Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2002-00095-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2002-00095-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2002-00095-02
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
9 de julio de 2018
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR SERVIDORES ESTATALES - Muerte de hombres en operativo de captura / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – Configurada / PRUEBA DE PARENTESCO Y AFINIDAD – Extemporánea
[A] este proceso acudieron, Herminda Espinosa Bocanegra (esposa de la víctima Abdías Cooper Sánchez), en nombre propio y en representación de sus hijos menores Herson Cooper Espinosa y Abdías Cooper Espinosa; Beatriz Sánchez de Cooper y Epimenio Cooper Cristancho (padres); Luz Elena Cooper Cristancho y William Cooper Sánchez (hermanos); Pedro Leonel Espinosa Bocanegra y Nury Espinosa Bocanegra (cuñados); Hugo Espinosa Llanos y Ruth Bocanegra de Espinosa (suegros); no obstante, ninguno de ellos probó su parentesco con Abdías Cooper Sánchez, pues no acreditaron debidamente la condición invocada respecto de la víctima directa del daño, ya que no allegaron oportunamente al plenario los registros civiles de matrimonio, de nacimiento de aquél, el de los hijos, documentos necesario para deducir las calidades ya mencionadas (…) Nótese que con la presentación de la demanda, no se allegaron por la parte actora, como pruebas documentales los registros civiles de los demandantes, como medio idóneo para probar el vínculo de consanguinidad o de afinidad que invocaban. En el escrito de adición de la demanda, tampoco se aportaron como pruebas documentales tales registros civiles; solo hasta el veintidós (22) de mayo de dos mil dos (2003) allegó el apoderado judicial de los demandantes dichos documentos, aduciendo “error involuntario” de su parte (…) Conviene precisar que con el escrito de sustentación del recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la parte demandante allegó: Copias del memorial que contiene la relación de los registros civiles que fueron aportados extemporáneamente al proceso en mayo 22 de 2003 (…) Ante esta situación, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección “C”, por auto de fecha nueve (9) de febrero de dos mil once (2011), decidió abstenerse de tener como pruebas dichos documentos allegados, por cuanto no se configuraba ninguno de los eventos previstos para ello en el artículo 214 del C.C.A. y porque incorporar esta prueba documental implicaría otorgarle la oportunidad a la parte demandante de acreditar la existencia de un presupuesto material necesario para obtener un pronunciamiento favorable a las pretensiones procesales incoadas, en detrimento de los derechos de contradicción y de defensa de la parte demandada.
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA EN SENTIDO MATERIAL
La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo; se habla de legitimación de hecho, cuando se trata de una relación procesal que se establece entre quien demanda y el demandado y surge a partir del momento en que se traba la litis, con la notificación del auto admisorio de la demanda y de legitimación material en la causa, relacionada con la participación real de las personas en el hecho que da origen a la interposición de la demanda, independientemente de que hayan sido convocadas al proceso (…) [E]s claro que la posición de la Sala de Sección ha sido admitir que las personas lesionadas o perjudicadas en sus derechos e intereses, ya sean éstos de carácter material o moral, asumen la condición de víctimas y están legitimadas en la causa por activa para iniciar un proceso de responsabilidad civil a fin de que sean reparadas integralmente. Es decir que la legitimación en la causa por activa, en sentido material, se presenta cuando quien acude al proceso tiene relación con los intereses inmiscuidos en el mismo y guarda una conexión con los hechos que motivaron el litigio, en otras palabras, es titular de un interés jurídico susceptible de ser resarcido.
CARÁCTER PERSONAL DEL PERJUICIO – Prueba
[E]l derecho a la reparación de las víctimas indirectas o de los damnificados está condicionado, entre otras cosas, a la existencia del carácter personal del perjuicio, toda vez que éste sólo se reconoce en la medida en que prueben que el hecho dañino les ocasionó un perjuicio, ya sea por la especial relación afectiva o por la dependencia económica que mantenían con la víctima directa o inicial
PRUEBA DE PARENTESCO Y AFINIDAD / REGISTRO CIVIL
En resumen, en el ordenamiento civil colombiano la prueba del nacimiento y de las situaciones que emanen de él, tales como la paternidad, están circunscritas a la copia auténtica del correspondiente folio o al certificado que con base en él expidan los funcionarios encargados de llevar el registro del estado civil, es más, el mismo Estatuto previó que ninguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro, se itera como ocurre con el nacimiento y las situaciones que de él se desprenden, hagan fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado a funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la descrita normatividad.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 76001-23-31-000-2002-00095-02(39786)
Actor: HERMINDA ESPINOSA BOCANEGRA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: Falta de legitimación en la causa por activa
Subtema 1: Aporte extemporáneo de los registros civiles.
Sentencia: Confirma
A la Sala corresponde decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el veintitrés (23) de julio de dos mil diez (2010). Por medio de ésta, se negaron las súplicas de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Abdías Cooper Sánchez Castellanos y otra persona, fueron muertos el dieciséis (16) de mayo de dos mil (2000), en el corregimiento de Corinto, en hechos que se presentaron cuando se realizaba un operativo para capturar a unos narcotraficantes que dispararon desde un automotor contra una patrulla militar, acción en la que le causaron la muerte a un soldado. Por esta razón, los restantes integrantes de la patrulla militar, respondieron el fuego, causándole la muerte a dos de los integrantes de un vehículo; en el automotor se encontraron cincuenta (50) kilos de cocaína.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
Herminda Espinosa Bocanegra (esposa de la víctima Abdías Cooper Sánchez), en nombre propio y en representación de sus hijos menores Herson Cooper Espinosa y Abdías Cooper Espinosa; Beatriz Sánchez de Cooper y Epimenio Cooper Cristancho (padres); Luz Elena Cooper Cristancho y William Cooper Sánchez (hermanos); Pedro Leonel Espinosa Bocanegra y Nury Espinosa Bocanegra (cuñados); Hugo Espinosa Llanos y Ruth Bocanegra de Espinosa (suegros), el día diecinueve (19) de diciembre de dos mil uno (2001), promovieron demanda de reparación directa, contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional. a fin de que se les declarara civil y administrativamente responsables por la muerte de Abdías Cooper Sánchez. Solicitaron se condenara a las demandadas al pago de perjuicios morales y materiales.
