Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04852-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2024 › Radicado 11001-03-15-000-2023-04852-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04852-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-04852-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
25 de abril de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04852-01
Demandante: Álvaro Enrique Puentes Márquez y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04852-01
Demandante: ÁLVARO ENRIQUE PUENTES MÁRQUEZ Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa
que declaró la caducidad de la acción de reparación directa.
Desconocimiento del precedente constitucional sobre caducidad en
materia de desplazamiento forzado
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el Ministerio de Defensa Nacional y el
Tribunal Administrativo de Sucre contra la sentencia del 15 de febrero de 2024, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Primera, que resolvió:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia y a la igualdad, invocados por Álvaro Enrique Puentes Márquez y otros, los cuales fueron
vulnerados por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre y, en consecuencia,
DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 23 de febrero de 2023, por el citado Tribunal, dentro
del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el
número único de radicación 700013333002201400225-02, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre que dentro
de los cuarenta (40) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera la providencia de
reemplazo con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 4 de septiembre de 20231, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado judicial, Álvaro Enrique Puentes Márquez y otros pidieron la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso efectivo a la
administración de justicia, a la reparación integral y al principio de seguridad jurídica.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 23
de febrero de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, que declaró la
caducidad del medio de control de reparación directa del proceso con radicado N.º
70001-33-33-002-2014-00225-00. El 14 de marzo de 2023, la sentencia fue notificada a
las partes a través de correo electrónico.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Se protejan los derechos fundamentales de los actores a la Igualdad, Debido Proceso, Acceso
Efectivo a la Administración de Justicia, Reparación Integral, Seguridad Jurídica, Confianza Legítima y
1 Índice 1 de Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04852-01
Demandante: Álvaro Enrique Puentes Márquez y otros
precedente, los cuales les fueron vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE dentro
del proceso de Reparación Directa, tramitado bajo radicado 70-001- 33-33-002-2014-00225-00 con
ocasión de la decisión judicial adoptada en su providencia de fecha veintitrés (23) de febrero del año
2023, mediante la cual revocó la sentencia de primera instancia proferida por el JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO, a través de la cual declaró administrativa
y patrimonialmente responsable a la NACION COLOMBIANA, MINISTERIO DE DEFENSA, ARMADA
NACIONAL y POLICIA NACIONAL, al pago de los perjuicios materiales y morales, causados a mis
poderdantes, con ocasión del desplazamiento forzado a que fueron víctimas, en hechos relacionados
con la masacre de Chengue, jurisdicción de Ovejas Sucre, ocurrida el diecisiete (17) de enero del año
dos mil uno (2001). La decisión de segunda fue notificada al suscrito el catorce (14) de marzo de 2023
a través del correo electrónico sgtadminscj@notificacionesrj.gov.co
2. Que a consecuencia de la declaratoria de dicha protección, se revoque la providencia de fecha
veintitrés (23) de febrero del año 2023, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, y
en efecto se le ordene a dicho Despacho judicial que en términos perentorios profiera una nueva
providencia que resuelva de fondo el recurso de apelación formulado por los actores en contra la
sentencia de fecha catorce (14) de noviembre de 2019, proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El 17 de enero de 2001, un grupo armado perteneciente a las Autodefensas Unidas de
Colombia se tomó el corregimiento de Chengue, municipio de Ovejas en el departamento
de Sucre. En esos hechos le ocasionaron la muerte a 31 de sus habitantes,
desaparecieron a dos personas más, cortaron el suministro de energía e incineraron
varias viviendas. Además, les advirtieron a los habitantes del corregimiento que debían
abandonar el pueblo porque de lo contrario realizarían otra masacre, asimismo
informaron que se tomarían próximamente los corregimientos del Salitral y Don Gabriel.
Lo anterior provocó el desplazamiento forzado de los demandantes, quienes residían en
el corregimiento de Don Gabriel.
El 24 de septiembre de 2014, los actores presentaron demanda de reparación directa
contra del Ministerio de Defensa, la Armada y la Policía Nacional para que fueran
declarados patrimonialmente responsables por el desplazamiento forzado.
La demanda se adelantó bajo el radicado 70001-33-33-002-2014-00225-00 y
correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo, que, por sentencia del 14
de noviembre de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al
estimar que se presentó una falla en el deber de protección por parte de las entidades
demandadas.
