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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2014-00723-01

Fecha
16 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2014-00723-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMASE la sentencia expedida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 12 de marzo de 2015, que denegó las pretensiones de la acción de grupo formulada por Aníbal de Jesús Pineda Gaviria y otros en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por las razones expuesta en la parte motiva de esta providencia. 39 Ley 472 de 1998 (Artículo 65).- Contenido de la sentencia.- "La sentencia que ponga fin alproceso se sujetará a las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y además, cuando acola las pretensiones incoadas, dispondrá: (...) 5. La liquidación de las costas a cargo de la parte vencida teniendo en cuenta las expensas necesarias para la publicación del extracto de la sentencia" (destaca la Sala). 14 Radicado: 05001-23-33-000-2014-00723-01 Demandante: Anibal de Jesús Pineda y otros SEGUNDO: SIN CONDENA en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2014-00723-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

16 de diciembre de 2022

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00723-01
Demandante: Aníbal de Jesús Pineda y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 05001-23-33-000-2014-00723-01
Actor: Aníbal de Jesús Pineda Gaviria y otros
Demandado: La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional
Referencia: Acción de Grupo

Tema: Perjuicios causados por desaparición forzada y desplazamiento.
Subtema 1: Deber de sustentación suficiente del recurso de apelación -CGP-.
Subtema 2: Delimitación de competencia en segunda instancia.
Subtema 3: Ausencia de reparos precisos frente a la sentencia apelada que denegó pretensiones
por insuficiencia probatoria
Subtema 4: Incumplimiento de carga probatoria — Sin condena en costas conforme al articulo 65.5
de la Ley 472 de 1998.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el
apoderado de los demandantes contra la sentencia expedida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia el 12 de marzo de 2015, que negó las pretensiones de
la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Los integrantes del grupo demandante, en su calidad de madre, hijos, hermanos y
sobrinos de Heriberto y Marciano Pineda Gaviria, solicitaron el pago de los
perjuicios causados por la desaparición forzada de los citados señores, ocurrida el
11 de marzo de 1996 en el corregimiento de Barroblanco, Antioquía, y el 20 de abril
de 2002, en zona urbana del municipio de Tarazá, respectivamente, así como por
el daño derivado del desplazamiento que sufrió la familia por causa de la violencia
desatada en la zona rural donde vivían, situación que, a su juicio, fue tolerada por
agentes del Estado.

II. ANTECEDENTES

Aníbal de Jesús Pineda Gaviria, en condición de hermano de los desaparecidos
Heriberto y Marciano Pineda Gaviria, en compañía de sus demás hermanos, hijos y
sobrinos, presentaron demanda en ejercicio de la acción de grupo para que se
declare la responsabilidae de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional,
por los perjuicios causados al grupo por motivo de la desaparición forzada de los
señores Heriberto y Marciano Pineda Gaviria y del desplazamiento forzado que
sufrieron. Como consecuencia, el apoderado de los integrantes del grupo,
conformado por cincuentE4 y seis (56) familiares de los desaparecidos Heriberto y
Marciano Pineda Gaviria, solicitó el pago de perjuicios materiales en la modalidad
de lucro cesante a favor de cada uno de los demandantes, liquidado a partir de la
fecha del desaparecimieni o, esto es, desde el 11 de marzo de 1996 para el caso de
Heriberto Pineda, por vabr de ciento treinta y tres millones cincuenta y seis mil
pesos ($133.056.000), y desde el 20 de abril de 2002 para el caso de Marciano
Pineda, por la suma de ochenta y ocho millones setecientos cuatro mil pesos
($88.704.000). Además, p idió el pago de perjuicios inmateriales por daño a la vida
de relación por la SUIlls de ciento veintitrés millones doscientos mil pesos

Radicado: 05001-23-33-000-2014-0072341
Demandante: Aníbal de Jesús Pineda y otros

($123.200.000), por cada uno de los familiares desaparecidos, y el daño moral que
sufrieron por la desaparición forzada, en cuantía equivalente a mil salarios mínimos
mensuales legales vigentes (1000 smmlv), a favor de cada demandantel.

La parte actora, como sustento fáctico de las pretensiones, manifestó que, "Idjebido
a la violencia desatada desde hace tiempo en nuestro país y al conflicto armado,
sobre todo en la zona rural, en donde nuestros humildes campesinos fueron blanco
de estos grupos armados al margen de la ley, según consta en los archivos, y por
ello las diferentes sentencias que ha emanado el Honorable Consejo de Estado,
condenando a la Nación por la omisión y falla en el servicio de nuestras Fuerzas
Armadas' . En los hechos de la demanda el apoderado;sostuvo, en síntesis: i) que
los familiares desaparecidos tenían cultivos de café, cabezas de ganado y cerdos
que les proporcionaba a ellos y, en general, a la familia Pineda Gaviria, lo necesario
para el sustento diario; ii) que las desapariciones de Hériberto y Marciano Pineda
Gaviria ocurrieron en la jurisdicción del municipio de Tarazá, Antioquia, el 11 de
marzo de 1996 y el 20 de abril de 2002, respectivameri e. También manifestó que
la desaparición forzada y el desplazamiento son considerados delitos de lesa
humanidad por tratarse de actos generalizados y listemáticos, que resultan
atribuibles al Estado, tal como lo quiso hacer notar en el.aparte relativo al concepto
de violación, en el que transcribió extractos de cuatro lentencias del Consejo de
Estados.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

2.2.1. La demanda presentada el 29 de abril de 2014 fue admitida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia y el auto notificado en debida forma&

2.2.2. El apoderado del Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, en representación
de la Nación, propuso en la contestación de la demanda las excepciones de
caducidad de la acción, hecho de un tercero, falta de legitimación en la causa por
pasiva, inexistencia de los presupuestos de respqnsabilidad del Estado e
inexistencia de la obligación. En relación con la caducidad de la acción de grupo,
adujo que el término debe empezar a contarse a partir del momento en que ocurrió
la desaparición de Heriberto y de Marciano Pineda Gaviria, es decir, desde el 12 de
marzo de 1996 y el 20 de abril de 2002, máxime si se fiarle en cuenta que hasta la
fecha no existe certeza sobre el paradero de las víctima.

