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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2014-00251-01

Fecha
24 de abril de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2014-00251-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Magistrado Nicolás Yepes Corrales. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del veintidós (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad que, en su lugar, quedará así: PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de la sociedad Constructora Colombia S.A.S. (Construcol) de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas. TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez esta providencia esté en firme.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2014-00251-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

24 de abril de 2024

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00251-01 (59885)
Demandante: Constructora Colombia S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 05001-23-33-000-2014-00251-01 (59885)
Demandante: Constructora Colombia S.A.S.
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Medio de control de controversias contractuales

Tema 1: Falta de legitimación en la causa por activa.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra
de la sentencia del veintidós (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017), proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia–Sala Segunda de Oralidad, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

Una sociedad, que dice ser integrante de un Consorcio que fue parte de un contrato de
obra celebrado con el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, demanda el incumplimiento
contractual, al considerar que varias decisiones unilaterales de la entidad provocaron un
desequilibrio contractual. En primera instancia, el Tribunal negó las pretensiones, al
juzgar que la actora no demostró el incumplimiento; fallo que fue apelado por la
demandante, la cual adujo que el a quo no valoró adecuadamente las pruebas, ni motivó
con solidez la decisión. No obstante, no está acreditado que la sociedad actora hubiera
integrado el Consorcio que fue parte del contrato cuyo incumplimiento esgrime.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

2.1.1. El once (11) de julio de dos mil trece (2013), el representante legal de la sociedad
Constructora Colombia S.A.S. (Construcol) 1 , la cual afirma que integró el Consorcio
Estaciones FORPO Colombia (en adelante, el Consorcio) junto con la sociedad

1 Según el poder y el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Cúcuta núm.

03OCC0429015 del 29 de abril de 2013 (f. 6-9, c. 2.), obra en calidad de representante legal de Construcol el señor
Manuel Guillermo Gil Quintero.

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Demandante: Constructora Colombia S.A.S.

Inversiones Gabra S.A.S. 2 formuló demanda 3 , en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales, contra el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional de
Colombia (en adelante, el Fondo), con las siguientes pretensiones:

(i) Principales: Que se declare que, con ocasión de la ejecución del contrato 042-
3 de 2009, el Fondo “se enriqueció sin justa causa y que el CONSORCIO se
empobreció correlativamente” en la suma de cuatrocientos noventa millones
quinientos treinta y siete mil ochocientos noventa y un pesos ($490.537.891,00).
En consecuencia, solicita la condena por ese monto.

(ii) Subsidiaria: En caso de que no se accediera a las pretensiones principales,
pidió que se declare le incumplimiento contractual del Fondo, y la condena por
una suma equivalente a $490’537.891,00.

2.1.2. La demandante relató que, el 19 de junio de 2009, el Consorcio y el Fondo
celebraron el contrato de obra núm. 042-3 con el objeto de construir la estación de policía
de San Miguel, Sonsón, en el departamento de Antioquia. Adujo que, de manera
unilateral, la entidad contratante modificó sustancialmente las siguientes condiciones del
contrato en relación con lo licitado: el plazo de ejecución, la estructura económica, el
porcentaje de anticipo y la imposición de diseños. Como consecuencia de estas
decisiones, el contratista habría ejecutado mayores cantidades de obra, por una suma
equivalente a la precisada en las pretensiones condenatorias.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

2.2.1. En auto4 del veintiuno (21) de febrero de dos mil catorce (2014), el Tribunal admitió
la demanda “promovida por CONSTRUCTOL [sic] como integrante del CONSORCIO” y
ordenó su notificación a la parte demandada, a la sociedad Inversiones Gabra S.A.S.5, a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al agente del Ministerio Público.
Así mismo, reconoció personería al apoderado de Construcol en los términos del poder
conferido. Según los comprobantes de correo certificado allegados por el apoderado de
Construcol6, no fue remitido el auto admisorio ni sus anexos a la sociedad Inversiones
Gabra S.A.S.

2.2.2. El Fondo contestó la demanda 7 con oposición a la prosperidad de todas las
pretensiones formuladas.

2 Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Cúcuta núm. 03OCA0429015 del 29

de abril de 2013: f. 2-5, c.2.
3 F. 3-21, c. 1.
4 F. 35-36, c. 1.
5 Decisión motivada por el Tribunal en estos términos: ““Advierte el despacho que el CONSORCIO […] se encuentra

conformado también por la sociedad INVERSIONES GABRA de conformidad al artículo 171 numeral 3° del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se vincula al proceso por tener un interés directo en
el resultado del mismo.”
6 Comprobantes CT000064828CO, CT000064831CO y CT000064845CO, de Servicios Postales Nacionales S.A. (4-

72): F. 41 y 42, c. 1.
7 F. 49-67, c. 1.