La parte demandante sostuvo, como fundamento de hecho de sus pretensiones lo siguiente:
Señaló que el teniente Jorge Duarte Amaya comandante de la compañía Escorpión informó que unos narcotraficantes dieron de baja al soldado Héctor Paz Gutiérrez, procediéndose a la captura de quienes lo hicieron, los cuales se desplazaban en un vehículo. Agregó que en el relato del comandante se dijo que los ocupantes del automotor, señores Abdías Cooper Sánchez Castellanos y Hermel Núñez Castellanos, fueron los que dispararon contra la patrulla y que los soldaron reaccionaron matando a los ocupantes de dicho auto.
Dijo que se inició investigación penal militar por los informes entregados por los tenientes Jorge Duarte Amaya y Henao Arredondo Olber, ya que, en ellos, inicialmente, no se reportaron muertos y luego sí se dijo que se dieron de baja dos (2) narcotraficantes, a quienes se les encontró dentro del vehículo cincuenta (50) kilos de cocaína y una (1) granada.
Refirió que la Fiscalía General de la Nación, en el acta No. 002 del quince (15) de mayo de dos mil (2000) correspondiente al levantamiento del cadáver de Helmer Núñez Castellanos, narró que dentro del carro se encontraron cuarenta (40) paquetes y no se indicó nada respecto de la granada. En el acta No. 003 del quince (15) de mayo de dos mil (2000), correspondiente al levantamiento del cadáver de Abdías Cooper Sánchez, se encontró un carné que decía “Comité de Ganaderos del Caquetá”.
Comentó que la Fiscalía 001, el treinta y uno (31) de mayo de dos mil (2000) solicitó al Director Seccional del Cuerpo Técnico que se hicieran las pruebas de absorción para determinar si se había utilizado armas o no y remitió el negocio al Juzgado 17 de Instrucción Militar de Cali.
Refirió que en la declaración de José Ernesto Orozco Sepúlveda, miembro de la fuerza pública que participó en los hechos narrados, se le preguntó cómo se explicaba que los ocupantes del vehículo dispararan contra los soldados si en la inspección judicial que se hizo al automóvil no se encontró ninguna arma, respondiendo que los punteros decían que del carro estaban disparando.
Manifestó que en la narración de Jose Yunner Molina González, éste aseguró haber visto disparar desde el carro, que desconocía que no hubiera armas dentro del automotor y que encontraron cocaína en el auto.
Agregó que el Fiscal Seccional 001, en oficio No. 1097 del diecinueve (19) de junio de dos mil (2000) informó que la prueba de Absorción realizada a los cuerpos de Abdias Cooper Sánchez y Helmer Núñez Castellanos por parte del CTI en su laboratorio LABICI, arrojó un resultado negativo.
Concluyó que en otras declaraciones de autoridades que intervinieron en los hechos, existieron contradicciones en los testimonios, pues a pesar de que muchos dicen haber visto y oído disparos provenientes del vehículo, es claro que los ocupantes nunca dispararon.
2.2. Trámite procesal relevante
La demandada contestó la demanda, manifestó que se oponía a las pretensiones y que no le constaban los hechos y que estos se dieron en desarrollo del uso de la legítima defensa y enmarcado en los reglamentos y en el deber legal que le confiere la Constitución y como eximente de responsabilidad señala la culpa exclusiva de la víctima por su actuar negligente, imprudente y al margen de la ley. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por activa por falta de prueba idónea para demostrar el vínculo familiar.
2.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, profirió sentencia el veintitrés (23) de julio de dos mil diez (2010), en el que, con relación al fondo del asunto, resolvió:
“1. DECLARAR probada la excepción de “FALTA DE LEGITIMACIÓN POR ACTIVA” propuesta por la entidad demandad, (sic) NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL.
2. NIEGANSE las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
(…)”
El Tribunal precisó que los registros civiles de nacimiento, registro civil de defunción y partidas de matrimonio no fueron aportados al proceso en debida forma y oportunamente con la demanda o con la adición de la demanda, sino que se allegaron de forma extemporánea, y el decir del apoderado de la parte actora que fue un error involuntario por parte de éste, no fue de recibo para la Sala porque según el artículo 208 del C.C.A. solo podrá hacerse uso por una sola vez de aclarar o corregir la demanda y entrar a darle valor a unos documentos aportados extemporáneamente constituye una vulneración a los derechos fundamentales en cabeza de la entidad demandada, además el vínculo existente entre el presunto afectado y los familiares del mismo se debe probar, demostrar el parentesco o la relación del demandante y que se aduzca oportuna y legalmente al proceso, lo que en este caso no sucedió por la extemporaneidad.
Añadió que en la legitimación en la causa en la acción de reparación directa, toda persona que tenga interés en obtener reparación del daño bien sea por un hecho, una omisión o una operación administrativa, debe acreditar válidamente su condición so pena de verse frustradas sus aspiraciones procesales, por las falencias o irregularidades mencionadas; aunado a ello, para el Tribunal no se probó el “daño antijurídico”, y que de existir legitimación conllevaría igualmente a desestimar las pretensiones por ausencia de pruebas.
Arguyó que el Consejo de Estado ha manifestado que la no acreditación de la calidad bajo la cual actúa como demandante, hace imposible inferir el sufrimiento de los mismos por lo que no los hace beneficiarios de una condena patrimonial ni tenerlos tampoco como terceros damnificados.
Finalmente, agregó, que no presentar prueba el demandante de la calidad con que actuaba puede dar lugar a que el juez inadmita la demanda, pero que también puede ser propuesta como excepción según el artículo 97 numeral 6 del C.P.C. que en la sentencia trae como consecuencia desestimar las pretensiones de la demanda; ante dicha irregularidad en las actuaciones del abogado que presentó la demanda, al Tribunal no le quedó otro camino que estimar la excepción propuesta y por lo tanto desestimar las pretensiones de la demanda.
