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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05230-00

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05230-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad y de acceso a la administración de justicia de Over Galván Rincón; Lida del Carmen Acosta Valderrama, que actúa en nombre propio y en representación de los menores Dianys, y Danny Luz Galván Acosta; Jesús David Galván Acosta; Overneys Galván Acosta; Edwin Galván Acosta; Nohelia Porfiria Acosta Valderrama; Miguel Antonio Lastre Meza; Luis Miguel Lastre Acosta; Kary Luz Lastre Acosta, que actúa en nombre propio y en representación de la menor Ceidiseth Martínez Lastre; Petrona María Tovar Camargo; Ramón Andrés Acosta Tovar; Yulisa Del Carmen Acosta Tovar; Eduar Manuel Acosta Tovar; Yuranis Paola Acosta Tovar, que actúa en nombre propio y representación de los menores Brisny, Angie y Wesly Suárez Acosta; Omaira Alejandra Acosta Tovar; Roger Carlos Pérez Mercado; Milfar Berenice Acosta Valderrama, que actúa en nombre propio y en representación del menor Jaffer David Pérez Acosta; Roger Junior Pérez Acosta y Jhonatan Yesid Pérez Acosta, por las razones expuestas. En consecuencia, se dispone: 2. Dejar sin efectos la sentencia del 26 de abril de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, que, en segunda instancia, declaró probada la caducidad del medio de control de reparación directa (expediente 70001-33-33-008-2015-00141- 01). 3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Sucre que, en el término de 20 días, contados a partir de la notificación de esta decisión, dicte sentencia de reemplazo, en la que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Cartagena D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2023-05230-00 Demandante: Over Galván Rincón y otros 4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-05230-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

30 de noviembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05230-00
Demandante: Over Galván Rincón y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05230-00
Demandante: OVER GALVÁN RINCÓN Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Y OTRO

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación
directa que declaró la caducidad de la acción de reparación directa.
Desconocimiento del precedente constitucional sobre caducidad en
materia de desplazamiento forzado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Over Galván Rincón; Lida del
Carmen Acosta Valderrama, que actúa en nombre propio y en representación de los
menores Dianys, y Danny Luz Galván Acosta; Jesús David Galván Acosta; Overneys
Galván Acosta; Edwin Galván Acosta; Nohelia Porfiria Acosta Valderrama; Miguel
Antonio Lastre Meza; Luis Miguel Lastre Acosta; Kary Luz Lastre Acosta, que actúa
en nombre propio y en representación de la menor Ceidiseth Martínez Lastre; Petrona
María Tovar Camargo; Ramón Andrés Acosta Tovar; Yulisa Del Carmen Acosta Tovar;
Eduar Manuel Acosta Tovar; Yuranis Paola Acosta Tovar, que actúa en nombre propio
y representación de los menores Brisny, Angie y Wesly Suárez Acosta; Omaira
Alejandra Acosta Tovar; Roger Carlos Pérez Mercado; Milfar Berenice Acosta
Valderrama, que actúa en nombre propio y en representación del menor Jaffer David
Pérez Acosta; Roger Junior Pérez Acosta, y Jhonatan Yesid Pérez Acosta contra el
Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 21 de septiembre de 20231, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado judicial, Over Galván Rincón y otros pidieron la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, de acceso a la administración de justicia
y a la reparación integral.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del
26 de abril de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, que declaró la
caducidad del medio de control.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Se tutelen los derechos fundamentales al Debido Proceso, Acceso Efectivo a la Administración
de Justicia, Precedente Judicial, Derecho a la Igualdad y Derecho a la Reparación Integral de los
Actores.

2. Se deje sin efecto la providencia de fecha Veintiséis (26) de abril de dos mil veintitrés (2023),
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, que revocó en su totalidad la providencia

1 Índice 1 de Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05230-00
Demandante: Over Galván Rincón y otros

del diecinueve (19) de enero de dos mil veintiuno (2021), proferida por el JUZGADO OCTAVO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SINCELEJO.

3. Se ordene al JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SINCELEJO, que
aclare la sentencia proferida el diecinueve (19) de enero de dos mil veintiuno (2021), respecto a la
liquidación de los perjuicios morales de los homicidios de los señores CARMELO GUILLERMO
ACOSTA VALDERRAMA y LUIS FRANCISCO ACOSTA MERCADO, dado que, a pesar de ser
reconocidos, solo se liquidó los perjuicios morales por homicidio del también asesinado EDUAR
RAMON ACOSTA VALDERRAMA.

4. Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, que en términos perentorios expida una
nueva providencia en la cual se declare no prosperada la excepción de caducidad de los hechos
victimizantes de Desplazamiento Forzado de los actores, y Homicidio de Eduar Ramón Acosta
Valderrama, Carmelo Guillermo Acosta Valderrama y Luis Francisco Acosta Mercado.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 6 de noviembre de 2000, en el municipio de San Benito de Abad (Sucre), Eduar Ramón
Acosta Valderrama, Carmelo Guillermo Acosta Valderrama y Luis Francisco Acosta
Mercado fueron víctimas de homicidio a manos de grupos armados al margen de la Ley.

