Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2013-01493-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2013-01493-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2013-01493-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
11 de junio de 2026
Radicado: 05001-23-33-000-2013-01493-01
Demandante: Plinio de la Cruz Posada Echavarría
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2013 01493 01 (1617-2016)
Demandante: Plinio de la Cruz Posada Echavarría
Demandado: Unidad de Administración y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social- UGPP
Tema: Régimen pensional de la Rama Judicial. Inclusión de la
Bonificación por gestión judicial en la liquidación pensional.
Decreto 546 de 1971.
Decisión: Confirma parcialmente la decisión que accede a pretensiones.
Sin condena en costas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede
a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 12 de febrero de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Oralidad, que accedió a las pretensiones de la
demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
2.1.1. Las pretensiones
2. El señor Plinio de la Cruz Posada Echavarría, por intermedio de apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA -, solicitó la nulidad de los siguientes actos
administrativos:
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Demandante: Plinio de la Cruz Posada Echavarría
• Resolución RDP 016346 del 21 de noviembre de 20121, mediante la cual la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensiona y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social- UGPP2 le negó el reconocimiento y
pago del reajuste de la pensión de jubilación por inclusión de la bonificación
por gestión judicial.
• Resolución RDP 007174 de 18 de febrero de 20133 que resolvió el recurso
de reposición, interpuesto contra la anterior decisión, confirmándola.
• Resolución 008154 del 21 de febrero de 20134 que resolvió el recurso de
apelación, confirmó el acto inicial.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la demandada:
i) Reliquidar «[…] la Pensión Vitalicia de Jubilación por Vejez del doctor Plinio de
la Cruz Posada Echavarría […] reconocida con la Resolución No. 21169 de 16
de Mayo de 2008 y últimamente reliquidada en cuantía de con CC
$12.422.500.00 según Resolución No UGM 035851 de 28 de Febrero de 2012
efectiva a partir del 01 de Diciembre de 2009. La citada pensión debe ser de
$14.251.021.00 partir del 01 de Diciembre de 2009, incluyendo en dicha
liquidación el 75% de la Bonificación de Gestión Judicial del año 2004 que fue
creada y reconocida según el Decreto 4040 de diciembre 3 de 2004 y cancelada
en el mes de Marzo de 2005 en conformidad con el Decreto 610 de 1998, así
como las Leyes 10 de 1987 y 63 de 1988. […]. La citada pensión debe ser de
$14.251.021.oo (sic) partir del 01 de diciembre de 2009, incluyendo en dicha
liquidación el 75% de la Bonificación de Gestión Judicial del año 2004 que fue
creada y reconocida según el Decreto 4040 de diciembre 3 de 2004 y cancelada
en el mes de marzo de 2005».
ii) Actualizar las sumas resultantes desde la fecha en que se causó el derecho,
hasta la fecha de la ejecutoria de la providencia y hasta la fecha en que se haga
efectivo el pago. Lo anterior conforme al IPC certificado por el Dane, dar
aplicación de la fórmula adoptada por el Consejo de Estado para liquidar la
indexación y dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos
192 y siguientes del CPACA.
2.1.2. Fundamentos fácticos
4. Como sustento de las pretensiones se enunciaron los siguientes hechos:
5. El demandante laboró en la Rama Judicial del 1.° de septiembre de 1971 al 30
de octubre de 1995 y en la Procuraduría General de la Nación del 1.° de noviembre
de 1995 hasta el 30 de noviembre de 2009, por un total de 38 años, 4 meses y 28
días.
1 Índice 57 expediente digital, ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), págs. 15-18 de SAMAI.
2 En adelante UGPP.
3 Índice 57 expediente digital, ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), págs. 26-31 de SAMAI.
4 Índice 57 expediente digital, ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), págs. 20-24 de SAMAI.
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6. Mediante la Resolución 21169 de 16 de mayo de 2008, la UGPP le reconoció la
pensión de jubilación de vejez en cuantía de $ 7´873.542.80 efectiva a partir del 1.°
de agosto de 2007, condicionada a demostrar retiro definitivo del servicio;
posteriormente, la prestación fue reliquidada con la Resolución UGM 035851 de 28
de febrero de 2012, conforme al artículo 6.°, del Decreto 546 de 1971, elevando la
cuantía en $12´422.500.00, efectiva a partir del 1.° de diciembre de 2009.
7. En virtud de la anulación del Decreto 4040 de diciembre 3 de 2004 por el Consejo
de Estado, el 12 de julio de 2012 solicitó se incluyera en la liquidación de la mesada
pensional, las sumas que le fueron pagadas en virtud de la bonificación por gestión
judicial por los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, que según lo indicó,
mensualmente correspondía a $2´438.028.16., suma que en su consideración se
debe incluir dicha prestación para calcular el IBL y establecer el promedio del último
año de servicio.
8. La entidad demandada le negó su solicitud mediante la Resolución RDP 016346
del 21 de noviembre de 2012, confirmada por las Resoluciones RDP 007174 de 18
de febrero de 2013 y 008154 del 21 de febrero de 2013.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
9. En la demanda se invocaron como disposiciones vulneradas los artículos 2,°,
13, 23, 25, 29, 48, 53, 57, 58, 83 y 228 de la Constitución Política; 27, 30 y 31 del
Código Civil; 21, 127 y 128 del C.S. del T.; 2.° y 8.° de la Ley 153 de 1887, num.
1.° del artículo 5.° de la Ley 57 de 1887; 4.° de la Ley 4ª de 1966; 2.° y 6.° de la
Ley 5 de 1969; 1.° de la Ley 33 de 1985; 11, inc. 2.° del 36, 140, 141, 150 y 288 de
la Ley 100 de 1993; 2.°, 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992; 1.° de la Ley 332 de 1996;
parágrafo 1.° del Acto Legislativo No. 01 de 2005, y los artículos 4.° del Decreto
2527 de 2000. 6.° del Decreto 546 de 1971; 12 del Decreto 717 de 1978, 132 del
Decreto 1660 de 1978; 42 y 43 del Decreto 1042 de 1978; 45 del Decreto 1045 de
1978; 12 del Decreto 1835 de 1994, 5.° del Decreto 1743 de 1066 (sic); 3.° del
Decreto 314 de 1994.
10. Igualmente citó las Leyes 10 de 1987, 63 de 1988, 4ª de 1993, 476 de 1998 y
los Decretos 911 de 1978, 4040 de 2004, 610 de 1998, 1239 de 1998, 664 de 1999,
054 de 1993, 57 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 64 de 1998 y 44
de 1999.
11. Al desarrollar el concepto de la violación, indicó que la reliquidación que se
solicita en las pretensiones de la demanda, consisten en que se proceda a tener
en cuenta las normas especiales para pensión de jubilación de los funcionarios de
la Rama Judicial, el Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación que
dispone que se liquiden con la asignación más elevada devengada en el último
año de servicios, incluyendo sueldo básico, gastos de representación, prima de
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antigüedad, prima especial de servicios, bonificación por compensación,
bonificación por gestión judicial, bonificación por servicios prestados, prima de
servicio, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de capacitación, prima
ascensional.
