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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-00262-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-00262-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las 34 Artículo 22 del CDU: «GARANTÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. El sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes». Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 16 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 05001 23 33 000 2014 00262 01 (0652-2017) Demandante: Diego Cardona Alzate pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento derecho promovió el señor Diego Cardona Alzate en contra de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. SEGUNDO. CONDENAR a la parte actora a pagar las costas ambas instancias. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia. TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2014-00262-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 05001-23-33-000-2014-00262-01 (0652-2017)
Accionante: Diego Cardona Alzate
Demandado: UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
Temas: Sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general
para ocupar cargos públicos.
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia del 18 de noviembre de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Con la demanda se solicitó la nulidad de: i) la Resolución nro.
01-70-27-05-2013-00135985 del 27 de mayo de 2013, a través de la cual la
subdirección de la Oficina de Control Disciplinario de UNE EPM
Telecomunicaciones S.A. sancionó al actor con destitución e inhabilidad general
para ocupar cargos públicos por el término de 12 años1 y; ii) la Resolución nro.
01-70-14-06-2013-00140161 del 14 de junio de 20132, por medio del cual el
presidente de esa compañía confirmó en segunda instancia la anterior decisión.

3. Como restablecimiento del derecho se exigió el reintegro sin solución de
continuidad al mismo empleo y/o a uno similar al que desempeñaba, y el
reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones sociales y demás
emolumentos de carácter legal y convencional causados en el periodo cesante.

4. Así mismo se peticionó la indexación de las sumas de dinero que sean
reconocidas con base en el índice de precios al consumidor, el cumplimiento de
la sentencia en los términos de los artículos 187, 189 y 192 de la Ley 1437 de
2011, y la condena en costas de la demandada.

5. De manera subsidiaria requirió el pago de la indemnización prevista en el
artículo 31 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Sindicato de
Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, Entidades Autónomas e
Institutos Descentralizados de Colombia (SINTRAEMDES) y UNE EPM

1 Folios 157 a 244 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.
2 Folios 97 a 156 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.

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Demandante: Diego Cardona Alzate

Telecomunicaciones S.A., equivalente a 598 días del salario promedio
devengado al momento en que fue retirado del servicio. Igualmente pidió la
indemnización legal que opera para los trabajadores oficiales.

6. Hechos. El señor Diego Cardona Alzate prestó sus servicios como trabajador
oficial de UNE EPM Telecomunicaciones S. A., desde el día 29 de julio de 1996
hasta el 24 de junio de 2013, fecha en la que se le comunicó la terminación de
su contrato de trabajo como consecuencia de la sanción disciplinaria impuesta
en su contra.

7. La investigación se inició con el Auto nro. 036 de 2013, mediante el cual la Oficina
de Control Interno Disciplinario de la entidad demandada aplicó el procedimiento
verbal, citó a audiencia y formuló el pliego de cargos por la comisión de una falta
grave -consistente en abusar de sus derechos y desconocer sus deberes- y la
incursión en la falta gravísima prevista en el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley
734 de 2002, en concordancia con las conductas delictivas de falsedad en
documento privado y peculado por apropiación. Esa actuación finalizó con los
actos demandados, a través de los cuales se le impuso la sanción de destitución
e inhabilidad general para ocupar cargos públicos por el término de 12 años.

8. Al interior del proceso disciplinario se presentaron múltiples irregularidades
que, a juicio del demandante, vulneraron su derecho al debido proceso, las cuales
se sintetizan así: i) a la actuación disciplinaria se le imprimió un trámite que no
correspondía; ii) se le formuló el pliego de cargos, sin escucharlo previamente en
versión libre; iii) se le responsabilizó por la comisión de una falta gravísima que
no se configuró; iv) los dineros recibidos no estaban destinados a desarrollar
ninguna labor relacionada con el ejercicio de sus funciones y; v) fue engañado
por otra persona para la comisión de la falta.

9. El señor Cardona Alzate se encontraba afiliado al sindicato SINTRAEMSDES
y, por lo tanto, era beneficiario de la convención colectiva suscrita el 4 de
noviembre de 2011, vigente desde el 1.° de enero de 2011 hasta el 31 de
diciembre de 2013.

10. Síntesis de las circunstancias que dieron lugar a la investigación
disciplinaria. Con el propósito de obtener auxilios económicos de origen
convencional, destinados a sufragar el 80% de los cursos de instrucción
deportiva, cultural y gimnasios, el demandante presentó ante su empleador
facturas presuntamente expedidas por la Academia de Fotografía y Video
(ASFO), las cuales, luego de ser verificadas con el director del establecimiento,
resultaron ser falsas.

11. Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidas las siguientes
disposiciones: artículos 1.°, 2.°, 29, y 53 de la Constitución Política; 4.°, 6.°, 8.°,
9.°, 13 y 20 de la Ley 734 de 2002. Al desarrollar el concepto de violación expuso
lo siguiente:

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12. En primer lugar, aseguró que el trámite impartido a la actuación disciplinaria
no era el legalmente establecido, pues debió adelantarse bajo las reglas del
procedimiento ordinario. Lo anterior, en razón a que la falta prevista en el numeral
1.° del artículo 48 del Código Disciplinario Único no se encuentra dentro de las
contempladas en el inciso segundo del artículo 175 ejusdem y, por tanto, no podía
ser ventilada a través del procedimiento verbal.

