Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00243-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00243-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00243-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
6 de marzo de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00243-00
Demandante: Willian Rafael Salcedo Parra y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00243-00
Demandante: WILLIAN RAFAEL SALCEDO PARRA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa en el que se declaró la caducidad del término para presentar
la demanda en caso relacionado con desplazamiento forzoso.
Desconocimiento del precedente judicial
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor William Rafael Salcedo Parra y otros1, quienes actúan por
conducto de apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo de Sucre.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 12 de noviembre de 2024, la parte demandante acudió al juez constitucional con
el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, igualdad, reparación integral y el principio de
seguridad jurídica, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Se tutelen los derechos fundamentales de mis representado al precedente
jurisprudencial, derecho a la igualdad, debido proceso, acceso efectivo a la
administración de justicia, seguridad jurídica, confianza lígitima (sic), buena fe,
igualdad y reparación integral.
2. Que como consecuencia del amparo constitucional otorgado se revoque la
sentencia de fecha (26) de junio del año 2024 expedida por la Sala Primera de
decisión Oral del Tribunal Administrativi (sic) de Sucre.
3. Que a consecuencia de la misma declaración se ordene a la Sala Primera de
decisión Oral del Tribunal Administrativi (sic) de Sucre, que en términos
perentorios expida una nueva sentencia que resuelva de fondo el asunto
lanteado (sic) en la apelación”.
1
Shirly Beatriz Valle Fernández, Sindy Paola Salcedo Valle, Orianis Vanessa Salcedo Valle, Evelis Mariela Díaz
Romero, Viviana Margarita Novoa Díaz, Gustavo Adolfo Novoa Díaz, Lizeth María Pérez Álvarez, Lilibeth Cecilia
Pérez Álvarez, Paola Andrea Pérez Álvarez, Andrés Felipe Pérez Álvarez, Luz Marina Díaz Romero, Arisleidis
Ramos Simanca, Gustavo Adolfo Meriño Ramos, Sindy Paola Ramos Simanca, Ramón Antonio Gutiérrez Parra,
Jesús Eduardo Gutiérrez Morales, Angélica María Ferrer Leones, Brey Antonio Benitez Rivero y David Alfredo
Peluffo Martínez.
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Demandante: Willian Rafael Salcedo Parra y otros
2. Hechos
Del escrito de tutela y del expediente ordinario se pueden extraer como hechos
relevantes los siguientes:
Los accionantes en ejercicio del medio de control de reparación directa presentaron
demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada, Ejército y
Policía Nacional, con la pretensión de que se declarara su responsabilidad
administrativa y patrimonial con ocasión del desplazamiento forzado masivo del que
fueron víctimas luego de la masacre de Chengue, ocurrida el 17 de enero de 2001.
Manifestaron que el proceso por reparto correspondió al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Sincelejo, que en sentencia de 29 de octubre de 2018
concluyó que el daño antijurídico padecido por los demandantes era imputable
jurídicamente al Estado por falla del servicio, en razón a que se demostró la omisión
por parte de las entidades demandadas de sus deberes de seguridad y protección
a la población civil, debido a que no atendieron las reiteradas solicitudes de
protección realizadas por la comunidad del Chengue y desconocieron el contexto
de grave alteración del orden público en los Montes de María.
Agregaron que en dicha providencia, el Juzgado declaró no próspera la excepción
de caducidad, con fundamento en la regla de caducidad establecida por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-254 del 2013, sin que la parte demandada
presentara algún reclamo frente a esa consideración.
En ese sentido, aseveraron que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Sincelejo condenó a las entidades demandadas al pago de perjuicios inmateriales
en la modalidad de perjuicios morales, perjuicios materiales en la modalidad de lucro
cesante y ordenó medidas de satisfacción y reparación simbólica.
Finalmente, indicaron que con ocasión de los recursos de apelación interpuestos
por las partes, el Tribunal Administrativo de Sucre en sentencia del 26 de junio de
2024 revocó lo resuelto por el a quo para, en su lugar, declarar probada la excepción
de caducidad del término para ejercer la demanda de reparación directa, al
considerar que para la fecha en que ocurrieron los hechos, esto es, el 17 de enero
de 2001, los demandantes contaban con los elementos de juicio suficientes para
acudir a la jurisdicción, por cuanto en el escrito de la demanda reconocieron los
hechos notorios y públicos de la lamentable situación que trajo como consecuencia
de su desplazamiento forzado.