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2.2.3. En la audiencia inicial8, compareció el señor Abraham Abrajim Rodríguez, quien
adujo ser el representante legal del Consorcio, junto con el apoderado de Construcol. En
la diligencia no se hizo presente un representante de los intereses de Inversiones Gabra
S.A.S. El Tribunal no encontró vicios en el proceso que invalidaran lo actuado, no halló
configuradas excepciones previas y prosiguió con la fijación del litigio, decisión que no
fue protestada por el apoderado de la parte demandada9. En esta actuación se precisó
que el objeto del litigio consistía en establecer si el Fondo “incumplió el contrato de obra
No. 042-3-2009 […] y si ante tal incumplimiento se rompió en contra del contratista el
equilibrio económico del contrato y de ser así si hay lugar a restablecer el equilibrio
económico”.

2.2.4. En la oportunidad para presentar alegatos de conclusión en primera instancia, las
partes del proceso expresaron sus criterios de resolución del conflicto10. El agente del
Ministerio Público ante esta instancia no presentó concepto.

2.3. Sentencia de primera instancia

En sentencia 11 del veintidós (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal
denegó las pretensiones de la demanda, al considerar lo siguiente:

2.3.1. En el contrato cuyo cumplimiento se discutía, calificado como de obra a precio
global, el plazo de ejecución fue modificado mediante contratos adicionales, pero en
estos no fue pactada la ejecución de mayores cantidades de obra, por lo que este
concepto no genera ninguna responsabilidad de la contratante.

2.3.2. Aunque fue necesario rediseñar la obra, no está demostrado que este hecho
ocasionara, por sí solo, mayores costos para el contratista. Por el contrario, se probó que
el cambio de los diseños fue producto de una “imprecisión” del contratista respecto del
área del lote donde se edificaría la obra. Igualmente, fue probado que el Fondo obtuvo
las escrituras del predio el 15 de octubre de 2009, pero con ello tampoco se hacía
necesario que el contratista procediera a “realizar los diseños de la construcción con
anterioridad a dicha fecha”; proceder con el que el Consorcio “se exponía
voluntariamente”, en caso de que los datos de la ficha catastral y la carta del impuesto
predial no coincidieran con la de la estructura, cuyo costo no sería asumido por el Fondo.
Además, el rediseño justificó el contrato adicional núm. 1.

2.3.3. En la cláusula cuarta del contrato de obra se pactó que el anticipo equivalía al 30%
del precio total de las obras; estipulación contraria a la cláusula cuarta de la minuta de
contrato contenida en el pliego, de acuerdo con la cual el monto del anticipo correspondía
al 40% de la suma total del contrato. Esta contradicción, empero, no constituye un

8 CD: F. 23, c. 1.
9 Min. 00:00 – 02:22, audiencia.
10 Consorcio: f. 262-272, c. 1.; Fondo: 281-285, c. 1.
11 F. 286-296, c. ppal.

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incumplimiento del contrato, sino que imponía la aplicación de lo previsto en el pliego
“que es la ley del contrato”. Además, la contradicción entre el documento precontractual
y el contrato conduciría a la anulación del acto de adjudicación y no a la declaración de
incumplimiento, según el Tribunal.

2.3.4. El Fondo no incumplió el contrato por desconocer la asignación de los riesgos,
porque en el numeral 1.10 del pliego de condiciones se estableció que el contratista
debía asumir la totalidad de los riesgos de la ejecución del contrato hasta su liquidación.

2.3.5. Tampoco se produjo una infracción de lo pactado, imputable a la entidad
demandada, por lo dispuesto en materia de permisos y licencias, ya que estas eran
responsabilidad del contratista.

2.3.6. Desde las especificaciones generales de la construcción, establecidas en el pliego
de condiciones, se había previsto que los “acabados de la cubierta” serían en concreto
reforzado, considerando los niveles de seguridad requeridos para las estaciones de
policía.

2.4. El recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación, mediante escrito12 fechado el veintiocho
(28) de marzo de dos mil diecisiete (2017), el cual reprochó el fallo de primera instancia,
porque: (i) se basó en una motivación insuficiente que, al invocar conceptos, omitió la
valoración de las pruebas; (ii) con la suscripción de convenios modificatorios, en los que
se exigió la ejecución de obras adicionales, el contratista no podía ser asaltado en su
buena fe, privándosele del derecho de recibir lo invertido para que la entidad recibiera a
satisfacción las obras; (iii) no se tomó en consideración la mora del Fondo en la entrega
de los títulos, planos y permisos necesarios para la ejecución de las obras, ni los
sobrecostos ocasionados con las modificaciones de los diseños; (iv) al considerar que el
contratista se exponía a riesgos, por elaborar los diseños antes del momento en que el
Fondo tuviera las escrituras del predio, fue sancionada la diligencia y la buena fe del
contratista; (v) si el pliego era la ley del contrato, debió aplicarse lo previsto en aquel, con
la consecuente declaración de incumplimiento que tenía lugar, porque el Fondo no
entregó el monto del anticipo definido en el pliego; (vi) sobre los acabados de la cubierta,
el fallo se limitó a decir únicamente que “se licitó bajo unas condiciones, se contrató con
el texto impuesto por el Fondo y se ejecutó con los mayores costos probados dentro del
proceso”; y (vii) no fue evaluada la conducta de la demandada al no contestar
oportunamente la demanda, ni el dictamen pericial aportado, ni el testimonio de la
supervisora del contrato.