13. Sostuvo que no fue escuchado en versión libre antes de proferirse el Auto
que lo citó a audiencia en el procedimiento verbal, lo que impidió ejercer
adecuadamente su derecho de defensa.

14. Agregó que el tipo penal de peculado por apropiación no se configuró, ya que
ninguna de sus funciones implicaba la administración, tenencia o custodia de los
beneficios convencionales.

15. Afirmó que fue sancionado drásticamente sin haberse establecido su grado
de participación ni mucho menos si la conducta la realizó a título de dolo o culpa,
lo que —según indicó— condujo a la aplicación de una responsabilidad objetiva,
prohibida en el ordenamiento jurídico.

16. Por último, alegó que la administración tenía el deber de adelantar una
actividad probatoria más exhaustiva en torno a esclarecer los hechos, entre ellos,
la práctica de un dictamen grafológico sobre las facturas aportadas para obtener
los beneficios convencionales. Que, ante la duda, la investigación debió
resolverse a su favor, en aplicación de los principios de in dubio pro reo y
presunción de inocencia.

17. Contestación de la demanda3. La apoderada de UNE EPM
Telecomunicaciones S.A., se opuso a las pretensiones de la demanda, con
fundamento en los siguientes argumentos:

18. En desarrollo del programa de bienestar institucional, la entidad estableció un
auxilio económico para los trabajadores y sus familiares, consistente en la
devolución del 80% del valor de los cursos realizados en actividades recreativas,
deportivas y culturales.

19. El procedimiento para la solicitud de dicho beneficio era el siguiente: i) el
servidor registraba la solicitud en el aplicativo SAP, indicando el valor del curso y
el establecimiento que lo ofrecía; ii) el área responsable validaba la información y
procedía con el desembolso del 80 % y; iii) dentro de los 15 días siguientes a la
consignación, el trabajador debía presentar los documentos que acreditaran el
pago del curso.

20. Sin embargo, luego de las verificaciones de rigor, se detectaron
irregularidades en la legalización de algunos auxilios conferidos, particularmente

3 Folios 374-387 del cuaderno nro. 2.

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respecto de cuatro proveedores, entre ellos, la Academia de Fotografía y Video
(ASFO).

21. Por esta razón, se solicitó al director de ese establecimiento que certificara la
autenticidad de las facturas aportadas, quien indicó que las firmas y sellos
impuestos en los documentos no correspondían a los utilizados por la escuela de
fotografía, lo que evidenció su carácter ficticio.

22. De otro lado, alegó que al proceso disciplinario se le impartió el trámite
correspondiente, en tanto existían elementos suficientes para formular el pliego
de cargos en contra del demandante, entre otros.

23. Adicionalmente, adujo que al señor Cardona Alzate se le garantizaron todos
sus derechos dentro del proceso disciplinario, y que el hecho de no haber rendido
versión libre no viciaba la actuación.

24. A su vez, aseguró que los cuestionamientos sobre la tipicidad de la conducta
fueron analizados dentro del proceso sancionatorio, por lo que no era procedente
trasladar ese debate a la jurisdicción contenciosa.

25. En consecuencia, con la finalidad de enervar las pretensiones propuso las
excepciones de «el respeto por las formas propias del procedimiento disciplinario
reglado por la Ley 734 de 2002», «al proceso disciplinario se le dio el trámite que
correspondía», «el actor tuvo las garantías para ejercer su derecho de defensa en
las oportunidades establecidas en la ley», «la presunción de legalidad que ampara
los actos demandados se mantiene», «no es dable trasladar a la jurisdicción el
debate ni las conclusiones probatorias cumplidas en sede administrativa
disciplinaria», «improcedencia de la declaratoria de nulidad con fundamento en
las causales previstas en el artículo 143 de la Ley 734 de 2002 para el transcurso
del proceso disciplinario, además de que su existencia se fundamenta en una
apreciación in abstracto de imposible controversia» y «genérica».

26. Sentencia de primera instancia4. El Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante providencia del 18 de noviembre de 2016, negó las pretensiones de la
demanda. Para tal efecto, y luego de referenciar el material probatorio recopilado,
concluyó lo siguiente:

27. La decisión de adelantar la investigación a través del procedimiento verbal se
ajustó a derecho, en tanto estaba objetivamente acreditada la comisión de la falta
y existían elementos probatorios suficientes que comprometían la
responsabilidad del señor Diego Cardona Alzate.

28. El operador judicial consideró que el hecho de que el investigado no hubiese
rendido versión libre y espontánea dentro del proceso disciplinario, no constituía

4 Folios 439 a 450 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.

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una violación del debido proceso, pues en todo momento se le garantizó la
posibilidad de ejercer esa prerrogativa.

