Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03726-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03726-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03726-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
11 de diciembre de 2025
Demandantes: María Adelina Atehortúa Ramírez y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03726-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03726-01
Demandantes: MARÍA ADELINA ATEHORTÚA RAMÍREZ Y OTROS
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
A Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial – Revoca – Declara
improcedente
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia del 31 de julio de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, que negó la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Los señores María Adelina Atehortúa Ramírez y otros1, actuando en nombre propio,
presentaron acción de tutela2 contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Oralidad3 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A4 con el
fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia y a la igualdad.
Las anteriores garantías las estimaron vulneradas con ocasión de las providencias
del 15 de septiembre de 2021 y del 7 de marzo de 2025 proferidas por las
autoridades judiciales, respectivamente, mediante las cuales se declaró la
caducidad de las pretensiones dentro del medio de control de reparación directa
identificado con radicado 05001-23-33-000-2017-00227-00/01.
1 Los señores Albino de Jesús Zuluaga Atehortúa, Alfredo de Jesús Zuluaga Atehortúa, Leonel de
Jesús Zuluaga, Atehortúa y Rubiel Antonio Zuluaga Atehortúa.
2 Fue radicada el 13 de junio de 2025
3 Magistrados Jorge Iván Duque Gutiérrez, John Jairo Álzate López y Álvaro Cruz Riaño
4 Magistrados María Adriana Marín, Fernando Alexei Pardo Flórez y José Roberto Sáchica Méndez
1
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Demandantes: María Adelina Atehortúa Ramírez y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03726-01
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
SEGUNDO: CONCEDER la acción de tutela de que trata el expediente objeto de esta
acción y proteger el derecho a la reparación integral de la accionante víctimas de
desplazamiento forzado Y HOMICIDIO art. 93 CN, (de los artículos 51 y 61 de la
Convención Americana), y la sentencia su254/2013, como ACTOS DE GUERRA,
ACTOS DE LESA HUMANIDAD, DAÑOS CONTINUADOS, la ley 1448/2011 art. 3, lo
cual dice la corte constitucional, y en consecuencia, (ii) QUE SE declare la
Responsabilidad patrimonial DE LA DEMANDADA, Y SE CONDENE A PAGAR LOS
DAÑOS MATERIALES, INMATERIALES LUCRO CESANTE, DAÑOS MORALES
POR LA MUERTE DEL PADRE DE LOS ACCIONANTES, DAÑO A LA VIDA
RELACION, AFECTACIÓN A BIENES CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONALMENTE PROTEGIDOS como viene pretendido, (iii) que mis
mandantes sean exonerados del pago de costas en ambas instancias, por ser
personas de especial protección constitucional sentencia SU254/2013.
TERCERO: QUE SE ORDENE A LAS DEMANDADAS SESAR TODO COBRO por
causa de las costas del proceso contra mis mandantes debido a la gravedad de su
estado de salud.5
1.3. Hechos
La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos6, relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
Los señores María Adelina Atehortúa Ramírez, Albino de Jesús Zuluaga Atehortúa,
Alfredo de Jesús Zuluaga Atehortúa, Leonel de Jesús Zuluaga Atehortúa y Rubiel
Antonio Zuluaga Atehortúa, manifestaron ser víctimas de desplazamiento forzado y
de homicidio, por parte de integrantes del grupo al margen de la ley, Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia [en adelante FARC], en la vereda San Pablo
del municipio San Luís [Antioquia], por hechos ocurridos el 2 de abril de 2002.
Explicaron que el señor Carlos Emilio Zuluaga Salazar fue asesinado el 12 de abril
de 1998, porque la guerrilla se dio cuenta que él salía a vender sus cosechas a
integrantes del Ejército Nacional al pueblo más cercano, y por ello, decían que era
su colaborador.
Igualmente, expusieron que la señora María Adelina Atehortúa Ramírez junto con
su familia decidieron abandonar la finca, la cual vendieron a un precio muy bajo
debido a la muerte de su esposo y a las constantes amenazas por parte de ese
grupo ilegal. Así mismo, indicaron que se desplazaron hacia la ciudad de Cartagena
y el inmueble sigue ocupado por dicho grupo ilegal.