Sostuvo, igualmente, que de acuerdo con las certificaciones expedidas por la
Fiscalía 26 delegada ante el juzgado penal del circuito cle Caucasia, en el proceso
penal no se logró identificar ni individualizar a los autores de las desapariciones,
motivo por el cual no es posible establecer el nexo causal entre ese hecho y la
acción de agentes del Estado, "desprendiéndose Je allí la eximente de
responsabilidad deprecada del hecho de un tercero, y por ende igualmente se
desprende la falta de legitimación por pasiva". Por último, precisó que la carga
obligacional del Ejército Nacional "es de medio y no de resultado", dado que no es
posible garantizar en términos absolutos la seguridad da todas las personas con la
erradicación total de los delitos, en el caso concreto, el desaparecimiento de los
señores Heriberto y Marciano Pineda Gaviria5.

I Folio 122 del c. 1.
2 Folios 3 a 6 del c. 1.
3 Folios 8 a 30 del c. 1.
4 Folios 53 y 128 del C. 1.
5 Folio 132 del c. 1.

2

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Demandante: Aníbal de Jesús Pineda y otros

2.2.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia tuvo como pruebas los documentos
aportados por la parte demandante (registros civiles de nacimiento y dos
certificaciones expedidas 'por la Fiscalía 26 delegada ante el juzgado penal del
circuito de Caucasia), y expidió oficio a la Registraduría del municipio de Tarazá,
Antioquia, para que informara si ha realizado inscripción por muerte en el registro
civil de los señores Heriberto y Marciano Pineda Gaviria6. El tribunal corrió traslado
a las partes de los documentos allegados por la Registraduría Nacional del Estado
Civil, en los que consta que el documento de identificación de los señores Heriberto
y Marciano Pineda Gaviria se encuentra vigente, sin inscripción de defunción7.

2.2.4. El Tribunal corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera informes. El apoderado de los
demandantes transcribió apartes de una providencia expedida por esta Corporación
el 12 de diciembre de 2014, en el proceso de reparación directa radicado bajo el
número 2013-01720-00, que revocó la providencia apelada y le ordenó al Tribunal
Administrativo de Antioquia estudiar la demanda presentada por Albeiro Henao
Henao y otros, por el desplazamiento forzado causado por las extorsiones de que
eran víctimas en el municipio de Sonsón por parte de un grupo ilegal. Consideró
que, conforme a ese antecedente jurisprudencial, las pretensiones presentadas en
este contencioso deben ser concedidas.

Por su lado, el apoderado del órgano demandado reiteró que en este caso no está
acreditado el nexo causal entre el daño y la actuación de agentes del Ejército
Nacional, motivo por el cual el Ministerio de Defensa carece de legitimación en la
causa por pasiva9. A su turno, el agente del Ministerio Público guardó silencio en
esta oportunidad procesal.

2.3. Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, al pronunciarse sobre la excepción de
caducidad de la acción de grupo propuesta por el órgano demandado, precisó que,
en este caso se entiende que el hecho causante del daño ha permanecido en el
tiempo, dado que no está demostrado el hallazgo de las víctimas del delito de
desaparición forzada, ni existe fallo definitivo adoptado en un proceso penal, "por
lo que en tal sentido, no ha cesado la acción vulnerante en los términos del artículo
47 de la Ley 472 de 1998 y en consecuencia la presente acción no ha caducado".

El A-quo, luego de precisar la naturaleza de la acción de grupo, el concepto de
desaparición forzada y el régimen de responsabilidad del Estado por falla del
servicio, consideró que los medios de prueba allegados al expediente, esto es, los
registros civiles y las dos constancias expedidas por la Fiscalía 26 delegada ante
el juzgado penal de Caucasia, acreditaron la ocurrencia del daño derivado de la
desaparición forzada de Marciano y Heriberto Pineda Gaviria, familiares de los
integrantes del grupo, pero, en cuanto a la imputación, afirmó que la parte actora
no demostró el nexo causal entre el daño y la actuación atribuida al órgano
demandado, dado que no aportó elementos de prueba que permitieran inferir la
omisión de la carga obligacional del Ejército Nacional en el caso particular, por
ejemplo, el deber de protección. Por lo anterior, concluyó:

"De conformidad con el acervo probatorio, es claro que, en el caso concreto, no existe
forma de atribuir fáctica, ni jurídicamente el daño endilgado a la entidad demandada,

6 Folio 199 del c. 1.
7 Folios 212 a 215 del c. 1.
Folio 222 del c. 1.
9 Folios 226 y 229 del c. 1.

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Demandante: Aníbal de Jesús Pineda y otros

toda vez que no se encuentra suficientemente demostrado, que el origen de las
"DESAPARICIONES" hubiese sido ocasionados por el Ejército Nacional, bajo el
régimen de responsabilidad de falla en el servicio Ipor omisión alegado en la
demanda.
C
En consecuencia, se impone concluir que a la entidad demandada no le es imputable
la producción del daño, así las cosas, en gracia de discusión en caso de que existiera
algún tipo de daño, de las pruebas aportadas se vislumbra el rompimiento del nexo
de causalidad entre una presunta conducta omisiva de ;la entidad demandada"1°.

2.4. Recurso de apelación

El apoderado de los demandantes solicitó que sean tenidos como fundamento de
su apelación, "el concepto de violación [y] los alegatos de conclusión" presentados
en el trámite del proceso; además, trajo a colación algunas citas textuales de la
sentencia recurrida, en las que el Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que
"no existe forma de atribuir fáctica, nijurídicamente el daño endilgado a la entidad
demandada, toda vez que no se encuentra suficientemente demostrado, que el
origen de las "DESAPARICIONES" hubiese sido ocasionadas por el Ejército
Nacional, bajo el régimen de responsabilidad de falla en el servicio por omisión
alegado en la demanda (...) (por lo que] se impone toncluir que a la entidad
demandada no le es imputable la producción del daño (A.)". Después de concluida
la cita, no formuló reproche alguno frente a la validez de tales asertos ni cuestionó
el análisis probatorio efectuado por el Tribunal sobre el particular.

