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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01694-01

Fecha
7 de julio de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
29 providencias

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-01694-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

7 de julio de 2022

1

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01347-00
Demandante: José Barón Uribe y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01694-01
Demandante: José Barón Uribe y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare

Temas: Tutela contra providencia judicial que decreta caducidad del medio
de control reparación directa en casos de delitos de lesa
humanidad y desplazamiento forzado / Desconocimiento del
precedente jurisprudencial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del
Consejo de Estado, Sección Quinta del 5 de mayo de 2022, que negó las
pretensiones de la acción de tutela interpuesta contra el Tribunal Administrativo de
Casanare.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, los señores José Barón Uribe, José Miguel Barón Rodríguez, Lizandro
Barón Rodríguez, Consuelo Barón Rodríguez, María Esperanza Barón Rodríguez,
Jazmín Andrea Barón Hernández, Julio César Barón Hernández, José Miguel Barón
Hernández, Blanca Nubia Barón Hernández, Abadio Barón Hernández, Karen Melisa

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01347-00
Demandante: José Barón Uribe y otros

Barón Henao, Deynnis Estefanny Barón Henao, Jhoan Uriel Barón Henao, Jaber
Lizandro Barón Henao, Brayan Barrera Barón, Kelly Johana Quiroz Barón y María
Arelis Quiroz Barón, quienes actúan por intermedio de apoderado, promovieron
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, a la integridad personal, a la igualdad, al debido proceso y
a la reparación integral.

Como consecuencia de lo anterior, solicitaron dejar sin efectos la decisión proferida
por el Tribunal Administrativo de Casanare del 16 de septiembre de 2021, dentro del
medio de control reparación directa 85001-3333-002-2015-00468-01, en el que
fungieron como demandantes, a través de la cual fue confirmada la sentencia de
primera instancia en la que el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal declaró
probada de oficio la excepción de caducidad.

1.1.2. Los hechos

El accionante narró como hechos que fundamentan la acción de tutela, los
siguientes:

i) El 29 de octubre de 2015, por intermedio de apoderado, los accionantes,
interpusieron el medio de control reparación directa ante el Juzgado Segundo
Administrativo de Yopal contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional,
con ocasión del daño sufrido por la muerte del señor Ananías Barón Rodríguez,
ocurrida el 7 de abril de 2007 «en medio de un supuesto enfrentamiento al interior de
un operativo del personal del Gaula del Ejército» cuando después de salir de la casa
de su hermana, se trasladaba de Tauramena a Yopal (Casanare) a atender
obligaciones laborales.

ii) El Juzgado Segundo Administrativo de Yopal mediante sentencia del 18 de
mayo de 2020, declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de
control reparación directa, decisión confirmada por el Tribunal Administrativo de
Casanare el 16 de septiembre de 2021.

1.1.3. Los defectos invocados

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01347-00
Demandante: José Barón Uribe y otros

En sentir de los accionantes, la providencia del 16 de septiembre de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo de Casanare, incurrió en: i) defecto procedimental
absoluto, ante la grave violación del derecho al debido proceso de la parte actora, ii)
defecto fáctico, por la indebida valoración probatoria que habilitaría la oportunidad de
la acción, iii) defecto sustantivo o material, dado que la interpretación realizada
respecto del artículo 164 del CPACA, vulnera la Constitución, el bloque de
constitucionalidad y el principio de convencionalidad, iv) desconocimiento del
precedente jurisprudencial horizontal y vertical existente para el año 2015, cuando se
interpuso la demanda y v) error inducido, pues yerra al seguir las orientaciones de la
sentencia denominada de unificación de enero 29 de 2020.

Como precedentes jurisprudenciales desconocidos con el fallo cuestionado
mencionó:

1) Providencias del Consejo de Estado: sentencia del 20 de junio de 2011 radicado
11001-03-15-000-2011-00655-00(AC); auto de agosto 11 de 2011, radicado 85001-
23-31-000-2010-00177-01; sentencia del 5 de abril de 2013, radicado 19001-23-31-
000-1999-00217-01(24984); auto del 17 septiembre de 2013, radicado 25000-23-26-
000- 2012-00537-01 (45092); sentencia de tutela segunda instancia del 12 de febrero
de 2015, radicado 11001-0315-000-2014-00747-01; sentencia de tutela de segunda
instancia del 12 de marzo de 2015, radicado 11001-03-15-000-2014-01352-01;
sentencia de tutela de segunda instancia del 7 de septiembre de 2015 radicado
11001-03-15-000-2015-01676-00(AC); sentencia del 7 de septiembre de 2015,
radicado 85001- 23-33-000-2013-00035-01(51388); sentencia del 7 de septiembre de
2015, radicado 85001-23-31-000-2010-00178-01(47671); auto del 02 de mayo de
2016, radicado 18001-23-33-000-2014-00069-01 (53518); auto del 5 de septiembre
de 2016, radicado 05001-23-33-000-2016-00587-01 (57265); auto de 24 de octubre
de 2016, radicado 05001-23-33-000-2016-01722-01 (58051); sentencia del 10 de
noviembre de 2016, radicado: 19001-23 31-000-2010-00115-01 (56282); auto del 30
de marzo de 2017, radicado 25000-23-41-000-2014- 01449-01 (AG); sentencia del
12 de marzo de 2017, radicado 05001-23-31-000-2010-01922-01(49416); auto del 7
de diciembre de dos mil diecisiete (2017), radicado 05001-23-33-000-2017-01395-
01(59601); auto del 30 de agosto de 2018, radicado 25000-23-36- 000-2017-01976-

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01347-00
Demandante: José Barón Uribe y otros

01(61798); auto del 12 de Septiembre de 2019, radicado 44001-23-31-000-2010-
00238-01 (53833); sentencia de tutela de segunda instancia de 30 de julio de 2020,
radicado 11001-03-15-000-2019- 04842-01; sentencia de tutela de segunda instancia
de 20 de agosto de 2020, radicado 11001-03-15-000-2019- 01816-01; sentencia del
30 de abril de 2021, radicado 11001- 03-15-000-2020-04068- 01. 2) Providencias de
la Corte Constitucional: sentencias T-352 de 2016 y T-296 de 2018.

1.2. Actuación Procesal

1.2.1. Mediante auto del 23 de marzo de 2022, se inadmitió la acción de tutela y se
solicitó al apoderado de la parte actora que aportara los documentos que lo
facultaban para promover esta acción constitucional en nombre de José Miguel
Barón Rodríguez, Jazmín Andrea Barón Hernández, Julio César Barón Hernández,
Karen Melisa Barón Henao, Deynnis Estefanny Barón Henao, José Miguel Barón
Hernández, Blanca Nubia Barón Hernández, Abadio Barón Hernández y Jaber
Lizandro Barón Henao.