En junio de 2002, los grupos familiares encabezados por Over Manuel Galván Rincón y
Petrona María Tovar Camargo se vieron forzadas a desplazarse hacia otras partes del
territorio colombiano, mientras que el señor Miguel Antonio Lastre Meza y su núcleo
familiar lo hicieron en el 2006.

Los demandantes presentaron declaraciones ante las autoridades competentes y
solicitaron ante la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)
la indemnización por vía administrativa. El grupo familiar encabezado por Over Manuel
Galván Rincón lo hizo en junio de 2002, el encabezado por Petrona María Tovar
Camargo en noviembre de 2002 y el de Miguel Antonio Lastre Meza en noviembre de
2006.

La parte actora alega que la situación de orden público en el municipio y toda la zona era
conocida por las autoridades administrativas y la Fuerza Pública.

Over Galván Rincón; Lida del Carmen Acosta Valderrama, que actúa en nombre propio
y en representación de los menores Dianys, y Danny Luz Galván Acosta; Jesús David
Galván Acosta; Overneys Galván Acosta; Edwin Galván Acosta; Nohelia Porfiria Acosta
Valderrama; Miguel Antonio Lastre Meza; Luis Miguel Lastre Acosta; Kary Luz Lastre
Acosta, que actúa en nombre propio y en representación de la menor Ceidiseth Martínez
Lastre; Petrona María Tovar Camargo; Ramón Andrés Acosta Tovar; Yulisa Del Carmen
Acosta Tovar; Eduar Manuel Acosta Tovar; Yuranis Paola Acosta Tovar, que actúa en
nombre propio y representación de los menores Brisny, Angie y Wesly Suárez Acosta;
Omaira Alejandra Acosta Tovar; Roger Carlos Pérez Mercado; Milfar Berenice Acosta
Valderrama, que actúa en nombre propio y en representación del menor Jaffer David
Pérez Acosta; Roger Junior Pérez Acosta y Jhonatan Yesid Pérez Acosta interpusieron
demanda de reparación directa contra el Ministerio de Defensa Nacional, Policía y
Ejército Nacional, municipio de San Benito de Abad, departamento de Sucre, UARIV y el
Departamento Para la Prosperidad Social para que fueran declarados patrimonialmente
responsables por sus desplazamientos, así como de los homicidios de Eduar Ramón
Acosta Valderrama, Carmelo Guillermo Acosta Valderrama y Luis Francisco Acosta
Mercado por omisión en el deber de protección.

La demanda se adelantó bajo el radicado 70001-33-33-008-2015-00141-00 y
correspondió al Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo, que, por sentencia del 19
de enero de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones. Declaró la falta de
legitimación en la causa por pasiva del departamento de Sucre, el municipio de San
Benito de Abad, la UARIV y el DPS, pero declaró responsables al Ejército y la Policía
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Demandante: Over Galván Rincón y otros

Nacional por los homicidios de los señores Eduar Ramón Acosta Valderrama, Carmelo
Guillermo Acosta Valderrama y Luis Francisco Acosta Mercado, y el desplazamiento
forzado de los demandantes.

Explicó que el Ejército y la Policía Nacional habían incumplido el deber de protección de
los ciudadanos y que, en ese caso, no era necesario que las víctimas de homicidio ni sus
familias interpusieran ninguna denuncia para que la fuerza pública atendiera sus
obligaciones de brindar seguridad y protección a la comunidad.

En cuanto las indemnizaciones, reconoció perjuicios morales solamente por el homicidio
de Eduar Ramón Acosta Valderrama y por desplazamiento forzado a todos los
demandantes, además de lucro cesante y medidas de satisfacción y reparación
simbólica.

Inconformes con la decisión, las partes apelaron y el Tribunal Administrativo de Sucre,
en sentencia del 26 de abril de 2023 (notificada el 29 de mayo de 2023), la revocó, y en
su lugar, declaró probada la excepción de caducidad y denegó las pretensiones de la
demanda.

El tribunal sostuvo que la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 19
de enero de 2020, había unificado jurisprudencia sobre la caducidad de las pretensiones
indemnizatorias formuladas con ocasión de la comisión de delitos de lesa humanidad.
Que esa providencia señalaba que «mientras no se cuente con elementos de juicio para inferir
que el Estado estuvo implicado en la acción u omisión causante del daño y que le era imputable
el daño, el plazo de caducidad de la reparación directa no resulta exigible, pero si el interesado
estaba en condiciones de inferir tal situación y, pese a ello no acudió́ a esta jurisdicción, el juez
de lo contencioso administrativo debe declarar que el derecho de acción no se ejerció en tiempo».

