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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-00764-01

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-00764-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia expedida el 10 de diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, según lo expuesto en las consideraciones. SEGUNDO. ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a las partes. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen. 9 Radicación: 05001 23 33 000 2014 00764 01 (0775-2023) Demandante: María Lucely Pavas Posada

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2014-00764-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

11 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 05001 23 33 000 2014 00764 01 (0775-2023)
Demandante: María Lucely Pavas Posada
Demandado: E.S.E. Hospital La Estrella

Tema: Prestaciones sociales y sanción moratoria por pago tardío de
cesantías definitivas
Decisión: Confirma sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones. Se
abstiene de condenar en costas.

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y
demandada en contra de la sentencia de primera instancia del 10 de diciembre de 2021
expedida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES.

Demanda1

1. La accionante instauró demanda contenciosa administrativa en ejercicio del
medio de control de la referencia con el objeto de que se declare la nulidad del acto ficto
negativo que se configuró ante la omisión de respuesta respecto de la petición radicada
el 14 de junio de 2013, por medio de la cual pidió el pago de «la liquidación definitiva de
las prestaciones sociales, horas [extras] [y] salarios pendientes […]», al igual que la
sanción moratoria por la consignación inoportuna de «salarios y cesantías».

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene a la entidad
demandada pagar los conceptos reclamados, debidamente indexados, con intereses
moratorios «a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la
superintendencia bancaria […]». Adicionalmente, se declare la existencia de una relación
laboral entre ella y la accionada desde el 3 de enero de 2007 hasta el 7 de junio de 2012
y la imposición de costas a la entidad.

3. Argumentó que prestó sus servicios en la E.S.E. Hospital La Estrella en el cargo
de auxiliar de enfermería durante el período atrás mencionado y que desde la terminación
del vínculo laboral, solicitó de manera «verbal»2 a la entidad el pago de la liquidación
definitiva de sus prestaciones sociales y demás «factores salariales adeudados».

1 Según reforma de la demanda visible a folios 90 a 106 del expediente físico.
2 Refiere que lo hizo tanto personal como verbalmente.

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00764 01 (0775-2023)
Demandante: María Lucely Pavas Posada

4. Mencionó que la demandada liquidó sus acreencias, expidió acto administrativo
para su reconocimiento incluso se emitió el respectivo certificado de disponibilidad
presupuestal; sin embargo, no se le efectuó pago alguno, razón por la cual formuló
petición para obtener los haberes adeudados, que fue negada por medio de la decisión
objeto de impugnación.

Contestación de la demanda3

5. La E.S.E. Hospital La Estrella se opuso a la prosperidad de las pretensiones
alegando que el pago de las prestaciones sociales pretendidas no se realizó
oportunamente debido a la falta de solvencia económica de la entidad.

6. Aclaró que reconoció la suma de $5.048.768 por acreencias laborales y de ese
monto se descontaron valores correspondientes a obligaciones a cargo de la
demandante, así: (i) $663.069 por concepto de libranza para vivienda a favor de
Comfenalco, y (ii) $2.917.263 por pago de libranza consignados en la cuenta corriente de
dicha entidad el «14 de abril de 2015», para un total de $3.580.332. Puntualizó que el
saldo restante, esto es, $1.468.435, fue depositado en la cuenta de ahorros de nómina
de la accionante el «2 de marzo de 2015». Sostuvo que tales gestiones se realizaron
debido a la «negativa» del apoderado de esta de recibir directamente las prestaciones.

7. Expuso que no hay lugar a la sanción moratoria pretendida, por cuanto la entidad
actuó de buena fe y la mora obedeció a la falta de recursos económicos derivada de su
situación financiera.

8. Agregó que pretendía notificar la liquidación definitiva, pero ante la renuencia
de la actora a recibir el pago, procedió a consignar las sumas debidas. Propuso las
excepciones de cobro de lo no debido y buena fe.

