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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00462-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00462-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Revocar la sentencia proferida el 17 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por la Ugpp contra Mercedes Urrea Parra, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y en su lugar se dispone: Segundo. Negar las pretensiones de la demanda. Tercero. No condenar en costas. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Aclaración de voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024) JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado Electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. DMGT 31

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2021-00462-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

6 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00462-01 (3741-2024)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Mercedes Urrea Parra

Tema: Pensión gracia. Tiempos válidos para el
reconocimiento

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 17 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. La Ugpp presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 014774 del 12 de diciembre de 1995, a
través de la cual la Caja Nacional de Previsión Social3 reconoció y ordenó el pago
de una pensión gracia a favor de Mercedes Urrea Parra, sin que hubiera prestado
su servicio como docente con vinculación nacional.

1 En adelante Ugpp.
2 En adelante CPACA.
3 En adelante Cajanal.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00462-01 (3741-2024)
Demandante: Ugpp

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) la declaratoria de que a Mercedes Urrea Parra no le asistía el derecho al
reconocimiento y pago de la pensión gracia; ii) la devolución de las sumas pagadas
«de manera indebida» con ocasión del reconocimiento de la prestación; iii) la
actualización del valor de la condena, de conformidad con el artículo 187 del
CPACA; iv) el reconocimiento y pago de los intereses comerciales y moratorios, en
virtud del artículo 192 ibidem; y v) la condena en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Mercedes Urrea Parra nació el 9 de julio de 1944 y desde el 27 de noviembre
de 1961 prestó los siguientes servicios como docente:

Acto Tipo de
Entidad Novedad Desde Hasta
administrativo vinculación
Secretaría de 27 de 30 de
Decreto 0811 de
Educación del Valle Nombramiento Nacionalizado noviembre octubre de
1961
del Cauca de 1961 1965
Resoluciones
Ministerio de 4064 del 29 de
1° de 1° de
Educación Nacional- noviembre de
Nombramiento Nacional noviembre septiembre
Normal Nacional de 1965 y 5734 del 7
de 1965 de 2004
Señoritas de Cali de octubre de
1971

3.2. A través de la Resolución 014774 del 12 de diciembre de 1995, Cajanal le
reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia, en cuantía equivalente a
$360.653,25, efectiva a partir del 9 de julio de 1994.

3.3. En cumplimiento de la sentencia de tutela proferida el 29 de noviembre de 2004
por el Juzgado 1° Penal del Circuito de Bogotá, Cajanal expidió la Resolución 10354
del 3 de abril de 2007, por la cual reliquidó la prestación con la inclusión de nuevos
factores salariales. Dicho acto fue adicionado y modificado por la Resolución
UGM042384 del 12 de abril de 2012.

3.4. Mediante la Resolución RDP016595 del 16 de julio de 2020, la Ugpp dio
cumplimiento a la sentencia del 4 de marzo de 2020, proferida por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y, en consecuencia, dejó sin
efectos las resoluciones 10354 del 3 de abril de 2007 y UGM042384 del 12 de abril
de 2012.

2

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Demandante: Ugpp

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 6, 121, 123 y 148 de la Constitución
Política; 236, 237 y 238 de la Ley 1437 de 2011, y las leyes 114 de 1913, 116 de
1928, 37 de 1993 y 91 de 1989.

5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos 4:

5.1. Elreconocimiento pensional de la docente demandada no cumplió con los
requisitos previstos por la ley, toda vez que, la mayor parte del tiempo, su
vinculación fue del orden nacional.

5.2. El tiempo de servicios del orden territorial no le permitía alcanzar el requisito de
los 20 años que exige la norma para acceder al beneficio pensional.

5.3. Si bien acreditó la prestación del servicio con anterioridad al 31 de diciembre de
1980, su vinculación laboral no resultaba apta para acceder a la prestación, toda
vez que el carácter nacional de las instituciones en las que laboró se tornan
incompatibles con la naturaleza de la pensión gracia.

1.2. Contestación de la demanda

6. Mercedes Urrea Parra se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las
razones que se expresan a continuación5:

6.1. Para la época en que se le reconoció la prestación (en el año 1995), la
jurisprudencia del Consejo de Estado, de manera pacífica, garantizaba que «algunos
docentes nacionales tenían derecho a la pensión gracia», particularmente, los profesores
de escuelas normales. Posición que solo vino a cambiar a partir de la sentencia S-
699 de 1997, al considerar que la norma solo habilitaba a los docentes
departamentales, regionales o municipales que fueron incluidos en el proceso de
nacionalización de la educación.

6.2. Con la declaratoria de nulidad de los actos demandados, la entidad pretendió la
aplicación retroactiva de un precedente judicial, «algo que es restringido, incluso para
las leyes».

4 Samai Tribunal, índice 3, 3EXPEDIENTEDIGITAL_003PODERANEXOSYDEMANDA2(.PDF)
NroActua 3, folios 221 al 239.
5 Samai Tribunal, índice 18,
22_CONTESTACIONDEDEMANDA_RESPUESTA_DEMANDA_RD(.ZIP) NroActua 18,
RespuestaDemanda.pdf.

3

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Demandante: Ugpp

6.3. La prestación reconocida se constituye en un derecho adquirido, toda vez fue
legalmente otorgada y pagada desde hace más de 35 años. Además, su
reconocimiento y pago estuvo precedido por los postulados de la buena fe y acorde
con la posición jurisprudencial vigente.

6.4. Si bien existe una condena penal por el delito de prevaricato en contra de Néstor
Gilberto Amaya Barrera, por irregularidades en los trámites relacionados con la
sentencia de tutela del 29 de noviembre de 2004, proferida por el Juzgado 1° Penal
del Circuito de Bogotá, lo cierto es que jamás tuvo conocimiento de los hechos que
dieron lugar a dicha sanción, pues para el año 2004 fue contactada por «una oficina
jurídica que le ofreció tramitar la reliquidación de su pensión gracia sin conocer exactamente
las gestiones realizadas por dichos profesionales» (sic).

6.5. Aunado a lo anterior, no se demostró que tuviera la calidad de docente nacional,
pues los únicos documentos allegados por la Ugpp para asegurar que su vinculación
fue del orden nacional corresponden a las certificaciones electrónicas (CETIL) en
las que «textualmente se lee que los recursos mediante los cuales se financiaron los
salarios» eran de carácter nacionalizado.

6.6. Propuso las excepciones de: i) legalidad del acto demandado; ii) «imposibilidad
de aplicación retroactiva al caso concreto de cambio de posición jurisprudencial del Consejo
de Estado respecto de la pensión gracia» (sic); iii) inexistencia de prueba que
demostrara la calidad de docente nacional de la demandada; y iv) buena fe.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia proferida el 17 de abril
de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en
costas a la parte demandada. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los
preceptos legales y jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente6:

7.1. De acuerdo con el material probatorio se evidencia que Mercedes Urrea Parra
se vinculó como docente así:

7.1.1. Desde el 27 de noviembre de 1961 hasta el 6 de enero de 1965, en el Centro
Docente 602, Rosa Zarate Peña del corregimiento de San Antonio en calidad de
docente nacionalizada.