2.4. El recurso contra la sentencia
La parte demandante interpuso oportunamente recurso de apelación contra la anterior decisión, en el que señaló que la sentencia niega las pretensiones de la demanda porque existió “falta de legitimación en la causa por activa” cuando dijo a folio 13 la sentencia:
“… los registros civiles… no fueron aportados al proceso en debida y oportuna forma con la demanda; tampoco lo fueron con la adición de la demanda, sino que se allegaron al expediente de forma extemporánea…”,
Tampoco constata la sala “…prueba alguna del supuesto daño antijurídico…”
Añadió que entonces debe precisarse dos temas anotados por la primera instancia que hicieron que no accediera a las pretensiones y fueron planteados en los siguientes términos:
Falta de legitimación en la causa por activa:
Expuso que las copias simples sacadas del expediente principal surtieron todo el procedimiento procesal que dice la primera instancia no se cumplió, veamos: (Se transcribe literal y con errores)
“(…)
a). folio 60 – memorial donde se indica que se acompaña los documentos que no se aportaron en la adicción de la demanda, ojo se reciben el 22 de mayo de 2003 a las 4:19 pm; téngase en cuenta que en ese momento se entregaron todos los originales de registros civiles de nacimiento, defunción, matrimonio de los actores.
b.) folio 38, auto de admisión de la adicción de la demanda, auto de febrero del 2003; en ese auto no se dijo nada respecto a los documentos enunciados en la adicción que no se acompañaron con la adicción, es de observar que se manifestó “fijar en lista el proceso”
La fijación en lista es importante; porque como se acepto la adicción de la demanda y no se observo nada respecto a los documentos que faltaban; si se indico en el memorial posterior que se acompañaban los documentos faltantes, lo cual a la postre se cumplió más adelante, y se hizo antes de que se venciera el término de fijación en lista; lo fundamental es que los documentos entregados (y que hacía falta) se entregaron materialmente antes de vencerse el termino de fijación en lista.
c). En este orden de cosas materiales, acompaño también la contestación de la demanda que hizo Mindefensa, de fecha junio 6 del 2003; es decir, que la contraparte o parte demandad conocía no solo la adicción de la demanda como tal, sino también que se acompaño y subsano la omisión de los documentos desde el día 22 de mayo de 2003; por ello la parte demandad tuvo acceso real y material a los documentos, por ello debió en su momento procesal, cuando se adiciona la demanda, interponer los recursos de Ley con el fin de que no se tuvieran los documentos presentados por el demandante como validos; ello cuando se hizo (el 22 de mayo de 2003); pues el juez tampoco dijo nada y admitió la adicción tal como se presento.
En este contexto no hay violación alguna al debido proceso, ni tampoco parcialidad si se le da valor probatorio a los documentos; pues los mismos fueron presentados antes de vencerse al termino de fijación en lista, aquí le aclaro a la segunda instancia que el hecho de aportar los documentos mencionados en un nuevo memorial no indica que se está adicionando nuevamente la demanda, tan solo se está corrigiendo una omisión; la cual se hizo dentro del término desde, es decir, muchísimo tiempo atrás del termino de fijación en lista, por ello la entidad demand tuvo acceso material y real a los documentos, es decir los conoció desde antes que le corrieran el traslado para contestar la demanda.
(…)
e). Acompaño copia simple del auto de pruebas dictado por la Primera Instancia en noviembre 14 de 2003; donde el Juez de Primera Instancia, Nunca rechazo la prueba que se indico en la adicción de la demanda; así como tampoco el demandado interpuesto recurso alguno contra esa prueba, en el sentido de solicitarle expresamente al Juez tener la prueba de los documentos aportados como no hecha; aquí vuelvo y repito, se le dio al demandado todas las oportunidades procesales para haber objetado tanto la adicción de la demanda, como la presentación de los documentos, tenía el demandado los recursos Ley, contra los auto respectivos, y no lo hizo.
De las anteriores pruebas evaluadas, de los comentarios hechos, se llega a la Conclusión que los demandantes sí estaban legitimados para actuar.
Veamos el otro cargo por el cual se niega las pretensiones:
NO EXISTE PRUEBA ALGUNA DEL SUPUESTO DAÑO ANTIJURÍDICO SUFRIDO POR LOS DEMANDANTES
Reitero en esta instancias mis argumentaciones presentadas en los alegatos de conclusión, para demostrar la existencia de la responsabilidad estatal, ello porque la prueba fue toda recogida y se demuestra el daño antijurídico por una parte, y la falla presunta por la utilización de armas contra el familiar de los demandantes, que a la postre le quito la vida.
“…De los hechos narrados se desprende que en el operativo Militar murieron ABDIAS COOPER SANCHEZ y HELMER NUÑEZ CASTELLANOS, presente en su oportunidad demandas separadas por cada fallecido e igual fueron radicadas en Cali ante el Tribunal Contencioso del Valle.
2.2.- el asunto de HELMER NUÑEZ CASTELLANOS, fue remitido en su momento por competencia al tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, quien siguió todo el proceso, y profirió sentencia condenatoria.
En fallo del 18 de agosto del 2009, el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca condena a la Nación – Mindefensa por la muerte de HELMER NUÑEZ, es decir por los mismos hechos de la actual demanda, condenó diciendo:
“… considera el Tribunal conveniente, a efectos de dar mayor claridad a la afirmación que viene de hacerse en el sentido de hallase huérfana de prueba la hipótesis del ataque de los civiles a la patrulla del ejercito como causa del uso de las armas oficiales de su parte, retener en la presente providencia los apartes de la decisión adoptara por el Tribunal Superior Militar en la decisión aludida. Dijo entonces esa colegiatura:
“… no esta demostrada la causal de ausencia de responsabilidad allí alegada, pues no es claro como se dieron los hechos, si en verdad los particulares del vehículo dispararon, dónde están las armas, no se llevo a cabo una Inspección Ocular con reconstrucción parcial de los hechos para determinar la posición, nivel o ubicación de las victimas (quienes iban en el vehículo), mientras que intervinieron en la operación, Militar hoy occiso y demás militares que intervinieron en el supuesto enfrentamiento y así establecer los mismos, posición del vehículo en relación con el cerro de donde dicen les disparaban y comparar con las trayectorias de los proyectiles, por tanto la determinación al amparo del Articulo 316 del CPM, no es factible a este momento aunque se reconoce que los militares obraran en estricto cumplimiento de un deber legal, se encontraban en el lugar de los hechos adelantando la orden de operaciones denominada “MOSQUERA MOSQUERA”, y probablemente se presentó un enfrentamiento entre estos y quienes disparaban desde el cerro y del vehículo, debiendo reaccionar ante tal ataque injusto y grave pero no se ha esclarecido las circunstancias que produjeran la muerte de los particulares, pues ni siquiera se vinculo mediante diligencia de inquirir a los militares que actuaron en dicho enfrentamiento y hasta el momento no se ha escuchado al soldado REYES quien iba de puntero y podrá esclarecer los hechos. (Folio 378 cuaderno de pruebas)… “
Como se puede observar, ninguna claridad se ha dado acerca de como ocurrieron los hechos en el presente evento, sin que pueda afirmarse – como resalta la cita- que se halle establecido que los civiles muertos ene (sic) le automotor, hubiesen disparado en contra de las tropas y causado la muerte de las personas indicadas en la demanda, resultando por ello responsable la demanda por los perjuicios con ello causado a los demandantes, conclusión que no se ve enervada por hecho ninguno capaz de exonerarla de tal responsabilidad por lo que, forzosamente, así lo declara el Tribunal, sin que pueda tenerse de recibido la excepción denominada por la demandada LA NACIÓN – Ejercito Nacional, como sea que se halla claro que se demanda a la Nación por una actuación del Ejercito Nacional no alcanza a tener la virtualidad de hacer imposible la determinada de la demanda.”