Sentencia apelada4

9. El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad parcial del acto
demandado. Como consecuencia de lo anterior, ordenó a la E.S.E. Hospital La Estrella
reconocer y pagar a favor de la actora lo siguiente:

a) Se actualizará la suma de $5'048.767 al mes de febrero de 2015, fecha en que fueron
pagadas tardíamente las prestaciones sociales y para ello, se utilizará la fórmula de
matemática financiera establecida en la parte motiva de esta decisión.

Al valor actualizado se le descontará lo que le fue pagado tardíamente ($5'048.767.00)
pues sólo tendrá derecho al pago de la diferencia, actualizada hasta la ejecutoria de la
sentencia.

b) La indemnización equivalente a un día de salario por cada día de retardo en el pago
oportuno de sus cesantías definitivas, por el periodo comprendido entre el 26 de
septiembre de 2013 y el 09 de febrero de 2015 en los términos de la ley 244 de 1995
modificada por la ley 1071 de 2006, cancelándosele un total de 501 días de mora, los
cuales se cancelarán con base en la asignación básica devengada por la actora al

3 Folios 130 a 135 del expediente físico.
4 Folios 425 a 441 ibidem.

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Demandante: María Lucely Pavas Posada

momento de su retiro de la entidad, esto es para el año 2012. Esta suma no será indexada,
acorde con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.

10. Por otro lado, negó las demás pretensiones de la demanda. Argumentó que,
de las pruebas obrantes en el expediente, se desprende que para la fecha de terminación
del vínculo laboral (7 de junio de 2012) a la actora no se le liquidaron ni pagaron las
prestaciones sociales a que tenía derecho, toda vez que la demandada únicamente pagó
la suma de $5.048.767.00 en febrero de 20155. Planteó que si bien no existe disposición
expresa que regule el término con el que cuenta la administración para pagar las
prestaciones sociales definitivas una vez reconocidas, resultaba procedente actualizar
las acreencias insolutas a fin de evitar la pérdida de su poder adquisitivo. Con fundamento
en ello, consideró que debían indexarse conforme a la fórmula adoptada en la
providencia.

11. Por lo anterior, realizó un análisis comparativo entre los valores que la
accionante afirmó se le adeudaban y aquellos reconocidos y posteriormente pagados por
la entidad. A partir de lo anterior, concluyó que las partes coincidían en el monto
correspondiente a cesantías, prima de navidad, prima de servicios, bonificación por
recreación, retroactivo salarial y horas extras, razón por la cual se abstuvo de emitir
pronunciamiento sobre de tales conceptos. En consecuencia, circunscribió el estudio a
los rubros en los que persistía controversia, esto es, vacaciones, prima de vacaciones,
intereses a las cesantías y la sanción moratoria por el pago inoportuno de aquellas.

12. En cuanto a vacaciones y prima de vacaciones, explicó que la entidad
reconoció a favor de la actora el periodo comprendido del 3 de enero de 2011 al 7 de
junio de 2012, equivalente a 515 días de vacaciones por valor de $890.542. Asimismo,
con fundamento en el material probatorio, particularmente el testimonio recaudado,
determinó que ese lapso coincidía con el efectivamente causado, sin que se acreditara
la existencia de periodos adicionales pendientes de reconocimiento.

13. Aseguró que la discrepancia en relación con los intereses a las cesantías
consiste en que la entidad los liquidó por $34.679, mientras que la parte actora indicó que
ascendían a $125.983,11; sin embargo, al realizar la verificación respectiva, se pudo
establecer que el valor concedido por la demandada se ajustaba a la fórmula legal.

