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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-01861-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2017-01861-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintisiete (27) agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01861-01 (1802-2023)
Demandante: Ruby Stella Molano Marín
Demandada: Departamento del Valle del Cauca

Tema: régimen de cesantías de los servidores públicos del orden territorial. Subtema
1: intereses a las cesantías – acreditación de su pago. Subtema 2: sanción moratoria
– consignación tardía, límite temporal y acuerdo de reestructuración de pasivos.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral, el
30 de noviembre de 2022, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

1. Síntesis del caso

La señora Ruby Stella Molano Marín solicitó la nulidad del Oficio 0100-025-293269 del
9 de julio de 2017, mediante el cual el departamento del Valle del Cauca negó el
reconocimiento y pago de varias acreencias laborales derivadas de su vinculación con
la entidad. En lo que interesa a la segunda instancia, reclamó las cesantías
correspondientes al año 2013, los intereses a las cesantías de los años 2012 y 2013
y la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la
consignación tardía de las cesantías causadas en 2012.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las
pretensiones, al considerar que la entidad no acreditó el pago de las cesantías de
2013 ni de los intereses a las cesantías de 2012 y 2013, y que las cesantías causadas
en 2012 solo fueron consignadas el 22 de octubre de 2013. En consecuencia,
reconoció la sanción moratoria desde el 15 de febrero hasta el 21 de octubre de 2013

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01861-01 (1802-2023)
Demandante: Ruby Stella Molano Marín
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

y concluyó que esta no se encontraba sometida a las condiciones previstas en el
acuerdo de reestructuración de pasivos del ente territorial.

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado revocará parcialmente
la sentencia de primera instancia en cuanto al reconocimiento y pago de los intereses
a las cesantías de 2012; modificará el período de causación de la sanción moratoria,
para limitarlo al comprendido entre el 15 de febrero y el 25 de julio de 2013; y la
confirmará en lo demás.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La señora Ruby Stella Molano Marín, mediante apoderada, presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 4 de
diciembre de 2017, contra el Departamento del Valle del Cauca, con las siguientes
pretensiones1:

2. Que se declare la nulidad del Oficio 0100-025-293269 del 9 de julio de 2017,
mediante el cual el Departamento del Valle del Cauca respondió negativamente las
peticiones presentadas el 9 de abril y el 26 de octubre de 2015, en cuanto al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por las cesantías de los años 2012 y
2013, las cesantías e intereses proporcionales correspondientes al año 2013, las
vacaciones del período 2011-2012, la prima de junio de 2013 y la prima proporcional
de navidad de esa anualidad.

3. Asimismo, solicitó la nulidad del acto ficto o presunto que, a su juicio, se
configuró frente a los aspectos de aquellas peticiones que no fueron resueltos,
relacionados con las vacaciones y la prima vacacional correspondientes a los períodos
allí indicados, así como con los intereses a las cesantías del año 20122.

4. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condenara al
Departamento del Valle del Cauca a: i) reconocer y pagar la sanción moratoria por la
consignación tardía de las cesantías correspondientes al año 2012; ii) pagar los
intereses a las cesantías de 2012; iii) pagar las cesantías proporcionales del año 2013
y la respectiva sanción moratoria; iv) reconocer y pagar los intereses a las cesantías
de 2013; v) pagar los conceptos reclamados por vacaciones correspondientes a los
períodos 2011-2012 y 2012-2013; vi) reliquidar la prima correspondiente a junio de
2013, teniendo en cuenta la continuidad de la relación laboral; y vii) pagar la prima
proporcional de navidad de 2013. Igualmente, solicitó la indexación de las sumas
reconocidas, el cumplimiento de la sentencia según lo dispuesto en los artículos 189,
192, 193 y 195 del CPACA y la condena en costas.

1 Cuaderno principal, pp. 98 a 120 – pretensiones visibles, pp. 99 a 100.
2 Mediante auto del 22 de noviembre de 2018, el tribunal precisó que no podía predicarse la existencia de un acto

ficto o presunto, debido a que las peticiones del 9 de abril y el 26 de octubre de 2015 habían sido contestadas
mediante el Oficio 0100-025-293269 del 9 de julio de 2017. En consecuencia, señaló que únicamente tendría como
acto demandado este último. Samai, índice 60 (de primera instancia), expediente digital, archivo “69000778568 1”.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01861-01 (1802-2023)
Demandante: Ruby Stella Molano Marín
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

2.1.1. Hechos

5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

6. La señora Ruby Stella Molano Marín fue nombrada el 31 de marzo de 2000 en
la Secretaría Jurídica de la Gobernación del Valle del Cauca, en el cargo de
profesional universitario, código 219, grado 01.

7. Mediante el Decreto 1771 del 13 de noviembre de 2012, la Gobernación del
Valle del Cauca dio por terminado su nombramiento.

8. La demandante promovió acción de tutela y, en cumplimiento de la orden
judicial impartida por el juez constitucional, fue reintegrada a la entidad mediante el
Decreto 0100 del 12 de febrero de 2013.

9. Con ocasión del reintegro, el Departamento del Valle del Cauca reconoció y
pagó los salarios y prestaciones sociales correspondientes al período durante el cual
la actora estuvo desvinculada.

10. Mediante la Resolución 0387 del 26 de abril de 2013, la entidad ordenó
consignar las cesantías correspondientes al año 2012. Según la demandante, dicho
valor solo fue depositado el 22 de octubre de 2013.

11. Posteriormente, mediante el Decreto 0719 del 23 de julio de 2013, el ente
territorial dio nuevamente por terminado el nombramiento de la demandante. La actora
afirmó que prestó sus servicios hasta el 31 de julio de ese año.

12. La señora Molano Marín sostuvo que, al finalizar su vinculación, quedaron
pendientes diferentes acreencias laborales correspondientes a los años 2012 y 2013,
entre ellas cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones,
prima de navidad y diferencias salariales.

13. El 9 de abril de 2015, la señora Ruby Stella Molano Marín solicitó al
Departamento del Valle del Cauca el reconocimiento y pago de las acreencias
laborales que consideraba pendientes. La entidad dio respuesta mediante el Oficio
SADE 178926 del 27 de julio de 2015, el cual, según afirmó la demandante, no resolvió
de fondo lo solicitado.

14. La demandante promovió demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra los Oficios SADE 178926 del 27 de julio de 2015
y SADE 191398 del 19 de noviembre del mismo año. Mediante decisión del 16 de
marzo de 2017, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró de oficio la
ineptitud sustantiva de la demanda, al considerar que dichas respuestas no resolvían
de fondo las peticiones y, por esa razón, no constituían actos susceptibles de control
ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01861-01 (1802-2023)
Demandante: Ruby Stella Molano Marín
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

15. Con ocasión de dicha decisión, la señora Ruby Stella Molano Marín promovió
acción de tutela con el propósito de obtener una respuesta de fondo a las peticiones
presentadas en 2015. Mediante sentencia T-031 del 16 de junio de 2017, el Juzgado
Dieciséis Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali negó el amparo
solicitado.

16. El 9 de julio de 2017, el Departamento del Valle del Cauca expidió el Oficio
0100-025-293269, mediante el cual se pronunció sobre las acreencias laborales
reclamadas por la demandante.

17. Mediante sentencia del 4 de agosto de 2017, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali revocó la decisión de tutela de primera instancia, amparó el derecho
fundamental de petición de la señora Molano Marín y ordenó al departamento del Valle
del Cauca emitir una respuesta clara, concreta, congruente y de fondo respecto de
determinados aspectos de las solicitudes presentadas el 9 de abril y el 26 de octubre
de 2015. Entre ellos, incluyó las cesantías e intereses correspondientes al período
comprendido entre enero y julio de 2013, la sanción moratoria por las cesantías de
2012 y 2013 y los intereses a las cesantías de 2012.

18. La demandante, el 24 de agosto de 2017, solicitó al ente territorial el
cumplimiento de la orden de tutela. Mediante el Oficio SADE 297148 del 29 de agosto
de 2017, la entidad complementó la información suministrada en el Oficio 0100-025-
293269 del 9 de julio de 2017.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

19. En la demanda se citaron como vulnerados los artículos 2, 13, 39, 48, 53 y 58
de la Constitución Política; el Decreto 1045 de 1978; el Decreto 1582 de 1998; el
Decreto 1919 de 2002; la Ley 50 de 1990; la Ley 52 de 1975; la Ley 244 de 1995; y la
Ley 995 de 2005.