7.1.2. Desde el 7 de enero de 1965 hasta el 31 de octubre de 1965 en la Escuela 2,

6 Samai Tribunal, índice 54, 62SENTENCIA_SO7600020210046200LE(.pdf) NroActua 54.

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Demandante: Ugpp

Manuela Beltrán del municipio de Jamundí en calidad de docente nacionalizada.

7.1.3. Desde el 1° de noviembre de 1965 hasta el 3 de diciembre de 2003 en la
Escuela Normal de Señoritas en calidad de docente nacional.

7.1.4. Desde el 4 de diciembre de 2003 hasta el 1° de septiembre de 2004 en la
Institución Educativa Normal Superior de Santiago de Cali en calidad de docente
nacionalizada.

7.2. Lostiempos computables para que fuera acreedora de la pensión gracia
correspondían a los trascurridos entre: el 27 de noviembre de 1961 y el 6 de enero
de 1965 (3 años, 1 mes y 10 días); el 7 de enero y el 31 de octubre de 1965 (9
meses y 24 días); y del 4 de diciembre de 2003 al 1° de septiembre de 2004 (8
meses y 28 días). De ahí que, no se hubiesen acreditado los 20 años de servicio en
calidad de docente nacionalizada o territorial requeridos por la norma para el
reconocimiento de la pensión gracia.

7.3. El beneficio pensional fue percibido de buena fe, toda vez que el error en el
reconocimiento no era atribuible a la demandada.

7.4. Por último, con fundamento en los artículos 188 del CPACA, 365 y 366 del CGP,
condenó en costas a la parte demandada.

1.4. El recurso de apelación

8. Mercedes Urrea Parra interpuso recurso de apelación, el cual sustentó así7:

8.1. El a quo desconoció que la prestación fue reconocida con fundamento en la
tesis jurisprudencial vigente para la época (1995), según la cual, a partir de las leyes
116 de 1928 y 37 de 1933, a algunos docentes del orden nacional les fue extendida
la pensión gracia. En igual sentido lo reconoció la Corte Constitucional en las
sentencias C-479 de 1998 y C-084 de 1994, que en lo relevante dispuso que «[e]l
derecho a la pensión establecida por la Ley 114 de 1913, se extendió luego a los
inspectores de instrucción pública y a los empleados y profesores de las Escuelas
Normales, primero; y, más tarde, por haberlo dispuesto así la Ley 37 de 1933, el derecho a
la pensión aludida se extendió, también, a los docentes de secundaria».

8.2. Los cambios jurisprudenciales no están en la capacidad de afectar las
situaciones jurídicas consolidadas, que por virtud del principio de seguridad jurídica

7 Samai Tribunal, índice 58, 64_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua

58.

5

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Demandante: Ugpp

resultan inmodificables. El a quo pasó por alto analizar en su decisión si el cambio
jurisprudencial acaecido a partir del año 1997 estaba en la capacidad de generar
efectos sobre situaciones jurídicas que para ese momento ya se encontraban
configuradas o consolidadas a través de un acto administrativo en firme y
ejecutoriado desde 2 años atrás. Es decir, si el cambio de posición de una alta corte
acerca de un punto de derecho sujeto a interpretación genera efectos retroactivos y
está en capacidad de eliminar efectos jurídicos sobre situaciones ya consolidadas.

8.3. Sin estarlo, el tribunal dio por cierto que la docente tuvo la calidad de docente
nacional, toda vez que los únicos documentos allegados por la Ugpp para asegurar
que su vinculación fue de orden nacional correspondían a las certificaciones
electrónicas (CETIL).

1.5. Pronunciamientos en segunda instancia

9. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar8.

1.6. El Ministerio Público

9.1. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto9.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

10. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 10, el
problema jurídico se contrae a determinar ¿si el acto administrativo que reconoció
la pensión gracia a Mercedes Urrea Parra se encuentra viciado de nulidad por
acceder al beneficio de la pensión gracia sin el cumplimiento de los requisitos
previstos en Ley 114 de 1913 y demás normas que la regulan?

8 Tal y como se indicó en el auto del 30 de agosto de 2024. Índice 4 de Samai.
9 Así se desprende del informe secretarial del 13 de noviembre de 2024. Índice 9 de Samai.
10 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el

artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.

6

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Demandante: Ugpp

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. En torno a la pensión gracia

11. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto
determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.

12. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 191311 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.

13. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicios en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.

12
14. En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación señaló que
«el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los
profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que
recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque,
en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los
municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación».

11 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11-S2 del 21 de

junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

7

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13
15. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 y 37 de 193314, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.

16. Al respecto, en sentencia del 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena
de esta Corporación, fijó algunos lineamientos relevantes sobre la pensión, así15:

«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión
es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe ‹Que no ha recibido ni recibe
actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional›. (En este aparte de la
providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).

Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia no
puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación
por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo
tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o
regionales».

17. Sin embargo, con el proceso de nacionalización de la educación que instituyó la
Ley 43 de 197516 y en línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 198917,
en la referida providencia de unificación se afirmó que la pensión gracia, debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «colmar las expectativas de
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».

18. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

13 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
14 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos

empleados».
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de

1997, radicado No. S-699.
16 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando

los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se
distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
17 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

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Demandante: Ugpp

Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo

Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones

Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag

Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag

19. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.

20. Enefecto, la Ley 60 de 199318 asignó la administración de los servicios
educativos estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los

18 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con

los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]

9

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Demandante: Ugpp

provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los
departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal
docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubiesen realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del señalado
fondo.

21. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de
los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta
especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja19, lo que se traduce
en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial
ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER),
creados por el Decreto 3157 de 196820, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
distritos21 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de
199422 (artículo 179, literal d).

22. Sinembargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían del
situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.

23. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se

Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
19 Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.

Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»
20 «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo

de la Nación»
21 Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
22 «Por la cual se expide la ley general de educación»

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reglamentó con el Decreto 196 de 199523, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:

23.1. Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego del
situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su afiliación.

23.2. Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres
grupos, a saber:

23.2.1. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así
como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa
de las entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan
efectuado los correspondientes aportes.

23.2.2. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el
Ministerio de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del
nivel territorial. Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva
entidad territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente
convenio de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los
respectivos convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con
cargo al situado fiscal.

23.2.3. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados
con recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.

24
24. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
, en la sentencia
25
SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018 se afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «colmar las expectativas de
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».

26
25. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 2000 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que

23 «Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo

176 de la Ley 115 de 1994»
24 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
25 Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
26 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.

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no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.

26. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que
la jurisprudencia de la Sala27 ha señalado:

«Sobre los tiempos nacionales.

La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.

Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198928 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los

27 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
28 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

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ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» [Se resalta]

27. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201829, así:

«(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o del -situado
fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial».

28. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202230 indicó:

«[L]a línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente

29 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado

15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».31

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989». [Se resalta]

29. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicio en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los tiempos laborados
con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.

31 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-

03-15-000-2019-02219-01 (AC).