14. Respecto de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, señaló
que la demandante radicó petición del referido auxilio el 14 de junio de 2013, sin que la
entidad emitiera respuesta, circunstancia que dio lugar a la configuración del acto ficto
negativo. En aplicación de la jurisprudencia pertinente, mencionó que el término para el
pago de la prestación feneció el 25 de septiembre de 2013 y que, como aquel solo se
realizó el 10 de febrero de 2015, se incurrió en mora entre el 26 de septiembre de 2013
y el 9 de febrero de 2015, equivalente a 501 días y ordenó el reconocimiento de la
indemnización prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

5 Refiere que ello ocurrió entre los días 10 y 13 de ese mes y año.

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Radicación: 05001 23 33 000 2014 00764 01 (0775-2023)
Demandante: María Lucely Pavas Posada

15. Desestimó los argumentos de la demandada relacionados con la presunta
buena fe y su situación financiera, toda vez que la imposición de la penalidad cuestionada
responde a un criterio objetivo consistente en el incumplimiento del término legal previsto
para el pago del auxilio de cesantías, sin que resulte relevante valorar la conducta de la
administración.

Recursos de apelación.

16. Inconforme con la decisión, las partes interpusieron recursos de apelación6. La
actora alegó que no existe congruencia entre la parte motiva y resolutiva de la
providencia, pues mientras en esta última se ordenó indexar los valores adeudados hasta
la ejecutoria de la sentencia, en las consideraciones se dispuso como «IPC final el último
día del mes de febrero». Por consiguiente, manifestó que la actualización debía
extenderse hasta la ejecutoria de la sentencia.

17. Objetó que los intereses a las cesantías se hubieran liquidado teniendo en
cuenta únicamente 157 días y no los 501 días que transcurrieron hasta el pago efectivo
de las cesantías. Señaló que, de haberse efectuado el cálculo con fundamento en este
último periodo, el resultado habría sido distinto, por lo que solicitó modificar la sentencia
y ordenar la actualización de ese rubro hasta la fecha de consignación.

18. Refirió que los intereses a las cesantías hacen parte integral de la prestación
y que, por tanto, su pago parcial o tardío también daba lugar a la sanción moratoria
prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

19. Por su parte, la demandada pidió revocar la sentencia reiterando que en el
año 2015 pagó las acreencias laborales reclamadas por la actora y que no hay lugar a
reconocer la indemnización moratoria, comoquiera que el retardo en el pago obedeció a
la situación financiera que atravesaba la entidad y no a una actuación caprichosa o de
mala fe. Puso de presente que para la procedencia de tal penalidad no basta el
incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales, sino que además debe
acreditarse la mala fe del empleador, circunstancia que, a su juicio, no se configuró en el
presente asunto, para lo cual solicitó analizar los testimonios que obran en el expediente.

20. Adujo que se acreditó la «mala fe» de la demandante, porque se negó a recibir
el pago de las prestaciones sociales en el momento en que la entidad contaba con
disponibilidad de recursos. Asimismo, indicó que el acto administrativo de liquidación iba
a ser notificado a la accionante, pero ante la presunta negativa de aquella a recibir el
pago de sus acreencias, la entidad procedió a efectuar la consignación en su cuenta
bancaria.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

6 El de la parte actora obra en los folios 452 y 453 y el de la entidad desde el 455 hasta el 458.

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Radicación: 05001 23 33 000 2014 00764 01 (0775-2023)
Demandante: María Lucely Pavas Posada

21. Mediante auto del 25 de mayo de 2023 se admitió el recurso de apelación7.
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio durante esta etapa procesal.

III. CONSIDERACIONES.

Competencia.

22. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico.

23. Según los reparos concretos planteados procederá la Sala a estudiar si: i)
existió incongruencia en la sentencia apelada respecto de los términos en que se ordenó
la indexación de la condena; ii) procedía liquidar los intereses sobre las cesantías hasta
el pago total tanto de la prestación como de los intereses y si el pago tardío de estos
genera la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006; iii) ya se
pagaron las acreencias reclamadas; y iv) las razones expuestas por la demandada frente
a la consignación inoportuna de las prestaciones sociales desvirtúan la procedencia de
la indemnización moratoria.

Análisis del problema jurídico.

24. Examinado el caso concreto, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia que accedió parcialmente a las pretensiones y se abstendrá de condenar en
costas a las partes.