5 Transcripción original del texto con posibles errores.
6 Índices 02 Samai
2
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Demandantes: María Adelina Atehortúa Ramírez y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
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Los tutelantes declararon su condición de víctimas y fueron incluidos el 18 de junio
de 20037 como tal en el Registro Único de Victimas [RUV] en virtud de lo establecido
en el artículo 3 de la ley 1448 de 2011.
El 23 de enero de 2017, los accionantes interpusieron demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional y Unidad para la atención y Reparación
Integral a las Víctimas [en adelante UARIV], mediante la cual se reclamó el
reconocimiento y pago de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados
por la muerte del señor Carlos Emilio Zuluaga Salazar y el desplazamiento forzado
al que se vieron sometidos.
El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Oralidad8, que, mediante sentencia del 15 de septiembre de 2021, declaró probada
la excepción de caducidad del medio de control, y emitió decisión inhibitoria al
considerar que desde el mismo momento del desplazamiento, los demandantes
tuvieron conocimiento del daño producido por ese hecho, tanto que para los años
2002 y 2003, reclamaron ante la UARIV como acontecimiento victimizante el
desplazamiento forzado, fechas para las cuales también pudieron presentar la
demanda.
Así mismo, argumentó que no se encontró configurada la imposibilidad material de
acceder a la administración de justicia para demandar por los perjuicios causados
como consecuencia del desplazamiento forzado, ya que accedieron a otros
mecanismos dispuestos por la ley, lo cual traduce que no se encontraban en
incapacidad de ejercer sus derechos.
Finalmente, concluyó que aun contabilizando el término para interponer la demanda
desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia SU 254 de 2013, esto es, el 23
de mayo de 2013, el término más beneficioso para que la parte demandante
formulara la demanda fue el 24 de agosto de 2016.
Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A9, que, mediante providencia del 7 de marzo de 2025, confirmó la
sentencia recurrida, bajo el argumento de que en el plenario se evidenció que la
señora María Adelina Atehortúa Ramírez estuvo vinculada a programas de
asistencia social en los cuales recibió beneficios económicos y en especie, así como
afiliación a salud teniendo como ubicación de entrega de los beneficios San Luis –
Antioquia entre los años 2005 hasta el año 2017, lo que acreditó que para esos años
7 Índice 010 Samai
8 Radicado 05001-23-33-000-2017-00227-00 Sala Integrada por los Magistrados Jorge Iván Duque
Gutiérrez, John Jairo Alzate López y Álvaro Cruz Riaño
9 Sala integrada por los Magistrados María Adriana Marín, Fernando Alexei Pardo Flórez Y José
Roberto Sáchica Méndez
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Demandantes: María Adelina Atehortúa Ramírez y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
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ya se encontraban en el lugar del que habían sido desplazados o que ya no
persistían las condiciones de peligro que originaron el hecho.
Aunado a lo anterior, sostuvo que la parte actora no alegó ni demostró alguna
circunstancia que le hubiera impedido acudir a tiempo a la jurisdicción.
Esta decisión fue notificada a las partes el 21 de marzo de 2025, mediante correo
electrónico10.
1.4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora manifestó que no cuentan con garantías jurídicas, ni de acceso a la
justicia reparativa por cuanto las autoridades judiciales accionadas, concluyeron
erradamente que en los delitos de lesa humanidad opera el fenómeno de caducidad,
lo cual, en su sentir, contraviene lo establecido en la Ley 1448 de 2011.
Así mismo, acusaron las providencias judiciales de incurrir en los defectos orgánico,
factico, procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto y desconocimiento del
precedente.
En cuanto al defecto orgánico precisaron que, en virtud de lo establecido en el
artículo 93 de la Constitución Política de Colombia y la sentencia SU254 de 2013,
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, debió establecer que los
tratados y convenios internacionales, que reconocen los derechos humanos
prevalecen sobre el orden interno, razón por la cual, no le era dable aplicar el orden
interno, referente a la caducidad del medio de control de reparación directa
establecido en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
Por otro lado, en cuanto al defecto fáctico, señalaron que, dentro del proceso de
reparación directa, las accionadas no valoraron las pruebas aportadas, como son el
hecho de que la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas reconoció
a los demandantes como víctimas de desplazamiento forzado continuado y
homicidio del padre de los demandantes y agregaron que actualmente el predio se
encuentra ocupado por el grupo ilegal.
