Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00075-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00075-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2023-00075-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
11 de abril de 2024
Demandantes: Paola Aponzá Valencia y otros
Demandados: Jaime Marín Arce y Luz Aida Ibarra
Ibarra - Representantes principal y suplente de las
comunidades negras ante el Consejo Directivo de la
Corporación Autónoma Regional del Quindío
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00075-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00075-01
Demandantes: Paola Aponzá Valencia y otros
Demandados: Jaime Marín Arce y Luz Aida Ibarra Ibarra como
representantes principal y suplente de las comunidades
negras ante el Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma Regional del Quindío1, para el periodo 2024-2027
Tema: Carga argumentativa del recurso de apelación.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia dentro de la demanda
presentada contra el acto de elección de Jaime Marín Arce y Luz Aida Ibarra
Ibarra como representantes principal y suplente de las comunidades negras ante
el Consejo Directivo de Corpoquindío, respectivamente.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1. La señora Paola Aponzá Valencia y otros, mediante apoderado judicial,
demandaron el acto de elección de Jaime Marín Arce y Luz Aida Ibarra como
representantes principal y suplente de las comunidades negras ante el Consejo
Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, para el periodo
2024-2027.
2. Como concepto de la violación, la parte demandante argumentó la
configuración de ciertas irregularidades en el procedimiento de elección, según
su dicho, luego de la lectura del informe de verificación de requisitos de los
participantes habilitados, dado que la entidad convocante no permitió a dos
consejos comunitarios previamente descalificados presentar sus réplicas.
1 En adelante Corpoquindío.
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Demandantes: Paola Aponzá Valencia y otros
Demandados: Jaime Marín Arce y Luz Aida Ibarra
Ibarra - Representantes principal y suplente de las
comunidades negras ante el Consejo Directivo de la
Corporación Autónoma Regional del Quindío
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3. A su vez, esgrimió que la designación desconoció el artículo 2.2.8.5.1.6 del
Decreto 1076 de 2015, que dispone la realización de una asamblea para
escuchar las conclusiones de tal informe.
2. Sentencia de primera instancia
4. Mediante providencia del 8 de febrero de 20242, el Tribunal Administrativo del
Quindío negó las pretensiones de la demanda, pues encontró que la norma
reglamentaria del proceso de elección de los representantes principal y suplente
de las comunidades negras ante el consejo directivo de las corporaciones
autónomas dispone que el informe de verificación de cumplimiento de los
requisitos se publica el día de la reunión en que se elige3.
5. Lo anterior, a diferencia de lo que sucede en el trámite del representante del
sector privado que, para efectos del traslado del informe de verificación,
consagra un término de cinco (5) días de antelación a la fecha de la reunión de
la votación4, normativa que no aplica al de las comunidades negras.
6. Así mismo, el tribunal advirtió que el Decreto 1076 de 2015 no dispone la
oportunidad de recurrir el informe, por lo que consideró que este es un acto
administrativo preparatorio contra el que no procedía recurso alguno dentro de
la actuación administrativa. Esta decisión fue notificada a las partes el 9 de
febrero de 20245.
3. Recurso de apelación
7. El 15 de febrero de 20246, la parte actora, mediante apoderado judicial, solicitó
revocar el fallo del tribunal y, por ende, que se accediera a las pretensiones
invocadas en el medio de control ejercido. Entre otros aspectos, indicó que en el
escrito de subsanación de la demanda pidió unos testimonios, medios de
convicción respecto de los que el juez de primera instancia no efectuó
pronunciamiento alguno, razón por la que pidió que se decretara la siguiente
prueba testimonial:
Como no existe acta de la asamblea, porque maliciosamente no la elaboraron,
pido se escuchen testimonios sobre este particular para la epistemología jurídica
de esta demanda, a las siguientes personas:
PAOLA APONZÁ VALENCIA, NATALY VALENCIA MURILLO, se les puede citar
en Urbanización Proviteq, Unidad 2, bloque 10, apartamento 1B, Armenia,
Quindío. YOLANDA PINO BENÍTEZ, MARLING CLAUDINA PINO BENÍTEZ, se le
puede citar, en la Urbanización Proviteq, Unidad 2. 8 (sic) Bloque 5, apartamento
2B, Armenia-Quindío.
2 Índice 39 Samai del tribunal.
3 Conforme con lo establecido por el artículo 2.2.8.5.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y la Resolución
128 del 2000.
4 Como lo dispone el artículo 2.2.8.5A.1.4 del Decreto 1076 de 2015.
5 Índice 41 Samai del tribunal.
6 Índice 42 idem.
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8. En la impugnación se solicitó «que sea revocada la sentencia y todo se ajuste
a la verdad procesal».
