Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00814-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00814-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2015-00814-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
14 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001-23-33-000-2015-00814-01 (2984-2024)
Demandante: Dairo Alberto Londoño Delgado
Demandada: Municipio de Malambo
Temas: Reconocimiento de la sanción moratoria por el pago de tardío
de cesantías / Prescripción
Sentencia de segunda instancia
ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por Dairo Alberto Londoño
Delgado contra la sentencia proferida el 17 de abril de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, por medio de la
cual negó las pretensiones de la demanda.
1. ANTECEDENTES
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1
1. Dairo Alberto Londoño Delgado presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2 en
orden a que se declarara la nulidad del oficio sin número del 5 de junio de 2015,
por medio del cual el municipio de Malambo le negó el reconocimiento de la
sanción moratoria por el pago inoportuno de sus cesantías parciales.
2. Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria por la no consignación oportuna
de las cesantías parciales de conformidad con la Ley 244 de 1995.
1.1.1. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Se encuentra vinculado3 a la planta global de empleados del municipio de
Malambo desde el 27 de febrero de 2002, en el que ha desempeñado el cargo
1 Ver ítem 2 de Samai. Documento «5ED_EXPEDIENTE_EXPDIGrar(.rar) NroActua 2
.rar»,
archivo digital 9_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_001201500814nrd.PDF (págs. 2-8)
2 En adelante CPACA.
3 A la fecha de radicación de la demanda.
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de profesional universitario
3.2. Con la Resolución 0484 del 29 de julio de 2003, el ente territorial le reconoció
y ordenó el pago de las cesantías parciales por valor de $1.310.955, ejecutoriada
el 6 de agosto siguiente.
3.3. Con ocasión del no pago de la prestación reconocida, inició proceso ejecutivo
laboral en el que, con sentencia proferida el 22 de marzo de 2011, el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Soledad resolvió librar mandamiento de pago en
contra del municipio por la suma adeudada, « más los intereses de ley causados
desde que se hizo exigible la obligación y hasta cuando se verificara su pago, y [lo] negó
[…] respecto a la sanción moratoria de que trata y regula la Ley 244 de 1995».
3.4. El 4 de diciembre de 2013, con ocasión de la entrega de los títulos judiciales
correspondientes, se materializó la cancelación de la obligación laboral
reclamada.
3.5. El 25 de mayo de 2015, solicitó ante el ente municipal el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria por la cancelación tardía de las cesantías parciales
que le fueron reconocidas desde el 29 de julio de 2003. Con oficio sin número del
5 de junio de 2015, se le negó el pedimento al considerar que «la sanción
reclamada se encontraba prescrita».
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
4. Como disposiciones violadas citó los artículos 25 y 53 de la Constitución
Política, 2.º (parágrafo) de las leyes 244 de 1995, y 5.º (parágrafo) de la 1071 de
2006.
5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos 4:
5.1. El acto administrativo acusado está viciado de nulidad, por cuanto la entidad
demandada desconoció los preceptos legales que regulan el pago de las
cesantías, toda vez que lo realizó de forma tardía pese a los términos
establecidos para ello.
5.2. En tal sentido y de acuerdo con las normas invocadas como vulneradas, una
vez en firme la Resolución 0484 del 29 de julio de 2003, con la cual se reconoció
y ordenó el pago de las cesantías parciales, la demandada contaba con máximo
45 días para ello, es decir hasta el 9 de octubre de 2003, sin embargo, aquel solo
ocurrió el 4 de diciembre de 2013, configurándose en su favor 3075 días de mora
por la cancelación tardía de la referida prestación.
4 Ver ítem 2 de Samai. Documento «5ED_EXPEDIENTE_EXPDIGrar(.rar) NroActua 2
.rar»,
archivo digital 9_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_001201500814nrd.PDF (págs. 4-
5).
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1.2. Contestación de la demanda5
6. El municipio de Malambo se opuso a la prosperidad de las pretensiones con
fundamento en los siguientes argumentos:
6.1. La Resolución 0484 del 29 de julio de 2003, por la cual se reconoció y ordenó
el pago de las cesantías parciales solicitadas, quedó en firme el 6 de agosto
siguiente, por lo que la sanción por mora reclamada 12 años después se
encuentra prescrita, de acuerdo con los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y
102 del 1848 de 1969, y 151 del Código de Procedimiento Laboral.
