Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03207-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03207-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-03207-01
Consejero ponente: Conjuez Sonia Marina Castro Mora
25 de abril de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03207-01
Actor: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03207-01
Accionante: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala decidir la impugnación presentada por los accionantes contra
la sentencia del 20 de septiembre de 2024, proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1.1 Pretensiones
El 21 de junio de 2024, a través de apoderado1, los señores Dellis Esther Meriño
Villegas y otros2, interpusieron acción de tutela en contra del Juzgado Cuarto
1
Al escrito de tutela acompañaron únicamente los poderes otorgados por Dellis Esther Meriño Villegas, Yarledis
Judith López Montes, Eustorgio Rafael Meriño Villegas, Diana María Rivero Gutiérrez, Farides Mariela Meriño
Villegas, Jaime Luis Fernández Meriño, Miriam del Socorro Romero Montes, Leidy Patricia Romero Torres, Dina
Luz Romero Romero, Nayivis Esther Romero Romero, Javier David Morales Romero, Yaireth Morales Romero,
Marelvis Romero Romero, Enalba Rosa Romero Montes, Marco Cecilio Romero Rodríguez, Eder Luis Romero
Romero, Viviana Estela Romero Romero, Jesús David Romero Romero, Alfredo Rafael Romero Montes,
Aderlaides Esther Torres Romero, Osnaider de Jesús Romero Torres, César Luis Romero Montes, Alberto
Enrique Romero Montes, Yenis Maria Romero Montes, Ever Enrique Romero Rodríguez, Leudith Esther Romero
Romero, Ever Segundo Romero Romero, Sirle Isabel Romero Romero, Yasneys María Romero Romero,
Claudia Patricia Romero Romero, Nelci Estela Romero Montes, Mercedes Virginia Montes de Romero y Francia
Elena Meriño Tanuz. Con posterioridad, el abogado allegó poderes otorgados por Jorge Enrique Meriño Tannus,
Juan Ángel Meriño Velilla, Edgar Enrique Meriño Villegas, Diego Andrés Meriño Rivero, Geidy Cecilia Fernández
Meriño, Erneda Judith Ramírez Pérez, Cristian Camilo Pérez Ramírez, Angélica María Pérez Ramírez, Angela
Patricia Acosta Romero, Jesús Daniel Acosta Romero, Luisa Fernanda Acosta Romero y Jesús Manuel Mercado
Romero (ver índice 00019 del expediente Samai de primera instancia de la acción de tutela).
2 Para efectos metodológicos se conserva el nombre de la señora Dellis Esther Meriño Villegas, sin embargo,
se aclara que tanto la señora Dellis Esther, como los señores Eustorgio Rafael Meriño Villegas, Farides Mariela
Meriño Villegas, Miriam del Socorro Romero Montes, Enalba Rosa Romero Montes, Alfredo Rafael Romero
Montes, César Luis Romero Montes, Alberto Enrique Romero Montes, Nelci Estela Romero Montes, Edgar
1
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03207-01
Actor: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre.
Al efecto, consideraron que dichas autoridades judiciales vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y reparación integral, con ocasión de las
sentencias 26 de septiembre de 2022 y 18 de diciembre de 2023, correspondientes,
respectivamente, a la primera y segunda instancia dentro del proceso de reparación
directa identificado con el radicado N.º 70001-33-33-004-2018-00189-00/01.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones (se transcribe literalmente,
incluyendo posibles errores):
“Solicito al despacho el amparo invocado toda vez que cumple con lo
requisitos mínimos señalados en el Decreto 2591 de 1991.
PRIMERO: solicitó a esta Alta Corporación, con el debido respeto, la
revocatoria de las decisiones proferidas por las autoridades accionadas, que
declararon probada la caducidad de la acción propuesta por el juzgado
Cuarto administrativo del circuito de Sincelejo y confirmada por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE.
SEGUNDO: Se de aplicación a la normativa actual al momento de la
presentación de la Conciliación ante la procuraduría 103 asuntos
administrativos, para el mes de agosto de 2017, dada la línea de
argumentación transcrita por el apoderado, de crímenes de lesa humanidad,
que tiene como fundamento los principios de legalidad y confianza legítima,
así como el mandato de tutela efectiva.
Corte Constitucional en sede de revisión y mediante sentencia de
unificación No.167 de 2023 del 18 de mayo de 2023. (concepto ministerio
publico exp. 2001-23-33-000- 2018-00094-02-(69.329.de fecha enero 17 de
2024.
TERCERO: Se protejan los derechos fundamentales de los demandantes
accionantes, se de aplicación al concepto de la procuraduría delegada, Corte
Constitucional en sede de revisión y mediante sentencia de unificación
No. 167 de 2023 de 18 de mayo de 2023. (concepto ministerio publico
exp.2001-23-33-000-2018-00094-02-(69.329).de fecha enero 17 de 2024. y
Enrique Meriño Villegas y Erneda Judith Ramírez Pérez fueron desvinculados del proceso de reparación directa,
según consta en acta de audiencia inicial celebrada el 1 de agosto de 2019.
2
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Actor: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
se dicte un auto de mejor proveer; donde los accionantes puedan argumentar
y plantear del porque no demandaron dentro del término. Dada la violación al
debido proceso y acceso a la justicia, reparación a víctimas de grave
violaciones de derechos humanos, para el caso en estudio.
CUARTO: Solicitar con el respeto acostumbrado dar aplicación a lo señalado
por la corte Constitucional, concepto de la procuraduría, y se sirva ordenar y
readecuar el procedimiento para permitir que las partes actualizaran sus
planteamientos conforme a las nuevas reglas de Unificación previstas por la
Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la materia.” (Negrita y
subrayado originales)
1.2 Hechos
En el expediente y en la solicitud de tutela se advierten los siguientes hechos
relevantes:
i. A través del medio de control de reparación directa, los hoy accionantes
-entre otras personas- presentaron demanda contra la Nación, Ministerio
de Defensa Nacional, Armada, Ejército y Policía Nacional, el
departamento de Sucre y el municipio de Ovejas, a fin de que se declarara
su responsabilidad administrativa y patrimonial con ocasión del
desplazamiento forzado masivo del que fueron víctimas luego de la
masacre ocurrida el 17 de enero de 2001 en el corregimiento de Chengue,
municipio de Ovejas (Sucre).
ii. En providencia del 26 de septiembre de 2022, el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Sincelejo declaró probada la excepción de
caducidad y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
El juez de instancia consideró que, desde el 17 de enero de 2001, fecha
de la masacre perpetrada por el grupo paramilitar “Autodefensas Unidas
de Colombia”, los demandantes contaban con los elementos de juicio
suficientes para demandar al Estado. Sin embargo, la solicitud de
conciliación fue elevada el 8 de agosto de 2017 y la demanda solo se
presentó hasta el 20 de junio de 2018. Anotó que, inclusive, en el escrito
de la demanda se afirmó que desde el 17 de abril del 2000 se había
establecido que el corregimiento de Chengue se encontraba catalogado
3
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Actor: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
como altamente vulnerable a un ataque paramilitar. Añadió que no se
acreditó la condición de vulnerabilidad de los accionantes ni cuáles fueron
las razones que les imposibilitaron ejercer oportunamente el medio de
control.
iii. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte demandante
interpuso recurso de apelación. Argumentó que era necesario que el juez
administrativo adelantara un control de convencionalidad, en orden a
concluir que respecto del desplazamiento forzado no aplica la regla de
caducidad, al tratarse de un delito de lesa humanidad. También señaló
que no existe prueba en el expediente que el Estado haya ejecutado una
política social de retorno de los desplazados a sus sitios de origen y, esta
situación pudo haber impedido materialmente el ejercicio del derecho de
acción.
iv. La Sala Tercera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre
profirió sentencia de segunda instancia el 18 de diciembre de 2023, por
medio de la cual confirmó la anterior providencia.