Finalmente, respecto al defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto,
indicaron que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad y
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, se limitaron a estudiar la
caducidad desde el orden interno, sin valorar el artículo 93 de la Constitución
Política, los artículos 51 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y la sentencia de unificación SU-254 de 2013.
1.5. Trámite de la acción de tutela
10 Índice 014 Samai
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Mediante auto del 16 de junio de 202511, el Magistrado Ponente de la primera
instancia admitió la acción de tutela y ordenó la notificación12 de la parte tutelante13,
del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A14, del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad15 y de la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado16
Igualmente, vinculó al trámite a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional17, Policía
Nacional18 y a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas19, como
terceros con interés en las resultas del proceso.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia 20
Remite expediente del medio de control de reparación directa 05001- 23 -33 000-
2017 -00227- 00. Sin embargo, no se pronunció respecto al contenido de la solicitud
de amparo.
1.6.2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A21
La Magistrada Ponente de la decisión cuestionada, expresó que se estudió y aplicó
la sentencia SU-254 de 2013 y sus efectos en eventos de desplazamiento forzado
y la flexibilización del término de caducidad «en los casos de delitos de lesa
humanidad».
11 Índice 04 Samai.
12 Indice 07 Samai envió de notificación
13 Notificación a los correos electrónicos erlinmedinaperez@gmail.com
erlinmemedinap@hotmail.com
14 Notificación a los correos electrónicos : recepcionmstadmant@cendoj.ramajudicial.gov.co
sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co sgtadminanq@notificacionesrj.gov.co
15Notificación a los correos electrónicos : notifjsachica@consejodeestado.gov.co
notiffpardo@consejodeestado.gov.co spamplonat@consejodeestado.gov.co
pbastosb@consejodeestado.gov.co kdiazl@consejodeestado.gov.co
cmartinezg@consejodeestado.gov.co notiftutelas3@consejodeestado.gov.co
ces3secr@consejodeestado.gov.co
16 Notificación a los correos electrónicos agencia@defensajuridica.gov.co
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co
17 Notificaciones a los correos electrónicos notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co notificaciones.judiciales@mindefensa.gov.co
18 Notificaciones a los correos electrónicos segen.consejo@policia.gov.co
notificacion.tutelas@policia.gov.co
19 Notificaciones a los correos electrónicos servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co
sanciones.tutelas@unidadvictimas.gov.co notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co
comunicacionesvictimas@unidadvictimas.gov.co
20 Índice 010 y 011 Samai
21 Índice 012 Samai
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Explicó que en la providencia acusada se le precisó a la parte demandante que el
cómputo de la caducidad no debía realizarse desde la expedición de la sentencia
SU 254 de 2013, sino desde su ejecutoria 22 de mayo de 2013.-.
Así mismo, señaló que adicionalmente se verificó que durante el periodo de mayo
de 2013 y mayo de 2015 (término de dos años para presentar la demanda, según
la sentencia SU254 de 2013), no se presentó barrera que impidiera a los actores
acudir a tiempo a la administración de justicia.
Expuso que la parte actora pretende con este mecanismo constitucional que se
surta un nuevo debate probatorio por el hecho de que la sentencia no le fue
favorable.
Señaló que la providencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A fue debidamente razonada y la valoración probatoria efectuada en la
misma se soportó en el material allegado al plenario.
1.6.3. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas22
La Asesora Jurídica de la entidad expresó que los hechos detallados por los
tutelantes hicieron parte de un proceso judicial, razón por la cual, no se encuentra
llamada a prosperar la solicitud invocada en la presente acción.
Explicó que los accionantes al momento de presentar en debida forma la
declaración frente a los hechos victimizante denunciados, la UARIV inició y adelantó
todas las acciones pertinentes y ordenadas en la Ley 1448 de 2011; por ello, se
encuentran incluidos en el RUV.
Así mismo, que las entidades integra del Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, han contribuido a facilitar a los demandantes el
acceso a sus programas con la finalidad de satisfacer sus necesidades de vivienda
y alimentación.
Indicó que la solicitud de amparo es improcedente, toda vez que la parte actora
contaban con otros medios jurídicos para defender sus intereses previos a instaurar
la acción de tutela
1.6.4. Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional23
La Asesora del Sector Defensa de la entidad consideró que la acción de tutela es
improcedente toda vez que no se está ante un acontecimiento de un perjuicio
22 Índice 014 Samai
23 Índices 015 y 016 Samai
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irremediable o de una amenaza inminente e injustificada, aun cuando el asunto del
amparo fue debatido a través de otras vías de protección jurisdiccional.