20. Como concepto de violación, la parte demandante sostuvo que los actos
acusados desconocieron los derechos laborales y prestacionales causados durante la
relación de servicio, pese a que la señora Molano Marín continuó vinculada a la
entidad hasta el 31 de julio de 2013. En ese sentido, afirmó que la administración
omitió aplicar las disposiciones constitucionales y legales que regulan el
reconocimiento de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y cesantías de los
empleados públicos.

21. Explicó que el Decreto 1045 de 1978 regula, entre otras prestaciones, las
vacaciones, la prima de vacaciones, la prima de navidad y el auxilio de cesantía,
mientras que el Decreto 1919 de 2002 extendió a los empleados públicos del nivel
territorial el régimen prestacional aplicable a los servidores del orden nacional. Por
ello, consideró que la terminación del vínculo imponía a la entidad la obligación de
reconocer y pagar las prestaciones causadas y no disfrutadas.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01861-01 (1802-2023)
Demandante: Ruby Stella Molano Marín
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

22. En materia de cesantías, manifestó que la demandante se encontraba sometida
al régimen anualizado y que, de conformidad con el Decreto 1582 de 1998 y el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, las cesantías debían liquidarse anualmente y consignarse
en el fondo correspondiente dentro del término legal. Manifestó que las cesantías del
año 2012 solo fueron depositadas el 22 de octubre de 2013, razón por la cual reclamó
la sanción moratoria derivada de su consignación tardía.

23. Asimismo, señaló que la entidad debía reconocer los intereses sobre las
cesantías y la indemnización derivada de su falta de pago oportuno, así como las
cesantías proporcionales causadas durante el año 2013 y la sanción moratoria que, a
su juicio, se generó por no haberlas cancelado al finalizar la relación laboral.

24. Finalmente, refirió que la administración desconoció la continuidad de la
relación de servicio y, como consecuencia de ello, liquidó de manera incorrecta
algunas acreencias laborales. En particular, afirmó que no tuvo en cuenta el reajuste
salarial correspondiente al año 2013 y que quedaron pendientes valores por concepto
de vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías e intereses a las
cesantías. Por lo anterior, concluyó que los actos demandados fueron expedidos con
infracción de las normas en que debían fundarse.

2.2. Contestación de la demanda

25. El Departamento del Valle del Cauca se opuso a las pretensiones de la
demanda y solicitó que fueran negadas. En relación con los hechos, manifestó que
eran ciertos, de conformidad con la documentación allegada al proceso3.

26. Como fundamento de su defensa, argumentó que dio cumplimiento a la
sentencia de tutela 242 del 18 de diciembre de 2012, pues reintegró a la demandante
mediante el Decreto 0100 del 12 de febrero de 2013 y reconoció los salarios y
prestaciones correspondientes al período de desvinculación. Agregó que, mediante
las Resoluciones 0377, 0387, 0388 y 0541 de 2013, reconoció y ordenó pagar los
salarios, cesantías e intereses a las cesantías causados, y que, al finalizar
nuevamente la vinculación, también pagó valores por concepto de prima vacacional
proporcional, prima de navidad proporcional, vacaciones compensadas y bonificación
por recreación.

27. En consecuencia, consideró que no existía obligación pendiente a cargo de la
entidad y que resultaban improcedentes las reclamaciones relacionadas con la
sanción moratoria por cesantías, cesantías proporcionales de 2013, intereses,
vacaciones y primas.

28. De otra parte, propuso las excepciones de cobro de lo no debido, inexistencia
de la obligación, prescripción e innominada. En particular, refirió que la demandante
no solicitó oportunamente las cesantías definitivas al retirarse del servicio y que había
transcurrido el término de prescripción de tres años previsto en el artículo 102 del

3 Cuaderno principal, pp. 212 a 219.

5

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Demandante: Ruby Stella Molano Marín
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Decreto 1848 de 1969.

2.3. Sentencia de primera instancia

29. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral,
mediante sentencia del 30 de noviembre de 2022, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte
demandada4, en los siguientes términos:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del oficio No. 0100-025-293269 del 9 de
julio de 2017, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de unas
prestaciones sociales a la señora RUBY STELLA MOLANO MARÍN, conforme a lo
expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho ORDENAR al DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA, que proceda a reconocer y pagar a la señora RUBY
STELLA MOLANO MARÍN las cesantías por el tiempo laborado en el año 2013, así
como los intereses a las cesantías por el tiempo laborado en el año 2013, así como
los intereses a las cesantías correspondientes al tiempo laborado en los años 2012 y
2013 y las sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por la consignación tardía
de las cesantías del año 2012, conforme a lo explicado en la parte motiva.

TERCERO: La sentencia deberá cumplirse dentro de los términos previstos en el
artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto se den los supuestos de hecho allí
determinados.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: SIN CONDENA en costas, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de la presente sentencia.

SEXTO: En firme la presente decisión, archívense las diligencias una vez hechas las
anotaciones en el software de gestión5.

30. Al delimitar el objeto del litigio, el tribunal reiteró que el acto administrativo
acusado era el Oficio 0100-025-293269 del 9 de julio de 2017, toda vez que la
demanda no había sido admitida respecto de los actos fictos o presuntos derivados
de la falta de respuesta a las peticiones presentadas el 9 de abril y el 26 de octubre
de 2015.

31. Así, para resolver el asunto, el tribunal precisó que debía determinarse si la
demandante tenía derecho al reconocimiento y pago de las acreencias laborales
reclamadas y a la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por la consignación
tardía de las cesantías correspondientes a los años 2012 y 2013.

32. En relación con las prestaciones correspondientes a diciembre de 2012, enero

4
Samai, índice 45 (de primera instancia)
5 Se transcribe con errores de texto.

6

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y febrero de 2013, consideró que no podían reconocerse, pues su situación jurídica
había sido definida mediante el Decreto 0100 del 12 de febrero de 2013 y las
Resoluciones 0377 del 18 de abril y 0541 del 19 de junio de 2013, actos
administrativos que no fueron demandados oportunamente. Asimismo, negó las
pretensiones relacionadas con las vacaciones y la prima proporcional de navidad de
2013, al verificar que dichos conceptos ya habían sido liquidados y pagados por la
administración.

33. Por otra parte, estableció que las cesantías correspondientes al año 2012
fueron consignadas el 22 de octubre de 2013, por lo que no había lugar a ordenar
nuevamente su pago, mientras que las causadas entre enero y julio de 2013 no habían
sido pagadas. Consideró que la demandante había reclamado estas últimas desde el
9 de abril de 2015 y que la administración no podía exigirle requisitos o documentos
que reposaban en sus propios archivos. En consecuencia, ordenó el reconocimiento
y pago directo de las cesantías correspondientes al tiempo laborado durante el año
2013.

34. Asimismo, concluyó que no se había acreditado el pago de los intereses a las
cesantías correspondientes a los años 2012 y 2013, por lo que ordenó su
reconocimiento en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

35. En cuanto a la sanción moratoria por las cesantías del año 2012, determinó que
era procedente porque la consignación solo se efectuó el 22 de octubre de 2013 y, en
consecuencia, la reconoció por el período comprendido entre el 15 de febrero y el 21
de octubre de ese año. Además, descartó la prescripción, al considerar que la sanción
se hizo exigible el 15 de febrero de 2013 y que la reclamación administrativa fue
presentada el 9 de abril de 2015, antes de que transcurriera el término de tres años.

36. Respecto del acuerdo de reestructuración de pasivos del Departamento del
Valle del Cauca, el fallador de primera instancia explicó que sus reglas no resultaban
aplicables a la sanción moratoria reconocida, porque esta se causó entre el 15 de
febrero y el 21 de octubre de 2013, mientras que el acuerdo había iniciado el 15 de
mayo de 2012. En consecuencia, consideró que no había lugar a limitar el pago de la
sanción en los términos previstos en dicho acuerdo. De otra parte, negó la sanción
moratoria correspondiente a las cesantías del año 2013, porque la demandante se
retiró del servicio en julio de ese año, antes de que surgiera la obligación de
consignarlas en un fondo de cesantías.