Como fundamento de su decisión, destacó la importancia de establecer
el momento de la ocurrencia y del conocimiento del hecho dañoso como
punto de partida para computar el término de caducidad. Lo anterior,
siguiendo la postura del Consejo de Estado en relación con la caducidad
de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos
de lesa humanidad, adoptada en sentencia de unificación exp. 61.033 del
29 de enero de 20203. Con base en ella, también indicó que “no basta con
el solo acontecer de la acción u omisión causante del daño, pues, se debe
determinar en qué momento el interesado advirtió o pudo inferir que el
Estado participó en tales hechos y que le era imputable el daño
ocasionado”.
A renglón seguido, y luego de diferenciar entre el daño instantáneo o
inmediato y el continuado, concluyó que aquel que se deriva del
desplazamiento forzado, surge desde el momento mismo en que las
víctimas abandonan su sitio de vivienda o de trabajo y se trasladan a otro
u otros sitios. También destacó que el juez puede inaplicar el término de
caducidad excepcionalmente, cuando se percate que la no
3 C. P: Marta Nubia Velásquez Rico. Radicación: 85001-33-33-002-2014-00144-01
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Actor: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
comparecencia a los entes judiciales se encuentra justificada por razones
materiales.
Para la solución del caso concreto, el Tribunal subrayó que tendría como
precedente a la mencionada sentencia de unificación del 29 de enero de
2021. Según el ad quem, tal providencia tiene efectos retrospectivos, por
lo cual es aplicable a los casos que se encontraban en curso al momento
en que fue proferida, aunque la demanda se hubiese interpuesto con
antelación.
De esta forma, indicó que el término de caducidad debía contabilizarse
desde que las víctimas tuvieron serias posibilidades materiales de ejercer
el derecho de acción. En este caso, considerando que no se allegó prueba
alguna que acreditara la indudable imposibilidad material de los actores
de interponer el medio de control, y, como quiera que la masacre se
cometió el 17 de enero de 2001, se tiene que el término para el ejercicio
válido de la acción corrió entre el 18 de enero de 2001 y el 18 de enero
de 2003, razón por la cual los dos años para el ejercicio del medio de
control, a todas luces, se había cumplido.
1.3 Fundamentos de la acción de tutela
Los accionantes indicaron que las autoridades judiciales vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso (en la configuración de un defecto procedimental
absoluto y la aplicación del precedente de unificación jurisprudencial de forma
retrospectiva), a la igualdad y a la reparación integral.
Argumentaron que, al decretar la caducidad, las accionadas ignoraron el principio
de legalidad, el debido proceso, el deber de la reparación integral a las víctimas y el
carácter continuado del desplazamiento forzado que, al ser “un acto de lesa
humanidad (…) no se encuentra sujeto al fenómeno jurídico de la caducidad”.
Además, omitieron el contexto del conflicto armado interno en el que se
desarrollaron hechos. De esta forma, añadieron que tal término no debía
contabilizarse desde el día en que ocurrieron los hechos, pues exigirles demandar
en tales circunstancias desconoce la flexibilidad probatoria y la situación particular
de cada víctima, más aun cuando tampoco existía claridad ni certeza de la
antijuricidad porque el proceso penal por los hechos de la masacre no había
finalizado.
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Actor: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
Indicaron que las providencias controvertidas incurrieron en un defecto
procedimental absoluto, pues no se les permitió actualizar sus planteamientos de
acuerdo con las reglas de unificación establecidas por la Sección Tercera del
Consejo de Estado en sentencia del 29 de enero de 2020, de conformidad con la
sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU-167 de 2023. En este punto,
subrayaron que en la fecha de presentación de la demanda no se conocía tal
providencia de unificación y se encontraba vigente la línea jurisprudencial sobre la
imprescriptibilidad del crimen de lesa humanidad. Para la parte actora, la aplicación
inmediata del nuevo precedente, sin considerar que se actuó con la confianza
legítima de la aplicación de otras reglas jurisprudenciales, “podría derivar en el
desconocimiento de derechos fundamentales”.
También endilgaron un “defecto por la indebida valoración probatoria”. En este
acápite, expusieron que existió “una indebida aplicación del precedente
jurisprudencial de enero 29 de 2020, de forma retrospectiva” y que el Tribunal
“incurrió en errores de apreciación probatoria al establecer el momento a partir del
cual la accionante tuvo conocimiento de la antijuridicidad del daño y su imputabilidad
al Estado”. Consideraron que no se analizó el material probatorio remitido por la
Fiscalía 43 DECVH de Bogotá, correspondiente al proceso penal radicado 956,
destacando que el término de caducidad no era exigible mientras no se cuente con
los elementos de juicio para inferir que el Estado estuvo implicado en la acción u
omisión causante del daño.
Expusieron que la mencionada sentencia del 29 de enero de 2020 no abordó sus
efectos, razón por la cual se han generado diferentes posiciones jurídicas sobre el
particular. Así, en sede de tutela, la Sección Segunda del Consejo de Estado -el 22
de julio de 2021- había señalado que el fallo de unificación debía aplicarse con
efectos hacia el futuro. Sin embargo, el 27 de septiembre de 2021 la Sección
Tercera del Consejo de Estado revocó tal decisión, pues consideró que se debían
aplicar las reglas de unificación para todos los casos que se encontraran en trámite.
Dichos fallos de tutela, exponen los accionantes, fueron revisados por la Corte
Constitucional, quien, a través de sentencia SU 167 de 2023 decidió revocar la
decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado para, en su lugar, confirmar
parcialmente la providencia de la Sección Segunda de esta Corporación. El órgano
de cierre consideró que en las demandas que pretenden la reparación de los daños
ocasionados por graves violaciones de derechos humanos, debe aplicarse una
valoración probatoria amplia y flexible. Además, en los asuntos radicados antes de
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Actor: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
la sentencia de unificación, el juez debe conceder a los demandantes un término
para que actualicen sus argumentos frente a las nuevas reglas jurisprudenciales de
caducidad.
Igualmente, señalaron que el mismo Tribunal accionado, en sentencia radicado
11001-03-15- 000-2023-05139-00, del 26 de noviembre de 2023, sostuvo que, en
materia de desplazamiento forzado es adecuado aplicar la teoría del daño
continuado, razón por la cual la caducidad se contabiliza una vez se acredite la
cesación de la producción del daño por el retorno consolidado al lugar de origen o
el asentamiento en otro lugar.
También citaron una providencia de la Subsección “B” de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con radicado 11001-33-36-036-2015-
00595-01, del 9 de septiembre de 2022, en donde se indicó que no puede existir un
momento particular para determinar que el daño causado como consecuencia del
desplazamiento forzado se consumó o cesó, teniendo en cuenta que, en su gran
mayoría, las víctimas permanecen durante muchos años afectadas por tales
situaciones. La providencia referenciada señaló que el desplazamiento forzado no
puede ser previsible o detectado de forma certera por quién lo padece, pues se
convierte en una constante en el diario vivir de las víctimas, al tiempo que mencionó
que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
considerado que existen normas ius cogens por las cuales los delitos de lesa
humanidad son imprescriptibles. En ese sentido, el fallo apuntó que la Corte
Constitucional, en ejercicio del control de convencionalidad, estableció que los
asuntos referidos a los delitos de lesa humanidad no caducan.