A continuación, indicó que "para sustentar el Recurso de Apelación, lo apoyaré en
una sentencia memorable de nuestro órgano de cierre como es el Consejo de
Estado, que se asemeja a lo planteado en esta acción" [cita in extenso de la
sentencia de 21 de noviembre de 2013, expediente 29764]. Líneas más adelante,
refirió que "[e]n otra sentencia de nuestro órgano de cierre manifestó, con respecto
al tema de litigio lo siguiente: [cita in extenso del extractó de la providencia de 3 de
marzo de 2010, expediente 36282, realizado por la Relatoría del Consejo de
Estado]. Por último, señaló: "[c]on lo anteriormente, solicito muy respetuosamente
al magistrado de conocimiento, me conceda todas y cada una de las pretensiones
de la demandan".

Así, el apoderado de los demandantes, sin exponer la pertinencia de esas
providencias en relación con el presente asunto bien 'por similitud de patrones
fácticos bien por semejanza de aspectos jurídicos; sin presentar reparos o motivos
de inconformidad precisos frente a la sentencia apelada, procedió a citar, in
extenso, la sentencia identificada con el número 29764, expedida el 21 de
noviembre de 2013 por la Subsección "C" de esta Sección, en la que se consideró
que el daño derivado de la desaparición forzada de ocho personas en el municipio
de San Roque, Antioquia, era atribuible al Estado por entontrar acreditado con las
pruebas recaudadas en varios procesos penales iniciados contra miembros de
grupos al margen de la Ley -paramilitares- e integrantes de la cooperativa de
vigilancia privada -Convivir Guacamayas-, como informes elaborados por la Fiscalía
General de la Nación -Unidad investigativa-, y testimonio, que el Estado tenía una
posición de garante, tesis conforme a la cual, "si bien, el Estado no intervino
directamente en la concreción de un daño antijurídico -autor o partícipe del hecho-
la situación en la cual estaba incurso, le imponía un deber específico, esto es,
asumir determinada conducta; llámese protección, o prevención, cuyo rol al ser
desconocido -infracción al deber objetivo de cuidado- dada su posición de garante,
10 Folio 259 del c. ppal.
11 Folio 275 del c. peal.

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Demandante: Aníbal de Jesús Pineda y otros

configura la atribución a éste de las mismas consecuencias o sanciones que
residen en cabeza del directamente responsable del daño antijurídico".

La segunda providencia que el apoderado de los demandantes transcribió en el
escrito de sustentación del recurso de apelación -sin que tampoco hubiere
precisado las razones fácticas o jurídicas de la semejanza que aduce existe con el
caso bajo estudio-, corresponde a la radicada bajo el número interno 36282 de
fecha 3 de marzo de 2010, en la que la Sección Tercera de esta Corporación analizó
el marco conceptual de la desaparición forzada y los presupuestos para su
configuración.

2.5. Trámite procesal relevante en segunda instancia

2.5.1. Esta Corporación admitió el recurso de apelación interpuesto por los
demandantes y, en auto posterior, corrió traslado a las partes para presentar
alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de
fondo12.

2.5.2. El apoderado de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional,
afirmó que en el caso concreto no está demostrado el nexo causal entre el daño y
una actuación u omisión del órgano estatal, lo que se observa es que la afectación
del bien jurídico fue causada por un grupo al margen de la ley. A su juicio, la actora
tampoco acreditó que las víctimas de la desaparición hubieran "solicitado
protección", ni aportaron pruebas sobre las circunstancias fácticas en las que
'presuntamente ocurrió el daño ni sobre "la certeza y quantum" de los perjuicios
materiales e inmateriales necesarios para determinar la configuración de los
elementos de la responsabilidad del Estado. La parte demandante y el Ministerio
Público guardaron silencio".

III. PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA DE MÉRITO

3.1. Régimen jurídico aplicable

Al presente asunto, por tratarse de una acción de grupo instaurada el 29 de abril de
2014, le resultan aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 472 de 1998",
con las modificaciones que, respecto de la pretensión, caducidad y competencia,
introdujo la Ley 1437 de 2011(CPACA)15 - estatuto procesal que entró en vigencia
el 2 de julio de 2012 (artículo 308 ejusdem)-. Al punto, la jurisprudencia de la
Corporación ha emitido pronunciamientos del siguiente tenor:

" (...) si bien en los aspectos que se refieren a la reparación de los perjuicios
causados a un grupo el legislador instituyó, por la especialidad que se predica
en estos casos, un régimen particular aplicable a estas controversias, el cual
está contenido en la Ley 472 de 1998, también lo es que, en materia de lo
Contencioso Administrativo, la Ley 1437 de 2011 modificó dicha norma
especial, en lo que hace a las disposiciones referentes a la pretensión, a la
caducidad y a la competencia pues, amplió y reguló integralmente las
disposiciones aplicables en esos aspectos, lo que impone concluir que los

12 Folios 303 y 342 del c. ppal.
13 Folios 343 y 349 del c. ppal.
14 "Por la cual se desanolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio
de las acciones populares y de gnspo y se dictan otras disposiciones".
15 "Poda cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

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Demandante: Aníbal de Jesús Pineda y otros

demás temas continúan regulados por la Ley 472 de 1998'617 (Destaca 1a
Sala).
1
3.2. Competencia

Esta Corporación es competente para conocer del presente caso de conformidad
con los artículos 50" de la Ley 472 de 1998 y, 150" y 152.162° del CPACA, porque
se trata de un asunto que tuvo su origen en el ejercicio del medio de control para la
reparación de los perjuicios causados a un grupo por id presunta acción u omisión
de entidades públicas, decido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en virtud de que el órgano demandado e una autoridad del orden
nacional; aunado a lo previsto en el Reglamento Interno del Consejo de Estado21,
conforme al cual, "atendiendo un criterio de especialización", la Sección Tercera
conoce de las acciones de grupo.