25. En el sub lite está probado que la señora María Lucely Pavas Posada laboró
en la E.S.E. Hospital La Estrella en el cargo de auxiliar de enfermería desde el 3 de enero
de 2007 hasta el 7 de junio de 20128.

26. El 25 de septiembre de 2012, él área de «recurso humano» de la entidad,
formuló una solicitud de disponibilidad presupuestal para liquidación definitiva de
prestaciones sociales por valor de $5.048.7679.

7 Índice 4 de Samai.
8 Lo anterior, conforme a la resolución de nombramiento, el acta de posesión y el acto mediante el cual se

le aceptó la renuncia a la demandante, visibles en los folios 11 a 14 del expediente físico. Se precisa que
el acto que aceptó la renuncia fue expedido el 7 de junio de 2012 pero menciona que se acepta dicha
novedad desde el 7 de mayo de 2012, lo que refleja una inconsistencia; sin embargo, ello no es asunto de
debate en este proceso y, en todo caso, la constancia expedida por la entidad el 24 de julio de 2013 da
cuenta que el servicio se prestó hasta la fecha mencionada, en el mes de junio de 2012 y en la liquidación
de las prestaciones también se incluyó como extremo final la aludida fecha del mes de junio.
9 Folio 20 ibidem.

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Demandante: María Lucely Pavas Posada

27. El 18 de octubre de 2012, el jefe de presupuesto del hospital demandado
expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 562, mediante el cual acreditó la
existencia de recursos para respaldar el pago de unas acreencias laborales10 por valor
de $5.048.76811.

28. Asimismo, obra en el expediente liquidación definitiva a nombre de la actora,
la cual carece de fecha de elaboración y constancia de notificación12. Allí se calcularon
cesantías13, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de servicios,
intereses a las cesantías, bonificación por recreación, retroactivo salarial y horas extras,
por un total de $5.048.767. En el mismo documento se registran descuentos por retención
de cesantías para vivienda por $663.06914 y por pago de libranza a favor de Comfenalco
$2.917.263.

29. El 25 de octubre de 2012, la entidad suscribió el registro presupuestal 1148,
en el que refirió que se efectuaba una reserva por $5.048.768 para amparar el pago las
prestaciones de la señora María Lucely Pavas Posada15.

30. El 14 de junio de 201316, la accionante radicó ante la E.S.E. Hospital La Estrella
requerimiento dirigido a obtener el pago de sus acreencias laborales y la sanción
moratoria por la consignación inoportuna de «salarios y cesantías», al considerar que
hasta ese momento no se había realizado consignación alguna por dichos conceptos17.

31. Por otro lado, los días 10 y 13 de febrero de 2015, la demandada consignó a
la cuenta de ahorros de la señora Pavas Posada la suma de $1.468.435 a título de
liquidación y a favor de Comfenalco Antioquia $3.580.332, por libranza asociada a la
actora, respectivamente18.

32. Establecido lo anterior, en lo que atañe a los reproches formulados por la
demandante, en primer lugar, se recuerda que cuestionó la falta de congruencia entre
la parte motiva y resolutiva de la sentencia en cuanto al extremo final de la indexación de
las acreencias laborales que se pagaron tardíamente, puesto que consideró que se fijó

10 Se observa que en el mencionado certificado no se contempló suma alguna destinada al pago de
cesantías.
11 Folio 21 del expediente físico.
12 Folios 22 a 25 ibidem.
13 El valor liquidado por tal concepto corresponde a $663.069.
14 Ese mismo valor fue el liquidado por concepto de dicha prestación.
15 Folio 26. Allí tampoco se evidencia destinación presupuestal por concepto de cesantías.
16 Folios 27 a 29 del expediente físico.
17 Se precisa que en la referida petición la actora manifestó que, pese a que la entidad había elaborado la