De esta manera, los accionantes concluyeron que la demanda fue presentada bajo
la plena convicción de que las reglas vigentes referidas a la imprescriptibilidad
serían analizadas en su caso concreto. En consecuencia, la aplicación de forma
inmediata del nuevo precedente judicial afectó su confianza legítima, y generó
consecuencias jurídicas desfavorables que no podían ser previsibles.
2. Trámite impartido e intervenciones en primera instancia
Mediante auto del 2 de julio de 2024, el despacho de la magistrada ponente en
primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar a las autoridades
judiciales demandadas y, en calidad de terceros interesados, a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, al Ejército Nacional, a la Armada
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03207-01
Actor: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
Nacional y los demás integrantes de la parte demandante en el proceso de
reparación directa. Al mismo tiempo, ofició a las autoridades accionadas para que
allegaran copia digitalizada del proceso No. 70001-33-33-004- 2018-00189-01.
Por auto del 28 de agosto de 2024 se ordenó la vinculación del Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Sincelejo en calidad de demandado.
La Policía Nacional solicitó denegar las pretensiones de la acción de tutela por
resultar improcedente, ante la inexistencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados. Señaló que los hoy accionantes contaban con un término
de 2 años para ejercer el medio de control de reparación directa 4, que debía
computarse a partir del día siguiente de la ocurrencia de los hechos generadores
del daño o del momento en que se tuvo conocimiento, es decir, a partir del 18 de
enero de 2001.
En cuanto al desconocimiento de la sentencia SU-312 de 2020, reiteró que el
término de caducidad empezó a contar desde la fecha en que se produjo el
desplazamiento forzado. Añadió que apoderado de los accionantes realizó una
interpretación errónea del principio de igualdad y de la aplicación de los efectos de
las sentencias judiciales, al pretender que su situación particular se cobije con las
resultas de un proceso adelantado ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el cual no estuvieron vinculados. Finalmente, anotó que no se
acreditó un perjuicio irremediable o una amenaza inminente que ameritara la
procedencia de la tutela.
El Ministerio de Defensa se opuso a las pretensiones de la acción de tutela, al
considerar que no se estructuran irregularidades procesales o sustanciales en las
sentencias accionadas que ameriten la intervención del juez constitucional.
Manifestó que la sentencia del Tribunal de Sucre, que confirmó la proferida en
primera instancia, no vulnera derechos fundamentales; antes bien, se encuentra
ajustada a la ley y al precedente judicial establecido por las altas cortes. En
particular, se dio aplicación la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020
proferida por el Consejo de Estado, la cual fue respaldada por la Corte
Constitucional en Sentencia SU-312 de 2020.
4 Conforme a lo establecido en el literal i) del artículo 164 de la Ley 1437 del 2011 y el Consejo de Estado en
sentencia y auto de unificación identificados con los radicados 9001-31-000-1999-00815-01 y 11001-03-25-000-
00386-00.
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Actor: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
En el mismo sentido, señaló que, de lo expuesto por el Tribunal Administrativo de
Sucre en la providencia, se observa que los demandantes tenían hasta el 18 de
enero de 2003 para ejercer el medio de control de reparación directa. Además, al
momento de proferir la sentencia de 18 de diciembre de 2023, el precedente vigente
era el contenido en la sentencia de 29 de enero de 2020, proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado, pues los pronunciamientos previos en materia de
caducidad frente a los casos de lesa humanidad, no tienen tal carácter ya que
existían varios criterios y lineamientos sobre el tema. Igualmente, la contabilización
de la caducidad establecida para los casos de lesa humanidad, que realizó el
referido Tribunal, se compagina con lo señalado por la Corte Constitucional en
Sentencia SU312/20.
Estimó que, aunque la jurisprudencia ha admitido la posibilidad de flexibilizar el
término de caducidad para que los afectados puedan acceder a eventuales
reparaciones judiciales, ello no significa que sea dable admitir todas las demandas
presentadas en cualquier tiempo con fundamento en la imprescriptibilidad del delito.
Añadió que el Estatuto de Roma prevé tal característica de los crímenes de lesa
humanidad. Sin embargo, esa premisa no puede aplicarse automáticamente en el
ordenamiento interno porque ni la Constitución Política ni el Código Penal
establecen delitos que sean absolutamente imprescriptibles. A ello se suma que,
según lo ha establecido la Corte Constitucional, no todo el contenido del Estatuto
de Roma pertenece al bloque de constitucionalidad.
Sostuvo que la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 hizo un estudio
profundo sobre la inaplicabilidad de la imprescriptibilidad aludida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Órdenes Guerra contra el
Chile, que no resulta vinculante al Estado Colombiano. Adicionalmente, el fallo
incluyó una regla de caducidad exigible en este tipo de eventos, relacionada con el
momento en que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir que el Estado
tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado. De
esta forma, la sentencia de unificación, lejos de colocar cortapisa a las demandas
por vulneración de derechos humanos, estableció reglas claras de caducidad junto
con hipótesis para su flexibilización.
Finalizó mencionando que no se desconoció el derecho fundamental a la igualdad
por un cambio jurisprudencial, pues una sentencia de unificación se profiere cuando
existen diversas tesis frente a un mismo tema, y el hecho de que no favorezca a los
intereses de los demandantes no implica vulneración a dicha garantía.
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El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo solicitó declarar su falta
de legitimación en la causa por pasiva y disponer, en consecuencia, su
desvinculación del trámite de la acción de tutela. Al respecto, manifestó que los
reproches de la parte actora se endilgan contra el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito de Sincelejo, a quien remitió el oficio por ser quien tramitó la primera
instancia del proceso de reparación directa.
El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Sincelejo allegó el enlace para
acceder al expediente de reparación directa y no se pronunció frente a las
pretensiones de la acción de tutela. El Tribunal Administrativo de Sucre, el Ejército
Nacional y la Armada Nacional, y los vinculados como terceros interesados en el
resultado del proceso también guardaron silencio.
3. El fallo impugnado
En sentencia del 20 de septiembre de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado desvinculó del proceso al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
Judicial de Sincelejo y negó las pretensiones de la acción de tutela.
Sostuvo que la Sección Cuarta, en los asuntos referidos a la verificación de la
caducidad en casos de desplazamiento forzado, ha considerado que se debe aplicar
la regla jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
254 de 2013, conforme a la cual “los términos de caducidad para población
desplazada, en cuanto hace referencia a futuros procesos judiciales que se
adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativa sólo pueden computarse a
partir de la ejecutoria del presente fallo y no se pueden tener en cuenta transcursos
de tiempo anteriores, en atención a su condición de sujetos de especial protección
constitucional. Lo anterior, en armonía con lo resuelto en la sentencia C-099 de
2013”.
Tal alcance, expuso, coincide con el adoptado por la Corte Constitucional, que,
recientemente, en sentencia T-374 de 2023, insistió en que el término de caducidad
de la acción de reparación directa por desplazamiento forzado solo puede contarse
a partir del término de ejecutoria de la sentencia SU-254 de 2013, esto es, desde el
23 de mayo de 2013. La aplicación del mencionado fallo de unificación tiene
sustento en el criterio de especialidad, pues estableció una regla específica
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Actor: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
relacionada con la contabilización de la caducidad en los casos de desplazamiento
forzado.
