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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00109-02

Fecha
18 de julio de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00109-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 5 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en la que se declaró la falta de legitimación activa en la causa respecto de algunos demandantes y se declaró la caducidad de la acción respecto de los demás. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas. TERCERO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2018-00109-02

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

18 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 18 de julio de 2025

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00109-02 (71965)
Demandante: Nicolás Antonio Giraldo García y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Temas: reparación directa – secuestro – omisión de protección – graves violaciones de
derechos humanos – caducidad.

Síntesis del caso: la parte actora reclama una reparación por el secuestro, lesiones y muerte
de un grupo de policías que fueron víctimas de la toma de la Estación de Policía de San
Carlos (Antioquia), el 3 y 4 de agosto de 1998, por un grupo armado ilegal.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia de 5 de julio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en la que
se declaró la falta de legitimación activa en la causa respecto de algunos
demandantes y se declaró la caducidad de la acción respecto de los
demás1.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Trámite relevante, 1.3. Posición de la
parte demandada, 1.4. Sentencia de primera instancia, 1.5. Recursos de apelación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 7 de febrero de 2018, Nicolás Antonio Giraldo García2, Cruz Darío
Londoño Arango3, Rubén Sadid Correa Restrepo4, Juan Martín Patiño

1 La Sala es competente para proferir esta providencia según el artículo 150 de Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, porque resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una
sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo. El tribunal era competente para conocer
el proceso en primera instancia por su cuantía, según el numeral 16 del artículo 152 del mismo Código.
2 Grupo familiar de Nicolás Antonio Giraldo García: Alicia García Arbeláez (madre), Libardo Arturo Giraldo

Betancur (padre), Isnedi Muñoz Tobón (cónyuge), Neftali Antonio Giraldo Urueta (hijo), Nicolás Andrés Giraldo
Urueta (hijo), Juan Esteban Giraldo Muñoz (hijo).
3 Grupo familiar de Cruz Darío Londoño Arango: Cruz Emilio Londoño Muñoz (padre), Arnolda de Jesús Arango de

Londoño (madre), Verónica Yaneth González Gómez (cónyuge), Daniela Londoño Rojas (hija), Gladis Estela
Londoño Arango (hermana), José Eutimio Londoño Arango (hermano), Pedro Luis Londoño Arango (hermano),
José Arturo Osorio Londoño (hermano), Tatiana Osorio Londoño (hermana), Yeison David Londoño Santamaría
(sobrino), Yeison Andrés Londoño Rojas (sobrino).
4 Grupo familiar de Rubén Sadid Correa Restrepo: Luz Mery Arenas Osorio (cónyuge), Katherine Correa Arenas

(hija), Vanessa Correa Arenas (hija), Claudia Milena Correa Restrepo (hermana), José Diego Correa Restrepo
(hermano), Martha Isabel Correa Restrepo (hermana), Paola Andrea Correa Restrepo (hermana).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00109-02 (71965)
Demandante: Nicolás Antonio Giraldo García y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
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Jiménez5, Ángel Giovani Penna Casa6, Máximo Enrique Quiroz Pedraza7,
Jhon Freddy Bedoya Duque8, con sus grupos familiares, así como el grupo
familiar de Diego León Silva García9, presentaron demanda, en ejercicio del
medio de control de reparación directa, en contra de la Nación – Ministerio
de Defensa –Policía Nacional, con el fin de obtener una reparación por el
secuestro y las lesiones que padecieron y la muerte del último de los
mencionados, lo cual ocurrió con ocasión de la toma de la Estación de
Policía de San Carlos (Antioquia), el 3 y 4 de agosto de 1998, por parte de
un grupo armado ilegal.10

2. En la demanda se planteó como pretensión declarativa (se trascribe):

“La NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL reconozca el pago de
todos los perjuicios sufridos por los convocantes por el daño antijurídico que
sufrieron con ocasión del secuestro y secuelas de los señores NICOLÁS ANTONIO
GIRALDO GARCÍA, CRUZ DARIO LONDOÑO ARANGO, RUBEN SADID CORREA
RESTREPO, JUAN MARTÍN PATIÑO JIMÉNEZ, ÁNGEL GIOVANI PENNA CASA, MÁXIMO
ENRIQUE QUIROZ PEDRAZA, JHON FREDDY BEDOYA DUQUE, DIEGO LEON SILVA
GARCÍA (QEPD), tras el ataque a la Estación de Policía de San Carlos Antioquia,
ocurrido el 3, 4 y 5 de agosto de 1998”.

3. La parte actora solicitó: 1. Indemnización de los perjuicios morales a favor
de todos los demandantes; 2. Indemnización por el daño a la salud a favor
de todos los demandantes; 3. Indemnización por “la violación a bienes
constitucionalmente protegidos” para cada una de las víctimas directas; 4.
Indemnización por los perjuicios materiales en la modalidad de lucro
cesante (consolidado y futuro) a favor de cada víctima directa, teniendo
en cuenta la pérdida de la capacidad laboral dictaminada por la Junta
Médica en cada caso y, respecto de Diego León Silva García (fallecido),
una indemnización a favor de su madre, con base en la totalidad del salario
devengado por la víctima a la fecha de su muerte y su edad de vida

5 Grupo familiar de Juan Martín Patiño Jiménez: María Mirelly Valencia Guzmán (cónyuge), Juan Manuel Patiño

Valencia (hijo), María Nelly Patiño Jiménez (hermana), Leidy Johana Bolívar Patiño (hermana).
6 Grupo familiar de Ángel Giovani Penna Casas: Ligelia Hernández Ramírez (cónyuge), Andrés Felipe Penna

Hernández (hijo), Edilma Casas de Penna (madre), Braulio Efrén Penna Casas (hermano), Gaby Soraya Penna
Casas (hermana), María del Pilar Penna Casas (hermana), Rosa Paola Penna Casas (hermana), Zulieth Penna
Casas (hermana), Gladis Penna Casas (hermana), James Santiago Cuellar Penna (sobrino), Jesús Eduardo Penna
Casas (sobrino), Juan Pablo Cuellar Penna (sobrino).
7 Grupo familiar de Máximo Enrique Quiroz Pedraza: Digna Rosa Pedraza Rojas (madre), Juan José Quiroz Cataño