Que, además, el término de caducidad tampoco era exigible cuando se observan
situaciones que impiden materialmente el ejercicio del derecho de acción. Que la tesis
de la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado fue
respaldada por la Corte Constitucional con la sentencia SU-312 de 2020.

A partir de lo anterior, concluyó que por los homicidios el derecho de acción se extendió
hasta 2002 y por el desplazamiento forzado hasta 2004. Que, sin embargo, la demanda
fue presentada en 2015 cuando el término de caducidad estaba superado. Que algunas
personas tuvieron la oportunidad de acceder a la institucionalidad gubernamental y a las
herramientas jurídicas para intentar una indemnización por parte del Estado Colombiano
y que, por eso, no encontraba justificación para que no demandaran en tiempo.

Además, señaló que aunque en gracia de discusión se aceptara que no operó el
fenómeno de la caducidad, no había lugar a acceder a lo pretendido porque no estaba
probado el nexo causal entre el daño y la actuación de la administración.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que las sentencias acusadas incurrieron:

En defecto sustantivo o violación directa de la Constitución al aplicar la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado
para determinar la ocurrencia del fenómeno de la caducidad porque esa providencia
desconoció el control de convencionalidad.

Que lo establecido en la sentencia de unificación desconoce la Declaración Americana
de Derechos y Deberes del Hombre que fue adoptada por el Estado Colombiano y
prevalece en el ordenamiento interno.

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Demandante: Over Galván Rincón y otros

Que en el caso Órdenes Guerra vs Chile la Corte Interamericana de Derechos Humanos
extendió la regla de imprescriptibilidad a los casos de responsabilidad estatal. Y que «si
bien la imprescriptibilidad opera en casos en los que se encuentren vinculadas las acciones
civiles a los procesos penales, también es posible que dicha garantía de imprescriptibilidad se
aplique a otras causas, pues lo importante, señala la decisión, es salvaguardar el derecho a
obtener una reparación, sin importar la acción que se inicie, ya que lo relevante es que hablamos
de graves violaciones de derechos humanos».

Que, de hecho, los magistrados Marín, Montaña Plata y Pazos en sus salvamentos de
votos habían señalado la necesidad de aplicación de la providencia de la CIDH para
inaplicar la regla de caducidad.

Que, además, esa providencia desconoció que el desplazamiento forzado causa un daño
continuado que obliga a contar el término de caducidad a partir del momento en que cesa
el daño.

En defecto procedimental porque el Tribunal Administrativo de Sucre desconoció que
el fenómeno de la caducidad había sido estudiado por el Juzgado Octavo Administrativo
en la admisión de la demanda y en la audiencia inicial sin que la parte demandada
hubiera presentado recurso en contra de esas decisiones. Que la decisión de declarar
probada la excepción de caducidad desconocía el carácter preclusivo de las etapas
procesales.

En desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-254 de 2013 que, según dice, estableció́ que «los términos de caducidad para población
desplazada, en cuanto hace referencia a procesos judiciales ante la jurisdicción contenciosa,
solo puede computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en cuenta
transcursos de tiempo anteriores, por tratarse, como antes se explicó́ , de sujetos de especial
protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad
manifiesta».

Que esa providencia fue notificada el 19 de mayo de 2013 y, por lo tanto, quedó
ejecutoriada el 23 de mayo de 2013 de modo que el término para demandar se extendía
hasta el 23 de mayo de 2015. Que la solicitud de conciliación prejudicial fue presentada
el día 24 de abril del 2015, la constancia fue expedida el 7 de julio del 2015 y la demanda
presentada el 21 de julio de 2015, por lo cual entiende que no operó la caducidad.

Citó sentencias del 7 de julio de 20222 y 30 de marzo de 20233 dictadas por la Sección
Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado que, a su juicio, se pronunciaron sobre
la aplicación del término de caducidad de la acción de reparación directa en casos de
delitos de lesa humanidad y desplazamiento forzado.

Además, con memorial del 3 de noviembre de 20234 el apoderado de la parte actora
señaló que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-374 de 2023, reiteró que para
el conteo del término de caducidad en caso de la población víctima de desplazamiento
forzado era necesario acudir a la regla fijada en la sentencia SU-254 de 2013.

Que también desconoció las sentencias del 6 de marzo5 y 11 de septiembre6 de 2013 de
la Sección Tercera del Consejo de Estado que han sostenido que no es necesario que
la víctima haya solicitado expresamente que se proteja su vida o integridad personal para

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de tutela del 7 de julio de 2022, Exp. 11001-03-

15-000-2022-01694-01, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de tutela del 30 de marzo de 2023, Exp. 11001-

03-15-000-2023-06423-01, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
4 Índice 23 de Samai.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de tutela del 6 de marzo de 2013, Exp. 25001-23-

26-000-2001-00346-01 (26217), C.P. Olga Melida Valla de la Hoz.
6 Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia de unificación del 11 de septiembre de 2013, Exp. 41001-23-31-

000-1994-07654-01 (20601), C.P. Danilo Rojas Betancourth.
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que surja a cargo del Estado la obligación de adoptar medidas especiales tendientes a
prevenir lesiones o menoscabos a los mencionados derechos.