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2.2.2. Efectos en el tiempo de las sentencias de unificación proferidas por el
Consejo de Estado

30. Por regla general, en atención a los principios de equidad, igualdad y de las
normas de conformidad con los cambios sociales, políticos, económicos y
culturales, así como por la necesidad de superar situaciones que afectan el valor de
la justicia32, respecto de las sentencias que unifican su jurisprudencia, esta
Corporación ha conferido efectos de aplicación inmediata a todos los procesos que
se encuentren en curso y en los que se pretenda la aplicación de la normativa que
fue objeto de interpretación33, esto es una aplicación retrospectiva de sus
decisiones.

31. No obstante, de manera excepcional en aquellos casos en los cuales se puedan
ver restringidos los derechos de acceso a la administración de justicia o aquellos
adquiridos o fundamentales de las partes, se ha previsto la necesidad de dar efectos
prospectivos en aquellos casos en los que las partes hayan fundado sus
pretensiones o su resistencia de manera exclusiva en el procedente vigente al
momento de acudir ante la jurisdicción y dicho fundamento no se haya cuestionado
en el trámite del proceso34. Así las cosas, aun cuando la regla general de aplicación
de la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado ha sido la de los efectos
retrospectivos, resulta necesario analizar en cada caso concreto y de manera
extraordinaria el fenómeno de la prospectividad del precedente.

2.3. Caso concreto

32. En el expediente se encuentra demostrado lo siguiente:

2.3.1. En torno a la aptitud legal para el reconocimiento de la pensión gracia

32.1. Mercedes Urrea Parra nació el 9 de julio de 194435.

32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de unificación de 27

de marzo de 2007 (IJ). radicado 76001-23-31-0002000-02513-01.
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 28 de agosto de

2018, radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de marzo de

2007, radicación: 76001-23-31-000-2000-02513-01 (IJ). De la Sección Segunda, sentencia del 18 de
julio de 2018, radicación: 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15) SUJ-012-S2. Ver también:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 25 de septiembre de 2017, radicación
08001233300020130044-01.
35 Registro civil de nacimiento, visible en samai Tribunal, índice 3,
2EXPEDIENTEDIGITAL_002PODERANEXOSYDEMANDA1(.PDF) NroActua 3, folio 57.

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32.2. El gobernador del Valle del Cauca la nombró en la «Escuela Rural # 602 Rosa
Zarate de Perea (JAL Antonio)», en calidad de directora «en remplazo de Alicia Muñoz
de Valencia», mediante el Decreto 0811 del 20 de noviembre de 196136, cargo del
cual tomó posesión el 27 de ese mes y año ante el alcalde de Jamundí37.

32.3. Según el certificado expedido el 10 de mayo de 1994, la docente laboró en el
cargo de directora del «Centro Docente 602, Rosa Zarate de Perea (…) desde
noviembre 27/61, hasta noviembre 15/62» y como seccional «desde noviembre 16/62,
hasta enero 6/65»38.

32.4. Entre el 7 de enero y el 31 de octubre de 1965, prestó sus servicios como
«maestra seccional en la escuela No. 2 Manuela Beltrán» del municipio de Jamundí39.

32.5. De acuerdo con la información contenida en el Certificado de Tiempo de
Servicio 2.95.JUB.DPTAL, expedida el 2 de junio de 1994 por la Secretaría de
Educación Departamental, Planta de Cargos Personal Docente Administrativo FER,
del Valle del Cauca, la docente acumuló un total de 3 años, 11 meses y 4 días, por
el servicio prestado al departamento «en primaria» del 27 de noviembre de 1961 al
30 de octubre de 196540.

32.6. Por medio de la Resolución 4064 del 29 de noviembre de 1965, el Ministerio de
Educación Nacional nombró a la demandante en el cargo de profesora de
enseñanza primaria IV-7- en la Escuela Anexa municipal de señoritas de Cali; cargo
del cual tomó posesión el 9 de diciembre de ese año ante el gobernador del
departamento del Valle del Cauca41.

32.7. A través de la Resolución 5374 del 7 de octubre de 1971, el Ministerio de
Educación Nacional nombró a la docente en el cargo de profesora de secundaria en

36 Samai Tribunal, índice 3, 3EXPEDIENTEDIGITAL_003PODERANEXOSYDEMANDA2(.PDF)
NroActua 3, folios 105 al 107.
37 Ibidem, folio 212.
38 Samai Tribunal, índice 18,
22_CONTESTACIONDEDEMANDA_RESPUESTA_DEMANDA_RD(.ZIP) NroActua 18,
22_760012333000202100462002CONTESTACIONDE20220113102615, Pruebas Dda.pdf, folio 3.
39 Según la certificación expedida por la directora de núcleo educativo de Jamundí, visible Samai

Tribunal, índice 18, 22_CONTESTACIONDEDEMANDA_RESPUESTA_DEMANDA_RD(.ZIP)
NroActua 18, 22_760012333000202100462002CONTESTACIONDE20220113102615, Pruebas
Dda.pdf, folio 4.
40 Ibidem, folio 5.
41 Según la información extraída del acta de posesión, visible en Samai del tribunal, índice 31,

41_RECIBEMEMORIALES_ACTOSADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 31, folio 1.

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la Normal de Señoritas de Cali, cargo del cual tomó posesión el 26 de ese mes y
año, ante el gobernador del departamento del Valle del Cauca42.

32.8. Según el acta de posesión 534-EDU del 4 de diciembre de 2003, la demandante
fue nombrada docente dependiente de la Secretaría de Educación de Cali 43.

32.9. Mediante la Resolución 2276 del 30 de agosto de 2004, el secretario municipal
de Cali le aceptó la renuncia al cargo de docente de la Institución educativa Normal
Superior los Farallones de Cali44.

2.3.2. En torno al reconocimiento pensional

32.10. El 2 de septiembre de 1994 Mercedes Urrea Parra solicitó a la Subdirección
de Prestaciones Económicas de Cajanal el reconocimiento de una pensión de
jubilación gracia45.

32.11. Con la Resolución 014774 del 12 de diciembre de 1995, Cajanal le reconoció
y ordenó el pago de la pensión reclamada. Al respecto tuvo en consideración que la
docente laboró un total de 11.751 días, que adquirió el estatus jurídico el 9 de julio
de 1994, y citó como normas aplicables las leyes 4ª de 1966, 33 de 1985, 62 de
1985 y 37 de 1933, artículo 3, y los decretos 81 de 1976, 1848 de 1969, 1045 de
1978 y 01 de 1984; Además, indicó los siguientes periodos y vinculación46:

Entidad Desde Hasta
Departamento del Valle del Cauca 11/27/1961 30/10/1965
Ministerio de Educación Nacional 11/11/1965 27/07/1994

32.12. En sentencia de tutela proferida el 29 de noviembre de 2004 por el Juzgado 1°
Penal del circuito de Bogotá se ordenó reliquidación de la pensión reconocida por
Cajanal, entre otros, a la docente, «conforme a lo consagrado en el artículo 36 de la ley
100 de 1993, en concordancia con el artículo 4° de la ley 4 de 1966, incluyendo todos los

42 Según la información extraída del acta de posesión, visible en Samai del tribunal,
índice 31,
41_RECIBEMEMORIALES_ACTOSADMINISTRATIVO(.pdf) NroActua 31, folio 2.
43 Samai del tribunal, índice 41, 41_RECIBEMEMORIALES_ACTOSADMINISTRATIVO(.pdf)

NroActua 31, folio 3
44 Samai Tribunal, índice 3, 3EXPEDIENTEDIGITAL_003PODERANEXOSYDEMANDA2(.PDF)

NroActua 3, folios 103.
45 Samai Tribunal, índice 3, 2EXPEDIENTEDIGITAL_002PODERANEXOSYDEMANDA1, NroActua

3, folios 52 a 56.
46 Samai Tribunal, índice 3, 2EXPEDIENTEDIGITAL_002PODERANEXOSYDEMANDA1, NroActua

3, folios 70 al 72.