Expresó que el Tribunal Administrativo de Sucre no incurrió en desconocimiento del
precedente judicial. Como fundamento de lo anterior, señaló que i) no es posible
realizar el análisis del precedente horizontal que señala la parte actora, referido a la
sentencia del Tribunal Administrativo de Sucre proferida el 26 de noviembre de 2023
• radicado 11001-03-15-000-2023-05139-00-5, puesto que no se encontró ninguna
providencia expedida por el Tribunal Administrativo del Sucre identificada con dicho
radicado y ii) en cuanto a la providencia del 9 de septiembre de 2022, proferida por
la Subsección “B” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca -radicado 11001-33- 36-036-2015-00595-01-6, el Tribunal
Administrativo de Sucre no estaba en la obligación de resolver en el mismo sentido,
pues la observancia del precedente horizontal no es tan rigurosa como la que se
predica del precedente vertical. En otros términos, dado que el precedente invocado
no fue proferido por el superior funcional ni por el propio funcionario (precedente
horizontal propio), la autoridad judicial podía decidir libremente el asunto, conforme
con su criterio, que, en todo caso, debe enmarcarse en los límites de la
razonabilidad.
Concluyó que la providencia accionada tampoco adolece de defecto procedimental
absoluto. En este punto, aclaró que el Tribunal Administrativo de Sucre aplicó
indebidamente la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado, pues en la misma no se fijó una regla
jurisprudencial específica sobre caducidad en casos relacionados con
desplazamiento forzado. La Sección Cuarta consideró que el precedente
constitucional aplicable especial en este tipo de casos era el contenido en la
sentencia SU-254 de 2013. Sin embargo, aplicando ésta última, se llega también a
la conclusión de que había operado la caducidad del medio de control, sin que se
evidencie alguna otra circunstancia que permita efectuar el conteo desde un
momento posterior.
4. Impugnación
5 Que, según los accionantes, sostuvo que en los casos de desplazamiento forzado la caducidad se debe
contabilizar cuando se acredite la cesación del daño.
6 En donde se realizó el estudio de la responsabilidad del Estado por las amenazas de muerte y el
desplazamiento forzado de un grupo familiar, ocurrida en el municipio de Tierralta, Córdoba. En el estudio de la
caducidad, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sostuvo que al ser catalogado el desplazamiento
forzado como un delito de lesa humanidad, el caso no se encontraba sujeto a dicho fenómeno jurídico.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03207-01
Actor: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
En el escrito de impugnación, la parte accionante argumentó que el juez de tutela
de primera instancia incurrió en ilegalidad al aplicar de manera indebida y
desproporcionada la sentencia SU-254 de 2013 a este asunto, pues la misma había
“caducado-prescrito” en mayo de 2015, a lo que se suma que dicho pronunciamiento
de unificación no sustentó, como fundamento de derecho, a la demanda de
reparación directa.
Con apoyo en la “sentencia del 13 de octubre de 2013”, cuya radicación no se
especifica y que aparentemente fue proferida por la Sección Primera del Consejo
de Estado, hizo énfasis en que el deber de acatar el precedente no puede dar lugar
a su aplicación “mecánica, inflexible y ciega”, pues existen eventos “en los cuales
resulta legítimo, razonable e incluso obligado distanciarse de la línea decisoria
trazada con anterioridad”. Considera que la aplicación exegética y rigurosa de las
normas procedimentales y de la sentencia SU 254 de 2013 ocasionó una flagrante
vulneración a las garantías superiores de víctimas de graves violaciones de
derechos humanos, pues desconoció que los sujetos procesales actuaron con la
confianza legítima de que serían aplicadas ciertas reglas jurisprudenciales vigentes
al momento de presentar la demanda.
Así pues, expresó que el juez de tutela omitió verificar el régimen aplicable,
jurisprudencia y disposiciones procesales vigentes al momento de radicación de la
solicitud de conciliación que precedió a la presentación de la demanda de
reparación directa (2018). En ese sentido, debía tenerse en cuenta la jurisprudencia
del Consejo de Estado que sostuvo, a partir de mayo de 2015 hasta diciembre de
2019, la posibilidad de demandar en cualquier tiempo la reparación directa por
desplazamiento forzado.
Reiteró que el Tribunal Administrativo de Sucre aplicó una jurisprudencia que no era
la adecuada, negando con ello la realización de derechos subjetivos en cabeza de
la población víctima de desplazamiento forzado pese a que contaba con suficientes
elementos de juicio para optar por la aplicación de la interpretación más favorable.
En esa línea, recordó que la sentencia de unificación de 2020, que representó un
cambio de jurisprudencia “arbitrario”, no existía para el año 2018. Finalmente,
mencionó la obligación en cabeza de las autoridades de adelantar un control de
convencionalidad.
En el acápite de fundamentos de derecho, inicialmente transcribió algunas de las
consideraciones de una providencia que destacó el carácter vinculante del
12
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03207-01
Actor: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
precedente constitucional, tanto en sede de control abstracto como en sede de
tutela, e hizo hincapié en el carácter obligatorio tanto de la parte resolutiva del fallo
judicial como de los considerandos que tienen una incidencia directa en la decisión
o son la ratio decidendi de la misma: “el valor doctrinal de los fundamentos jurídicos
o consideraciones de estas sentencias trasciende el asunto concreto revisado y que
en cuanto fija el contenido y alcance de los preceptos constitucionales, hace parte
del concepto de “imperio de la ley” a la cual están sujetos los jueces y las
autoridades públicas de conformidad con el artículo 230 Superior”. Si bien en el
escrito de apelación no se realiza la debida citación, la Sala constató que la
transcripción corresponde a apartes de la sentencia T- 374 de 2023, proferida por
la Corte Constitucional7.
Posteriormente, la parte actora citó de forma literal acápites del artículo “La vigencia
del Código General del Proceso en los procesos de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo”8. El mismo expone que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto del 25 de junio de 2014 -que
tuvo varios salvamentos de voto- unificó su jurisprudencia en relación con la
vigencia de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), señalando que,
salvo algunas situaciones, esta última norma tuvo aplicación en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo a partir del 1º de enero de 2014.
El texto transcrito por el apoderado de los accionantes señaló que del contenido del
artículo 624 del Código General del Proceso se advierte que las normas procesales
tienen vigencia inmediata y derogan las anteriores sobre la materia, pero los
recursos propuestos, las diligencias iniciadas, los términos que comenzaron a
correr, los incidentes en curso y las notificaciones en trámite se rigen por la norma
que estaba vigente al momento en que se inició la respectiva actuación. De esta
forma, concluyó que el Código General del Proceso está vigente para los asuntos
del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que se tramitan
por la Ley 1437 de 2011, salvo en los trámites iniciados antes del 1 de enero de
2014.
5. Trámite impartido en segunda instancia
7 Para dilucidar con mayor claridad el hilo argumentativo expuesto por los accionantes, y dado que al revisar el
escrito se evidenciaron algunos hipervínculos en superíndices que permitían inferir que existió una transcripción
literal en el acápite de “fundamentos de derecho”, la Sala realizó las debidas verificaciones y constató que el
apoderado de los accionantes transcribió literalmente algunos apartes de la sentencia T- 374 de 2023.
8 Cuya autoría corresponde a la Doctora Martha Teresa Briceño de Valencia, disponible en el siguiente enlace:
https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/prensa/vigenccodi.pdf
13
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03207-01
Actor: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
Con ocasión de los impedimentos manifestados por los consejeros Luis Eduardo
Mesa Nieves9 y Jorge Iván Duque Gutiérrez10, se efectuó el sorteo de dos conjueces
el 20 de noviembre de 2024. Posteriormente, a través de auto del 22 de enero de
2025, la Sala de Conjueces declaró fundados los impedimentos referidos.
Mediante auto del 21 de marzo de 2025, se ordenó el sorteo de dos conjueces para
integrar la Sala de decisión de la segunda instancia de la acción de tutela de la
referencia, atendiendo a que los Doctores Edgar Daniel Rincón Puentes y Jorge
Iván Acuña Arrieta ya no hacen parte de la lista respectiva. El sorteo se llevó a cabo
el 28 de marzo de 2025.