Inconformes con la decisión, las partes interpusieron recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo de Sucre, en sentencia del 23 de febrero de 2023, revocó la decisión de
primera instancia, y en su lugar, declaró probada la excepción de caducidad y denegó
las pretensiones de la demanda.
La autoridad judicial sostuvo que la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia
del 29 de enero de 2020, había unificado jurisprudencia sobre el término de caducidad
de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de la comisión de delitos de
lesa humanidad. Que, “En ese sentido, en los únicos casos en que la regla de caducidad
fijada en la ley admite excepciones es en los asuntos de desaparición forzada, por
mandato de la misma disposición legal”. Que la tesis anterior fue respaldada por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-312 del 2020.
A partir de lo anterior, concluyó que el “término de caducidad podría haber empezado a
contabilizarse desde el año 2010, cuando las condiciones de los actores le garantizaban
el acceso a la administración de justicia, con lo cual el plazo se mantenía hasta el año
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04852-01
Demandante: Álvaro Enrique Puentes Márquez y otros
2012; empero, la demanda se radicó hasta el año 2014, cuando el término legal de 2
años se había superado”.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que las sentencias acusadas incurrieron
en los siguientes vicios de fondo:
Desconocimiento del precedente. A juicio de la parte actora, el Tribunal Administrativo
de Sucre no debía pronunciarse sobre la excepción de caducidad, porque en la audiencia
inicial del proceso ordinario el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo ya la había
declarado no probada, en aplicación a lo dispuesto por la sentencia SU–254 del 2013,
dictada por la Corte Constitucional, decisión que quedó en firme y adquirió carácter de
cosa juzgada.
Sostuvo que el criterio jurisprudencial vigente al momento de presentar la demanda, con
relación al conteo del término de caducidad de procesos en los que se pretendía la
reparación de daños causados por desplazamiento forzado, era el ordenado por la
sentencia SU-254 del 2013, criterio acogido en ese momento por la Sección Tercera del
Consejo de Estado2.
Argumentó que la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 y la sentencia SU-
312 del 13 de agosto de 2020, dictadas por el Consejo de Estado, Sección Tercera, y la
Corte Constitucional, respectivamente, fueron proferidas cinco años después de haberse
presentado la demanda y tres años después de que se declaró no probada la excepción
de caducidad en la audiencia inicial, en ese orden, manifestó que el cambio
jurisprudencial no puede ser de aplicación retroactiva3, como equivocadamente estimó
el Tribunal Administrativo del Sucre.
Manifestó que las sentencias de unificación de la Corte Constitucional se aplican de
manera preferente con relación a las sentencias de unificación del Consejo de Estado.
Que, por lo tanto, la sentencia SU–254 del 2013, proferida por la Corte Constitucional,
debió aplicarse preferentemente respecto de la sentencia de unificación del 29 de enero
de 2020, dictada por el Consejo de Estado4.
Advirtió que de acuerdo con el principio pro homine se debe aplicar la jurisprudencia más
favorable a sus derechos, que para el caso concreto sería la sentencia SU–254 del 2013,
más aún cuando su caso trata de graves violaciones a los derechos humanos.
Señaló que la providencia del 23 de febrero de 2023, dictada por el Tribunal
Administrativo de Sucre, desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado5, que
acogió la tesis de la sentencia SU–254 del 2013. Adicionalmente, mencionó que el 20 de
octubre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, a través de una
sentencia de tutela, en un caso idéntico al suyo amparó los derechos fundamentales de
2 De acuerdo con: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de marzo de 2017, rad: 25000-
23-41-000-2014-01449-01; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de noviembre de
2016, rad: 19001-23 31-000-2010-00115- 01.