3.2.1. De la sustentación suficiente del recurso di3 apelación como factor
habilitante para el pronunciamiento del juez en seguinda instancia

De conformidad con lo previsto en el artículo 306 del CPACA, que prevé la remisión
expresa a la norma procesal general, y el artículo 68 de la Ley 472 de 1998, que
también remite a la norma procesal general en lo que no Contraríe lo dispuesto para
las acciones de grupo, la Sala considera oportuno hacer 'algunas precisiones frente
a la carga argumentativa del recurso de apelación por tratarse del marco que
delimita el pronunciamiento del juez en segunda instancia.

Sobre el particular, los artículos 320 y siguientes del Cbdigo General del Proceso,
aplicables al caso bajo estudio por haber entrado a regir antes de la fecha de
presentación de la demanda (29 de abril de 2014)22, prevén que el recurso de
apelación está regido por presupuestos de procedencia, legitimación, interés,
oportunidad y sustentación que, al encontrarse acreditados, permiten "que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en. relación con los reparos
concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la
decisión".

16 Original de la cita: "Al respecto consultar, Auto de 31 de enero de 2013, Exp. 63001-23-33-000-2012-00034-
01 (AG), M.P. Enrique Gil botero".
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 10 de febrero de 2016, Exp. 2015-00934; Auto de 18 de
mayo de 2017 Exp. 2016-00131 y, Auto de 18 de julio de 2017, Exp. 2013-00583.
18 "Ley 472/98. Artículo 50. Jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los
procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grup.o originadas en la actividad de las
entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas.
"(• • J".
19 "CPACA. Artículo 150. Competencia del consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, ose conceda en un efecto distinto del que corresponda, ono se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia (...)".
28 "CPACA. Artículo 152.Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

16. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados a un
grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese
mismo ámbito desempeñen funciones administrativas".
21 Acuerdo 080 de 2019, artículo 13.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 25 de junio de 2014, expediente
49299. la Sala unifica su jurisprudencia en relación con la entrada en videncia de la ley 1564 de 2012, para
señalar que su aplicación plena en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como en materia arbitral
relacionada con temas estatales, es a partir del 1° de enero de 2014, salvó las situaciones que se gobiemen
por la norma de transición".

6

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00723-01
Demandante: Aníbal de Jesús Pineda y otros

Teniendo en cuenta los fines que la ley procesal le atribuye a la apelación, el artículo
322 del CGP prevé que el recurso podrá interponerse contra autos o sentencias
bajo reglas de procedencia específicas, entre las que cita, para el caso de las
últimas citadas, el de "precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace
a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior".
En ese orden, la argumentación expuesta ante el juez de segunda instancia se
entenderá "sustentación suficiente" siempre que "el recurrente exprese las razones
de su inconformidad con la providencia apelada".

En concordancia con lo anterior, el articulo 328 del CGP prescribe que el juez de
segunda instancia "solamente" se pronunciará sobre los reparos concretos
expuestos en la sustentación del recurso de apelación, pues tales argumentaciones
son las que delimitan el pronunciamiento en segunda instancia, con excepción de
los casos en que el apelante hubiera manifestado su desacuerdo frente a "toda la
sentencia", circunstancia en la que deberá cumplir la carga de exponer las razones
de inconformidad que comprendan todos los asuntos tratados en la providencia
apelada.

En punto a la exigencia de sustentación suficiente del recurso de apelación prevista
en la norma procesal general, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en el
marco del mecanismo eventual de revisión de una acción de grupo, unificó la
jurisprudencia para "estarse a lo resuelto en la jurisprudencia del Consejo de
Estado, en el sentido de que la parte apelante debe sustentar, en debida forma,
el recurso de apelación interpuesto —exigencia que se aplica, por tanto, a las
acciones de grupo—, para que, de esa manera, eljuez de segunda instancia pueda
revisar la decisión del a quo". Al sustentar la decisión, esta Corporación precisó23:

Ahora bien, aunque los pronunciamientos que se han dejado expuestos se
profirieron en el marco de procesos distintos de aquellos derivados de acciones
de grupo, ello no impide que esa misma exigencia —de índole procedimental—
se traslade a esta última clase de asuntos, pues, como ya se indicó, las
disposiciones procesales a las que se ha hecho alusión resultan aplicables a
esta clase de procesos, por remisión expresa del artículo 68 de la Ley 472 de
1998.

Es más, ya en materia de acciones de grupo, la Corporación ha dado aplicación
a las normas del estatuto procesal civil, en punto de los requisitos de procedencia
del recurso de apelación (...)

Además de ello, de conformidad con la jurisprudencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado —la que por competencia conoce de esa clase de acciones-
11Ja Acción de Grupo no es una acción pública, por el contrario, se trata de un
contencioso subjetivo del que solo son titulares las personas que han sufrido
perjuicios" provenientes de 'una misma causa'''.
(-..)
Así las cosas, respecto de las acciones de grupo resulta posible predicar una
restricción particular y básica que surge de la naturaleza y finalidades de esa

23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco Especial de Decisión,
sentencia del 14 de agosto de 2018, expediente 2007-00244-01(AG)REV.
24 Original de la cita: "El Defensor del pueblo y los personeros municipales y distritales pueden interponer la
acción de grupo pero no en ejercicio de legitimación propia, sino en nombre de cualquier interesado-legitimado
(ley 472 de 1998 Art 48 inciso 2°)".
25 Original de la cita: "Ley 472 de 1998 artículos 3 y 46, con la anotación de que mediante sentencia C-569 de
2004, se declaró inexequible la expresión 'Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de
todos los elementos que configuran la responsabilidad' contenida en dichos artículos, apartes normativos de los
que se derivaba el requisito de procedibifidad relacionado con la preexistencia del grupo".
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 22 de febrero de
2007, exp. : 25000-23-25-000-2002-01535-01 (AG), M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

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Demandante: Aníbal de Jesús Pineda y otros

clase de acción, por cuanto, como se indicó, al juez de la acción de grupo se
acude en procura de la satisfacción de un interés netaménte particular y subjetivo,
cuyo contenido y alcance solo lo puede determinar y definir el titular del respectivo
derecho, frente a lo cual no puede el juez de la causa, en aras de impulsar,
agilizar y concluir el proceso, suplir la voluntad de las partes suponiendo o dando
contenido a esos derechos o intereses.