2.3.- Como los hechos donde muere ABDIAS COOPER SÁNCHEZ son los mismos de este caso; encontramos que la teoría aplicada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, es la misma para nuestro caso, si este despacho acoge la teoría de la falla presunta por el uso de armas oficiales, entonces debe ser condenada la nación. 2.4.- Dentro de lo probado, se determinó en el expediente penal aportado, que los fallecidos no tenían armas algunas, y que los disparos que mataron al Actor y su compañero provinieron del Ejercito Nacional. Los mismos soldados atestiguaron esa circunstancia y ratificaron que no encontraron arma alguna. Se pidió la prueba de que los soldados declararan dentro del proceso, pero nunca se pudo hacer; sin embargo en aplicación de la Jurisprudencia del Consejo de Estado sobra la prueba trasladada a los procesos contenciosos, cuando se pide de consumo; no requiera ratificación de la misma, que da como verdad todo el historial del expediente Penal, tal como lo reconoció la sentencia de condena que profirió el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca.
Agrego a este despacho, que también se debe tener en cuenta el uso de la fuerza por parte de la autoridad, pues sobrepaso el principio la proporcionalidad y razonabilidad de la misma, en tanto que eran dos personas contra un batallón entero; lo apropiado y adecuado era simplemente en el evento de ser cierto el uso de armas por parte del actor, lo lógico y proporcional era bloquear su actuar y neutralizarlos con los llamados a rendirse o algo parecido, en tanto que el Ejercito estaba en superioridad de condiciones, acordes a los hechos…”
2.2.- También quiero reiterara a esta instancia el sustento jurídico que se presento con la demanda, por que se manejo la teoría del daño antijurídico, se sostuvo:
“…4.1.- Con la EXTRALIMITACIÓN O FALLA DEL SERVICIO de la Administración se han quebrantado las siguientes normas: Inciso segundo del artículo 2° de la C.N., artículo 90 de la C.N. En el evento planteado, debe acogerse el criterio universal, doctrinario y jurisprudencial de la Responsabilidad Administrativa proveniente de los hechos de la Administración Pública en Colombia; el criterio se apoya en los artículos 2: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger la vida..,” 6: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los Servidores públicos, lo son por la misma causa y por la omisión y extralimitación en el ejercito de sus funciones”. 90: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños jurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, amén de entender conforme al artículo primero del Código Contencioso Administrativo, que el nombre genérico de las autoridades, abarca la mención anunciativa, mencionando en esta norma, más todas las creaciones constitucionales legitimadoras del nuevo orden legal (artículo 113 C.N.); podríamos extendernos en la dogmática constitucional para amparar la responsabilidad estatal, pero para el caso en comento, sólo basta una especifidad (sic) dentro de esta generalidad de la responsabilidad estatal. 4.2.- La violación de las normas citadas resuelta de la conducta EXTRALIMITANTE de la Administración en el cumplimiento de las obligaciones legales para con los residentes en el país, ocasionan una vulneración flagrante de los derechos fundamentales del ciudadano, ninguna autoridad en Colombia, como repetidamente lo ha sostenido el Consejo de Estado, puedo hacerse justicia por propia mano, pues existe en el Estado social de derecho actual, los mecanismos del debido proceso, y dentro de la dogmática del principio de la legalidad, todos estamos sujetos al cumplimiento de la ley o norma. La conducta de los soldados dentro de su servicio y utilizando elementos de su servicio, configuran con su actuación una extralimitación de funciones y una falla en la prestación del servicio, que generó un daño irreparable al ser vulnerado el derecho fundamental mas importante la VIDA.
(…)
2.3.- Quiero que esta instancia tenga muy presente la sentencia que profirió el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, donde se condena al estado por los mismo hechos narrados aquí, pues uno de los fallecidos en el operativo militar es también el que apareció en la sentencia ante citada. 2.4.. debe observase en este recurso que sustento, que muy a pesar de las reiteradas peticiones hechas por el Juez de instancia ninguno de los militares que intervinieron en la muerte del familiar de los demandantes, se presento; sin embargo en el expediente penal quedo demostrado claramente que nunca se les encontró arma alguna a los fallecidos, por lo tanto el Tribunal Administrativo del Cauca, manejo la “teoría de la falla presunta”, que consiste en el uso de armas oficiales en contra de civiles, en el entendido que los civiles están desarmados, por ello dentro de los criterios de proporcionalidad y racionalidad, hubo un exceso de autoridad que conllevo a la muerte del familiar de los demandantes.”
2.5. Trámite en segunda instancia
El recurso fue admitido por esta Corporación con auto de fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil diez (2010) y por auto de nueve (9) de febrero de dos mil once (2011) se resolvió sobre los documentos aportados por el recurrente, absteniéndose de tenerlos como pruebas allegadas en el trámite de la segunda instancia.
Por proveído del dos (2) de marzo de dos mil once (2011), se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para emitir su concepto. En esta oportunidad la parte demandante replicó las pretensiones de la demanda y solicitó condenar a la demandada, reiterando los argumentos expuestos en el recurso de apelación y solicitó fuera tenida en cuenta como prueba sobre la existencia del daño antijurídico, la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que falló los mismo hechos por falla presunta al usarse armas de fuego oficial.
La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
III. CONSIDERACIONES
Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el veintitrés (23) de julio de dos mil diez (2010).
Debe advertirse que el estudio que abordará la Sala se contrae a desatar la inconformidad de la parte demandante. En este sentido, la Sala se circunscribirá a los aspectos arriba señalados, pues su competencia, según el art. 357 del C.P.C., se reduce a examinar dicho asunto, no siendo posible que aborde otros, so pena de violar el principio de la congruencia.
La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, estableció que la competencia del juez de la segunda instancia está limitada a los motivos de inconformidad que expresó el recurrente en el escrito de apelación, de allí que, en el asunto sub examine esta Subsección se restringirá a estudiar sólo lo anteriormente señalado, pues en eso radican los argumentos expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación.
