Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06970-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06970-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06970-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06970-00
Demandante: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa / Delitos
de lesa humanidad / Reglas de la sentencia de unificación sobre
caducidad / Cosa juzgada e inmediatez
Decisión: Declarar improcedente la solicitud de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud de tutela formulada por Medardo Rafael Suárez Molinares
y otros en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. Medardo Rafael Suárez Molinares, Elmira Rosa Cervantes Meriño, Nivaldo
Rafael Suárez Meriño, Arnulfo José Suárez Meriño, Manuel José Suárez
Cervantes y Julio César Suárez Cervantes promovieron solicitud de tutela con el
fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la verdad, a la reparación y a
lo no repetición los cuales consideran vulnerados, con ocasión de la sentencia
proferida el 24 de febrero de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, en el medio de control de reparación directa identificado con el
radicado 47001233300020180038901.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expusieron lo siguiente1:
2.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentó demanda en
contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército y Policía Nacional y de la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas2, con el fin de que se declarara
administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios causados, a causa
de la muerte de Manuel Antonio Suárez Ramírez y Marco Fidel Suárez Parra, el
1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
2 En adelante UARIV.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06970-00
Demandantes: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros
hurto de los bienes de propiedad del primero de ellos y el desplazamiento forzado
del que fueron víctimas.
2.2. El Tribunal Administrativo del Magdalena profirió la sentencia del 17 de junio de
2020 con la que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda tras
encontrar responsables al Ejército y a la Policía Nacional por los hechos referidos,
los condenó a pagar indemnización por concepto de perjuicios morales, por
afectación a bienes constitucional y convencionalmente protegidos y por daño
emergente. En contra de esta decisión la parte demandada interpuso recurso de
apelación.
2.3. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 19 de
febrero de 2024 revocó la decisión del a quo para, en su lugar, declarar la caducidad
del medio de control, pues aunque acreditaron su condición de desplazados, no
demostraron que las supuestas amenazas, intimidaciones o coacciones de grupos
armados les impidieran ejercer de manera oportuna la acción judicial, ya que desde
el 3 de febrero de 2012 tenían plena posibilidad de acudir a la administración de
justicia —como lo hicieron al denunciar ante la fiscalía los homicidios y el
desplazamiento— y no acreditaron ninguna circunstancia objetiva que restringiera
su acceso a los medios judiciales, además condenó en costas a la parte
demandante en ambas instancias.
2.4. En relación con esa decisión, la corporación judicial demandada vulneró sus
derechos fundamentales al incurrir en desconocimiento del precedente relacionado
con el fenómeno de caducidad, cuando se trata de delitos de lesa humanidad,
además de omitir la jurisprudencia relacionada con la condena en costas.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitaron:
«[…] PRIMERO. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
acceso a la administración de justicia de los actores de la presente tutela. Se advierte
que esta decisión tiene efectos inter comunis, en los términos desarrollados en la parte
motiva de esta providencia judicial.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia del ocho (8) de mayo de dos mil
veinticinco (2025), proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER.
en este caso; (SENTENCIA de segunda instancia proferida por el CONSEJO DE
ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A, Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ, del
diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), con Radicación número:
47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545), Actor: Medardo Rafael Suárez Molinares y
otros, Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros,
Referencia: Medio de control de reparación directa.