12. Señaló igualmente que la bonificación por compensación creada por el Decreto
664 de 1999, que venían devengado los funcionarios judiciales a quienes
correspondió este beneficio, creada antes de la vigencia del Decreto 4040 de
diciembre 3 de 2004, era inferior y diferente al ajuste de la remuneración para
igualar el 80% establecido por el Decreto 610 de 1998, por lo cual es procedente
diferenciar las dos bonificaciones.
13. Además, el Decreto 4040 de diciembre 3 de 2004, estableció un factor salarial
diferente al Decreto 610 de 1998, denominado «Bonificación de Gestión Judicial»
que, por ser diferente a la «Bonificación por Compensación» del Decreto 610, no
es incompatible. Tampoco derogó el Decreto 610 de 1998 ni las Leyes 10 de 1987
y 63 de 1988.
14. Con la expedición de la Ley 4ª de 1992 (Ley Marco), el legislador estableció
las normas, los criterios y los objetivos para que el Gobierno Nacional diseñara los
distintos regímenes salariales de los servidores públicos.
15. El Gobierno Nacional, en desarrollo de la citada Ley 4ª de 1992, expidió el
Decreto 610 de 26 de marzo de 1998, en el que se creó a favor de los magistrados,
una bonificación de carácter permanente que, sumada a la prima especial de
servicios y a los demás ingresos laborales, corresponde al 80% de los ingresos
laborales que por todo concepto reciben los magistrados de las Altas
Cortes, a partir de la vigencia fiscal del año 2001, tercera allí consagrada, luego de
la del año 1999 del 60% y la del año 2000 del 70%
16. Según lo adujo, el Decreto 610 de 1998 se encuentra vigente y como tal debe
dársele aplicación. Esto, dado que a través de la sentencia del Consejo de Estado
del 14 de diciembre de 2011 Expediente 11001-03-25-000 - 2005-00244-01 con
ponencia del Conjuez Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora que fue notificada con
edicto 4 del 20 de enero de 2012 por la cual se declaró la nulidad
del Decreto 4040 de 3 de diciembre de 2004 y consecuencialmente queda nulo de
pleno derecho el artículo 3.° del citado instrumento, constituyendo en
consecuencia en factor salarial los pagos hechos por concepto de bonificación de
gestión judicial.
17. Igualmente, señaló que en vigencia de la Ley 100 de 1993, la pensión de los
servidores públicos la gobierna la Ley 33 de 1985, y que ésta última conservó los
regímenes especiales entre ellos los del Ministerio Público, previsto en el Decreto
546 de 1971.
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2.2. Contestación de la demanda
18. La UGPP5, a través de apoderada se opuso a las pretensiones de la demanda,
para lo cual indicó que, aunque el Decreto 546 de 1971 establece un régimen
especial para los funcionarios de la Rama Jurisdiccional, no puede perderse de
vista que con la promulgación de la Ley 100 de 1993 se unificaron todos los
regímenes de los diferentes funcionarios del sector público, estableciendo una
excepción en el artículo 279 de la mencionada norma, dentro de las cuales no se
encuentran los funcionarios de la Rama Jurisdiccional.
19. Asimismo, el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, es claro al señalar que quienes se encuentran amparados por este, se les
respetará únicamente: la edad, el tiempo y el monto de la pensión, y los factores a
tener en cuenta para efectos de la liquidación de la pensión son los contemplados
en el Decreto 1158 de 1994.
20. Propuso las excepciones de «ausencia de vicio en los actos administrativos
demandados», «inexistencia de la obligación», «prescripción total del derecho
pretendido» y «subrogación para el cobro del valor insoluto de los aportes debidos
al sistema general de seguridad social en pensiones».
2.3. Sentencia de primera instancia6
21. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad mediante
sentencia proferida el 12 de febrero de 2016 accedió a las pretensiones de la
demanda formulada por el actor e impuso condena en costas a la demandada.
22. Para tal efecto se refirió al régimen de transición establecido en la Ley 100 de
1993, y señaló que el empleado al ser beneficiario de este se debe tener en cuenta
los requisitos establecidos en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados,
referidos a la edad, el tiempo de servicios y la forma de liquidar el ingreso base de
liquidación.
23. Hizo alusión al régimen contemplado en el Decreto 546 de 1971, el cual
reconoce una pensión de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual
más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio y los factores
indicados en el Decreto 717 de 1978, los cuales no son taxativos sino enunciativos.
24. Por otro lado, indicó que el Gobierno Nacional canceló la bonificación por
gestión judicial por encontrar deficitario el porcentaje que debió ser pagado en virtud
de la bonificación por compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998, pues
5 Índice 57 expediente digital. Archivo: ED_CUADERNO1_11CONTESTACIONDEMAND(.pdf) de SAMAI.
6 Índice 57 expediente digital. Archivo: ED_CUADERNO1_21FALLO(.pdf) de SAMAI.
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el pago nunca llegó hasta ese último porcentaje sino que por el contrario siempre
se mantuvo en el 60%, restringiendo además que estos pagos constituyeran factor
salarial y por esto, en marzo de 2005 el demandante recibió un pago por parte de
la Procuraduría General de la Nación, denominado bonificación por gestión judicial,
en aplicación al Decreto 4040 de 2004, por los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004
por valor de $146´281.690.
25. Concluyó que como lo pagado por bonificación por gestión judicial tenía como
finalidad compensar lo que no se pagó de la bonificación por compensación que
consagraba el Decreto 610 de 1998, esa suma constituye salario y como tal se
debía atender a ella para efectos de reliquidar la pensión, de tal manera que se
ordenará liquidar la pensión de jubilación del demandante con la asignación
mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio,
incluyendo en esta el 10% del valor devengado a título de bonificación por gestión
judicial que corresponda a dicha mensualidad.
26. Frente a la prescripción indicó que, si la solicitud de reliquidación de la pensión
con la inclusión de esta bonificación se radicó en la entidad demandada, el 20 de
diciembre de 2012, como se observa a folios 30 a 55 del expediente y la sentencia
que declaró la nulidad del decreto 4040 de 2004 fue notificada el 24 de enero de
2012, se tiene que el término de 3 años, con que contaba el demandante para
solicitar la prestación, no se encontraba prescrito.
27. Por las anteriores consideraciones declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados y a título de restablecimiento del derecho ordenó
«reconocer y pagar la reliquidación de la pensión de jubilación del demandante con
la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de
servicio, incluyendo en esta el 10% del valor devengado a título de bonificación por
gestión judicial que corresponda a dicha mensualidad, suma que deberá
actualizarse con los incrementos anuales de ley de manera indexada. Se advierte
que el monto de la pensión no podrá superar el tope legal».
28. Finalmente, ordenó efectuar la deducción de los aportes causados y destinados
al Sistema de Seguridad Social en Salud y Sistema General de Pensiones.
2.5. El recurso de apelación
29. La apoderada de la UGPP7 interpuso recurso de apelación, donde solicitó
revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar negar las pretensiones de
la demanda.
7 Índice 57 expediente digital, ED_CUADERNO1_23RECURSOAPELACIONP(.pdf) de SAMAI.
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30. Al efecto, explicó que, si bien el demandante se encuentra dentro del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, es claro que quienes se encuentran amparados
por este, se les respetará únicamente la edad, el tiempo y el monto de la pensión.