En defecto fáctico porque desconoció que la situación de orden público sí era conocida
por la Policía y el Ejército Nacional, el departamento de Sucre y el municipio de San
Benito de Abad. Que, de hecho, quien para la época de los hechos fungía como alcalde
del municipio dio cuenta de la existencia de la situación, que estaba probado que se
llevaron a cabo consejos de seguridad y existía un fondo de seguridad. Que, sin
embargo, nunca solucionaron el problema.

En cuanto a la declaratoria de caducidad, expusieron que a la fecha de presentación del
medio de control de reparación directa no habían regresado a vivir a su corregimiento
por temor a sufrir, nuevamente, los rigores del conflicto vivido en la zona.

5. Trámite procesal

Por auto del 27 de septiembre de 2023, el Despacho sustanciador inadmitió la demanda
para que el abogado Jaime de Jesús Mier Guerrero aportara poder especial para
formular tutela en nombre y representación de Over Galván Rincón y otros contra el
Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo.

La demanda de tutela fue subsanada y el Despacho sustanciador, por auto del 18 de
octubre de 2023, la admitió y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de
demandados, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre y al juez octavo
administrativo de Sincelejo y, como terceros con interés, al Ministerio de Defensa
Nacional, al Ejército Nacional, a la Policía Nacional, al municipio de San Benito de Abad
(Sucre), al departamento de Sucre, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas (UARIV), al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y a
Deivis de Jesús Acosta Bohórquez.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 20 de octubre y
1º de noviembre de 20237.

6. Intervenciones

El magistrado del Tribunal Administrativo de Sucre, ponente de la decisión
cuestionada, pidió que se declarara improcedente o se denegara el amparo solicitado.
Explicó que la demandante pretendía usar la acción de tutela como una instancia
adicional al proceso ordinario y que, en todo caso, la decisión acusada se ajustó a los
parámetros fijados por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020.

Que, además, la Corte Constitucional en sentencia SU-312 del 13 de agosto de 2020
unificó jurisprudencia sobre la aplicación de las reglas de caducidad en asuntos donde
se discute la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de daños
derivados en delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra y concluyó que
el término de caducidad establecido en el artículo 164, numeral 2, del CPACA se ajustan
a los mandatos constitucionales y convencionales y resulta aplicable tomando como
extremo inicial el momento en que las víctimas tienen inferencia razonable de la
participación del Estado en los hechos, siempre y cuando se encuentren materialmente
en posibilidad de acceder a la administración de justicia.

Que la parte actora tampoco probó que estuviera en imposibilidad de ejercer la acción.

La coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa
Nacional solicitó que se denegara la solicitud de amparo. Explicó que la sentencia

7 Índices 13 y 18 de Samai.

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dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre siguió los lineamientos de la sentencia de
unificación que sobre la caducidad en casos de delitos de lesa humanidad dictó la
Sección Tercera del Consejo de Estado el 29 de enero de 2020.

Que, de hecho, esa posición fue respaldada por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-312 de 2020.

Que siendo así, la sentencia que declaró la caducidad de la demanda de reparación
directa no afectó los derechos fundamentales de los demandantes, sino que se ajustó a
lo probado en el procedo y al precedente de obligatoria aplicación.

La asesora del Área Jurídica de la Policía Nacional pidió que se declarara improcedente
la solicitud de amparo porque los demandantes no demostraron la inminencia de un
perjuicio irremediable que amerite la adopción de medidas urgentes.

Sobre el fondo del asunto, dijo que la sentencia cuestionada siguió los lineamientos del
Consejo de Estado sobre caducidad. Que, los demandantes contaban con un término de
2 años para ejercer la acción de reparación directa, contado a partir del día siguiente de
la ocurrencia de los hechos o del momento en que se tuvo conocimiento, es decir a partir
del mes de junio de 2002 fecha en la que tuvieron pleno conocimiento de los hechos
generadores del daño.

La coordinadora de acciones constitucionales y procedimientos administrativos de la
Oficina Jurídica del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social solicitó
que se declarara improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito general de
inmediatez ni de subsidiariedad.

Que no se configuran las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
porque la sentencia cuestionada se sustentó en el precedente jurisprudencial de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado aplicable al caso.