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factores salariales, sin prescripción, junto con la respectiva indexación y la retroactividad de
la reliquidación»47.

32.13. En cumplimiento de lo anterior, Cajanal expidió la Resolución 10354 del 3 de
abril de 2007, por la cual reliquidó la prestación con la inclusión de nuevos factores
salariales48. Dicho acto fue modificado y adicionado por la Resolución UGM042384
del 12 de abril de 2012, toda vez que ordenó el pago de las diferencias que
resultaron entre lo reconocido en la Resolución 14774 y lo ordenado en la
Resolución 10354 en forma indexada49.

32.14. El 4 de marzo de 2020, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia confirmó parcialmente la sentencia proferida el 7 de octubre de 2019 por el
Tribunal Superior de Bogotá que condenó a Néstor Gilberto Amaya Barrera [en
calidad de juez primero penal del circuito de Bogotá] como autor del delito de
prevaricato por acción como consecuencia de la decisión proferida el 29 de
noviembre de 2004 por la cual concedió el amparo en forma definitiva de los
derechos fundamentales de los 2591 tutelantes, con lo que «usurpó la competencia
asignada a los jueces administrativos para conceder derechos pensionales, desconociendo
así lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución y 6° del Decreto 2591 de 1991 y la
jurisprudencia constitucional imperante para la época de los hechos (como la providencia
T-1083 de 2001)» y dejó sin efectos la sentencia de tutela proferida el 29 de
noviembre de 200450.

32.15. Mediante la Resolución RDP016595 del 16 de julio de 2020, la Ugpp dio
cumplimiento a la decisión anterior y, en consecuencia, dejó sin efectos las
resoluciones 10354 del 3 de abril de 2007 y UGM042384 del 12 de abril de 2012; e
incluyó en nómina la Resolución 14774 del 12 de diciembre de 199551.

2.4. Análisis sustancial

33. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió las pretensiones de la
demanda al considerar que la demandante no logró acreditar los 20 años de servicio
en calidad de docente nacionalizada o territorial como lo exigen la Ley 114 de 1913

47 Samai Tribunal, índice 3, 2EXPEDIENTEDIGITAL_002PODERANEXOSYDEMANDA1, NroActua

3, folios 78 a 186.
48 Samai Tribunal, índice 3, 2EXPEDIENTEDIGITAL_002PODERANEXOSYDEMANDA1, NroActua

3, folios 192 a 198.
49 Samai Tribunal, índice 3, 2EXPEDIENTEDIGITAL_002PODERANEXOSYDEMANDA1, NroActua

3, folios 217 a 222.
50 Samai Tribunal, índice 3, 3EXPEDIENTEDIGITAL_002PODERANEXOSYDEMANDA2, NroActua

3, folios 37 a 71.
51 Samai Tribunal, índice 3, 3EXPEDIENTEDIGITAL_002PODERANEXOSYDEMANDA2, NroActua

3, folios 213 a 215.

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y demás disposiciones que han venido regulando dicha prestación social, por lo que
no era posible el reconocimiento de la pensión gracia.

34. Por su parte Mercedes Urrea Parra solicitó la revocatoria de la sentencia al
considerar que el a quo desconoció que para la época en que se le reconoció la
prestación, esto es, en el año 1995, la jurisprudencia del Consejo de Estado, de
manera pacífica, extendió la pensión gracia a algunos docentes del orden nacional,
particularmente, a los profesores de escuelas normales. En consecuencia, los
cambios jurisprudenciales no tenían la capacidad de afectar una situación jurídica
consolidada hace más de 35 años.

35. Ciertamente, de las pruebas relacionadas en el acápite anterior, la Sala advierte
que, si bien Mercedes Urrea Parra acreditó su vinculación como docente
nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980 y la prestación de sus servicios a
favor de la Escuela Normal de Señoritas de Cali, lo cierto es que el tiempo laborado
como empleada del orden nacional no le permitía el derecho a percibir la pensión
gracia en los términos de la Ley 114 de 1913, por no demostrar los 20 años de
servicio en calidad de docente nacionalizado o territorial, requeridos por la norma
para tal fin.

36. No obstante, tal y como lo afirmó la recurrente, un sector de la jurisprudencia de
la Sección Segunda52, vigente para la época en que se expidió el acto de
reconocimiento pensional, expuesta entre otras en las sentencias del 20 de
noviembre de 199753 y del 29 de junio de 200054 indicaba que, de acuerdo con las
leyes 115 de 1928 y 37 de 1933, el beneficio de la pensión gracia era extensivo para
los docentes normalistas nacionales.

37. Lo anterior se fundaba en que, si bien la Ley 114 de 1913 creó la pensión gracia
en favor de quienes hubieran servido en el magisterio por más de 20 años, y que
tuvieran 50 años de edad, condicionada, entre otros, a que no hubiese recibido o
recibiera «otra pensión o recompensa de carácter nacional», lo cierto era que la Ley 116
de 1928 extendió ese derecho a los empleados y profesores de escuelas normales
e inspectores. En efecto, el artículo 6 de esta norma dispuso:

«Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores
de Instrucción Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la

52 Tal y como se expuso en los salvamentos de voto a la sentencia del 29 de agosto de 1997,

expediente S699, M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
53 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 20 de noviembre de 1997, expediente 11873,

M.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
54 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 29 de junio de 2000, expediente 426-00, M.P.

Carlos Arturo Orjuela Góngora.

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ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el cómputo de los años de
servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la
enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que
implica la inspección» [Se resalta].

38. Fue en virtud de lo anterior, que un sector de la jurisdicción contenciosa-
administrativa y, en particular, de esta corporación, consideró que si bien
originalmente la ley señaló sólo como beneficiarios de la pensión gracia a los
docentes que hubiesen laborado en primaria, con posterioridad el legislador
extendió ese derecho a quienes prestaron sus servicios en escuelas normales o
desarrollaron actividades como inspectores de instrucción pública, pues la
restricción dispuesta en la Ley 114 de 1993 no había sido reiterada en la Ley 116
de 1928 ni en la Ley 37 de 1933 que hicieron extensiva la pensión a los maestros
de escuelas normales y de establecimientos de enseñanza secundaria.