y ORDENAR, a esa autoridad judicial, que emita una nueva decisión de segunda
instancia, en el Expediente 680013333002-2015-00131-04, en este caso (RADICADO
47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545), entro de los treinta (30) días siguientes a la
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Demandantes: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros
notificación de esta decisión, bajo los siguientes parámetros: (i) (ii) Está probada la
condición de desplazados forzosos de los demandantes del proceso contencioso
administrativo en el que se soportó la presente acción de tutela. También está
demostrado el daño antijurídico que padecieron, el cual se concretó en el anotado
desplazamiento forzado. Está probado que el daño antijurídico advertido es atribuible a
las autoridades públicas demandadas en el proceso contencioso administrativo, a partir
de las consideraciones expuestas en esta sentencia. (iii) En asuntos que comprometan
graves violaciones de derechos humanos, es un imperativo la flexibilización del
procedimiento probatorio por parte de las autoridades jurisdiccionales, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación que, en el ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, vigile el cumplimiento de esta decisión
judicial. […]». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A3 solicitó declarar la
improcedencia de la solicitud de amparo, pues la decisión cuestionada se
fundamentó en la normativa vigente y en el precedente vinculante fijado por el
Consejo de Estado en el 2020 y la Corte Constitucional en la SU-312 de 2020, según
el cual la caducidad opera incluso en casos de delitos de lesa humanidad, además
afirmó que no se configuraban el desconocimiento del precedente o la violación
directa de la Constitución Política, pues las sentencias citadas (T-014 de 2025 y SU-
241 de 2024) fueron posteriores a la decisión cuestionada.
5. El Ministerio de Defensa Nacional4 pidió negar la solicitud de tutela al considerar
que no existió vulneración de derechos fundamentales y que la tutela pretendió
funcionar como una tercera instancia frente a la sentencia del 19 de febrero de 2024,
mediante la cual el Consejo de Estado declaró caducado el medio de control de
reparación directa y condenó en costas a los demandantes. Además, sostuvo que
la tutela incumple los requisitos de procedibilidad —especialmente el de
inmediatez— y que los mismos argumentos ya fueron debatidos y rechazados en
una tutela anterior (11001031500020250094901), lo que incluso configura cosa
juzgada constitucional.
6. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio5.
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
3 Archivo obrante en el índice 8 del Samai.
4 Archivo obrante en el índice 9 del Samai.
5 Mediante auto del 7 de noviembre de 2025, se admitió la tutela de la referencia y se dispuso vincular
al Tribunal Administrativo del Magdalena, al Ejército y Policía Nacional, y a la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas.
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2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1.° del Decreto 333 del 6 de
abril de 20216, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
9. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado7 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 8. Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
10. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
11. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo9 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
6 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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12. Ahora bien, la Corte Constitucional10 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
13. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos11, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los
requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de
tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales12.
14. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
17. La Sala deberá definir si: ¿en el presente asunto se configura cosa juzgada, en
razón a la solicitud de amparo presentada en oportunidad anterior bajo similar
fundamento fáctico, objeto y pretensiones, identificada con el radicado
11001031500020250094901 y si se cumple el requisito de inmediatez?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. La cosa juzgada en la solicitud de tutela y la actuación temeraria
18. En cuanto a la cosa juzgada, recuérdese que «e s una institución jurídico procesal
mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras
providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se
conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación
definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica».
10 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
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19. La solicitud de tutela como mecanismo preferencial, idóneo y efectivo para
salvaguardar los derechos fundamentales constitucionales, se caracteriza por ser
un procedimiento sumario, garante del debido proceso, cuya instancia final
corresponde a la Corte Constitucional ante quien opera un proceso de selección
cuya decisión, en todo caso, les imprime a las providencias de las instancias fuerza
de cosa juzgada constitucional.
20. La Corte Constitucional en sentencia T-089 de 2019 respecto de la cosa juzgada
consideró:
«[…] Ahora bien, la cosa juzgada se configura cuando existe la triple identidad
mencionada, es decir, de partes, hechos y pretensiones, sin que se evidencie la
configuración del elemento subjetivo que es la intención de buscar engañar a las
autoridades judiciales y abusar del ejercicio de la acción de tutela. Al respecto, la Corte
Constitucional ha precisado que un fallo de tutela hace tránsito a cosa juzgada, en el
evento en que esta Corporación se pronuncia sobre una determinada acción de tutela
ya sea mediante fallo o a través del auto de selección que notifica la no selección de la
misma. Lo anterior, de conformidad con el artículo 243 de la Constitución Política de
Colombia. La figura de cosa juzgada constitucional prohíbe “(…) que se profiera un
nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto, pues ello desconocería la seguridad
jurídica que brinda este principio de cierre del sistema jurídico” .