3. Fundamentos de la acción
Los accionantes manifestaron que la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre es arbitraria y violatoria de los derechos fundamentales que
invocan, en razón a que la autoridad judicial accionada tiene pleno conocimiento de
que la sentencia SU-254 del 2013 proferida por la Corte Constitucional, se debe
aplicar de manera “especial y preferente” frente a la sentencia del Consejo de Estado
del 29 de enero de 2020 y al literal i del artículo 164 del Código de Procedimiento y
de lo Contencioso Administrativo, cuando se trata de procesos adelantados por la
víctimas del desplazamiento forzado, en el sentido de que se debe contabilizar el
término de caducidad dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de dicha
providencia.
Así mismo, indicaron que el Tribunal accionado también desconoció los
pronunciamientos de las diferentes Subsecciones del Consejo de Estado, en las que
se ha advertido en reiteradas oportunidades que la sentencia SU-254 de 2013 “no
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riñe con la sentencia del 29 de enero de 2020 ni con la teoría del daño continuado”, y se
ha dejado claro que en los eventos de caducidad en temas de desplazamiento
forzado se aplica la regla allí establecida.
De igual modo, indicaron que la Corte Constitucional en sede de revisión profirió la
sentencia de tutela T-374 del 2023, por medio de la cual se abordó el estudio de
una acción de tutela adelantada por un grupo de víctimas de desplazamiento
forzado por la masacre de Chengue contra el Tribunal Administrativo de Sucre,
providencia en la que se reiteró que la regla de caducidad contenida en la sentencia
SU-254 de 2013, es aplicable para las víctimas del desplazamiento forzado y se
advirtió que no es válido que las autoridades judiciales exijan a las víctimas cargas
adicionales que no contempla esa regla jurisprudencial.
Por otro lado, manifestaron que la decisión cuestionada desconoce que los
derechos de las víctimas del desplazamiento forzado se encuentran regulados por
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las normas internacionales
de derechos humanos que integran el ius cogens, en las que se consagra la cláusula
de imprescriptibilidad de las acciones instauradas con el fin de obtener
reparaciones, cuando se demanda la responsabilidad estatal por delitos de lesa
humanidad.
Bajo ese contexto, manifestaron que el Tribunal Administrativo de Sucre incurrió en
un (i) desconocimiento del precedente judicial, por cuanto no aplicó los
lineamientos establecidos en la sentencia SU-254 de 2013, en la que se estableció
que para efectos de contabilización de la caducidad cuando se trata de población
desplazada, “solo podrán computarse a partir de su ejecutoria”, por tratarse de
población de especial protección constitucional, debido a sus circunstancias de
vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta; (ii) defecto procedimental absoluto
al apartarse injustificadamente “de las formalidades propias establecidas en la ley y
en los trámites del proceso”, en razón a que declaró probada de oficio la excepción
de caducidad cuando ya había sido resuelta a su favor en primera instancia y; (iii)
violación directa de la Constitución, en tanto vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, reparación
integral y el principio de seguridad jurídica y desconoció las normas convencionales
e internacionales que integran el bloque de constitucionalidad y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
4. Trámite procesal
Por auto del 21 de enero de 2024, el despacho admitió la acción de tutela y ordenó
notificar a la parte demandante y a las autoridades judiciales accionadas, así como
al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo, a la Nación, Ministerio
de Defensa Nacional, Armada, Ejército y Policía Nacional, como terceros
interesados en el resultado del proceso. De igual modo, se vinculó a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 610
del Código General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas N.º
5774 a 5780 del 24 de noviembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la
referida decisión2.
2
Índice 7 de Samai.
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5. Oposición
5.1. Respuesta de la Policía Nacional
La asesora del Área Jurídica rindió informe en el que solicitó que se negaran las
pretensiones de la acción de tutela, al no evidenciarse la vulneración de derechos
fundamentales invocados por los accionantes.
Sobre el particular, manifestó que a la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido
clara en indicar que en los casos de delitos de lesa humanidad también se debe
abordar el estudio de la caducidad, por lo que los accionantes no pueden pretender
utilizar el mecanismo constitucional como una tercera instancia para revivir términos
precluidos del medio de control de reparación directa.
En ese sentido, afirmó que el Tribunal Administrativo de Sucre al realizar el estudio
de la caducidad, tuvo en cuenta la fecha de los hechos, el término con el que
contaban los accionantes y la fecha de interposición del medio de control de
reparación directa y concluyó que desde el año 2010 empezó a contabilizarse el
tiempo de caducidad, el cual finalizó en el año 2012; sin embargo, los demandantes
radicaron la demanda hasta el 2014, cuando ya había operado la caducidad.