En cuanto a los factores de liquidación se debe tener en cuenta los enlistados en el
Decreto 1158 de 1994.
31. Trajo a colación, las sentencias de la Corte Constitucional SU -230 de 2015, T-
353 de 2012 y C- 258 de 2013, a partir de las cuales coligió que esa Corporación
cambió su postura frente a la interpretación de los incisos 2.° y 3.° del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, por lo que considera que los actos administrativos
demandados se encuentran plenamente fundamentados en las normas jurídicas
vigentes y conforme al principio de legalidad.
32. Además, el reconocimiento de una reliquidación de pensión por la inclusión de
nuevos factores salariales no tenidos en cuenta por la entidad al momento de
realizar el reconocimiento del derecho (estatus jurídico de pensionado), estos
factores salariales se rigen por la regla general de la prescripción trienal, es decir,
por el término que hubiera tenido el trabajador para reclamarlos a la Entidad si no
le hubieran sido pagados por esta, en consecuencia, el derecho pretendido a que
la mesada pensional, sea reliquidada, prescribe a los tres (3) años contados a partir
del momento en que le haya sido reconocida la pensión al actor, hecho este que
para el caso concreto ya se verificó. Por ello, será la primera solicitud radicada ante
la entidad, la única con vocación de interrumpir dicho término, sin que sea dable
reconocerle este efecto a solicitudes sucesivas y posteriores que sean radicadas
por el asegurado.
2.6. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público
33. La parte demandante8 sostuvo que debe confirmarse la sentencia impugnada
con base en que al declararse la nulidad del Decreto 4040 de 2004, cobró vigencia
la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998 y en consecuencia
surgió el derecho a que la pensión de jubilación de vejez se reliquide con este factor
salarial que ya le había sido cancelado en marzo de 2005 y que sólo se podía
reclamar a partir del 20 de enero de 2012.
34. La entidad demandada9 alegó de conclusión reiterando lo señalado en el
recurso de alzada.
35. En esta oportunidad el agente del Ministerio Público guardó silencio.
8 Índice 57 expediente digital, ED_CUADERNO1_40ALEGATOS(.pdf) de SAMAI y folios 331 a 337 del
expediente.
9 Folios 338-341 del expediente.
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Manifestación de impedimento del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez.
36. Mediante auto del 6 de marzo de 202510, proferido por el conjuez de la Sección
Segunda Hugo Alberto Marín Hernández, se ordenó remitir el expediente de la
referencia al despacho de origen para que asumiera su trámite, en razón a lo
dispuesto en el artículo 116 del CPACA11, el cual señala que cuando se modifica la
integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los conjueces.
37. Mediante escrito del 9 de septiembre de 2025 el consejero de Estado Jorge
Iván Duque Gutiérrez manifestó impedimento para conocer del asunto de la
referencia con fundamento en la causal prevista en el numeral 2.° del artículo 141
del CGP.
38. Indicó que conoció el presente proceso en instancia anterior, ya que fue el
ponente de la sentencia hoy objeto de apelación.
39. El régimen de impedimentos busca garantizar la imparcialidad e independencia
en las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales. En esa medida, a través
de esta figura pretende evitarse que existan situaciones de hecho que puedan
comprometer el criterio que asuman aquellas en las providencias que profieran
dentro de los asuntos asignados para su conocimiento.
40. Siendo así, cuando un funcionario judicial advierta que se encuentra impedido,
deberá manifestarlo, con el fin de salvaguardar los principios que rigen la debida
administración de justicia.
41. De acuerdo con las anteriores precisiones, la Sala declarará fundado el
impedimento presentado, por cuanto las razones expuestas se adecuan a las
causales invocadas.
42. Ahora, comoquiera que los demás miembros de la Sala no advierten causal de
impedimento para conocer del presente asunto12, se procede a resolver el recurso
10 Índice 76 de SAMAI.
11 «Artículo 116. Posesión y duración del cargo de conjuez. […]
Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la instancia
o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración de la sala,
los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les
predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos […]» [Se resalta].
12
Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación del Decreto 610, ni prima especial del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente proceso. Cabe precisar que si bien el consejero Luis
Eduardo Mesa Nieves en oportunidades anteriores manifestaban impedimento en los procesos donde se
debatía la bonificación por compensación del Decreto 610, tales manifestaciones en decisiones recientes, entre
ellas dentro del expediente con radicación interna 1969-2022, han sido declaradas infundadas por la
Subsección B, al considerar que no se configura la causal contenida en el numeral 1 del artículo 141 del CGP,
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de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 12 de
febrero de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió
a las pretensiones de la demanda.
3.2. Competencia
43. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo13, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto.
44. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 32814 del Código General del
Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes
hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
45. En el presente caso, la demandada es apelante única, razón por la cual la
competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada por el objeto mismo
del recurso, cuyo marco está definido en el escrito de apelación.
3.3. Problema jurídico
46. Corresponde a la Sala establecer si ¿el demandante, cuya pensión fue
inicialmente reconocida con fundamento en la aplicación integral del Decreto 546
de 1971, tiene derecho al reajuste de su mesada pensional mediante la inclusión
del diez por ciento (10%) de la diferencia existente entre la bonificación por gestión
judicial y la bonificación por compensación?
3.4. Marco normativo
47. En este caso, revisado el expediente, se advierte que al demandante le fue
reconocida su pensión de jubilación de conformidad con la aplicación integral del
atendiendo los criterios esbozados por la Sala de conjueces en proveído de 5 de diciembre de 2023, radicado
0502-2023.
13 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]»
14 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
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Decreto 546 de 1971, con anterioridad a la expedición de la sentencia de unificación
de CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 202015, donde la Sección Segunda de esta
Corporación se pronunció sobre la interpretación del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 y sus implicaciones frente a los funcionarios de la Rama Judicial
y del Ministerio Público.
48. Esta situación es trascendental pues determina la forma en que se asumirá la
resolución del problema jurídico:
49. En principio, la Caja Nacional de Previsión Social16 a través de la Resolución
21169 del 16 de mayo de 200817, le reconoció al señor Posada Echavarría una
pensión mensual vitalicia de jubilación, en aplicación del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, adquiriendo el estatus pensional el 1.° de mayo de 2006, con un 75% del
promedio de lo devengado sobre el salario de 10 años y teniendo en cuenta los
factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994. En esa oportunidad la entidad tuvo
en cuenta la asignación básica, la prima de nivelación, la bonificación por servicios
prestados, la prima de antigüedad, la prima especial, los gastos de representación
y la bonificación por compensación18. Lo anterior con efectividad a partir el retiro
definitivo del servicio.
50. Con posterioridad, a través de la Resolución UGM 035851 del 28 de febrero
de 201219 Cajanal le reliquidó la pensión de jubilación al actor por retiro definitivo
del servicio, momento en el que dio aplicación integral al Decreto 546 de 1971, en
su artículo 6.°, de acuerdo con el cual, liquidó la pensión con el 75% sobre el ingreso
base de liquidación conformado por la asignación mensual más elevada devengada
en el último año de servicio, comprendido entre el 1.° de diciembre de 2008 y el 30
de noviembre de 2009 y negó la inclusión de la bonificación por servicios en un
100%. Consideró la entidad que lo procedente era por doceavas partes. Veamos:
«[…]
Que conforme lo anterior, el interesado acredita un total de 13.770 días laborados,
correspondientes a 1,967 semanas.