1.2.2. A través de memorial el apoderado de la parte actora aportó los poderes
requeridos y conforme a ello el 8 de abril de 2022, fue admitida la acción de tutela
formulada por los señores José Barón Uribe, José Miguel Barón Rodríguez, Lizandro
Barón Rodríguez, Consuelo Barón Rodríguez, María Esperanza Barón Rodríguez,
Jazmín Andrea Barón Hernández, Julio César Barón Hernández, José Miguel Barón
Hernández, Blanca Nubia Barón Hernández, Abadio Barón Hernández, Karen Melisa
Barón Henao, Deynnis Estefanny Barón Henao, Jaber Lizandro Barón Henao,
Brayan Barrera Barón, Kelly Johana Quiroz Barón y María Arelis Quiroz Barón contra
el Tribunal Administrativo de Casanare. Igualmente, se vinculó al Juzgado Segundo
Administrativo Oral de Yopal, a la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y a
Jhoan Uriel Barón Henao.1

Adicionalmente, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, a la autoridad judicial accionada y al Juzgado Segundo Administrativo Oral
de Yopal. A este último se solicitó que remitiera copia íntegra digital del expediente

1 Bajo la salvedad de que en caso de ser menor de edad podría actuar por intermedio de sus padres o

representantes legales.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01347-00
Demandante: José Barón Uribe y otros

contentivo del medio de control reparación directa con radicado 85001-33-33-001-
2015-00485-00/1, demandantes: José Barón Uribe y otros

1.3. Contestación de la demanda

Del Tribunal Administrativo de Casanare

El magistrado Néstor Trujillo González, se refirió a la sentencia cuestionada, en
calidad de ponente, frente a la cual expuso:

i) Conforme al deber de acatamiento de los tribunales respecto a las sentencias
de unificación, para decidir la controversia resuelta en la sentencia del 16 de
septiembre de 2021, con el fin de definir la oportunidad del medio de control
reparación directa, se acogieron los parámetros de la providencia SUJ 61.033 del 29
de enero de 2020, proferida por el pleno de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, los cuales al ser aplicados al caso concreto, con fundamento en las pruebas
aportadas al proceso, revelaron que los hechos que conllevaron a la muerte del
señor Ananías Barón Rodríguez y la imputación material al Estado fueron conocidos
por los demandantes desde el 8 de abril de 2007, tal como se puede apreciar en el
análisis contenido en la providencia objeto de reproche.

ii) El Tribunal, plegado, por un lado, al imperativo vinculante del precedente
jurisprudencial de unificación contenido en la sentencia SUJ 61.033 de su superior
funcional y, por otro, a decisiones recientes en sede constitucional relativas al
cómputo de la caducidad, ofreció una motivación explícita, clara y razonable.

1.4. Intervenciones

1.4.1. Del Juzgado Segundo Administrativo de Yopal

El juez segundo administrativo del Circuito de Yopal puso de presente que a los
accionantes no se les ha vulnerado derecho fundamental alguno dentro de la
actuación surtida en el proceso judicial, por lo que resulta improcedente la acción
constitucional, pues lo que se pretende es reabrir un debate que se surtió en las

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Demandante: José Barón Uribe y otros

instancias legales. Luego de relatar las etapas procesales surtidas y de hacer alusión
a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, precisó lo siguiente:

i) La sentencia de primera instancia, proferida el 18 de mayo de 2020, se apoyó
en la providencia de unificación del 29 de enero de 2020, radicado No. 85001-33-33-
002-2014-00144-01(61.033), proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera.

ii) La posición expuesta por los accionantes se aleja de la realidad procedimental
probatoria, porque se pudo establecer que al menos desde el 8 de abril de 2007
tuvieron conocimiento de los hechos en los que perdió la vida el señor Ananías
Barón Rodríguez, y fue a partir de ese momento que pudieron advertir las
inconsistencias o irregularidades presentadas en el operativo militar que condujo a su
deceso.

iii) La actuación judicial dentro del medio de control reparación directa, tanto en
primera como en segunda instancia se ajustó a los procedimientos legales
establecidos para ello y en las sentencias de unificación las cuales son de obligatoria
aplicación en situaciones semejantes.

1.4.2. Del Ministerio de Defensa, Ejército Nacional

La coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa, en
su intervención solicitó que se nieguen las pretensiones de la parte accionante, por
cuanto la decisión acusada, atendió acertadamente las reglas del precedente
vinculante y obligatorio, sin que ello causara agravio en sus derechos fundamentales.

1.5. Sentencia impugnada

La sección Quinta de esta corporación, mediante sentencia del 5 de mayo de 2022,
negó el amparo solicitado en la presente acción de tutela, fundamentalmente al
considerar lo siguiente:

i) Los yerros en que presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada
referidos al defecto procedimental absoluto, fáctico, sustantivo y error inducido se

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estructuran, en esencia, en el desconocimiento del precedente, dado que el reproche
radica en que no resultaba aplicable al caso concreto, la sentencia de unificación del
la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, relacionada con
la caducidad del medio de control reparación directa en casos de delitos de lesa
humanidad y crímenes de guerra, en la cual se puso de presente que antes de su
expedición existían tesis divididas entre las subsecciones lo que se tradujo en que el
juez natural podía acogerse a cualquiera de ellas.

ii) La postura unificada de dicha providencia, fue avalada por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-312 de 2020, al encontrarla razonable y
proporcional desde una perspectiva constitucional y convencional, incluso en casos
en los que el daño que se pretenda reparar sea causado por un delito de lesa
humanidad, un crimen de guerra o genocidio. Se pudo constatar que la providencia
atacada revisó las circunstancias especiales del caso y encontró que mediante la
valoración del acta de reconocimiento e identificación del occiso del 8 de abril de
2007, la señora Consuelo Barón Rodríguez –hermana de la víctima- conoció tanto
del hecho lesivo, esto es, la muerte del señor Ananías Barón Rodríguez, como la
información consistente en que podía atribuírsele al Ejército Nacional.

iii) Dado el carácter vinculante del precedente para todos los funcionarios
judiciales, la decisión objeto de reparo fue proferida con sujeción a las prerrogativas
establecidas en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 aplicables a la
época en que se decidió el asunto, resultando irrelevante que al momento de
interponer la demanda de reparación directa existieran reglas más favorables en
torno al cómputo de la caducidad de la reparación directa.

iv) Las providencias que la parte actora relacionó como desconocidas, fueron
proferidas antes de que se dictaran las sentencias de unificación del 29 de enero de
2020 emitida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la SU-
312 de 2020 de la Corte Constitucional. Además, las sentencias de tutela invocadas
no tienen similitud fáctica ni jurídica con el presente caso, como tampoco la tiene la
proferida por la Sección B de la Sección Tercera de esta corporación datada el 31 de
abril de 2021.

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v) El Tribunal Administrativo de Casanare, a través de providencia del 16 de
septiembre de 2021, no incurrió en el defecto de desconocimiento del precedente
que se le atribuye, pues para resolver el asunto tuvo en cuenta la regla
jurisprudencial establecida en las sentencias de unificación tanto del Consejo de
Estado como de la Corte Constitucional en torno al cómputo del término de
caducidad del medio de control de reparación directa en los casos de delitos de lesa
humanidad y crímenes de guerra.