2.5. Trámite relevante en segunda instancia

12 F. 299-305, c. ppal.

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2.5.1. El cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018), el Despacho admitió el recurso
de apelación13.

2.5.2. En la etapa para alegar de conclusión en segunda instancia 14 , las partes
presentaron alegatos de conclusión, así:

2.5.2.1. El Fondo15 solicitó la confirmación del fallo de primera instancia. Adujo que este
fue sustentado en un análisis juicioso de las pruebas, las cuales conducen a una
sentencia desestimatoria en virtud del contrato pactado bajo el “sistema llave en mano,
a precio global y plazo fijo”, que contempló la obligación del contratista de ejecutar las
cantidades de obras adicionales necesarias para concluir satisfactoriamente la
construcción contratada. Además, el contratista asumió voluntariamente los riesgos de
la obra, y refrendó lo pactado mediante la suscripción de los contratos adicionales.

2.5.2.2. La parte actora16 insiste en que sus pretensiones están llamadas a prosperar y
el fallo debe ser revocado, porque: (i) la demandada no contestó oportunamente la
demanda, con lo cual los hechos susceptibles de confesión deben presumirse ciertos; (ii)
su contraparte no aportó pruebas ni tachó las aportadas por la actora, cuya valoración
fue omitida por el a quo; (iii) la modalidad “llave en mano” y a precio global no puede
significar una “camisa de fuerza” impuesta al contratista para ser cumplida en toda
circunstancia; (iv) debía verificarse si se produjo un incumplimiento del contrato, si lo
ejecutado excede lo precisado en los pliegos y/o lo pactado en el contrato y si, con ello,
hay lugar a responsabilizar a la entidad contratante por desconocer el acuerdo de
voluntades, análisis soslayado por el a quo; y (iv) finalmente, censuró que el fallo haya
validado el “desequilibrio de poder en la relación contractual”, las conductas del Fondo
contrarias al derecho mediante la imposición de mayores cantidades de obra, así como
la extensión del tiempo sin reconocimiento económico, la modificación de los diseños, la
falta de planeación y de diligencia del Fondo, la diferencia en el porcentaje del anticipo,
la asignación de riesgos, la consecución de permisos y licencias, y los acabados de la
cubierta.

2.5.3. El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación formuló concepto17 en el
que sugirió confirmar el fallo apelado, porque el contrato fue liquidado bilateralmente,
pero las salvedades allí consignadas por el Consorcio son imprecisas, por claras carecen
e inciertas, porque remiten a unas comunicaciones cuyo contenido no corresponde con
lo reclamado ante la judicatura. Tampoco fue allegado documento alguno que desarrolle
lo protestado ante la entidad en lo que el actor denominó “correspondencia enviada”. Por
lo tanto, concluye que:

13 F. 318, c. ppal.
14 F, 321, c. ppal.
15 F. 324, c. ppal.
16 F. 331-351, c. ppal.
17 F. 352-361, c. ppal.

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“[…] las reclamaciones tendientes a alegar el rompimiento de la ecuación económica del
contrato […] en desmedro del Consorcio Contratista, se tornan insuficientes e ineficaces
y por ende imposibles de atender en esta instancia judicial, pues las salvedades a las
que se refirió el consorcio contratista en el acta de liquidación bilateral carecen de
claridad, concreción y especificidad, requisitos necesarios para ser conocidas y resueltas
por la jurisdicción contenciosa”. (Negrillas originales del concepto).

Incluso, asegura que si “se llegase a tener como soporte de la salvedad lo consignado
en el oficio de fecha 2 de mayo de 2011”, además de no coincidir con los referenciados
en el acta de liquidación bilateral, tampoco podría ser considerado como una salvedad
dentro del acta, toda vez que este documento no fue suscrito por el Consorcio, sino por
“el Supervisor del contrato quien expresa su opinión técnica respecto de las
reclamaciones presentadas por el Consorcio”, y remite a otro oficio fechado el 3 de
noviembre de 2010, que no fue allegado al proceso.

2.5.5. El magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó estar impedido para conocer del
presente asunto, conforme lo previsto en el inciso primero del artículo 140 y el numeral
primero del artículo 141 del Código General del Proceso, por haber rendido concepto en
este asunto, como Procurador Primero Delegado ante esta Corporación. Los
magistrados William Barrera Muñoz y Jaime Enrique Rodríguez Navas —sin la
intervención del magistrado Nicolás Yepes Corrales, quien se apartó de la Sala mientras
este punto fue debatido— resuelven declarar fundado el impedimento manifestado por
el Magistrado Nicolás Yepes Corrales.