29. Desestimó el reproche relativo a la no configuración de la falta gravísima
prevista en el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en tanto quedó
demostrado que los dineros fueron entregados al demandante en su calidad de
servidor público y con una finalidad específica, de modo que no podía concluirse
la inexistencia de afectación al deber sustancial.

30. El tribunal adujo que el operador disciplinario analizó y respondió los
argumentos relacionados con el supuesto engaño provocado por la señora Saray
Verdugo, de modo que no es procedente aplicar ninguna causal excluyente de
responsabilidad.

31. Aseguró que la censura relacionada con la desproporcionalidad de la sanción
impuesta carecía de un suficiente desarrollo argumentativo. Sin embargo, señaló
que las faltas endilgadas al demandante fueron calificadas como gravísima y
grave cometidas a título de dolo, supuesto en el cual la sanción principal es la
destitución acompañada de inhabilidad general por 10 años como mínimo, razón
por la que el operador disciplinario no podía apartarse de ese marco regulatorio.

32. Finalmente, indicó que no era necesario decretar o practicar pruebas
adicionales dentro del proceso disciplinario, dado que la comisión de la falta se
encontraba suficientemente acreditada.

33. Recurso de apelación5. La parte demandante interpuso recurso de
apelación contra esa decisión, con fundamento en los siguientes argumentos:

34. Fue desacertada la conclusión del a quo según la cual, por el solo hecho de
ser un servidor público, los dineros recibidos tenían relación directa con sus
funciones. Lo anterior, en razón a que el actor no estaba facultado para
administrar, custodiar o recaudar recursos públicos, elemento esencial del tipo
penal que le fue endilgado en sede disciplinaria.
35. Reiteró que las conductas por las que fue sancionado no guardan una
relación intrínseca o de conexidad directa con el servicio público, por lo que
carecen de idoneidad para afectar la eficacia, eficiencia, transparencia de la
función pública y el deber sustancial.

36. Insistió en que la responsabilidad no se deriva del desconocimiento de las
leyes ni del incumplimiento abstracto de los deberes impuestos a los servidores
públicos, sino que se exige la afectación real de los principios, fines y funciones
del Estado.

37. Por último, reiteró que, si debió practicarse el dictamen grafológico, dado que
la falta disciplinaria exigía demostrar que quien falsificó los documentos también

5 Folios 453 a 460 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.

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los utilizó. Para ello, manifestó que no se acreditó que el demandante haya sido
partícipe del delito de falsedad en documento privado.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

38. La admisión del recurso. Mediante Auto de 6 de octubre de 20176 se admitió
la alzada. Luego, en proveído de 28 de febrero de 20187 se corrió traslado a las
partes y al agente del Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de
conclusión y concepto de fondo, respectivamente.

39. Dentro de la oportunidad de ley solo intervino el apoderado de la entidad
demandada8, quien reiteró los argumentos expuestos en el curso del proceso y,
con fundamento en ellos, señaló que los fallos disciplinarios fueron expedidos de
acuerdo con el ordenamiento jurídico. Que como la parte actora no logró
desvirtuar la presunción de legalidad que reviste a los actos demandados, es
procedente confirmar la decisión proferida en primera instancia.

40. Control de legalidad9. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se resolverá la
alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

41. Competencia. Esta Sala de Subsección es competente para resolver el
aludido recurso de apelación, pues así lo establece el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.10

42. Problemas jurídicos. De conformidad con los argumentos planteados por el
recurrente, corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:
43. ¿Fue correcto el juicio de adecuación típica de la falta gravísima endilgada al
demandante con fundamento en el numeral 1.º del artículo 48 de la Ley 734 de
2002, en concordancia con los artículos 289 -falsedad en documento privado- y
397 -peculado por apropiación- del Código Penal?

44. ¿Se demostró la ilicitud sustancial en la conducta atribuida al señor Diego
Cardona Alzate?

El caso concreto.

45. Primer interrogante: ¿Fue correcto el juicio de adecuación típica de la falta
gravísima endilgada al demandante con fundamento en el numeral 1.º del artículo

6
Folio 465 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.
7 Folio 471 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.
8 Folios 476 a 488 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.
9
El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá
el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de
hechos nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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Demandante: Diego Cardona Alzate

48 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con los artículos 289 -falsedad en
documento privado- y 397 -peculado por apropiación- del Código Penal?

46. Para responder este cuestionamiento la Subsección determinará, en primer
lugar, cómo se configura el delito de falsedad en documento privado y, en
segundo lugar, la manera en que se estructura el ilícito de peculado por
apropiación.

47. Del delito de falsedad en documento privado – artículo 289 del Código
Penal. Este canon dispone: «[e]l que falsifique documento privado que pueda
servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de dieciséis (116) a ciento ocho
(108) meses».

48. Para el apoderado del demandante, dentro del acervo probatorio no se
acreditó la comisión de este delito pues, con tal finalidad, la autoridad disciplinaria
se basó en meras presunciones. A su juicio, para esclarecer la verdad de los
hechos, la oficina de control interno debió ordenar la realización de un dictamen
grafológico con el fin de esclarecer la falsedad documental a él atribuida.