6.2. Propuso las siguientes excepciones: i) caducidad; y ii) inepta demanda.
1.3. Sentencia de primera instancia6
7. En sentencia proferida el 17 de abril de 2020, el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B declaró probada la excepción de
prescripción propuesta por la entidad demandada y en consecuencia negó las
pretensiones de la demanda sin condenar en costas. Para tal efecto, luego de
realizar un recuento de los preceptos legales y jurisprudenciales aplicables al
asunto, concluyó lo siguiente:
7.1. La Resolución 0484 del 29 de julio de 2003, por la cual el municipio de
Malambo reconoció y ordenó el pago de cesantías parciales en favor del
demandante por valor de $1.310.955, correspondiente al periodo comprendido
entre el 22 de febrero de 2002 y 22 de julio de 2003, quedó ejecutoriado el 6 de
agosto del mismo año. Sin embargo, el pago debió realizarse a más tardar el 10
de octubre siguiente, lo cual no ocurrió, sino hasta el 4 de diciembre de 2013, con
ocasión de un proceso ejecutivo laboral adelantado con tal fin.
7.2. En efecto, la mora presentada en el pago de las cesantías, en principio,
configuraría los requisitos para el reconocimiento de la sanción moratoria
pretendida, pues, el pago reconocido en la citada resolución se materializó fuera
del término de ley.
7.3. Sin embargo, una vez trascurridos los 45 días correspondientes, contados a
partir de la ejecutoria del acto de reconocimiento de las cesantías parciales, el
demandante pudo exigir su reconocimiento a partir del 10 de octubre de 2003,
pero solo lo hizo el 25 de mayo de 2015, sin que lograra interrumpir el término
prescriptivo de 3 años que venció el 11 de octubre de 2006.
1.4. Recurso de apelación7
8. Dairo Alberto Londoño Delgado solicitó la revocatoria de la sentencia con
fundamento en los siguientes argumentos:
5 Ver ítem 2 de Samai. Documento «5ED_EXPEDIENTE_EXPDIGrar(.rar) NroActua 2 .rar»,
archivo digital 9_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_001201500814nrd.PDF (págs.
51.65).
6 Ver ítem 2 de Samai. Documento «5ED_EXPEDIENTE_EXPDIGrar(.rar) NroActua 2 .rar»,
archivo digital 8_SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA_DECLARAEX.pdf.
7Ver ítem 2 de Samai. Documento «5ED_EXPEDIENTE_EXPDIGrar(.rar) NroActua 2 .rar».
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8.1. En el presente caso no operó la prescripción en los términos descritos, pues,
tal como lo señaló el Consejo de Estado en providencia del 26 de noviembre de
20188, ello no se debió determinar «al no deprecarse dentro de los 3 años siguientes
al vencimiento del plazo de la cancelación de las cesantías parciales, pues, […], lo
determinante en el caso de la sanción moratoria es el pago efectivo de aquellas».
8.2. En tal sentido, se debió decretar la prescripción de manera parcial, es decir,
«solo afectando la sanción causada 3 años después hacia atrás a partir de la fecha en
que se presentó la reclamación administrativa», ordenándose el pago a partir del 25
de mayo de 2012 hasta el día en que se realizó el pago efectivo de la prestación
(4 de diciembre 2013), es decir, se afectarían solamente las sumas anteriores al
11 de mayo de 2010.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
9. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA en cuanto no fue
necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar 9.
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio10.
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
11. Con fundamento en los argumentos expuestos en el recurso de apelación 11, el
problema jurídico se contrae a determinar:
11.1. ¿si el demandante en su condición de empleado público que ostenta en el
municipio de Malambo tenía derecho al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria prevista en la Ley 244 de 1995?
11.2. En caso de ser afirmativa la respuesta al anterior interrogante, ¿si se
configuró la prescripción trienal del derecho al pago de tal concepto?
12. Para resolver la Sala abordará la siguiente temática: (1) marco normativo y
jurisprudencial, (1.1) del régimen de cesantías de los servidores públicos del
orden territorial, (1.2) sobre la sanción moratoria en el pago de las cesantías de
los servidores públicos, y (1.3) sobre la prescripción de la sanción moratoria por
pago inoportuno o no pago de cesantías definitivas de la Ley 244 de 1995; (2)
caso concreto; (3) costas; y (4) conclusión.
8 Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso-administrativo- Sección Segunda- Subsección B-
MP Carmelo Perdomo Cuéter- Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho-
Radicado: 08001-23-33-000-2014-01606-01 (3389-2016)- Demandante: Claudia Manrique
Rubio- Demandado: Municipio de Malambo Atlántico.