1.6. Impugnación

El apoderado de la parte accionante, en el escrito de impugnación reitera los
argumentos que esgrimió en la demanda de tutela, en específico los relacionados
con que tanto la sentencia cuestionada como la de unificación del 29 de enero de
2020, contravienen el bloque de constitucionalidad, la Convención de Ginebra y lo
estipulado sobre la lucha contra la impunidad, pronunciamiento emitido por la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Igualmente adujo que el juzgador de primera instancia no consideró las sentencias
proferidas por el Consejo de Estado en los radicados 11001-03-15-000-2019-04842-
011, 11001-03-15-000-2020-04068-013, y 11001-03-15-000-2021-00097-01, en las
que se evidencia que en el presente caso se configura los defectos fáctico, por
indebida valoración probatoria; material o sustantivo, por violación al precedente
horizontal y vertical vinculantes, y tampoco tuvo en cuenta que el legislador en el
artículo 164 del CPACA definió que el medio de control reparación directa, derivado
de conductas que constituyan delitos de lesa humanidad, no está sometido a
cómputo de caducidad.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20192, según el cual «Las tutelas que sean de competencia
del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Quinta de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para controvertir la providencia del 16 de septiembre de
2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del medio de
control reparación directa con radicación 850013333002-2015-00485-01. En caso
afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida
providencia se vulneraron los derechos fundamentales al acceso a la administración
de justicia, a la integridad personal, a la igualdad, al debido proceso y a la reparación
integral.

2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12
y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales

2Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.

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ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional, en sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban
contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, además de trasgredir la
autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por
la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad
de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la
acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la
decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la
Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este entendido, la jurisprudencia constitucional3 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en
la sentencia C-590 de 20054, en la que se hace distinción entre causales genéricas,
aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la
acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su
procedencia una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las
siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que la parte actora

3
T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-
567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589
de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
4 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como
los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas
que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i)
defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto
material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii)
desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte
hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar
plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.

El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 20125, unificó su
jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el
debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros
fijados por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de
agosto de 20146 se acogió un plazo seis meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término
de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
6
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez.
Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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12

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2.4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare del 16 de septiembre de 2021 en el medio de
control reparación directa con radicado número 850013333002-2015-00485-01

2.4.1. Se agotaron los medios de defensa judicial, comoquiera que contra la
providencia objeto de la acción de tutela no proceden otros medios ordinarios de
defensa ni las causales especiales para la instauración del recurso extraordinario de
revisión.

2.4.2. Los hechos y los argumentos en que se fundamenta la acción de tutela
guardan coherencia lógica y temporal.

2.4.3. La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela,
en tanto que la providencia censurada fue proferida en segunda instancia en el
medio de control de reparación directa.

2.4.4. El asunto tiene relevancia constitucional, toda vez que se invoca la
protección de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, a
la integridad personal, a la igualdad, al debido proceso y a la reparación integral.

2.4.5. Se presentó con inmediatez porque la providencia cuestionada es del 16 de
septiembre de 2021, y la acción de tutela se instauró a través de correo electrónico
radicado el 15 de marzo de 2022, con lo cual se satisfacen los parámetros fijados por
la Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el término para su ejercicio, que no debe
sobrepasar los seis meses.

2.5. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales

Además del cumplimiento de los requisitos general de procedibilidad de la acción de
tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la
providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de

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procedibilidad del amparo7 contra providencias judiciales, es decir, que la
actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos:
a) el defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b) el
defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido; c) el defecto fáctico, que
surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d) el defecto material o
sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) el error inducido, que ocurre cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) la decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) el
desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado; y, h) la violación
directa de la Constitución, que se predica cuando, de manera ostensible y
flagrante, la decisión del órgano judicial contradice los postulados recogidos en la
carta política.

Como se observa, a pesar de que en cada caso se confirme la procedencia general
de la acción de tutela, es necesario verificar la presencia de alguno de los defectos y
vicios mencionados, pues lo que subyace en la acción es la censura de una decisión
judicial, cuya modificación implicaría alterar el principio constitucional de la seguridad
jurídica.

7
Mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y
específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho
causales.

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En el presente asunto, la parte accionante formula las causales de procedibilidad i)
violación directa de la Constitución Política, ii) defecto fáctico, iii) defecto sustantivo o
material, iv) desconocimiento del precedente judicial y v) error inducido; no obstante,
como esta última causal, está referida a la aplicación de la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020, se analizará juntamente con la causal del numeral iv). En
ese sentido, con la finalidad de determinar la prosperidad del amparo y la
consiguiente tutela o no de los derechos fundamentales al acceso a la administración
de justicia, a la integridad personal, a la igualdad, al debido proceso y a la reparación
integral, se hará un examen del marco normativo y jurisprudencial de cada una de
ellas.

2.6. Análisis de procedibilidad del amparo invocado

Al encontrarse cumplidos los requisitos de procedencia de la acción, la Sala abordará
el estudio de procedibilidad del amparo invocado en el siguiente orden: i) criterios
para determinar la existencia de los defectos violación directa de la Constitución
Política, fáctico, material o sustantivo y desconocimiento del precedente judicial; ii)
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020; iii) hechos probados; y iv) análisis
de la Sala. caso concreto.

2.6.1. Criterios para determinar la existencia de los defectos violación directa
de la Constitución Política, fáctico y desconocimiento del precedente judicial

2.6.1.1. Violación directa de la Constitución

En la sentencia SU 495 de 2020,8 la Corte Constitucional señaló los parámetros para
la configuración de la mentada causal en los siguientes términos:

78. Violación directa de la Constitución. El defecto específico de violación de la
Constitución se entendía subsumido como una de las variantes del defecto sustantivo.
Sin embargo, la sentencia T-084 de 2010 empezó a dotarlo de autonomía al considerar
que la inaplicación de la “norma de normas” merece un lugar particular en la acción de
tutela contra providencias judiciales. En tal sentido, destacó lo dispuesto en el artículo
4° de la Carta y el poder normativo directo de ella:

8 Ibidem pie de página 6.

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“7.2.8. Violación directa de la Constitución, causal de procedencia de la acción de
tutela que se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que
desconoce, de forma específica, postulados de la Carta Política. A este respecto,
debe insistirse en que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce
valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y
previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados
eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una
decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando
desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados”.

79. Con sustento en lo expuesto la jurisprudencia ha afirmado que, aunque se
produce la misma distorsión, el desconocimiento de la Constitución puede darse, al
menos, por dos vías. De un lado, cuando las reglas o principios que deben ser
extraídos de su texto son, por completo, desobedecidos o no son tomados en
cuenta en el razonamiento jurídico explicita, ni implícitamente. De otra parte, cuando
las reglas y los principios son tomados en consideración, al menos implícitamente, pero
se les da un alcance insuficiente, como así quedó planteado en la sentencia T-084 de
2010.

80. Sin embargo, ellos no son los únicos supuestos en los cuales las decisiones
jurisdiccionales terminan por violar la Constitución, pues también se ha reconocido que
el hecho de no acudir a la excepción de inconstitucionalidad también puede dar lugar a
ello. En efecto, “(…) siempre que un juez se encuentra ante una norma que contraría lo
estipulado por la Constitución, éste tiene el deber de inaplicar dicha norma bajo la
excepción de inconstitucionalidad realizando un trabajo argumentativo en el cual
determine claramente que el contenido normativo de la regla resulta contrario a la
Constitución Política”.