49. Para la Sala, no le asiste razón al recurrente, toda vez que los elementos
probatorios recaudados dieron cuenta de que tal conducta si fue realizada, por lo
que no era necesario practicar la prueba grafológica.

50. En efecto, las evidencias documentales allegadas en debida forma al
expediente permiten concluir que:

51. El señor Diego Cardona Alzate se vinculó mediante contrato de trabajo11 a
término indefinido con la empresa UNE EPM Telecomunicaciones S.A., desde el
29 de julio de 1996. El último cargo que el actor desempeñó correspondió al de
oficial operación teléfonos12 hasta el 24 de junio de 2013.

52. Comoquiera que desde el 25 de febrero de 199813 estaba afiliado a la
organización sindical SINTRAEMSDES, era beneficiario de los derechos
pactados en la convención colectiva celebrada con la entidad demandada.

53. Según la cláusula 4614 de la mencionada convención, denominada «cursos
de instrucción deportiva, cultural y gimnasios», la empresa asumirá el 80% del
valor de los cursos iniciados por el trabajador y sus hijos e hijastros beneficiarios
de la Seguridad Social, así como los del cónyuge o compañera permanente no
cotizante al Sistema de Seguridad Social en Salud.

54. Mediante el oficio del 19 de marzo de 201315, la profesional de gestión
humana de la subdirección de Relaciones Laborales de UNE EPM solicitó al

11
Folio 23 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.
12 Certificado visible a folio 18 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.
13 Folio 16 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.
14 Folio 90 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.
15 Folios 24 y 25 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.

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director de la Academia de Fotografía y Video (ASFO), que certificara si las
personas relacionadas en un listado anexo se encontraban matriculadas en dicha
institución para cursos de fotografía y Photoshop, así como la autenticidad de las
facturas presentadas para soportar el reconocimiento del beneficio.

55. Como respuesta, el señor Nelson Ossa Panesso, director de ASFO,
manifestó, en síntesis, que únicamente dos facturas habían sido emitidas por esa
institución a nombre de una persona distinta a los funcionarios investigados.
Agregó que el resto de las facturas remitidas por UNE no habían sido expedidas
por la academia, ni correspondían a estudiantes vinculados con la misma16.

56. Igualmente, certificó que en su establecimiento no se utilizaba el sello de
cancelado sobre las firmas y aportó la muestra de su rúbrica auténtica para
efectos de verificación.

57. Con fundamento en esa información, la profesional de gestión humana, a
través del Oficio sin número del 21 de marzo de 201317, informó a la Oficina de
Control Interno Disciplinario sobre la existencia de posibles irregularidades en la
legalización de los beneficios convencionales relacionados con los cursos de
instrucción deportiva, recreativa y cultural, así:

«[…] IV. Academia de Fotografía y Video Asfo:

Se realizó visita a la entidad y se les presentó un oficio solicitando información
sobre los asistentes a los cursos, además que nos confirmaran si las facturas que
nos han presentado dichos funcionarios para legalizar los beneficios y
relacionadas en el oficio han sido expedidas por ellos, ante lo cual nos responden
que efectivamente estas personas no se han matriculado para realizar estos
cursos, que las facturas que nosotros les relacionamos no fueron emitidas por
ellos y que quien firma la factura de venta no es un funcionario de esta entidad.
Pudimos evidenciar que estos números de cuentas de cobro corresponden a
otros clientes de esta entidad que no tienen ningún nexo con Une, como lo
certifican en la respuesta que nos dan a esta solicitud la cual anexo.

A través de la visita verificamos que esta entidad está legalmente constituida y
que sus instalaciones son adecuadas para dictar los cursos de fotografía.

Los funcionarios que se relacionan a continuación, solicitaron beneficios para
recibir ellos o sus beneficiarios estos cursos de fotografía con esta entidad:

CÉDULA NOMBRE BENEFICIARIO FECHA DE VALOR
SOLICITUD SOLICITADO
71332934 CARDONA LAURA 13/01/2013 805.000
ALZATE CARDONA
DIEGO MARÍN
71332934 CARDONA LAURA 21/10/2012 800.000
ALZATE CARDONA
DIEGO MARÍN

16 Folios 30 del cuaderno nro. 2 del expediente físico.
17 Folios 1 a 8 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.

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Demandante: Diego Cardona Alzate

71332934 CARDONA 19/08/2012 805.000
ALZATE
DIEGO
71332934 CARDONA MATEO 13/01/2013 805.000
ALZATE CARDONA
DIEGO MARÍN

58. Como consecuencia de dicha comunicación, el subdirector encargado de la
Oficina de Control Disciplinario de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., mediante
Auto del 5 de abril de 2013, declaró la apertura del procedimiento verbal, citó a
audiencia y formuló el pliego de cargos en contra del demandante, entre otros,
de la siguiente manera:

«DIEGO CARDONA ALZATE… quien se desempeña como AYUDANTE
OPERACIÓN TELÉFONOS en la SUBDIRECCIÓN OPERACIÓN CLIENTES
NORO, de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.