«liquidación definitiva de prestaciones sociales definitivas y el 25 de octubre de 2012 […] expidió el
certificado de disponibilidad presupuestal […] y a pesar de múltiples requerimientos verbales hechos a
tesorería […] hasta la fecha de este derecho de petición no se me ha cancelado suma alguna». Asimismo,
señaló expresamente «se tiene conocimiento de que se realizó liquidación definitiva de prestaciones
sociales, pero no que se haya realizado la debida resolución que ordena su pago». No obstante, aunque
la demandante hizo referencia a solicitudes verbales previas, no obra prueba de estas actuaciones en el
expediente. Por el contrario, se advierte que el Tribunal tomó como punto de partida para contabilizar la
sanción moratoria la petición del 14 de junio de 2013, mediante la cual se reclamó el pago de las cesantías
y la indemnización prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. En todo caso, tales aspectos no
fueron objeto de cuestionamiento en los recursos de apelación, motivo por el cual el análisis de la Sala se
circunscribirá a los reparos formulados por las partes.
18 Folios 150 y 151 del expediente físico.

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Radicación: 05001 23 33 000 2014 00764 01 (0775-2023)
Demandante: María Lucely Pavas Posada

en forma distinta. Al revisar dicha providencia, se advierte que en sus consideraciones se
determinó que el índice final para efecto de la actualización de la suma ya pagada -
$5.048.767- sería «el vigente al último día del mes de febrero de 2015 en que se efectuó
el pago tardío de las prestaciones sociales por parte de la entidad» y que de tal suma se
debería descontar el valor ya pagado y «la diferencia [continuaría]19 actualizándose hasta
la ejecutoria de la sentencia».

33. En ese mismo sentido, en la parte resolutiva se dispuso:

a) Se actualizará la suma de $5´048.767 al mes de febrero de 2015, fecha en que
fueron pagadas tardíamente las prestaciones sociales y para ello, se utilizará la
fórmula de matemática financiera establecida en la parte motiva de esta decisión.

Al valor actualizado se le descontará lo que le fue pagado tardíamente ($5´048.767.oo)
pues sólo tendrá derecho al pago de la diferencia, actualizada hasta la ejecutoria de
la sentencia.

[se resalta]

34. Sobre ese punto, la Sala advierte que no se configura la incongruencia
planteada por la recurrente. En efecto, de la orden atrás citada se desprende que el
Tribunal ordenó actualizar el valor reconocido por concepto de prestaciones, hasta el
momento en que se produjo el pago y de la suma que resulte descontar lo que ya se
desembolsó en el mes de febrero de 2015; a continuación dispuso que la diferencia
derivada de tal operación sí fuera indexada hasta la ejecutoria de la sentencia.

35. En segundo lugar, frente al reparo consistente en la liquidación de los
intereses a las cesantías, se precisa que el numeral 2.º del artículo de la Ley 50 de 1990,
estipula que «el empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción
que se liquide definitivamente».

36. A partir de lo anterior, dichos intereses se calculan sobre el valor de la
prestación causada y no se extienden de manera proporcional hasta la fecha de pago,
como lo pretende la demandante. Por tanto, procedía liquidarlos con base en los 157 días
que tuvo en cuenta el Tribunal, según la fórmula legal y no con los 501 días que habrían
corrido hasta el momento en que se efectuó el pago.

37. En tercer lugar, la accionante argumentó que el Tribunal debió reconocer la
sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 por el pago
inoportuno de los intereses a las cesantías; sin embargo, no se observa que en la
demanda se haya formulado esa pretensión 20. Sin perjuicio de lo anterior, es preciso

19 Se cambia el tiempo verbal, para guarda congruencia de la redacción.
20 Pues allí se indicó «[s]anción por mora en el pago de cesantías proporcionales a la fecha de retiro

equivalente a un día de salario por cada día de retardo, hasta el pago efectivo de la obligación. Al día 27
de Octubre de 2014 se debe $31'441.620».

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señalar que tal penalidad está consagrada exclusivamente para la consignación tardía
de las cesantías, pues la norma dispone que «[e]l valor liquidado por concepto de
cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a
nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que
incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo».