81. En consecuencia, el hecho de que una providencia incurra en violación
directa de la Constitución es un defecto autónomo y específico, que determina la
procedencia de la acción de tutela. Puede darse, entre otros, cuando (i) se ignora por
completo principios o reglas constitucionales; (ii) se le da un alcance insuficiente a
determinada disposición de la Constitución; o (iii) se omite aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, en aquellos eventos en los cuales ello sea procedente.

2.6.1.2. Defecto fáctico

La Corte Constitucional señaló, de manera primigenia, tres casos que daban origen a
este defecto;9 sin embargo, a modo de desarrollo jurisprudencial ha planteado la
existencia de dos dimensiones que le dan origen y que, a su vez, se traducen en
otras modalidades de configuración, agrupadas en la Sentencia T-923 de 2013, de la
siguiente forma:

Dimensión negativa: que ocurre por la valoración defectuosa del material probatorio
debidamente allegado al plenario y se presenta cuando el funcionario judicial: i) niega

9i) omisión en el decreto y práctica de las pruebas; ii) valoración errada de las mismas; y iii) valoración

de las que resultan nulas de pleno de derecho.

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la práctica del medio probatorio solicitado, ii) no ordena el que debía recaudar de
oficio u iii) omite la valoración de elementos de juicio determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados y sin razón valedera da por no probado el hecho
o la circunstancia que de ella emerge.

Dimensión positiva: que se produce por desconocimiento de las reglas de la sana
crítica en la apreciación de los medios de prueba que conducen a valorarlos de
manera arbitraria, irracional y caprichosa, y se da cuando el funcionario judicial: i)
fundamenta su determinación en elementos de juicio que no le es permitido
considerar porque fueron indebidamente recaudados, son totalmente inconducentes
al caso concreto o se trata de pruebas nulas de pleno derecho y, de igual modo, y/o
ii) apoya la decisión judicial en material probatorio que no permite llegar a la certeza
sobre el supuesto fáctico del cual parte la conclusión del fallador.

2.6.1.3. Defecto sustantivo o material

En lo atinente a los elementos estructurales de esta causal ha señalado la
jurisprudencia, que se incurre en defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional
(i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones
previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto
manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del
que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o
claramente irrazonable o desproporcionada.

La Corte Constitucional en la sentencia SU 495 de 202010 examina el defecto
sustantivo bajo el siguiente razonamiento:

75. Defecto sustantivo. La sentencia SU-399 de 2012 delimitó el campo de aplicación
del defecto sustantivo, al concluir que el mismo se puede presentar en los eventos en

10 Sentencia del 27 de noviembre de 2020, Referencia: Expediente T.7.783.646, acción de tutela
interpuesta por Dorian Jaime Mejía Galeano contra la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la
Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado
ponente: Alejandro Linares Cantillo.

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los cuales: (i) la decisión judicial se basa en una norma inaplicable porque “a) no es
pertinente, b) ha sido derogada y por tanto perdió vigencia, c) es inexistente, d) ha sido
declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que la norma cuestionada está
vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó,
porque la norma utilizada, por ejemplo, se le dan efectos distintos a los señalados
expresamente por el legislador”; (ii) cuando a pesar de la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, en términos
generales, dentro del margen de interpretación razonable o “la aplicación final de la
regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes” o cuando se aplica una
norma jurídica de forma manifiestamente errada, por fuera de los parámetros de la
juridicidad y de la interpretación jurídica aceptable la decisión judicial.11

76. Asimismo, según la providencia referida, dicho defecto se configura (iii) en aquellos
supuestos en los que no se toma en consideración la parte resolutiva de una sentencia
de constitucionalidad; (iv) cuando la disposición aplicada es contraria a la Constitución;
(v) se utiliza un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico “para un fin no
previsto en la disposición”; (vi) cuando la decisión se funda en una hermenéutica no
sistémica de la norma, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el
caso; (vii) cuando se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso
concreto; o (viii) cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a
una manifiesta violación de la Constitución, entre otros.12

77. No obstante, en dicha providencia se aclara que la autonomía judicial “(…) no
autoriza al funcionario judicial para que se aparte de la Constitución y de la ley, pues la
justicia se administra siguiendo los contenidos y postulados constitucionales de forzosa
aplicación, tales como, la dignidad humana, la eficacia de los principios, derechos y
deberes, la favorabilidad, y, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas
(arts. 1º, 2º, 6º, 228 y 230 C.P.)”. Así, no cualquier divergencia con la interpretación del
funcionario judicial autoriza al juez constitucional para declarar este defecto, sino que
ella debe ser, de forma flagrante, contraria a derecho.13

“(…) para que la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto
constituya defecto sustantivo, se requiere que el funcionario judicial en
su labor hermenéutica, desconozca o se aparte abierta y
arbitrariamente de los lineamientos constitucionales y legales, de
forma tal que vulnere o amenace derechos fundamentales de las
partes. Es decir, el juez en forma arbitraria y caprichosa, con base

11 Corte Constitucional SU 399 de 2012
12 En la sentencia SU-399 de 2012 se contemplan, además, como supuestos del defecto sustantivo

aquellos eventos en los que (i) la decisión no está justificada en forma suficiente de tal manera que se
afectan derechos fundamentales y (ii) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el
precedente judicial. No obstante, ellos no son incluidos en el presente análisis por considerar que tales
categorías pueden obedecer, en la actualidad, a otros defectos específicos de procedencia de tutelas
contra providenciales judiciales.
13 En tal dirección se indicó que “(…) en materia de interpretación judicial los criterios para determinar

la existencia de una irregularidad son restrictivos, pues se supeditan a la actuación abusiva del juez y
flagrantemente contraria a derecho. De allí que la simple discrepancia o la no coincidencia respecto de
la hermenéutica del operador jurídico por parte de los sujetos procesales, los particulares y las
distintas autoridades judiciales, no invalida la actuación judicial, debido a que se trata de una vía
jurídica distinta para resolver el caso concreto, pero en todo caso compatible con las garantías y
derechos fundamentales y particularmente deja a salvo la autonomía funcional del juez como
fundamento de la aplicación razonable de las normas jurídicas”. Corte Constitucional, sentencia SU-
399 de 2012

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únicamente en su voluntad, actúa franca y absolutamente en
desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico.

En todo caso, la interpretación resultante de la norma y su aplicación al
asunto sometido a consideración del juez, no puede ser plausible,
constitucionalmente admisible o razonable para que proceda efectivamente
su enjuiciamiento mediante acción de tutela, pues ello equivaldría a aceptar
que podrían dejarse sin efectos providencias judiciales contentivas de
interpretaciones acertadas de las normas jurídicas, porque el criterio del
juez de tutela no coincide con el del juez natural del caso, lo que no puede
permitirse sencillamente porque el juez constitucional asumiría funciones
que no le corresponden, con el consecuente vaciamiento de las
competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico a los distintos jueces
de la República y por demás, con total anulación de los principios de
autonomía e independencia judicial”14 (Negrillas fuera de texto original).