(hijo), Juliet Tatiana Quiroz Cataño (hija), Jesús Manuel Quiroz Rodas (hijo), Kevin Alejandro Quiroz Idarraga (hijo),
Dellys María Quiroz Pedraza (hermana), Dalgira Quiroz Pedraza (hermana), Eder Rafael Quiroz Pedraza (hermano),
Nelly Yajaira Quiroz Pedraza (hermana), Filomena Quiroz Pedraza (hermana), Dalgi Luisa Cárdenas Quiroz
(hermana), Yennys Arley Zambrano Pedraza (hermana), María Rosa Zambrano Pedraza (hermana), Jhoan Alberto
Zambrano Pedraza (hermano), Andrés Eduardo Meza Quiroz (sobrino), Dailys Rosa Meza Quiroz (sobrino), Caterin
Julieth Ayos Quiroz (sobrino), Yulianis Yaneth Ayos Quiroz (sobrina), Cindy Maolis Cárdenas Quiroz (sobrina), Durvi
Elena Cárdenas Quiroz (sobrina), Loren Zulay García Quiroz (sobrina), Elkin René García Quiroz (sobrino), Eder Stiven
Quiroz Salazar (sobrino), Waila Quiroz Salazar (sobrina), Elianys Jeanneth Saad Quiroz (sobrina), Margaret Dayana
Quiroz Centeno (sobrina).
8 Grupo familiar de Jhon Freddy Bedoya Duque: Bernardina Duque Castaño (madre), Edison Bedoya Duque

(hermano), Fabiola Bedoya Duque (hermana), Fernando León Bedoya Duque (hermano), Aseneth Bedoya Duque
(hermana), Helio Fabio Bedoya Duque (hermano), José Fernando Duque Ocampo (hermano), Sigifredo Cardona
Bedoya (primo).
9 Grupo familiar de Diego León Silva García: Rosalba García de Silva (madre), John Henry Silva García (hermano),

Anderson Silva Londoño (sobrino), Nevardo García Gutiérrez (tío), Luis Enrique Navia Ulubares (tío), Diego Armando
Montiya García (primo).
10 Folios 145 al 272 del documento “4_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_001201800109C1Demand_0_20241017102020180

.pdf” que obra en el registro de actuaciones del aplicativo SAMAI.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00109-02 (71965)
Demandante: Nicolás Antonio Giraldo García y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
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probable; 5. Una medida no pecuniaria de reparación integral similar a la
señalada en la sentencia proferida el 11 de abril de 2016, dentro del proceso
Rad. 50001-23-31-000-2000-20274-01 (36079), en la que se resolvió la
responsabilidad del Estado por el ataque por parte de grupos armados a la
Base Militar Antinarcóticos de Miraflores.

4. Como fundamento de las pretensiones, en síntesis, la parte demandante
refirió que Nicolás Antonio Giraldo García, Cruz Darío Londoño Arango,
Rubén Sadid Correa Restrepo, Juan Martín Patiño Jiménez, Ángel Giovani
Penna Casa, Máximo Enrique Quiroz Pedraza, Jhon Freddy Bedoya Duque y
Diego León Silva García eran integrantes de la Policía Nacional. El 3 de
agosto de 1998, un grupo de 400 guerrilleros, pertenecientes a las FARC y el
ELN, atacó el municipio de San Carlos (Antioquia). El ataque se prolongó
hasta el día siguiente. Los integrantes de los grupos armados “perpetraron
asaltos bancarios, destrucción de instalaciones militares, vías y
comunicaciones en pueblos y caseríos aledaños y atentaron la
infraestructura petrolera”, además, atacaron la estación de la Policía
Nacional en la que se encontraban las víctimas directas. Los policías fueron
secuestrados y permanecieron en cautiverio por 1260 días. Diego León Silva
García fue asesinado en cautiverio, mientras que los demás, pese a que
fueron liberados, sufrieron graves secuelas, entre ellas, trastornos de estrés
postraumático. Entre los años 2010 a 2014 se les practicó exámenes médicos
que establecieron una pérdida de la capacidad laboral en porcentajes de
67,21% a 86,14%11.

5. La parte actora afirmó que la entidad demandada es responsable por los
hechos narrados, ya que “el ataque en la estación de Policía de San Carlos
Antioquia estaba anunciado de acuerdo con los informes de inteligencia.
Sin embargo, en una evidente falla del servicio (…) no se tomaron las
acciones para evitarlo, y una vez en combate, no se contó con los recursos
suficientes para disminuir los efectos de las salvajes acciones subversivas,
pues faltó personal, entrenamiento, armas y apoyo logístico, bélico,
estratégico”. Refirió que, meses previos al ataque, a finales de 1997, el grupo
armado FARC anunció amenazas de que atentaría en contra de la Fuerza
Pública y el 20 de diciembre de 1997, el grupo guerrillero atacó la Base Militar
ubicada en el cerro Patascoy, lo cual dejó varios soldados muertos y otros
secuestrados. Pese a ello, la institución no adoptó medidas preventivas con
el fin de contrarrestar otros posibles ataques. Indicó que los hechos
constituyeron una grave violación de derechos humanos, por lo cual, de

11 Nicolás Antonio Giraldo García, según acta de la junta médica laboral de 12 de noviembre de 2010 presentó

una disminución de la capacidad laboral de 86,14%; Cruz Darío Londoño Arango, según acta de la junta médica
laboral de 17 de marzo de 2010 presentó una disminución de la capacidad laboral de 79,98%; Rubén Sadid Correa
Restrepo, según acta de la junta médica laboral de 26 de agosto de 2010 presentó una disminución de la
capacidad laboral de 79,98%; Juan Martín Patiño Jiménez, según acta de la junta médica laboral de 19 de
diciembre de 2014 presentó una disminución de la capacidad laboral de 67,21%; Ángel Giovani Penna Casa,
según acta de la junta médica laboral de 23 de septiembre de 2010 presentó una disminución de la capacidad
laboral de 78,95%; Máximo Enrique Quiroz Pedraza, según acta de la junta médica laboral de 18 de marzo de 2010
presentó una disminución de la capacidad laboral de78%; y Jhon Freddy Bedoya Duque, según acta de la junta
médica laboral de 16 de septiembre de 2011 presentó una disminución de la capacidad laboral de 86,5%.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00109-02 (71965)
Demandante: Nicolás Antonio Giraldo García y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
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acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y algunos pronunciamientos del Consejo de Estado, no era
aplicable el término de caducidad de la acción.