9. Mediante auto de 21 de ese mes y año7, el tribunal concedió la apelación
interpuesta por la accionante. Finalmente, el 27 de febrero de 2024 8, el proceso
se asignó por sorteo a este despacho.
4. Admisión del recurso
10. El 7 de marzo de 20249, el despacho admitió el recurso de apelación y negó
las pruebas solicitadas, al no cumplirse con los presupuestos del artículo 212 del
CPACA, decisión que no fue objeto de recurso alguno.
5. Traslado del recurso
11. La Secretaría de la Sección Quinta corrió traslado a las partes para alegar
de conclusión y al Ministerio Público10, para que, si a bien lo tenía, presentara
concepto.
12. Vencidos los términos, solo intervino la procuradora séptima delegada ante
el Consejo de Estado11 en el sentido de solicitar que se confirmara la sentencia
apelada. En concreto, señaló que del análisis de las pruebas que obran en el
expediente, se evidenció que los dos consejos comunitarios de las comunidades
negras excluidos del proceso eleccionario no cumplieron con algunos de los
requisitos exigidos en los literales a) y b) del artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto
1076 de 2015.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
13. Esta Sección es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte accionante de conformidad con los artículos 150 y 152
numeral 7, literal a12 del CPACA, así como lo dispuesto en el Acuerdo 080 del
12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
7 Índice 44 idem.
8 Índice 4 Samai.
9 Índice 5 Samai.
10 Entre el 18 al 20 de marzo de 2024 (índice 10 Samai) y desde el día siguiente hasta el 3 de
abril del año en curso (índice 11 Samai).
11 Índice 12 Samai.
12 «Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: // a) De la nulidad del acto de elección
(…) de miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales (…)».
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14. Se advierte que esta Sección es competente para conocer del asunto,
porque se trata de una apelación contra una sentencia del Tribunal
Administrativo del Quindío, que negó las pretensiones de nulidad respecto del
acto de elección de los representantes principal y suplente de las comunidades
negras ante el Consejo Directivo de la CAR Quindío.
2. De la carga argumentativa del recurso de apelación
15. La jurisprudencia de esta Sección ha establecido claramente que, al
impugnar una providencia mediante el recurso de apelación, se deben presentar
objeciones o reparos específicos para controvertir los fundamentos que
respaldan la decisión cuestionada.
16. En otras palabras, es necesario que la impugnación contenga una
argumentación que exponga y justifique las razones por las cuales se discrepa
o cuestiona la providencia apelada pues, de lo contrario, se desnaturalizaría su
finalidad adversarial prevista en el artículo 320 del CGP, que prescribe:
El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. (Énfasis de la
Sala).
17. Conforme lo anterior, esta Sala, siguiendo la jurisprudencia de la Corte
Constitucional13, encuentra que tal recurso no puede convertirse en un
instrumento a través del cual se pretenda «probar suerte» ante el superior, sino
que su interposición se justifica a partir de elementos o argumentos sólidos que
permitan al fallador de segunda instancia detectar que el de primera incurrió en
una equivocación.
18. Lo anterior justifica no solo la exigencia de una sustentación del recurso de
apelación, sino que aquella se fundamente con argumentos que permitan al
fallador de segunda instancia revocar o reformar la decisión impugnada.
19. Dicho escenario no ha sido ajeno al entendimiento que le ha dado esta
Corporación a la carga de sustentar en debida forma el recurso de apelación. En
efecto, la jurisprudencia ha hecho hincapié en la necesidad de que el recurrente
cimiente adecuadamente la impugnación, pues se trata del instrumento judicial
que permite al juez de segunda instancia soportar la decisión de revocar o
modificar la sentencia de primera. Así se consideró en su momento:
La apelación permite el ejercicio del derecho de defensa de las partes, a través de
la impugnación de la decisión judicial contenida en la sentencia. Por tanto, exige
que el recurrente confronte los argumentos expuestos por el fallador de primera
instancia con sus propias razones de inconformidad, para determinar si las
pruebas y el sustento jurídico han sido correctamente valorados. El recurso de
apelación es un instrumento judicial, en este caso, para impugnar una sentencia
13 Sentencia SU – 418 del 11 de septiembre de 2019. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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controvirtiéndola con argumentos que apunten a desvirtuarla total o parcialmente
y sirvan de marco al juez de segunda instancia para llevar a cabo la función
revisora que comporta tramitar y decidir una apelación. Esa función, que no es
oficiosa, tiene que apoyarse en la argumentación contenida en la sustentación del
recurso de apelación, que le debe servir al Ad quem (sic) para soportar la decisión
de revocar o modificar la sentencia de primera instancia según lo pretendido por
el apelante14.