II. CONSIDERACIONES
2.1 La acción de tutela contra providencias judiciales
Los aspectos referidos a la acción de tutela en contra de providencias judiciales han
sido sistematizados y unificados en diferentes pronunciamientos tanto de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado. El órgano de cierre de la jurisdicción
constitucional ha reiterado su procedencia considerando que los jueces también son
autoridades públicas11, al tiempo que ha subrayado que tal procedencia es
excepcional12. A su vez, el desarrollo jurisprudencial ha permitido delimitar causales
generales y específicas de procedibilidad de la acción (anteriormente denominadas
vías de hecho).
Los requisitos generales, que constituyen los presupuestos que habilitan al juez de
tutela para entrar a valorar de fondo el asunto13, son los siguientes:
(i) “Que la cuestión que se discuta tenga una evidente relevancia
constitucional; (…)
9 Índice 00004 de Samai
10 Índice 00011 de Samai
11 Corte Constitucional. 8 de junio de 2005. Sentencia C-590 de 2005. M.P Jaime Córdoba Triviño. Corte
Constitucional. 6 de mayo de 2021. Sentencia SU 128 de 2021. M.P Cristina Pardo.
12 Corte Constitucional. 6 de mayo de 2021. Sentencia SU 128 de 2021. M.P Cristina Pardo. Corte
Constitucional. 5 de febrero de 2021. Sentencia SU 026 de 2021. M.P Cristina Pardo.
13 Ibidem.
14
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Actor: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
(ii) Que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable;(…)
(iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez;(…)
(iv) Que, tratándose de una irregularidad procesal, quede claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (…)
(v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados, y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible;(…) y
(vi) Que no se trate de sentencias de tutela (…)”14
Por su parte, los requisitos específicos se refieren propiamente a la causa de la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales15, e incluyen: defecto
fáctico, defecto material, defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, error
inducido, decisión sin motivación, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente.
Se destaca que, atendiendo al carácter excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, el juez de este tipo de asuntos debe restringir su análisis a los argumentos
propuestos por el accionante16: en atención a que la providencia judicial goza de
presunción de acierto y legalidad, se encuentra cobijada por la cosa juzgada y
materializa la seguridad jurídica, el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros
puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
“vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada” 17.
2.2 Problema jurídico
Como quiera que el asunto corresponde a una acción de tutela contra providencia
judicial, en primer lugar, es necesario determinar si la solicitud de amparo supera
14 Corte Constitucional. 8 de mayo de 2019. Sentencia SU184 de 2019. M.P Alberto Rojas Ríos.
15 Corte Constitucional. 16 de junio de 2022. Sentencia SU215 de 2022. M.P Natalia Ángel Cabo.
16 Ibidem.
17 Corte Constitucional. 3 de marzo de 2022. Sentencia SU-074 de 2022. M.P Alejandro Linares.
15
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los requisitos generales de procedibilidad, conforme a los parámetros desarrollados
por la jurisprudencia.
En segundo lugar, solo si la acción de tutela supera dicho análisis, corresponderá a
la Sala establecer si corresponde revocar la sentencia del 20 de septiembre de
2024, mediante la cual la Sección Cuarta de esta corporación negó el amparo
incoado por los accionantes.
2.3 Examen de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto.
Se tiene por cumplido el requisito de legitimación en la causa por activa en tanto
que los ahora accionantes son algunos de los demandantes dentro del proceso
ordinario en el que fue proferida la sentencia objeto de tutela. En este caso, actúan
a través de apoderado judicial, a quien se le otorgó poder especial para
representarlos como titulares de los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados por Tribunal Administrativo de Sucre- Sala Tercera de Decisión.
Pese a lo anterior, se anota que, si bien con el escrito de tutela se allegaron poderes
conferidos por los señores Dellis Esther Meriño Villegas, Eustorgio Rafael Meriño
Villegas, Farides Mariela Meriño Villegas, Miriam del Socorro Romero Montes,
Enalba Rosa Romero Montes, Alfredo Rafael Romero Montes, César Luis Romero
Montes, Alberto Enrique Romero Montes y Nelci Estela Romero Montes, y con
posterioridad18 se radicaron los otorgados por Edgar Enrique Meriño Villegas y
Erneda Judith Ramírez Pérez, los mismos no están legitimados en la causa por
activa en tanto que fueron desvinculados del proceso de reparación directa, según
consta en acta de audiencia inicial celebrada el 1 de agosto de 2019. De otro lado,
existe legitimación por pasiva, pues la tutela se dirige contra el Tribunal
Administrativo de Sucre- Sala Tercera de Decisión, que profirió la sentencia de
segunda instancia dentro proceso ordinario, a través de la cual se puso fin a la
controversia, y que se acusa de vulnerar derechos fundamentales.
Se cumple también con los principios de subsidiariedad e inmediatez, advirtiendo
de entrada que, conforme lo destacó la Corte Constitucional, tales mandatos no le
son oponibles a las víctimas de desplazamiento forzado con el mismo rigor que al
resto de la población, al tratarse de sujetos de especial protección constitucional19.
18 Ver índice 00019 del expediente Samai de primera instancia de la acción de tutela.
19 Corte Constitucional. 24 de abril de 2013. SU- 254 de 2013. M.P Luis Ernesto Vargas.
16
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Así, la providencia accionada fue proferida el 18 de diciembre de 2023 y notificada
el 1 de marzo de 2024, mientras que la acción de tutela en su contra fue presentada
el 21 de junio de 2024. Por tanto, se concluye que se interpuso en un término
razonable que permite verificar la existencia de una correlación temporal entre la
solicitud de tutela y el hecho judicial presuntamente vulnerador de los derechos
fundamentales20.
En cuanto a la subsidiariedad, se cuestiona un fallo de segunda instancia proferido
por el Tribunal Administrativo de Sucre, razón por la cual no proceden los recursos
ordinarios. Sobre el recurso de revisión, debe señalarse que si bien está previsto en
materia contencioso administrativa y la Corte Constitucional lo ha señalado como
un medio de defensa idóneo y eficaz21, siguiendo los parámetros fijados por el
mismo órgano de cierre22, en este caso se tiene que puede ser desplazado por la
acción de tutela porque i) no se invoca exclusivamente la protección del derecho al
debido proceso23, ii) la presunta vulneración iusfundamental no podría ser
solventada con el recurso de revisión en sede contencioso-administrativa, porque
con el mismo no es posible cuestionar la interpretación normativa o jurisprudencial
de los jueces de instancia24 y iii) la exigencia de su agotamiento constituiría una
carga desproporcionada, atendiendo a la especial condición de vulnerabilidad y
debilidad manifiesta en la que se encuentran los accionantes25. Por otro lado, del
escrito de tutela no se avizoran elementos que estructuren la causal del recurso de
unificación de jurisprudencia, en los términos del artículo 258 del CPACA.
Ahora bien, la Sala encuentra el asunto es de relevancia constitucional. De una
parte, en caso de que existan errores en la declaración de caducidad, ello sin duda
representaría una restricción desproporcionada del derecho de acceso a la
administración de justicia, al impedir que los ahora accionantes obtengan una
decisión de fondo sobre la eventual responsabilidad estatal por el desplazamiento
forzado del que fueron víctimas26. Por otro lado, también debe tenerse en cuenta
las especiales condiciones de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta de
sujetos de especial protección constitucional como la población víctima de
desplazamiento forzado27.