1.2. Trámite relevante

6. El 24 de octubre de 2018, el tribunal admitió la demanda solo respecto de
las víctimas directas. En relación con los demás demandantes declaró
probada la caducidad de la acción. La parte actora interpuso recurso de
apelación, en el que solicitó la revocatoria del auto, ya que “al tratarse de
actuaciones violatorias del DIH, en especial del artículo 3 común a los
Convenios de Ginebra y de las normas de protección internacional de los
Derechos Humanos por parte del grupo armado insurgente FARC no es
posible predicar su caducidad”. En auto de 31 de julio de 201912, esta Sala
de Subsección consideró que los hechos narrados en la demanda
constituían crímenes de guerra tipificados en el Estatuto de Roma, por lo cual
debía aplicarse la garantía de imprescriptibilidad de la acción de
reparación, la cual integraba el bloque de constitucionalidad. Además,
indicó que ese razonamiento aplicaba a todos los demandantes del caso,
ya que la garantía de imprescriptibilidad de la acción se fundamenta en la
naturaleza de los hechos y no en la calidad de las víctimas. De acuerdo con
lo anterior, la Sala decidió revocar parcialmente la decisión, inaplicar
cautelarmente el artículo 164 del CPACA, aplicar la regla internacional que
alude a la imprescriptibilidad de esta acción y admitir la demanda respecto
de todos los demandantes, con excepción de Aseneth Bedoya Duque,
Fernando León Bedoya Duque y Rubiela Bedoya Duque, frente a quienes se
dispuso su desvinculación porque el abogado no contaba con poder para
representarlos13.

1.3. Posición de la parte demandada

7. La Policía Nacional no contestó la demanda. En la oportunidad para
presentar alegatos de conclusión14, la entidad señaló que se configuró la
caducidad de la acción, toda vez que los hechos ocurrieron del 3 al 5 de
agosto de 1998, por lo que, respecto de la muerte de Diego León Silva
García, el término de oportunidad se extendió desde el 19 de noviembre de
1998 (fecha en la cual se expidió la resolución que ordenó el retiro por
muerte) hasta el 20 de noviembre de 2000. Respecto de los secuestros, para
los grupos familiares, el término de oportunidad inició en la fecha en que se
profirieron las resoluciones que decretaron el secuestro (Resoluciones de 18
y 28 de diciembre de 1998) y finalizó el 19 y 29 de diciembre de 2000. Y, para

12 Auto de 31 de julio de 2018, expediente No. 63119, salvamento de voto de Martín Bermúdez Muñoz.
13 Documento “5_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_002201800109C1Consej_1_20241017102020680.pdf” que obra en el
registro de actuaciones del aplicativo SAMAI.
14 Documento “86_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_08320230322AlegatosC_33_20241017105007330.pdf” que obra en

el registro de actuaciones del aplicativo SAMAI.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00109-02 (71965)
Demandante: Nicolás Antonio Giraldo García y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
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las víctimas directas, el plazo oportuno se extendió desde la fecha en la que
se expidió la resolución que reconoció la libertad de los policías
(Resoluciones de 17 de julio y 3 de agosto de 2001) hasta el 18 de julio y 4 de
agosto de 2003. Lo anterior, teniendo en cuenta que no había prueba que
acreditara la existencia de una circunstancia que impidiera a los actores
acudir a la jurisdicción. Citó la sentencia de unificación de 29 de enero de
2020, exp. 85001333300220140014401 (61.033) y, solicitó aplicarla al caso
concreto.

8. Por otra parte, adujo que se configuró la causal de exoneración de hecho
de un tercero, ya que el daño fue causado por un grupo armado ilegal.
Refirió que la Policía tenía conocimiento de la presencia de grupos
guerrilleros en el departamento de Antioquia, pero no tenía información de
que la Estación de Policía de San Carlos sería objeto de ataque. En todo
caso, advirtió que el daño se trató de la materialización de un riesgo propio
del servicio, dado el contexto de conflicto en el que se encontraba el país
para la época, y habida cuenta de que la entidad empleó todos los recursos
humanos y logísticos con los que contaba para repeler la incursión de los
grupos armados. Respecto de Jhon Fredy Bedoya Duque, indicó que no se
demostró su legitimación activa en la causa, toda vez que no había prueba
de su calidad de policía, ni de su presencia en la estación el día en que
ocurrieron los hechos.

1.4. Sentencia de primera instancia

9. El 5 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B profirió Sentencia de primera instancia15 en la que
resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de: Leidy
Johana Bolívar Patiño, María Nelly Patiño Jiménez, María Mirelly Valencia Guzmán,
Jhon Freddy Bedoya Duque, Bernardina Duque Castaño, Helio Fabio Bedoya
Duque, Edinson Bedoya Duque, Fabiola Bedoya Duque, José Fernando Duque
Ocampo, Sigifredo Cardona Bedoya y Diego Armando Montoya García.
SEGUNDO: DECLARAR probada la caducidad de la acción, de acuerdo con las
consideraciones desarrolladas en esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. (…)”

11. El tribunal consideró que Jhon Freddy Bedoya Duque no era miembro de
la Policía Nacional, ni se encontraba en la estación de policía, en la fecha
en que ocurrieron los hechos. En consecuencia, declaró su falta de
legitimación activa en la causa y de su grupo familiar. Respecto de los
demás demandades, indicó que la acción se encontraba caducada. El
tribunal advirtió que los hechos por los cuales se demandó constituían un
delito de lesa humanidad, según lo previsto en el literal e) del artículo 1 del

15 Documento “87_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_084Sentencia1_Instan_34_20241017105007580.pdf” que obra en el

registro de actuaciones del aplicativo SAMAI.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00109-02 (71965)
Demandante: Nicolás Antonio Giraldo García y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
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Estatuto de Roma (privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional). En ese sentido, aplicó la
sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 proferida por la Sección
Tercera de esta corporación, por considerar que la regla allí contenida
constituía un criterio vinculante, incluso para los hechos ocurridos con
anterioridad a la expedición de la providencia. En efecto, la aplicación de
ese precedente jurisprudencial no implicaba una defraudación de la
confianza legítima, pues en la sentencia de unificación no se modificaron
las condiciones para adquirir un derecho ni para ejercerlo en sede judicial,
sino que se desarrolló e interpretó adecuadamente una disposición legal;
además, previo a la expedición de la providencia no existía una única
postura sobre la materia, por lo que no existía un precedente vigente distinto
al que fue objeto de unificación.