En ese orden de ideas, sostuvo que no se demostró la vulneración de los derechos
fundamentales de los accionantes por parte de la autoridad judicial accionada,
aunado a que no demostraron alguna situación que les impidiera acudir de forma
oportuna al medio de control para el resarcimiento de sus perjuicios.
Finalmente, expuso que no se acreditó un perjuicio irremediable o una amenaza
inminente.
5.2. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional
La apoderada judicial del ente ministerial solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela, al considerar que la parte accionante pretende utilizar el
mecanismo constitucional como una tercera instancia, con el fin de reabrir el debate
jurídico que ya se surtió ante el juez natural.
Aseguró que la decisión que se cuestiona fue proferida por el Tribunal Administrativo
de Sucre, con respeto de las normas y del precedente judicial aplicable al caso
concreto y no se estructuraron irregularidades procesales ni sustanciales.
Manifestó que en el escrito de tutela, la parte accionante expuso su desacuerdo con
la interpretación realizada por la autoridad judicial accionada frente a la regla de
caducidad en los casos donde se pretende la declaración de la responsabilidad
administrativa y patrimonial de Estado cuando se trata de delitos de lesa humanidad;
sin embargo, desconoció que la decisión que cuestiona se profirió con fundamento
en la posición jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado.
En ese orden de ideas, indicó que a pesar de que la contabilización del término de
caducidad cuando se trata de delitos de lesa humanidad fue controversial y
contradictoria, el tema fue unificado por la Sección Tercera del Consejo de Estado
en la sentencia de 29 de enero de 2020, con la intención de terminar con la
inseguridad jurídica que existió frente al tema.
En ese sentido, manifestó que la autoridad judicial accionada aplicó de forma
correcta el criterio consistente en que la caducidad del medio de control debe
computarse desde el momento en que las víctimas tuvieron los medios suficientes
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para atribuir la responsabilidad al Estado, que el caso objeto de estudio, ocurrió en
el año 2007, cuando los demandantes afirmaron que pudieron retornar a sus lugares
de origen, por lo que, de conformidad con la normatividad vigente, el plazo para
demandar venció en el 2009.
Así mismo, expuso que existen pruebas que acreditaron que los demandantes
acudieron a instancias gubernamentales como la Personería Municipal y la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas desde
el año 2001 hasta el 2010, acciones que evidencian que los accionantes tuvieron la
oportunidad de ejercer su derecho de acción dentro del término legal y que no existió
un impedimento material para interponer la demanda en su debido tiempo.
Para finalizar, reiteró que la regla de caducidad contenida en el artículo 164 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo es de
orden público y de aplicación obligatoria, a lo que agregó que la sentencia SU-312
de 2020 de la Corte Constitucional ratificó la validez de la regla de caducidad en
estos casos, indicando que su aplicación es necesaria para garantizar la seguridad
jurídica y el acceso equitativo a la administración de justicia.
5.3. Respuesta del Tribunal Administrativo de Sucre
Por conducto del magistrado ponente de la decisión objeto de reproche rindió
informe en el que manifestó que la presente acción de tutela no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, debido a que los accionantes pretenden
utilizar el mecanismo constitucional como una instancia judicial para reabrir un
debate judicial que ya se surtió ante el juez natural.
En ese sentido, manifestó que lo expuesto por la parte accionante radica en un
desacuerdo con el análisis jurídico y probatorio que realizó, en tanto la decisión
adoptada fue contraria a sus pretensiones, por lo que realmente no ataca la
providencia por la configuración de algún defecto violatorio de sus derechos
fundamentales.
Así mismo, indicó que de superarse el requisito de procedibilidad, la decisión que
se cuestiona se sustentó en su interpretación autónoma e independiente conforme
a las normas aplicables al caso concreto en el que concluyó que el término de
caducidad debía contarse desde que las víctimas tuvieron los medios suficientes
para conocer la imputabilidad de los hechos al Estado.
Así las cosas, expuso que en aplicación a la regla fijada por la Sección Tercera del
Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, pudo
establecer que se configuró el fenómeno de la caducidad por interposición
extemporánea del medio de control, por lo que era necesario declarar de oficio su
configuración.