9 Tal y como se indicó en el auto del 28 de junio de 2024. Índice 5 de Samai.
10 Así se desprende del informe secretarial del 24 de octubre de 2024. Índice 10 de Samai.
11 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece
el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Del régimen de cesantías de los servidores públicos del orden
territorial
13. La Ley 6 de 1945, en su artículo 17, literal a), señaló que los empleados y
obreros nacionales de carácter permanente gozarían de un auxilio de cesantía a
razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio, y solamente se
tendría en cuenta el tiempo de servicio prestado después del 1º de enero de 1942.
14. Posteriormente, en el Decreto 2767 de 1945, artículo 1, se indicó que los
empleados de los departamentos y municipios tenían derecho a las prestaciones
establecidas en el artículo 17 de la Ley 6 de 1945, entre las cuales se encuentra
el auxilio de cesantías.
15. Además, en el artículo 6 del aludido decreto se precisó que, para la liquidación
de los empleados, por la terminación de los contratos de trabajo, o la situación
que ocasionara el retiro, se debía incluir el auxilio de las cesantías.
16. La Ley 65 de 1946, en su artículo 1.º, estableció que los empleados de la
Nación tendrían derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado, y en
su parágrafo extendió dicho beneficio a los trabajadores de los departamentos,
intendencias, comisarías y municipios.
17. El Decreto 2567 de 1946, en su artículo 1.º, dispuso que el auxilio de cesantía
a que tuvieran derecho los empleados y obreros al servicio de la Nación, los
departamentos y los municipios, se liquidaría de conformidad con el último
sueldo o jornal devengado.
18. La Ley 50 de 1990, en su artículo 99, estableció el régimen de cesantías
anualizadas en los siguientes términos:
[…] 1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía,
por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción
que se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía
que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día
de salario por cada retardo. […]
19. Por su parte, la Ley 344 de 1996, en su artículo 13, señaló que, a partir de su
publicación, es decir el 31 de diciembre de 1996, las personas que se vincularan
a las entidades del Estado, tendrían un régimen anualizado de cesantías.
20. En el Decreto 1582 de 1998, reglamentario de la Ley 344 de 1996, se precisó
que el régimen de los servidores públicos de nivel territorial vinculados a partir
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del 31 de diciembre de 1996, que se encontraran afiliados a un fondo de
cesantías sería el establecido en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990.
21. La anterior disposición se conservó en el Decreto 1919 de 2002, que extendió
el régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos de la rama
ejecutiva del nivel nacional a los servidores del orden territorial, con la salvedad12
de que los beneficiarios del régimen retroactivo continuarían disfrutándolo, en
concordancia con la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000.
2.2.2. Sobre la sanción moratoria en el pago de las cesantías de los
servidores públicos
22. En la Ley 244 de 199513 la indemnización por mora en el pago de la cesantía de
los servidores públicos fue establecida como una sanción a cargo del empleador y
a favor del trabajador, con el propósito de reparar los daños que se causaran, ante
el incumplimiento en el pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía, al
respecto señaló lo siguiente:
Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la
solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores
públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley.
[…]
Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco
(45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo
que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para
cancelar esta prestación social.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos,
la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario,
un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las
mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término
previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario,
cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.
23. En tal sentido, dicha norma fijó los términos para el reconocimiento y pago
oportuno de las cesantías de los servidores públicos, y en caso de mora, estableció
a título de sanción, a cargo de la administración y a favor del trabajador, un día
de salario por cada día de retardo en el pago de la referida prestación.
24. La anterior disposición tiene como finalidad proteger el derecho de los
servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la
liquidación definitiva de sus cesantías. En tal sentido, constituye una garantía del
derecho al pago oportuno del salario contenido en los incisos 1 y 3 del artículo
53 de la Constitución Política, y en el Convenio 95 de la OIT que protege el salario
y su pago oportuno.
25. El Convenio 95 de la OIT, relativo a la protección al salario, aprobado mediante
la Ley 54 de 1962, incluyó dentro de la definición de salario toda forma de
12 Artículo 3 del Decreto 1919 de 2002.
13 Por la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos,
se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.
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remuneración, en los siguientes términos:
Artículo 1. A los efectos del presente Convenio, el término ´salario´, significa la
remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo,
siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación
nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de
trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar
o por servicios que haya prestado o deba prestar.
26. La Corte Constitucional sostuvo, en sentencia T-260 del 1 de junio de 1994,
expediente T-30763, M.P. Alejandro Martínez Caballero, sobre la protección
constitucional a la remuneración que en el Convenio 95 de la OIT que «cuando
se termine el contrato de trabajo se deberá efectuar un ajuste final de todos los
salarios debidos de conformidad con la Legislación Nacional, un contrato
colectivo o un laudo arbitral o, en defecto de dicha legislación, contrato o
laudo, dentro de un plazo razonable, habida cuenta de los términos del contrato».
