se surtiera en
aplicación de las reglas establecidas en la sentencia SU254 de 2013, las que
eventualmente permitirían declarar la oportunidad de la acción y proceder con
el análisis de fondo del caso particular.
5.10. Ante la prosperidad del cargo previamente examinado, la Sala se relevará del
análisis de los defectos fáctico y sustantivo, pues sus fundamentos coinciden
con los argumentos que ya fueron analizados sobre la aplicación de la
Sentencia SU-254 de 2013 y su análisis queda suficientemente agotado con
las consideraciones previamente expuestas.
6. Conclusión
Por las razones antes expuestas, la Sala concederá el amparo de los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia invocados por los demandantes.
En consecuencia, dejará sin efectos la sentencia del 1° de diciembre de 2023,
dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro del proceso de reparación
directa con radicado 13001-33-33-011-2015-00409-01 porque desconoce el
precedente constitucional sobre el asunto y ordenará a esa autoridad judicial que
dicte una nueva decisión, en la que tenga en cuenta las consideraciones aquí
expuestas. Esto es que, para determinar la caducidad de la acción en el caso
particular, tenga en cuenta las reglas de decisión fijadas por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-254 de 2013.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de Augusto Herrera Rivera y otros29, por
las razones expuestas en esta sentencia.
2. Dejar sin efectos la sentencia del 1° de diciembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión nro. 001 en el medio de
control de reparación directa nro. 13001-33-33-011-2015-00409-01. En
consecuencia, ordenar a esa autoridad judicial que en el término de veinte (20)
días contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva
decisión en la que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en este fallo
de tutela.
3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
29 Ver numeral 4.11. de esta sentencia de tutela.
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Demandante: Augusto Herrera Rivera y otros
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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