Por último, sostuvo que los demandantes no acreditaron alguna circunstancia que
les impidiera el ejercicio oportuno del medio de control, a lo que agregó que desde
2008 existen condenas por hechos similares, lo que ratifica la viabilidad de
interponer demandas en los plazos establecidos.
5.5 El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo, el Ejército Nacional
y la Armada Nacional, guardaron silencio aun cuando fueron notificados
debidamente del auto admisorio de la demanda.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
acción de tutela.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la autoridad judicial accionada en el fallo de 26 de junio de
2024, incurrió en desconocimiento del precedente judicial, defecto procedimental
absoluto y violación directa de la Constitución.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20125, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 6, precisó el
ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que
llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus
máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
3
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
4
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
5
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
6
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto
fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin
motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la
15
Constitución .
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo16 y de la Corte Constitucional17.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
La Sala encuentra que están cumplidos en el asunto bajo estudio, por cuanto (i)
goza de relevancia constitucional, en consideración a que los hechos y pretensiones
de la acción de tutela exigen estudiar el alcance de los derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia e igualdad y el principio
de seguridad jurídica, que pretenden la indemnización del daño derivado del
desplazamiento forzado masivo ocurrido con ocasión de la masacre de Chengue.
8
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
9
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
10
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
11
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
12
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
13
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
14
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
15
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de
2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
16
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia
del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia
del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
17
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos
y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
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Demandante: Willian Rafael Salcedo Parra y otros
Recuérdese además que la acción de tutela fue incoada por personas que gozan
de protección constitucional reforzada por ser víctimas de desplazamiento
forzado18. De allí que se entienda superado ese presupuesto general de
procedencia en este caso concreto.
De igual modo, se observa que con los reparos expuestos no se propone una
discusión legal, ni se reabre el debate litigioso, pues los argumentos que sustentan
la solicitud se encaminan a demostrar un supuesto desconocimiento del precedente,
un defecto procedimental y una violación directa de Constitución en el trámite de la
segunda instancia, lo que, de hallarse probado, afectaría el contenido, alcance y
goce de las garantías individuales invocadas, aunado al hecho de que la solicitud
contiene una carga argumentativa mínima para su estudio de fondo.
De otra parte, (ii) la actora no cuenta con otro medio de defensa judicial, pues el
proceso ordinario se agotó con los recursos de apelación formulados por la las
partes contra la sentencia del 29 de octubre de 2018, proferida por el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo, y no se configura alguna de las
causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión; (iii) se cumple el
requisito de la inmediatez, toda vez que la providencia objetada fue notificada
mediante correo electrónico el 24 de julio de 2024 y la acción de tutela se presentó
el 20 de enero de 2025, esto es, dentro del término prudencial precisado por esta
Corporación y la Corte Constitucional ; (iv) se identificaron de manera razonable los
hechos que generaron la supuesta vulneración de derechos fundamentales y (v) la
acción no se dirige contra un fallo de tutela.
4.2 Postura de la Corte Constitucional en casos relacionados con el término
de caducidad en el medio de control de reparación directa por desplazamiento
forzado que ha sido acogida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
19
Esta Sección , en los casos relacionados con la verificación de la figura de la
caducidad en asuntos de desplazamiento forzado, ha considerado que se debe
aplicar la regla jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-254 de 2013, por su carácter especial y prevalente.
20
La Corte Constitucional en la sentencia SU-254 de 2013 , estudió procesos
acumulados en los que personas víctimas de desplazamiento forzado reclamaban
indemnizaciones por vía administrativa y consideró que debía unificar los distintos
criterios jurídicos que habían dado lugar a diferentes consecuencias jurídicas a los
mismos supuestos de hecho en materia de reparación integral e indemnización
18 Al respecto, Corte Constitucional: Sentencias SU-254 de 2013, T-037 de 2015, T-352 de 2016, T-237 de
2017, T-089 de 2021, T-044 de 2022, T-117 de 2022 y T-374 de 2023. Al respecto, en la sentencia T-089 de
2021, la Corte manifestó: «3.1.2. Los desplazados como sujetos de especial protección constitucional. En
este punto en particular, debe resaltarse, como bien se dijo en uno de los acápites anteriores, que el Estado
colombiano tiene la obligación de ayudar a todas las víctimas del conflicto armado interno a superar la condición
de desplazamiento, lo cual se debe lograr brindando condiciones de auto sostenimiento que permitan garantizar
la reconstrucción de sus vidas y la satisfacción de sus necesidades básicas. Esta responsabilidad del Estado
se debe precisamente a las tres condiciones que han sustentado jurisprudencialmente la protección reforzada
de la población desplazada, a saber: (i) las situaciones que se derivan del desplazamiento, como el verse
obligado o forzado a abandonar de manera intempestiva el hogar y lugar de origen y el tener que llegar en
condiciones precarias a otro lugar con el que no se tiene arraigo; (ii) el incumplimiento por parte del Estado del
deber de brindar y garantizar la protección y seguridad de todos los ciudadanos en el territorio nacional, lo que
ha tenido como consecuencia la generación del desplazamiento forzado; y, (iii) la persistente incapacidad del
Estado para proveer protección a las víctimas del conflicto armado interno, puntualmente a la población
desplazada, y restablecer sus derechos, razón por la cual se ha generado un “estado de cosas inconstitucional”,
por las ostensibles omisiones de las autoridades en proporcionar una debida atención a las víctimas.»