Sin embargo, aun cuando estos tres supuestos se evidencien, el juez constitucional
deberá hacer un análisis material entre las acciones de tutela presentadas, con el fin de
identificar si existen nuevos elementos que llevaron al actor a presentar la solicitud de
amparo y que habiliten al juez para realizar un nuevo pronunciamiento.
Por lo que, la cosa juzgada no es otra cosa que “los efectos jurídicos de las sentencias,
en virtud de los cuales éstas adquieren carácter de inmutables, definitivas, vinculantes
y coercitivas, de tal manera que, sobre aquellos asuntos tratados y decididos en ellas,
no resulta admisible plantear litigio alguno ni emitir un nuevo pronunciamiento”. […]».
21. En concordancia con lo anterior, se tiene que el uso de la solicitud de tutela debe
ser racionalizado y atender al hecho de que, una vez resuelto el caso por un juez
constitucional, éste no puede ser puesto en conocimiento -bajo los mismos
supuestos y con idénticas pretensiones y partes- ante otra autoridad, pues ello
implicaría el quebrantamiento del principio de la cosa juzgada constitucional e,
inclusive, se podría incurrir en un actuación temeraria, en los términos del artículo
38 del Decreto 2591 de 1992 que regula:
«[…] Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los
mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional
al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional,
sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar […]».
22. Como se observa, al presentarse dos o más solicitudes de amparo bajo
supuestos similares deberán ser rechazadas o decididas desfavorablemente; sin
embargo, hay que tener en cuenta que para que se configure una actuación
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temeraria, además, deben concurrir los requisitos establecidos por la jurisprudencia
constitucional, tales como:
«[…] Para deducir que una misma demanda de tutela se ha interpuesto varias veces,
con infracción de la prohibición prevista en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es
indispensable acreditar: (i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de
tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo
sujeto en su condición de persona natural, ya sea obrando a nombre propio o a través
de apoderado judicial, o por la misma persona jurídica a través de cualquiera de sus
representantes legales. (ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el
ejercicio simultáneo o sucesivo de la acción se fundamente en unos mismos hechos
que le sirvan de causa. (iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen
la satisfacción de una misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho
fundamental. (iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un
caso en concreto los tres (3) primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud
de tutela, el juez constitucional tiene la obligación a través del desarrollo de un incidente
dentro del mismo proceso tutelar, de excluir la existencia de un argumento válido que
permita convalidar la duplicidad en el ejercicio del derecho de acción […]»
23. Es decir, los jueces de tutela deben verificar de manera rigurosa los citados
requisitos a partir de la presunción de buena fe del demandante, pues no es
suficiente con el cumplimiento formal de estos, sino que se hace necesario examinar
las razones por las cuales se interponen las demandas y evaluar si los motivos están
plenamente justificados, para determinar la existencia o no de una actuación
temeraria.
2.4.2. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la inmediatez
24. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido la inmediatez, como
uno de los requisitos generales de procedencia de la solicitud de tutela contra
providencia judicial, en el entendido que debe ser presentada en un término
razonable y proporcionado contado desde la acción u omisión generadora de la
vulneración del derecho fundamental cuyo amparo se pretende, de lo contrario, « se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos»13.
25. En cuanto al terminó razonable, dicha corporación en sentencia SU-499 de 2016
estableció que el juez constitucional debe valorar «(i) si el ejercicio inoportuno de la
acción implica una eventual violación de los derechos de terceros; (ii) cuánto tiempo pasó
entre el momento en el cual surgió el fundamento de la acción de tutela y la interposición
de esta última; (iii) la pertenencia del actor a un grupo vulnerable; y (iv) cuál ha sido el lapso
que la jurisprudencia de esta Corte ha juzgado irrazonable en casos similares al que está
por resolverse», toda vez que, «en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar
suficientes para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2
años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá
de las particularidades del caso»14.
13 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-328 de 2010.