Con base en las consideraciones y normatividad traída a colación, podemos
predicar hasta ahora que el servidor público DIEGO CARDONA ALZATE, ha
incurrido presuntamente en el ilícito disciplinario en:

Primer cargo

Abusar del derecho consagrado en el numeral 10 del artículo 33 de la Ley <
734 de 2002 consistente en ".Los derechos consagrados en la Constitución, los
tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, las ordenanzas,
los acuerdos municipales, los reglamentos y manuales de funciones, las
convenciones colectivas y los contratos de trabajo..." (Negrilla fuera del texto),
e incumplimiento del deber consagrado en el artículo 34 numeral 1.° e incurrir en
la prohibición establecida en el artículo 35 numeral 1°, al haber solicitado y
recibido una suma de dinero por parte de UNE para los cursos de instrucción
deportiva, cultural y gimnasios que eligiera para él mismo o sus beneficiarios, y
destinado el dinero entregado para otros fines, y en consecuencia haber violado
el régimen de beneficios contenido en la convención colectiva que lo rige.

La incursión en esta prohibición se ha hecho dolosamente, pues dada su
investidura, se encontraba con la posibilidad de dirigir su comportamiento acorde
con los requisitos de la normatividad aplicable, y sin embargo no lo hizo,
empleando acciones de manera voluntaria y consiente para este propósito.

Esta presunta falta disciplinaria se considera GRAVE, habida cuenta que como
se manifestó, se observa un actuar doloso en su conducta; el cuidado empleado
en la preparación de la falta es alto en tanto se ha valido de engaños y artificios
para su consumación; así como el perjuicio causado con su conducta se
considera alto, cumpliéndose así los criterios consagrados en el artículo 43 de la
Ley 734 de 2002 para determinar esta falta como grave a título de dolo.

Segundo cargo:

Incurrir en la falta GRAVÍSIMA contenida en el numeral 1.º del artículo 48 de la
Ley 734 de 2002 al haber:

• Realizado objetivamente la descripción típica consagrada en el artículo 289 del
Código Penal como el delito de falsedad en documento privado, ilícito este
sancionable a título de dolo, con ocasión de su cargo al interior de UNE EPM
TELECOMUNICACIONES S. A., al presentar las facturas 3836 a nombre de
Laura Cardona Marín $800.000 C/U (fl. 67); factura 3801 a nombre de Diego

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Cardona $800.000 (fl.68) del establecimiento de comercio ACADEMIA ASFO con
información ajena a la realidad, situación que le permitió apropiarse de la suma
de $3.216.000.

• Realizado objetivamente la descripción típica consagrada en el artículo 397 del
Código Penal como el delito de peculado por apropiación, ilícito este sancionable
a título de dolo, con ocasión de su cargo al interior de UNE EPM
TELECOMUNICACIONES S. A., al apoderarse de la suma de dinero indicada».

59. Posteriormente, y luego de surtidas las audiencias correspondientes, la
Subdirección de la Oficina de Control Disciplinario de UNE profirió la Resolución
nro. 01-70-27-05-2013-00135985 del 27 de mayo de 201318, en la que impuso la
sanción de destitución e inhabilidad general para ocupar cargos públicos por el
término de 12 años al señor Diego Cardona Alzate, entre otros.

60. La anterior decisión fue confirmada en segunda instancia por el presidente de
la entidad demandada a través de la Resolución nro. 01-70-14-06-2013-
00140161 del 14 de junio de 201319.

61. Pues bien, analizado el material probatorio, considera la Sala que las
conclusiones de la autoridad disciplinaria fueron acertadas, en tanto las facturas
nro. 3836 y 380120 a nombre de Diego Cardona Alzate y Laura Cardona Marín
por valor de 800.000 COP, cada una, con las cuales el demandante obtuvo un
beneficio de forma irregular, resultaron ser falsas.

62. En efecto, se encuentra acreditado que el señor Cardona Alzate, en su
condición de trabajador oficial, solicitó en varias ocasiones el auxilio económico
convencional consistente en el reconocimiento del 80% de los cursos de
fotografía supuestamente realizados por él y su grupo familiar. Sin embargo, el
señor Nelson Ossa Panesso, mediante correo electrónico del 20 de marzo de
2013, remitió a la investigación disciplinaria el listado de las personas registradas
en la academia, en el cual no aparece el nombre del disciplinado ni el de sus
beneficiarios.

63. Este mismo señor rindió declaración bajo la gravedad del juramento el día 29
de abril de 201321, en el que reiteró lo siguiente: «Preguntado: sírvase indicarle
a este despacho si las facturas visibles a folios … son reales. Contestó: esas
facturas son falsas porque la firma no corresponde, el sello de cancelado no lo
usamos, la letra no es de nadie en la academia, los colores de la factura son
parecidos, pero no son iguales a los de las facturas reales. Vale la pena aclarar
que todos los cursos valen lo mismo: 400.000…».