37. Por último, se abstuvo de imponer condena en costas, debido a que las
pretensiones prosperaron parcialmente.

2.4. Recurso de apelación

38. El Departamento del Valle del Cauca interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia y solicitó que fuera revocada en lo desfavorable a sus
intereses. En particular, cuestionó el reconocimiento y pago de las cesantías

7

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correspondientes al año 2013, los intereses a las cesantías de los años 2012 y 2013
y la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías del año 2012 6.

39. Como sustento de sus peticiones, afirmó que la entidad ya había reconocido y
pagado las acreencias discutidas. Indicó que mediante la Resolución 0387 del 26 de
abril de 2013 reconoció las cesantías correspondientes al año 2012 y, a través de la
Resolución 0388 de la misma fecha, los intereses respectivos. Asimismo, sostuvo que
al finalizar la vinculación de la demandante se efectuaron pagos adicionales
relacionados con su liquidación definitiva.

40. Además, señaló que, según la información suministrada por el área de
prestaciones sociales, se realizaron pagos al fondo de cesantías y a favor de la
demandante en marzo, mayo y agosto de 2013. Con fundamento en esos registros,
sostuvo que las cesantías correspondientes a la fracción del año 2013 y los intereses
a las cesantías del año 2012 ya habían sido satisfechos, de modo que la condena
impuesta implicaría un doble pago con cargo al patrimonio público.

41. De otra parte, reiteró que el Departamento del Valle del Cauca se encontraba
sometido a un acuerdo de reestructuración de pasivos desde mayo de 2012 y que,
aunque dicho acuerdo no impedía el reconocimiento de derechos laborales, sí
sujetaba el pago de las obligaciones posteriores a las condiciones y prioridades allí
establecidas.

42. Además, atribuyó a la demandante la demora en el pago de las cesantías,
porque, a su juicio, no presentó oportunamente la solicitud con el lleno de los requisitos
exigidos.

43. Por último, señaló que la actora no interpuso recursos contra las Resoluciones
0387 y 0388 de 2013, mediante las cuales se reconocieron las cesantías y sus
intereses correspondientes al año 2012. En esos términos, sostuvo que no había lugar
al reconocimiento de las cesantías de 2013, los intereses a las cesantías de 2012 y
2013 ni la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

44. Mediante auto del 21 de septiembre de 20237, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada conforme a lo previsto en
el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080
de 2021.

45. El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.
Consideró que la demandante estaba sometida al régimen anualizado de cesantías
de la Ley 50 de 1990 y que la consignación de las cesantías del año 2012, efectuada
el 22 de octubre de 2013, fue extemporánea, por lo que se causó la sanción moratoria

6
Samai, índice 48 (de primera instancia)
7 Samai, índice 5.

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prevista en el artículo 99 de esa normativa. Asimismo, estimó que no se acreditó el
pago de los intereses a las cesantías correspondientes a los años 2012 y 2013 8.

46. En cuanto a la vigencia 2013, adujo que, como la demandante fue retirada del
servicio en julio de ese año, las cesantías y sus intereses debían pagarse directamente
al finalizar la relación laboral, sin que hubiera lugar a sanción moratoria por falta de
consignación al fondo. Por ello, concluyó que los argumentos de la apelación carecían
de fundamento.

47. La parte demandante se abstuvo de pronunciarse frente al recurso de
apelación.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

48. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

49. De acuerdo con los argumentos expuestos por la entidad demandada en el
recurso de apelación y los fundamentos que sustentaron la decisión de primera
instancia, corresponde a la Sala definir si:

50. ¿Está acreditado que el ente territorial demandado pagó a la demandante las
cesantías correspondientes al año 2013 y los intereses a las cesantías de los años
2012 y 2013?

51. ¿Hay lugar al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 99
de la Ley 50 de 1990 por la consignación tardía de las cesantías del año 2012?

52. ¿El pago de dicha sanción moratoria está sujeto a las condiciones previstas en
el acuerdo de reestructuración de pasivos del ente territorial demandado?

53. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (i) el régimen de cesantías de los servidores públicos del orden territorial;
(ii) los intereses a las cesantías; (iii) la sanción moratoria y su prescripción; (iv) lo0s
hechos probados; y (v) el análisis del caso concreto, en el que se resolverán los
problemas jurídicos formulados.

8 Samai, índice 10.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01861-01 (1802-2023)
Demandante: Ruby Stella Molano Marín
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Del régimen de cesantías de los servidores públicos del orden territorial

54. El auxilio de cesantías constituye una prestación social reconocida a favor de
los servidores públicos, cuyo régimen de liquidación ha experimentado distintas
modificaciones. En el ámbito territorial, la Ley 65 de 19469 extendió a los servidores
de los departamentos y municipios el derecho al auxilio de cesantía que inicialmente
había sido previsto para los empleados nacionales.

55. Posteriormente, con la expedición del Decreto 3118 de 196810 y la creación del
Fondo Nacional del Ahorro comenzó a implementarse un sistema de liquidación anual
de esta prestación para los servidores comprendidos en su ámbito de aplicación.
Dicho régimen contempló la liquidación anual de las cesantías y, en caso de retiro, la
correspondiente a la fracción laborada durante la respectiva anualidad.

56. Más adelante, el artículo 13 de la Ley 344 de 199611 amplió el sistema de
liquidación anual de cesantías a quienes se vincularan a los órganos y entidades del
Estado a partir de su vigencia. Para tal efecto, dispuso que el 31 de diciembre de cada
año debía efectuarse la liquidación definitiva de la prestación por la anualidad o
fracción correspondiente, sin perjuicio de aquella que debiera realizarse en una fecha
diferente con ocasión de la terminación de la relación laboral.

57. En relación con los servidores del nivel territorial, el Decreto 1582 de 1998 12
reglamentó dicha disposición y estableció que quienes se vincularan a partir del 31 de
diciembre de 1996 y estuvieran afiliados a un fondo privado de cesantías quedarían
sometidos a los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 199013. En cambio, respecto
de quienes se encontraban vinculados con anterioridad y eran beneficiarios del
régimen retroactivo, se conservaron las condiciones propias de ese sistema.

58. Esta regulación fue complementada por el Decreto 1252 de 200014, que dispuso
que los servidores vinculados al Estado a partir de su vigencia quedarían sometidos,
en materia de cesantías, a las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según
correspondiera. Posteriormente, el Decreto 1919 de 200215 extendió a los empleados
públicos del nivel territorial el régimen de prestaciones sociales aplicable a los
servidores de la Rama Ejecutiva del orden nacional, sin afectar los derechos de
quienes continuaban amparados por el régimen retroactivo.

9 Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras.
10 Por el cual se crea el Fondo Nacional del Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantía de empleados

públicos y de trabajadores oficiales y se dicta otras disposiciones.
11 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
12 Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en

relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.
13 Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.
14 Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los trabajadores

oficiales y los miembros de la fuerza pública.
15
Por el cual se fija el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen mínimo
prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial.

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Demandado: Departamento del Valle del Cauca

59. El artículo 99 de la Ley 50 de 1990 establece las reglas centrales de ese
sistema. De acuerdo con dicha disposición: i) al 31 de diciembre de cada año debe
efectuarse la liquidación definitiva de las cesantías correspondientes a la anualidad o
fracción respectiva; ii) el empleador debe pagar intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción sobre la suma causada; iii) el valor liquidado por concepto
de cesantías debe consignarse antes del 15 de febrero del año siguiente en el fondo
elegido por el trabajador; y iv) si al terminar la relación laboral existen saldos que no
hayan sido entregados al fondo, estos deben pagarse directamente al servidor junto
con los intereses legales respectivos.

60. De esta manera, el régimen anualizado establece obligaciones diferentes
según subsista o haya finalizado la relación laboral. Mientras el vínculo se encuentra
vigente, las cesantías causadas al cierre de cada anualidad deben ser consignadas
en el fondo dentro del término legal. En cambio, cuando la relación termina durante el
año, la fracción causada hasta la fecha de retiro debe liquidarse y pagarse
directamente al servidor, sin que exista una obligación posterior de consignación al
fondo.

61. Sobre este último punto, esta Subsección reiteró que, cuando el vínculo laboral
finaliza durante la respectiva anualidad, no surge respecto de esa fracción la
obligación de efectuar la consignación en un fondo de cesantías, pues la prestación
debe incluirse en la liquidación definitiva. Por esa razón, dicha fracción no queda
sometida a la penalidad prevista por la falta de consignación anual16.