Que nació el 1 de mayo de 1951 y actualmente cuenta con 60 años de edad.
Que el último cargo desempeñado por el peticionario (a) fue el de PROCURADOR 117
JUDICIAL II PENAL DE MEDELLÍN CODIGO 3PJ GRADO EC.
Que el peticionario (a) adquirió el status de pensionado (a) el día 1 de mayo de 2006.
[…].
Que para determinar el Ingreso Base de Liquidación se da cumplimiento a lo establecido en
el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, aplicando un 75.00% sobre un ingreso base de
15 Radicado 15001233300020160063001 (4083-2017).
16 En adelante Cajanal.
17 Índice 57 expediente digital, ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), pág. 1-6 de SAMAI.
18 Esta bonificación fue incluida desde el año 1999.
19 Índice 57 expediente digital, ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), pág. 8-13 de SAMAI.
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liquidación conformado por la asignación mensual más elevada devengada en el último año
de servicio, entre 1 de diciembre de 2008 y el 30 de noviembre de 2009.
ANO FACTOR VALOR
IBL
2009 ASIGNACIÓN BÁSICA MES 1,163,898,00
2009 BONIFICACION ACTIVIDAD JUDICIAL 8,334,944,00
2008 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS 188,524.00
PRESTADOS
2009 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2,909,071.00
2009 PRIMA ASCENSIONAL 69,834.00
2009 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 1,745,172.00
2009 PRIMA DE CAPACITACIÓN 33,278.00
2009 PRIMA DE NAVIDAD 544,282.00
2009 PRIMA DE SERVICIOS 247,474,00
2009 PRIMA DE VACACIONES 257,787.00
2009 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS 1,095,385.00
IBL: 16,589,649 x 75.00% = $12,442,237
SON: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.
[…]
Efectiva a partir del 1 de diciembre de 2009.
[…]».
51. Como se aprecia de lo anterior es evidente que, desde el 28 de febrero de
2012, cuando se profirió la Resolución UGM 035851 por parte de CAJANAL, la
administración tomó una decisión que se acompasaba con la tesis anterior de esta
Corporación sobre la aplicación del Decreto 546 de 1971 a los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público que cumplieran los
requisitos para el reconocimiento pensional de acuerdo con las exigencias
plasmadas en esa norma.
52. En efecto, antes de la sentencia de la Sección Segunda de esta Corporación
CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 202020, las tesis de ambas Subsecciones
coincidían en la aplicación integral del Decreto 546 de 1971 para los beneficiarios
de la norma.
53. En este sentido se había señalado que las pensiones que gozan de un régimen
especial no se rigen por las disposiciones previstas en las Leyes 33 y 62 de 1985 y
por lo tanto, a la pensión de jubilación reconocida a los servidores de la Rama
Jurisdiccional y el Ministerio Público bajo los requisitos del Decreto 546 de 1971,
no les eran aplicables tales normas. Esto de acuerdo con lo consignado en el
artículo inicial de la Ley 33 de 1985, cuyo texto, en lo pertinente, dispuso:
20 Radicado 15001233300020160063001 (4083-2017).
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«Artículo 1.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o· discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55),
tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por
ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que
trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que
la ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de
un régimen especial de pensiones.»
54. Asimismo, el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971, «Por el cual se establece el
régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la
Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares», señaló:
«Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán
derecho al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son
mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores
o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos 10
lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio
Público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de
jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que
hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas.»
55. Respecto de cuáles son los factores salariales consagrados a favor de los
empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público, se atendía a lo señalado
en el artículo 12 del Decreto 717 de 197821, norma que previó:
«Además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo,
constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y
periódicamente reciba el funcionario y empleado como retribución por sus
servicios.
Son factores de salario:
a) Los gastos de representación
b) La prima de antigüedad
c) El auxilio de transporte
d) La prima de capacitación
e) La prima ascensional
f) La prima semestral, y
g) Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en
desarrollo de comisiones de servicio.» (Negrilla de la Sala)
56. Igualmente se precisaba que la norma anterior, además de consagrar algunos
factores salariales de los empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público,
señaló que constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente
reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios.
21 Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de cargos para los funcionarios y
empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, se fija la escala de remuneración correspondiente
a dichos cargos, y se dictan otras disposiciones.
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57. Ahora bien, esta tesis se modificó por parte de la Sección Segunda de esta
Corporación, en sentencia SUJ-S2-021-20, de 11 de junio de 202022, donde
estableció, la necesidad de unificar jurisprudencia frente al régimen pensional de
los servidores de la Rama Judicial y el Ministerio Público y su relación con la Ley
100 de 1993.
58. En efecto, en la citada providencia SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020 la
Sección Segunda de esta Corporación unificó su postura en torno a establecer el
ingreso base de liquidación (periodo de liquidación y factores a incluir) de las
pensiones de los servidores y ex servidores de la Rama Judicial y del Ministerio
Público regulados por el Decreto 546 de 1971, que causaron su derecho en virtud
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
59. Para tal efecto, la Corporación explicó que al reunirse las condiciones
establecidas en el régimen de transición del sistema de seguridad social para la
fecha en la cual inició la vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1.º de abril de
1994 en el ámbito nacional o el 30 de junio de 1995 en el orden territorial,
correspondientes a tener cumplidos 35 o más años de edad en el caso de las
mujeres, 40 o más años de edad en el de los hombres, o 15 o más años de servicios
cotizados, se adquiere el derecho a obtener el reconocimiento de la pensión al
amparo del régimen anterior bajo el cual trabajaron o cotizaron, que para el caso
de los que fueron funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio
Público corresponde al consagrado en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971.
60. Específicamente en cuanto a los factores de liquidación la decisión de
unificación determinó que se debían incluir los establecidos en el Decreto 1158 de
1994, es decir: la asignación básica mensual; los gastos de representación; la prima
técnica, cuando sea factor de salario; las primas de antigüedad, ascensional de
capacitación cuando sean factor de salario; la remuneración por trabajo dominical
o festivo; la remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado
en jornada nocturna; y la bonificación por servicios prestados.
61. Asimismo, indicó que, en desarrollo de la Ley 4ª. de 1992, que a su vez dio
cumplimiento a lo establecido por el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la
Carta Política, tienen derecho a que se computen como factores salariales en la
liquidación de su pensión los siguientes:
(a) Prima especial de que trata por la Ley 332 de 1996, que modificó la Ley 4ª. de
1992, para los magistrados y agentes delegados ante la Rama Judicial.
(b) La bonificación por compensación creada por el Decreto 610 de 1998 para
los magistrados y por el Decreto 1102 de 2012 para los magistrados y agentes del
Ministerio Público ante magistrados de tribunales.
(c) La prima de productividad para los empleados judiciales ordenada por el
22 Proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 15001233300020160063001
(4083-2017).
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Decreto 2460 de 2006.
(d) La bonificación por actividad judicial establecida por el Decreto 3900 de 2008
para los jueces y procuradores judiciales 1.
(e) La bonificación judicial instituida por el Decreto 383 de 2013 para los servidores
de la Rama Judicial.