III. PROBLEMAS JURÍDICOS

3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (“CGP”) —aplicable
en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 188718-19— el “recurso de
apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en
relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior
revoque o reforme la decisión”. En razón a ello, la competencia funcional de la Sala,
como juzgador de segunda instancia, se limita a “pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley”, como lo establece el artículo 328 del CGP.
Sin embargo, como lo prevé la misma norma, “cuando ambas partes hayan apelado toda
la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones”.

18 “Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores

desde el momento en que deben empezar a regir. || Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas
decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. […]” (subrayado fuera del texto
original).
19 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de

2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ).

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Por tanto, de acuerdo con lo argumentado en sustento de la apelación, sería del caso
determinar si la actora demostró que el Fondo incumplió el contrato núm. 042-3 de 2009
por: imponer la ejecución de mayores cantidades de obra, modificar unilateralmente los
diseños, haber incurrido en fallas de planeación y de diligencia, no reconocer el
porcentaje de anticipo formulado en el pliego de condiciones, desconocer lo pactado en
la consecución oportuna del predio, de los permisos y licencias, y/o por variar las
condiciones técnicas de los acabados de cubierta. Análisis este que se basaría en el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Leyes 80 de 1993 y 1150
de 2007), como quiera que la parte estatal del contrato bajo estudio es un establecimiento
público del orden nacional20, que está sometido a las mencionadas normas por mandato
legal21.

3.2. Lo anterior, siempre que se encuentren satisfechos los presupuestos de la sentencia
de mérito (artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011, “CPACA”)) 22 , pues, como lo ha señalado la
jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador debe “pronunciarse oficiosamente
sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de
mérito”23, así como sobre las excepciones de fondo, sin que el silencio del a quo sobre
estas lo impida. Por tanto, antes de entrar en el análisis del fondo del asunto de acuerdo
con los cargos de la alzada, procede la Sala al estudio de tales presupuestos.

En razón a ello, se impone el siguiente problema jurídico en esta instancia:

¿La sociedad actora está legitimada en la causa por activa, por haber formado
parte del consorcio que suscribió el contrato con la demandada, cuyo
incumplimiento esgrime en sustento de sus súplicas?

IV. PRESUPUESTOS PROCESALES

4.1. Competencia

20 Conforme al Decreto 1205 del 30 de junio de 1998, aprobatorio de los estatutos del Fondo, estos indican que su

naturaleza jurídica es la de “un establecimiento público adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, dotado de
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, que se reorganiza conforme a los Decretos 1050 y
3130 de 1968, 2353 de 1971, 2067 de 1984, 2368 de 1993 y 2451 de 1993, 2150 de 1994, el artículo 61 de la Ley 352
de 1997 y el presente estatuto y demás normas que lo adicionen, modifiquen o deroguen”.
21 LEY 80 DE 1993 – Artículo 2: “ARTÍCULO 2o. DE LA DEFINICIÓN DE ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS

PÚBLICOS. Para los solos efectos de esta ley: // 1o. Se denominan entidades estatales: // a) La Nación, las regiones,
los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones
de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al
cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las
que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los
órdenes y niveles.” (Se subraya).
22 CAPCA: “Artículo 187.Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve

resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de
equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y
precisión y citando los textos legales que se apliquen. || En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas
y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y
decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.[…]” (subrayado
añadido).
23 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005.

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Conforme a las reglas del CPACA, vigente para la fecha de presentación de la
demanda24, la Sala es competente para conocer del presente asunto por tratarse de un
recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia25
proferido en el marco del medio de control contencioso administrativo de controversias
contractuales26, en el que una de las partes es un establecimiento público27, dentro de
un proceso cuya cuantía impone su juzgamiento en doble instancia28.

4.2. Oportunidad

4.2.1. El Contrato fue liquidado de mutuo acuerdo mediante acta suscrita el diecisiete
(17) de mayo de dos mil once (2011) 29 , siendo el día siguiente al de esta fecha el
momento a partir del cual deben contarse los dos años que tenía el Consorcio para
presentar oportunamente la demanda30, según las normas procesales aplicables a este
asunto 31 . Luego, sin suspensión o interrupción mediante, el término bienal habría
concluido el 18 de mayo de 2013.

4.2.2. Con todo, según el acta 201-2013, expedida por la Procuraduría 143 Judicial II
para Asuntos Administrativos32, la parte demandante radicó solicitud de conciliación el

24 CPACA: “ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos

(2) de julio del año 2012. // Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. // Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la
presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.”
25 CPACA: “ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO

DE RADICACIÓN. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones
de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia”.
26 De acuerdo con el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, por regla general, “el juez competente para conocer de las

controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la
jurisdicción contencioso administrativa.”
27 CPACA: “ARTÍCULO 104.DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Jurisdicción de lo

Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al
derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función
administrativa. // Igualmente conocerá de los siguientes procesos: […] 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que
sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado.”
28 Conforme al artículo 152 numeral 4 del CPACA, los Tribunales conocen en primera instancia de los asuntos “…

relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública en sus distintos
órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier
entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la
cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.” Para la fecha de presentación de
la demanda, el tope mencionado equivalía a la suma de $308.513.500. De acuerdo con la demanda, las pretensiones
fueron estimadas en $490.537.891,00, guarismo que supera el límite fijado por la norma procesal.
29 F. 67-70, c. 2.
30 Cfr. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Sala Plena. Auto del 1º de

agosto de 2019. Rad. 05001-23-33-000-2018-00342-01 (62009)
31 ““ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada: […]

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] j) En las relativas a contratos el término para
demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o
de derecho que les sirvan de fundamento. […] En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así:
[…] iii) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, desde el día siguiente
al de la firma del acta;”.
32 F. 1, c. 2.