2.6.1.4. Desconocimiento de precedente jurisprudencial

En lo atinente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial —
horizontal o vertical— , se tiene que una providencia judicial incurre en esta causal
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta sin justificación suficiente15, vale
decir, desconoce aquella sentencia (o conjunto de sentencias) que presenta
similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos
y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla
para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.

En esa lógica, en la sentencia T-794 de 2011, la Corte indicó los siguientes criterios a
tener en cuenta para identificar el desconocimiento de precedente judicial: a) que la
ratio decidendi del fallo que se evalúa como precedente presente una regla judicial
relacionada con el caso a decidir posteriormente16; b) que se trate de un problema
jurídico semejante o una cuestión constitucional semejante; y, c) que los hechos del
asunto o las normas juzgadas en la sentencia sean semejantes o planteen un punto

14 ibidem
15
Corte Constitucional, sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-
087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
16
Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2013: «Es la ratio decidendi que es la base jurídica directa
de la sentencia, el precedente judicial que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos
vinculantes y debe ser aplicado para resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el
conjunto de argumentos jurídicos que permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar
la decisión adoptada a la luz de los hechos que lo fundamentan. De manera que la ratio decidendi
expresada en el precedente judicial constituye un importante límite a la autonomía judicial que no
puede ser desconocido por los jueces».

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de derecho semejante al que se debe resolver con posterioridad.17

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes según la autoridad que profiera la providencia previa, las cuales
determinan el grado de obligatoriedad y sujeción que debe atender el juez o
magistrado a la hora de proferir su fallo. La primera de ellas es el precedente
horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la
misma jerarquía o por el mismo operador judicial; la segunda, el precedente
vertical, que se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción
o a nivel constitucional.18

En la mayoría de los asuntos, el precedente vertical, de obligado cumplimiento por
los funcionarios judiciales, lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, en tanto órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción.19 Sin
embargo, en los casos donde la decisión no es susceptible de revisión por parte de
las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer los
criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.20

En ese orden de ideas, cuando el contenido de las decisiones que profieren los
órganos de cierre, en cada una de sus jurisdicciones, sean de naturaleza unificadora,
los jueces resultan obligados por estas o por sus propias sentencias, en aquellos
eventos donde los casos resulten idénticos. No obstante, esta regla admite una
excepción, pues no es obligatorio aplicar el precedente cuando el caso presenta
situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.

Las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en
atención a su autonomía y a su independencia, pero siempre que cumplan las
siguientes reglas: «(i) Deben hacer referencia al precedente que abandonan, lo que
significa que no pueden omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca

17
Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
18
Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
19
Corte Constitucional, sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
20
Corte Constitucional, sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.

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20

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hubiera existido (principio de transparencia); y, (ii) deben ofrecer una carga
argumentativa seria, mediante la cual expliquen, de manera suficiente y razonada,
los motivos por los cuales consideran que es necesario apartarse de sus propias
decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de
razón suficiente)».21

En definitiva, conforme al criterio vigente de la Corte Constitucional, el
desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto
sustantivo, pues su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales en
virtud del respeto a los principios al debido proceso, igualdad y buena fe.22

De otra parte, en la sentencia SU 332 de 2019,23 la Corte Constitucional se refiere al
desconocimiento del precedente de las Altas Cortes y para el efecto señaló:

Importancia de los órganos de unificación de jurisprudencia

15. Esta Corte diferenció dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical, para lo
cual tomó como criterio diferenciador la autoridad que profiere el fallo que se tiene
como referente. En esa medida, el precedente horizontal hace referencia al respeto
que un juez debe tener sobre sus propias decisiones y sobre las tomadas por jueces
de igual jerarquía, mientras que, el vertical apunta al acatamiento de los fallos dictados
por las instancias superiores en cada jurisdicción encargadas de unificar la
jurisprudencia.

16. Ahora bien, como se explicó líneas atrás, cuando el precedente emana de los altos
tribunales de justicia en el país (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y
Consejo de Estado), adquiere un carácter ordenador y unificador que busca realizar los
principios de primacía de la Constitución, igualdad, confianza legítima y debido
proceso. Adicionalmente, se considera indispensable como técnica judicial para
mantener la coherencia del sistema.

2.6.2. Sentencia de unificación del 29 de enero de 2020

En la sentencia del 29 de enero de 2020,24 la Sección Tercera del Consejo de Estado
unificó jurisprudencia en relación con la caducidad de las pretensiones

21
Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
22
Corte Constitucional. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-
634 de 2011, entre otras.
23
Referencia: Expedientes acumulados: T-5904426 (Elsa Marina Ñustes Lozano), T-5904482 (Luis
Hernán Medina Urueña),T-5912659 (Margoth Rivera de Quevedo), T-5942333 (Mercedes Castro
Pinilla), T-5942352 (Hipólito Arévalo Tique), magistrada sustanciadora: Gloria Stella Ortiz Delgado,
sentencia del 245 de julio de 2019.

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indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los
crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado.

La Sala de decisión procedió a determinar si la imprescriptibilidad que opera en
materia penal frente a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra daba lugar a
interferir en el cómputo del término de caducidad para demandar en reparación
directa frente a tales conductas.

Así, luego de citar la legislación y jurisprudencia interna, en materia de
imprescriptibilidad penal y caducidad en el medio de control reparación directa,
advirtió que la imprescriptibilidad penal opera mientras no haya sujetos
individualizados y se mantiene hasta que se les identifique y se les vincule a las
diligencias, y que en materia de reparación directa, el término de caducidad no corre
hasta tanto se cuente con elementos para deducir la participación del Estado en los
hechos y se advierta la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial.

Por tanto, concluyó que las situaciones que se pretenden salvaguardar con la
imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad y los crímenes
de guerra se encuentran previstas en materia de lo contencioso administrativo al
amparo de la hipótesis del conocimiento del hecho dañoso y, en virtud de lo cual, el
término de caducidad sí debe exigirse en estos eventos, pero a partir de que se
observe que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir que el Estado
tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en
los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

De esta forma, señaló la corporación i) que, en lo referente a los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda
solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado resulta aplicable el
término para demandar establecido por el legislador; ii) que el plazo, salvo el caso de
la desaparición forzada que tiene regulación legal expresa, se computa desde
cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de enero de 2020, consejera

ponente Martha Nubia Velásquez Rico. Expediente 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61033).

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omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial; y iii) que el término pertinente no se aplica cuando se observan
situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción
y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.

2.6.3. Hechos probados

2.6.3.1. Por intermedio de apoderado, los señores José Barón Uribe, José Miguel
Barón Rodríguez, Lizandro Barón Rodríguez, Consuelo Barón Rodríguez, María
Esperanza Barón Rodríguez, Jazmín Andrea Barón Hernández, Julio Cesar Barón
Hernández, José Miguel Barón Hernández, Blanca Nubia Barón Hernández, Abadio
Barón Hernández, Karen Melisa Barón Henao, Deynnis Estefanny Barón Henao,
Jhoan Uriel Barón Henao, Jaber Lizandro Barón Henao, Brayan Barrera Barón, Kelly
Johana Quiroz Barón y María Arelis Quiroz Barón, presentaron demanda, a través
del medio de control reparación directa, con el fin de que se declarara responsable
extracontractual y administrativamente a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional, por la muerte del señor Ananías Barón Rodríguez ocurrida el 7 de abril de
2007, el cual, según se afirma, fue objeto de una ejecución extrajudicial o falso
positivo.