Con base en lo expuesto, para la Sala no cabe duda de que en materia de
acciones de grupo, la parte impugnante debe sustentar su recurso de
apelación, pues si esta carga procesal se exige en materia de acciones
populares, cobra mayor sustento que la misma se predique respecto de las
primeras, dado que estas participan de naturaleza eminentemente
indemnizatoria, de contenido individual y subjetivo, amén de que las normas
procedimentales —a las cuales acude por remisión expresa del artículo 68 de la
Ley 472 de 1998—, así lo imponen. (Se destaca)

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia de unificación27, precisó que la
garantía de doble instancia prevista en el artículo 31 de la Constitución Política
constituye uno de los componentes del derecho fundamental al debido proceso,
pues con su ejercicio el interesado o afectado con la decisión judicial puede solicitar
al superior la revocación o reforma de la providencia. En ese orden, el recurso de
apelación constituye un mecanismo judicial eficiente para concretar la garantía de
la doble instancia, pues permite corregir los yerros connaturales a la falibilidad de
las personas que prestan el servicio público de adminisfración de justicia, siempre
que el interesado o el afectado con la decisión los exponga de manera precisa o
concreta, sin convertir la apelación en una herramienta Para "probar suede ante el
juez superior, sino que solo debería acudirse a ella en aquellos supuestos en los
que existan elementos sólidos que den cuenta de que el juzgador de primera
instancia incurrió en una equivocación. Eso explica por qué se exige que la
apelación deba ser sustentada".

Bajo ese marco conceptual, la Corte Constitucional al revisar las sentencias
expedidas en el trámite de una acción de tutela presentada contra la providencia
dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá en el marco de una acción popular
que confirmó la decisión de primera instancia con el argumento de que la parte
actora no sustentó en debida forma el recurso de apelación, confirmó las sentencias
de tutela que negaron el amparo, porque encontró acreditado que la decisión
judicial se sustentó en que la argumentación del recurso fue "abstracta y escasa".
Agregó que "[f]rente a la sustentación de la apelación-, contra la providencia de
primer grado, el impugnante o recurrente tiene la obligación o la carga procesal de
señalar las discrepancias, toda vez que esas discrepancias son las que deberán
ser analizadas y resueltas en la providencia de segunda Instancia".

A su turno, la Sección Tercera de esta Corporación, al resolver el recurso de
apelación interpuesto contra la decisión de primera instancia que denegó las
pretensiones de una demanda de reparación directa, resolvió confirmar la decisión
bajo la consideración de que "la Subsección está impedida para examinar las
decisiones" por la ausencia de "sustentación suficiente, adecuada o material del
recurso de alzada propuesto por la parte demandante, al simplemente limitarse a
expresar sus consideraciones de forma vaga e imprecisa". La Sala, al exponer las
razones de la decisión, consideró "que la apelación se encuentra limitada a los
aspectos indicados por la parte actora en su recurso, en tanto a través de ella se
ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo

27 Corte Constitucional, Sentencia Sll-419 del 11 de septiembre de 2019, M.P. Dr. Luis Guillermo Guerreo Pérez.

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00723-01
Demandante: Aníbal de Jesús Pineda y otros

cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que eljuez de primera
instancia presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones'28.

Por último, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha considerado de
tiempo atrás, que la parte apelante soporta la carga argumentativa de exponer los
presuntos yerros que le atribuye a la providencia apelada, dado que "es el mismo
legisladorel que le impone el deber de hacer manifiestos los argumentos de hecho
y de derecho que soportan el recurso, "teniendo en cuenta que con la entrada en
vigencia del Código General del Proceso se introdujeron diversos y significativos
cambios a dicho recurso, entre otros, que cuando se impugne una sentencia es
imperativo para el recurrente «(...) precisar, de manera breve, los reparos concretos
que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el
superior

La doctrina especializada también se ha referido a la sustentación del recurso de
apelación contra sentencias, como uno de los grandes cambios previstos en el
Código General del Proceso, en el que se acoge "un enfoque de estirpe dispositivo
que limita la competencia del superior para resolverlo solo con fundamento a los
argumentos de inconformidad que aduzca el recurrente", dado que la norma
procesal le impone el debgr de exponer, al momento de la interposición, "una breve
y concisa manifestación" sobre los yerros en que considera incurrió el juez de
primera instancia, que serán objeto de la sustentación ante el superior, quien deberá
pronunciarse únicamente frente a los reparos expuestos. Este esquema "obliga al
apelante a ser más juicioso en su proceder", pues la competencia del juez superior
está delimitada única y exclusivamente a los reparos expuestos en la sustentación
del recurso, tal como lo prevé el artículo 328 del CGP, en armonía con el artículo
322 ídem, que le imponen la carga de expresar de manera precisa, concreta y breve,
las inconformidades con la decisión recurridas°. Bien lo afirma Ricardo Zopo
Méndez:

Así pues, con este nuevo sistema, la segunda instancia deja de ser una
reedición de la primera, en cuanto al superior ya no le corresponderá repasar
de manera oficiosa el universo fáctico y normativo que compone el debate
para decidir como corresponda, sino únicamente aquellos aspectos
específicos, puntuales y concretos planteados por el recurrente como reparos
a la providencia impugnada; sistema que ciertamente da al recurso de
apelación un matiz dispositivo en la medida que limita la competencia del
superior al estudio de los mencionados reparos (...).
(.-
Es decir que el recurrente limita al superior sobre lo que ha de estudiar y resolver,
como una especie de congruencia entre los reparos planteados con las
decisiones adoptadas, de allí la denominación dada por la doctrina de "pretensión
impugnaticia". Implica lo anterior que debe existir una fidelidad entre los reparos
con la sustentación, y entre esas precisas argumentaciones con la decisión del
superior.