Expresó que los accionantes tenían conocimiento de los hechos desde el momento
de su ocurrencia en los años 1998 y 2002, por cuanto podían hacer uso del medio
de control de reparación directa y así lograr la prosperidad de sus pretensiones, sin
embargo, contaban con una tercera fecha para interponer la demanda, siendo esta
la ejecutoria de la sentencia de unificación SU-254 de 2013, la cual fue aplicada.
Precisó que lo pretendido por los tutelantes es revivir los términos judiciales de la
caducidad del medio de control de reparación directa, para nuevamente poder
acceder a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
1.7. Sentencia de primera instancia24
El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante providencia del 31 de julio de 2025,
negó las pretensiones del amparo solicitado por no encontrar configurados los
yerros alegados por la parte actora. Lo anterior, porque la autoridad judicial
accionada valoró en su integridad, de manera razonable y adecuada las pruebas
allegadas al expediente ordinario e incluso la decisión cuestionada se adoptó
teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional aplicable al caso, en
particular de la sentencia de unificación SU-254 de 2013.
Expuso que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, tuvo en cuenta
que, debido al homicidio de su familiar, los demandantes se vieron obligados a
desplazarse forzosamente, situación que por sí sola no impedía acudir
oportunamente a la jurisdicción. En ese sentido y bajo esas circunstancias, evaluó
que el plazo para presentar la demanda por los hechos dañosos debía analizarse
en conjunto con las disposiciones establecidas sobre el acceso a la administración
de justicia para la población en situación de desplazamiento.
Teniendo en cuenta lo anterior, concluyó que en la decisión cuestionada, aplicó el
principio de favorabilidad como garantía de acceso a la administración de justicia
para un sector especial y vulnerable de la población, reconoció que la Corte
Constitucional estableció una regla excepcional en materia de caducidad para casos
relacionados con el desplazamiento forzado, según la cual el término de dos años
previsto por la ley para presentar las demandas de reparación directa debía
contarse a partir de la ejecutoria de dicha decisión judicial. Y en ese sentido,
estableció que el cómputo de la caducidad debía contabilizarse desde la ejecutoria
de la sentencia de unificación SU-254 de 2013 (22 de mayo de 2013).25
24 Índice 019 Samai
25 Notificada el 6 de agosto de 2025
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1.8. Impugnación26.
La parte actora presentó impugnación contra la sentencia de tutela de primer grado
y solicitó que dicha decisión fuera revocada.
Adujo que el término o fecha que ha tenido en cuenta el Consejo de Estado Sección
Cuarta, es contrario y desborda los conceptos y términos referidos en la sentencia
T-014 de 2025, al aplicar la norma interna y desconocer las sentencias
internacionales.
Argumentó que, en el presente asunto, debe darse aplicación por el principio de
igualdad a los accionantes la providencia anteriormente citada toda vez que en la
parte resolutiva en su numeral tercero indicó que tiene efectos inter comunis, por
cuanto los hechos de desplazamiento forzado son notorios.
TERCERO. REVOCAR la Sentencia de tutela proferida el 18 de enero de 2024 por la
Sección Segunda, Subsección A, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, que confirmó la Sentencia del 27 de octubre de 2023, proferida
por la Sección Tercera, Subsección A, de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, mediante la cual se negó la solicitud de amparo formulada por
los accionantes. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia de los actores de la
presente tutela. Se advierte que esta decisión tiene efectos inter comunis, en los
términos desarrollados en la parte motiva de esta providencia judicial
1.9. Trámite del proceso en segunda instancia
1.9.1. Manifestación de impedimento
Mediante memoriales del 327 y 928 de septiembre de 2025, la magistrada ponente
de esta decisión y el magistrado Omar Joaquín Bareto Suárez, respectivamente
manifestaron estar impedidos para conocer del asunto, dado que se encuentran
incursos en la causal prevista en el numeral 5º del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal.
La Sala, mediante proveído del 25 de septiembre de 202529, declaró infundados los
impedimentos manifestados por los magistrados anteriormente mencionados y, en
consecuencia, ordenó la devolución del expediente.