3.3.2. De los intereses a las cesantías

62. En cuanto a los intereses de que trata el numeral 2° del artículo 99 de la citada
ley, esta Sección ha precisado que estos deben liquidarse sobre el valor de las
cesantías causadas durante la anualidad o fracción correspondiente y no se prolongan
hasta la fecha en que materialmente se efectúe su pago. En otras palabras, su
cuantificación depende del período de causación de la prestación y no del tiempo
transcurrido hasta su cancelación efectiva17.

63. Asimismo, distinguió el pago de los intereses de la obligación de consignar
oportunamente las cesantías, al señalar que la sanción prevista en el numeral 3º del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 recae exclusivamente sobre el incumplimiento de
esta última obligación y no sobre el pago tardío de aquellos.

3.3.3. De la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías
anualizadas

64. En esa línea, el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 dispone que

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2025, radicado: 08001-23-

33-000-2015-00814-01 (2984-2024); Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de julio de 2025, radicado:
08001-23-33-000-2016-01165-01 (3373-2023).
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de junio de 2026, radicado: 05001-23-
33-000-2014-00764-01 (0775-2023).

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las cesantías liquidadas deben consignarse antes del 15 de febrero del año siguiente
y que el incumplimiento de ese plazo genera una sanción equivalente a un día de
salario por cada día de retardo. Por tanto, la penalidad se hace exigible a partir del
vencimiento de dicho término.

65. La jurisprudencia de esta corporación también ha precisado que la sanción
tiene como límite la terminación de la relación laboral. Así, si para esa fecha persiste
la mora en la consignación, la penalidad se causa únicamente hasta la finalización del
vínculo, pues desde entonces los saldos pendientes deben pagarse directamente al
servidor como parte de la liquidación definitiva18.

66. Esta sanción debe distinguirse de la prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071
de 2006 para el pago tardío de cesantías parciales o definitivas. Aunque ambas
buscan garantizar el pago oportuno de la prestación, responden a supuestos de hecho
y momentos de causación distintos.

3.3.4. De la prescripción de la sanción moratoria

67. En relación con la prescripción, mediante sentencia de unificación del 25 de
agosto de 2016, la Sección Segunda señaló que la sanción moratoria no constituye
una prestación social accesoria a las cesantías, sino una penalidad originada en el
incumplimiento del deber de pago oportuno. En esa medida, hace parte del derecho
sancionador y no tiene carácter imprescriptible. Asimismo, determinó que el término
aplicable para su reclamación es el previsto en el artículo 151 del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social19.

68. Posteriormente, mediante sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020 del 6
de agosto de 2020, la Sección Segunda precisó que, tratándose de la sanción por falta
de consignación de cesantías anualizadas, el término de prescripción debe
contabilizarse desde su causación y exigibilidad, es decir, desde el 15 de febrero del
año siguiente a aquel en que se causaron las cesantías. En consecuencia, la
reclamación administrativa debe presentarse dentro de los tres años siguientes a esa
fecha, so pena de que opere la prescripción extintiva20.

69. La misma providencia estableció que, cuando existan varias anualidades
respecto de las cuales se omitió la consignación oportuna, el término prescriptivo debe
analizarse de forma independiente para cada período. Así, el servidor cuenta con tres
años, computados desde el 15 de febrero siguiente a cada anualidad, para reclamar
la sanción correspondiente.

70. Estas reglas han sido reiteradas por esta Subsección en decisiones posteriores,

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020,

radicado 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-2016).
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25

de agosto de 2016, radicado 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-2014).
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-SUJ-

SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020, radicado 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-2016), M.P. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.

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en las que se ha insistido en que la sanción debe reclamarse dentro de los tres años
siguientes a su exigibilidad y que su causación diaria mientras subsiste la mora no le
otorga la naturaleza de una prestación periódica21.

3.4. Hechos probados relevantes

71. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:

72. La señora Ruby Stella Molano Marín se vinculó al Departamento del Valle del
Cauca el 31 de marzo de 2000, mediante nombramiento provisional, para desempeñar
el empleo de Profesional Universitario, código 219, grado 01, de la Secretaría Jurídica.
Mediante el Decreto 1771 del 13 de noviembre de 2012, la entidad dio por terminado
su nombramiento, decisión que produjo su retiro del servicio el 4 de diciembre de
201222.

73. Mediante sentencia de tutela del 18 de diciembre de 2012, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca amparó los derechos fundamentales al debido
proceso y al mínimo vital de la demandante y ordenó al Departamento del Valle del
Cauca reincorporarla, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la
providencia, a un cargo de igual o superior jerarquía y permitir su permanencia hasta
que fuera incluida en nómina de pensionados23.

74. A través de auto del 12 de febrero de 2013, la Comisión Nacional del Servicio
Civil, en cumplimiento del fallo de tutela, suspendió la firmeza y ejecutoriedad de la
lista de elegibles conformada para proveer el empleo identificado con el código OPEC
27786, hasta que la demandante fuera incluida en nómina de pensionados24.

75. Mediante el Decreto 0100 del 12 de febrero de 2013, el Departamento del Valle
del Cauca dispuso el reintegro sin solución de continuidad de la demandante al empleo
de Profesional Universitario, código 219, grado 01, y ordenó la liquidación de los
salarios y demás prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de su retiro
hasta su reintegro efectivo25.

76. Con Resolución 0377 del 18 de abril de 2013, el Departamento del Valle del
Cauca reconoció y ordenó pagar a la demandante $7.965.316, por concepto de
salarios y prestaciones sociales correspondientes al período comprendido entre el 4
de diciembre de 2012 y el 25 de febrero de 2013, en cumplimiento de la orden de
reintegro sin solución de continuidad26.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de

julio de 2025, radicado 08001-23-33-000-2016-01165-01 (3373-2023); y sentencia del 14 de agosto de 2025,
radicado 08001-23-33-000-2015-00814-01 (2984-2024).
22 Presupuestos fácticos conocidos del relato hecho en la sentencia de tutela del 18 de diciembre de 2012.
23 Cuaderno principal, pp. 7 a 20.
24 Cuaderno principal, pp. 22 a 24.
25
Cuaderno principal, pp. 29.
26 Cuaderno principal, pp. 31 a 33.

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77. La demandante, el 25 de abril de 2013, solicitó a la entidad demandada el pago
de las cesantías correspondientes al año 2012, al considerar que, pese a su reintegro
sin solución de continuidad, estas debían haber sido consignadas oportunamente en
el Fondo de Pensiones y Cesantías Horizonte27.

78. Mediante la Resolución 0541 del 19 de junio de 2013, el Departamento del Valle
del Cauca aclaró parcialmente la Resolución 0377 del 18 de abril de 2013, debido a
que en la liquidación inicial no se habían efectuado los descuentos de ley. En
consecuencia, mantuvo el valor bruto reconocido de $7.965.316 y aplicó descuentos
por salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional, para un valor neto de
$7.248.43528.

79. El Departamento del Valle del Cauca comunicó a la demandante, el 24 de julio
de 2013, que mediante el Decreto 0719 del 23 de julio de 2013 dio por terminado su
nombramiento provisional en el empleo de Profesional Universitario, código 219,
grado 0129.

80. Con ocasión de su desvinculación, la demandante solicitó nuevamente la
protección constitucional de sus derechos y pidió su reincorporación al cargo que
desempeñaba o a otro de mayor jerarquía, pues aún no había sido incluida en nómina
de pensionados. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca amparó, mediante
sentencia del 30 de julio de 2013, sus derechos fundamentales al debido proceso y al
mínimo vital y ordenó al departamento del Valle del Cauca reincorporarla, dentro de
las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia, a un cargo de igual o
superior jerarquía y permitir su permanencia hasta que fuera incluida en nómina de
pensionados30.

81. El documento denominado «reporte contable de acreedores» del
Departamento del Valle del Cauca registró movimientos por $2.402.689 y $3.471.353,
asociados a cesantías causadas en 2012 y a la cancelación de cesantías parciales,
respectivamente. El documento no individualiza a la persona a cuyo favor se
registraron dichos movimientos31.

82. Un segundo documento denominado «reporte contable de acreedores» del
Valle del Cauca identificó a la señora Ruby Stella Molano Marín como acreedora y
registró, el 13 de agosto de 2013, movimientos por $7.248.435, $318.614, $318.614 y
$79.653. Los soportes de liquidación y causación obrantes en el expediente muestran
que el primer valor correspondió al monto neto de la liquidación efectuada en
cumplimiento de la sentencia de tutela, mientras que los restantes correspondieron a
descuentos por salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional, respectivamente 32.