Para el efecto, narraron en síntesis lo siguiente:

i) El señor Ananías Barón Rodríguez, el 7 de abril de 2007, salió de la casa de
Consuelo Barón Rodríguez (hermana) ubicada en Tauramena (Casanare) y se dirigió
a Yopal donde estudiaba y trabajaba; sin embargo, solo se volvió saber de él cuando
los compañeros de trabajo informaron su deceso. De acuerdo con el acta de
inspección al cadáver, la muerte se produjo por impactos de armas de fuego
pertenecientes al Ejército Nacional.

ii) El 8 de abril de 2007, el comandante de la misión táctica antiextorsión 038
«ATILA II», rindió informe al fiscal 32 de la Fiscalía Seccional de Yopal (Casanare) e
indicó que «(…) el día 7 de abril de 2007, en horas de la noche, se recibió una
información en la línea de emergencia 147 por parte de una persona que se reservó
su identidad, en la cual alertó sobre la presencia de sujetos armados que se

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autodenominaban “Águilas Negras” y que venían extorsionando a ganaderos de la
zona. Con el fin de corroborar o desvirtuar la información recibida, los miembros del
Gaula Casanare, adscritos a la Decimosexta Brigada del Ejército Nacional, se
trasladaron hasta la vereda Mate Palma, jurisdicción del municipio de Yopal donde
fueron interceptados por sujetos presuntamente al margen de la ley, de lo que se
produjo un intercambio de disparos. Una vez controlada la situación, se mencionó
que, del registro de la zona hecho tras lo sucedido, hallaron un sujeto abatido que
portaba un revólver calibre 38»

iii) El Juzgado 45 de Instrucción Penal Militar el 2 de mayo de 2017 aperturó
investigación preliminar contra los presuntos responsables del homicidio de Ananías
Barón Rodríguez; sin embargo, el 30 de julio siguiente la actuación fue archivada. No
obstante, la señora Consuelo Barón Rodríguez, solo tuvo conocimiento de ello hasta
el mes de octubre de 2014, fecha en que, además, se enteró de las circunstancias
que rodearon la muerte del señor Ananías Barón Rodríguez en combate o
enfrentamiento armado con el Gaula (Casanare) y, procedió, el 22 de septiembre de
2015, a presentar denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, actuación que
conoció la Fiscalía 60 Especializada adscrita a la Dirección de Fiscalía Nacional
Especializada de Derechos Humanos y DIH, con sede en Villavicencio (Meta).

2.6.3.2. El Juzgado Segundo Administrativo de Yopal (Casanare) conoció el medio
de control reparación directa radicado 850013333002-2015-00485-00, y el 18 de
mayo de 2020, profirió sentencia en la que resolvió declarar probada de oficio la
excepción de caducidad, al considerar que de acuerdo con la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, proferida por el Consejo de Estado, el término
para la interposición oportuna de la demanda, corrió del 9 de abril de 2007 al 9 de
abril de 2009, dado que desde el 8 de abril de 2007, los accionantes tuvieron
conocimiento de las circunstancias en las que perdió la vida el señor Ananías Barón
Rodríguez, y sucede que solamente hasta el día 6 de marzo de 2015 se presentó la
solicitud de conciliación.

2.6.3.3. Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de
apelación que fue resuelto a través de auto del 16 de septiembre de 2021. El
Tribunal Administrativo de Casanare, confirmó la providencia apelada e invocó en

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sustento la sentencia de unificación jurisprudencial del 29 de enero de 2020,
proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación. Para el efecto
expuso lo siguiente:

«4.1 Revisada la actuación se tiene que: i) la muerte de la víctima directa (Ananías
Barón Rodríguez) ocurrió el 07/04/2007, ver folio 93, documento 01, carpeta de 1a
instancia; su hermana, la señora Consuelo Barón Rodríguez, aquí demandante,
reconoció el cadáver al día siguiente, ver folio 17, documento 04, carpeta pruebas y ii)
la demanda fue radicada el 29/10/2015, ver documento 02, carpeta de 1a instancia y
la precedió la solicitud de conciliación ante el Ministerio Público, introducida el
06/03/2015, cuya audiencia se surtió el 27/04/2015, ver folio 162, documento 01,
carpeta de 1a instancia.

Para entonces, habían transcurrido bastante más que dos (2) años desde cuando el
hecho lesivo, el daño y la autoría de aquel, sin duda atribuible a tropas del Ejército
Nacional, habían quedado al descubierto.

4.2 En efecto, el 07/04/2007 la Fiscalía ordenó practicar diligencia de inspección al
cadáver de la víctima, pues fue informada de que se había dado de baja por el
personal del Gaula del Ejército a un sujeto, en cumplimiento de un operativo y del
combate que allí se desarrolló, ver folio 8, documento 04, carpeta pruebas.

4.2.1 A su vez, el 09/04/2007 el comandante de la misión táctica antiextorsión 038
“ATILA II” rindió informe del desarrollo de la misma a la fiscal 32 seccional URI, en el
que se puso de presente que en el desarrollo de esta fue abatido “en combate” un NN
sexo masculino, quien se logró identificar al día siguiente de la diligencia de
levantamiento por la Fiscalía, ver folios 29 y 41, documento 04, carpeta pruebas. El
informe fue rendido tanto a la Fiscalía como al Juzgado de Instrucción Penal Militar
Brigadas XVI y VIII.

4.3 En el acta de inspección al cadáver 058 quedó determinado que la muerte la
produjeron impactos de armas de fuego utilizadas por uniformados del Ejército
Nacional. La diligencia se llevó a cabo al día siguiente del deceso, ver folios 14 y 74,
documento 04, carpeta pruebas.

4.4 El 08/04/2007 el cadáver de Ananías Barón Rodríguez fue reconocido por su
hermana, la señora Consuelo barón Rodríguez, así está acreditado en la respectiva
acta, ver folio 17, documento 04, cuaderno de pruebas y fue quedó confesado, en los
términos de los arts. 191 y 193 del C.G.P., por el apoderado judicial de la parte
actora, pues en acápite del líbelo denominado “2. Hechos”, se indicó lo siguiente:

(…)

4.4.1 Acorde con lo anterior, es evidente que el hecho mismo de la muerte del señor
Ananías Barón Rodríguez y su imputación material y jurídica al Estado quedaron
enteramente al descubierto, cuando menos, desde el día 08/04/2007 y desde
entonces para la hermana del occiso y para los demás integrantes de la parte actora
quedaron abiertas las opciones para acudir al estrado, bien fuere en calidad de
víctimas en el proceso penal o por vía de reparación contra la Administración.