27. Además, en dicho pronunciamiento la Corte Constitucional precisó que el
artículo 12 del Convenio 95 no solo se refirió a las mensualidades debidas, sino
también a cualquier remuneración derivada de la finalización de la relación
laboral, por tal razón, las prestaciones sociales como las cesantías estaban
cobijadas por los principios constitucionales de la protección a la remuneración.
28. Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del
18 de julio de 201814 se refirió a los distintos eventos en los que puede
presentarse una variación del plazo para la exigibilidad de la sanción moratoria,
por el pago tardío o no pago de las cesantías parciales y/o definitivas, respecto
de lo cual estableció las siguientes reglas:
«[…] SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo
de Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías, las siguientes reglas:
i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se
expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria
corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que
corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto;
y iii) 45 días para efectuar el pago.
ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado
al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la
notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue
notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término
dispuesto en la ley15 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es,
5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que
compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento
por este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de
notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que así lo
manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra
del empleador como computables para sanción moratoria.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de julio de 2018, radicación: 73001-
23-33-000-2014-00580-01(4961-2015).
15 Artículo 69 CPACA.
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iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique
el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la
cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.
TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base para
calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se
produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías
parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica
vigente al momento de la causación de la mora sin que varíe por la prolongación en
el tiempo.
CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por
pago tardío de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
187 del CPACA. [… ]»
29. De lo anterior se puede inferir que la sanción moratoria por la omisión de pago
oportuno de las cesantías definitivas o parciales prevista por las Leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006 se causa: i) transcurridos 70 días hábiles después de
radicada la solicitud de reconocimiento, si no se expide el acto de reconocimiento
o se hace de forma extemporánea; y ii) transcurridos 45 días hábiles contados a
partir de la ejecutoria del acto administrativo de reconocimiento del auxilio, de los
que resuelven los recursos interpuestos contra aquel o del día siguiente a la
manifestación de renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria. En
consecuencia, los anteriores son los eventos que determinan la causación y
exigibilidad de la sanción, los cuales tienen como referente la petición del
empleado.
30. Ahora bien, las normas que regulan esta sanción no señalan un término de
prescripción para su reclamación, como tampoco se prevé para la indemnización
por el incumplimiento en la consignación de cesantías. Precisamente, la
sentencia de unificación del 25 de agosto de 201616 al analizar esta última
situación, precisó los siguientes puntos:
30.1. La sanción moratoria no es accesoria a las cesantías. Si bien la
indemnización se causa por el incumplimiento en el pago de la prestación social,
lo cierto es que no dependen de su reconocimiento ni hacen parte de aquel.
30.2. Es excepcional y está sujeta al incumplimiento u omisión del deber legal de
pago oportuno que tiene el empleador.
30.3. Está creada a título de sanción. En consecuencia, hace « parte del derecho
sancionador», por lo tanto, no puede considerarse como un derecho
imprescriptible, pues esta es una característica de aquel.
30.4. El sustento normativo para el término prescriptivo es el contenido en el
artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral. Se excluye la aplicación de los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, toda vez que estos regulan en forma
expresa los derechos en ellos contenidos, dentro de los cuales no se encuentra
la sanción moratoria, al tiempo que el mencionado artículo 151 comprende un
16Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación:
080012331000201100628-01(0528-2014).
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Demandante: Dairo Alberto Londoño Delgado
ámbito de mayor alcance.
31. En esta misma línea, la sentencia del 6 de agosto de 202017 unificó su posición
para señalar que el término de prescripción de la sanción moratoria de la Ley 50
de 1990 se contabiliza a partir del 15 de febrero del año en el cual debía
efectuarse la respectiva consignación, es decir, desde su causación y
exigibilidad.
32. Para esta Subsección, lo anterior sirve como punto de partida para considerar
la indemnización que se causa por la falta de pago de las cesantías definitivas
señalada por las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, dadas las características
comunes que comparte con la penalidad económica que surge cuando no se
consigna en oportunidad el auxilio liquidado bajo el régimen anualizado.
Ciertamente, la sanción moratoria bajo examen también es independiente de las
cesantías, hace parte del derecho sancionatorio y, por consiguiente, debe estar
sujeto a la regla general de la prescripción.