20 Corte Constitucional. 8 de mayo de 2019. Sentencia SU 184 de 2019. M.P Alberto Rojas Ríos.
21 Corte Constitucional. 5 de febrero de 2021. Sentencia SU 026 de 2021. M.P Cristina Pardo.
22 Corte Constitucional. 25 de septiembre de 2023. Sentencia T-374 de 2023. M.P Cristina Pardo.
23 Corte Constitucional. 15 de agosto de 2023. Sentencia SU-316 de 2023. M.P Alejandro Linares Cantillo.
24 Corte Constitucional. 25 de septiembre de 2023. Sentencia T-374 de 2023. M.P Cristina Pardo.
25 Ibidem.
26 Consejo de Estado. Sección Cuarta. 30 de noviembre de 2023. Sentencia rad. 11001-03-15-000-2023-05230-
00. C.P Wilson Ramos Girón.
27 Corte Constitucional. 24 de abril de 2013. SU- 254 de 2013. M.P Luis Ernesto Vargas.
17
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La providencia cuestionada por los accionantes no es una sentencia de tutela.
Finalmente, los accionantes alegan una irregularidad procesal con fundamento en
que, en sede de reparación directa, no se les permitió actualizar sus planteamientos
de acuerdo con las reglas de unificación establecidas por la Sección Tercera del
Consejo de Estado en sentencia del 29 de enero de 2020, de conformidad con lo
estipulado en la sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU-167 de 2023.
2.4 Caso concreto
La acción de tutela se fundamenta en la inconformidad de la parte actora con la
aplicación retrospectiva que hizo el Tribunal Administrativo de Sucre de la sentencia
de unificación del 29 de enero de 202028, proferida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado. En ese sentido, expone que la providencia accionada
desconoció que, al momento de presentar la solicitud de conciliación extrajudicial e
interponer la demanda, la postura jurisprudencial del Consejo de Estado avalaba la
“posibilidad de demandar en cualquier tiempo la reparación directa por daños
ocasionados por delitos donde convergen graves violaciones de derechos
humanos”, regla que debía tenerse en cuenta atendiendo a las “reglas para aplicar
los cambios legislativos” contenidas en el Código General del Proceso. También
reprocha que en el proceso ordinario no se le permitió actualizar sus planteamientos
conforme a las reglas de unificación de la referida sentencia. A partir de ello, señala
que la providencia incurrió en “defecto por la indebida valoración probatoria”,
“indebida aplicación del precedente jurisprudencial de 29 de enero de 2020” y
“defecto procedimental absoluto”.
En el escrito de impugnación contra el fallo de tutela de primera instancia, los
accionantes reiteran su inconformidad con la decisión del Tribunal de Sucre de
aplicar la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020. Al mismo tiempo,
consideran que la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional había
“caducado- prescrito” en mayo de 2015, razón por la cual la Sección Cuarta del
Consejo de Estado -primera instancia en sede de tutela- no podía tenerla en
cuenta. En síntesis, sostienen que ninguna de las sentencias de unificación -tanto
del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional- se encontraba vigente al
momento de la presentación de la demanda y que, en todo caso, en virtud del control
de convencionalidad, la regla de caducidad debió inaplicarse.
28 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de unificación del 29 de enero de 2020. Rad. 85001-33-33-
002-2014-00144-01(61033) C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
18
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La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de
la acción de tutela de la referencia, por las siguientes razones.
En primer lugar, tal como lo señaló el a quo, la sentencia del Tribunal Administrativo
de Sucre no incurrió en desconocimiento del precedente judicial en relación con las
sentencias del Tribunal Administrativo de Sucre, proferida el 26 de noviembre de
2023 - radicado 11001-03-15-000-2023-05139-00-29, y de la Subsección “B” de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dictada el 9 de
septiembre de 2022 dentro del -radicado 11001-33- 36-036-2015-00595-01-30.
Lo anterior en razón a que como lo ha resaltado este alto tribunal “solo las
sentencias que profieren los órganos de cierre como lo es el Consejo de Estado se
constituyen en precedente judicial al fijar reglas y sub reglas jurisprudenciales que
deben ser tenidas en cuenta por los demás operadores judiciales”31. De manera que
no es posible analizar violación de precedente alguno cuando se invoca el
desconocimiento de sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos.
En segundo lugar, es claro que la tesis actual -y vigente al momento de proferir la
providencia accionada- es que el término de caducidad en materia de reparación
directa es aplicable incluso en casos relacionados con graves violaciones a
Derechos Humanos, atendiendo a las sentencias de unificación del Consejo de
Estado32 y la Corte Constitucional33. Sin embargo, en estos eventos dicho término
sólo inicia a contabilizarse: (i) desde el momento en el cual los interesados tienen
conocimiento de que el daño es imputable al Estado, y (ii) siempre que se
encuentren materialmente en posibilidad de acudir al aparato judicial para
interponer la demanda correspondiente. Esta regla es razonable y proporcional
desde una perspectiva constitucional y convencional, incluso en casos en los que el
daño que se pretenda reparar sea causado por un delito de lesa humanidad, un
crimen de guerra o genocidio34. De esta forma, contrario a lo que aducen los
accionantes, es pacífico que la aplicación del término de caducidad conforme a las
29 Que, según los accionantes, sostuvo que en los casos de desplazamiento forzado la caducidad se debe
contabilizar cuando se acredite la cesación del daño.
30 En donde se realizó el estudio de la responsabilidad del Estado por las amenazas de muerte y el
desplazamiento forzado de un grupo familiar, ocurrida en el municipio de Tierralta, Córdoba. En el estudio de la
caducidad, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sostuvo que al ser catalogado el desplazamiento
forzado como un delito de lesa humanidad, el caso no se encontraba sujeto a dicho fenómeno jurídico.
31 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 11 de mayo de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2023-00478-
01.C.P Hernando Sánchez Sánchez.
32 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de unificación del 29 de enero de 2020. Rad. 85001-33-33-
002-2014-00144-01(61033) C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
33 Corte Constitucional. 13 de agosto de 2020. Sentencia SU312/20. C.P Luis Guillermo Guerrero Pérez.
34 Corte Constitucional. 13 de agosto de 2020. Sentencia SU312/20. C.P Luis Guillermo Guerrero Pérez.
19
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Actor: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
anteriores reglas es compatible con los estándares constitucionales y
convencionales.
A partir del escrito de tutela, la sala evidencia que los accionantes también
argumentan el desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado
relacionado con la inoperancia de la caducidad en demandas de reparación directa
formuladas con ocasión de delitos de lesa humanidad. Al respecto, señalan que la
postura jurisprudencial sostenida por la Sección Tercera del Consejo de Estado
(hasta antes de la Sentencia de unificación del 29 de enero de 2020) y bajo la cual
ejercieron el medio de control, otorgaba “la posibilidad de demandar en cualquier
tiempo la reparación directa por daños ocasionados por delitos donde convergen
graves violaciones de derechos humanos (…)”.
En línea con lo anterior, en el recurso de apelación contra el fallo de tutela de
primera instancia solicitan: “dar aplicación a lo planteado en el acápite de la
demanda en cuanto a la IMPRESCRIPTIBILIDAD de crímenes de lesa humanidad,
al control de convencionalidad, daño continuado tesis manejada por el consejo de
estado, para la fecha de presentación de la conciliación-demanda” -sic a toda la cita-
Al tiempo, señalan que “El Honorable Consejo de Estado sección Cuarta en el
referido fallo, Omitió verificar el régimen aplicable, jurisprudencia y disposiciones
vigentes al momento de radicación de la conciliación- demanda, para el año 2018
(…)”
Sobre este punto, resulta pertinente indicar que no puede concluirse la existencia
de un precedente que señalara unívocamente la tesis que alude el apoderado de
los accionantes, al momento en que fue radicada la solicitud de conciliación. Se
recuerda que fue justamente la existencia de decisiones contradictorias respecto de
la aplicación o no de la caducidad de la reparación directa en casos relacionados
con crímenes de lesa humanidad, la que hizo necesaria la expedición de una
sentencia de unificación.