Que no hubo vulneración del carácter preclusivo de las etapas procesales dado que la
discusión sobre la caducidad hizo parte del recurso de apelación de la parte demandada.
La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas pidió que se denegara la solicitud de amparo. Explicó que los
hechos que motivaron la demanda de reparación directa eran del año 2000, que la
demanda fue presentada en el 2015 y que el tiempo transcurrido había sido más que
suficiente para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en busca del
resarcimiento de los perjuicios que le hubiere podido ocasionar un hecho u omisión de
la administración.

Agregó que en todo caso no es para resolver las pretensiones de la parte actora y que
en la medida que los demandantes presentaron solicitudes ante esa autoridad los incluyó
en el registro único de víctimas y reconoció las indemnizaciones correspondientes.

El Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo, el Ejército Nacional, el municipio
de San Benito de Abad (Sucre), el departamento de Sucre, y Deivis de Jesús Acosta
Bohórquez no se pronunciaron pese a que, como se vio, fueron debidamente
notificados.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

La Sala empieza por precisar que si bien la parte actora plantea la configuración de los
defectos sustantivo o violación directa de la Constitución, procedimental, fáctico y
desconocimiento del precedente, lo cierto es que los argumentos que los sustentan se
encuentran encaminados a demostrar que la autoridad judicial demandada desconoció
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la sentencia SU-254 de 2013 para el estudio de caducidad de la acción. Luego, de
manera global, el análisis del caso se centrará en el desconocimiento del precedente.

Siendo así, corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada
por Over Galván Rincón y otros para que se deje sin efectos la sentencia del 26 de abril
de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre que declaró probada la
excepción de caducidad, por haber presuntamente haber desconocido la sentencia SU-
254 de 2013.

La Sala anticipa que amparará los derechos fundamentales a la igualdad y de acceso a
la administración de justicia de la parte actora, porque el tribunal demandado desconoció
la regla jurisprudencial establecida por la Corte Constitucional en la sentencia SU-254
de 2013 sobre caducidad de acciones judiciales en lo contencioso administrativo por
casos de desplazamiento forzado. Por lo tanto, se dejará sin efectos la sentencia
cuestionada y se ordenará al tribunal demandado que dicte una decisión de reemplazo.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales (iii) regla jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional sobre caducidad
en casos de desplazamiento forzado y, finalmente, (iv) analizará el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales8 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos9 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por el señor Over Galán
y otros cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial.

3.1. La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, pues en caso
de que hubiere un error en la declaratoria de caducidad de la acción estaría
comprometido el derecho de acceso a la administración de justicia de la parte actora, en
la medida en que la decisión cuestionada implica que no obtengan una decisión de fondo
sobre la eventual responsabilidad del Estado por el desplazamiento forzado del que
fueron víctimas.

La Sala tampoco puede pasar por alto que la situación expuesta en el escrito de tutela
involucra a personas en especiales condiciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta
que fueron víctimas de desplazamiento forzado.

3.2. La demanda de tutela también cumple con el requisito de inmediatez, porque la
sentencia del 26 de abril de 2023, dictada por el tribunal demandado fue notificada el 29
de mayo de 2023 a las partes a través de correo electrónico. Por lo tanto, fue

8 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión
objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
9 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

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efectivamente notificada el 31 de mayo de 2023. Siendo así, entre esa fecha y la
presentación de la tutela (21 de septiembre de 2023) ha transcurrido 3 meses y 20 días,
término que no supera el plazo de seis meses establecido por la Sala Plena esta
Corporación10.

3.3. La parte demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios
dado que promovió el medio de control procedente para que se declarara la
responsabilidad del Estado por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas.
Además, en el proceso de reparación directa fue agotado el recurso de apelación en
contra la decisión de primera instancia.

Tampoco era viable que los demandantes presentaran recurso extraordinario de revisión
en contra la sentencia del 26 de abril de 2023 porque los argumentos que plantea en la
demanda de tutela no encajan en ninguna de las causales de que trata el artículo 25011
del CPACA.

3.4. Así mismo, advierte la Sala que la actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es,
expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados
proviene, en esencia, del desconocimiento del precedente fijado por la Corte
Constitucional sobre caducidad en casos de desplazamiento forzado.

3.5. Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la actora cuestiona
la decisión de segunda instancia adoptada en un proceso de reparación directa.

4. Regla jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional sobre caducidad en
casos de desplazamiento forzado

La Corte Constitucional, en sentencia SU-254 de 2013, estudió procesos acumulados en
los que personas víctimas de desplazamiento forzado reclamaban indemnizaciones por
vía administrativa y consideró que debía unificar los distintos criterios jurídicos que
habían dado lugar a diferentes consecuencias jurídicas a los mismos supuestos de hecho
en materia de reparación integral e indemnización administrativa a víctimas del
desplazamiento forzado.