33. Es importante resaltar que, a pesar de que el valor de la sanción moratoria
incrementa a razón de un día de salario por cada día de mora, lo cierto es que
ello no le da el carácter de prestación periódica que tienen las pensiones y los
salarios y prestaciones que se causan durante la relación laboral. Tal condición
deriva en la consecuencia lógica de entender que el término prescriptivo que
resulta aplicable es el extintivo y de acuerdo con el artículo 151 del C. de P.L.,
opera a los 3 años siguientes al de su causación y se interrumpe con la
presentación de la respectiva reclamación.
2.2.3. Sobre la prescripción de la sanción moratoria por pago inoportuno o
no pago de cesantías de la Ley 244 de 1995
34. En la sentencia de unificación SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de
2023, la Sección Segunda del Consejo de Estado estableció las reglas sobre la
prescripción de la sanción moratoria por pago inoportuno o no pago de cesantías
definitivas así:
«[…] (i) El plazo trienal de la prescripción de la sanción moratoria por el
incumplimiento en el pago de las cesantías definitivas, regulado por el artículo 151
del CPTSS, se inicia a contabilizar desde que la penalidad se hace exigible, esto es,
al vencimiento del plazo legal para el pago de la prestación social. Si el reclamo de la
sanción se presenta después de los tres años contados desde su exigibilidad, se
configura la prescripción total.
(ii) El término de la prescripción extintiva de la sanción moratoria derivada del pago
tardío o no pago de las cesantías definitivas se interrumpe por una sola vez con la
reclamación oportuna, y por un lapso igual de tres años, que no puede ser entendido
como un término que habilita al beneficiario para presentar múltiples solicitudes, sin
que opere la prescripción.
(iii) Si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de extinguido el
derecho por prescripción, esa circunstancia no revive la oportunidad para reclamar la
sanción moratoria. […]».
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, radicación: 08001-
23-33-000-2013-00666-01 (0833-2016).
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2.3. Caso concreto
2.4.1. Lo probado en el proceso
35. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente :
35.1. Con la Resolución 0484 del 29 de julio de 200318, el municipio de Malambo
ordenó el pago de cesantías parciales en favor de Dairo Alberto Londoño Delgado
por valor de $1.310.955 correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de
febrero de 2002 y el 22 de julio del 2003.
35.2. Decisión ejecutoriada el 6 de agosto de 200319.
35.3. En el año 201020 el demandante inició proceso ejecutivo con el fin de lograr
el pago de la suma que le fue reconocida en la Resolución 0484 del 29 de julio
de 2003, y de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías de
conformidad con la Ley 244 de 1995.
35.4. Con providencia del 22 de marzo de 201121, el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Soledad, entre otras, negó lo pertinente a la pretensión de pago de la
sanción moratoria al considerar que, «en la resolución puntal del cumplimiento
forzado, no consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible por vía
ejecutiva».
35.5. El pago efectivo del valor de las cesantías parciales adeudo se efectuó el 4
de diciembre de 2013.
35.6. Con providencia del 26 de mayo de 201422, el juzgado de conocimiento dio
por terminado el proceso por pago total de la obligación,
35.7. El 25 de mayo de 201523, el demandante solicitó ante el ente territorial el
reconocimiento y pago «de la sanción moratoria de que trata el parágrafo del artículo
5º de la Ley 1071 de 2006, modificativa de la Ley 244 de 1995 en razón de “un día d
salario por cada día de retardo” en el pago de las cesantías parciales reconocidas en la
resolución No. 0484 de Julio 29 de 2003, a partir del día 06 de Octubre de 2006 y hasta
el día 03 de Diciembre de 2013, a razón de $66.800 diarios, teniendo en cuenta que mi
salario es $2.004.000. […]». (sic)
18 Ver ítem 2 de Samai. Documento «5ED_EXPEDIENTE_EXPDIGrar(.rar) NroActua 2 .rar»,
archivo digital 9_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_001201500814nrd.PDF (págs. 11-
12).
19 Ver ítem 2 de Samai. Documento «5ED_EXPEDIENTE_EXPDIGrar(.rar) NroActua 2 .rar»,
archivo digital 9_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_001201500814nrd.PDF (pág. 13).
20 Ver ítem 2 de Samai. Documento «5ED_EXPEDIENTE_EXPDIGrar(.rar) NroActua 2 .rar»,
archivo digital 9_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_001201500814nrd.PDF (págs. 25-
30)
21 Ibidem.
22 Ver ítem 2 de Samai. Documento «5ED_EXPEDIENTE_EXPDIGrar(.rar) NroActua 2 .rar»,
archivo digital 9_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_001201500814nrd.PDF (pág. 24)
23 Ver ítem 2 de Samai. Documento «5ED_EXPEDIENTE_EXPDIGrar(.rar) NroActua 2 .rar»,
archivo digital 9_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_001201500814nrd.PDF (págs. 15-
18).