1.9.2. De la nulidad saneable
Encontrándose el expediente a Despacho para proferir sentencia de segunda
instancia, mediante providencia del 8 de octubre de 2025, se advirtió que el a quo
26 Radicada el 12 de agosto de 2025
27 Indice 04
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29 Índice 020
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constitucional omitió vincular a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional quien también actuó como parte demandada en el medio de control de la
reparación directa.
Notificado dicho sujeto, presentó informe30 en el que expuso que en la decisión
cuestionada por los accionantes se realizó una exhaustiva valoración probatoria y
la decisión adoptada se ajustó a los criterios de unificación establecidos en el
ordenamiento jurídico colombiano, especialmente por el Consejo de Estado.
Así mismo, solicitó que se nieguen las pretensiones del accionante, por resultar la
acción de tutela improcedente.
Posteriormente, en auto del 31 de octubre de 2025, se ordenó vincular al señor
Román de Jesús Zuluaga Atehortúa dentro del trámite constitucional, quien actuó
como parte demandante en el medio de control de la reparación directa. Pese a
haber sido debidamente enterado del presente asunto, dentro de la oportunidad
procesal correspondiente, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada la parte actora
contra la sentencia del 31 de julio de 2025, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991,
1069 de 2015 y 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Problema jurídico
La Sala advierte que, si bien la parte actora también le atribuye la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Oralidad, el estudio del presente asunto se abordará a partir de los
argumentos contenidos en la providencia dictada el 7 de marzo de 2025 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, comoquiera que fue la que
puso fin al proceso objeto de debate.
Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de
primera instancia del 31 de julio de 2025 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, para lo cual se deberá resolver los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial?
De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:
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¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, vulneró los derechos
fundamentales invocados por los accionantes, con ocasión a la sentencia del 7 de
marzo de 2025, mediante la cual se confirmó la decisión del a quo, que negó las
pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de reparación directa
radicado 05001-23-33-000-2017-00227-01?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad, y (iii) el caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 201231,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema32.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
sentencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales33. Sin
embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros se haría ese estudio, pues
la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201434, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 200535, para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales,
como lo dispone el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a
decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia36 a unos
requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de amparo –
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. María
Elizabeth García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 2009-01328-01.
32 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
33 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta M. P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01.
35 Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
36 Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590
de 2005.
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procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto – procedencia adjetiva -.
Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la solicitud
de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad adjetiva, esto es:
i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela;
iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la protección del
derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de
202237, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este
requisito.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
37 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal38 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico39; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional40[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica […]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal41”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales42”.
38 Sentencia SU-573 de 2019.
39 Sentencia SU-103 de 2022.
40 Sentencia SU-103 de 2022.
41 Sentencia SU-103 de 2022.
42 Sentencia SU-128 de 2021.
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En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto43, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal44. (Resaltado de la Sala)
2.5. Caso concreto
Como se indicó anteriormente, los accionantes consideraron vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a la igualdad, con ocasión a las providencias proferidas dentro del medio de control
de reparación directa radicado 05001-23-33-000-2017- 00227-00/01, mediante las
cuales se declaró probada la excepción de caducidad de la acción, al incurrir en los
defectos orgánico, fáctico, procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto y
desconocimiento del precedente.
Los argumentos expuestos por la parte actora en cuanto a los defectos orgánico,
procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto y desconocimiento del
precedente judicial hacen referencia a que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, en la providencia acusada del 7 de marzo de 2025, debió aplicar los
artículos 9345 de la Constitución Política, y los artículos 51 y 61 de la Convención
Americana, la sentencia SU 254 de 2013, y tener los hechos de la demanda como
actos de guerra, actos de lesa humanidad, daños continuados, debió prevalecer los
tratados y convenios internacionales, que reconocen los derechos humanos
prevalecen sobre el orden interno.
43 Sentencia SU-573 de 2019.
44 Ib.
45 ARTICULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que
reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción,
prevalecen en el orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.
<Incisos 3 y 4 adicionados por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 2 de 2001. El nuevo texto es el
siguiente:>
El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos
previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de
Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad
con el procedimiento establecido en esta Constitución.
La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma
con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del
ámbito de la materia regulada en él.