27 Cuaderno principal, pp. 35.
28 Cuaderno principal, pp. 36 a 38.
29 Cuaderno principal, pp. 72.
30 Cuaderno principal, pp. 82 a 97.
31 Samai, índice 60 (de primera instancia), expediente digital, archivo “008comprobante pago cesantías”
32
Samai, índice 60 (de primera instancia), expediente digital, archivo “009comprobante de pagos 2” e índice 25
(de primera instancia) allega pruebas.

14

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Demandado: Departamento del Valle del Cauca

83. El extracto bancario de la cuenta de ahorros de la demandante registró, el 13
de agosto de 2013, un abono por $7.248.435 proveniente del Banco Popular, valor
que coincide con el monto neto determinado mediante la Resolución 0541 del 19 de
junio de 201333.

84. Porvenir certificó que la cuenta individual de cesantías de la demandante
registró, el 22 de octubre de 2013, un aporte del empleador por concepto de cesantías
por valor de $3.471.35334.

85. La demandante presentó petición fechada el 27 de marzo de 2015, radicada el
9 de abril de 2015, mediante la cual solicitó al Departamento del Valle del Cauca: i) el
reconocimiento en dinero de las vacaciones correspondientes a los períodos
comprendidos entre el 31 de marzo de 2011 y el 31 de marzo de 2012, entre el 31 de
marzo de 2012 y el 31 de marzo de 2013 y, proporcionalmente, entre el 31 de marzo
y el 31 de julio de 2013; ii) el pago de la prima vacacional correspondiente a esos
períodos; iii) el reconocimiento y pago de las cesantías e intereses a las cesantías
causados entre enero y julio de 2013; y iv) la sanción moratoria por las cesantías de
los años 2012 y 2013. Asimismo, solicitó certificar sus extremos laborales y precisar
la entidad o fondo al cual se efectuaron los aportes.

86. Mediante el Oficio SADE 178926 del 27 de julio de 2015, el Departamento del
Valle del Cauca respondió la petición radicada el 9 de abril de ese año. Informó que,
con ocasión del cumplimiento de la sentencia de tutela y del reintegro de la
demandante, había expedido las Resoluciones 0377 y 0541 de 2013, relacionadas
con el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir durante su
desvinculación, y las Resoluciones 0387 y 0388 del mismo año, mediante las cuales
reconoció $3.471.353 por concepto de cesantías de 2012 y $416.562 por intereses a
las cesantías de esa anualidad. Asimismo, señaló que en los registros de nómina
figuraban pagos por prima vacacional proporcional, prima de navidad proporcional,
vacaciones compensadas y bonificación por recreación, y precisó los extremos de la
vinculación laboral y las entidades a las que estuvo afiliada. Finalmente, indicó que no
encontró registrada una solicitud presentada en 2013 para el reconocimiento de
cesantías definitivas y pidió que, de existir, se informara su número y fecha35.

87. La demandante solicitó, el 26 de octubre de 2015, al Departamento del Valle
del Cauca: i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación
tardía de las cesantías de 2012; ii) el pago de los intereses a las cesantías de esa
anualidad; iii) el pago de las cesantías proporcionales de 2013; iv) el reconocimiento
y pago de la sanción moratoria por las cesantías de 2013; v) el pago de los intereses
a las cesantías de ese año; vi) el reconocimiento de las acreencias relacionadas con
las vacaciones correspondientes a los períodos 2011-2012 y 2012-2013; vii) la
reliquidación de la prima de junio de 2013, teniendo en cuenta la continuidad de la
relación laboral; y viii) el pago de la prima proporcional de navidad de 201336.

33 Samai, índice 26 (de primera instancia) allega pruebas.
34 Cuaderno principal, pp. 53 a 55.
35
Cuaderno principal, pp. 58.
36 Cuaderno principal, pp. 60 a 61.

15

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88. El Departamento del Valle del Cauca respondió, mediante Oficio SADE 191398
del 19 de noviembre de 2015, la petición presentada por la demandante el 26 de
octubre de ese año. Señaló que la solicitud anterior había sido atendida mediante el
Oficio SADE 178926 del 27 de julio de 2015 y, respecto del reconocimiento y pago de
las cesantías definitivas, indicó que debía presentar la solicitud correspondiente ante
el Área de Prestaciones Sociales, con el lleno de los requisitos exigidos37.

89. La demandante, el 1° de febrero de 2016, promovió medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra el Departamento del Valle del Cauca, en el que
solicitó la nulidad de los Oficios SADE 178926 del 27 de julio de 2015 y SADE 191398
del 19 de noviembre de 2015, mediante los cuales la entidad había respondido las
peticiones relacionadas con el reconocimiento y pago de las acreencias laborales
reclamadas38.

90. Mediante decisión adoptada en audiencia del 16 de marzo de 2017, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 76001-23-33-007-2016-
00116-00, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró de oficio la ineptitud
sustantiva de la demanda promovida contra los Oficios SADE 178926 del 27 de julio
de 2015 y SADE 191398 del 19 de noviembre del mismo año, al considerar que dichas
respuestas no eran susceptibles de control ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, puesto que no resolvían de fondo la petición presentada39.

91. La demandante promovió acción de tutela contra el Departamento del Valle del
Cauca, al considerar vulnerado su derecho fundamental de petición porque las
respuestas emitidas frente a las solicitudes presentadas en 2015 no resolvieron de
fondo las acreencias laborales reclamadas. En consecuencia, pidió que se ordenara
a la entidad emitir una respuesta de fondo a dichas solicitudes40.

92. Mediante sentencia T-031 del 16 de junio de 2017, el Juzgado Dieciséis Penal
del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali declaró improcedente la acción
de tutela. Consideró que las peticiones habían sido respondidas de manera oportuna,
clara, precisa, congruente y de fondo mediante los Oficios SADE 178926 y 191398 de
2015 y que, en realidad, la demandante pretendía obtener el pago de unas
prestaciones sociales, asunto de contenido económico que debía reclamar por los
mecanismos judiciales correspondientes41.

93. El Departamento del Valle del Cauca negó, mediante Oficio 0100-025-293269
del 9 de julio de 2017, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por las

37 Cuaderno principal, pp. 62.
38 Cuaderno principal, pp. 98 a 120.
39 El expediente identifica como soporte de esta actuación el CD contentivo de la audiencia celebrada el 16 de

marzo de 2017 dentro del proceso radicado 76001-23-33-007-2016-00116-00, visible a folio 122 del cuaderno
principal. Asimismo, la sentencia de tutela proferida el 4 de agosto de 2017 por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali reseñó que, en aquel proceso, se declaró la ineptitud sustantiva de la demanda porque las
respuestas administrativas cuestionadas no eran de fondo y, en consecuencia, no resultaban enjuiciables ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
40
Cuaderno principal, pp. 130 a 136.
41 Ibidem.

16

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Demandante: Ruby Stella Molano Marín
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

cesantías de los años 2012 y 2013, las cesantías proporcionales de 2013, los
intereses a las cesantías, las vacaciones correspondientes al período 2011-2012 y las
primas de junio y navidad. Como fundamento de la decisión, señaló que había
reconocido y pagado distintas acreencias mediante las Resoluciones 0377, 0541,
0387 y 0388 de 2013 y que, al finalizar la vinculación, había cancelado valores por
concepto de prima vacacional proporcional, prima de navidad proporcional,
vacaciones compensadas y bonificación por recreación. Asimismo, indicó que la
demandante estuvo vinculada hasta el 25 de julio de 2013 y que no presentó solicitud
de cesantías definitivas al momento de su retiro, por lo que consideró que había
transcurrido el término de tres años para reclamarlas42.

94. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala de Decisión Penal, revocó,
mediante sentencia del 4 de agosto de 2017, la decisión que había declarado
improcedente la acción de tutela promovida por la demandante y ordenó al
departamento del Valle del Cauca emitir una respuesta clara, concreta, congruente y
de fondo respecto de las solicitudes presentadas el 9 de abril y el 26 de octubre de
2015, entre ellas, las relacionadas con las cesantías e intereses correspondientes al
período comprendido entre enero y julio de 2013, los intereses a las cesantías de 2012
y la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías de 2012 y 201343.