19
Sentencias de 30 de noviembre de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-05230-00, C.P.: Wilson Ramos
Girón, de 7 de marzo de 2024, radicado No. 11001-03-15-000-2024-00240-00, C.P.: Milton Chaves García y de
25 de abril de 2024, radicado No.: 11001-03-15-000-2023-04852-01, C.P.: Wilson Ramos Girón.
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M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00243-00
Demandante: Willian Rafael Salcedo Parra y otros
administrativa a víctimas del desplazamiento forzado.
Explicó que esa Corporación ha reconocido y protegido de manera categórica,
pacífica, reiterada, clara y expresa los derechos de las víctimas a la verdad, a la
justicia, a la reparación y a la no repetición, especialmente, frente a graves
violaciones de derechos humanos, con particular énfasis, para el caso de las
víctimas de desplazamiento forzado. Agregó que esos derechos deben interpretarse
a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia y, que por lo tanto, las regulaciones de desplazamiento forzado deben
interpretarse tomando en cuenta los principios de favorabilidad hacia el
entendimiento y restablecimiento de derechos, la buena fe, la confianza legítima, la
preeminencia del derecho sustancial y el reconocimiento de la especial condición
de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de las víctimas.
Señaló la existencia de diferentes vías para que las víctimas individuales y
colectivas de delitos en general, así como de graves violaciones a los derechos
humanos y del desplazamiento forzado en particular, puedan obtener el derecho a
la reparación integral (vía judicial y administrativa).
Sobre la responsabilidad en materia de desplazamiento forzado explicó que el
Estado como garante de la vida, honra, bienes y de los derechos fundamentales de
los ciudadanos, debe garantizar el goce efectivo de los derechos de las víctimas a
la verdad, a la justicia, y a la reparación, de conformidad con las obligaciones
constitucionales e internacionales sobre la materia. Y que esa garantía cobra
especial relevancia en el caso de vulneraciones masivas y sistemáticas a los
derechos humanos, como en el caso de las víctimas del delito de desplazamiento
forzado, por lo que es deber del Estado garantizar los derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación.
Agregó que en atención a las especiales y extremas condiciones de vulnerabilidad
y debilidad manifiesta de las víctimas de desplazamiento forzado, era necesario
adoptar medidas afirmativas para facilitar el acceso de los accionantes a la
reparación tanto por vía judicial como por vía administrativa.
Sobre la caducidad de procesos judiciales concluyó que “los términos de caducidad
para población desplazada, en cuanto hace referencia a futuros procesos judiciales
que se adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativa sólo pueden
computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se pueden tener en
cuenta transcursos de tiempo anteriores, en atención a su condición de sujetos de
especial protección constitucional. Lo anterior, en armonía con lo resuelto en la
sentencia C-099 de 2013”.
t
21
La Corte Constitucional en la sentencia T-374 de 2023 , precisó que la sentencia
SU-254 de 2013 no solo se circunscribió al estudio de la vulneración del derecho a
la indemnización administrativa de la población desplazada, sino también al de la
reparación integral, que incluye la posibilidad de acudir a la jurisdicción contenciosa
administrativa para obtener el resarcimiento por los perjuicios sufridos y unificó la
jurisprudencia respecto a “los distintos criterios jurídicos que han dado lugar a la
ejecución de distintas acciones judiciales, a partir de las cuales se han adjudicado
diferentes consecuencias jurídicas a los mismos supuestos de hecho en materia de
reparación integral e indemnización administrativa a víctimas del desplazamiento
forzado”.