28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2021, expediente 48450. En
relación con la sustentación del recurso de apelación como delimitación del pronunciamiento en segunda
instancia ver: Sección Tercera, Subsección B, sentencias de 8 de septiembre de 2021, expedientes 61365 y
54739; Subsección C, sentencia de 26 de mayo de 2021, expediente 52078.
29 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, providencia de 9 de noviembre de 2016, radicación No.
69849.
3° FORERO SILVA, Jorge. "El Recurso de Apelación y la Pretensión Impugnaticia". Revista del Instituto
Colombiano de Derecho Procesal No. 43, enero-junio 2016. Bogotá: Instituto Colombiano de Derecho Procesal,
pp 177-205.

9

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00723-01
Demandante: Aníbal de Jesús Pineda y otros

La "competencia panorámica" acogida en el sistema procesal anterior cede a la
llamada "pretensión impugnaticia", pues el ad quem ya no podrá salirse de los
alegatos de las partes, sino resolver solo frente a dichás argumentaciones.

Conforme con lo expuesto, el cumplimiento de la carga argumentativa que la ley
procesal le impone a la parte recurrente, constituyé factor habilitante para el
pronunciamiento del juez en segunda instancia, en atención a que la sustentación
suficiente de la apelación es la que faculta al funcionario para decidir los aspectos
que puede analizar de oficio, como son los que tienen que ver con los presupuestos
procesales de la acción (competencia, caducidad o legitimación de las partes), y
pronunciarse "solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante"".

3.3. Problema jurídico

Bajo el marco normativo, jurisprudencial y doctrinal citádo en precedencia, la Sala
procede a establecer si en este caso existen razones de inconformidad precisas y
concretas que habiliten el pronunciamiento en segunda instancia o si, por el
contrario, la sustentación de la apelación carece de reparos específicos que
habiliten el pronunciamiento de la Subsección sobre aspectos procesales, jurídicos
y/o fácticos.

3.4. Caso concreto

En el caso bajo examen, observa la Sala que la sentencia apelada por el apoderado
de los demandantes negó las pretensiones de la acción de grupo, porque si bien el
daño antijurídico consistente en la desaparición de los señores Heriberto y Marciano
Pineda Gaviria se encontraba acreditado con las certificaciones expedidas por la
Fiscalía Delegada ante el Juzgado Penal del Circuitó de Caucasia, la parte no
cumplió con la carga probatoria relativa a la demostración del nexo causal entre el
hecho dañoso y la actuación activa o pasiva del órgano, demandado, dado que no
demostró que el Ejército Nacional hubiera concurrido o determinado la ocurrencia
de la afectación. Tampoco demostró que el órgano demandado hubiera omitido
"poner en funcionamiento los recursos de que dispone para el adecuado
cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso".

Así, al analizar la imputación del daño antijurídico el A quo consideró que la parte
actora no demostró la responsabilidad del Ejército Nacional, "pues la sola afirmación
por parte de la demandante de la existencia de un- daño que ocasionó unos
supuestos perjuicios, no puede acreditar la existencia de los mismos, toda vez que,
estos deben estar debidamente probados, situación qué era de conocimiento de la
parte actora, ya que, por ser la acción de grupo una acción exclusiva para buscar el
reconocimiento y pago de perjuicios, era necesario probar la existencia de la
ocurrencia del daño, razón por la cual las súplicas de la demanda no pueden
prosperar". Por lo anterior, el Tribunal consideró que frocedia declarar probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por paska propuesta por el órgano

31 Código General del Proceso, articulo 328. "COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia
deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones
que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado
toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias.
Eljuez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia."

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Demandante: Aníbal de Jesús Pineda y otros

demandado y, consecuentemente, negó las pretensiones de la demanda, decisión
que fue consignada en la parte resolutiva de la sentencia sin incluir expresamente
la primera declaración.

Las consideraciones expuestas en la sentencia apelada relativas a la acreditación
de los elementos configurativos de la responsabilidad del Estado, no fueron objeto
de reparos precisos por la parte actora en el escrito de sustentación. El apoderado
de los accionantes, para "apoyar" el recurso, tan sólo transcribió apartes de dos
providencias dictadas por esta Corporación, pero no precisó las razones de
pertinencia de la cita ni justificó la aplicación de tales antecedentes al caso concreto,
ni siquiera hizo referencia a las circunstancias tácticas y jurídicas del asunto
estudiado.

A pesar de la falta de técnica del recurso formulado, la Sala, al revisar las
providencias citadas por el recurrente, encontró que la expedida el 21 de noviembre
de 2013 se ocupó de establecer si el daño derivado de la desaparición de ocho
habitantes del municipio de San Roque, Antioquia, el 14 de agosto de 1996, por
parte de grupos paramilitares y de la cooperativa de vigilancia privada Convivir
Guacamayas, comprometieron la responsabilidad del Estado por omisión32. Al
analizar el caso, la Sala tuvo por acreditada la desaparición de las ocho personas
conforme a los hechos indicadores que surgieron de los medios de prueba
analizados, entre los que incluyó la respuesta emitida por el Jefe del Estado Mayor
de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en la que informó sobre "las gestiones
que se realizaron en esa brigada el 14 de agosto de 1996, consistentes en las
renovaciones de salvo conducto de los desaparecidos, diligencia que culminó a
mediados de la tarde de ese mismo día". Para sustentar la declaración de
responsabilidad, la Corporación consideró que, si bien el daño "no tuvo origen en el
ámbito del actuar estatal", la fuerza pública conocía la situación "y fue omisiva en la
labor de protección y vigilancia de los habitantes de la zona afectada por la gravedad
contextual, y prueba incontrastable de ello, es el hecho sin antecedentes ni
justificación, de que un alto miembro de la brigada que custodiaba la zona, hubiere
acompañado a algunos de los familiares de los desaparecidos a los sitios de
comandancia del grupo paramilitar que perpetró el delito, para ser enterados de la
suede de los mismos, circunstancia que no solo es reprochable, amén de
execrable".