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26. Por su parte, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo,
en sentencia del 5 de agosto de 201415, respecto al término razonable para
presentar solicitudes de tutela contra providencia judicial, señaló:
«[…] como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de
tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la
necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que
el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso
jurisdiccional. […]».
2.4.3. El caso concreto
27. Ahora bien, en atención a la normativa, la jurisprudencia aplicable y las
actuaciones surtidas en cada una de las solicitudes de tutela instauradas ante esta
corporación judicial, es conveniente realizar un cuadro comparativo en aras de
establecer si en el asunto bajo estudio se configura la cosa juzgada y la temeridad,
así:
No. DE Radicado 2025-00949-01 Radicado 2025-06970-00
PROCESO
Demandante: Medardo Rafael Demandante: Medardo Rafael
Suárez Molinares y otros Suárez Molinares y otros
PARTES
Demandado: Consejo de Estado, Demandado: Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A Sección Tercera, Subsección A
Argumenta como vulnerados: i) Argumenta como vulnerados: i)
Debido proceso, ii) igualdad, iii) Debido proceso, ii) igualdad, iii)
CAUSA acceso a la administración de acceso a la administración de
PETENDI justicia y iv) reparación integral. justicia y iv) reparación integral.
Cuestiona la sentencia proferida el Cuestiona la sentencia proferida el
24 de febrero de 2024 por el Consejo 24 de febrero de 2024 por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, de Estado, Sección Tercera,
OBJETO Subsección A, en el medio de control Subsección A, en el medio de control
de reparación directa identificado de reparación directa identificado
con el radicado con el radicado
47001233300020180038901 47001233300020180038901
28. Vistos los supuestos fácticos que conforman el presente asunto, es pertinente
aclarar que se configura el requisito de identidad de partes, pues, se trata del mismo
15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06970-00
Demandantes: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros
demandante y, asimismo, sucede en el caso de la autoridad contra la que se dirigen
las pretensiones expuestas.
29. Por su parte, al comparar los hechos en los que se sustenta el reclamo
constitucional formulado en esta ocasión con los que se relatan en el radicado
20250594901, se evidencia que se trata de idéntica situación fáctica, la cual, en
resumen, son las presuntas vías de hecho en las que incurrió el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A al proferir la providencia del 24 de febrero de 2024,
en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado
47001233300020180038901.
30. Ahora bien, pese que en la solicitud de tutela con radicado 20250094901 se
alegó un defecto orgánico, fáctico y procedimental y en la planteada en esta
oportunidad se argumentó el desconocimiento del precedente y violación directa de
la Constitución Política, se evidencia que, en todo caso el objeto de la pretensión de
amparo es dejar sin efectos la referida decisión judicial.
31. En este punto, se advierte que, pese a que el fin último de las mencionadas
solicitudes de amparo fue similar, podría habilitarse el estudio del reclamo planteado
en el entendido de que en cada una se argumentan causales de procedencia
específicas diferentes por lo cual no se configuraría el fenómeno de cosa juzgada,
sin embargo, esta Sala de decisión no puede desconocer que al igual que en una
primera ocasión el presente asunto no cumple con la regla de inmediatez, en
atención a que transcurrió 1 año, 7 meses y 4 días desde que se notificó (1.° de
marzo de 2024) la sentencia del 19 de febrero de 2024 a la fecha en que se radicó
el escrito de tutela (5 de noviembre de 2025), lo cual riñe con los elementos de
urgencia y necesidad del amparo pretendido.
3. Conclusión
30. En este orden de ideas, en la medida en que, si bien no se configuró la existencia
de cosa juzgada, no se cumple con el requisito de procedencia general de
inmediatez, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela presentada por
Medardo Rafael Suárez Molinares y otros, contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar improcedente la solicitud de tutela presentada por Medardo
Rafael Suárez Molinares, Elmira Rosa Cervantes Meriño, Nivaldo Rafael Suárez
Meriño, Arnulfo José Suárez Meriño, Manuel José Suárez Cervantes y Julio
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06970-00
Demandantes: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros
César Suárez Cervantes, en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JAVD/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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