(…)

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4.5.2.1 La parte actora pretende contar el término de caducidad desde el 14/04/2014
cuando la hermana de Ananías Barón Rodríguez se enteró de la investigación
adelantada en la justicia castrense por su muerte y de su archivo, acorde con
constancia suscrita por la Fiscalía 20 Penal Militar pues, aduce que, antes de esa
fecha, no hay evidencia de que se conocían por los actores los móviles de la muerte.

Sobre el particular, se tiene que: i) la fecha correcta de la constancia es 14/10/2014,
ver documento 03, fol.34, carpeta de pruebas, y ii) la autoría del homicidio quedó al
descubierto desde la diligencia de reconocimiento del cadáver, esto es, el 08/04/2007,
pues nunca se negó que haya sido dado de baja por tropas del Ejército, en presunto
combate, y iii) lo que revela la providencia que conoció en época posterior la señora
Consuelo es el archivo de la actuación penal, adelantada ante la justicia castrense,
porque se consideró que el accionar del personal militar se encontraba justificado,
siendo la ejecución legal, dentro del conflicto armado y bajo el amparo de la legítima
defensa.

4.5.3 Acceso efectivo a la Administración de Justicia: desde esa época las víctimas
reflejas (sic) demandantes pudieron ejercer el medio de control de reparación directa
y en el pertinente proceso discutir las circunstancias de la muerte y abordar el debate
probatorio respecto del presunto combate, el que, al parecer, pudo constituir uno de
los casos que coloquialmente se conocen como “falsos positivos”, esto es, uso
aparentemente legítimo de la fuerza material de las tropas para reportar bajas de
presuntos combatientes.

4.5.4 No se adujo ni se ha demostrado algún hecho que impidiera inexorablemente
demandar por vía de reparación directa dentro del bienio previsto por la legislación
nacional. Nótese que el Consejo de Estado, en la aludida sentencia de unificación,
reconoce explícitamente que, también en estos procesos contenciosos con
pretensiones patrimoniales, es factible hacer valer amparo de pobreza, si esa fuere la
limitación para acudir a la jurisdicción.

El nivel educativo o el contexto socio cultural, a que alude el recurrente, no es causal
para acudir tardíamente al estrado; los tecnicismos procesales y el dominio de las
disciplinas jurídicas no se exigen al común; basta un simple sentido primario de lo
justo, para que una familia afectada por uno de los suyos, cuando duda de las
circunstancias en que se ha causado una muerte, busque apoyo y consulte la
viabilidad de acudir ante la jurisdicción.

Inverosímil que en la primera década de este Siglo XXI, con masificación de medios
de comunicación de libre acceso (televisión, telefonía móvil, redes sociales, etcétera),
un habitante de comunidades rurales de Casanare desconozca por insalvable
desigualdad la existencia de la justicia (como órgano), de la Defensoría del Pueblo,
de las personerías municipales, de la Fiscalía General y de numerosos abogados
versados a los que pudiera acudir, al menos a preguntar qué hacer y ante quién
reclamar, denunciar o demandar.» (sic en todo el texto)

2.7. Análisis de la Sala. Caso concreto

Se controvierte en el sub lite la vulneración de los derechos fundamentales al acceso
a la administración de justicia, a la integridad personal, a la igualdad, al debido
proceso y a la reparación integral, con la expedición de la providencia proferida por el

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Tribunal Administrativo de Casanare del 16 de septiembre de 2021, en la que se
declaró la caducidad del medio de control de reparación directa adelantado como
consecuencia de la muerte violenta del señor Ananías Barón Rodríguez, por parte de
miembros del Ejército Nacional.

Alega el accionante que el Tribunal Administrativo de Casanare aplicó una sentencia
de unificación que no estaba vigente para cuando interpuso la demanda; además
omitió tener en cuenta que i) solo hasta que los demandantes tuvieron los elementos
para endilgar responsabilidad al Estado, pudieron ejercer su derecho de acción, es
decir, con ocasión del proceso penal que se inició en el 2015, ii) los hechos en los
que se funda la solicitud de reparación directa están relacionados con delitos de lesa
humanidad, sobre los que no resulta aplicable el fenómeno de la caducidad, iii)
dadas las circunstancias en que acaeció la muerte del señor Ananías Barón
Rodríguez, debió hacer control de convencionalidad y aplicar el bloque de
constitucionalidad y iv) la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dado un trato
especial cuando se infringe el derecho internacional humanitario, para determinar la
caducidad del medio de control.

Pues bien, se advierte que en la providencia objeto de censura, el Tribunal
Administrativo de Casanare, para analizar el ejercicio oportuno de la acción trajo a
colación la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, expediente 61.033, en
la que la Corporación concluyó, que la caducidad en este tipo de eventos sí operaba,
y que se debía contar desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado, lo cual solo admite excepción cuando
se evidencian situaciones que impidieron materialmente el ejercicio del derecho de
acción.

Teniendo en cuenta lo anterior, y atendiendo a que las pretensiones se relacionan
con la reparación de los perjuicios por el asesinato del señor Ananías Barón
Rodríguez, el Tribunal accionado procedió a analizar el caso concreto para
establecer el ejercicio oportuno del medio de control reparación directa y, para ello,
luego de relacionar las pruebas arribadas al expediente, concluyó que los
demandantes, por lo menos desde la fecha en que se practicó la diligencia de
reconocimiento del cadáver, esto es, el 8 de abril de 2005, tuvieron conocimiento de

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la posible participación de agentes del Estado en la causación del daño que alega
«pues nunca se negó que haya sido dado de baja por tropas del Ejército, en presunto
combate».

Igualmente, estableció que no era posible tener como fecha de partida para
contabilizar el término de caducidad el 14 de abril de 2014, cuando afirma la señora
Consuelo Barón Rodríguez haber tenido conocimiento de la investigación adelantada
por la Fiscalía Penal Militar, pues la autoría del homicidio quedó al descubierto desde
que efectuó el reconocimiento del cadáver, lo que le permitió establecer que el
término de caducidad del medio de control, corrió entre el 9 de abril de 2007 y el 9 de
abril de 2009, en la medida que no encontró acreditado en el expediente la existencia
de una situación excepcional que les impidiera a los demandantes ejercer el derecho
de acción; en consecuencia, para el 29 de julio de 2019, cuando fue presentada la
solicitud de conciliación prejudicial ya había fenecido el ejercicio oportuno del medio
de control de reparación directa.

Bajo dichos derroteros, esta Sala de decisión puede evidenciar que, a diferencia de
lo planteado por la parte actora, en el caso bajo análisis no se configura la existencia
de los defectos fáctico, sustantivo o material y violación directa de la Constitución,
pues el Tribunal Administrativo de Casanare, advirtió que de acuerdo con las
pruebas obrantes en el proceso podía determinar que la sentencia de unificación del
29 de enero de 2020 era la aplicable para establecer la interposición oportuna del
medio de control reparación directa de acuerdo con las particularidades del caso.