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dieciséis (16) de mayo de dos mil trece (2013), y la diligencia de conciliación extrajudicial,
adelantada el diez (10) de julio del mismo año, fue suspendida porque no compareció el
apoderado del Fondo. La suspensión fue ordenada por el término de tres (3) días, a la
espera de que el convocado explicase su inasistencia a la diligencia33 “o, en su defecto,
se declare fallida” la etapa de conciliación, conforme al artículo 11 del Decreto 1716 de
2009[34].

4.2.3. Si bien no fue adjuntada la certificación a la que hace referencia la norma
reglamentaria, que daría cuenta del agotamiento del trámite por falta de ánimo
conciliatorio, cabe entender que este culminó por este motivo, después de que
trascurrieran los tres (3) días posteriores a la inasistencia del apoderado del Fondo. Con
ello, el término restante para la presentación oportuna de la demanda, de dos días, se
habría reanudado el diecisiete (17) de julio de dos mil trece (2013). En vista de que la
demanda se radicó antes de esta última fecha, el once (11) de julio de dos mil trece
(2013), la acción fue incoada en término.

4.3. Legitimación en la causa

4.3.1. En relación con la legitimación en la causa, la Sala ha expresado, en varias
ocasiones35, que en líneas generales, esta:

“[…] constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo; se habla de
legitimación de hecho, cuando se trata de una relación procesal que se establece entre
quien demanda y el demandado y surge a partir del momento en que se traba la litis, con
la notificación del auto admisorio de la demanda y de legitimación material en la causa,
relacionada con la participación real de las personas en el hecho que da origen a la
interposición de la demanda, independientemente de que hayan sido convocadas al
proceso”36 (se subraya).

La legitimación material en la causa, bien sea por activa o por pasiva, “se presenta
cuando quien acude al proceso tiene relación con los intereses inmiscuidos en el mismo
y guarda una conexión con los hechos que motivaron el litigio, en otras palabras, es titular
de un interés jurídico susceptible de ser resarcido” 37. Dicha relación o conexión que
soporta el interés jurídico de quien acude al proceso como parte demandante se

33 Según el artículo 9 numeral 7 del Decreto 1716 de 2009: “Cuando circunstancias constitutivas de fuerza mayor o

caso fortuito impidan a alguno de los interesados acudir a la correspondiente sesión, deberá informarlo así dentro de
los tres (3) días siguientes a la fecha en que debió celebrarse la audiencia.”
34 DECRETO 1716 DE 2009: “Artículo 11. Culminación del trámite de conciliación por inasistencia de las partes.

Señalada la fecha para la realización de la audiencia sin que esta se pueda llevar a cabo por inasistencia de cualquiera
de las partes, excluido el supuesto de que trata el numeral 7 del artículo 9° de este decreto, se entiende que no hay
ánimo conciliatorio, lo que se hará constar expresamente por el agente del Ministerio Público, quien dará por agotada
la etapa conciliatoria y expedirá la correspondiente certificación.”
35 Se reitera lo expresado en: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera –

Subsección C. Sentencia del 29 de noviembre de 2019. Rad. 50001-23-31-000-2009-00435-01(46315)
36 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 9

de julio de 2018. Rad. 76001-23-31-000-2002-00095-02(39786)
37 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencias del

28 de junio de 2019. Rad. 66001-23-31-000-2003-00588-02(44009) y del 26 de agosto de 2019. Rad. 52001-23-31-
000-2010-00512-01(45022), entre otras.

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concreta, en últimas, a través de “la prueba efectiva de la condición de damnificado, que
le permitirá a quien demandó obtener, con la satisfacción de otros supuestos, la
favorabilidad de las pretensiones”38.

4.3.2. En el presente asunto, y en relación con la acreditación de la legitimación material
por activa del demandante, la Sala debe tomar en consideración que, cuando de
Consorcios se trata, conforme a la jurisprudencia vigente para la época en que se
presentó la demanda 39 , estaban legitimadas para obrar como demandantes las
personas, naturales o jurídicas, que lo conformaban.

A este proceso solo vino como demandante CONSTRUCOL - Constructora Colombia
S.A.S., a través de poder otorgado por quien oficiaba como su representante legal40. El
poder41-42 fue suscrito, únicamente, por el señor Manuel Gil Quintero como representante
legal de CONSTRUCOL CONSTRUCTORA COLOMBIA S.A.S. pese a que en él se
señaló que dicha sociedad, junto con INVERSIONES GABRA S.A.S. conformaban “el
CONSORCIO ESTACIONES FORPO COLOMBIA”.