95. El Departamento del Valle del Cauca respondió, mediante Oficio SADE 297148
del 29 de agosto de 2017, la solicitud presentada el 24 de agosto del mismo año y
señaló que complementaba el análisis suministrado mediante el Oficio 0100-025-
293269 del 9 de julio de 2017. Al efecto, reiteró la información relacionada con el
reconocimiento de las cesantías de 2012, los salarios y otras acreencias laborales
pagadas a la demandante. Asimismo, indicó que, según sus archivos, la vinculación
se extendió hasta el 25 de julio de 2013 y sostuvo que había transcurrido el término
de tres años para solicitar las cesantías definitivas. Finalmente, reiteró que mediante
el oficio del 9 de julio de 2017 había dado respuesta de fondo a la petición44.

3.5. Caso concreto

96. En el asunto bajo análisis, la señora Ruby Stella Molano Marín solicitó la nulidad
del acto mediante el cual el Departamento del Valle del Cauca negó las reclamaciones
relacionadas con las cesantías proporcionales correspondientes al año 2013, los
intereses a las cesantías de 2012 y 2013 y la sanción moratoria derivada de la
consignación tardía de las cesantías causadas en 2012.

97. El tribunal accedió parcialmente a las pretensiones y, como restablecimiento
del derecho, ordenó reconocer y pagar las cesantías correspondientes al año 2013 y
los intereses a las cesantías de 2012 y 2013, así como la sanción moratoria prevista
en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la consignación tardía de las cesantías de
2012. Consideró que la entidad no acreditó el pago efectivo de las cesantías de 2013

42 Cuaderno principal, pp. 154 a 155.
43
Cuaderno principal, pp. 130 a 136.
44 Cuaderno principal, pp. 158.

17

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ni de los intereses correspondientes a 2012 y 2013 y que las cesantías causadas en
2012 únicamente fueron consignadas el 22 de octubre de 2013. Asimismo, concluyó
que la sanción moratoria no se encontraba sometida a las condiciones previstas en el
acuerdo de reestructuración de pasivos.

98. El Departamento del Valle del Cauca apeló esas determinaciones. Frente a las
acreencias prestacionales, sostuvo que la documentación aportada demostraba que
las cesantías correspondientes a 2013 y los intereses a las cesantías de 2012 ya
habían sido satisfechos y, con fundamento en los registros contables y demás
soportes de pago allegados al expediente, cuestionó que la sentencia impusiera
nuevamente esas obligaciones. También controvirtió el pago de los intereses a las
cesantías de 2013 y alegó que la demora en la consignación de las cesantías era
atribuible a la demandante, porque esta no presentó oportunamente la solicitud de
pago con el lleno de los requisitos exigidos. Finalmente, cuestionó el reconocimiento
de la sanción moratoria y afirmó que, en todo caso, las obligaciones surgidas durante
la vigencia del acuerdo de reestructuración debían sujetarse a las condiciones
previstas en dicho instrumento.

99. Bajo estas consideraciones, la Sala adoptará la siguiente metodología para
resolver el recurso de apelación: en primer lugar, determinará si se encuentra
acreditado el reconocimiento y pago de las cesantías correspondientes al año 2013 y
de los intereses a las cesantías de los años 2012 y 2013. En segundo término,
establecerá si hay lugar al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la consignación tardía de las cesantías de 2012
y, finalmente, examinará si el pago de dicha sanción se encuentra sometido a las
condiciones previstas en el acuerdo de reestructuración de pasivos del ente territorial
demandado.

100. Antes de abordar estos aspectos, se considera necesario precisar el alcance
del presente litigio, en atención a las distintas reclamaciones administrativas y
actuaciones judiciales que antecedieron a la expedición del acto administrativo
acusado.

101. Como quedó acreditado, la demandante presentó, el 9 de abril y el 26 de
octubre de 2015, solicitudes dirigidas a obtener el reconocimiento de distintas
acreencias laborales derivadas de su vinculación con el Departamento del Valle del
Cauca. Mediante el Oficio SADE 178926 del 27 de julio de 2015, la entidad informó
acerca de los pagos que había efectuado por concepto de salarios, cesantías e
intereses a las cesantías de 2012 y otras prestaciones, y señaló que no encontró
registrada una solicitud para el reconocimiento de cesantías definitivas.
Posteriormente, a través del Oficio SADE 191398 del 19 de noviembre del mismo año,
remitió a la respuesta anterior y señaló que, para obtener el reconocimiento y pago de
las cesantías definitivas, la interesada debía presentar la solicitud correspondiente
ante el Área de Prestaciones Sociales.

102. La demandante, el 1° de febrero de 2016, ejerció el medio de control de nulidad

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01861-01 (1802-2023)
Demandante: Ruby Stella Molano Marín
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

y restablecimiento del derecho contra esas dos comunicaciones, mediante el cual
pretendió, entre otros aspectos, el reconocimiento de las cesantías e intereses
correspondientes a 2013 y de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
de 2012 y 2013. No obstante, mediante decisión del 16 de marzo de 2017, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca declaró de oficio la ineptitud sustantiva de la
demanda, al considerar que los oficios cuestionados no eran susceptibles de control
ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, toda vez que no resolvían de
fondo la petición presentada.

103. Ante esa decisión, la demandante promovió acción de tutela con el propósito
de obtener una respuesta de fondo a las solicitudes presentadas en 2015. Durante el
trámite de esa actuación constitucional, el Departamento del Valle del Cauca expidió
el Oficio 0100-025-293269 del 9 de julio de 2017, mediante el cual se pronunció
expresamente sobre las acreencias reclamadas y negó, entre otros conceptos, el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de las
cesantías de 2012 y 2013, las cesantías proporcionales de 2013 y los intereses a las
cesantías de ambos años. Posteriormente, en sentencia del 4 de agosto de 2017, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali concluyó que los Oficios SADE 178926
y 191398 de 2015 no habían resuelto de fondo la totalidad de las reclamaciones
formuladas y ordenó al ente territorial emitir una respuesta clara, concreta, congruente
y de fondo, entre otros aspectos, respecto de las cesantías e intereses
correspondientes al período comprendido entre enero y julio de 2013, los intereses a
las cesantías de 2012 y la sanción moratoria reclamada por el pago tardío de las
cesantías de 2012 y 2013.

104. En esas condiciones, el Oficio 0100-025-293269 del 9 de julio de 2017
constituye el acto administrativo cuya legalidad se controvierte en el presente proceso,
pues en este la administración adoptó una decisión expresa frente a las acreencias
que son objeto de discusión. Si bien la demandante también solicitó la nulidad de un
supuesto acto ficto o presunto derivado de la falta de respuesta a las peticiones de
2015, mediante auto del 22 de noviembre de 2018 —admisorio de la demanda— el
tribunal precisó que no podía predicarse su existencia, porque aquellas solicitudes
habían sido contestadas mediante el oficio del 9 de julio de 2017. Por esta razón,
determinó que únicamente tendría este último como acto demandado.

105. Esta delimitación no se modifica por la expedición del Oficio SADE 297148 del
29 de agosto de 2017. En esa comunicación, emitida con posterioridad a la sentencia
de tutela del 4 de agosto del mismo año, la propia entidad indicó que complementaba
el análisis suministrado mediante el Oficio 0100-025-293269 del 9 de julio de 2017,
reiteró información relacionada con los pagos efectuados y sostuvo nuevamente que
mediante este último había dado respuesta de fondo a la reclamación. De este modo,
el Oficio SADE 297148 no sustituyó la decisión contenida en el acto acusado, sino que
complementó las razones expuestas por la administración frente a las mismas
reclamaciones.

106. Así, respecto de las acreencias que interesan en esta instancia, los Oficios

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01861-01 (1802-2023)
Demandante: Ruby Stella Molano Marín
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

SADE 178926 y 191398 de 2015 no constituyeron decisiones definitivas sobre el fondo
de las reclamaciones formuladas, por lo que el Oficio 0100-025-293269 del 9 de julio
de 2017 no corresponde a una simple reiteración de aquellos, sino al pronunciamiento
expreso mediante el cual la administración negó su reconocimiento y pago. En
consecuencia, frente a estas pretensiones, no hay lugar a computar el término de
caducidad del medio de control a partir de las comunicaciones expedidas en 2015. Lo
anterior es independiente del análisis relativo a la prescripción de los derechos
reclamados, cuestión que se examinará en el apartado correspondiente.