62. Lo anterior, toda vez que, las normas señaladas establecieron que constituyen
factores de salario por lo que se tienen en cuenta para efectos de determinar el
ingreso base de cotización, siempre y cuando respecto de ellos se hayan efectuado
los aportes correspondientes.
63. De ahí que la providencia en cita consideró que prestaciones tales como las
primas de vacaciones, de servicios y de navidad no deben ser incluidas en la
liquidación de la pensión, dado que no constituyen factor salarial.
64. De conformidad con lo expuesto, resulta evidente que, en el presente asunto,
el reconocimiento de la pensión de jubilación liquidada con base en la asignación
mensual más alta devengada durante el último año de servicios constituye una
situación jurídica que quedó consolidada en sede administrativa mediante la
Resolución 035851 del 28 de febrero de 2012. Dicha decisión se armonizaba con
la línea jurisprudencial vigente para ese momento en la Sección Segunda de esta
Corporación, la cual era aplicada de manera uniforme en casos de similar
naturaleza.
65. Además, es importante señalar que en la citada sentencia de unificación SUJ-
S2-021-20, de 11 de junio de 202023, se determinó que las consideraciones allí
expuestas tenían aplicación retrospectiva, y que la regla jurisprudencial fijada era
vinculante en los siguientes casos:
(i) Respecto de los asuntos similares que actualmente se están tramitando
en el seno de la administración;
(ii) Respecto de los procesos similares que se están adelantando en
juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado.
66. En ese orden de ideas, se colige que, cuando con anterioridad a la ejecutoria
de la sentencia de unificación SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 202024 la actuación
administrativa ya se ha adelantado y concluido con el reconocimiento de la pensión
de jubilación con aplicación integral del Decreto 546 de 1971 —como ocurre en el
presente caso—, no resulta procedente aplicar la referida decisión de unificación.
Lo anterior, en la medida en que la propia providencia delimitó su ámbito temporal
de aplicación y, adicionalmente, se configuró una situación jurídica particular
consolidada, en la cual se reconoció un derecho subjetivo a favor de su titular,
23 Proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 15001233300020160063001
(4083-2017).
24 Ibidem.
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conforme a las pautas jurisprudenciales vigentes al momento de la expedición del
acto administrativo en lo relativo a la interpretación del Decreto 546 de 1971.
67. Es de señalar que en sentencia de 2 de octubre de 202525, la Subsección B de
la Sección Segunda de esta Corporación, para un caso de régimen general, estimó
que esas decisiones de la administración proferidas a la luz de un criterio normativo
y jurisprudencial que se encontraba vigente al momento en que se profiere el acto
administrativo crean un derecho adquirido, que genera confianza legitima frente a
la prestación que se el ha reconocido:
« 43. En el sub judice, la situación que generó la confianza para Rodolfo Antonio
Zapata Vergara, materialmente estaba contenida en la decisión de la administración
de otorgarle su reliquidación pensional con la inclusión de todos los factores
devengados durante el último año de servicios y formalmente en la sentencia
proferida el 4 de agosto de 2010 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, que
consideró que los factores contenidos en la Ley 62 de 1985 eran de carácter
enunciativo más no taxativo, luego del análisis normativo sobre la materia. Lo que
sí generó el grado de confianza legítimo que la Constitución Política protege, pues
se trataba de un pronunciamiento del alto tribunal de lo contencioso-administrativo
que resultaba prevalente y de obligatoria aplicación por parte de las autoridades
administrativas.
[…]
45. De manera que, a través del acto acusado, la administración acudió a un
precedente vinculante, en la medida en que fue proferido por una autoridad judicial
en ejercicio de sus facultades legales, y a una interpretación razonable de las
normas. Esto, con independencia de que, después de consolidado el derecho, la
tesis jurisprudencial aplicada fuera reevaluada. De forma que, la Sala concluye que
se trataba de una situación que debía ampararse por tratarse de un derecho
adquirido que generó una confianza legítima en el interesado en la prestación a
quien debía garantizársele la seguridad jurídica respecto de aquella decisión.
46. El análisis expuesto, ha sido desarrollado por esta Subsección, entre otros en
las providencias del 12 de septiembre de 202426 , del 5 de diciembre de 202427 y
del 6 de marzo de 202528 en las que se consideró que si el acto censurado surgió
de una decisión propia de la administración, y que además se expidió en vigencia
de un criterio normativo y jurisprudencial vigente, generó en el ciudadano la
confianza legítima de que su derecho pensional se reconoció y liquidó conforme a
derecho, lo que impedía desconocer el derecho que en virtud de ello adquirió.»
68. La Sala considera que el mismo criterio resulta plenamente aplicable a los
regímenes especiales, como el de la Rama Judicial. En efecto, es evidente que,
una vez la administración expide un acto administrativo de reconocimiento
pensional y este adquiere firmeza, se consolida una situación jurídica particular que
25 Dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 23001-23-33-000-2015-00084-02 (4540-
2024). Con ponencia del consejero Juan Enrique Bedoya Escobar.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de septiembre de 2024, radicado
17001-23-33-000-2017-00348-01 (5199-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de diciembre de 2024, radicado 76001-
23-33-000-2017-01426-01 (4599-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera. 54 Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2025, radicado 76001-23-33-000-2021-00462-
01 (3741-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar
28 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908- 2014).
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habilita al beneficiario para exigir su cumplimiento y ejecución a través de los
mecanismos legalmente previstos en el ordenamiento jurídico. En consecuencia,
no existe razón para establecer un tratamiento diferenciado, pues la fuerza
vinculante y ejecutoria del acto firme impone a la administración el deber de
garantizar su eficacia material.
69. Eso sucedió en este caso, donde, como ya se indicó la actuación administrativa
de reconocimiento de la pensión de jubilación de acuerdo con la aplicación integral
del Decreto 546 de 1971 concluyó con la expedición de la Resolución UGM 035851
de 28 de febrero de 2012, decisión que fue notificada el 14 de marzo de 201229
contra la cual no se advierte que el actor interpuso recurso alguno, cobrando
efectividad el reconocimiento pensional a favor del interesado.
70. Y fue posteriormente que surgió la discusión frente a los factores salariales a
incluir en la pensión pues el 12 de julio de 201230 el actor formuló solicitud de
reliquidación pensional por inclusión de un 100% de la bonificación de servicios
prestados y en el recurso de reposición y apelación señaló que debía incluirse
además la bonificación por gestión judicial.
71. En esa medida, como en el sub lite la demanda se dirige a obtener la
reliquidación por inclusión de la bonificación por gestión judicial, era procedente,
como lo hizo el Tribunal, centrar su análisis sólo sobre ese aspecto, pues lo demás
es desbordar el marco de las pretensiones de la demanda.
72. Así las cosas, la Sala establecerá si es procedente la inclusión del citado factor,
como lo declaró el Tribunal Administrativo.
3.4.2. La bonificación por compensación y la bonificación por gestión
judicial.
73. El Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 199231, la cual en el artículo
15 estableció una prima especial de servicios, sin carácter salarial, para los
magistrados de Alta Corte que, sumada a los demás ingresos laborales, igualen a
los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en ningún
caso los supere, es decir, se equiparó el salario de los magistrados de las Altas
Cortes al de los congresistas.