64. En ese orden de ideas, la Sala encuentra acreditada la tipificación de la
falsedad en documento privado, pues el actor presentó las facturas mencionadas
ante su empleador, para acreditar la realización de cursos que nunca fueron

18 Folios 157 a 244 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.
19 Folios 97 a 156 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.
20 Folios 67 y 68 del cuaderno nro. 2 del expediente físico.
21 Folio 504 del cuaderno nro. 2 del expediente físico.

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adelantados.

65. Debe recordarse que, según la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia22, aun cuando el sujeto no haya elaborado
materialmente el documento falso, el uso del mismo con conocimiento de su
falsedad para obtener un beneficio también configura este ilícito.

66. Bajo ese contexto, concluye la Sala que no se presentó vulneración al debido
proceso, por cuanto no era necesario decretar ni practicar un dictamen
grafológico para desvirtuar la comisión de la falta disciplinaria gravísima, en la
medida en que la falsedad de las facturas se encontraba suficientemente
acreditada con los demás medios de prueba allegados a la actuación.

67. Delito de peculado por apropiación – artículo 397 del Código Penal. Esta
disposición establece: «[e]l servidor público que se apropie en provecho suyo o
de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste
tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya
administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión
de sus funciones, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos setenta
(270) meses, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el
equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por
el mismo término…».

68. Esta descripción típica resulta más compleja que la correspondiente al delito
de falsedad en documento privado. Por ello, con apoyo en la doctrina penal23,
cabe precisar que los elementos del tipo objetivo24 de esta infracción son los
siguientes: i) sujeto activo, esto es, un servidor público, que conforme al artículo
123 de la Constitución Política puede ser, entre otros, un trabajador del Estado y
de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios; ii) sujeto
pasivo, que es el Estado; iii) verbo rector, consistente en apropiarse, es decir,
hacer suya una cosa o comportarse frente a ella como señor y dueño; iv) objeto
jurídico, correspondiente a la administración pública; v) objeto material,
integrado por bienes muebles o inmuebles del Estado, de empresas o
instituciones en que este tenga participación, bienes o fondos parafiscales y, en
ciertos casos, bienes de particulares; y vi) el ingrediente normativo, consistente
en que la administración, tenencia o custodia del bien haya sido confiada al
servidor «por razón o con ocasión de sus funciones».

69. Sobre este último elemento, la Corte Suprema de Justicia25 ha concluido que

22 Sentencia del 8 de agosto de 2018 SP3200-2018 Radicación 47500 (Aprobado Acta No. 257) M.P. Luis

Antonio Hernández Barbosa
23 GÓMEZ MÉNDEZ, Alfonso, y GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo. Delitos contra la administración pública.

Universidad Externado de Colombia. Bogotá (Colombia). Año 2008. pp. 217 a 239.
24
En derecho penal, toda descripción típica tiene un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. Este último,
considerado como tipo subjetivo, se refiere al dolo, la culpa o preterintención y a los demás elementos
anímicos y subjetivos.
25 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicación n° 45104. Bogotá, 9 de septiembre de

2015.

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sobre la expresión «cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado
por razón o con ocasión de sus funciones», se debe entender lo siguiente26:

«El tipo básico de peculado por apropiación, consagrado tanto en el artículo 133
del Código Penal anterior como en el artículo 397 del actual, contiene un
ingrediente normativo, conocido comúnmente como el requisito de la relación
funcional, que se refiere a la apropiación de bienes por parte del sujeto activo
de la conducta “cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado
por razón o con ocasión de sus funciones”.

Es decir, para la realización de este delito, no basta que un servidor público, o
una persona que ejerza funciones como tal, se apropie de bienes del Estado,
o de bienes o fondos parafiscales, o incluso de bienes particulares, sino que
además se necesita que quien lleva a cabo la conducta haya tenido, en razón de
su condición de funcionario, la administración, tenencia o custodia del
objeto material de la misma.

Desde la sentencia de fecha 3 de agosto de 1976, la Sala ha sostenido una
línea jurisprudencial en lo que a la configuración de este elemento respecta, en
el sentido de que la relación funcional no se desprende de manera necesaria
de las funciones expresamente previstas en una ley, resolución, acuerdo,
cláusula o reglamento, sino que también puede derivarse en aquellos casos
en los cuales la disponibilidad del bien haya surgido en virtud de los deberes
funcionales que le asisten al agente en una situación determinada.

En efecto, en la providencia en comento, la Corte precisó lo siguiente:

“La expresión utilizada en la definición del peculado, y que dice en razón de
sus funciones, hace referencia a las facultades de administrar, guardar y
recaudar, etc. No puede entenderse en el sentido de la adscripción de una
competencia estrictamente legal y determinada por una regular y formal
investidura que implique una íntima relación entre la función y la facultad de
tener el bien del cual se dispone o se hace mal uso; no significa, pues, que
tales atribuciones deben estar antecedentemente determinadas por una
rigurosa y fija competencia legal, sino que es suficiente que la disponibilidad
sobre la cosa surja en dependencia del ejercicio de un deber de la función.