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35.8. Con oficio sin número del 5 de junio de 201524, el ente municipal negó la
petición del demandante al considerar que la sanción reclama se encontraba
prescrita, de acuerdo con «los términos prescriptivos del artículo 41 del Decreto 3135
del 26 de diciembre de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 del 4 de noviembre de
1969».
2.4.2. Análisis de la Sala
36. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B
declaró probada la excepción de prescripción propuesta por la entidad
demandada y en consecuencia negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que Dairo Alberto Londoño Delgado elevó la reclamación ante la
administración (25 de mayo de 2015) más de 11 años después de hacerse
exigible el derecho (10 de octubre de 2003).
37. En el recurso de apelación la parte actora sostuvo que la prescripción
declarada debió ser parcial, pues el término para contabilizar el fenómeno jurídico
iniciaba desde la fecha en que se hubiera hecho efectivo el pago de las cesantías
parciales adeudadas (4 de diciembre de 2013).
38. Aunque los presupuestos para el reconocimiento del derecho pretendido no
fueron objeto de apelación, se observa que en efecto el demandante, en principio,
resultaba acreedor de aquel, toda vez que:
√ Con la Resolución 0484 del 29 de julio de 2003, ejecutoriada el 6 de
agosto siguiente, la demandada ordenó el pago de las cesantías parciales
solicitadas.
√ El 25 de mayo de 2019, Dairo Alberto Londoño Delgado peticionó ante el
demandado el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago
importuno de las cesantías parciales, lo cual ocurrió el 4 de diciembre de
2013.
√ Desde que se hizo exigible la obligación (11 de octubre de 2003), de
acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, hasta su pago efectivo,
se generó la sanción moratoria.
39. Así, queda resuelto el primer problema jurídico, esto es, que a Dairo Alberto
Londoño Delgado le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 con ocasión del pago inoportuno de las
cesantías parciales reconocidas mediante Resolución 0484 del 29 de julio de
2003.
40. Ahora, en aras de definir acerca de la configuración o no del fenómeno
prescriptivo en el asunto bajo estudio, se recuerda que a través de la pluricitada
resolución, ejecutoriada el 6 de agosto de 2003, el municipio de Malambo ordenó
a favor del demandante el pago de unas cesantías parciales.
41. Bajo tal panorama y para contabilizar el plazo para la exigibilidad de la sanción
24Ver ítem 2 de Samai. Documento «5ED_EXPEDIENTE_EXPDIGrar(.rar) NroActua 2
.rar»,
archivo digital 9_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_001201500814nrd.PDF (págs. 19-
23).
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moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales se tendrán en cuenta las
reglas fijadas por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del
18 de julio de 2018 antes citada, de acuerdo con lo cual se tiene:
Descripción Fecha
Fecha de expedición del acto
29 de julio de 2003
administrativo de reconocimiento
Ejecutoria del acto 6 de agosto de 2003
45 días hábiles para efectuar el pago 10 de octubre de 2003
Solicitud de reclamación 25 de mayo de 2015
42. Visto lo anterior, la sanción moratoria se hizo exigible a partir del 11 de octubre
de 2003 al vencimiento de los 45 días que tenía la entidad demandada para
efectuar el pago de las cesantías parciales.
43. Así, en cuanto a la aplicación de la prescripción trienal de la sanción moratoria,
de acuerdo con la regla fijada en la sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-
2023 del 2 de noviembre de 202325 se contabiliza desde que se hace exigible,
esto es al vencimiento del término legal para el pago del auxilio de cesantías, por
lo tanto, si la solicitud de sanción moratoria se presenta después de 3 años
contados desde su exigibilidad, se configura dicho fenómeno jurídico. Asimismo,
si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de extinguido el
derecho por prescripción, esa circunstancia no revive la oportunidad para
reclamar la sanción moratoria.
44. En este punto, se recuerda que los salarios moratorios hacen parte del
derecho sancionador, por lo que no se le puede calificar como imprescriptible. Así
lo refirió esta Sala de decisión26 en oportunidad anterior:
«[…] Sin embargo, en relación con el tiempo que debe abarcar la indemnización, se
considera necesario definir un parámetro objetivo como tope máximo y no admitir el
incremento ilimitado de la sanción moratoria, pues de lo contrario, se desconocería el
criterio de esta Sección, adoptado a partir de la sentencia de unificación del 25 de
agosto de 2016[19]27, según la cual los salarios moratorios hacen parte del derecho
sancionador y, como tal, no se le puede calificar como un derecho imprescriptible, con
los consecuentes efectos de que tampoco se puede admitir una penalidad
imprescriptible, tal y como lo ordena el artículo 28 de la Constitución Política.