El a quo, al admitir la demanda 43, basado al parecer en las manifestaciones que se
hicieron en el poder y en la demanda 44 , dio por establecido que las sociedades

38 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 10 de agosto de

2005. Rad. 44001-23-31-000-1994-03444-01(13444).
39
El veinticinco (25) de septiembre de dos mil trece (2013), esta corporación profirió la sentencia de unificación en el
proceso radicado 25000-23-26-000-1997-03930-01(19933) sobre la capacidad procesal de los Consorcios para
comparecer como parte en juicios cuyo objeto está constituido por derechos o por intereses jurídicos de los cuales es
o pudiere ser titular el consorcio respectivo, como ocurre en este caso, esta corporación había venido señalando que
los consorcios no podían comparecer al proceso, en virtud de lo prescrito en el artículo 44 del Código de Procedimiento
Civil, por lo que eran las personas naturales y/o jurídicas que los integran las verdaderas titulares de la capacidad para
actuar como sujetos procesales, habida cuenta que al carecer de personalidad jurídica propia e independiente no
podían ser tomados como sujetos de derecho aptos para comparecer a juicio, así éste guardara relación con algún
litigio derivado de la celebración o de la ejecución de un contrato estatal. Esa tesis jurisprudencial se modificó a efecto
de puntualizar que si bien los consorcios no constituyen personas jurídicas distintas de quienes integran la respectiva
figura plural de oferentes o de contratistas, lo cierto es que además de contar con la aptitud para ser parte en el
correspondiente procedimiento administrativo de selección de contratistas –comoquiera que por ley (art. 6 y 7 Ley 80
de 1993) cuentan con capacidad suficiente para ser titulares de los derechos y obligaciones derivadas tanto de los
procedimientos administrativos de selección contractual como de los propios contratos estatales─, también se
encuentran facultados para concurrir por intermedio de su representante, a los procesos judiciales que pudieren tener
origen en controversias surgidas del mencionado procedimiento administrativo de selección de contratistas o de la
celebración y ejecución del contrato estatal respectivo –legitimatio ad processum- pues el artículo 149 del C.C.A.
condicionaba tal posibilidad al cumplimiento de funciones públicas, pero no a la exigencia de que cuenten con
personalidad jurídica independiente. De esta forma, la sala plena de esta Sección concluyó que los consorcios podían
asumir la condición de parte y acudir a juicio para exigir los derechos a su favor, ora en calidad de demandante ora de
demandado o, incluso, como tercero interviniente, en razón a que se encuentran dotados de capacidad jurídica,
expresamente otorgada por la ley39, a pesar de que, evidentemente, no son personas morales.
40 F. 6 a 9 del cuaderno de pruebas.
41 F.3. C.1.
42 F.1. C 1.
43 En el auto admisorio de la demanda “Advierte el despacho que el CONSORCIO ESTACIONES FORPO
COLOMBIA, se encuentra conformado también por la sociedad INVERSIONES GABRA S.A.S., por lo que de
conformidad al artículo 171 numeral 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
se vincula al proceso por tener un interés directo en el resultado del mismo.”, en consecuencia, a numeral segundo de
la parte resolutiva, se dispuso su notificación. F.35 y 36 C.1.
44 En efecto, el texto de la demanda -F.3 a 21 del C 1- señala que: “Los representantes de CONSTRUCOL -

CONSTRUCTORA COLOMBIA S.A.S. e INVERSIONES GABRA S.A.S. integrantes del Consorcio ESTACIONES
FORPO COLOMBIA, domiciliados en Cúcuta, en ejercicio de sus facultades han conferido poder al suscrito abogado”.
Por su parte, el acápite de anexos anuncia que se aportan los certificados de existencia y representación legal de los
poderdantes: “inversiones GABRA S.A.S. y CONSTRUCOL - CONSTRUCTORA COLOMBIA S.A.S., quienes
conforman el Consorcio que confiere poder a través de sus respectivos representantes.”

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CONSTRUCOL CONSTRUCTORA COLOMBIA S.A.S. e INVERSIONES GABRA
S.A.S. 45 formaban parte del CONSORCIO ESTACIONES FORPO COLOMBIA”, y
obrando en consecuencia con esta apreciación, ordenó la vinculación de esta última al
proceso.

Sin embargo, con ocasión del estudio de la legitimación por activa, la Sala ha revisado
el expediente46-47 y ha encontrado ausencia total de prueba que permita inferir que el
Consorcio ESTACIONES FORPO COLOMBIA, haya estado integrado por la sociedad
demandante CONSTRUCOL CONSTRUCTORA COLOMBIA S.A.S. y la vinculada
INVERSIONES GABRA S.A.S. De hecho, en el acta de la audiencia inicial48 consta que
compareció el “representante legal del consorcio ABRAHAM ABRAJIN RODRIGUEZ”,
pero no obra prueba en el plenario de cómo acreditó tal condición.