En la segunda providencia aludida, dictada el 3 de marzo de 2010, la Sección
Tercera de esta Corporación confirmó la decisión que rechazó la demanda
presentada en ejercicio de la acción de reparación directa que pretendía la
declaración de responsabilidad del Estado por los daños derivados del secuestro de
un auxiliar de policía ocurrido en la toma de la base de antinarcóticos de Miraflores,
perpetrada por el grupo subversivo FARC, el 3 de agosto de 199833. En esa
oportunidad, la Sala precisó que, en los eventos de desaparición forzada, el daño
"tiene la calidad de 'continuado', esto es, que se sigue produciendo de manera
sucesiva en el tiempo"; sin embargo, ello "no implica que no opere la caducidadpara
la reclamación de los perjuicios causados (...), toda vez que lo que ellegislador hizo
fue introducir una variación en relación con el momento en que se inicia el conteo
del término para intentar la acción, el cual queda pues sometido al acaecimiento de
una de dos condiciones: 0 el aparecimiento de la víctima; o ii) la ejecutoria del fallo
definitivo adoptado en el proceso penal. Por manera que el término de dos años

32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 21 de noviembre de 2013, expediente
29764.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia de 3 de marzo de 2010, expediente 36282.

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00723-01
Demandante: Aníbal de Jesús Pineda y otros

previstos en la norma no varía". Conforme a dicha tesis concluyó que el plazo para
el ejercicio de la acción inició desde el momento de la liberación del demandante,
esto es, el 28 de junio de 2001, por lo que venció el 29 de junio de 2003 y "como
quiera que los actores presentaron la demanda el 15 de octubre de 2008" la acción
de reparación directa caducó.

Como puede apreciarse, sin dificultad, el análisis de las providencias citadas da
cuenta de que, si bien tales decisiones trataron el tema ,de la desaparición forzada,
el estudio probatorio particular y las tesis jurídicas que las sustentaron no son
aplicables al presente asunto, pues, de un lado, en esta instancia no se cuestionó
el conteo del término de caducidad y, de otro, tampoco se reprochó la apreciación
de los medios de prueba que el A quo calificó de insuficiente.

Ahora, si bien el apoderado de los actores solicitó tener como "recurso de apelación"
el concepto de violación y los alegatos de conclusión presentados en primera
instancia, en los que transcribió una sentencia expedida por esta Sección en un
caso de desplazamiento forzado, la Sala precisa que no es posible esa remisión
genérica, en atención a que tal argumentación antecede a la decisión de primera
instancia y, por tanto, no resulta válido considerar que la exposición fáctica y las
transcripciones realizadas en esas etapas procesales puedan entenderse como
"reparo concreto de la cuestión decidida", porque la providencia que negó las
pretensiones fue motivada en la apreciación del acervo probatorio considerado
insuficiente por el A quo, motivación que, evidentemente, no podía ser objeto de
reproche antes de la expedición del fallo apelado. No obstante, la Sala relacionará
los documentos aportados al expediente y procederá a valoración, así:

Registros civiles de nacimiento que demuestran el parentesco que cada uno de
los demandantes adujo tener para sustentar la afectación del bien jurídico por
causa de la desaparición de sus familiares Heriberto y Marciano Pineda Gaviria.
En condición de madre de los desaparecidos, la señora María Lilia Gaviria de
Pineda. Como hijos de Heriberto Pineda Gaviria, los demandantes Hadder,
Johnbany y Juan Diego Pineda Torres. En condición de hermanos de los
desaparecidos, Belisario, Rosa Elena, María Gabriela, Ana Rita, Antonio José,
Aníbal de Jesús, María Lilia y María Orfidia Pineda Gaviria, todos hijos de
Marciano Pineda y María Lilia Gaviria. En condición de sobrinos Orelys del
Socorro, Claudia Patricia, Sulma Esperanza y Dennis Constanza Pineda
Arango; Albeiro, Magnolia, Myriam del Socorro, Dora Emilse, Alba del Carmen,
Gilma de Jesús, María Leída y Luz Fanny Guisao Pineda; Franquelina Pineda,
Rosa Amelia, Luz Elena, Gloria Estela, Flor Edilrna y Olga Lucía Graciano
Pineda; Rosmira, Flor Helena, Sor Teresa, Rubiela, Gloria Amparo, Joaquín
Guillermo, Nancy, Juan Fernando y Santiago Higuita Pineda; Lina Marcela y
Adrián Felipe Pineda Vanegas; Jaime Alberto, Jhon Fredy, Aníbal de Jesús,
Gloria Estella y Claudia Patricia Pineda Miranda; Laura Melissa Pineda
Andrades, Astrid Milena Pineda, Lulle Smith Pineda, Benhur Fernando y
Yesenia Mejía Pineda. En condición de hijos de Gloria Estella Pineda Miranda,
sobrina de los desaparecidos, Julieth Tatiana y Jannier Stid Galán Pineda34. Los
demandantes Johonn Belisario y Mónica del Pilar Pinpda Arango, así como July
Andrea Rivera Pineda, no aportaron documento acreditar la condición con la
que se presentaron al proceso.

Dos constancias expedidas por el Fiscal Coordinador 026 de la Seccional
Delegada ante el Juez Penal del Circuito de Caucasia, Antioquia, fechadas el
21 de marzo de 2013, en las que manifiesta: i) que la indagación radicada bajo

34 Folios 56 a 109 del c. 1.

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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00723-01
Demandante: Aníbal de Jesús Pineda y otros

el número 1891, iniciada por el presunto delito de desaparición del señor
Heriberto Pineda Gaviria, ocurrida el 11 de marzo de 1996 en el corregimiento
de Barroblanco, terminó con resolución inhibitoria calendada el 18 de
septiembre de 1997, porque la investigación adelantada para lograr la
individualización del autor del hecho y los posibles móviles no arrojó "resultados
fructíferos"; y ii) que la indagación radicada bajo el número 146818, iniciada por
el presunto delito de desaparición de Marciano Pineda Gaviria, ocurrida el 20 de
abril de 2002 en la zona urbana del municipio de Tarazá, terminó con resolución
inhibitoria fechada el 23 de agosto de 2007, porque, después de que "se
adelantaron todas las pruebas posibles que conllevaran a la identificación e
individualización del autor o autores del hecho, así como a los posibles motivos
políticos, ideológicos u otros que dieran lugar a la consumación de dicho hecho,
averiguaciones que no arrojaron resultados fructiferos'35.