3.1. Sobre los presupuestos materiales de la Sentencia de mérito
3.1.1. La competencia
La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el veintitrés (23) de julio de dos mil diez (2010), comoquiera que al momento de presentación del recurso de apelación –3 de septiembre de 2010- se encontraba vigente la Ley 1395 de 2010, la cual dispuso que la cuantía del proceso debía establecerse por la sumatoria de las pretensiones al momento de presentación de la demanda, monto que para el presente asunto, supera el exigido -500 SMLMV- para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación.
3.1.2. La legitimación en la causa
La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo; se habla de legitimación de hecho, cuando se trata de una relación procesal que se establece entre quien demanda y el demandado y surge a partir del momento en que se traba la litis, con la notificación del auto admisorio de la demanda y de legitimación material en la causa, relacionada con la participación real de las personas en el hecho que da origen a la interposición de la demanda, independientemente de que hayan sido convocadas al proceso.
Este punto se torna de especial importancia en el presente caso, dado que es planteado como uno de los dos argumentos principales del recurso de apelación, en la medida que la sentencia apelada, denegó las pretensiones por encontrar probada la falta de legitimación en la causa por activa, por no haberse aportado oportunamente los registros civiles de los aquí demandantes, como medio idóneo para probar la condición de consanguíneos y afines de la víctima.
Ahora bien, en cuanto a la legitimación en la causa la Sala recuerda que la jurisprudencia constitucional ha referido su naturaleza jurídica en sentido amplio, como la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”, de forma tal que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión favorable a las pretensiones demandadas.
Dentro del concepto de legitimación en la causa, se vislumbra la legitimación de hecho, originada en la simple alegación de esa calidad en la demanda, como lo preveía el artículo 86 del C. C. A., al señalar “la persona interesada podrá”, siendo entonces ese interés mínimo, suficiente para accionar y para proponerlo en la instancia procesal de inicio del juicio. Por su parte, la legitimación material se concreta en el evento en que se pruebe realmente la calidad alegada para obtener una sentencia favorable a las pretensiones de la demanda.
Un concepto más reciente ha establecido que:
“(…) se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda (…) la legitimación material en la causa, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño (…)” .
Es así que la jurisprudencia de la Sala reconoce la legitimación en la causa sustantiva para actuar como demandante dentro del proceso de reparación directa cuando, además del daño antijurídico, el actor demuestra que ha sufrido un perjuicio cierto y personal.
Para el asunto que llama la atención de la Sala en este momento interesa resaltar el carácter personal del perjuicio, lo que significa que para que éste exista y pueda ser indemnizado es necesario que quien demande reparación sea la persona que lo sufrió. En consecuencia, “(…) [E]l daño es personal cuando se deriva de los derechos que tiene el demandante sobre el bien que sufrió menoscabo, debiendo establecerse la titularidad jurídica sobre el derecho que tiene respecto de ese bien menguado”. Así las cosas, el carácter personal del perjuicio supone que éste puede ser sufrido por toda persona, quien quedará en la posibilidad de formular una petición para que le sean indemnizados todos los perjuicios que sufrió directamente, pero debe demostrar tal calidad.
Así las cosas, es claro que la posición de la Sala de Sección ha sido admitir que las personas lesionadas o perjudicadas en sus derechos e intereses, ya sean éstos de carácter material o moral, asumen la condición de víctimas y están legitimadas en la causa por activa para iniciar un proceso de responsabilidad civil a fin de que sean reparadas integralmente. Es decir que la legitimación en la causa por activa, en sentido material, se presenta cuando quien acude al proceso tiene relación con los intereses inmiscuidos en el mismo y guarda una conexión con los hechos que motivaron el litigio, en otras palabras, es titular de un interés jurídico susceptible de ser resarcido.
Del mismo modo, cuando el demandante ha sufrido un daño como consecuencia de la acción u omisión del Estado acude al proceso en calidad de víctima directa o víctima inicial; en cambio, quienes pretenden la reparación de los perjuicios personales derivados del daño sufrido por otra persona (generalmente lesiones o muerte) están legitimados para demandar en calidad de víctimas indirectas o damnificados, dado que han sufrido un daño por rebote que en todo caso es independiente y autónomo del daño inicial.
Sin embargo, el derecho a la reparación de las víctimas indirectas o de los damnificados está condicionado, entre otras cosas, a la existencia del carácter personal del perjuicio, toda vez que éste sólo se reconoce en la medida en que prueben que el hecho dañino les ocasionó un perjuicio, ya sea por la especial relación afectiva o por la dependencia económica que mantenían con la víctima directa o inicial.
A la sazón, en el caso concreto la Sala observa que los demandantes derivaron los perjuicios cuya indemnización se pretende en sede de reparación directa, de una relación afectiva propia de los vínculos de parentesco: padres, hijos, hermanos, cónyuge, suegros y cuñados.
Sobre el tema, vale decir que el registro del estado civil, el cual comprende, entre otros, los nacimientos, matrimonios y defunciones, como función del Estado, se estableció en 1883, con la expedición del Código Civil. Posteriormente, con la expedición de la Ley 57 de 1887, sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional, en el artículo 22, se estableció tener y admitir como pruebas principales del estado civil, respecto de nacimientos, matrimonios o defunciones de personas bautizadas, casadas, o muertas en el seno de la iglesia católica, las certificaciones que con las formalidades legales expidieran los respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales.
A partir de la vigencia de la Ley 92 de 15 de junio de 1938, los documentos referidos pasaron a ser supletorios y se determinó en el artículo 18 ibídem que sólo tendrían el carácter de pruebas principales del estado civil respecto de los nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimientos y adopciones, que se verifiquen con posterioridad a la señalada ley, las copias auténticas de las partidas del registro del estado civil, expedidas por los notarios, el alcalde municipal, los funcionarios consulares de Colombia en el exterior y los corregidores e inspectores de policía, quienes quedaron encargados de llevar el registro del estado civil de las personas.
Finalmente, con el Decreto Ley 1260 de 1970, se estableció como prueba única del estado civil, para los nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos después de su vigencia, las copias auténticas de los registros civiles.
Así las cosas, la prueba del estado civil y la acreditación del parentesco deberá hacerse con el documento que corresponda.