74. En el año 1998, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 610 y en su artículo 1
creó la bonificación por compensación, equivalente al 60%, 70% y 80% para las
vigencias fiscales 1999, 2000 y 2001 en adelante; en otros términos, se creó una
bonificación por compensación, equivalente al 60% de lo que por todo concepto
29
Índice 57 expediente digital, ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), SAMAI. Folio 14 ibidem
30 Así se indica en la Resolución RDP 016346 de 21 de noviembre de 2012. Ibidem Folio 15.
31 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan
otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política».
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devenguen los magistrados de las Altas Cortes para el año 1999, el 70% para el
año 2000 y del año 2001 en adelante el 80%.
75. A través del Decreto 2668 de 31 de diciembre de 1998 se derogaron los
Decretos 610 de marzo 26 de 1998 y 1239 de julio 2 de 1998; sin embargo, este
fue declarado nulo a través de sentencia de 25 de septiembre de 2001 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda – Sala de Conjueces32
76. Ahora bien, como lo señala la misma sentencia de 14 de diciembre de 201133
«[…] muchos Magistrados demandaron a la Rama Judicial para que se les
reconociera el pago de sus salarios en el mencionado porcentaje, obteniendo fallos
favorables, cosa que llevó al Gobierno Nacional, a adoptar un mecanismo que
frenara tantas condenas, y fue así como el día 3 de diciembre de 2004, expidió el
decreto 4040, creando una bonificación por gestión judicial, también con carácter
permanente, que sumada a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale,
a partir de la vigencia fiscal de 2001, el 70% que por todo concepto devenguen los
Magistrados de las Altas Cortes, la cual se pagaría mensualmente».
77. El mencionado Decreto 4040 de 2004 señaló que esta bonificación, sumada a
los demás ingresos laborales de dichos funcionarios, sería igual al 70% de lo
devengado por los magistrados altas Cortes, también indicó en el parágrafo 1.° de
artículo 1.°34 que la bonificación por gestión judicial era incompatible con la
bonificación por compensación al señalar:
«Los funcionarios descritos en el presente artículo, tendrán derecho a percibir única
32 Conjuez ponente: Álvaro Lecompte Luna.
33 Dictada por la Sala de Conjueces, dentro del proceso 11001-03-25-000-2005-0244-01.
34 «Artículo 1°. A partir de la vigencia del presente Decreto, créase una Bonificación de Gestión Judicial, con
carácter permanente, que sumada a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale al setenta por
ciento (70%) de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados de las Altas Cortes, para los funcionarios
de la Rama Judicial, incluida la Fiscalía General de la Nación, y el Ministerio de Defensa Nacional, que a partir
de la misma fecha se vinculen al servicio en los empleos que se señalan a continuación:
Magistrados de Tribunal y Consejo Seccional
Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar
Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes
Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado Fiscales Delegados ante Tribunales de
Distrito Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia
Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial
Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
Igualmente, tendrán derecho a esta Bonificación de Gestión Judicial quienes ingresen, con posterioridad a la
publicación de este Decreto, a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera
permanente como Agentes del Ministerio Público ante los Magistrados de Tribunal a que se refiere el presente
artículo.
La Bonificación de Gestión Judicial, pagadera mensualmente, solo constituirá factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y hará parte integral del ingreso base de
liquidación debiendo cotizarse mensualmente sobre lo devengado, incluyendo esta Bonificación.
Para tener derecho a la Bonificación de Gestión Judicial, de que trata el presente artículo, los servidores
deberán reunir los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios para ejercer el respectivo cargo.
[…]».
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y exclusivamente la Bonificación de Gestión Judicial en los términos del presente
artículo».
78. Sin embargo, el Decreto 4040 de 2004 fue declarado nulo por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia proferida el
14 de diciembre de 2011, providencia que acogió el criterio expuesto en sentencia
proferida 7 de julio de 2011, en la cual se indicó que, en virtud del Decreto 610 de
199835, los destinatarios de esta norma tienen derecho a una bonificación por
compensación que, a partir del 1.° de enero de 2001, debe ser equivalente al 80%
de lo que por todo concepto perciban los magistrados de Altas Cortes.
79. Por lo tanto, a partir de la firmeza de la anterior providencia judicial (27 de enero
de 2012), nuevamente recobró vigencia el Decreto 610 de 1998 y se restableció el
derecho a la bonificación por compensación la cual debe igualar al 80% de todo
lo devengado por los Magistrados de Altas Cortes.
80. Es de anotar que mediante Decreto 1102 de 2012 se creó la bonificación por
compensación de carácter permanente en un 80% de lo que devenga por todo
concepto un magistrado de Alta Corte. Y en su artículo 2.° estableció que como
consecuencia de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, los
servidores que venían percibiendo la bonificación de gestión judicial percibirán, a
partir de la fecha de ejecutoria de dicha sentencia, la bonificación por compensación
en los mismos términos y condiciones señaladas para su reconocimiento en el
artículo 1° del presente decreto.
81. Adicionalmente, respecto del artículo 1.º del Decreto 610 de 1998, la Sala de
conjueces de esta Sección36 consideró que es claro cuando dispone que esta
bonificación37 solo constituirá factor salarial para efectos de determinar las
35 Dicho decreto creó a favor de los Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejos Seccionales de la
Judicatura y demás cargos equivalentes, una Bonificación por Compensación, como un “ajuste a los ingresos
laborales que iguale al sesenta por ciento (60%) de lo que por todo concepto devenguen” los Magistrados del
Atas Cortes, además, se indicó que para la siguiente vigencia fiscal, esta igualaría al 70% y en la tercera
vigencia, se igualaría el 80% de lo que percibieran estos funcionarios.
36 Consejo de Estado. Sentencia de 23 de mayo de 2018. Radicación: En esta providencia se señaló que el
inciso 2.° del artículo 1.° del Decreto 610 de 1998 es claro cuando ordena que: «La Bonificación por
Compensación sólo constituirá factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los Magistrados de las Altas
Cortes», por lo que: «Como se observa, no sólo la norma sino la jurisprudencia resultan claras para dilucidar
la alzada, en el sentido que la Bonificación por compensación solo constituye factor salarial para efectos
de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes […]». En igual sentido se pronunció la
sentencia de 23 de mayo de 2018. Radicación: 1104-2015. Demandante: Darío Ignacio Estrada Sanín.
Demandado: Nación - Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial. Conjuez ponente: Jorge Iván Acuña Arrieta.
37 La Corte Constitucional en la sentencia C-244 de 22 de abril de 2013 con ponencia del conjuez Diego
Eduardo López Medina, estimó que: «Para ejecutar este nuevo esquema de nivelación salarial, la "prima
especial" de la Ley 4a pasó a denominarse "Bonificación por compensación" y se aclaró en el artículo 1º del
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pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en los mismos términos de la prima
especial de servicios de los magistrados de las Altas Cortes.
82. Además, en sentencia de unificación de 2 de septiembre de 2019, la misma
Sala de Conjueces señaló que en virtud del Decreto 610 de 1998 «[…] los ingresos
laborales de sus destinatarios a partir del año 2001 serían iguales al ochenta por
ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados
del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, con lo cual se encuentran ya
ajustados y nivelados los salarios entre magistrados de altas cortes y magistrados
de tribunales y similares. Expresado en otras palabras, el 80% de la bonificación
por compensación para los magistrados y cargos homologados es un límite que no
puede ser superado con el reconocimiento de la prima especial de servicios ni de
ningún otro beneficio económico laboral».