Explicó que esa Corporación ha reconocido y protegido de manera categórica, pacífica,
reiterada, clara y expresa, los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la
reparación y no repetición, especialmente frente a graves violaciones de derechos
humanos, con particular énfasis, para el caso de las víctimas de desplazamiento forzado
y que esos derechos deben interpretarse a la luz de los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Colombia. Que, por, lo tanto, las regulaciones de

10 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Exp. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina

Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,

son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en
su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales
para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella
fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa
juzgada y fue rechazada.

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desplazamiento forzado deben interpretarse tomando en cuenta los principios de
favorabilidad hacia el entendimiento y restablecimiento de derechos; la buena fe; la
confianza legítima; la preeminencia del derecho sustancial, y el reconocimiento de la
especial condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de las víctimas.

Señaló la existencia de diferentes vías para que las víctimas individuales y colectivas de
delitos en general, así como de graves violaciones a los derechos humanos y del
desplazamiento forzado en particular, puedan obtener el derecho a la reparación integral,
en general los ordenamientos prevén tanto la vía judicial como la vía administrativa.

En lo que interesa, sobre la responsabilidad en materia de desplazamiento forzado,
explicó que el Estado como garante de la vida, honra, bienes y de los derechos
fundamentales de los ciudadanos debe garantizar el goce efectivo de los derechos de
las víctimas a la verdad, a la justicia, y a la reparación, de conformidad con las
obligaciones constitucionales e internacionales en la materia. Y que esa garantía cobra
especial relevancia en el caso de vulneraciones masivas y sistemáticas a los derechos
humanos, como en el caso de las víctimas del delito de desplazamiento forzado y, por lo
tanto, es deber del Estado garantizar los derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación.

Que en atención a las especiales y extremas condiciones de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta de las víctimas de desplazamiento forzado era necesario adoptar medidas
afirmativas para facilitar el acceso de los accionantes a la reparación tanto por vía judicial
como por vía administrativa.

En lo que interesa, sobre la caducidad de procesos judiciales concluyó que «los términos
de caducidad para población desplazada, en cuanto hace referencia a futuros procesos judiciales
que se adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativa sólo pueden computarse a partir
de la ejecutoria del presente fallo y no se pueden tener en cuenta transcursos de tiempo
anteriores, en atención a su condición de sujetos de especial protección constitucional. Lo
anterior, en armonía con lo resuelto en la sentencia C-099 de 2013».

La Corte Constitucional, en sentencia T-374 de 2023, precisó que la sentencia SU-
254 de 2013 no solo se circunscribió al estudio de la vulneración del derecho a la
indemnización administrativa de la población desplazada, sino también al de la
reparación integral, que incluye la posibilidad de acudir a la jurisdicción contenciosa
administrativa para obtener el resarcimiento por los perjuicios sufridos y unificó la
jurisprudencia respecto a «los distintos criterios jurídicos que han dado lugar a la ejecución de
distintas acciones judiciales, a partir de las cuales se han adjudicado diferentes consecuencias
jurídicas a los mismos supuestos de hecho en materia de reparación integral e indemnización
administrativa a víctimas del desplazamiento forzado».

La Corte Constitucional insistió en que el término de caducidad de la acción de
reparación directa por desplazamiento forzado solo puede contarse a partir del término
de ejecutoria de la sentencia SU-254 de 2013, esto es, desde el 23 de mayo de 2013.

5. Análisis del caso concreto

La Sala empieza por precisar que el Tribunal Administrativo de Sucre basó la decisión
del 26 de abril de 2023 en la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo
de Estado del 29 de enero de 2020 sobre la caducidad de las pretensiones
indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes
de guerra y otros.

A partir de lo anterior, concluyó que la sentencia de unificación había señalado que en
los únicos casos en que la regla de caducidad fijada en la ley admite excepciones es en
los asuntos de desaparición forzada, por mandato de la misma disposición legal y que,
en los demás casos, incluyendo el desplazamiento forzado, el juez debe valorar el
momento desde el cual el demandante conoció o debió haber conocido la cooperación
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del Estado en el hecho dañoso y si existió alguna limitante para acceder a la
administración de justicia.

Dijo que esas reglas constituyen precedente vinculante y obligatorio para el caso de los
demandantes porque surgieron de una sentencia de unificación del órgano de cierre en
lo contencioso administrativo.

Que la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-312 de 2020 unificó
jurisprudencia sobre la aplicación de las reglas jurisprudenciales adoptadas por la
Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 29 de enero de 2020 y concluyó
que se superaban el control de convencionalidad y garantizaban a las víctimas el acceso
a la administración de justicia.

Así, sostuvo que en el caso de los demandantes se configuró la caducidad de la acción
de reparación directa porque la demanda fue instaurada por fuera de los dos años
contados a partir del momento en que las víctimas tuvieron serias posibilidades
materiales de ejercer el derecho de acción. Explicó que la oportunidad para acudir a la
jurisdicción se extendió para la mayoría de las víctimas hasta el año 2004 dado que el
desplazamiento se produjo en el año 2002, que, sin embargo, la demanda se presentó́
hasta el año 2015.