52.En igual sentido lo consideró recientemente esta Sección al señalar que «esta
penalidad nace a la vida jurídica con el único propósito de garantizar el pago oportuno
de la prestación, de tal suerte que el trabajador pueda aliviar la contingencia de
encontrarse cesante laboralmente»[20]28, pues lo cierto es que la penalidad que
establece la ley tiene un fin constitucional que garantiza al trabajador y a su núcleo
familiar que el respaldo económico que ofrece el auxilio de las cesantías se pague en
forma oportuna; de manera que no podrían prolongarse los efectos de la sanción en
forma indefinida pues ello desborda lo dispuesto por el legislador y el fin por el cual
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de
noviembre de 2023, radicado 080012333000201200200-02 (2459-2014), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 19 de septiembre de 2024,
radicado: 27001-23-33-000-2017-00118-01 (2334-2023). M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
27 Cita original: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016,
radicación: 080012331000201100628-01(0528-2014), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
28 Cita original: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-
2023 del 2 de noviembre de 2023, radicado 080012333000201200200-02 (2459-2014), M.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
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fue creado en tanto, se insiste, está creada a título de sanción y, en consecuencia,
hace «parte del derecho sancionador»[21]29, por lo tanto, no puede considerarse como
un derecho imprescriptible, pues esta es una característica de aquel.
53. De acuerdo con lo anterior, esta Sala encuentra como sustento normativo para el
término prescriptivo el contenido en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y
de la Seguridad Social. Se excluye la aplicación de los Decretos 3135 de 1968 y 1848
de 1969, toda vez que estos regulan en forma expresa los derechos en ellos
contenidos, dentro de los cuales no se encuentra la sanción moratoria, al tiempo que
el mencionado artículo 151 comprende un ámbito de mayor alcance.
54.En esta misma línea se fundamentó la sentencia del 6 de agosto de 2020[22]30 por
la cual se unificó su posición para precisar que el término de prescripción de la sanción
moratoria de la Ley 50 de 1990 se contabiliza a partir del 15 de febrero del año en el
cual debía efectuarse la respectiva consignación, es decir, desde su causación y
exigibilidad. En aquella oportunidad, la Sala Plena de la Sección Segunda de esta
corporación reiteró el criterio expuesto en la decisión del 25 de agosto de 2016, para
señalar, entre otras cosas, que debía acogerse el plazo señalado en el artículo 151
del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y que la sanción dispuesta
en la Ley 50 de 1990 debía tener un límite final aun cuando la norma no lo previera
en forma expresa. Al respecto indicó que en principio estaba constituida por la fecha
en que se hacía efectiva la consignación de las cesantías anualizadas o el pago que
directamente se realizaba al empleado; sin embargo, en aquellos eventos en los que
la mora se extendiera durante días, meses, o inclusive años, esta se causaría hasta
que finalizara la relación laboral.
55.Para esta Subsección, lo anterior sirve como punto de partida para considerar que
la indemnización que se causa por la falta de pago de las cesantías definitivas
señalada por las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, por las características comunes
que comparte con la penalidad económica que surge cuando no se consigna en
oportunidad el auxilio liquidado bajo el régimen anualizado también debe tener un
límite temporal. Ciertamente, la sanción moratoria bajo examen también es
independiente de las cesantías, hace parte del derecho sancionatorio y, por
consiguiente, debe estar sujeto a la regla general de la prescripción. […]».
45. En el caso concreto la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria ante la administración se presentó el 25 de mayo de 2015, es decir que
no fue dentro de los 3 años contados desde su exigibilidad, por lo tanto, se
configuró este fenómeno prescriptivo, toda vez que aquella surgió a partir del 11
de octubre de 2003, por lo que contaba hasta el 11 de octubre de 2006 para
reclamar oportunamente el derecho, lo cual no sucedió. Por tanto, la reclamación
se efectuó fuera del término de ley.
46. Adicionalmente, es pertinente precisar que la presentación de la demanda
ejecutiva en el año 2010, con el fin de lograr el pago de la suma reconocida en la
Resolución 0484 del 29 de julio de 2003 tampoco interrumpió31 el término de
29 Cita original: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de agosto
de 2016, radicado 080012331000201100628-01(0528-2014).