12. El tribunal contabilizó el termino de oportunidad por los hechos
relacionados con el secuestro desde día siguiente en el que las víctimas
recobraron su libertad. Esto es, para Nicolás Antonio Giraldo García, Cruz
Darío Londoño Arango, Rubén Sadid Correa Restrepo, Ángel Giovani Penna
Casa y Máximo Enrique Quiroz Pedraza (quienes permanecieron en
cautiverio desde el 3 de agosto de 1998 hasta el 30 de junio de 2001), el
plazo se extendió desde el 1 de julio de 2001 hasta el 1 de julio de 2003; y
para Juan Martín Patiño Jiménez (quien permaneció en cautiverio desde el
3 de agosto de 1998 hasta el 17 de junio de 2001 y estuvo hospitalizado el 17
y el 18 de junio de 2001), el plazo se extendió desde el 19 de junio de 2001
hasta el 19 de junio de 2003. Dado que la solicitud de conciliación
extrajudicial fue presentada en 2017 y la demanda en 2018, el tribunal
concluyó que operó la caducidad de la acción. El tribunal precisó que
algunos de los demandantes menores de edad nacieron durante o con
posterioridad al periodo de cautiverio de su familiar, por lo que, respecto de
ellos, el término de caducidad se contabilizaba a partir de la fecha en que
fueron reconocidos como personas y podían reclamar sus derechos, no
obstante, en todos los casos el término se encontraba vencido.

13. Respecto de las lesiones, indicó que el término debía contabilizarse a
partir de la fecha en que cada víctima directa tuvo conocimiento cierto,
preciso y definitivo de las distintas afecciones derivadas de su privación de
la libertad. Entonces, con base en los exámenes médicos y dictámenes de
la junta médico laboral, consideró que: Nicolás Antonio Giraldo García tuvo
certeza de su daño el 7 de abril de 2005, por lo que para él y su grupo familiar
el término se extendió hasta el 8 de abril de 2007; Cruz Darío Londoño Arango
tuvo certeza de su daño el 13 de junio de 2007, por lo que para él y su grupo
familiar el término se extendió hasta el 14 de junio de 2009; Juan Martín
Patiño Jiménez tuvo certeza de su daño el 10 de diciembre de 2008, por lo
que para él y su grupo familiar el término se extendió hasta el 11 de
diciembre de 2010; Rubén Sadid Correa Restrepo tuvo certeza de su daño

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Demandante: Nicolás Antonio Giraldo García y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
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el 24 de mayo de 2010, por lo que para él y su grupo familiar el término se
extendió hasta el 25 de mayo de 2012; Ángel Giovani Penna Casa tuvo
certeza de su daño el 11 de octubre de 2008, por lo que para él y su grupo
familiar el término se extendió hasta el 12 de octubre de 2010; Máximo
Enrique Quiroz Pedraza tuvo certeza de su daño el 13 de enero de 2012, por
lo que para él y su grupo familiar el término se extendió hasta el 14 de enero
de 2014.

14. Finalmente, en relación con la muerte de Diego León Silva García, refirió
que esta ocurrió el 3 de agosto de 1998, sin embargo, sus familiares no
conocieron en esa fecha las circunstancias en las que murió, solo cuando
los compañeros de la víctima directa fueron liberados, la madre pudo
entablar comunicación con ellos y enterarse de esas circunstancias y la
posible atribución de responsabilidad al Estado. De manera que, si bien el
hecho dañoso ocurrió en 1998, el término de caducidad debía
contabilizarse desde el 1 de julio de 2001, encontrándose vencido para la
fecha de la presentación de la demanda.

1.5. Recurso de apelación

15. La parte actora presentó recurso de apelación16 con el fin de que se
revocara la decisión de primera instancia. Indicó que la sentencia de
unificación no era aplicable al caso, toda vez que atentaba contra el
principio de seguridad jurídica. Señaló que esta corporación ha establecido
la prohibición de la aplicación retroactiva del precedente, ya que ello
implica la violación al debido proceso y las garantías judiciales, los derechos
de libertad e igualdad y la defraudación de la confianza legítima. Indicó
que, de acuerdo con esa jurisprudencia, “si la ley y en general cualquier
precepto o criterio jurídico normalmente no puede regular de manera
retroactiva hechos anteriores a su vigencia, a esa elemental consideración
no escapa la jurisprudencia, pues si de esta se predica su carácter de fuente
de derecho vinculante, claro resulta que sus enunciados (ratio decidendi),
que son auténticas normas o directrices jurídicas, están llamadas a correr
esa misma suerte”.

16. Citó la Sentencia de tutela de 7 de julio de 2022, exp. 11001-03-15-000-
2022-01694-01; la Sentencia de tutela de 8 de febrero de 2018, exp.
11001031500020170348100; y la Sentencia 12 de marzo de 2021, exp. 11001-
03-15-000-2020- 00688-01, en las que se ampararon los derechos de los
accionantes, porque el juez natural aplicó la figura de la caducidad en
casos de graves violaciones de derechos humanos. Asimismo, citó la
Sentencia de 15 de febrero de 2018, exp. 05001-23-33-000-2016-00774-
01(60194), en la que se excepcionó la aplicación del término de caducidad,

16 Documento “89_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_08620240805RecursoDe_36_20241017105007815.pdf” que obra en el

registro de actuaciones del aplicativo SAMAI.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00109-02 (71965)
Demandante: Nicolás Antonio Giraldo García y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
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y la Sentencia de 11 de abril de 2016, exp. 50001-23-31-000-2000-20274-01
(36079), en la que se resolvió las pretensiones de reparación de las víctimas
y familiares de la toma de la Base Militar de Miraflores en los cuales resultaron
secuestrados y lesionados varios miembros de la fuerza pública y solicitó que
el análisis allí realizado se extendiera al presente asunto. En el mismo sentido,
citó la Sentencia de 5 de septiembre de 2016, exp.
05001233300020160058701 (57625).

17. Explicó que, en este caso, por tratarse de una grave violación de
derechos humanos, la valoración probatoria debe ser más flexible, dadas
las circunstancias de indefensión en que se encuentran las víctimas en estos
eventos. Además, refirió que frente al asunto no era posible predicar la
prescriptibilidad o caducidad, atendiendo a la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Insistió en que la entidad
demandada incurrió en una falla en el servicio, pues, pese a conocer la
difícil situación de orden público que se presentaba en la zona en la que se
encontraba ubicada la Estación de Policía, no adoptó medidas suficientes
tendientes a contrarrestar el riesgo en el que se encontraban sus agentes.
Finalmente, indicó que estaba probada la legitimación activa en la causa
de los demandantes que fueron excluidos por el tribunal, y que dicha
decisión obedeció a la imposición de una tarifa legal para acreditar la
relación de parentesco y la afectación sufrida por esos actores, lo cual sí fue
probado por medio de distintas pruebas allegadas al proceso.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Análisis
sustantivo; 2.3. Costas.