[…]

Posteriormente, en la sentencia de 18 de noviembre de 1980, la Corte
profundizó en el tema, diferenciando entre formas de disponibilidad de la
siguiente manera:

“No está excluido el caso de irregularidad de la posesión, situación que puede
tener varios aspectos, por ejemplo, cuando el funcionario es competente para
entrar en posesión del bien pero no se han observado las formas legales
que reglamentan esa situación, o bien cuando el funcionario no es
competente para esa posesión pero ésta tiene relación con sus funciones que
se determinan enseguida.

[…]

”Doctrinariamente, no es el caso examinar si el funcionario o empleado público
ha entrado en posesión de la cosa en virtud de una explícita y concreta facultad
que se le haya otorgado por la ley, sino si esta situación se refiere, no de
modo ocasional, sino directo, al cargo que desempeña, aun cuando entre

26 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicación 23228, sentencia del 23 de abril de 2008.

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sus funciones no estén exactamente las de recaudar, pagar, administrar
o guardar el bien o caudal de que se trata”27.

En la actualidad, la Sala no ha variado sustancialmente tal postura, ya que no
sólo mantiene la distinción entre los conceptos de disponibilidad jurídica y
disponibilidad material28 en el delito de peculado por apropiación, sino que
además ha seguido enfatizando que, para efectos de su configuración típica, “la
apropiación debe recaer sobre bienes de los que disponga el servidor
público por razón de sus funciones, en el entendido de que la relación
existente entre el funcionario que es sujeto activo de la conducta y los bienes
oficiales puede no ser material, sino jurídica, y que esa disponibilidad no
necesariamente deriva de una asignación de competencia, sino que basta que
esté vinculada al ejercicio de un deber funcional” 29. (Negrillas y subrayas fuera
del texto original)

[…]

En síntesis, para que se configure la conducta punible examinada se requiere
que un servidor público se apropie de bienes del Estado, parafiscales o de
particulares y, además, como elemento imprescindible, que haya asumido la
tenencia, custodia o administración del objeto sobre el cual recae la
apropiación, por razón o con ocasión de sus funciones, así no le
corresponda legalmente tal atribución, bastando que la disponibilidad del bien
surja en relación con el «ejercicio de un deber de la función». [Negrillas y
subrayado, originales. Apartes en negrilla y cursiva, fuera de texto]

70. Con base en esa reseña, la Sala advierte que el elemento normativo «cuya
administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión
de sus funciones» presenta dos características relevantes:

a) La apropiación del bien por razón o con ocasión de sus funciones se
refiere al cargo que desempeña, aun cuando entre sus funciones no estén
exactamente las de recaudar, pagar, administrar o guardar el bien o caudal
de que se trata y;

b) La apropiación debe recaer sobre bienes de los que disponga el servidor
público por razón de sus funciones, en el entendido de que la relación
existente entre el funcionario que es sujeto activo de la conducta y los
bienes oficiales puede ser tanto material como jurídica. En tal forma, esa
disponibilidad no necesariamente se deriva de una asignación de
competencia, sino que basta que esté vinculada al ejercicio de un deber
funcional.

71. Pues bien, a la luz de estas consideraciones, estima la Sala que en el
presente caso no confluyen todos los elementos que configuran el tipo penal de
peculado por apropiación. Si bien el señor Diego Cardona tenía la condición de
sujeto activo cualificado y se apropió en provecho propio de unos recursos de

27 «Sentencia de 18 de noviembre de 1980».
28 «Sentencia de 12 de noviembre de 1997, radicación 9887, reiterada en sentencias de 10 de octubre de

2002, radicación 15938 y de 13 de julio de 2006, radicación 25266, entre otras».
29 «Sentencia de 26 de septiembre de 2007, radicación 22988».

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naturaleza pública30, ello no resulta suficiente para subsumir su comportamiento
en la conducta descrita en el artículo 397 del Código Penal, en la medida en que
no se encuentra acreditado que dichos bienes hubieran estado bajo su
administración, tenencia o custodia.

72. A juicio de la Subsección, cuando los recursos del Estado no han sido
entregados al servidor público en razón de sus funciones, ni este tiene sobre ellos
una facultad jurídica o material de disposición derivada del cargo, no puede
predicarse la configuración del peculado por apropiación, aun cuando
eventualmente se hubiera obtenido un beneficio indebido. Esa conducta podría
ser objeto de análisis desde otras tipologías penales, pero no desde la figura del
peculado por apropiación, precisamente por la ausencia del elemento esencial
de relación funcional entre el servidor y los bienes públicos.

73. En ese contexto, aunque resulta altamente reprochable que el actor,
aprovechándose de su vínculo laboral y de su condición de beneficiario de la
convención colectiva, hubiera obtenido de manera irregular unos recursos, ello
no significa que tuviera sobre dichos dineros un deber de custodia, administración
o tenencia derivado de sus funciones.

74. Así las cosas, a pesar de que fue desacertada la adscripción típica en reseña,
tal yerro no tiene la entidad suficiente para provocar la anulación de los fallos
disciplinarios demandados, ni para variar la sanción impuesta pues, al margen de
dicha exclusión, quedó acreditada la falsedad en documento privado como falta
gravísima autónoma cometida a título de dolo, así como el incumplimiento de los
deberes funcionales -falta grave cometida con dolo- que, como servidor público,
le asistían al actor.