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Ahora, en cuanto al defecto fáctico, la parte actora señaló que, dentro del proceso
de reparación directa, las accionadas no valoraron las pruebas aportadas, como son
el hecho de que la UARIV reconoció a los demandantes como víctimas de
desplazamiento forzado y homicidio del padre de los demandantes, el pago de la
indemnización y el certificado de tradición y libertad de la finca, la cual actualmente
se encuentra ocupada por este grupo ilegal.
Los defectos mencionados por la parte actora no cumplen con la carga mínima que
revele que la autoridad accionada incurrió en la configuración de estos posibles
errores, es pertinente advertir que los argumentos expuestos apuntan a convertir
este mecanismo constitucional en una tercera instancia, ya que no trascienden de
una «mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales».
En la providencia cuestionada se observa que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, fundamentó su decisión en la jurisprudencia constitucional
que estableció el término de caducidad respecto de la población desplazada, en
especial la sentencia SU 254 de 2013, providencia que adujo la parte actora como
desconocida en el estudio del medio de control de reparación directa, y concluyó
que el cómputo de la caducidad no debía realizarse desde su expedición, sino desde
su ejecutoria, esto es 22 de mayo de 2013, y consideró que esta ya se había
configurado, para la fecha en que se presentó la solicitud de conciliación
extrajudicial, esto es, el 3 de diciembre de 2015 y se radicó la demanda el 24 de
agosto de 2016.
Los argumentos expuestos por los accionantes, no justifican una vulneración a los
derechos fundamentales invocados, todo lo contrario, evidencian una inconformidad
sobre la interpretación de la jurisprudencia vigente aplicable al caso de caducidad
en asuntos en los que se hayan cometido delitos de lesa humanidad, la valoración
de las pruebas aportadas, así mismo, como la decisión adoptada por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, en la providencia acusada, las cuales no
fueron favorables a sus intereses, toda vez que confirmó la sentencia del a quo, y
negó las pretensiones de la demanda.
Entrar a estudiar la decisión judicial acusada, sin sustentarse la vulneración de
derechos fundamentales invocados por la parte actora, resulta contraria a la
naturaleza del juez constitucional que está llamado a proteger aquellas garantías
fundamentales vulneradas y a proferir decisiones encaminadas a restablecer las
mismas.
La Corte Constitucional ya ha decantado que la acción de tutela no es una vía
alterna, ni un mecanismo para rectificar decisiones judiciales en firme, ni para
desautorizar interpretaciones jurídicas que se hacen dentro del marco de la
autonomía y de la independencia propia de los jueces, ni el instrumento para atacar
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o impugnar las decisiones judiciales que tienen fuerza ejecutoria.46
Así las cosas, para la Sala la solicitud de amparo no cumple con el requisito general
de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en la medida que, si bien la actora enuncia la
transgresión de derechos fundamentales, sus argumentos pretenden es reabrir la
discusión ya zanjada por el juez natural de la causa, y no le corresponde al juez
constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría
desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el
mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.
Adicionalmente, cabe advertir que, la parte actora en la impugnación refiere una
nueva sentencia T-014 de 2025 insistiendo en la aplicación de normas
internacionales en el asunto objeto de debate en medio control de reparación
directa, circunstancia que permite concluir que la parte actora pretende reabrir el
debate jurídico ya zanjado por el juez natural, con el fin de obtener un
pronunciamiento adicional. Razón por la cual, no amerita la intervención del juez
constitucional.
Aunado a lo anterior, es pertinente precisar que esta providencia anteriormente no
fue objeto de contradicción o discusión dentro del trámite del proceso ordinario de
reparación directa y de la tutela, por lo que hacer un estudio de la misma en esta
instancia vulneraria los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa de
la contraparte, quien no tuvo la oportunidad de conocer estos argumentos y
oponerse a las mismas, asimismo, como el derecho de la doble instancia, al no
existir pronunciamiento del a quo al respecto.
Por último, es relevante indicar que, cuando se cuestiona una providencia de un
órgano de cierre como lo es el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
la procedencia es aún más excepcional y debe ser más restrictivo el análisis del
presupuesto bajo estudio.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera instancia,
proferida el 31 de julio de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta que negó
la tutela, para en su lugar declarar la improcedencia por no satisfacer el requisito de
relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
46 Sentencia SU134 veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022). Magistrado sustanciador:
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS.
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III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia, proferida el 31 de julio de
2025 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta que negó la tutela, para en su lugar
declarar la improcedencia por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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