Ahora, se reitera que lo que sí es claro es que al momento de proferir la providencia
accionada, tanto el Consejo de Estado35 como la Corte Constitucional36 en sede de
unificación, habían determinado que el término de caducidad en materia de
reparación directa es aplicable en casos relacionados con graves violaciones a
35 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de unificación del 29 de enero de 2020. Rad. 85001-33-33-
002-2014-00144-01(61033) C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
36 Corte Constitucional. 13 de agosto de 2020. Sentencia SU312/20. C.P Luis Guillermo Guerrero Pérez.
20
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Actor: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
Derechos Humanos. Por lo anterior, debe descartarse también desde este punto de
análisis el desconocimiento del precedente.
En tercer lugar y al margen de lo expuesto en precedencia, lo cierto es que en lo
que concierne específicamente a los casos de desplazamiento forzado causados
con anterioridad a la fecha en que fue dictada la sentencia SU-254 de 201337, debe
aplicarse la regla establecida en la misma. En este caso, la Sala comparte lo
expuesto por el a quo, en el sentido que el Tribunal Administrativo de Sucre omitió
dar aplicación al mencionado fallo de unificación, pertinente en virtud del criterio de
especialidad en tanto que se refirió al momento a partir del cual debe contabilizarse
el término de caducidad en los casos de desplazamiento forzado sucedidos con
anterioridad a la expedición del fallo. Sobre el punto, esta sección destacó:
Asimismo, jurisprudencialmente se han establecido dos situaciones
adicionales que merecen un tratamiento especial en materia de caducidad: i)
aquella en la cual el daño por el cual se reclama se origina en acciones u
omisiones constitutivas de delitos de lesa humanidad; y ii) aquella en la cual
el daño cuya indemnización se pretende es el desplazamiento forzado, las
cuales han sido desarrolladas en las sentencias de unificación del 020 de
2020 y 254 de 2013, respectivamente.
De acuerdo a lo anterior, la sentencia de unificación 254 de 2013, proferida
por la Corte Constitucional, desarrolló el derecho fundamental de las victimas
-sic- de desplazamiento forzado, la cual señaló «que a la población víctima
de desplazamiento, la cual se encuentra en una situación de extrema
vulnerabilidad y siendo sujetos de especial protección constitucional, no se
les puede exigir o imponer requisitos o condiciones engorrosas, de difícil o
imposible cumplimiento, que desconozcan su dignidad como víctimas o
impliquen su revictimización»; y en términos de caducidad indicó que los
términos para población desplazada, en cuanto hace referencia a futuros
procesos judiciales ante la jurisdicción contencioso administrativa, sólo
pueden computarse a partir de la ejecutoria de la sentencia en mención, y no
se han de tener en cuenta trascursos -sic- de tiempos anteriores, por tratarse,
como antes se explicó, de sujetos de especial protección constitucional, en
37 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 25 de abril de 2024. Rad. 11001-03-15-000-2023-04852-
01. C.P.: Wilson Ramos Girón.
21
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03207-01
Actor: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad
manifiesta38.
En concordancia con lo anterior, debe tenerse en cuenta que, en Sentencia T-374
de 202339, la Corte Constitucional estudió -en sede de revisión- la acción de tutela
interpuesta en contra de una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Sucre, que negó las pretensiones de reparación directa formuladas por varias
víctimas del delito de desplazamiento forzado con ocasión de la masacre perpetrada
en el corregimiento de Chengue, bmunicipio de Ovejas, Sucre, en el año 2001. El
sentido del fallo en el proceso ordinario, tal como en el caso analizado, obedeció a
la configuración del fenómeno de la caducidad, con fundamento en la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 proferida por el Consejo de Estado. La Corte
Constitucional expresó que la Sentencia SU-254 de 2013 constituía precedente
aplicable al caso; en consecuencia, debía acudirse a la regla conforme a la cual el
término de caducidad del medio de control de reparación directa solo podía contarse
a partir del término de ejecutoria del mentado fallo de unificación, es decir, desde el
23 de mayo de 2013.
En el asunto que ocupa a la sala y considerando que el desplazamiento forzado
tuvo lugar antes en el año 2001, se tiene que los aquí accionantes podían acudir al
medio de control de reparación directa dentro de los dos años siguientes a la fecha
de ejecutoria de la Sentencia SU-254 de 2013. Sin embargo, incluso aplicando esta
regla se llegaría también a la conclusión a la que llegó el Tribunal Administrativo de
Sucre, en relación con que el término respectivo había fenecido para el 8 de agosto
de 2017, cuando se radicó la solicitud de conciliación prejudicial. Así las cosas, no
es de recibo el argumento de la parte actora referido a que dicha sentencia de
unificación había “caducado- prescrito”.
La Sala advierte que la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional no
“perdió vigencia” con la providencia de unificación del 29 de enero de 2020,
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado40. Se trata de fallos
complementarios, pues si bien el del año 2020 establece reglas sobre la caducidad,
38 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sentencia del 29 de agosto de 2024. Rad. 11001-03-15-000-2024-
03653-00 C.P Rafael Francisco Suárez Vargas.
39 M.P Cristina Pardo.
40 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 25 de abril de 2024. Rad. 11001-03-15-000-2023-04852-
01. C.P: Wilson Ramos Girón. Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 30 de noviembre de 2023.
Rad. 11001-03-15-000-2023-05230-00. C.P: Wilson Ramos Girón.
22
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03207-01
Actor: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
tanto a nivel general como en delitos de lesa humanidad 41, el del año 2013 señaló
los parámetros aplicables específicamente a casos de desplazamiento forzado.
Así, en aras de su armonización, y atendiendo a la sentencia de unificación del 29
de enero de 2020, en los casos en donde se reclama la reparación directa por
hechos de desplazamiento forzado es posible analizar si los demandantes se
enfrentaron alguna imposibilidad material con posterioridad a la ejecutoria de la
sentencia SU254 de 2013 que le[s] impidiera acudir en oportunidad a la
administración de justicia42. Sin embargo, tal imposibilidad debe ser producto de
supuestos objetivos debidamente acreditados que justifiquen la inexegibilidad del
término de caducidad de la pretensión de reparación directa43.
Sobre este punto, la providencia accionada sostuvo: “al plenario no se allegó prueba
alguna que acreditara la indudable imposibilidad material de los actores de
interponer el medio de control (…)”44. Así las cosas, se recuerda que el juez de tutela
no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez natural que ordinariamente conoce de un asunto45. Por tanto, se
tiene que la conclusión en la providencia accionada fue adoptada por la autoridad
judicial a partir de su análisis de las pruebas aportadas al proceso, y se reafirma si
se tiene en cuenta que varios de los demandantes iniciales del proceso de
reparación directa fueron desvinculados al encontrar que previamente habían
reclamado también ante la jurisdicción la reparación por los perjuicios causados con
ocasión a los hechos ocurridos el 17 de enero de 2001 en el corregimiento de
Changue, municipio de Ovejas46.
Finalmente, el fallo del Tribunal Administrativo de Sucre tampoco incurre en defecto
procedimental absoluto, en los términos planteados por los accionantes. Se
recuerda que, para sustentar dicho defecto, los tutelantes sostienen que no se les
permitió actualizar sus planteamientos de acuerdo con las reglas de unificación
establecidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 29 de
enero de 2020, de conformidad con lo determinado en la providencia de unificación
de la Corte Constitucional SU-167 de 2023.