3.4. Lo acreditado en el proceso
83. En este caso se encuentra probado que el actor nació el 1.° de mayo de 1951
de conformidad con la copia de la cédula de ciudadanía38.
84. Se probaron además los siguientes tiempos de servicios laborados por el
demandante39, siendo su último cargo desempeñado como procurador judicial II
penal de Medellín40:
Entidad donde laboró Desde Hasta
Rama Judicial 01/09/1971 30/10/1995
Procuraduría 01/11/1995 30/11/2009
General de la Nación
85. Así mismo según la Resolución 035851 de 28 de febrero de 2012 se tiene que
el retiro definitivo del servicio ocurrió el 1.° de diciembre de 2009. De acuerdo con
ello se tiene que acreditó un tiempo total de servicios de 38 años y 3 meses,
equivalente a 13.770 días.
86. Es de anotar que en esta Resolución 035851 de 28 de febrero de 2012 por la
cual se le reliquidó la pensión de jubilación a la luz del Decreto 546 de 1971 y donde
se atendió al último año de prestación de servicios (2009) no se incluyó ni la
bonificación por compensación ni la bonificación por gestión judicial, como se
aprecia a continuación:
Decreto 610 que sólo constituía factor salarial para las pensiones, tal y como ya se había afirmado en la Ley
332/96».
38 Índice 57 expediente digital, ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), pág. 69 de SAMAI.
39 Tiempos de servicio que no se encuentran en discusión.
40 Índice 57 expediente digital, ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), Ref. pág. 9 de SAMAI.
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87. Ahora bien, conforme al certificado expedido por el jefe de la División de Gestión
Humana de la Procuraduría General de la Nación de 21 de junio de 201241, se tiene
que percibió bonificación por compensación, desde 1999 a 2009:
41 Ibidem. Folios 59 y s.s.
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88. Igualmente, en el certificado expedido el 2 de julio de 200942, el jefe de la
División de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación señaló que
en el periodo comprendido entre el 1.° de agosto de 2007 y julio de 2009, devengó:
• Básico mensual, gastos de representación, prima de antigüedad, prima
especial de servicios, bonificación judicial, prima de capacitación, prima
ascensional, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de servicios,
bonificación por servicios.
89. Igualmente, según certificación de 6 de diciembre de 201043 el jefe de la División
de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación indicó que por
concepto de bonificación por gestión judicial se le realizaron los siguientes
pagos:
«[…]
[…]».
90. Finalmente se allegó copia de relación de devengados y deducibles44 por
funcionario con fecha de expedición 9 de diciembre de 2010, en el que se señala
que se realizaron pagos por «BONIFICACION JUDICIA» y «DIF. BONIF. JUDIC.» las
siguientes sumas:
42
Ibidem Folio 61 y s.s.
43 Ibidem folio 63.
44
Ibidem. Folio 64.
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91. Ahora bien, el 12 de julio de 2012 el actor solicitó ante la UGPP la reliquidación
de su pensión de jubilación45.
92. Mediante Resolución RDP 016346 del 21 de noviembre de 201246 la entidad
negó su solicitud refiriéndose a la bonificación por servicios prestados, y la
improcedencia de su inclusión en la liquidación pensional en un 100% de lo
percibido.
93. Por Resolución RDP 007174 del 18 de febrero de 201347, se confirmó la
anterior decisión. Así mismo, se agregó que el factor de bonificación por gestión
judicial no se encontraba certificado ni se evidenciaba su pago, conforme a la
certificación que reposaba en el cuaderno administrativo, y que si bien se había
allegado un desprendible de que fue pagada una suma por bonificación por gestión
judicial en el año 2004 no era un documento idóneo para reliquidar la prestación.
94. Las anteriores decisiones fueron confirmadas mediante la Resolución RDP
008155 del 21 de febrero de 201348.
3.3.3. Análisis de la Sala.
95. Los documentos relacionados en el acápite precedente dan cuenta de las
siguientes situaciones particulares de este caso:
96. Como ya se indicó, el señor Plinio de la Cruz Posada Echavarría se encontraba
amparado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por cuanto al 1.° de
abril de 1994 contaba con más de 42 años de edad, dado que nació el 1 de mayo
de 1951.
97. Además, ingresó a la Rama Judicial antes de la entrada en vigor de la norma y
laboró de forma ininterrumpida desde el 1.° de septiembre de 1971 al 30 de octubre
45 Asi se indica en la página 15 del Índice 57 expediente digital, D_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf),
de SAMAI.
46 Índice 57 expediente digital, ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), pág. 15-18 de SAMAI
47 Índice 57 expediente digital, ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), pág. 26-31 de SAMAI
48 Índice 57 expediente digital, ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), pág. 20-24 de SAMAI
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de 1995 y en el Ministerio Público del 1.° de noviembre de 1995 al 30 de noviembre
de 2009, por lo que laboró en total 38 años y 2 meses.
98. Esto indica que se configuró su estatus pensional el 1.° de mayo de 2006
cuando acreditó los 55 años de edad.
99. Si bien en un principio, al expedirse la Resolución 021169 de 16 de mayo de
2008 la Caja Nacional de Previsión Social reconoció la pensión de jubilación al tenor
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 con lo que liquidó la pensión con el 75% del
promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 10 años, comprendidos
entre el 1.° de enero de 1997 y el 30 de julio de 2007 y entre los factores se aprecia
la inclusión de la bonificación por compensación devengada desde el año 1999 y
hasta 2007, fecha para la cual ascendió a la suma de $7´922.041.
100. Sin embargo, la reliquidación pensional plasmada en la Resolución UGM
035851 del 28 de febrero de 201249 se efectuó a la luz del Decreto 546 de 1971,
con la aplicación integral del artículo 6.°. Allí se aplicó el «75% de la asignación
mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio», por
ello la entidad atendió al año 2009 dado que su retiro del servicio ocurrió el 1.° de
diciembre de 2009.
101. Las pruebas allegadas nos dan cuenta que el demandante no dejó de percibir
la bonificación por compensación como da cuenta el certificado expedido por el
jefe de la División de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación de
21 de junio de 201250, donde se indica que su pago se produjo desde 1999 a 2009.
En este último año de servicios la bonificación por compensación ascendió a la
suma mensual $8´428.056.
102. Sin embargo, las pruebas arriba señaladas51 también nos indican que en el
mes de marzo de 2005 al demandante se le cancelaron unas sumas
adicionales por concepto de bonificación por gestión judicial en virtud de lo
señalado en el Decreto 4040 de 3 de diciembre de 2004. Esto correspondiente a
los años 2000 a 2004. Igualmente se indicó que a partir del año 2005 la bonificación
por gestión judicial se veía cancelando anualmente por nómina.
103. Sin embargo, en el citado certificado expedido por el jefe de la División de
Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación de 21 de junio de 201252
no se hace alusión a algún pago por bonificación por gestión judicial, por lo que no
49 Índice 57 expediente digital, ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), pág. 8-13 de SAMAI.