En línea con lo expuesto, las sociedades integrantes del consorcio estarían legitimadas
para venir al proceso, pero, para derivar consecuencias de esa condición (de integrantes
del consorcio), soportaban la carga de acreditarla debidamente, pues sólo si el juez
encuentra demostrada la relación que dijeron tener los demandantes con los intereses
inmiscuidos en la litis, puede proceder a la resolución de fondo del asunto.

4.3.3. En efecto, en el medio de control de controversias contractuales son las partes
contratantes quienes pueden reclamar el incumplimiento del negocio jurídico 49 .
Tratándose de pretensión declarativa de enriquecimiento sin causa, lo será el titular del
patrimonio que se afectó con correlativo e injustificado enriquecimiento de otro.

Pues bien, en este proceso, Construcol pretende, como integrante del Consorcio que
suscribió el contrato50, que se declare que el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional se
enriqueció sin causa y con correlativo detrimento patrimonial del consorcio
ESTACIONES FORPO COLOMBIA-; y en su defecto, que se le resarzan los perjuicios
que habría derivado de un incumplimiento contractual en que habría incurrido ese fondo.
Estas dos pretensiones las trajo al contencioso en ejercicio de una alternativa válida de
reclamación cuando de litigios originados en contratos estatales suscritos por consorcios
45 F. 2 a 5 del cuaderno de pruebas.
46 Ni el relato fáctico, ni las pruebas o anexos de la demanda dan cuenta del documento en que se consigna lo atinente

a la existencia, integración, representación, acuerdos y duración del Consorcio. Al respecto, se remarca que esta
modalidad asociativa no constituye una persona jurídica propia e independiente de sus miembros integrantes
individualmente considerados, razón por la que no es posible probar su existencia con un certificado de Cámara de
Comercio, por lo que para estos efectos el equivalente funcional es el acta de constitución consorcial junto con el
registro único tributario, comoquiera que está obligada a inscribirse en el RUT y, para ello, la DIAN exige la copia del
acta privada de creación o constitución del Consorcio. Documentos que se echan de menos, toda vez que las
pretensiones recaban declaraciones y condenas en favor del Consorcio demandante y no de la sociedad
CONSTRUCOL S.A.S.
47
Se consultó el físico pues el digitalizado esta trocado con 56036.
48 De fecha 16 de septiembre de 2014. F.176 a 180 C.1.
49 CPACA – Artículo 141, inciso primero: “CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las partes de un

contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare
su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable
a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar
la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya
liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de
mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley.” (Se subraya).
50 Aptado. 2.1.

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se trata 51 . Sin embargo, en cualquiera de ellas, esta sociedad debía acreditar su
legitimación en la causa por activa, con la prueba de su condición de partícipe en el
negocio asociativo de colaboración empresarial, esto es, en el consorcio que suscribió el
contrato.

La Sala, para acometer el estudio de la prueba de la legitimación por activa, tomó en
consideración los siguientes hechos acreditados en este proceso:

4.3.3.1. El 19 de junio de 2009, el Fondo celebró con el Consorcio el contrato52 núm. 042-
3, cuyo objeto consistió en la “ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO,
DISEÑO ARQUITECTÓNICO, OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO, ESTUDIO DE
SUELOS, DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL, DISEÑO HIDROSANITARIO
INTERNO Y EXTERNO, DISEÑO ELÉCTRICO Y APANTALLAMIENTO, LICENCIAS,
PERMISOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEL CORREGIMIENTO SAN
MIGUEL / SONSÓN ANTIOQUIA, POR EL SISTEMA LLAVE EN MANO, A PRECIO
GLOBAL Y PLAZO FIJO”.

En el encabezado del negocio, se menciona que, en nombre de las partes, suscribieron
el contrato, por un lado, el entonces director del Fondo, y por el otro lado, la
“representación legal suplente de la firma CONSORCIO ESTACIONES FORPO
COLOMBIA” (negrillas originales del texto del contrato), y que en tal condición ofició
Claudia Bibiana Leal González. En el antecedente núm. 18 del contrato se expresó que
el Consorcio presentó oferta dentro del grupo 4 del procedimiento de selección
denominado “Contratación Directa N° 012 de 2009”. Más adelante, en el numeral 24 del
acápite de antecedentes del contrato se afirma que: “mediante Resolución No.00372 de
fecha 02 de junio de 2009, corregida mediante la Resolución 00377 de fecha 10 de junio
de 2009, se adjudicó en la Contratación Directa No. 012 de 2009, el Grupo No. 04
Estación del Corregimiento San Miguel / Sonsón Antioquia a la firma CONSROCIO
ESTACIONES FORPO COLOMBIA”.