En este sentido el precedente de la Sala ha sostenido:
“En vigencia del artículo 347 del C.C., y la Ley 57 de 1887, el estado civil respecto de personas bautizadas, casadas o fallecidas en el seno de la Iglesia, expediente 29.139 De: Nieves Solís y otros. Contra: Ministerio de Defensa – Policía Nacional acreditaba con los documentos tomados del registro del estado civil, o con las certificaciones expedidas por los curas párrocos, pruebas que, en todo caso, tenían el carácter de principales. Para aquellas personas que no pertenecían a la Iglesia Católica, la única prueba principal era la tomada del registro del estado civil. Con la entrada en vigencia de la Ley 92 de 1.938 se estableció la posibilidad de suplir la falta de las pruebas principales por supletorias. Para acudir a éstas últimas, era necesario demostrar la falta de las primeras. Esta demostración consistía en una certificación sobre la inexistencia de la prueba principal, expedida por el funcionario encargado del registro civil, que lo era el notario, y a falta de éste, el alcalde. Por su parte, el Decreto 1260 de 1.970 estableció como prueba única para acreditar el estado civil de las personas, el registro civil de nacimiento”.
Aun en reciente jurisprudencia la Sala dijo:
“Sobre el particular, al ocuparse de regular los asuntos atinentes a las “PRUEBAS DEL ESTADO CIVIL”, el Decreto - ley 1260 de 1970, en su artículo 105, determina: “Artículo 105.- Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la ley 92 de 1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos. En caso de pérdida o destrucción de ellos, los hechos y actos se probarán con las actas o los folios reconstruidos o con el folio resultante de la nueva inscripción, conforme a lo dispuesto en el artículo 100”. Para eliminar cualquier duda en relación con el alcance y el carácter imperativo de la norma transcrita, el mismo estatuto en cita determina, a la altura de su artículo 106: “Artículo 106.- Ninguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro”. Sobre el punto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia del 22 de enero del 2008, señaló: “Así pues, cuando el estado civil se aduce como fuente de derechos y de obligaciones (artículo 1° Decreto 1260 de 1970) es necesario acudir a su régimen probatorio establecido en los artículos 101 y siguientes del Decreto 1260 de 1970”. Con fundamento en lo anterior puede concluirse entonces que el registro civil de nacimiento constituye el documento idóneo para acreditar de manera idónea, eficaz y suficiente la relación de parentesco con los progenitores de una persona, comoquiera que la información consignada en dicho documento público ha sido previamente suministrada por las personas autorizadas y con el procedimiento establecido para tal efecto”.
Ahora bien, el Decreto Ley 1260 de 1970 – Estatuto del Registro del Estado Civil de las Personas, determinó que el estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, de donde se desprende su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley.
En resumen, en el ordenamiento civil colombiano la prueba del nacimiento y de las situaciones que emanen de él, tales como la paternidad, están circunscritas a la copia auténtica del correspondiente folio o al certificado que con base en él expidan los funcionarios encargados de llevar el registro del estado civil, es más, el mismo Estatuto previó que ninguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro, se itera como ocurre con el nacimiento y las situaciones que de él se desprenden, hagan fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado a funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la descrita normatividad.
La Ley establece una solemnidad probatoria en materia de acreditación del parentesco, es decir, exige que se pruebe la relación de parentesco con la presentación del registro civil, sin que exista posibilidad alguna de suplir dicha prueba mediante otros medios probatorios.
En efecto, esta Corporación ha dicho:
“… Para verificar su ocurrencia es menester tener en cuenta que esa circunstancia corresponde al ámbito de las relaciones familiares, que es un supuesto distinto al del estado civil, aunque ambos constituyen los dos aspectos básicos de la estructura jurídica familiar, los cuales se deben distinguir en este caso debido a que el régimen de la prueba de uno y otro es diferente en nuestro ordenamiento jurídico.
“Lo anterior obedece a diferencias fácticas entre dichos fenómenos, de allí que si bien la mayoría de los estados civiles se funda en una relación de parentesco, v. gr. el estado civil de hijo, la ley también reconoce relaciones familiares que no generan estados civiles propiamente dichos, que es el caso de las relaciones familiares de afinidad (cuñado, suegra, etc.) y las de compañero o compañera permanente; así como igualmente prevé estados civiles que no surgen del parentesco, como ocurre con el estado civil de cónyuge (artículos 5, 44, 67 y concordantes del Decreto 1260 de 1970). Quiere ello decir que, (sic) no son dos aspectos inescindibles o inseparables, sino que pueden darse el uno sin el otro. Puede haber relación de parentesco sin que se produzca un correspondiente estado civil o, contrario sensu, un estado civil determinado sin una relación de parentesco que lo hubiera originado.
“Esa diferencia probatoria también está determinada por el fin que se persigue con la invocación del estado civil o de la relación familiar. Es así que cuando el estado civil se aduce como fuente de ‘derechos’ y de ‘obligaciones’ (artículo 1º del Decreto 1260 de 1970) es necesario acudir a su régimen probatorio, establecido en los artículos 101 y ss del Decreto 1260 de 1970, tal como se explica adelante; mientras que cuando se aduce ‘una relación parental’ o ‘parentesco’ para deducir consecuencias jurídicas distintas de las antes mencionadas, como las concernientes a inhabilidades o incompatibilidades electorales, el parentesco de que se trate puede demostrarse con la prueba del estado civil correspondiente, si lo hay, o mediante cualquiera de los demás medios probatorios legales, previstos en el artículo 175 del C. de P.C.
“3.2.1. En cuanto al estado civil, se tiene que el artículo 105 del Decreto 1260 de 1970 establece que los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938 y hasta 1970, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificado expedidos con base en los mismos; y que en caso de pérdida o destrucción de ellos, se probarán con las actas o los folios reconstruidos o con el folio resultante de la nueva inscripción, conforme a lo dispuesto en el artículo 100; (sic) de modo que (sic) en cuanto a los estados civiles constituidos entre 1938 y 1970, su prueba legal será siempre la copia del registro del estado civil como prueba principal y, en caso de reconstrucción del mismo, las pruebas supletorias atrás mencionadas, lo cual significa que el régimen probatorio del estado civil varía según la época de ocurrencia de los hechos constitutivos del mismo.
“Ahora bien, para efectos de la reconstrucción del registro con fundamento en sentencia judicial, esto es, cuando el thema probandi es el estado civil, esa prueba, según el artículo 105 del Decreto 1260 de 1970, puede ser ‘las declaraciones de testigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil que se trata, y, en defecto de estas pruebas, por la notoria posesión de ese estado civil’ (artículo 19, parte final, de la Ley 92 de 1938). Es decir, a falta del ‘registro en que debiera encontrarse el correspondiente hecho o acto, el estado civil puede probarse según el artículo 399 del C.C. mediante un conjunto de testimonios fidedignos ( 20 ó (sic) más) que declaren de manera irrefragable que determinada persona ha pasado ante su familia y ante los demás durante más de cinco años continuos’ (Art. 398 C.C.), por ejemplo, como hijo de otro, a fin de que se tenga supletivamente demostrado la posesión notoria del estado de hijo, que por no controvertirse, no requiere todos los requisitos para la declaración de un estado controvertido (Art. 397 C.C.).