38. Lo expuesto quiere decir que la aludida disposición impone al empleador la
obligación de consignar oportunamente el auxilio de cesantías, so pena de incurrir en la
sanción moratoria allí señalada, pero no contempla un efecto similar frente al pago tardío
de los intereses sobre estas, de modo que dicha pretensión no está soportada en una
fuente legal, máxime cuando el legislador ha previsto una consecuencia diferente, ante
la extemporaneidad en el pago de tales intereses.21 Así las cosas, no son de recibo los
argumentos planteados por la demandante.

39. Por otro lado, la entidad demandada objetó la condena impuesta por el a
quo por concepto de la sanción moratoria derivada del pago inoportuno de las cesantías
definitivas, al señalar que el retardo obedeció a la situación financiera de la entidad y no
a una actuación de mala fe; en ese sentido, solicitó valorar los testimonios que obran en
el expediente.

40. Al respecto se recuerda que la indemnización moratoria opera por ministerio
de la ley una vez vencido el término previsto para el pago de la prestación, sin que se
pueda invocar la buena o mala fe del empleador para excusar su reconocimiento. De
modo que no resulta necesario examinar las pruebas en las que se habría expuesto las
razones que, según la entidad, originaron la tardanza cuestionada22 pues ello en nada
cambiaría la decisión adoptada en esa materia.

41. Finalmente, en relación con la supuesta negativa de la demandante a recibir el
pago de las prestaciones sociales cuando la entidad contaba con liquidez, la Sala observa
que la referida circunstancia no se encuentra acreditada en el expediente, por cuanto no
obra prueba que permita concluir que la actora se hubiese negado a recibir su pago.

42. Aunado a ello, tampoco existe constancia de notificación de la liquidación
definitiva de prestaciones sociales, documento que, como se indicó previamente, carece
de fecha de expedición y de constancia de recibido o notificación. Ahora bien, aunque la
demandante aludió en la petición del 14 de junio de 2013 al conocimiento de una
liquidación previa, también manifestó desconocer la existencia de resolución de
reconocimiento que ordenara el pago correspondiente.

21 De acuerdo con lo establecido en el artículo 1, numeral 3, de la Ley 52 de 1975: «3º. Si el patrono no

pagare al trabajador los intereses aquí establecidos, salvo los casos de retención autorizados por la Ley o
convenidos por las partes, deberá cancelar al asalariado a título de indemnización y por una sola vez un
valor adicional igual al de los intereses causados.»
22 Se precisa que las pruebas testimoniales cuyo análisis se pretende, darían cuenta de «la difícil situación

que atravesaba el hospital, lo cual denota que el NO pago oportuno no es imputable o atribuible a la ESE
Hospital de la Estrella, en el escenario de las crisis hospitalarias en Colombia [...] dicho lo anterior, es claro
que no se configura la MALA FE, dado que el no pago es ajeno a la voluntad de la ESE por no tener
recursos económicos» folio 457 del expediente, que comprende el recurso de la entidad.

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Demandante: María Lucely Pavas Posada

43. En esas condiciones, no es posible tener por acreditado que la actora se
hubiese negado injustificadamente a recibir el pago de las acreencias reclamadas, sobre
todo cuando tampoco existe prueba de notificación de acto alguno mediante el cual se
hubiere dispuesto formalmente el reconocimiento de las acreencias.

44. Con todo, la obligación de la entidad consistía en efectuar el pago de las
cesantías dentro del término legalmente previsto, circunstancia que no se cumplió en el
presente asunto. Por consiguiente, los reparos mencionados no desvirtúan la
procedencia de la sanción moratoria reconocida por el a quo.

Condena en costas.

45. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma
se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración
del criterio objetivo que gobierna esta materia.

46. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así
una excepción a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

47. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

48. En consecuencia, no se impondrán costas en segunda instancia porque no
prosperó el argumento de ninguno de los recurrentes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia expedida el 10 de diciembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, según lo expuesto en las consideraciones.

SEGUNDO. ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a las partes.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

9

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00764 01 (0775-2023)
Demandante: María Lucely Pavas Posada

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
AAP

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