2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

18. La Sala confirmará la decisión adoptada por el tribunal que declaró la
caducidad de la acción respecto de la muerte de Diego León Silva García,
y del secuestro y lesiones padecidas por Nicolás Antonio Giraldo García,
Cruz Darío Londoño Arango, Rubén Sadid Correa Restrepo, Juan Martín
Patiño Jiménez, Ángel Giovani Penna Casa y Máximo Enrique Quiroz
Pedraza, porque está acreditado que los demandantes estaban en
posibilidad de conocer el daño e identificar el comportamiento omisivo de
la demandada de manera concomitante a la ocurrencia del hecho. De
modo que, frente a las pretensiones reparatorias por muerte, el término de
oportunidad para el ejercicio de la acción inició el día siguiente de la fecha
en que se tuvo noticia del fallecimiento de Diego Silva; frente a las
pretensiones por secuestro, por tratarse de un daño continuado, el término
de oportunidad empezó a correr el día siguiente de la fecha en que las
víctimas fueron liberadas y se reincorporaron a la sociedad; y, respecto de
las lesiones, el plazo para demandar inició a partir del día siguiente en que

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00109-02 (71965)
Demandante: Nicolás Antonio Giraldo García y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
_____________________________________________________________________________________________________________
se diagnosticaron las afectaciones por las cuales se demandó. La demanda
se presentó muchos años después de que el término venciera, sin que se
demostraran circunstancias materiales que imposibilitaran a los
demandantes el ejercicio oportuno de la acción. Por otra parte, se
confirmará la falta de legitimación en la causa de Jhon Freddy Bedoya
Duque y su grupo familiar, por no encontrase acreditado que fue víctima de
la toma guerrillera.

19. En ese sentido, la Sala, en primer lugar, realizará una breve referencia a
la Sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 proferida por la Sala
Plena de la Sección Tercera y explicará las razones por las cuales es
aplicable al caso concreto. Luego, realizará el análisis de la caducidad
frente a cada uno de los daños alegados. Finalmente, descartará los
argumentos de la apelación, concretamente, expondrá las razones por las
cuales las sentencias citadas por la parte actora no resultan aplicables y
debe primar la regla establecida en la sentencia de unificación.

2.2. Análisis sustantivo

20. La Sala Plena de la Sección Tercera, mediante Sentencia de 29 de enero
de 202017, unificó su jurisprudencia respecto de la caducidad de la acción
con “pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de
lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se
pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado”.
Como regla general, dispuso que 1) el término aplicable es el legal incluso si
se trata de pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los
delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra, y similares, 2) que salvo
disposición legal especial (como la desaparición forzada), el plazo se
computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad patrimonial, y 3) el término pertinente no se aplica
cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el
ejercicio del derecho de acción.

21. Tal como lo afirmó esta Sala de Subsección, los hechos demandados se
encuadran dentro de las conductas descritas en el artículo 3 común de los

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia de 29 de enero

de 2020, exp. 61033. La Sentencia tuvo los votos disidentes de los siguientes Consejeros de Estado: María Adriana
Marín, Ramiro Pazos Guerrero y Alberto Montaña Plata. Por su parte, el Consejero de Estado Guillermo Sánchez
Luque aclaró su voto. Los motivos de inconformidad del ponente de esta sentencia, respecto de la decisión
unificada, que se pueden consultar en extenso en el salvamento de voto referido, están relacionados con que, a
mi juicio, la decisión fue regresiva respecto del bloque de convencionalidad al desconocer los estándares vigentes
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, privando a las víctimas de sus derechos a la verdad, la
justicia, la reparación y la no repetición. También puede consultarse el salvamento de voto de la decisión de tutela
de 22 de julio de 2002, con radicado 11001-03-15-000-2022-04007-00. Allí expongo que el estándar internacional
vigente, así como elementos de relevancia constitucional que conducirían a inaplicar las normas de caducidad
en casos de graves violaciones a los Derechos Humanos.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00109-02 (71965)
Demandante: Nicolás Antonio Giraldo García y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
_____________________________________________________________________________________________________________
Convenios de Ginebra18 y el artículo 7 del Estatuto de Roma19, los cuales, de
acuerdo con la amplia jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, constituyen los crímenes más graves en derecho
internacional. En razón a dicha calificación, al presente asunto le es
aplicable la sentencia de unificación citada anteriormente, por tratarse del
precedente jurisprudencial vigente fijado por la Sala Plena del órgano de
cierre en la materia, es decir, el término legal de caducidad debe
contabilizarse desde el momento en que las víctimas tuvieron conocimiento
cierto de los hechos y de su imputabilidad al Estado.

22. Las sentencias de unificación del Consejo de Estado constituyen
precedente judicial en materia de lo contencioso administrativo. Sobre los
fundamentos que justifican el carácter vinculante del precedente, la Corte
Constitucional ha mencionado que “los órganos de cierre tienen la función
de unificar la jurisprudencia para garantizar que la aplicación del derecho
sea homogénea. De este modo, se pretende asegurar el cumplimiento de
los fines constitucionales de la seguridad jurídica y la igualdad en el ámbito
de la administración de justicia”20. Ahora, respecto de la aplicación
inmediata en el tiempo de la sentencia de unificación en mención, si bien
la providencia no precisó explícitamente sus efectos temporales, lo cierto es
que tampoco señaló que se trataba de jurisprudencia anunciada cuyos
efectos aplicarían expresamente hacia el futuro. En concordancia, ante la
concurrencia de demandas por la aplicación retroactiva de esa
jurisprudencia, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-167 de 2023, señaló:
“la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, por regla general, los
precedentes judiciales de las altas cortes tienen efectos inmediatos y son de
obligatorio obedecimiento por los operadores jurídicos y las partes
involucradas en un proceso en curso, aun si incorporan cambios importantes
en la compresión de un determinado problema jurídico”. Con ello, para la
Sala es claro que al presente asunto le resulta aplicable los criterios
unificados en la sentencia de 29 de enero de 2020.