Oficio suscrito por el registrador municipal del Estado Civil del municipio de
Tarazá, Antioquia, fechado el 9 de diciembre de 2014, en el que informa que,
después de revisar los archivos físicos de esa oficina y verificar la base de datos
del sistema de identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, no
encontró los registros civiles de defunción de Heriberto y Marciano Pineda
Gaviria. Como sustento de lo anterior, aportó dos certificaciones expedidas por
el coordinador del Centro de Atención e Información Ciudadana de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, de fecha 9 de diciembre de 2014, en
las que consta que los documentos de identificación expedidos a los señores
Heriberto y Marciano Pineda Gaviria se encuentran vigentes. Consta,
igualmente, que el registrador municipal referido expidió una segunda
certificación de fecha 23 de enero de 2015, en la que nuevamente da cuenta de
que los documentos de identificación de estas personas se encuentran
vigentes36.

La apreciación de los medios de prueba referidos le permitió al Tribunal considerar,
en primer lugar, que la acción de grupo fue presentada en forma oportuna, bajo la
consideración de que en el caso concreto las víctimas no aparecieron y no se profirió
fallo definitivo en el proceso penal37, por lo que se entiende que la desaparición
"continúa en el tiempo hasta tanto ocurra uno de [tales] eventos" 38• En segundo
lugar, sostuvo que "el daño ostenta la naturaleza de cierto, actual y determinado", y
"la calidad de antijurídica que reviste la lesión infringida a los demandantes, en tanto
no tenían ni tienen el deber jurídico de soportarla". En tercer lugar, la sentencia
apelada expuso que la parte actora no acreditó que el daño antijurídico fuera
imputable al órgano demandado por acción o por omisión; en ese orden, consideró
"que por deficiencia probatoria no es posible atribuir responsabilidad alguna a la
entidad pública demandada; pues al no existir el nexo de causalidad entre el daño
ocurrido y la acción u °Misión de la administración, se desarticula la estructura
necesaria para que se configure la responsabilidadporparte de la Nación-Ministerio
de Defensa-Ejército Nacional".

Una vez confrontados los argumentos expuestos en la sentencia apelada con los
elementos de prueba relacionados en precedencia, la Sala observa que los

35 Folios 110 y 111 del c. 1.
36 Folios 212 a 215 y 221 del c. 1.
37 CPACA, artículo 164, literal i), inciso 2: "Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación
directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o
en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la
demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar
a la desaparición".
38 Folio 263 vto. del ppal.

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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00723-01
Demandante: Aníbal de Jesús Pineda y otros

documentos allegados al expediente por la parte actora no demuestran con
suficiencia los hechos en los que soporta las pretensiones indemnizatorias, tal como
lo consideró el Tribunal Administrativo de Antioquia en su decisión, pues ninguno
acredita la presunta omisión de la carga obligacional del órgano demandado a partir
de la cual pudiera imputársele responsabilidad en los hechos que rodearon la
desaparición de los hermanos Pineda Gaviria a manos de grupos subversivos,
ocurridas en diferentes momentos. En la demanda tan sólo se afirmó que las
desapariciones forzadas constituyeron "actos generalizados y sistemáticos"
jurídicamente imputables al Ejército Nacional, sin demostrar de manera fehaciente
la acción u omisión de las autoridades públicas en la ocurrencia del hecho dañoso.

En ese orden, resulta improcedente ahondar en el análisis probatorio realizado por
el A quo, pues el recurrente no expuso reparo o glosa alguna frente a la apreciación
de los medios de prueba que aportó para sustentar las pretensiones indemnizatorias
y, por tanto, no les es dable al juez de segunda instancia pronunciarse sobre
cuestiones que no fueron rebatidas de manera concreta por el apelante.

Así, la Sala concluye que la parte actora incumplió con la carga probatoria prevista
en el artículo 167 el CGP, aplicable a los asuntos regidos por el CPACA en virtud
de la remisión expresa de que trata el artículo 306 ejusdpm, pues no aportó medios
de prueba que acreditaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que
ocurrieron las desapariciones, ni la acción u omisión que soporte la atribución
jurídica de responsabilidad al Estado.

Conforme con lo expuesto, la Sala, al constatar la deficiencia probatoria en la que
el A quo sustentó la razón de la decisión denegatoria, confirmará la sentencia
dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 12 de marzo de 2015, que
negó las pretensiones de la demanda, máxime si se tiene en consideración que el
escrito de sustentación del recurso de apelación interpuesto por la pare actora
carece de razones de inconformidad claras y precisas frente a los asuntos
analizados en la providencia recurrida.

4. Costas

No hay lugar a la imposición de costas debido a que no se cumple el presupuesto
previsto en el artículo 65.5 de la Ley 472 de 199839, según el cual su imposición
procede en los eventos en que la sentencia acoge las pretensiones incoadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección "C", administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMASE la sentencia expedida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 12 de marzo de 2015, que denegó las pretensiones de la acción de
grupo formulada por Aníbal de Jesús Pineda Gaviria y otros en contra de la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por las razones expuesta en la parte
motiva de esta providencia.

39 Ley 472 de 1998 (Artículo 65).- Contenido de la sentencia.- "La sentencia que ponga fin alproceso se sujetará
a las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y además, cuando acola las pretensiones
incoadas, dispondrá: (...) 5. La liquidación de las costas a cargo de la parte vencida teniendo en cuenta las
expensas necesarias para la publicación del extracto de la sentencia" (destaca la Sala).

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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00723-01
Demandante: Anibal de Jesús Pineda y otros

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase

ICO S Gø ALES
Presidents d

GUILLERMO SÁHCÑgZ LUQUE
‹Mígistrado
Aclaro voto

JAIM IQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado

15

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