(…)
“En todo caso, el estado civil surgido con posterioridad a la vigencia del Decreto 1260 de 1970, para efectos de los derechos u obligaciones que genera, sólo puede ser demostrado mediante documento idóneo, el cual no puede ser otro que los señalados en la citada disposición, esto es, mediante copia de la correspondiente partida o folio o certificado del registro civil respectivo, lo cual excluye otro medio probatorio, como testimonio, confesión, indicio, etc.; y la regulación del estado civil de las personas es de orden público, por lo cual su aplicación no depende de la voluntad de éstas, de allí que esta jurisdicción tenga dicho que no tienen libertad probatoria frente a ellas”.
Acerca de la prueba del parentesco, esta Sala afirmó:
“De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1260 de 1970, el estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad y su asignación corresponde a la ley. Según el artículo 101 del mismo decreto, consta en el registro del estado civil, que es público, y las copias y certificados que se expidan con base en los libros de dicho registro son instrumentos públicos.
(…)
“Conforme al artículo 105, los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos. El artículo 103 dispone, además, que se presume la autenticidad y pureza de las inscripciones hechas en debida forma en el registro del estado civil.
(…)
“De conformidad con las normas citadas anteriormente, resulta claro que (sic) cuando se expida un certificado de registro civil de nacimiento y en él consten los nombres de los progenitores del inscrito, dicho documento constituirá prueba suficiente para acreditar el parentesco de consanguinidad existente entre éste y aquéllos. En efecto, si tales nombres fueron indicados en el correspondiente certificado, es porque el inscrito nació dentro de un matrimonio legalmente celebrado o, siendo hijo extramatrimonial, fue reconocido por su padre o se declaró judicialmente su paternidad.
“Y no puede el juez exigir pruebas adicionales para establecer el parentesco, so pena de desconocer la solemnidad prevista por la ley, de manera excepcional, para la demostración de los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 105 del Decreto 1260 de 1970”.
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que el registro civil constituye el medio idóneo y suficiente para probar el parentesco, según dispone el artículo 101 del Decreto 1260 de 1970; por tanto, su ausencia impide tener por probada la relación parental y ello deriva en la falta de legitimación en la causa (en este caso por activa) y también tiene incidencia en la determinación de la indemnización pretendida en el marco de la acción de reparación directa, puesto que es el parentesco lo que permite dar aplicación a la presunción de dolor y sufrimiento de los familiares más cercanos de la víctima del daño antijurídico alegado y determinar la edad de la misma para efectos de establecer el monto de los perjuicios materiales que se pudieran derivar de dicho daño.
Descendiendo al caso concreto, a este proceso acudieron, Herminda Espinosa Bocanegra (esposa de la víctima Abdías Cooper Sánchez), en nombre propio y en representación de sus hijos menores Herson Cooper Espinosa y Abdías Cooper Espinosa; Beatriz Sánchez de Cooper y Epimenio Cooper Cristancho (padres); Luz Elena Cooper Cristancho y William Cooper Sánchez (hermanos); Pedro Leonel Espinosa Bocanegra y Nury Espinosa Bocanegra (cuñados); Hugo Espinosa Llanos y Ruth Bocanegra de Espinosa (suegros); no obstante, ninguno de ellos probó su parentesco con Abdías Cooper Sánchez, pues no acreditaron debidamente la condición invocada respecto de la víctima directa del daño, ya que no allegaron oportunamente al plenario los registros civiles de matrimonio, de nacimiento de aquél, el de los hijos, documentos necesario para deducir las calidades ya mencionadas.
Nótese que con la presentación de la demanda, no se allegaron por la parte actora, como pruebas documentales los registros civiles de los demandantes, como medio idóneo para probar el vínculo de consanguinidad o de afinidad que invocaban.
En el escrito de adición de la demanda, tampoco se aportaron como pruebas documentales tales registros civiles; solo hasta el veintidós (22) de mayo de dos mil dos (2003) allegó el apoderado judicial de los demandantes dichos documentos, aduciendo “error involuntario” de su parte.
Contra el auto de pruebas que negó la inspección judicial y unos testimonios, de fecha catorce (14) de noviembre de dos mil tres (2003), la parte demandante interpuso recurso de reposición el veintiuno (21) de noviembre de dos mil tres (2003), pero nada dijo sobre los registros civiles que extemporáneamente aportó al proceso; el recurso fue resuelto por el H. Consejo de Estado por auto de diecisiete (17) de agosto de dos mil seis (2006), en el ordenó la recepción de la testimonial solicitada en la demanda.
Conviene precisar que con el escrito de sustentación del recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la parte demandante allegó:
Copias del memorial que contiene la relación de los registros civiles que fueron aportados extemporáneamente al proceso en mayo 22 de 2003,
Copia auto admisorio de la adición de la demanda,
Copia de la contestación de la demanda,
Copia de la constancia secretarial del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca del término de fijación en lista y
Copia del auto de pruebas
Ante esta situación, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección “C”, por auto de fecha nueve (9) de febrero de dos mil once (2011), decidió abstenerse de tener como pruebas dichos documentos allegados, por cuanto no se configuraba ninguno de los eventos previstos para ello en el artículo 214 del C.C.A. y porque incorporar esta prueba documental implicaría otorgarle la oportunidad a la parte demandante de acreditar la existencia de un presupuesto material necesario para obtener un pronunciamiento favorable a las pretensiones procesales incoadas, en detrimento de los derechos de contradicción y de defensa de la parte demandada. (subrayado fuera de texto). Como fundamento, señaló:
“(…) El despacho se pronuncia con relación a los documentos aportados por el recurrente, y su eficacia probatoria, en los siguientes términos:
Respecto de la oportunidad probatoria en la vía jurisdiccional, el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, es expreso cuando ordena:
Contenido de la demanda-. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al Tribunal competente y contendrá: (…) 5º. La petición de pruebas que el demandante pretenda hacer valer. (…)
En concordancia con la norma transcrita, el artículo 139 ib., subrogado por el artículo 25 del D.E. 2304 de 1989, dispone: "A la demanda deberá acompañar el actor (...); y los documentos, contratos y pruebas anticipadas que se pretendan hacer valer y que se encuentren en su poder".