107. Explicado lo anterior, en relación con el primer problema jurídico, el
Departamento del Valle del Cauca sostiene que las cesantías correspondientes al año
2013 y los intereses a las cesantías de 2012 y 2013 fueron debidamente reconocidos
y pagados a la demandante. Para sustentar esta afirmación invoca, entre otros
documentos, dos reportes contables que, según el recurso, dan cuenta de pagos
efectuados al fondo de cesantías y a favor de la demandante durante 2013.

108. Sin embargo, el primero de esos reportes no permite acreditar el pago de las
acreencias objeto de controversia. Se trata de un documento que no individualiza a la
persona a cuyo favor se registraron los movimientos, y que consigna un valor de
$2.402.689 asociado a «cesantías causadas en 2012» y otro de $3.471.353
identificado como «cancelación de cesantías parciales». Por tanto, su contenido no
demuestra que alguno de esos valores corresponda al pago de las cesantías
causadas durante 2013 ni de los intereses a las cesantías de 2012 o 2013.

109. Con todo, en cuanto al valor de $3.471.353, las demás pruebas del expediente
sí permiten determinar con precisión a qué concepto corresponde. Mediante la
Resolución 0387 del 26 de abril de 2013, el Departamento del Valle del Cauca
reconoció y ordenó consignar dicha suma por concepto de cesantías correspondientes
al año 2012. A su vez, Porvenir certificó que el 22 de octubre de 2013 la cuenta
individual de cesantías de la demandante recibió un aporte del empleador por
$3.471.353. Así las cosas, se encuentra acreditado que este último valor correspondió
a las cesantías de 2012 y que su consignación efectiva se produjo en esa fecha,
circunstancia que no demuestra el pago de ninguna de las tres acreencias objeto de
análisis en esta instancia.

110. Tampoco el segundo de los reportes invocados por el departamento acredita
su pago. A diferencia del primero, este documento sí individualiza a la demandante,
pues registra a su nombre los movimientos que a continuación se examinan. Mediante
la Resolución 0377 del 18 de abril de 2013, la entidad reconoció y ordenó pagarle
$7.965.316 por concepto de salarios y prestaciones sociales causados entre el 4 de
diciembre de 2012 y el 25 de febrero de 2013, en cumplimiento de la sentencia de
tutela que dispuso su reintegro sin solución de continuidad. Posteriormente, a través
de la Resolución 0541 del 19 de junio de 2013, la entidad aclaró parcialmente esa
decisión, pues en la liquidación inicial no se habían efectuado los descuentos de ley;
una vez aplicados los correspondientes a salud, pensión y Fondo de Solidaridad
Pensional, determinó un valor neto de $7.248.435. Ese mismo reporte contable

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01861-01 (1802-2023)
Demandante: Ruby Stella Molano Marín
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

registra, además de esta última suma, los valores de $318.614, $318.614 y $79.653,
correspondientes, respectivamente, a los descuentos por salud, pensión y Fondo de
Solidaridad Pensional. A su vez, el extracto bancario de la demandante registra, el 13
de agosto de 2013, un abono del Banco Popular por $7.248.435. De esta manera, las
pruebas acreditan el pago de la suma determinada mediante la Resolución 0541 y
permiten establecer que los restantes valores corresponden a los descuentos
practicados sobre esa liquidación, pero no demuestran el pago de las cesantías de
2013 ni de los intereses a las cesantías de 2012 o 2013.

111. Ahora bien, en lo que respecta a los intereses a las cesantías de 2012, aunque
la Resolución 0388 del 26 de abril de 2013 no fue aportada al expediente, tanto el
Oficio SADE 178926 del 27 de julio de 2015 como el Oficio 0100-025-293269 del 9 de
julio de 2017 dan cuenta de que, mediante aquella, el departamento reconoció y
ordenó pagar a la demandante $416.562 por ese concepto. Por tanto, el derecho a
dicha prestación ya había sido definido por la administración y la controversia no
recaía sobre su reconocimiento, sino sobre el cumplimiento de la obligación
previamente reconocida.

112. En esas condiciones, la ausencia de prueba sobre el pago de dicha suma no
habilitaba al juez de nulidad y restablecimiento del derecho para ordenar nuevamente
su reconocimiento y pago. Si la obligación contenida en la Resolución 0388
permanecía insatisfecha, su cumplimiento debía procurarse a través del proceso
ejecutivo. En consecuencia, prospera el recurso de apelación en este punto, aunque
por una razón diferente a la planteada por la entidad. En efecto, no se acreditó el pago
de los intereses a las cesantías de 2012; sin embargo, su reclamación no era
procedente a través del presente medio de control. Por tanto, se revocará la sentencia
de primera instancia en cuanto ordenó el reconocimiento y pago de los intereses a las
cesantías correspondientes a 201245.

113. En cambio, frente a las cesantías causadas durante 2013 y sus respectivos
intereses, no se advierte que la administración hubiera reconocido previamente tales
acreencias. Tampoco obra un soporte contable, una certificación del fondo o un
movimiento bancario que permita establecer su pago. En efecto, los documentos
examinados corresponden a las cesantías de 2012, a otras acreencias reconocidas
con ocasión del cumplimiento de la sentencia de tutela o a los descuentos practicados
sobre estas últimas.

114. Bajo esas consideraciones, no prospera el argumento de apelación según el
cual las cesantías causadas durante 2013 y sus intereses fueron pagados, pues
ninguno de los elementos de prueba invocados por la entidad permite acreditar la
satisfacción de esas acreencias. En este aspecto, se confirmará la decisión de primera
instancia.

45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22

de mayo de 2026, rad. 27001-23-33-000-2017-00126-01 (5662-2023). En esa oportunidad, la Subsección precisó
que no resulta procedente ordenar nuevamente el reconocimiento de acreencias previamente definidas por la
administración y que, ante el incumplimiento de su pago, corresponde acudir al mecanismo judicial dispuesto para
procurar su ejecución.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01861-01 (1802-2023)
Demandante: Ruby Stella Molano Marín
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

115. Precisado lo anterior, corresponde abordar el segundo problema jurídico,
relacionado con la sanción moratoria derivada de la consignación tardía de las
cesantías causadas durante 2012.

116. Como ya se estableció, mediante la Resolución 0387 del 26 de abril de 2013 el
departamento del Valle del Cauca reconoció y ordenó consignar $3.471.353 por
concepto de cesantías correspondientes al año 2012, y Porvenir certificó que dicho
valor ingresó a la cuenta individual de cesantías de la demandante el 22 de octubre
de 2013. A partir de estos supuestos, corresponde determinar si la consignación se
efectuó dentro del término legal y, en caso contrario, establecer el período durante el
cual se causó la sanción moratoria.

117. De acuerdo con el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, las cesantías
liquidadas al 31 de diciembre de cada anualidad deben consignarse en el fondo
elegido por el trabajador antes del 15 de febrero del año siguiente. Por consiguiente,
las causadas durante 2012 debían ser consignadas, a más tardar, el 14 de febrero de
2013. Como esta obligación solo se acreditó cumplida el 22 de octubre de ese año, se
configuró la mora a partir del 15 de febrero de 2013.

118. La circunstancia de que la entidad hubiera expedido posteriormente la
Resolución 0387 del 26 de abril de 2013 no modifica esta conclusión. El hecho
generador de la sanción no es la ausencia de un acto administrativo que reconozca
las cesantías, sino el incumplimiento del deber de consignarlas dentro del plazo
previsto por la ley. En este caso, la prueba del fondo permite establecer que la
obligación no fue satisfecha oportunamente.

119. Tampoco puede afirmarse que la sanción se encuentre prescrita. Esta se hizo
exigible el 15 de febrero de 2013 y la demandante presentó petición fechada el 27 de
marzo de 2015, radicada el 9 de abril siguiente, mediante la cual reclamó
expresamente la sanción derivada de la consignación tardía de las cesantías de 2012.
En consecuencia, la reclamación fue formulada dentro del término de tres años
contado desde la exigibilidad de la obligación.