39. En efecto, cuando se expidió la Ley 37 de 1933 la instrucción secundaria estaba
a cargo de nación por mandato del artículo 4, inciso 1, de la Ley 39 de 1903.
Además, el artículo 13 de la norma en cita, señalaba lo siguiente:

«Artículo 13. En cada una de las ciudades capitales de los Departamentos existirá una
Escuela Normal para varones y otra para mujeres, costeadas por la Nación e
invigiladas por el respectivo Gobierno departamental. Los empleados de tales planteles
serán nombrados por los Gobernadores, con la aprobación del Poder Ejecutivo. En las
Escuelas Normales de varones habrá, además de los empleados reconocidos en leyes
anteriores, un Prefecto general de estudios, y en las de Cundinamarca se dictarán,
además, las enseñanzas necesarias para la formación de maestros hábiles para las
Escuelas Normales de los otros Departamentos. Entre tales enseñanzas deberá dictarse
la de taquigrafía». [Se resalta].

40. En ese sentido, se consideró que la condición prevista en la Ley 114 de 1913
[sobre no recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional], estaba dirigida
exclusivamente a los maestros de primaria55, que no era el caso de los que
prestaban el servicio en escuelas normales quienes para la época orientaban una
educación en secundaria tal y como se desprende de la lectura de la Ley 39 de
1903.

41. Incluso se pensaba que de la lectura de la Ley 39 de 1903, se podía concluir que
la enseñanza secundaria, que estaba a cargo de la nación, estaba bajo la dirección
de las entidades territoriales, en tanto que los departamentos y municipios podían
disponer «de recursos suficientes [para que] sostengan establecimientos de enseñanza
secundaria», pues así se desprendía del artículo 3 de la norma; quienes además,

55Sentencia del 24 de febrero de 1989, Expediente 614 (12495); actor: Guillermo Rodríguez
Ramírez; M.P. Álvaro Lecompte Luna.

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Demandante: Ugpp

estaban facultados para establecer las inspecciones provinciales de instrucción
pública y nombrar a los empleados que debían desempeñarlas, caso en el cual
«ser[ía]n de cargo del Tesoro de los Departamentos las erogaciones que demande este
servicio», por virtud de lo dispuesto en el artículo 7, lo que hacía indiferente la
procedencia de su nombramiento.

42. Por todo lo anterior, en algunos pronunciamientos se consideró que la Ley 116
de 1928 había modificado el numeral 3 del artículo 4 de la Ley 114 de 1913 al
extender la prestación a los docentes de enseñanza secundaria y al permitir la
compatibilidad que estos tenían de percibir 2 pensiones de carácter nacional 56.

43. Incluso la Corte Constitucional al analizar la exequibilidad de algunos apartes de
la Ley 114 de 1913, recordó que la pensión gracia había sido creada con la finalidad
de compensar a los maestros de primaria del sector oficial que percibían una baja
remuneración, y relató que por «la presión de algunos movimientos de trabajadores del
Estado obligaron a la Nación a ampliar dicho beneficio a todos los docentes del sector
oficial, como una forma de reconocer la importante labor que cumplían. Se expidieron
entonces, las leyes 116 de 1928 "por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de
la ley 102 de 1927" y la ley 37 de 1933 "por la cual se decreta el pago de una pensión a un
servidor público y sobre jubilación de algunos empleados". La primera dispuso en el artículo
6 que "los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de
Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley
114 de 1913 y demás que a ésta complementan"; y la segunda, en el artículo 3, hizo
extensiva la pensión de gracia "a los maestros que hayan completado los años de
servicio señalados por la ley, en establecimientos de enseñanza secundaria"». Así,
concluyó que tanto los maestros de primaria como los de secundaria del sector
oficial, podían acceder a la pensión gracia, siempre y cuando reunieran los
requisitos exigidos por la Ley57.

44. Esta particular situación fue reconocida por esta corporación en la sentencia S-
699 del 29 de agosto de 1997 al señalar que «[n]o e[ra] de recibo el argumento que en
ocasiones se ha[bía] expuesto para sostener que con motivo de la expedición de esta
norma, pueda reconocerse la pensión gracia a todos los que prestan sus servicios a la
Nación, por ser los maestros a que ella se refiere docentes de carácter nacional». A juicio
de la corporación i) la Ley 37 de 1933, no introdujo modificación alguna a las
exigencias establecidas en las leyes 114 de 1913 y 116 de 1928; y ii) no era cierto
que los establecimientos oficiales de educación secundaria fuesen nacionales en su
totalidad en el año 1933, pues incluso con la Ley 43 de 1975 se inició el proceso de
nacionalización tanto de la educación primaria como de la secundaria.

56 Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 27 de noviembre de 1979, radicado 1347 C.P.

Humberto Mora Osejo.
57 Sentencia C-479 de 1998.

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Demandante: Ugpp

45. En esta decisión, el Consejo de Estado revocó la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia que en sentencia del 28 de octubre de 1993
declaró la nulidad de los actos por los cuales Cajanal había negado el
reconocimiento de la pensión gracia a un docente de la Escuela Normal de Varones
de Corozal (Sucre) al considerar que este beneficio se le había extendido por virtud
de lo dispuesto en la Ley 116 de 1928 y que esto se ratificaba de la lectura del literal
a), ordinal 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

46. Expuesto el anterior escenario, es claro que la interpretación de las leyes 39 de
1903, 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 dieron lugar a un panorama en virtud
del cual las autoridades administrativas y judiciales reconocían la pensión gracia a
docentes con vinculaciones de carácter nacional.

47. Lo anterior, justificó que Cajanal a través de la Resolución 014774 del 12 de
diciembre de 1995 reconociera a la demandante la pensión de jubilación en
consideración a los tiempos de servicio prestados como docente nacionalizada (del
27 de noviembre de 1961 al 20 de octubre de 1965) y aquellos con vinculación del
orden nacional (del 11 de noviembre de 1965 al 27 de julio de 1994) por sus
servicios en la Escuela Normal de Señoritas de Cali.

48. Así las cosas, el acto que reconoció la prestación estuvo fundamentado en las
normas y la jurisprudencia de la época, pues se expidió el 12 de diciembre de 1995,
esto es, antes de que la corporación consolidara su posición en torno a la
interpretación de las normas referidas (el 29 de agosto de 1997).