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M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Demandante: Willian Rafael Salcedo Parra y otros
Igualmente, resaltó que en razón a que estableció una regla específica relacionada
con la contabilización de la caducidad en los casos de desplazamiento forzado, la
sentencia SU-254 de 2013 tiene sustento en el criterio de especialidad, así como
“en el criterio de prevalencia de las normas constitucionales y del alcance e
interpretación que esta Corporación le otorgue a las mismas, tal como se expuso
en el acápite de la vinculatoriedad del precedente constitucional que, entre otros
fines, persigue garantizar la igualdad de trato y la seguridad jurídica de los
ciudadanos”.
Así las cosas, la Corte Constitucional insistió en que el término de caducidad de la
acción de reparación directa por desplazamiento forzado solo puede contarse a
partir del término de ejecutoria de la sentencia SU-254 de 2013, esto es, desde el
23 de mayo de 2013, criterio que ha sido acogido por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado.
4.3. El Tribunal Administrativo de Sucre incurrió en desconocimiento del
precedente judicial
Previo a resolver sobre la presunta configuración del desconocimiento del
precedente, la Sala considera necesario hacer referencia sobre las diferentes
actuaciones del proceso ordinario, específicamente, lo relacionado con el
presupuesto procesal de la caducidad, en los siguientes términos:
El 19 de diciembre de 2014, los accionantes presentaron demanda de reparación
directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada, Ejército y Policía
Nacional, con la pretensión de que se declarara su responsabilidad administrativa y
patrimonial con ocasión del desplazamiento forzado masivo del que fueron víctimas
luego de la masacre de Chengue ocurrida el 17 de enero de 2001.
El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo en fallo de 29 de
octubre de 2018, accedió a las pretensiones del medio de control de reparación
directa, al considerar que el daño antijurídico sufrido por los demandantes era
imputable jurídicamente al Estado porque se configuró una falla en el servicio, en
tanto se demostró la omisión de las entidades demandadas en sus deberes
constitucionales de seguridad y protección a la población civil, teniendo en cuenta
que no atendieron las reiteradas solicitudes de protección realizadas por la
comunidad del Chengue y el contexto de la grave alteración de orden público en los
Montes de María, por parte de los grupos armados ilegales, por lo que era previsible
un ataque indiscriminado contra la población civil.
Los accionantes manifestaron que con ocasión del recurso de apelación interpuesto
por las partes, el Tribunal Administrativo de Sucre revocó lo resuelto por el a quo y,
en su lugar, declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de
control de reparación directa.
Inicialmente indicó que existe una regla fijada en la sentencia de unificación de 29
de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que
se estableció que para los casos en los que se estudie la responsabilidad del Estado
por delitos de lesa humanidad, el medio de control de reparación directa debe ser
radicado dentro de los dos años siguientes al momento en que las víctimas tuvieron
posibilidades materiales de ejercer su derecho de acción.
En segundo lugar, se refirió a los hechos relacionados en la demanda de los cuales
estableció que las circunstancias que originaron las pretensiones tuvieron origen el
17 de enero de 2001, de conformidad con el certificado expedido el 29 de enero de
2001 por la Personería Municipal de Ovejas, Sucre, a través del cual se constató
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que “Willian Rafael Salcedo Parra, en donde señala que “se desplazó de Chengue, Ovejas,
al lado de su cónyuge Shirly Beatriz Valle Fernández y de sus hijas Sindy Paola y Orinais
Vanessa Salcedo Valle”.
Así mismo, manifestó que los demandantes se encuentran incluidos en Registro
Único de Víctimas como consecuencia del desplazamiento forzado del fueron
víctimas desde el 17 de enero de 2001, y al evidenciar que algunas personas
tuvieron la oportunidad de hacer sus declaraciones hasta el año 2010 en la
personería municipal, consideró que para esa época, ya contaban con acceso a la
institucionalidad gubernamental y a las herramientas jurídicas para intentar una
indemnización por parte del Estado colombiano.
En ese orden de ideas, explicó que la fecha a partir de la cual se debían contabilizar
los términos de caducidad correspondía al año 2010, por lo que afirmó que los
demandantes tenían plazo para presentar la demanda hasta el 2012, y teniendo en
cuenta que el medio de control fue radicado en el 2014, para esa fecha ya habían
transcurrido más de dos años para acudir a la jurisdicción.
El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado
y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese
precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de
decidir el nuevo caso.