Que los demandantes acudieron a entidades gubernamentales como la Fiscalía y la
UARIV, y que pese a ello no demandaron del Estado la reparación integral de sus
perjuicios, sumado a que no existía prueba que permitiera afirmar la imposibilidad de
ejercer la acción de reparación directa.

Que tampoco era posible tener en cuenta la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte
Constitucional para el conteo del término de caducidad porque, según dice, las reglas
que ahí se fijaron tienen que ver con la indemnización por vía administrativa, mas no con
el término para reclamar la indemnización propia por daños en torno a la responsabilidad
del Estado.

Finalmente, dijo que, aunque en gracia de discusión se aceptara que no operó el
fenómeno de caducidad, lo cierto era que la sola acreditación del daño no conducía a la
declaratoria de responsabilidad del Estado porque en este caso no estaba probado el
nexo causal con la actuación de la administración. Que no estaba probada en el
expediente que existiera amenaza o declaración mediante la cual se pusiera en
conocimiento de las autoridades el peligro en que se encontraban los señores Eduar
Ramón y Carmelo Acosta Valderrama y Luis Francisco Acosta Mercado, ni reposaba
solicitud de protección alguna. Y que tampoco se probaron las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que ocurrió el desplazamiento forzado para inferir que el Estado participó
en el hecho victimizante.

A partir de lo anterior, la Sala encuentra que, en efecto, el tribunal demandado incurrió
en desconocimiento del precedente constitucional aplicable en casos de desplazamiento
forzado causados con anterioridad a la fecha en que fue dictada la sentencia SU-254 de
2013.

De hecho, pese a que en la demanda de reparación directa los demandantes citaron la
sentencia SU-254 de 2013 para que la autoridad judicial tuviera en cuenta la regla de
unificación establecida en torno a la caducidad de las acciones judiciales, el Tribunal
Administrativo de Sucre descartó su aplicación bajo el argumento de que esa providencia
solo era extensible en casos de indemnización por vía administrativa.

Eso demuestra que el tribunal demandado no tuvo en cuenta que la sentencia SU-254
de 2013 estableció expresamente que «los términos de caducidad para población
desplazada, en cuanto hace referencia a futuros procesos judiciales que se adelanten ante la
jurisdicción contencioso administrativa sólo pueden computarse a partir de la ejecutoria del
presente fallo y no se pueden tener en cuenta transcursos de tiempo anteriores, en atención a
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su condición de sujetos de especial protección constitucional».

En esa sentencia, la Corte Constitucional fue clara al señalar que se trataba de una regla
aplicable exclusivamente a personas víctimas de desplazamiento forzado y para futuros
procesos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa. De modo que,
atendiendo al criterio de especialidad, esa regla, resulta aplicable y prevalente al caso
de los demandantes, pues, como se vio, son víctimas del desplazamiento forzado y los
hechos victimizantes tuvieron lugar con antelación a la expedición de esa sentencia.

Esa regla tiene especial incidencia en el caso de los demandantes, pues la sentencia
SU-254 de 2013 quedó ejecutoria el 23 de mayo de 2013, es decir, que a partir de esa
fecha debió iniciar el conteo de caducidad de la acción de reparación directa. La solicitud
de conciliación prejudicial fue presentada el 24 de abril de 2015, cuando había
transcurrido 1 año y 11 meses. Los términos se suspendieron hasta el 7 de julio de 2015
(fecha en que fue se suscribió la constancia de no acuerdo). Al día siguiente empezó a
correr el mes que faltaba del plazo de caducidad. Y como la demanda fue radicada el 21
de julio de 2015, debió entenderse presentada en tiempo, pues había transcurrido 1 año,
11 meses y 14 días conforme con la regla fijada por la Corte Constitucional.

La Sala no desconoce que la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, unificó jurisprudencia sobre el conteo
del término de caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión
de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otros. Sin embargo, tampoco
puede pasarse por alto que la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional fijó
una regla especial y específica para los casos de desplazamiento forzado y, por lo tanto,
no puede entenderse que la regla de 2013 de la Corte Constitucional perdió vigencia tras
la expedición de la sentencia de unificación de 2020 de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.

Incluso, la Corte Constitucional, en sentencia T-374 de 2023, precisó que no era posible
entender que la sentencia SU 254 de 2013 dejó de surtir efectos luego de la expedición
de la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020 porque el
precedente de la Corte Constitucional era vinculante y tiene «un peso predominante
respecto a la interpretación que realiza sobre los derechos fundamentales y su labor
hermenéutica prevalece sobre la interpretación que realicen de los mismos, los demás órganos
judiciales».