49. En torno a «la aplicación retroactiva de la sentencia S-699 de 1997, en la cual esta
Corporación unificó la jurisprudencia en relación con el reconocimiento de la pensión gracia
a los docentes que hubieran prestado sus servicios con vinculaciones de orden nacional»,
esta corporación ha señalado que si bien en esa decisión se unificaron las
posiciones que sobre el tema se presentaban, para concluir que las normas que
regulan la pensión gracia excluían a los docentes con vinculación nacional, «ello en
manera alguna implica que dicha sentencia haya materializado la extinción del derecho,
para los docentes nacionales y por ende no pueda aplicarse en forma retroactiva», pues el
hecho de que a la docente se le hubiera reconocido el derecho pensional antes de
que se profiriera la aludida sentencia «no significa que se hayan consolidado derechos
adquiridos, pues es claro que para aquel momento no acreditó los requisitos que la ley exige
para ser beneficiaria del reconocimiento pensional, en tanto que la labor de la sentencia de
unificación fue la de, valga la redundancia, unificar las posiciones diversas que sobre el
tema existían, sin que signifique ello que las pensiones reconocidas con antelación
quedaban saneadas y que solo las que se reconocieran con posterioridad en las mismas

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condiciones fuesen ilegales»58. Lo anterior ha llevado a considerar que es pacífica la
jurisprudencia de esta Sección alrededor de la imposibilidad de acumular tiempos
de servicio como docente nacional para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia, «pues, desde que la Sala Plena de Corporación unificó tal postura el 29 de agosto
de 199759, dicha regla constituye un referente de interpretación y aplicación obligatoria para
la Administración y los jueces de lo contencioso administrativo»60.

50. Sin embargo, la demandada insistió en que se analizara si el cambio de posición
de una alta corte acerca de un punto de derecho sujeto a interpretación podía
aplicarse con efectos retrospectivos y estaba en la capacidad de impactar
situaciones ya consolidadas.

51. Al respecto, la Constitución Política de 1991 garantizó el respeto por los derechos
adquiridos, los cuales no podrán ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores (artículo 58, modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 1999);
en igual sentido se dispuso en el Acto Legislativo 01 de 2005 al señalar que en
materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos.

52. Sobre el concepto de derecho adquirido se ha entendido como aquel beneficio
de que goza la persona que ha completado los requisitos para su disfrute y que le
permite incorporarlo en forma definitiva a su patrimonio61, lo que en consecuencia
exige una protección especial por parte del Estado. En ese sentido, se ha hecho
necesario distinguir entre un derecho adquirido y una expectativa legítima. El
primero, implica la consolidación del derecho luego de la acreditación de los
requisitos legalmente establecidos; en cambio el segundo se predica de quien se
encuentra a la espera de completar esos requisitos para beneficiarse de alguna
prerrogativa, esto es, cuando existe una posibilidad razonable de que esa situación
que le permitirá alcanzar ese privilegio sucederá, es decir que se trata de la
posibilidad de ocurrencia de un suceso futuro.

53. Así pues, en materia pensional, el derecho adquirido lo tiene quien ha satisfecho
los requisitos de edad y tiempo de servicio; en tanto que se encuentra en el plano
de las expectativas legítimas aquel al que le falte obtener alguno de estos requisitos
y se halla ante una expectativa de alcanzar el derecho en el momento de reunir la

58 Ver, entre otros, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del i) 5 de mayo

de 2016, radicado 52001-23-33-000-2012-00123-02 (0793-2014); y ii) 12 de diciembre de 2017,
radicado 13001-23-33-000-2012-00236-01 (2363-2015), MP. William Hernández Gómez.
59 Expediente S-699, con ponencia del consejero Nicolás Pájaro Peñaranda.
60 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de octubre de 2020, radicado

73001-23-33-000-2015-00242-02 (2715-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
61 Puede consultarse, entre otras, la sentencia C-168 de 1995.

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condición faltante. Así, lo consideró la Corte Constitucional, que sobre el particular
señaló62:

«En conclusión: el derecho adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio de su
titular y queda a cubierto de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo, pues la
propia Constitución lo garantiza y protege; no ocurre lo mismo con la expectativa que,
en general, carece de relevancia jurídica y, en consecuencia, puede ser modificada o
extinguida por el legislador. Y es en esta última categoría donde debe ubicarse la llamada
'condición más beneficiosa».

54. Así las cosas, tal y como lo resaltó la recurrente, al 12 de diciembre de 1995
[fecha de expedición del acto acusado] se encontraba ante una situación
consolidada, es decir, gozaba de un derecho adquirido que debía ser garantizado
por cualquier autoridad administrativa o judicial. Esto es así, pues tal y como se
describió en esta decisión, para la fecha en que alcanzó el estatus de pensionada
[por cumplir los requisitos de edad y tiempo de servicio] se consideraba por algunos
sectores de la jurisdicción, que los docentes de escuelas normales podían acceder
a la pensión gracia, por virtud de lo dispuesto en la Ley 116 de 1928.

55. De esta manera, se advierte que el beneficio pensional se había otorgado con
fundamento en las normas y la jurisprudencia vigentes. Al respecto, es necesario
resaltar que, si bien la posición de la corporación sobre el alcance e interpretación
de las normas no era pacífica, esto no obstaba para que la administración eligiera
o adoptara uno u otro criterio interpretativo a efectos de resolver la solicitud de
reconocimiento pensional.

56. En efecto, la disparidad de criterios al interior de la jurisdicción no impedía
considerar que ambas posiciones interpretativas eran válidas, pues emanaban de
autoridades judiciales que, en ejercicio de su labor, analizaron las normas en virtud
de las cuales se podía determinar si la docente tenía derecho o no al beneficio
pensional reclamado.

57. Así pues, el hecho de que la administración optara por acudir al criterio según el
cual, los docentes de escuelas normales podían beneficiarse de la pensión gracia,
no torna ilegal el derecho otorgado que, se insiste, se fundó en la normativa y la
jurisprudencia vigente al momento de su consolidación. De manera que Mercedes
Urrea Parra percibió la prestación amparada en el principio de confianza legítima y
disfrutó de ella con el convencimiento de la legalidad de la decisión que le había
reconocido el derecho.

62 Sentencia C-168 de 1995.

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58. Entonces, para la Sala, el cambio jurisprudencial que surgió con posterioridad a
la expedición del acto acusado no puede impactar en el derecho ya reconocido
como consecuencia de una nueva tesis unificadora, pues con ello se vulnerarían los
principios constitucionales de confianza legítima y seguridad jurídica, en virtud de
los cuales la administración no puede defraudar los intereses de las personas que
han confiado en las normas y decisiones judiciales, como resultado de un cambio
inesperado que sustituye la expectativa creada.

59. En efecto, la garantía de la confianza legítima se encuentra ligada al principio de
la seguridad jurídica que protege la Constitución Política y que supone una garantía
de certeza sobre una situación particular de cara a la regulación jurídica que la
rodea63. Así, esa confianza consiste en «la expectativa genuina que alberga el particular,
de que las reglas establecidas por el Estado para el ejercicio de una actividad o el
reconocimiento de un derecho no sean variadas súbitamente. De acuerdo con ello, este
principio se ve defraudado cuando la autoridad produce un cambio abrupto en sus
comportamientos y decisiones, cambio que resquebraja la esperanza legítima que el
administrado se ha fijado»64 [Se resalta].

60. De esta manera, ante un conflicto derivado de situaciones normativas y
jurisprudenciales cambiantes, el juez debe amparar el derecho a la luz del contexto
en que se consolidó este y no sorprender a su beneficiario con cambios súbitos de
condiciones. Si bien, esto no puede servir como herramienta para legitimar
situaciones irregulares o ilegales, esta Sala insiste en que no se torna ilegal una
decisión amparada en pronunciamientos judiciales que interpretaron la norma en el
sentido que le resultó favorable a la pensionada, pues tal y como se expuso, no se
advierte que se tratara de una interpretación indebida de la disposición contenida
en la Ley 116 de 1928, máxime cuando dicha lectura proviene de una alta corte.