23. En el informe novedad emitido por la Policía consta que el 3 de agosto
de 1998, aproximadamente a las 9:30 p.m., integrantes de los grupos

18 Convenio de Ginebra. Artículo 3. (…) A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe

a las personas arriba mencionadas: a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el
homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de rehenes;
c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; d) las condenas
dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales
reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.
19 Estatuto de Roma, Art. 7: “Crímenes de guerra (…) 2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "

crímenes de guerra " : a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber,
cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de
Ginebra pertinente: i) El homicidio intencional;//ii) La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos
biológicos.// iii) El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la
integridad física o la salud; (…) c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones
graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de
los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los
miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las que hayan quedado fuera de combate por
enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa://i) Los atentados contra la vida y la integridad
corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura”.
20
Corte constitucional, Sentencias T- 001 de 2025 y T-024 de 2024.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00109-02 (71965)
Demandante: Nicolás Antonio Giraldo García y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
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armados FARC y ELN, “en un numero aproximados de 300”, incursionaron en
el municipio de San Carlos “destruyendo las instalaciones del Comando de
Policía, Caja Agraria, Registraduría Municipal y algunas viviendas aledañas”.
El ataque finalizó el día siguiente, a las 8:00 a.m. aproximadamente. Como
consecuencia de esta acción “resultaron muertos el patrullero SILVA
GARCÍA DIEGO LEÓN (…) y el agente PEREIRA FRIA JOSE DEL CARMEN (…)
Asimismo, resultaron heridos el patrullero CASTRO GIRALDO CARLOS ANDRES
(…) y el patrullero DUARTE PINZON GERMAN DE JESUS (…) Además, fueron
secuestrados por los terroristas e subintendente PATIÑO JIMÉNEZ JUAN
MARTÍN (…) patrullero LONDOÑO ARANGO CRUZ DARÍO (…) patrullero
SANCHEZ LOAIZA IVAN DARÍO (…) patrullero QUIROZ PEDRAZA MAXIMO
ENRIQUE (…) agente CELIN MORALES DEIVER JULIO(…) agente GIRALDO
GARCÍA NICOLÁS (…) quien presentaba una lesión en los ojos(…) agente
PENNA CASAS ANGEL GIOVANY(…) y el agente CORREA RESTREPO RUBEN
SADID” (Subrayado fuera del texto original)21.

24. También se probó que el secuestro de Nicolás Antonio Giraldo García,
Cruz Darío Londoño Arango, Rubén Sadid Correa Restrepo, Ángel Giovani
Penna Casa y Máximo Enrique Quiroz Pedraza se prolongó desde el 3 de
agosto de 1998 hasta el 30 de junio de 2001 y que la privación de la libertad
de Juan Martín Patiño Jiménez inició ese mismo día y finalizó el 17 de junio
de 2001.22

25. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala comparte el análisis realizado por
el tribunal respecto de la muerte de Diego León Silva García y el secuestro
de los demás policías. En el expediente no se probó una circunstancia que
impidiera a las víctimas directas y sus familiares tener conocimiento sobre los
hechos generadores de daño, así como tampoco sobre la atribución de
responsabilidad al Estado. En efecto, en la demanda se alegó que la falla
de la entidad consistió en la omisión en la adopción de medidas de
seguridad para contrarrestar los actos de violencia y ataques atroces
perpetrados por grupos armados ilegales en contra de unidades militares y

21 Informe novedad. Folios 10 al 14 del expediente prestacional de Diego león Silva García. Documento
“43_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_04120210726Expedient_16_20241017104023057.pdf” que obra en el registro de
actuaciones del aplicativo SAMAI.
22
En la Resolución 3761 de 18 de diciembre de 1998 se declaró el secuestro con fecha 3 de agosto de 1998 de:
Juan Martín Patiño Jiménez, Cruz Darío Londoño Arango, Máximo Quiroz Pedraza (Folio 48 del documento
“63_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_06120220323AllegaCum_10_20241017105003674.pdf” que obra en el registro de
actuaciones del aplicativo SAMAI) En la Resolución 3813 de 28 de diciembre de 1998 se declaró secuestrado con
fecha 3 de agosto a Correa Restrepo Rubén David, Giraldo García Nicolás Antonio y Penna Casas Ángel Giovani
(Folios 50 del documento “63_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_06120220323AllegaCum_10_20241017105003674.pdf”
que obra en el registro de actuaciones del aplicativo SAMAI). En la Resolución 2630 de 17 de julio de 2001 se
derogó parcialmente a partir del 17 de junio del mismo año la Resolución 3761 de 18 de diciembre de 1998 “en lo
que respecta al secuestro de Juan Martín Patiño Jiménez” (Folio 45 del documento
“63_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_06120220323AllegaCum_10_20241017105003674.pdf” que obra en el registro de
actuaciones del aplicativo SAMAI). En la Resolución 2840 de 3 de agosto de 2001 se derogó a partir del 30 de junio
de 2001 la Resolución 3813, en lo que refiere al secuestro de Correa Restrepo Rubén Sadid, Giraldo García Nicolás
Antonio, Penna Casas Ángel Giovani (Folio 46 del documento
“63_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_06120220323AllegaCum_10_20241017105003674.pdf” que obra en el registro de
actuaciones del aplicativo SAMAI). Además, en documento de la CICR consta la liberación de Cruz Darío Londoño
Arango el 30 de junio de 2001(Folio 276
6_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_003201800109C2Prueba_2_20241017102021258.pdf” que obra en el registro de
actuaciones del aplicativo SAMAI).

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00109-02 (71965)
Demandante: Nicolás Antonio Giraldo García y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
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de policía en distintas zonas del país, previo a la ocurrencia de los hechos,
lo cual denota que esa presunta falla pudo ser advertida en la misma fecha
en que ocurrió el atentado.

26. En el interrogatorio de parte practicado en la audiencia de pruebas23,
las víctimas directas revelaron que ellos conocían sobre la presencia de
grupos armados en las zonas cercanas al municipio, además, que era de
público conocimiento las amenazas en contra de la fuerza pública. Cruz
Darío refirió que “después de diciembre de 1997 se empezaron a presentar
problemas en la zona”. En el mismo sentido, Juan Martín señaló que “en los
municipios de Antioquia en las fechas de 2000 hacia atrás siempre era una
constante amenaza de que la subversión y la guerrilla se iba a tomar las
estaciones”. Máximo indicó que “existía información en la que se había
determinado por informaciones humanas que la subversión tenía el
municipio rodeado y que era inminente una posible toma”. Conforme a lo
expuesto, la Sala observa que las condiciones para llegar al conocimiento
sobre la falta de adopción de medidas de seguridad por parte de la
demandada para contener las acciones violentas de los grupos armados
ilegales no eran desconocidas ni ajenas para los demandantes, incluso,
antes de que el riesgo se materializara.