La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que, “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con
el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso
del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido
cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún
supuesto de hecho para su aplicación” 22.
Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se demuestra: (i)
la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan identidad fáctica y
jurídica con el caso en que se solicita su aplicación (existencia del precedente); (ii)
que tales decisiones (precedentes) sean vinculantes para la autoridad judicial
demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante
suficiente (vinculatoriedad); (iii) que la decisión judicial que se cuestiona en sede de
tutela sea contraria al precedente vinculante (contradicción con el precedente
vinculante); (iv) que el juez de instancia no presente una justificación razonable para
apartarse del precedente vinculante.
A partir de lo anterior, debe considerarse que, por regla general, los jueces de lo
contencioso administrativo deben guiarse en la solución de sus asuntos, por la
jurisprudencia vinculante. Este concepto cobija tanto el precedente vertical como el
horizontal. El segundo, refiere a las reglas de decisión fijadas por autoridad judicial
de igual jerarquía. El vertical, por su parte, atiende a los lineamientos establecidos
por instancias superiores, es decir, por los órganos de cierre de cada jurisdicción o
por la Corte Constitucional23.
El principal argumento de disenso de esta acción de tutela es que el Tribunal
Administrativo de Sucre desconoció el precedente judicial contenido en la sentencia
SU-254 de 2013, en la que se estableció que para efectos de contabilización de la
caducidad cuando se trata de población desplazada, “solo podrán computarse a
22 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-1029 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto.
23 Cfr. Corte Constitucional de Colombia. SU113 de 2018; T-309 de 2015 y T-794 de 2011.
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Demandante: Willian Rafael Salcedo Parra y otros
partir de su ejecutoria”, por tratarse de población de especial protección
constitucional, debido a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad
manifiesta.
Ahora bien, del análisis de la sentencia objetada, la Sala evidencia que a pesar de
que el Tribunal dentro de sus consideraciones hizo referencia a los presupuestos a
los que se refiere la sentencia SU-254 de 2013, sostuvo que estos tienen que ver
con la reclamación o fijación del monto de la indemnización administrativa
establecida en la Ley 1448 de 2011 y su decreto reglamentario 4800 de ese mismo
año, y no con el término para reclamar la indemnización por responsabilidad
del Estado.
Así mismo, consideró que el precedente judicial vigente para, ese efecto, era el
establecido por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en las sentencias de
unificación del 29 de enero de 2020 (61033) y SU-312 de 2020, en su orden, por lo
que concentró los fundamentos jurídicos en la aplicación del artículo 164.2. i) del
CPACA sobre la oportunidad para presentar la demanda de reparación directa,
según lo indicado en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020. Luego,
estableció que ese era el precedente vinculante y obligatorio para decidir el caso
puesto a su consideración.
Así las cosas, la relación de los fundamentos jurídicos y fácticos de la sentencia que
se cuestiona, corroboran que el análisis de la caducidad se surtió al amparo de la
norma procesal contenciosa aplicable en pretensiones de reparación directa y en la
sentencia de unificación del Consejo de Estado que analizó la aplicación de la
caducidad en crímenes de lesa humanidad y se descartó la aplicación de la
sentencia SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional.
En ese sentido, atendiendo los argumentos de la tutela, corresponde a esta Sala
analizar si esta última sentencia constituye precedente aplicable y vinculante al caso
concreto y si debía ser tenida en consideración por la autoridad judicial accionada
a efectos de resolver sobre la oportunidad de la acción.
Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que si bien el Tribunal
Administrativo de Sucre fundamentó su decisión en la sentencia de unificación del
Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, desconoció que la Corte Constitucional
ha sido clara en indicar que cuando se realiza un estudio de la responsabilidad del
Estado por el daño antijurídico sufrido por las víctimas del desplazamiento forzado,
la sentencia SU-254 de 2013 tiene un criterio de especialidad y prevalencia, en
razón a que fijó una regla específica en el sentido de indicar a partir de que fecha
se debe contabilizar el término de caducidad en los casos de desplazamiento
forzado que hayan ocurrido con anterioridad a su expedición.
Dicho en otros términos, la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 no era
aplicable en el presente asunto, pues para la verificación del presupuesto procesal
de la caducidad del medio de control de reparación directa en casos relacionados
con desplazamiento forzado se debe aplicar la regla jurisprudencial desarrollada por
la Corte Constitucional en la sentencia SU-254 de 2013, en la T-374 de 2023 y como
lo recordó en la reciente sentencia T-004 de 2025.