61. Por las razones expuestas, la aplicación retrospectiva de los cambios
jurisprudenciales en virtud de la cual las nuevas consideraciones jurídicas se aplican
a asuntos pendientes de resolución judicial, esto es cuyos supuestos fácticos se
dieron con anterioridad al cambio interpretativo, pero del cual no se ha adoptado
una decisión definitiva, podría resultar vulneradora de los aludidos principios de
confianza legítima y seguridad jurídica; pero además, generaría un problema de
desigualdad en relación con asuntos con similares supuestos fácticos en los que la
administración reconoció prestaciones similares a la ahora analizada. Por ello, si
bien desde el año 2018 la Corporación optó por ese tipo de decisiones cuando la

63 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sala de Descongestión, sentencia del 12 de julio de 2018,

radicado 25000-23-24-000-2009-00348-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
64 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 7 de mayo de 2015, radicado 11001-03-24-

000-2014-00108-00, M.P. Guillermo Vargas Ayala.

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situación lo ameritaba, y esta resulta ser la regla general en las sentencias de
unificación, lo cierto es que esa aplicación solo se puede dar cuando la sala de
decisión lo dice de manera expresa de cara a la situación particular analizada.

62. De acuerdo con lo anterior, y como se expuso en el marco normativo de esta
decisión, en aquellos casos en los cuales se puedan ver restringidos los derechos
de acceso a la administración de justicia o aquellos adquiridos o fundamentales de
las partes, se ha previsto la necesidad de dar efectos prospectivos a esos cambios
jurisprudenciales de acuerdo con el análisis de cada caso concreto.

63. Esta situación no ha sido ajena a esta corporación, que en los debates propios
de los problemas jurídicos que se someten diariamente a su consideración, ha
encontrado necesario establecer mecanismos para determinar los efectos de las
decisiones judiciales. Así, en sentencia del 4 de junio de 2019, la Sala Séptima
Especial de Decisión, señaló lo siguiente65:

«28.- En los países cuyo sistema jurídico está basado en el common law, la discusión
sobre los efectos que debe tener en el tiempo el cambio de un precedente judicial es
abordada bajo dos técnicas: a través de la técnica de la aplicación futura del cambio
jurisprudencial, denominada como prospective overruling; o, a través de la técnica de la
aplicación retroactiva o retrospectiva del cambio jurisprudencial, denominada como
retrospective overruling. Sin embargo, el uso de una u otra técnica debe analizarse caso
a caso.66

65 Consejo de Estado, Sala Séptima Especial de Decisión, sentencia del 4 de junio de 2019, radicado

11001-03-15-000-2013-01628-00(REV), M.P. Martín Bermúdez Muñoz.
66 Al respecto se ha señalado lo siguiente: “(…) Cuando se cumple debidamente la carga de

motivación suficiente y razonable para modificar un precedente, en los países con una tradición
jurídica basada en el common law, se ha discutido ampliamente sobre los efectos que debe tener
este cambio. / / Por un lado, existe la postura según la cual los cambios de precedente deben regir
hacia futuro, bajo la técnica denominada como el prospective overruling, la cual fue inicialmente
abordada por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América en el fallo Great
Northern Railway v. Sunburst Oil and Refining Co., en el que concluyó que en el sistema federal
norteamericano los Estados tienen la libertad de definir si los cambios de precedentes judiciales rigen
hacia futuro o si pueden tener efectos retroactivos que afecten la controversia en la cual se adopta
dicha modificación. Esta postura parte de concebir la regla de derecho sentada en el precedente
como una ley en sentido material, razón por la cual sus modificaciones sólo pueden regir hacia futuro.
/ /Por otro lado, ha existido la postura según la cual los cambios de precedentes judiciales deben
tener efectos retroactivos y, por lo tanto, cobijar controversias originadas en hechos anteriores a la
modificación de precedente, como el mismo caso en el cual ésta es adoptada. Esta postura está
fundada en que el principio de la irretroactividad de la ley no puede impedir al juez modificar una
regla de derecho creada por vía de precedente que resulta injusta al ser aplicada al caso concreto. /
/ Con ocasión de estas posturas diversas, en los Estados Unidos han sido adoptados distintas clases
de test para determinar en cada situación concreta si el cambio de precedente debe tener efectos
hacia futuro o sí éste puede tener efectos retroactivos extendidos a la misma controversia con
ocasión de la cual el precedente es modificado. / / Por ejemplo, en el fallo Chevron Oil Co. v. Huson
la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América se ocupó de definir si un cambio de
precedente judicial adoptado en otra providencia, relativo al término de caducidad de la acción

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29.- Para efectos de determinar si la aplicación retroactiva o retrospectiva del cambio de
precedente judicial vulnera la seguridad jurídica y el principio de confianza legítima
deben tenerse en cuenta, entre otros factores, los siguientes: (i) si la conducta del
individuo dependió o no de la regla jurisprudencial vigente para el momento en el cual
ocurrieron los hechos objeto de juzgamiento. Es decir, si su actuar dependió del
conocimiento previo y calculabilidad de la regla sentada en el precedente que
posteriormente es objeto de modificación; y, (ii) el grado de la fuerza normativa material
del precedente modificado, para lo cual es necesario estudiar la corrección de la regla
sentada en éste».

64. Con estos criterios, la corporación ha intentado solucionar la problemática que
genera el cambio de interpretación jurisprudencial a fin de resolver el litigio en cada
caso concreto en forma justa y acorde con la situación expuesta, pues resulta
evidente que no cualquier pronunciamiento puede generar esa confianza que ahora
se pretende garantizar, sino que ella debe estar precedida de una fuerza vinculante
tal que imponga considerar razonable el derecho reconocido.

65. Pues bien, comoquiera que la retrospectividad de las decisiones exige aplicar un
criterio interpretativo ignorado por el interesado en el derecho, resulta importante
verificar el tipo de situación que generó la confianza y la fuerza de la interpretación
que se modificó, a efectos de establecer el grado de confianza que se derivaba del
que se abandonó.