3 De acuerdo con las sentencias dictadas por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30
de 2021, rad: 11001-03-15-000-2020-04068-01; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 7 de julio de
2022, rad: 11001-03-15-000-2022-01694-01
4
De acuerdo con las sentencias dictadas por: i) la Corte Constitucional, sentencia C-816 de 2011, sentencia T-237 de
2017. ii) El Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 5 de febrero de 2015, rad: 11001-03-15-000-2014-
01312-01
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de febrero de 2021, rad: 47001-23-33-001-2015-
00176-01, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de marzo de 2019, Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 23 de agosto de 2018, rad: 11001-03-15-000-2017-03391-01, Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, auto del 26 de octubre de 2016, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
del 4 de mayo de 2022, rad: 81001-23-39-000-2015-00025-01, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 23 de noviembre de 2022, rad: 05001-23-33-000-2014-02100-01,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04852-01
Demandante: Álvaro Enrique Puentes Márquez y otros
varias víctimas de desplazamiento forzado de la masacre de Chengue y ordenó al
Tribunal Administrativo de Sucre proferir otra sentencia, en aplicación a lo previsto en la
sentencia SU-254 del 2013.
Afirmó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, se ha apartado de lo
dispuesto en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 y la sentencia SU-312
del 13 de agosto de 2020, expedidas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional,
respectivamente, con relación a declarar la inoperancia del término de caducidad en
casos de delitos graves, conforme con la sentencia Órdenes Guerra vs Chiles, o dando
aplicación a la excepción de inconstitucionalidad respecto del artículo 164 de la Ley 1437
de 2011, o dando aplicación directa del artículo 25.1 de la Convención Americana de
Derechos Humanos6.
Dijo que el presente asunto por ser un caso calificado de lesa humanidad se encuentra
regulado por las normas internacionales de derechos humanos que integran el ius
cogens y por las normas de la convención interamericana de derechos humanos que
consagran la garantía de la imprescriptibilidad civil a favor de las víctimas de delitos
atroces y el ejercicio de una tutela judicial efectiva, sin invocación de obstáculos o trabas
o prácticas de derecho interno que imposibiliten el acceso a la reparación7, tesis que ha
sido asumida en varias sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional8.
Argumentó que el derecho a la reparación prevalece sobre la caducidad cuando se trata
de la responsabilidad patrimonial del Estado por crímenes de lesa humanidad, crímenes
de guerra y genocidio, porque los Estados no pueden obstaculizar o alegar disposiciones
normativas internas con la intención de evadir la responsabilidad de esos crímenes.
5. Intervenciones
El Ministerio de Defensa, pidió negar el amparo solicitado porque no ha vulnerado los
derechos fundamentales de la parte actora. Señaló que la presunta vulneración es una
inconformidad de los demandantes con la sentencia cuestionada que no habilita el
estudio del asunto por parte del juez constitucional.
Sostuvo que la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Sucre fue ajustada a
derecho, ya que de las pruebas extrajo que la demanda de reparación directa fue
presentada por fuera del término, en atención al precedente dispuesto en la sentencia
de unificación proferida el 29 de enero de 2020 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, providencia respaldada por la sentencia SU-312 de 2020 dictada por la Corte
Constitucional.
La Policía Nacional solicitó que se denegaran las pretensiones de la parte actora por
no existir vulneración o amenaza de los derechos reclamados en la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Sucre, puesto que el análisis de la caducidad fue
realizado de forma correcta. Además, pidió declarar la improcedencia de la acción de
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 12 de marzo de 2021, rad: 11001-03-15-000-
2020-00688-01, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 30 de agosto de 2021, rad: 11001-03-
15-000-2021-00097-01
7 De acuerdo con los principios 24 y 25 del conjunto actualizado de principios para la protección y la promoción de los
derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, adoptados en el año 2005 por la Comisión de Derechos
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la Resolución 40/34 del 29 de noviembre de 1985 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, los principios 3 y 11 de los principios y directrices básicos sobre el derecho
de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves
del Derecho Internacional Humanitario, el artículo 2.3 y 14 del pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, el
artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 3º del Pacto Internacional de Derechos
Civiles Y políticos Parte 2, el artículo13 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales,
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de marzo de 2017, rad: 25000-23-41-000-
2014-01449-01, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 6 de junio de 2019, rad: 20001-2-
39-000-2015-00524-01, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de julio de 2019, rad:
25000-23-36-000-2018-00109-01, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de septiembre
de 2015, rad: 85001-23-31-000-2010-00178-01, Corte Constitucional sentencias C-572 de 1992, C-225 de 1995, C664
de 2013 y T-352 del 2016,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04852-01
Demandante: Álvaro Enrique Puentes Márquez y otros
tutela, por no cumplir el requisito de inmediatez, porque la sentencia del 23 de febrero
de 2023 tiene carácter de cosa juzgada y los demandantes no probaron la ocurrencia de
un perjuicio irremediable.