Sin embargo, aunque como se anotó no están llamadas a prosperar las causales de
procedibilidad defectos fáctico, sustantivo o material y violación directa de la
Constitución, sí se advierte la configuración del desconocimiento del precedente
jurisprudencial, según pasa a explicarse:

Es claro que para la fecha en que se emitió la providencia del 16 de septiembre de
2021, objeto de censura, ya existía un criterio definido en torno a la caducidad del
medio de control de reparación directa, en casos relacionados con delitos de lesa
humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, que es el que se encuentra

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previsto en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado y, por tanto, puede concluirse prima facie
que la autoridad judicial accionada estaba en la obligación de aplicarla dado su
carácter vinculante, en términos de lo dispuesto en el artículo 270 del CPACA y en la
sentencia C-836 de 2001.

No obstante, en el sub examine debe tomarse en cuenta que, para el año 2015,25
cuando se procedió a accionar al Estado para efectos de la reparación
administrativa, el criterio mayoritario de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
apuntaba a que no era procedente aplicar el fenómeno jurídico de la caducidad a las
acciones de reparación directa con pretensiones indemnizatorias formuladas con
ocasión de crímenes de lesa humanidad, genocidios y otras violaciones graves de
los derechos humanos, en atención a su naturaleza imprescriptible.

Lo anterior puede corroborarse, entre otras, en las siguientes providencias: i) auto del
17 de septiembre de 2013;26 ii) sentencia del 7 de septiembre de 2015;27 iii) auto del
11 de abril de 2016;28 iv) sentencia del 5 de septiembre de 2016;29 y v) sentencia del
31 de julio de 2019,30 en las que, en aplicación al control de convencionalidad, la
Sección Tercera del Consejo de Estado no tomó en cuenta la caducidad.

En el caso que se analiza, se advierte, además, que el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora contra la providencia de primera instancia, proferida el
18 de mayo de 2020 por el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal que declaró de

25 De acuerdo con el acta de reparto, consultada en el expediente digital allegado, la demanda fue

presentada por intermedio de apoderado el 29 de octubre de 2015.
26
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 17 de septiembre de 2013, C.P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 25000-23-26-000-2012-00537-01 (45092).
27
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de septiembre de 2015, C.P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 85001-23-31-000-2010-00178-01 (47671).
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 11 de abril de 2016, C.P. Olga Mélida

Valle De La Hoz, expediente 50001-23-31-000-2000-20274-01 (36079). En esta decisión se
resolvieron los recursos de apelación interpuestos en tres expedientes acumulados (Nros. 43481,
43626 y 36079), se analizó y decidió de fondo la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de
los hechos acaecidos el 3, 4 y 5 de agosto de 1998, cuando guerrilleros de las FARC atacaron la Base
Militar antinarcóticos con sede en Miraflores, Guaviare, donde fueron víctimas los miembros de la
fuerza pública. En esa toma se configuró una falla en el servicio que significó la condena indudable a
la entidad demandada por los daños antijurídicos causadas a los soldados.
29
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de julio de 2019, C.P. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa, expediente 05001-23-33-000-2016-00587-01 (57625).
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de julio de 2019, C.P. Alberto

Montaña Plata, expediente 25000-23-36-000-2018-00109-01.

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manera oficiosa la caducidad del medio de control reparación directa, se dirigió a
reforzar los argumentos y pruebas, que en su sentir, daban cuenta de que dadas las
particularidades que rodearon el fallecimiento del señor Ananías Barón Rodríguez,
solo contaron con los elementos para hacer imputación jurídica de responsabilidad
del Estado con el proceso penal que se adelantó el 29 de octubre de 2015; por lo
que, por tratarse de una ejecución extrajudicial o falso positivo, en atención a lo que
al respecto ha definido la Comisión Interamericana de Derechos humanos y la
jurisprudencia del Consejo de Estado vigente para el momento en que se interpuso la
demanda y pronunciamientos internacionales de carácter vinculante para Colombia,
no resultaba aplicable la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 para
concretar el punto de partida para el cómputo del término de caducidad para el
ejercicio oportuno de la acción.

Pese a ello, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Casanare aunque se
refirió a los argumentos de la demanda y del recurso de apelación, aplicó con
radicalidad la sentencia de unificación y obvió analizar las circunstancias particulares
del caso, esto es, que para el momento en que se surtieron estas actuaciones no
existía un criterio unificado de la Sección Tercera del Consejo de Estado que
apuntara a aplicar la figura jurídica de la caducidad en estos eventos, pues consideró
que con posterioridad a la providencia SUJ-61.033 de 2020, perdió continuidad la
tesis jurisprudencial mayoritaria que le precedía.

Al respecto, se advierte que la sentencia unificadora no moduló sus efectos, por lo
que se entiende que opera a futuro o «ex nunc»; de ahí que el Tribunal
Administrativo de Casanare estaba en la obligación de ponderar los derechos a la
igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los
demandantes, de cara a las circunstancias del caso concreto, a efectos de no hacer
ilusorias las garantías constitucionales, entre estas, la reparación patrimonial, cuando
resulte diáfano el daño causado por el Estado.

En consecuencia, para la Sala, es procedente acceder al amparo de tutela invocado
por la configuración del defecto «desconocimiento del precedente jurisprudencial», al
no encontrar en la providencia cuestionada un análisis del caso concreto, ya que
solamente aplicó ipso iure la sentencia de unificación.

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Finalmente, se repara en que, aunque en oportunidad anterior, esta Sala de decisión,
en la sentencia de tutela del 15 de abril de 2021,31 al analizar un caso con
circunstancias fácticas similares al presente, negó las pretensiones de la demanda,
la Sala rectifica su posición para acoger el criterio expuesto en esta providencia.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala revocará la sentencia impugnada y en su
lugar amparará los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y al debido proceso del señor José Barón Uribe y otros, en
consecuencia, dejará sin efectos la providencia censurada y ordenará al Tribunal
Administrativo de Casanare, proferir una nueva decisión en la que se tenga en
cuenta lo expuesto en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Revocar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta proferida el 5
de mayo de 2022, que, negó las pretensiones de la acción de tutela interpuesta
contra el Tribunal Administrativo de Casanare, para en su lugar: Amparar los
derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de
los señores José Barón Uribe, José Miguel Barón Rodríguez, Lizandro Barón
Rodríguez, Consuelo Barón Rodríguez, María Esperanza Barón Rodríguez, Jazmín
Andrea Barón Hernández, Julio César Barón Hernández, José Miguel Barón
Hernández, Blanca Nubia Barón Hernández, Abadio Barón Hernández, Karen Melisa
Barón Henao, Deynnis Estefanny Barón Henao, Jaber Lizandro Barón Henao,
Brayan Barrera Barón, Kelly Johana Quiroz Barón, María Arelis Quiroz Barón y de

31 Expediente 11001-03-15-000-2021-05214-00.

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Jhoan Uriel Barón Henao, quien fue vinculado como tercero interesado en las
resultas del proceso, de acuerdo con lo expuesto en este proveído. En consecuencia:

Segundo. Dejar sin efectos la providencia del 16 de septiembre de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del proceso de reparación directa
con radicado número 850013333002-2015-00485-01.

Tercero. Ordenar al Tribunal Administrativo de Casanare, que en el término de
veinte días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda a dictar
una nueva decisión en la que se tenga en cuenta lo expuesto en las consideraciones
que anteceden.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con salvamento de voto

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

M.E.C.G

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