La Sala destaca que, con posterioridad a la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, continuó aplicando la regla
que sobre caducidad fijó la Corte Constitucional en la sentencia SU-254 de 2013. En
efecto, en sentencia del 17 de octubre de 2023, la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado señaló que:

La Corte Constitucional otorgó efectos inter comunis a dicha providencia, con el fin de cobijar
situaciones jurídicas similares tramitadas ante los jueces de tutela, así́ como para garantizar una
respuesta uniforme que garantice el derecho a la igualdad de personas que se encuentran en la
misma situación fáctica5.
En estas condiciones, los accionantes también hacen parte de los sujetos a quienes, en virtud de los
efectos inter comunis de la sentencia SU-254 de 2013, se les debía contar la caducidad de forma
diferenciada, esto es, a partir de la fecha de ejecutoria de la referida providencia, porque el
desplazamiento forzado de que fue víctima data del año 2010, como lo refiere la prueba documental
y testimonial.
Corolario de lo anterior, se debe considerar que la demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa interpuesta por el señor José́ Alberto Pushaina Guariyu fue formulada en tiempo
oportuno, toda vez que no es posible verificar cuando ocurrió́ la cesación del desplazamiento forzado,
porque no se tiene prueba de que hubiera retornado al municipio de Barrancas o que estuvieran
dadas las condiciones para dicho retorno, lo cual resulta suficiente para analizar de fondo el asunto
bajo estudio, en aras de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia.
En todo caso, con el propósito de garantizar la protección de los derechos fundamentales y la
reparación integral de las víctimas del desplazamiento forzado, en aplicación de la sentencia SU-
254 del 24 de abril de 2013, se impone concluir que la demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa también se interpuso en tiempo oportuno, porque el desplazamiento forzado
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data del año 2010 y la demanda se interpuso antes de los dos años siguientes a la ejecutoria de la
sentencia de unificación proferida por la Corte Constitucional.

En atención a la jurisprudencia en cita, la Sala observa que el tribunal demandado al
estudiar la caducidad de la demanda de reparación directa promovida por Over Galán
Rincón y otros debió aplicar la regla que, para casos de desplazamiento forzado, fijó la
Corte Constitucional en la sentencia SU-254 de 2013. Con mayor razón si se tiene en
cuenta que desde el escrito de demanda los actores explicaron que era en aplicación de
esa regla que acudían a la demanda de reparación directa.

La inobservancia de esa regla jurisprudencial afectó los derechos fundamentales a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia y les impidió obtener una decisión de
fondo sobre las pretensiones de reparación.

Además, si bien el tribunal demandado dijo que aunque considerara que no operó el
fenómeno de la caducidad, y estudiara de fondo el asunto tampoco estaría probado el
nexo de causalidad, para la Sala esa argumentación no es suficiente para motivar una
sentencia que deniega pretensiones y afecta el acceso a la administración de justicia de
los demandantes.

Por las razones antes expuestas, la Sala dejará sin efectos la sentencia del 26 de abril
de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, dentro del proceso de
reparación directa con radicado 70001-33-33-008-2015-00141-01 y ordenará a esa
autoridad judicial que dicte una nueva decisión, en la que tenga en cuenta las
consideraciones aquí expuestas, esto es, para determinar la caducidad de la acción,
tenga en cuenta la regla jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-254 de 2013.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad y de acceso a la administración
de justicia de Over Galván Rincón; Lida del Carmen Acosta Valderrama, que actúa en
nombre propio y en representación de los menores Dianys, y Danny Luz Galván
Acosta; Jesús David Galván Acosta; Overneys Galván Acosta; Edwin Galván Acosta;
Nohelia Porfiria Acosta Valderrama; Miguel Antonio Lastre Meza; Luis Miguel Lastre
Acosta; Kary Luz Lastre Acosta, que actúa en nombre propio y en representación de
la menor Ceidiseth Martínez Lastre; Petrona María Tovar Camargo; Ramón Andrés
Acosta Tovar; Yulisa Del Carmen Acosta Tovar; Eduar Manuel Acosta Tovar; Yuranis
Paola Acosta Tovar, que actúa en nombre propio y representación de los menores
Brisny, Angie y Wesly Suárez Acosta; Omaira Alejandra Acosta Tovar; Roger Carlos
Pérez Mercado; Milfar Berenice Acosta Valderrama, que actúa en nombre propio y en
representación del menor Jaffer David Pérez Acosta; Roger Junior Pérez Acosta y
Jhonatan Yesid Pérez Acosta, por las razones expuestas. En consecuencia, se
dispone:

2. Dejar sin efectos la sentencia del 26 de abril de 2023, dictada por el Tribunal
Administrativo de Sucre, que, en segunda instancia, declaró probada la caducidad del
medio de control de reparación directa (expediente 70001-33-33-008-2015-00141-
01).

3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Sucre que, en el término de 20 días, contados
a partir de la notificación de esta decisión, dicte sentencia de reemplazo, en la que
tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05230-00
Demandante: Over Galván Rincón y otros

4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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