66. En el sub judice, la situación que generó la confianza que ahora Mercedes Urrea
Parra reclama, materialmente estaba contenida en la decisión de la administración
de otorgarle la pensión gracia y formalmente en las decisiones judiciales que
propendían por reconocer la prestación a los maestros de escuelas normales, luego
del análisis normativo sobre la materia. Lo que sí generó el grado de confianza
legítimo que la Constitución protege, pues se trataba de pronunciamientos de

judicial para obtener la reparación de perjuicios extracontractuales, podía o no ser aplicado en un
proceso que había iniciado con posterioridad a la decisión judicial en la que se modificó la respectiva
regla de derecho. / / Para ello, usó el siguiente test compuesto de tres factores: (i) la decisión judicial
que no puede ser aplicada retroactivamente debe establecer un nuevo principio de derecho, ya sea
porque modifica un claro precedente judicial en el cual los litigantes pudieron haber confiado o ya
sea porque resolvió un caso de primera impresión cuya resolución no podía ser previsible para las
partes; (ii) se deben sopesar los méritos e inconvenientes del cambio de precedente mediante el
estudio de los antecedentes de la regla de derecho en cuestión, sus propósitos y efectos, para
determinar si su aplicación retroactiva propenderá o retardará su operación; y, (iii) por último, se
debe estudiar si la aplicación retroactiva del cambio de precedente puede producir efectos
sustancialmente inequitativos. / / Es apenas natural que los efectos del cambio de precedente judicial
deban ser estudiados caso a caso, para efectos de ponderar la obligación del juez de impartir justicia
en el caso concreto y la necesidad de no lesionar la confianza legítima de quienes acuden a la
administración de justicia para obtener la resolución de sus controversias. (…)” Aclaración de voto
del magistrado Alberto Yepes Barreiro a la sentencia de 29 de enero de 2019 de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Expediente 11001-03-28-000-2018-00031-00.

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autoridades judiciales que resultan prevalentes y de obligatoria aplicación por parte
de las autoridades administrativas.

67. Si bien, fue con el CPACA que se reconoció la jurisprudencia como fuente formal
del derecho (artículo 10), lo cierto es que una lectura constitucional permite
reconocer que desde su expedición [de la Constitución de 1991] todas las
autoridades de carácter administrativo o judicial se encuentran sometidas a la
Constitución y a la ley, y «como parte de esa sujeción, las autoridades administrativas se
encuentran obligadas a acatar el precedente judicial dictado por las Altas Cortes de la
jurisdicción ordinaria, contencioso administrativa y constitucional»; de manera que el
acatamiento del precedente judicial, constituye un presupuesto esencial del estado
democrático, social y constitucional de derecho «y un desarrollo de los fines esenciales
del Estado, tales como garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución –art.2-; de la jerarquía superior de la Constitución –art.4-;
del mandato de sujeción consagrado expresamente en los artículos 6º, 121 y 123 CP; del
debido proceso y principio de legalidad –art.29 CP; del derecho a la igualdad –art.13 CP-;
del postulado de ceñimiento a la buena fé de las autoridades públicas –art.83 CP-; de los
principios de la función administrativa –art. 209 CP-; de la fuerza vinculante del precedente
judicial contenida en el artículo 230 superior; así como de la fuerza vinculante del
precedente constitucional contenido en el artículo 241 de la Carta Política”»67.

68. De manera que a través del acto acusado la administración acudió a un
precedente vinculante, en la medida en que fue proferido por una autoridad judicial
en ejercicio de sus facultades legales, y a una interpretación razonable de las
normas. Esto, con independencia de que se tratara de decisiones disonantes o
dispersas, pues estas solo se unificaron con posterioridad a la consolidación del
derecho. De forma que, la Sala concluye que se trataba de una situación que debía
ampararse por tratarse de un derecho adquirido que generó una confianza legítima
en la interesada en la prestación a quien debía garantizársele la seguridad jurídica
respecto de aquella decisión.

69. Además de lo expuesto, esta sala encuentra necesario referirse a los siguientes
aspectos relevantes en atención a la particular situación que se analiza: i) la
demandada es una persona que es sujeto de especial protección constitucional [en
virtud del mandato del artículo 46 Constitucional], pues es una mujer de 80 años de
edad68; lo que exige que todos los agentes del Estado adopten medidas de enfoque

67 Sentencia C-634 de 2011.
68 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1251 de 2008 «Por la cual se dictan normas

tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores»,
el adulto mayor es aquella persona que cuenta con 60 años de edad o más. Así también se consideró
en la «Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas

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diferencial y, con ello, otorgarle vigencia a las garantías de orden procesal y
sustancial; especialmente exige un análisis más riguroso del derecho a la igualdad
que como consecuencia de esta decisión se garantiza al insistir en que la situación
planteada debe estudiarse a luz de las disposiciones y la jurisprudencia vigentes al
momento en que adquirió el estatus pensional; y ii) la entidad demandante esperó
26 años para ejercer el presente medio de control, lo que genera un impacto en la
seguridad jurídica y la estabilidad de la prestación reconocida, cuyo único propósito
sería entonces despojar a la demandada de la pensión, a pesar de su condición de
sujeto de especial protección constitucional.

70. El análisis expuesto, ha sido desarrollado por esta Subsección, entre otros en las
providencias del 12 de septiembre de 202469 y del 5 de diciembre de 202470 en las
que se consideró que si el acto censurado surgió de una decisión propia de la
administración, y que además se expidió en vigencia de un criterio normativo y
jurisprudencial vigente, generó en el ciudadano la confianza legítima de que su
derecho pensional se reconoció y liquidó conforme a derecho, lo que impedía
desconocer el derecho que en virtud de ello adquirió.

71. Corolario de lo expuesto, la Sala revocará la sentencia proferida el 17 de abril de
2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que declaró la nulidad de la
Resolución 014774 del 12 de diciembre de 1995, y ordenó cesar el pago de la
pensión gracia reconocida a favor de Mercedes Urrea Parra y, en su lugar, negará
las pretensiones de la demanda.

2.6. Costas

57. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

mayores», adoptada en Washington, el 15 de junio de 2015, aprobada por la Ley 2055 de 2020,
según la cual una persona mayor es «[a]quella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine
una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto
incluye, entre otros, el de persona adulta mayor»
69 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de septiembre de 2024,

radicado 17001-23-33-000-2017-00348-01 (5199-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
70 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de diciembre de 2024,

radicado 76001-23-33-000-2017-01426-01 (4599-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00462-01 (3741-2024)
Demandante: Ugpp

58. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

59. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma71.

60. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

61. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

62. Por último, en razón a que Mercedes Urrea Parra solicitó en el recurso de
apelación revocar en su integridad la sentencia de primera instancia, la Sala estima
que, por ser la condena en costas un punto íntimamente ligado con la decisión, en
esta oportunidad será objeto de análisis.

63. Por tanto, se advierte que, de manera restrictiva y con fundamento en el artículo
188 del CPACA, en concordancia con el 365 del CGP, el tribunal condenó en costas
a la demandada sin realizar el examen de aquellos aspectos relevantes para su
imposición, como la temeridad o la mala fe en que pudo haber incurrido la parte
vencida, pese a que para ello debió tener certeza de la conducta desplegada por
aquella y comprobar si se causaron dichas costas, razón por la cual, al no predicarse
el mal proceder de las partes, se revocará la decisión del juez de primera instancia
en lo que respecta a este punto.

4. Conclusión

72. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Mercedes Urrea Parra

71En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00462-01 (3741-2024)
Demandante: Ugpp

tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto dicho beneficio fue
otorgado a luz de la posición jurisprudencial vigente para fecha de la adquisición del
estatus jurídico de pensionada y, por tanto, se revocará en su totalidad la sentencia
apelada.

73. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 17 de abril de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda incoada por la Ugpp contra Mercedes Urrea Parra, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y en su lugar se dispone:

Segundo. Negar las pretensiones de la demanda.

Tercero. No condenar en costas.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.
05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
DMGT

31

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