120. Establecida la causación de la sanción, corresponde determinar su límite
temporal. Sobre este aspecto, la Sección Segunda, en sentencia de unificación del 25
de agosto de 2016, precisó que la sanción derivada de la falta de consignación de las
cesantías anualizadas no puede extenderse más allá de la terminación del vínculo
laboral, pues a partir de ese momento surge para el empleador la obligación de pagar
las cesantías definitivas. En esa oportunidad señaló46:

«Al momento en que se produce el retiro del servicio surge la obligación de pagar las
cesantías definitivas, por ende, hasta esa fecha podría correr la sanción producto de
la mora en la consignación de las cesantías anualizadas, pues a partir de ese momento

46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25
de agosto de 2016, rad. 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-2014), CE-SUJ2-004-16.

22

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01861-01 (1802-2023)
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Demandado: Departamento del Valle del Cauca

empiezan a correr nuevos términos, del lado del trabajador, para reclamar sus
prestaciones definitivas, y del lado del empleador, para cumplir los plazos y términos
concedidos por la ley para pagar la integridad de las prestaciones definitivas debidas,
dentro de las cuales se encuentran las cesantías.

Y como no puede haber simultaneidad o concurrencia de una y otra de las
indemnizaciones moratorias [...], deberá tomarse como límite final la fecha de la
desvinculación del servicio [...]».

(Subrayado propio)

121. Esta regla fue reiterada en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020,
en la cual esta Sección precisó que, si bien el límite de la sanción está constituido, en
principio, por la fecha en que se efectúe la consignación de las cesantías anualizadas,
cuando la mora se prolonga hasta la finalización de la relación laboral, el retiro del
servicio constituye su extremo final. En concreto, estableció que «la fecha hasta la cual
corre la mora, producto del incumplimiento en la consignación de las cesantías anualizadas,
es aquella en que se produce la desvinculación del servicio»47.

122. En el presente asunto, mediante el Decreto 0719 del 23 de julio de 2013, el
Departamento del Valle del Cauca dio por terminado el nombramiento provisional de
la demandante, decisión que le fue comunicada el día siguiente. Posteriormente, en
sentencia del 30 de julio de 2013, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ordenó
nuevamente su reincorporación y permanencia hasta que fuera incluida en nómina de
pensionados.

123. Sin embargo, no obra prueba de que, con posterioridad a dicha providencia, se
hubiera materializado una nueva reincorporación. Por el contrario, aunque la
demandante afirmó que prestó sus servicios hasta el 31 de julio de 2013, mediante
Oficio SADE 297148 del 29 de agosto de 2017, el propio departamento informó, luego
de revisar sus archivos, que aquella estuvo vinculada hasta el 25 de julio de 2013.

124. En ese contexto, la Sala tomará esta última fecha como extremo final de la
relación laboral, por corresponder a la información suministrada por el empleador con
fundamento en sus registros. Por consiguiente, la sanción moratoria derivada de la
falta de consignación oportuna de las cesantías de 2012 se causó desde el 15 de
febrero hasta el 25 de julio de 2013. La terminación del vínculo no desvirtúa la mora
previamente causada, sino que determina su límite temporal. De ahí que la
consignación efectuada el 22 de octubre siguiente no permita extender la sanción
hasta esa fecha.

125. Por tanto, se modificará la sentencia de primera instancia en este aspecto, pues
el tribunal acertó al reconocer la sanción moratoria por la consignación extemporánea
de las cesantías de 2012, pero erró al extender su causación hasta el momento en
que se efectuó el depósito en el fondo, pese a que para entonces ya había terminado

47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación del 6 de
agosto de 2020, rad. 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-2016), CE-SUJ-SII-022-2020.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01861-01 (1802-2023)
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Demandado: Departamento del Valle del Cauca

la relación laboral.

126. Finalmente, corresponde establecer si el pago de la sanción moratoria
reconocida se encuentra sometido a las condiciones previstas en el acuerdo de
reestructuración de pasivos del Departamento del Valle del Cauca. Frente a este
punto, la entidad sostiene que las obligaciones surgidas durante la vigencia de dicho
acuerdo deben sujetarse a las reglas y prioridades allí establecidas.

127. Al respecto, el artículo 34 de la Ley 550 de 1999 prevé el carácter obligatorio
de los acuerdos de reestructuración respecto del empresario y de sus acreedores. Sin
embargo, para determinar si una obligación concreta queda sometida a las
condiciones pactadas, resulta necesario atender al contenido del respectivo acuerdo
y a los supuestos previstos para su aplicación.

128. En este caso, la cláusula 15 del acuerdo de reestructuración reguló el pago de
las condenas derivadas de procesos judiciales respecto de hechos u omisiones
ocurridos antes del inicio de su promoción. En particular, estableció que, cuando la
pretensión principal correspondiera a la sanción por mora en la consignación de
cesantías prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, únicamente se pagaría el
70% del monto reconocido y su indexación se efectuaría hasta el 15 de mayo de 2012,
fecha de iniciación de la promoción del acuerdo48.

129. De esta manera, la aplicación de dicha cláusula exige que el hecho u omisión
que dio origen a la condena hubiera ocurrido antes del 15 de mayo de 2012. Tal
supuesto no se presenta en este asunto, pues la obligación de consignar las cesantías
causadas durante 2012 venció el 14 de febrero de 2013 y la sanción moratoria
comenzó a causarse al día siguiente, esto es, varios meses después del inicio de la
promoción del acuerdo.

130. En consecuencia, aunque el acuerdo de reestructuración resulta obligatorio en
los términos de la Ley 550 de 1999, la sanción reconocida a favor de la demandante
no se encuentra comprendida dentro del supuesto regulado en su cláusula 15. Por
tanto, no hay lugar a limitar su pago al 70% ni a aplicar las demás condiciones allí
previstas para las condenas originadas en hechos u omisiones anteriores al 15 de
mayo de 2012.

131. Así las cosas, tampoco prospera el argumento de apelación formulado al
respecto y se confirmará la decisión del tribunal en cuanto concluyó que la sanción
moratoria no se encontraba sometida a las condiciones del acuerdo de
reestructuración de pasivos.

48 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Acuerdo de Reestructuración de Pasivos del Departamento del Valle

del Cauca, celebrado en el marco de la Ley 550 de 1999, cláusula 15 y parágrafo. La promoción del acuerdo se
inició mediante Resolución 1249 del 15 de mayo de 2012.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01861-01 (1802-2023)
Demandante: Ruby Stella Molano Marín
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

3.6. Conclusión

132. La Sala resuelve que el Departamento del Valle del Cauca no acreditó el pago
de las cesantías correspondientes al año 2013 ni de los intereses a las cesantías de
los años 2012 y 2013. No obstante, en lo que se refiere al 2012, dado que se probó
que estas ya habían sido reconocidas a favor de la demandante, se concluyó que el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no el procedente para
exigir su pago. Asimismo, se estableció la configuración de la sanción moratoria por
la consignación tardía de las cesantías de 2012, aunque su causación debe limitarse
al período comprendido entre el 15 de febrero y el 25 de julio de 2013. Finalmente,
dicha sanción no se encuentra sometida a las condiciones previstas en el acuerdo de
reestructuración de pasivos.

133. En consecuencia, se revocará parcialmente la sentencia apelada en cuanto al
reconocimiento y pago de los intereses a las cesantías de 2012; se modificará el
período de causación de la sanción moratoria; y se confirmará en los demás aspectos
objeto de apelación.

3.7. Costas

134. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 49 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

49 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01861-01 (1802-2023)
Demandante: Ruby Stella Molano Marín
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

Falla:

Primero: Revocar parcialmente el ordinal segundo de la sentencia del 30 de
noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Segunda de Decisión Oral, en cuanto ordenó el reconocimiento y pago de los intereses
a las cesantías correspondientes al tiempo laborado durante el año 2012 para, en su
lugar, negar dicha pretensión, de conformidad con las razones expuestas en esta
providencia.

Segundo: Modificar el ordinal segundo de la sentencia apelada, el cual, una vez
excluido el aspecto revocado en el ordinal anterior, quedará así:

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ordenar al Departamento
del Valle del Cauca que proceda a reconocer y pagar a la señora Ruby Stella
Molano Marín las cesantías correspondientes al tiempo laborado durante el año
2013 y sus respectivos intereses, así como la sanción moratoria prevista en la
Ley 50 de 1990 por la consignación tardía de las cesantías del año 2012, por
el período comprendido entre el 15 de febrero y el 25 de julio de 2013, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Tercero: Confirmar en los demás la sentencia apelada.

Cuarto: Sin condena en costas en esta instancia.

Quinto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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