Aunque el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo, el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, los señores Luis Guillermo
Pineda Pérez, Miguel Enrique Pérez Prieto, Álvaro José́ Paredes Jiménez, Lilianis
Paredes Jiménez, Ismael Reinaldo Paredes Jiménez, Yoneydis María Paredes
Jiménez, Miguel Antonio Paredes Jiménez, Carlos Humberto Mendoza Reyes,
Eliécer Luis Mendoza Reyes, Rosario Isabel Reyes de Mendoza, Mayerlis Andrea
Méndez Solar, María José́ Reales Pacheco fueron notificados, no se pronunciaron.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 15 de febrero de 2023,
amparó los derechos al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad de los demandantes, porque el Tribunal Administrativo de Sucre desconoció
que la sentencia SU-254 de 2013 proferida por la Corte Constitucional constituía el
precedente aplicable al caso concreto.
7. Impugnación
El Ministerio de Defensa impugnó la sentencia del 15 de febrero de 2023 y pidió que se
denegara el amparo de los derechos reclamados. Señaló que la anterior decisión
desconoce el precedente judicial previsto en la sentencia del 29 de enero de 2020,
proferida por la Sección Tercera de esta Corporación, que dejó claro lo relativo a la
aplicación de los términos de caducidad en casos de delitos de lesa humanidad,
providencia que sirvió de fundamento a la decisión dicta por el Tribunal Administrativo de
Sucre el 23 de febrero de 2023.
Manifestó que le resulta incoherente que deba aplicarse al proceso de reparación directa
la sentencia SU-254 de 2013 proferida por la Corte Constitucional, cuando la demanda
estudiada en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 dictada por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, también fue interpuesta en el año 2014, como en el caso
de los demandantes, por lo que sostuvo que se debe seguir la regla dispuesta en la
sentencia del 29 de enero de 2020.
Reiteró que la declaratoria de caducidad fue decidida de manera correcta, que la decisión
del Tribunal Administrativo de Sucre no vulneró los derechos reclamados porque realizó
un análisis probatorio adecuado y aplicó el precedente correspondiente.
El magistrado del Tribunal Administrativo de Sucre, ponente de la sentencia
cuestionada, también impugnó la decisión de primera instancia. Manifestó que en el
proceso de reparación directa sí había lugar a declarar la caducidad con fundamento en
la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera. Que la sentencia SU-254 de 2013 dictada por la Corte Constitucional
no era aplicable por tratarse de supuestos distintos, pues la referida sentencia trataba
exclusivamente sobre la contabilización de la caducidad respecto a la solicitud de
indemnización administrativa, análisis que encuentra soporte en el auto del 24 de
noviembre de 2017, proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
radicado interno 59648.
Por otro lado, advirtió que del expediente se extrae que los demandantes superaron las
condiciones de vulnerabilidad y retornaron a su lugar de origen desde el año 2007, lo
que indicaría que no hay ninguna circunstancia a considerar para efectos del conteo del
término de caducidad, razón por la cual fue que decidieron declarar la configuración del
mencionado fenómeno jurídico.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04852-01
Demandante: Álvaro Enrique Puentes Márquez y otros
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Álvaro
Enrique Puentes Márquez y otros para dejar sin efectos la sentencia del 23 de febrero
de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, que declaró la caducidad del
medio de control de reparación directa, en el proceso con radicado 70001-33-33-002-
2014-00225-00.
La Sala anticipa que se confirmará el amparo concedido en primera instancia, porque es
verdad que el tribunal demandado desconoció la regla jurisprudencial establecida por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-254 de 2013 sobre caducidad de acciones
judiciales en lo contencioso administrativo por casos de desplazamiento forzado. Por lo
tanto, se confirmará la sentencia de primera instancia.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la regla jurisprudencial fijada por la Corte
Constitucional sobre caducidad en casos de desplazamiento forzado y, finalmente, (iii)
analizará el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales9 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos10 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. Regla jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional sobre caducidad en
casos de desplazamiento forzado
La Corte Constitucional, en sentencia SU-254 de 2013, estudió procesos acumulados en
los que personas víctimas de desplazamiento forzado reclamaban indemnizaciones por
vía administrativa y consideró que debía unificar los distintos criterios jurídicos que
habían dado lugar a diferentes consecuencias jurídicas a los mismos supuestos de hecho
en materia de reparación integral e indemnización administrativa a víctimas del
desplazamiento forzado.