50 Ibidem. Folios 59 y s.s.
51
Certificación de 6 de diciembre de 2010 el jefe de la División de Gestión Humana de la
Procuraduría General de la Nación, Ibidem folio 63
52 Ibidem. Folios 59 y s.s.
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puede entenderse que en el año base de liquidación, sino que, fue la bonificación
por compensación la que se pagó desde 1999 hasta 2009.
104. Ahora bien, en este caso el demandante pretendió la reliquidación pensional
con «el 75% de la Bonificación de Gestión Judicial del año 2004 que fue creada
y reconocida según el Decreto 4040 de diciembre 3 de 2004 y cancelada en el mes
de Marzo de 2005 en conformidad con el Decreto 610 de 1998, así como las Leyes
10 de 1987 y 63 de 1988. […]. La citada pensión debe ser de $14.251.021.oo (sic)
partir del 01 de diciembre de 2009, incluyendo en dicha liquidación el 75% de la
Bonificación de Gestión Judicial del año 2004 que fue creada y reconocida según
el Decreto 4040 de diciembre 3 de 2004 y cancelada en el mes de marzo de
2005»53.
105. Es de aclarar que a la luz de la aplicación integral del Decreto 546 de 1971,
como le fue reconocido su derecho pensional por parte de Cajanal, que se
encontraba vigente en la fecha en que culminó la actuación administrativa de
reconocimiento pensional, se tiene que el año base de liquidación pensional es el
comprendido entre el 30 de noviembre de 2008 y el 1.° de diciembre de 2009.
106. Por ello, no es dable que sean incluidas en la liquidación pensional las sumas
que el actor percibió por concepto de bonificación por gestión judicial en los años
2004 a 2005 dado que no hacen parte del año base de liquidación pensional, 2009.
107. Asimismo, la PGN hizo un pago por concepto de bonificación por gestión
judicial en los años 2000 a 2005 y si bien señaló que continuó pagando ese factor
mensualmente, la certificación expedida por la misma entidad en el año 2012 no da
cuenta de que el pago del citado factor continuó hasta diciembre de 2009, por lo
que no se puede tener por probado que sí lo devengó en el año base de liquidación.
108. Lo que si se advierte es que, el actor percibió de forma continua desde 1999
y hasta 2009 la bonificación por compensación, pero esta no fue incluida en la
liquidación pensional que se efectuó en la Resolución UGM 035851 del 28 de
febrero de 201254.
109. Esto pese a que la Procuraduría General de la Nación le continuó pagando la
bonificación por compensación en el año base de liquidación ( 2009).
110. En este sentido, a partir del amplio desarrollo normativo55 que rodeó las
bonificaciones por compensación y por gestión judicial, así como de la evolución
53
Negrilla adicional.
54 Índice 57 expediente digital, ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), pág. 8-13 de SAMAI.
55 El Decreto 610 de 1998 y en su artículo 1 creó la bonificación por compensación, equivalente al 80% de lo
que por todo concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes. Dicho decreto fue derogado por el
Decreto 2668 de 1999, el cual fue posteriormente anulado por esta Corporación en sentencia del 25 de
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jurisprudencial de esta Corporación que condujo a que, a partir del año 2012,
recobrara vigencia la bonificación por compensación, se infiere que, cuando el actor
reclamó en dicho año la reliquidación de su pensión con la inclusión de la
bonificación por gestión judicial, en realidad hacía referencia a la bonificación por
compensación. Lo anterior, por cuanto, como lo estableció en su momento el
Decreto 4040 de 2004, ambas bonificaciones eran incompatibles entre sí, de
manera que el servidor solo podía devengar una u otra. En esa medida si solo
devengó la bonificación por compensación en el año base de liquidación, esta es la
que debió incluirse en la pensión de jubilación.
111. Ahora bien, en primera instancia se declaró la nulidad de los actos
demandados y, como consecuencia de ello, se ordenó a la entidad reconocer y
pagar la reliquidación de la pensión de jubilación del demandante «con la
asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de
servicio, incluyendo en esta el 10% del valor devengado a título de bonificación por
gestión judicial que corresponda a dicha mensualidad».
112. No obstante, comoquiera que el demandante no devengó la bonificación por
gestión judicial en el año base de liquidación (2009), se advierte la necesidad de
modificar dicha decisión, en el sentido de ordenar que la inclusión recaiga sobre la
bonificación por compensación efectivamente percibida por el actor durante el
referido período y en el porcentaje fijado por el a quo (10%). Lo anterior, en la
medida en que no resulta posible alterar el porcentaje reconocido por el tribunal, en
observancia del principio de la non reformatio in pejus, habida cuenta de que la
entidad demandada ostenta la condición de apelante única.
113. En estos términos se impone confirmar parcialmente la sentencia dictada el 12
de febrero de 2016, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia-
Sala Primera de Oralidad56, accedió a las pretensiones de la demanda, salvo su
numeral segundo para ordenar la reliquidación pensional con la inclusión del 10%
de la bonificación por compensación efectivamente percibida por el actor en una
mensualidad del año 2009, de conformidad con lo señalado en la parte motiva.
114. Se confirmará en lo demás la sentencia apelada dado que no fueron objeto de
apelación los demás aspectos de la decisión.
septiembre de 2001, recobrando la vigencia el Decreto de 1998. Luego, a través del Decreto 4040 de 2004 se
creó una bonificación de gestión judicial, que sumada a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale
al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes. La
norma dispuso que solo podrían acceder a esta quienes hubieren adelantado acciones judiciales y desistieran
de las demandas, o hubiere efectuado reclamación y firmaran contratos de transacción. Además, estableció
su incompatibilidad con la bonificación por compensación. Esta Corporación mediante la sentencia de
fecha 14 de diciembre de 2011 declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, dejando únicamente vigente el
Decreto 610 de 1998, el cual fue posteriormente modificado por el Decreto 1102 de 2012 que creó la
bonificación por compensación de carácter permanente en un 80% de lo que devenga por todo concepto un
magistrado de Alta Corte.
56 Con ponencia del entonces magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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3.5. Condena en costas.
115. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
116. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
117. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
118. En este contexto, en el caso concreto procede la condena en costas, toda vez
que las peticiones del recurso de apelación no están siendo concedidas. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
119. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO.- Avocar conocimiento del presente asunto, conforme a las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el consejero
Jorge Iván Duque Gutiérrez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
TERCERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 12 de febrero
de 2016, por medio la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Oralidad, accedió a las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Plinio
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Demandante: Plinio de la Cruz Posada Echavarría
de la Cruz Posada Echavarría en contra de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, salvo el
numeral segundo, que se modifica en los siguientes términos:
«SEGUNDO: Como restablecimiento del derecho CONDENAR a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP, a reconocer y pagar la
reliquidación de la pensión de jubilación del demandante con la asignación mensual
más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio, incluyendo en
esta el 10% del valor devengado a título de bonificación por compensación que
corresponda a dicha mensualidad, suma que deberá actualizarse con los
incrementos anuales de ley de manera indexada. Se advierte que el monto de la
pensión no podrá superar el tope legal».
CUARTO.- CONDENAR en costas de segunda instancia a la entidad demandada.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
QUINTO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI» y en
esta providencia se decide el fondo del asunto.
SEXTO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI
del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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