51 Según la postura unificada de la Sección: “… tanto los consorcios como las uniones temporales sí se encuentran

legalmente facultados para concurrir, por conducto de su representante, a los procesos judiciales que pudieren tener
origen en controversias surgidas del procedimiento administrativo de selección de contratistas o de la celebración y
ejecución de los contratos estatales en relación con los cuales tengan algún interés, cuestión que de ninguna manera
excluye la opción, que naturalmente continúa vigente, de que los integrantes de tales consorcios o uniones temporales
también puedan, si así lo deciden y siempre que para ello satisfagan los requisitos y presupuestos exigidos en las
normas vigentes para el efecto, comparecer a los procesos judiciales –bien como demandantes, bien como
demandados, bien como terceros legitimados o incluso en la condición de litisconsortes, facultativos o necesarios,
según corresponda–, opción que de ser ejercida deberá consultar, como resulta apenas natural, las exigencias
relacionadas con la debida integración del contradictorio, por manera que, en aquellos eventos en que varios o uno
solo de los integrantes de un consorcio o de una unión temporal concurran a un proceso judicial, en su condición
individual e independiente, deberán satisfacerse las reglas que deban aplicarse, según las particularidades de cada
caso específico, para que los demás integrantes del correspondiente consorcio o unión temporal deban o puedan ser
vinculados en condición de litisconsortes, facultativos o necesarios, según corresponda.”(Se subraya): CONSEJO DE
ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Sala Plena. Sentencia del 25 de septiembre de
2013. Rad. 25000232600019971393001 (19933).
52 F. 12-35, c. 2.

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4.3.3.2. Así como el contrato principal, los contratos adicionales núm. 01[53] y 02[54],
fueron igualmente suscritos por la señora Claudia Bibiana Leal González, obrando como
representante legal suplente del Consorcio; persona diferente al señor Manuel Guillermo
Gil Quintero, quien, según el poder y el certificado de existencia y representación legal
de la sociedad actora55, obra en calidad de representante legal de Construcol.

4.3.3.3. Las actas de inicio 56 , de recibo final de diseños 57 y de estudios técnicos 58 ,
parciales de obra 01 y 02[59], de recibo final de obra 60 y de liquidación bilateral del
contrato 61 fueron suscritas por Claudia Bibiana Leal González, representante legal
suplente del Consorcio.

4.3.4. Sin embargo, se itera, no fueron allegados al plenario documentos referidos a la
conformación del Consorcio o a su composición interna, ni a su participación en el
negocio. Tampoco fue allegada la oferta de contrato, ni el acto de adjudicación, ni obra
otro elemento probatorio que refleje la condición aducida por Construcol para demandar
el incumplimiento contractual. No huelga advertir, por redundante que parezca, que en
el contrato tampoco se dio a conocer la conformación del consorcio.

Así las cosas, si bien los documentos que obran en el expediente refieren al Consorcio
como parte del contrato, estos no dan cuenta de la condición de Construcol como
sociedad consorciada. De esta manera, la actora no demostró la legitimación en la causa
por activa para demandar, en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales, por el incumplimiento del contrato núm. 042-3 de 2009; omisión que
impide adoptar decisión de fondo. Tampoco lo hizo Inversiones Gabra S.A.S., sociedad
vinculada a este proceso

4.3.5. En consecuencia, no viene procedente la emisión de un fallo de fondo sobre las
pretensiones de la demanda, y deberá, en consecuencia, ser revocada la sentencia de
primera instancia, y en su lugar declarará la Sala la falta de legitimación en la causa por
activa de la sociedad Construcol.

VII. CONDENA EN COSTAS

Como el recurso de apelación fue presentado en vigencia del Código General del
Proceso62 (aptdo. 2.4), es decir, luego del 1° de enero de 2014, la condena en costas
será tratada bajo sus reglas. Según el artículo 365 de esa codificación, esta procede en
contra de la “la parte vencida en el proceso”.

53 Sin fecha legible de suscripción: f. 37, c. 2.
54 F. 38, c. 2.
55 Cámara de Comercio de Cúcuta núm. 03OCC0429015 del 29 de abril de 2013 (f. 6-9, c. 2).
56 F. 40, c. 2.
57 F. 46-49, c. 2.
58 F. 45, c. 2.
59 F. 51-54, c. 2.
60 F. 56-57, c. 2.
61 F. 67-70, c. 2.
62 Rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(49299).

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Demandante: Constructora Colombia S.A.S.

Empero, como la presente decisión da cuenta de la falta de un presupuesto procesal que
no permite un pronunciamiento judicial sobre el fondo de las pretensiones de la demanda,
esta no puede estimarse, en estricto rigor, favorable a una de las dos partes, ni apta para
calificar a una de las partes como vencida dentro del proceso63. Por lo tanto, no hay lugar
a condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Magistrado
Nicolás Yepes Corrales.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del veintidós (22) de marzo de dos mil diecisiete
(2017), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad
que, en su lugar, quedará así:

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de la
sociedad Constructora Colombia S.A.S. (Construcol) de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez esta providencia
esté en firme.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

WILLIAM BARRERA MUÑÒZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VF

63 Cfr. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia

del 19 de abril de 2023. Rad. 23001-23-33-000-2014-010453-01(58494).

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