De la misma manera, el artículo 209 ib. señala:
"Período Probatorio: Vencido el término de fijación en lista, se abrirá el proceso a pruebas si la controversia o litigio no es de puro derecho, siempre que las partes las soliciten o que el ponente considere necesario decretarlas de oficio. Para practicarlas se fijará un término prudencial que no excederá de treinta (30) días, pero que puede ser hasta de sesenta (60) días para las que deban recibirse fuera del lugar de la sede. Estos términos se contarán desde la ejecutoria del auto que las señale.
De otra parte respecto de los documentos que pretende el demandante hacer valer con el escrito de alzada, es pertinente traer a colación la orden impartida por los artículos 183 del Código de Procedimiento Civil parágrafo; 212 y 214 del Código Contencioso Administrativo, cuando expresan:
(…)
Revisado la totalidad del expediente, encuentra el Despacho, que la aportación de documentos efectuada por el recurrente, no se ajusta a las prescripciones antes anotadas, por no estar en presencia de alguno de los supuestos de hecho que exige el artículo 214 del C.C.A., para tenerlas como pruebas en la segunda instancia.
(…)
Abstenerse de tener como pruebas los documentos allegados en el trámite de segunda instancia, por las razones anotas en la parte motiva de este auto.”
Así mismo, debe señalarse que el Tribunal no tenía la obligación de decretar pruebas de oficio, para tener por demostrado el parentesco de los afectados respecto de quienes aducen la calidad de cónyuge, padres, hijos, hermanos, suegros y cuñados, como quiera que esa prueba está a cargo de la parte actora y decretarla de oficio implicaría perfeccionarle su tarea probatoria, labor a la cual no está llamado el juez, pues no debe olvidarse que es deber de las partes (no del juez) acreditar los supuestos de hecho en que sustentan sus pretensiones (artículo 177 del C. de P.C.).
Aunado a lo anterior, se advierte que, tal como lo afirmó la parte demandada en la exceptiva, en el escrito de la demanda no se aportaron ni en la adición de la demanda ni dentro de aquellas a pedir mediante oficio.
Ahora bien, también ha dicho la Sala que la legitimación en la causa puede ser de hecho cuando la relación se establece entre las partes por razón de la pretensión procesal, es decir de la atribución de una conducta que el demandante hace al demandado en su demanda, o material frente a la participación real de las personas en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que dichas personas hayan demandado o hayan sido demandadas, por lo cual la ausencia de esta clase de legitimación, no constituye una excepción de fondo porque no enerva la pretensión procesal en su contenido sino que es una condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito, sin que el estar legitimado en la causa otorgue el derecho a ganar, lo que sucede aquí es que si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto, no porque él haya probado un hecho que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo – no el procesal –; si la falta de legitimación en la causa es del demandado al demandante se le negarán las pretensiones, no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder, y, por eso, el demandado debe ser absuelto.
En conclusión, cuando se advierte la falta de legitimidad en la causa, tal circunstancia comporta la denegación de las pretensiones de la demanda tal y como lo entendió el Tribunal.
Por lo anterior, esta Sala confirmará la providencia objeto de apelación.
6. Condena en costas
Comoquiera que el recurso de apelación prosperó, de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el veintitrés (23) de julio de dos mil diez (2010),
SEGUDO: ABSTENERSE de condenar en costas.
TERCERO: En firme este fallo DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Presidente
JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Magistrado
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Magistrado
“Del orden y prelación de turnos. Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional o en el caso de graves violaciones de derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberían ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación”.
Folio 25v c.1
Folios 17 a 25 c.1
Folios 41 a 43 c.1
Folios 278 a 293 c.6
Folios 294 a 302 c.6
Folio 323 a 324 c.6
Folios 326 a 329 c.6
Folio 332 c.6
“Art. 357. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
“En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, liquidar costas y decretar copias y desgloses. Si el superior observa que en la actuación ante el inferior se incurrió en causal de nulidad que no fuere objeto de la apelación, procederá en la forma prevista en el artículo 145. Para estos fines el superior podrá solicitar las copias adicionales y los informes del inferior que estime conveniente.
“Cuando se hubiere apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito aun cuando fuere desfavorable al apelante.” (Negrillas fuera de texto)
Sección Tercera, sentencia 9 de febrero de 2012, expediente 21060 “(…) En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera resulta claro –y alrededor de este planteamiento unifica en esta materia su Jurisprudencia– que por regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’”. (…) Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada (…)”. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2012. Corte Constitucional. Sentencia C- 965 de 2003. Consejo de Estado, sentencia de 25 de julio de 2011, Exp. 20.146. Consejo de Estado, sentencia de 19 de agosto de 2011, Exp. 19.237. Consejo de Estado, Sentencia del 10 de agosto de 2005, Exp. 13444. Consejo de Estado, sentencias de 11 de noviembre de 2009, Exp. 18163; 4 de febrero de 2010, Exp.17720.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de junio de 2011, Exp. 19311. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 20 de septiembre de 2001, Exp.: 10973, 23 de abril de 2008, Exp. 16271 y 19 de agosto de 2011, Exp. 19237. Consejo de Estado, sentencia de 22 de abril de 2009, Exp. 16.694. Consejo de Estado, sentencia de 7 de abril de 2011, Exp. 20.750. Artículo 1° ibídem
Cita textual del fallo referido: “Las relaciones familiares son los vínculos jurídicos que se establecen con ocasión de la familia, que a su turno se subdividen en relaciones parentales, originadas por lazos consanguíneos con un tronco común (parentesco consanguíneo) o por nexos puramente legales (parentesco civil) y aparentales, carecen de vínculo con tronco o de sangre, las cuales a su vez son de pareja (matrimoniales y maritales) y de afinidad (suegro, cuñado, etc)”. Cita textual del fallo referido: “El estado civil se origina en una de las relaciones jurídicas que conforma la organización familiar, y se le llama así porque indica la situación jurídica de una persona en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, y se deriva de los hechos, actos y providencias que la determinan señalados en la ley (artículos 1º y 2º del Decreto 1260 de 1970)”. Consejo de Estado, Sección Primera, 24 de agosto de 2006, expediente 25000-23-15-000-2005-01477-01
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de septiembre de 2000, expediente 11766. Al respecto, consultar sentencia del 23 de mayo de 2012, radicación 25.267. Folios 1 a 25 c.1
Folios 30 a 35 c.1
Folios 47 a 60 c.1
Folios 60 a 61 c.1
Folios 71 a 74 c.1
Folios 74 a 77 c.1
Folios 87 a 93 c.1
Folios 326 a 329 c.6
Consejo de Estado, Sentencia del 11 de noviembre de 2009, Rad. 18.163.
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