75. Por último, se aclara que, si bien en esta Sección se había sostenido una
postura distinta31 frente a casos idénticos, especialmente con la configuración del
delito de peculado por apropiación, tal situación no impide que en esta
oportunidad se adopte una interpretación diferente, máxime porque se han
puesto de presente los argumentos pertinentes que han motivado esta variación.

76. Segundo interrogante: ¿Se demostró la ilicitud sustancial en la conducta
cometida por el señor Diego Cardona Alzate?

30 A esa conclusión se llega por la naturaleza de la entidad demandada, relacionada en el certificado de

existencia y representación legal visible en los folios 6 a 15 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P: Gabriel Valbuena Hernández sentencia del 29

de junio de 2023 expedida dentro del expediente identificado con el radicado nro. 05001-23-33-000-2013-
01921-01 (2911-2020); Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P: William Hernández
Gómez sentencia del 3 de octubre de 2019 expedida dentro del expediente identificado con el radicado nro.
05001-23-33-000-2014-00158-01 (0540-2017); Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P:
Sandra Lisset Ibarra Vélez sentencia del 24 de agosto de 2018 expedida dentro del expediente identificado
con el radicado nro. 05001-23-33-000-2013-01909-01 (3169-2016), entre otras.

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77. Frente a este tema, esta Sección32 ha entendido que «[…] el deber funcional
corresponde al actuar adecuado del servidor público o particular de acuerdo a las
funciones asignadas para cada cargo, siendo este el vehículo para garantizar el
interés general y los fines del Estado para el adecuado funcionamiento
institucional.»

78. A su turno, la doctrina ha señalado que «[…] es un instrumento para encauzar
la conducta de los servidores públicos, el cual se constituye en la fuente que da
vida a la antijuridicidad sustancial y que siempre está referido al ejercicio de
funciones públicas porque de lo contrario sería atípico disciplinariamente el
comportamiento cuestionado. Dichas funciones deben desarrollarse con apego a
las orientaciones de los principios constitucionales y legales, en la medida en que
es por esa razón que una persona que se posesiona en un cargo público debe
jurar el cumplir el desempeño de sus deberes según la Constitución, la Ley y el
Reglamento33».

79. En relación con la ilicitud sustancial, el demandante afirmó que las faltas por
las que fue sancionado el señor Diego Cardona Alzate no afectaron ni pusieron
en peligro la función pública, es decir, que no existió vulneración del deber
funcional.

80. La Sala no comparte dicha apreciación, pues el ex trabajador oficial incurrió
en una clara transgresión de sus derechos y deberes. Por un lado, abusó de los
beneficios convencionales reconocidos a los servidores de la entidad; y por el
otro, se apropió de unos dineros haciendo uso de una documentación falsa, lo
cual va en contravía de los principios y valores que se demandan de todos los
servidores públicos.

81. No puede desconocerse que dicha conducta afectó recursos de la entidad y
vulneró los principios que orientan el ejercicio de la función pública,
particularmente los de moralidad, transparencia y rectitud, al emplear
documentación falsa con el fin de justificar la obtención de un beneficio
económico que no le correspondía.

82. Tales circunstancias permiten concluir que el comportamiento del señor
Diego Cardona Alzate comprometió de manera significativa el deber funcional
que le era exigible en su calidad de servidor público.

83. Por ende, aun cuando no se configure el ilícito de peculado por apropiación,
ello no es óbice para descartar la ilicitud de las faltas imputadas, pues los
derechos, deberes y prohibiciones exigibles a los servidores públicos se
encuentran ligados a los principios que gobiernan el ejercicio de la función

32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P: Jorge Édison Portocarrero Banguera sentencia

del 13 de junio de 2025, expedida dentro del proceso identificado con el radicado 08001-23-33-000-2021-
00090-01 (7502-2023).
33 Régimen Disciplinario, cuarta edición. Autor: Fernando Brito Ruíz

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pública34, razón por la cual, para que la conducta trascienda al campo de la
responsabilidad disciplinaria, debe no solo desconocer formalmente el contenido
mismo del deber, sino también su finalidad.

84. Así las cosas, y ante la no prosperidad de los cargos formulados en la alzada,
se confirmará la sentencia de primera instancia.

85. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A
pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la
aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.

86. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

87. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

88. En consecuencia, se condenará a la parte demandante a pagar las costas de
ambas instancias, por cuanto resultó vencida en el presente proceso. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2016 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las

34 Artículo 22 del CDU: «GARANTÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. El sujeto disciplinable, para salvaguardar

la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad,
celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de
su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará
sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses,
establecidos en la Constitución Política y en las leyes».

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pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento derecho promovió el señor Diego Cardona Alzate en contra de
UNE EPM Telecomunicaciones S.A.

SEGUNDO. CONDENAR a la parte actora a pagar las costas ambas instancias.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Antioquia.

TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y
ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás
normas concordantes del Código General del Proceso.

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