27. En los interrogatorios, Ángel Giovanni y Juan Martín refirieron que no
demandaron con anterioridad por falta de conocimiento sobre el asunto y
por falta de asesoría jurídica. Esa circunstancia no constituye un
impedimento real que excusara la tardanza en la reclamación ante esta
jurisdicción. El término de caducidad no puede quedar al arbitrio de las
partes, por la búsqueda de una asesoría legal o por la designación de un
apoderado judicial.

28. Sobre ese asunto, la decisión de unificación aclaró que “mientras no se
cuente con elementos de juicio para inferir que el Estado estuvo implicado
en la acción u omisión causante del daño y que le era imputable el daño,
el plazo de caducidad de la reparación directa no resulta exigible, pero si
el interesado estaba en condiciones de inferir tal situación y, pese a ello no
acudió a esta jurisdicción, el juez de lo contencioso administrativo debe
declarar que el derecho de acción no se ejerció en tiempo”, supuesto que
aquí se presenta.

29. Así, el término de oportunidad respecto de las pretensiones por la muerte
de Diego León Silva García se extendió desde el 4 de agosto de 1998 (día
siguiente a la ocurrencia de los hechos) hasta el 4 de agosto de 2000. El
plazo para demandar respecto del secuestro de Juan Martín Patiño Jiménez
se extendió desde el 18 de junio de 2001 (día siguiente a su liberación) hasta

23Audiencia de pruebas. Audio “27_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_024audienciapruebass_0_20241017104015557”
que obra en el registro de actuaciones del aplicativo SAMAI).

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00109-02 (71965)
Demandante: Nicolás Antonio Giraldo García y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
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el 18 de junio de 2003. Por último, el término de caducidad respecto del
secuestro de Nicolás Antonio Giraldo García, Cruz Darío Londoño Arango,
Rubén Sadid Correa Restrepo, Ángel Giovani Penna Casa y Máximo Enrique
Quiroz Pedraza se extendió desde el 1 de julio de 2001 (día siguiente a su
liberación) hasta el 1 de julio de 2003. De manera que la demanda allegada
el 7 de febrero de 2018 se presentó por fuera del término de dos años
previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo para el ejercicio oportuno de la acción de reparación
directa24.

30. Por otra parte, está acreditado que los demandantes sufrieron varias
lesiones como consecuencia del atentado y del largo periodo de cautiverio.
Respecto de las lesiones físicas, en los expedientes prestacionales, se
advierte que, como consecuencia de los hechos aquí demandados, Nicolás
Antonio Giraldo García presentó “lesiones en los ojos por explosiones” e
“hipoacusia neurosensorial leve a severa” 25; Cruz Darío Londoño Arango
presentó “heridas superficiales con esquirlas, trauma en rodilla izquierda (…)
lesión de ligamento colateral medial”26; Rubén Sadid Correa Restrepo
presentó “trauma acústico bilateral”27; Ángel Giovani Penna Casas presentó
“excoriaciones varias sin secuelas valorables y trauma acústico”28; Máximo
Quiroz Pedraza presentó “disminución en la capacidad auditiva del oído
izquierdo”, “recaída en la rodilla derecha la cual había sido sometida a una
operación tiempos antes” y “luxaciones múltiples en el hombre izquierdo”29;
y Juan Martín Patiño Jiménez presentó “laceraciones en varias partes del
cuerpo quedando con cicatrices visibles en el tabique, en el codo del brazo,
rodilla y pie izquierdo” y “esquirlas en ojos, trauma acústicos”30. Por la

24 En este caso la norma aplicable es la prevista en el código anterior, toda vez que el término empezó a correr en

su vigencia. Artículo 40 de la Ley 153.
25 Acta junta médica 7 de octubre de 2003, en la que se diagnosticó hipoacusia neurosensorial leve a severa, e

informe prestacional por lesiones de 13 de octubre de 2002, en el que consta que durante la toma el agente sufrió
lesiones en los ojos por explosiones. Expediente prestacional de Nicolás Antonio Giraldo García. Documento
“8_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_04620210726Expedient_21_20241017104024901.pdf” que obra en el registro de
actuaciones del aplicativo SAMAI.
26 Acta de la junta médico laboral de 18 de agosto de 2005. Expediente prestacional de Cruz Darío Londoño

Arango. Documento “4_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_04220210726Expedient_17_20241017104023307.pdf” que obra
en el registro de actuaciones del aplicativo SAMAI.
27 Acta de la junta médica de 21 de abril de 2006, en el que se advierte trauma acústico bilateral. No se encuentran

enfermedades distintas. Expediente prestacional de Rubén Sadid Correa Restrepo. Documento
“47_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_04520210726Expedient_20_20241017104024510.pdf” que obra en el registro de
actuaciones del aplicativo SAMAI.
28 Informe prestacional por lesiones No. 184 de 27 de junio de 2002, en el que se advierte que el 3 de agosto de

1998 “debido a las explosiones de los cilindros. y bombas resultó lesionado en sus oídos derecho e izquierdo, heridas
en la frente y mano izquierda, laceraciones en el tobillo izquierdo (…)”. Expediente prestacional de Ángel Giovani
Penna Casas. Documento “45_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_04320210726Expedient_18_20241017104023698.pdf”
que obra en el registro de actuaciones del aplicativo SAMAI.
29 Informe prestacional por lesiones de 4 de septiembre de 2003, en el que se advierte que “como consecuencia

de las explosiones de los cilindros bombas se le causó disminución en la capacidad auditiva del oído izquierdo, y
por las largas caminatas durante los tres años de secuestro sufrió una recaída e la rodilla derecha la cual había
sido sometida a una operación tiempos antes, de igual manera sufrió luxaciones múltiples en el hombre izquierdo”.
Expediente prestacional de Máximo Quiroz Pedraza. Documento
“50_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_04820210726Expedient_23_20241017104025510.pdf” que obra en el registro de
actuaciones del aplicativo SAMAI.
30 Informe prestacional por lesiones de 7 de agosto de 2002 en el que se advierte que el agente, en la toma

guerrillera, “sufrió laceraciones en varias partes del cuerpo quedando con cicatrices visibles en el tabique, en el
codo del brazo y rodilla y pie izquierdo”. Asimismo, acta de la junta médica de 28 de noviembre de 2008, en la
que se advirtió que además presentaba “esquirlas en ojos, trauma acústicos”. Expedeinte prestacional de Juan

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00109-02 (71965)
Demandante: Nicolás Antonio Giraldo García y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
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naturaleza de esas afectaciones, la Sala infiere que pudieron ser percibidas
por las víctimas directas desde el momento de su ocurrencia, esto es, desde
que se produjo el enfrentamiento, de manera que el conteo del término de
caducidad respecto de estos daños inició el día siguiente a la liberación de
los policías, es decir, cuando tenían la posibilidad de ejercer su reclamación.
Así las cosas, frente a este daño, la acción también se encontraba
caducada para la fecha de presentación de la demanda.