Explicó que esa Corporación ha reconocido y protegido de manera categórica, pacífica,
reiterada, clara y expresa, los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la
reparación y no repetición, especialmente frente a graves violaciones de derechos
humanos, con particular énfasis, para el caso de las víctimas de desplazamiento forzado
y que esos derechos deben interpretarse a la luz de los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Colombia. Que, por, lo tanto, las regulaciones de
desplazamiento forzado deben interpretarse tomando en cuenta los principios de
favorabilidad hacia el entendimiento y restablecimiento de derechos; la buena fe; la
confianza legítima; la preeminencia del derecho sustancial, y el reconocimiento de la
especial condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de las víctimas.
9 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y
que no se cuestione un fallo de tutela.
10 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04852-01
Demandante: Álvaro Enrique Puentes Márquez y otros
Señaló la existencia de diferentes vías para que las víctimas individuales y colectivas de
delitos en general, así como de graves violaciones a los derechos humanos y del
desplazamiento forzado en particular, puedan obtener el derecho a la reparación integral,
en general los ordenamientos prevén tanto la vía judicial como la vía administrativa.
En lo que interesa, sobre la responsabilidad en materia de desplazamiento forzado,
explicó que el Estado como garante de la vida, honra, bienes y de los derechos
fundamentales de los ciudadanos debe garantizar el goce efectivo de los derechos de
las víctimas a la verdad, a la justicia, y a la reparación, de conformidad con las
obligaciones constitucionales e internacionales en la materia. Y que esa garantía cobra
especial relevancia en el caso de vulneraciones masivas y sistemáticas a los derechos
humanos, como en el caso de las víctimas del delito de desplazamiento forzado y, por lo
tanto, es deber del Estado garantizar los derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación.
Que en atención a las especiales y extremas condiciones de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta de las víctimas de desplazamiento forzado era necesario adoptar medidas
afirmativas para facilitar el acceso de los accionantes a la reparación tanto por vía judicial
como por vía administrativa.
En lo que interesa, sobre la caducidad de procesos judiciales concluyó que «los términos
de caducidad para población desplazada, en cuanto hace referencia a futuros procesos judiciales
que se adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativa sólo pueden computarse a partir
de la ejecutoria del presente fallo y no se pueden tener en cuenta transcursos de tiempo
anteriores, en atención a su condición de sujetos de especial protección constitucional. Lo
anterior, en armonía con lo resuelto en la sentencia C-099 de 2013».
La Corte Constitucional, en sentencia T-374 de 2023, precisó que la sentencia SU-
254 de 2013 no solo se circunscribió al estudio de la vulneración del derecho a la
indemnización administrativa de la población desplazada, sino también al de la
reparación integral, que incluye la posibilidad de acudir a la jurisdicción contenciosa
administrativa para obtener el resarcimiento por los perjuicios sufridos y unificó la
jurisprudencia respecto a «los distintos criterios jurídicos que han dado lugar a la ejecución de
distintas acciones judiciales, a partir de las cuales se han adjudicado diferentes consecuencias
jurídicas a los mismos supuestos de hecho en materia de reparación integral e indemnización
administrativa a víctimas del desplazamiento forzado».
La Corte Constitucional insistió en que el término de caducidad de la acción de
reparación directa por desplazamiento forzado solo puede contarse a partir del término
de ejecutoria de la sentencia SU-254 de 2013, esto es, desde el 23 de mayo de 201311.
4. Análisis del caso concreto
La Sala empieza por precisar que el Tribunal Administrativo de Sucre basó la decisión
del 26 de abril de 2023 en la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo
de Estado del 29 de enero de 2020 sobre la caducidad de las pretensiones
indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes
de guerra y otros.