En efecto, la SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional quedó ejecutoriada el 23
de mayo de 2013, es decir, que para el 19 de diciembre de 2014, cuando se radicó
el medio de control de reparación directa, no se había superado el término de dos
(2) años, por lo que los demandantes cumplieron con la carga de ejercer
oportunamente el medio de control de reparación directa.
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Lo anterior, permite concluir que se presentó una indebida aplicación de la sentencia
de unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado y se desatendió el precedente especial de la Corte Constitucional
contenido en la sentencia SU-254 de 2013.
Para finalizar, es preciso poner de presente que esta Sala en asuntos con contornos
fácticos similares24, en el que también la discusión gravitaba en la declaratoria de
caducidad de un medio de control de reparación directa iniciado por víctimas del
desplazamiento forzado en el municipio de Ovejas, Sucre25, concedió el amparo de
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia invocados por los demandantes, en las que se constató
que la demanda sí se presentó dentro de los (2) dos años siguientes a la ejecutoria
la sentencia SU-254 de 2013, lo cual como se expuso en precedencia, no ocurrió
en esta ocasión.
Ante la prosperidad del cargo previamente examinado, la Sala se relevará del
estudio del defecto procedimental y violación directa de la Constitución, pues sus
fundamentos coinciden con los argumentos que ya fueron examinados sobre la
aplicación de la sentencia SU-254 de 2013 y su análisis queda suficientemente
agotado con las consideraciones previamente expuestas.
Así las cosas, la Sala concederá el amparo de los derechos al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia e igualdad de los demandantes.
En consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia de 26 de junio de 2024, dictada
por el Tribunal Administrativo de Sucre, dentro del proceso de reparación directa
con radicado 70001-33-33-008-2015-00013-02, en tanto desconoció el precedente
constitucional sobre el asunto. En consecuencia, ordenará a esa autoridad judicial
que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia
dicte una decisión de reemplazo, en la que tenga en cuenta las consideraciones
aquí expuestas.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
FALLA
Primero.- Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, e igualdad del señor William Rafael Salcedo Parra y
otros26. En consecuencia,
24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 25 de abril de 2023,
proceso nro. 11001-03-15-000-2023-04852-01 AC, M.P. Wilson Ramos Girón; sentencia del 30 de noviembre
de 2023, proceso nro. 11001-03-15-000-2023-05230-00, M.P. Wilson Ramos Girón. sentencia de 18 de julio de
2024, radicado No. 11001-03-15-000-2024-02105-00, C.P.: Myriam Stella Gutiérrez Argüello, sentencia de 30
de enero de 2025, radicado No. 11001-03-15-000-2024-05124-00, C.P.: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
25
Acción de tutela contra providencia judicial que declaró la caducidad del medio de control de reparación
directa en el que se pretendió la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Armada, Ejército y Policía Nacional, el departamento de Sucre y el municipio de Ovejas, por el
desplazamiento forzado masivo de los accionantes luego de la masacre de Chengue ocurrida el 17 de enero de
2001.
26
Shirly Beatriz Valle Fernández, Sindy Paola Salcedo Valle, Orianis Vanessa Salcedo Valle, Evelis Mariela
Díaz Romero, Viviana Margarita Novoa Díaz, Gustavo Adolfo Novoa Díaz, Lizeth María Pérez Álvarez, Lilibeth
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Demandante: Willian Rafael Salcedo Parra y otros
Segundo.- Dejar sin efecto la sentencia de 26 de junio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre, en el marco del medio de control de reparación
directa con radicado 2015-00013-02, promovido por el William Rafael Salcedo Parra
y otros, contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada, Ejército y Policía
Nacional.
Tercero.- Ordenar al Tribunal Administrativo de Sucre que, dentro de los veinte (20)
días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una sentencia de
reemplazo en el trámite del proceso de reparación directa con radicado 2015-00013-
02, en el que se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en esta decisión.
Cuarto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo del Consejo.
Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Cecilia Pérez Álvarez, Paola Andrea Pérez Álvarez, Andrés Felipe Pérez Álvarez, Luz Marina Díaz Romero,
Arisleidis Ramos Simanca, Gustavo Adolfo Meriño Ramos, Sindy Paola Ramos Simanca, Ramón Antonio
Gutiérrez Parra, Jesús Eduardo Gutiérrez Morales, Angélica María Ferrer Leones, Brey Antonio Benitez Rivero
y David Alfredo Peluffo Martínez.
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