41 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 7 de noviembre de 2024. Rad. 11001-03-15-000-2024-
02105-01. C.P Pedro Pablo Vanegas.
42 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 18 de julio de 2024. Rad. 11001-03-15-000-2024-02105-
00. C.P Myriam Stella Gutiérrez.
43 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de unificación del 29 de enero de 2020. Rad. 85001-33-33-
002-2014-00144-01(61033) C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
44 Folio 24.
45 Corte Constitucional. 18 de mayo de 2023. Sentencia SU-167 de 2023. M.P Diana Fajardo Rivera.
46 Ver acta de audiencia inicial celebrada el 1 de agosto de 2019.
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Actor: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
Sobre el punto, es cierto que el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional ha
subrayado la necesidad de que, en ciertos eventos, el juez de reparación directa
readecúe el proceso para dar la oportunidad a las partes de explicar y acreditar las
razones por las cuales les fue materialmente imposible demandar en los términos
de ley, en atención a los efectos retrospectivos de la sentencia de unificación de
enero de 2020. Sin embargo, tal regla es aplicable respecto de los asuntos en donde
las ocasiones para el efecto fenecieron antes de la introducción de dicho estándar
jurisprudencial y, pese a ello, el juez ordinario optó por declarar la caducidad con
base al mismo sin que las partes tuvieran ocasión de adaptar sus argumentos. 47
En efecto, nótese que los hechos de la sentencia SU-167 de 2023, aducida por los
accionantes, se relacionan con una tutela presentada contra una providencia de la
Sección Tercera del Consejo de Estado que confirmó la declaratoria de caducidad
del medio de control de reparación directa promovido a raíz de un caso de
ejecuciones extrajudiciales. En tales circunstancias, la Corte Constitucional observó
que la sentencia del 29 de enero de 2020 no existía al momento de presentar la
demanda, de proponer el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado
y de radicar los alegatos de conclusión, por lo que los demandantes no tuvieron
posibilidad de señalar las barreras que obstaculizaron su acceso a la jurisdicción.
Conforme se explica más adelante, es claro que el contexto fáctico y jurídico de la
sentencia SU-167 de 2023 difiere del sub examine.
En reciente sentencia SU 241 de 202448, relacionada con un caso de exilio forzoso,
la corporación reiteró que el juez de reparación directa debió permitirle a la parte
demandante explicar si había enfrentado barreras de acceso a la administración de
justicia o si se encontraba en imposibilidad material de ejercer el medio de control.
Sin embargo, para tal conclusión fue determinante el hecho de que en el fallo de
segunda instancia accionado se le impuso esta carga argumentativa con
fundamento en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, sin considerar
47
Por ejemplo, en Sentencia T-044 de 2022, al examinar en sede de revisión una acción de tutela contra
providencia judicial, la Corte Constitucional tuvo en cuenta que el proceso de reparación directa en el que se
profirió el fallo accionado fue iniciado en 2014 y durante la segunda instancia las partes pudieron alegar de
conclusión hasta el 27 de enero de 2020 -antes de la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo
de Estado del 29 de enero de 2020-. Aun con ello, el ad quem declaró la caducidad del medio de control, en
aplicación de la regla establecida en esta última providencia. Bajo tal contexto, el órgano de cierre indicó: “(…)
el Tribunal Administrativo de Casanare debía readecuar el proceso, particularmente, la fase de alegatos para
permitir que las partes explicaran cuáles fueron las razones por las que no acudieron a la justicia en los términos
legales, esto es, la imposibilidad material de demandar en los términos de ley. Esto, porque, al amparo de las
tesis jurisprudenciales vigentes para el momento de la presentación de la demanda, los alegatos de conclusión
de primera instancia, los recursos de apelación y los alegatos de segunda instancia, no era necesario que estos
justificaran la demora en la interposición de la demanda de reparación directa (…)”.
48 M.P Cristina Pardo Schlesinger
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Actor: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
que la misma no existía ni siquiera al momento en que fueron formulados los
alegatos de conclusión en segunda instancia.
Bajo este contexto, es claro que en el asunto que ocupa a esta Sala no es predicable
la exigencia de readecuar el trámite de reparación directa, según se pasa a explicar.
Como se vio, en virtud del criterio de especialidad la regla aplicable en materia de
caducidad es la contenida en la Sentencia SU 254 de 2013. Lo anterior no obsta
para que, en virtud de la providencia de unificación del 29 de enero de 2020 -
Consejo de Estado-, los demandantes puedan explicar las razones por las que, con
posterioridad a la ejecutoria de dicha sentencia SU 254, les fue materialmente
imposible acudir a la administración de justicia.
Sin embargo, en este caso la Sala evidencia que, durante la primera instancia del
proceso ordinario de reparación directa, el apoderado de los accionantes presentó
los correspondientes alegatos de conclusión49, sin que en ellos hiciera referencia al
punto aludido, en los términos de la sentencia de unificación de 2020, que se había
proferido poco más de dos años antes.
Posteriormente, el fallo de primera instancia de reparación directa de manera
expresa se refirió a la varias veces mencionada providencia de unificación de la
Sección Tercera. Aun con ello, en el recurso de apelación presentado contra la
misma, el apoderado de los hoy accionantes simplemente señaló que no existe
prueba en el expediente que el Estado haya ejecutado una política social de retorno
de los desplazados a sus sitios de origen y, esta situación pudo haber impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción. No sobra advertir que tal
afirmación no acredita debidamente supuestos objetivos que hubiesen dado lugar a
la imposibilidad material de ejercer el derecho de acción50.
Si bien en segunda instancia no hubo traslado para alegar de conclusión, pues la
misma se surtió en vigencia de la modificación que introdujo la Ley 2080 de 2021 al
artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, lo cierto es que no es posible inferir que se le
haya impedido a la parte actora actualizar sus planteamientos, menos aún
considerando que desde un temprano estadio procesal se propuso la excepción de
caducidad y que la sentencia de unificación de 2020 se profirió mucho antes de los
alegatos de conclusión en primera instancia.
49 El 28 de abril de 2022.
50 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de unificación del 29 de enero de 2020. Rad. 85001-33-33-
002-2014-00144-01(61033) C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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Actor: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
A lo anterior se suma que desde la Sentencia T-044 de 14 de febrero de 2022 ya la
Corte Constitucional había precisado que los efectos de la sentencia de unificación
de 2020 eran retrospectivos, de manera que para el momento en que tuvieron lugar
las etapas procesales a las que hemos hecho referencia, se conocía, no solo de la
existencia de la sentencia de unificación de la Sección Tercera, sino también sobre
su aplicación vinculante para el caso concreto. Así, no resultaría pertinente reabrir
las etapas ya agotadas.
En síntesis, atendiendo a las facultades del juez de tutela y en respeto por la
autonomía e independencia del juez natural, se tiene que, bajo el análisis expuesto,
no se configura ninguna vulneración iusfundamental en el asunto analizado, razón
por la cual se negarán las pretensiones de la acción constitucional de la referencia.
Por lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta
proferida el 20 de septiembre de 2024, que negó las pretensiones de la acción de
tutela interpuesta contra el Tribunal Administrativo de Sucre, conforme a lo expuesto
en las consideraciones que anteceden.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio más expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Firmado electrónicamente
SONIA MARINA CASTRO MORA
Conjuez
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Actor: Dellis Esther Meriño Villegas y otros
Firmado electrónicamente
MARÍA ANDREA CALERO TAFUR
Conjuez
Firmado electrónicamente
ALFONSO PALACIOS TORRES
Conjuez
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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