A partir de lo anterior, concluyó que la sentencia de unificación había señalado que en
los únicos casos en que la regla de caducidad fijada en la ley admite excepciones es en
los asuntos de desaparición forzada, por mandato de la misma disposición legal y que,
en los demás casos, incluyendo el desplazamiento forzado, el juez debe valorar el
momento desde el cual el demandante conoció o debió haber conocido la cooperación
11 Ver auto A-182 de 2014 de la Corte Constitucional. En verificación del cumplimiento de la sentencia SU-254 de
2013 señaló que la sentencia fue notificada el 19 de mayo de 2013. Por lo tanto, la ejecutoria tuvo lugar el 23 de mayo
de 2013.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04852-01
Demandante: Álvaro Enrique Puentes Márquez y otros
del Estado en el hecho dañoso y si existió alguna limitante para acceder a la
administración de justicia.
Dijo que esas reglas constituyen precedente vinculante y obligatorio para el caso de los
demandantes porque surgieron de una sentencia de unificación del órgano de cierre en
lo contencioso administrativo.
Que la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-312 de 2020 unificó
jurisprudencia sobre la aplicación de las reglas jurisprudenciales adoptadas por la
Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 29 de enero de 2020 y concluyó
que se superaban el control de convencionalidad y garantizaban a las víctimas el acceso
a la administración de justicia.
Así, concluyó que en el caso de los demandantes se configuró la caducidad de la acción
de reparación directa porque la demanda fue instaurada por fuera de los dos años
contados a partir del momento en que las víctimas tuvieron serias posibilidades
materiales de ejercer el derecho de acción. Explicó que la oportunidad para acudir a la
jurisdicción se extendió para las víctimas hasta el año 2003 dado que el desplazamiento
se produjo en el año 2001, sin embargo, la demanda se presentó́ hasta el año 2014.
También afirmó que, en gracia de discusión, el término de caducidad podría haber
empezado a contabilizarse desde el año 2010, cuando los demandantes tenían pleno
acceso a la administración de justicia, con lo cual el plazo se mantenía hasta el año 2012,
pero también se habría presentado la demanda por fuera del término.
Advirtió que los demandantes acudieron a entidades gubernamentales como la UARIV y
la personería municipal, y que pese a ello no demandaron del Estado la reparación
integral de sus perjuicios, sumado a que no existía prueba que permitiera afirmar la
imposibilidad de ejercer la acción de reparación directa.
Finalmente, dijo que tampoco era posible tener en cuenta la sentencia SU-254 de 2013
de la Corte Constitucional para el conteo del término de caducidad porque, según dice,
las reglas que ahí se fijaron tienen que ver con la indemnización por vía administrativa,
mas no con el término para reclamar la indemnización propia por daños en torno a la
responsabilidad del Estado.
A partir de lo anterior, la Sala encuentra que, tal y como lo concluyó el a quo, el tribunal
demandado incurrió en desconocimiento del precedente constitucional aplicable en
casos de desplazamiento forzado causados con anterioridad a la fecha en que fue
dictada la sentencia SU-254 de 2013.
De hecho, pese a que los demandantes citaron la sentencia SU-254 de 2013 para que
la autoridad judicial tuviera en cuenta la regla de unificación establecida en torno a la
caducidad de las acciones judiciales, incluida la reparación directa, consistente en que
«los términos de caducidad para población desplazada, en cuanto hace referencia a futuros
procesos judiciales que se adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativa sólo pueden
computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se pueden tener en cuenta transcursos
de tiempo anteriores, en atención a su condición de sujetos de especial protección
constitucional», el Tribunal Administrativo de Sucre descartó su aplicación bajo el
argumento de que esa providencia solo era extensible en casos de indemnización por
vía administrativa.
Al respecto, la Sala destaca que la Corte Constitucional en esa sentencia fue clara al
señalar que se trataba de una regla aplicable exclusivamente a personas víctimas de
desplazamiento forzado y que aplicaba a futuros procesos judiciales ante la jurisdicción
contencioso-administrativa. De modo que, en atención al criterio de especialidad, esa
regla, resulta aplicable al caso de los demandantes, pues como se vio, son víctimas del
desplazamiento forzado y los hechos victimizantes tuvieron lugar con antelación a la
expedición de esa sentencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04852-01
Demandante: Álvaro Enrique Puentes Márquez y otros
Esa regla tiene especial incidencia en el caso de los demandantes, pues la sentencia
SU-254 de 2013 quedó ejecutoria el 23 de mayo de 2013, es decir, que a partir de esa
fecha debió iniciar el conteo de caducidad de la acción de reparación directa. La solicitud
de conciliación prejudicial fue presentada el 3 de diciembre de 2013, cuando había
trascurrido seis meses y 10 días. Los términos se suspendieron hasta el 11 de febrero
de 2014 (fecha en que fue se suscribió la constancia de no acuerdo). Al día siguiente
empezó a correr el año, cinco meses y 20 días que faltaban de plazo para la caducidad.