31. No ocurre lo mismo con las lesiones psicológicas. Toda vez que, por la
naturaleza de este daño, es posible que las secuelas no fueran advertidas e
identificadas de manera inmediata por parte de los demandantes. De
manera que, frente a esa afectación, la Sala considera que debe tenerse
en cuenta los exámenes médicos practicados a los agentes y el diagnóstico
de los especialistas. Así, se encuentra que Nicolás Antonio Giraldo García
tuvo conocimiento de su afectación, por lo menos, el 7 de octubre de 2003,
fecha en que se expidió el acta de la junta médico laboral en el que se
advirtió que el paciente padece “estrés postraumático con trastorno
depresivo” atribuible a los hechos de la toma guerrillera. Cruz Darío Londoño
Arango tuvo certeza de su daño en el año 2006, pues, pese a que el 18 de
agosto de 2005 se le practicó examen médico laboral, en esa ocasión nada
se dijo sobre posibles afectaciones psicológicas, tan solo en el acta de la
junta médico laboral de 20 de octubre de 2008 se advierte que el paciente
“está en tratamiento de siquiatría desde 2006”. Rubén Sadid Correa
Restrepo se enteró de la afectación que padecía, cuando menos, el 3 de
junio de 2010, fecha en la cual se le practicó examen médico laboral en el
que consta que el paciente padece “trastorno de estrés postraumático.
Trastorno de sueño. Secuelas moderadas permanentes” como
consecuencia del secuestro. Ángel Giovani Penna Casa tuvo conocimiento
el 27 de junio de 2002, toda vez que en el informe prestacional por lesiones
se advirtió que desde entonces padecía “perjuicios psicológicos sufridos en
el cautiverio”. Máximo Enrique Quiroz Pedraza tenía conocimiento del daño
desde el 3 de febrero de 2004, fecha en que se le practicó examen médico
laboral, en el que consignó que el paciente padecía “estrés postraumático,
ha manejado la patología con psicoterapia, actualmente persisten
pesadillas, insomnio, tristeza y miedos”. Y Juan Martín Patiño Jiménez advirtió
su condición, al menos, en 2006, puesto que en el acta de la junta médica
de 28 de noviembre de 2008 se advirtió que “lleva dos años con apoyo
psicológico por estrés postraumático”. De modo que, en todos los casos, la
acción se encuentra caducada.

32. Por último, la Sala encuentra que no le asiste razón a la parte actora al
afirmar que este caso debe ser analizado bajo el criterio sobre excepción a
la figura de la caducidad aplicado en las sentencias de 15 de febrero de

Martín Patiño Jiménez. Documento
“51_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_04920210726Expedient_24_20241017104025948.pdf” que obra en el registro de
actuaciones del aplicativo SAMAI.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00109-02 (71965)
Demandante: Nicolás Antonio Giraldo García y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
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2018, la Sentencia de 11 de abril de 2016 y 5 de septiembre de 2016,
proferidas por la Sección Tercera de esta corporación, toda vez que, las
referidas providencias no constituyen precedentes jurisprudenciales
respecto de este caso y en esos asuntos no se fijaron reglas de unificación
para aplicar en todos los casos en los que analiza la responsabilidad del
Estado por graves violaciones de derechos humanos, además, se trata de
controversias resueltas con anterioridad a la expedición de la sentencia de
unificación, con la cual, precisamente, se pretendió unificar el criterio de la
sección y evitar pronunciamientos disimiles en la corporación. Asimismo, las
sentencias de tutela citadas son decisiones con efectos inter partes que no
constituyen un precedente para el caso objeto de estudio.

33. En relación con la falta de legitimación activa en la causa de Jhon
Freddy Bedoya Duque y su grupo familiar, se observa que, contrario a lo
afirmado por la parte demandante, el tribunal fundamentó dicha decisión
porque en el proceso no se probó siquiera su calidad de policía o su
presencia en el lugar de los hechos, mas no porque se exigieran
determinadas pruebas para probar su interés. La Sala advierte que, en
efecto, en el informe sobre los hechos de la toma de la estación de policía
no se menciona a Jhon Freddy como víctima, y en el expediente no hay
prueba alguna que acredite su afectación, por lo cual considera adecuada
la decisión adoptada por el tribunal.

2.3. Costas

34. De acuerdo con los artículos 188 del CPACA y 365 (numerales 1 y 3) del
CGP, la parte demandante debería ser condenada en costas en esta
instancia. Sin embargo, está probado que los demandantes son víctimas del
conflicto armado en Colombia. En ese entendido, por tratarse de sujetos de
especial protección constitucional y por encontrarse en una condición de
vulnerabilidad, la Sala se abstendrá de imponer una condena en este
asunto31.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”-, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la Ley,

31En recientes pronunciamientos la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reiterado esta postura,
destacando que la reparación de las víctimas del conflicto armado es un asunto de interés público. Al respecto
puede consultarse: Corte Constitucional. SU-241 de 20 de junio de 2024. Con aclaración de voto de los magistrados
José Fernando Reyes Cuartas y Jorge Enrique Ibáñez Najar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 6 de diciembre de 2024, exp. 56.855. Con salvamento
parcial de voto del magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 21 de febrero de 2025, exp. 71192. Con salvamento
parcial de voto del magistrado José Roberto Sáchica Méndez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 28 de abril de 2025, exp. 71061.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00109-02 (71965)
Demandante: Nicolás Antonio Giraldo García y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la Sentencia de primera instancia
_____________________________________________________________________________________________________________
RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 5 de julio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C,
en la que se declaró la falta de legitimación activa en la causa respecto de
algunos demandantes y se declaró la caducidad de la acción respecto de
los demás.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.

TERCERO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVOLVER
el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Aclaración de voto

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