20. En ese orden de ideas, resulta pertinente traer a colación que, en providencia
del 14 de marzo de 202415, esta Sección negó un recurso de apelación por
considerar que carecía de reparos concretos para oponerse a la cuestión
decidida que fue objeto de impugnación, así lo advirtió la Sala:
30. Revisado el recurso interpuesto, se advierte que la demandante insiste en que
hay lugar a suspender provisionalmente los efectos del acto demandado, sin
embargo, no presenta ningún cuestionamiento frente a los argumentos que
hizo el Tribunal en el auto recurrido, para denegar la medida cautelar.
31. Así las cosas, al revisar el recurso se limita a hacer afirmaciones
genéricas relacionadas con que no se vea afectada la confianza legítima que
tienen todos los ciudadanos, los principios democráticos de un estado soberano
legítimo, que fortalece y dignifica los partidos políticos, castigando la doble
militancia enmarcada en el acervo probatorio incorporado en la acción principal
que obra en este expediente en concreto, sin embargo no allega argumentos
tendientes a controvertir el estudio que hizo el tribunal frente la prueba
allegada al expediente.
32. Visto lo anterior, como no se advierte reparo alguno frente al estudio que
hizo el a quo en relación con la prueba aportada con la demanda, y por tanto, al
no haber cargos concretos sobre los cuales hacer algún pronunciamiento,
se confirmará la providencia apelada. (Énfasis de la Sala).
21. Finalmente, la Sala encuentra que otras Secciones de esta corporación han
negado recursos de apelación cuanto este no se sustenta en debida forma, al
considerar16:
A su turno, la Sección Tercera de esta Corporación, al resolver el recurso de
apelación interpuesto contra la decisión de primera instancia que denegó las
pretensiones de una demanda de reparación directa, resolvió confirmar la decisión
bajo la consideración de que “la Subsección está impedida para examinar las
decisiones” por la ausencia de “sustentación suficiente, adecuada o material del
recurso de alzada propuesto por la parte demandante, al simplemente limitarse a
expresar sus consideraciones de forma vaga e imprecisa”. La Sala, al exponer las
razones de la decisión, consideró “que la apelación se encuentra limitada a los
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 26
de noviembre de 2009. Expediente 25000-23-27-000-2007-00024-01 (17272). M.P. William
Giraldo Giraldo.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Auto de sala del
14 de marzo de 2024. Expediente 63001-23-33-000-2023-00099-01. M.P. Omar Joaquín Barreto
Suárez. Sobre el tema también se puede consultar el auto de sala del 4 de abril de 2024,
expediente 11001-03-28-000-2024-00033-00. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 16 de diciembre de 2022, expediente 05001-23-33-000-2014-00723-01, MP Jaime
Enrique Rodríguez Navas.
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aspectos indicados por la parte actora en su recurso, en tanto a través de ella se
ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo
cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de
primera instancia presentó para tomar su decisión con sus propias
consideraciones”17 (Cursiva del original).
3. Caso concreto
22. La Sala confirmará la sentencia del 8 de febrero de 2024, por cuanto el
recurso de apelación carece de objeciones y cuestionamientos específicos en
contra de los fundamentos que respaldaron la decisión del Tribunal
Administrativo del Quindío objeto de impugnación.
23. Por el contrario, la apelante, si bien solicitó «que sea revocada la sentencia
y todo se ajuste a la verdad procesal», lo cierto es que se limitó a referir otros
aspectos que, una vez confrontados con el contenido de la providencia
impugnada, se encontró que no hicieron parte de la motivación que expuso la
primera instancia para negar las pretensiones.
24. Como se explicó en los antecedentes, la parte actora, al interponer el
recurso, únicamente puso de presente que el tribunal no se pronunció sobre
unos testimonios que solicitó al subsanar la demanda, los cuales tendrían
incidencia de cara modificar la decisión adoptada pues, según su dicho, la CAR
Quindío actuó de manera indebida en el proceso eleccionario del demandado,
acomodando las circunstancias para permitir su reelección. Así lo manifestó:
Para quitar el velo torticero de la elección del Consejero JAIME MARÍN ARCE y
suplente LUZ AIDA IBARRA IBARRA, puesto que la Corporación en referencia,
había acomodado las circunstancias para permitir la reelección al tercer periodo
del consejero por comnidades (sic) negras del Quindío, usando el perverso
aforismo “Hecha la ley, hecha la trampa”, en precisas actuaciones respaldadas en
las normas citadas, que en efecto no permitirían recursos legales a la tramitación
interna y que haría la Corporación Autónoma Regional del Quindío, por tanto, el
camino a la ilegalidad era fácil.