Y como la demanda fue radicada el 24 de septiembre de 2014, debió entender
presentada en el tiempo, pues habían trascurrido un año, un mes y 22 días conforme con
la regla fijada por la Corte Constitucional.
La Sala no desconoce que, en efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, unificó jurisprudencia sobre
el conteo del término de caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con
ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otros.
Sin embargo, tampoco puede pasarse por alto que la sentencia SU-254 de 2013 de la
Corte Constitucional fijó una regla especial y específica para los casos de
desplazamiento forzado y, por lo tanto, no puede entenderse que la regla de 2013 de la
Corte Constitucional perdió vigencia tras la expedición de la sentencia de unificación de
2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
De hecho, la Corte Constitucional, en sentencia T-374 de 2023, precisó que no era
posible entender que la sentencia SU-254 de 2013 dejó de surtir efectos luego de la
expedición de la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020
porque el precedente de la Corte Constitucional era vinculante y tiene «un peso
predominante respecto a la interpretación que realiza sobre los derechos fundamentales y su
labor hermenéutica prevalece sobre la interpretación que realicen de los mismos, los demás
órganos judiciales».
Incluso, la Sala encuentra que, con posterioridad a la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, continuó
aplicando la regla que sobre caducidad fijó la Corte Constitucional en la sentencia SU-
254 de 2013. En efecto, en sentencia del 17 de octubre de 2023, la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado señaló que:
La Corte Constitucional otorgó efectos inter comunis a dicha providencia, con el fin de cobijar
situaciones jurídicas similares tramitadas ante los jueces de tutela, así́ como para garantizar una
respuesta uniforme que garantice el derecho a la igualdad de personas que se encuentran en la misma
situación fáctica.
En estas condiciones, los accionantes también hacen parte de los sujetos a quienes, en virtud de los
efectos inter comunis de la sentencia SU-254 de 2013, se les debía contar la caducidad de forma
diferenciada, esto es, a partir de la fecha de ejecutoria de la referida providencia, porque el
desplazamiento forzado de que fue víctima data del año 2010, como lo refiere la prueba documental y
testimonial.
Corolario de lo anterior, se debe considerar que la demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa interpuesta por el señor José́ Alberto Pushaina Guariyu fue formulada en tiempo
oportuno, toda vez que no es posible verificar cuando ocurrió́ la cesación del desplazamiento forzado,
porque no se tiene prueba de que hubiera retornado al municipio de Barrancas o que estuvieran dadas
las condiciones para dicho retorno, lo cual resulta suficiente para analizar de fondo el asunto bajo
estudio, en aras de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia.
En todo caso, con el propósito de garantizar la protección de los derechos fundamentales y la
reparación integral de las víctimas del desplazamiento forzado, en aplicación de la sentencia SU-254
del 24 de abril de 2013, se impone concluir que la demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa también se interpuso en tiempo oportuno, porque el desplazamiento forzado data
del año 2010 y la demanda se interpuso antes de los dos años siguientes a la ejecutoria de la
sentencia de unificación proferida por la Corte Constitucional.
En atención a la jurisprudencia en cita, la Sala observa que el tribunal demandado al
estudiar la caducidad de la demanda de reparación directa promovida por Álvaro Enrique
Puentes Márquez y otros debió aplicar la regla que, para casos de desplazamiento
forzado, fijó la Corte Constitucional en la sentencia SU-254 de 2013. Con mayor razón si
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04852-01
Demandante: Álvaro Enrique Puentes Márquez y otros
se tiene en cuenta que desde el escrito de demanda los actores explicaron que era en
aplicación de esa regla que acudían a la demanda de reparación directa.
La inobservancia de esa regla jurisprudencial afectó los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y les impidió
obtener una decisión de fondo sobre las pretensiones de reparación.
En consecuencia, la Sala confirmará el amparo concedido en primera instancia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispones el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.