Para quitar ese escudo de TODO ES LEGAL, y destapar la real situación, se pidió
al Tribunal unas pruebas testimoniales, que valoradas bajo las ópticas del
Principio de Causalidad, la Epistemología Jurídica y la Ontología Jurídica,
escudriñaríamos la Verdad Real del montaje para el (sic) elección. Y corrido el
velo, saldría a la luz la trampa para la reelección del tercer periodo del Consejero
en mención. Pgs. (sic) 6,7,8 de la demanda subsanada- Armenia Nov. 3 de 2023.
No nos atendió el Tribunal, no decretó las pruebas y ceñido en la aparente
legalidad del Derecho escrito en los artículos y las normas citadas, negó las
pretensiones.
17 «Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2021,
expediente 48450. En relación con la sustentación del recurso de apelación coma delimitación
del pronunciamiento en segunda instancia ver: Sección Tercera, Subsección B, sentencias de 8
de septiembre de 2021, expedientes 61365 y 54739; Subsección C, sentencia de 26 de mayo de
2021, expediente 52078».
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Se le pidió al Tribunal que en sede de este proceso, aplicara el Stares Decisis de
anteriores fallos del Consejo de Estado en procuración de la favorabilidad a las
etnias minoritarias mediante Acciones Afirmativas. Y, no nos escuchó.
25. En el orden de ideas, se evidencia que la parte actora cumplió con el deber
de exponer la carga argumentativa del recurso, en efecto, basta con afirmar que
sus fundamentos intentaban cuestionar la legalidad del acto demandado, así se
infiere de su dicho. Por ello, lo procedente era dar el trámite que correspondía a
la impugnación incoada, conforme se señaló en auto del 7 de marzo de 202418
y no proceder a su rechazo de plano19.
26. En ese sentido, pese a que se encontró que el recurso si cumplió con la carga
argumentativa, lo cierto es que los fundamentos esgrimidos como sustento de
aquel, no se opusieron a la tesis jurídica que expuso el juez de primera instancia
para negar la solicitud de nulidad del acto de elección demandado.
27. Por el contrario, lo que se observa es que aquellos se dirigieron a que se
revocara y se encontrara la verdad procesal a partir de unos testimonios que,
como se infiere de su dicho, si se hubiesen practicado, tendrían incidencia para
develar las irregularidades surgidas en el proceso de elección del demandado.
28. Así las cosas, se tiene que la argumentación de la apelante fue imprecisa e
insuficiente y, como tal, conlleva a la imposibilidad para el fallador de segundo
grado de revocar o modificar la decisión cuestionada, en tanto que, aceptar dicho
escenario, desconocería que el recurso de apelación es un medio de
impugnación que permite desvirtuar una providencia judicial siempre que se
presenten razones concretas de oposición frente a lo resuelto por la primera
instancia.
29. En esta orientación, como no se advierte reparo alguno frente al estudio que
hizo el tribunal en relación con las razones y elementos probatorios en que
edificó lo decidido, es decir, lo relacionado con el desconocimiento del traslado
del informe de verificación regulado por el artículo 2.2.8.5A.1.4 del Decreto 1076
de 2015 y la oportunidad para recurrir dicho documento, se impone confirmar la
providencia apelada.
30. En todo caso, este juez electoral advierte que, una vez revisado el
expediente, se constató que mediante auto del 11 de enero de 202420, el Tribunal
Administrativo del Quindío ordenó el trámite de sentencia anticipada y se
pronunció sobre las pruebas allegadas y solicitadas por las partes, entre ellas,
los testimonios en que se sustentó el recurso de apelación objeto de esta
providencia.
18 Índice 5 Samai.
19 En casos similares, como se expuso en la parte considerativa, la Sección Quinta y la Tercera
de esta corporación al resolver apelaciones como la presente las han negado.
20 Índice 33 Samai del tribunal.
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31. Dicha decisión se notificó al día siguiente21 y se evidenció que los sujetos
procesales no cuestionaron los aspectos probatorios decididos por el tribunal.
En consecuencia, la misma quedó ejecutoriada, razón por la que tampoco es
posible algún pronunciamiento en esta instancia frente al particular.
4. Conclusión
32. En atención a lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal
Administrativo del Quindío que negó las pretensiones de la demanda, por cuanto,
se reitera, en la apelación no se expusieron las razones para refutar o cuestionar
lo decidido por la mencionada autoridad judicial.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley
III. FALLA:
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 8 de febrero de 2024, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo del Quindío negó las pretensiones de la demanda,
conforme con lo expuesto en la parte motiva de la providencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Salvamento de voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
21 Índices 35 y 36 idem.
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