30 Cita original: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020,
radicación: 08001-23- 33-000-2013-00666-01 (0833-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
31 Artículo 94 de la Ley 1564 de 2012. Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad
y constitución en mora. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción
e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el
mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a
partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término,
los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado.
La notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo produce el efecto
del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, y la
notificación de la cesión del crédito, si no se hubiere efectuado antes. Los efectos de la mora solo
se producirán a partir de la notificación.
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prescripción para reclamar la sanción moratoria pretendida, la cual, se insiste,
resultaba oportunamente exigible hasta el 11 de marzo de 2006.
47. Aunado a lo anterior, según la mencionada sentencia de unificación SUJ-034-
CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, el derecho para reclamar la sanción
moratoria «se hace exigible al día siguiente en el que vence el plazo del que dispone el
empleador para sufragar las cesantías […]. A partir de ese momento, el trabajador puede
reclamar el pago de la sanción moratoria correspondiente». Reglas aplicables
retrospectivamente, pero no retroactivamente a aquellos casos cobijados por el
fenómeno de la cosa juzgada.
48. En este sentido, el pago de la penalidad no procede de manera automática
por el incumplimiento por parte del empleador del pago de las cesantías
definitivas o parciales, sino que es necesario que se haya reclamado ante la
administración dentro de los tres años siguientes a la exigibilidad del derecho,
por tanto, se reitera, la solicitud que en este asunto se presentó en el 2015 se
hizo fuera de término.
49. Así, su reconocimiento no se encuentra supeditado al pago efectivo de las
cesantías, como de manera equivocada se argumentó en el recurso de
apelación, con fundamento en la providencia del 26 de noviembre de 201832, en
la que, al resolver acerca de la apelación impetrada contra el auto que declaró
probada la excepción de prescripción en un asunto de contornos similares, se
señaló que para establecer el término prescriptivo «lo determinante en el caso de la
sanción moratoria es el pago efectivo de aquellas».
50. Al respecto, si bien no se desconoce tal pronunciamiento, se recuerda que
dicha postura fue revaluada con ocasión de la pluricitada sentencia de unificación
CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020, tal como se puntualizó en el
mismo asunto, al proferirse sentencia de segunda instancia el 1.º de julio de
202233, en los siguientes términos:
«[…] No obstante, en el sub lite se observa que la accionante no interrumpió de
manera oportuna el término prescriptivo, pues solicitó la sanción moratoria el 1º de
abril de 2014, es decir, después de los tres años siguientes al día en que la obligación
se hizo exigible (11 de septiembre de 2002), por ende, operó la prescripción extintiva
de ese derecho, en armonía con el criterio de la sala mayoritaria18.
Por otra parte, en lo atinente al argumento de apelación, de acuerdo con el cual esta
subsección, en auto de 26 de noviembre de 2018, coligió que frente a la sanción
derivada del «[…] retardo en el pago de las cesantías parciales o definitivas […], solo
se perderá el derecho a obtenerla cuando una vez sufragado el aludido auxilio,
transcurran más de 3 años sin reclamarla», cabe recordar que la misma sala, en
providencias posteriores19, ha acogido el criterio contenido en la sentencia de
unificación CE-SUJ-SII-022-2020 de 6 de agosto de 202020, al precisar:
[…]
[…]
El término de prescripción también se interrumpe por el requerimiento escrito realizado al deudor
directamente por el acreedor. Este requerimiento solo podrá hacerse por una vez.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. CP Carmelo Perdomo Cuéter, Radicado
08001-23-33-000-2014-01606-01 (3389-2016).
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. CP Carmelo Perdomo Cuéter, Radicado
08001-23-33-000-2014-01606-02 (2398-2020).
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En tal virtud, sin perjuicio de la posición planteada en la citada providencia de 26 de
noviembre de 2018, lo cierto es que, en la hora actual, la postura de la Corporación
impone que la reclamación de la sanción moratoria (bien por la tardanza en el pago
de las cesantías definitivas o parciales, ora de las anualizadas) debe presentarse
dentro del término de tres (3) años siguientes a su exigibilidad, so pena de operar la
prescripción extintiva. […]». (sic)
51. En consecuencia, al encontrar acreditado que la reclamación elevada por el
demandante ante la administración (15 de mayo de 2015) resultó extemporánea
al ser radicada transcurridos más de 11 años de hacerse exigible el derecho (11
de octubre de 2003), es evidente que el derecho reclamado se encuentra
prescrito, tal como lo consideró el a quo. Así, es afirmativa la respuesta al
segundo problema jurídico planteado.
2.4. Conclusión
52. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que Dairo Alberto Londoño
Delgado no acreditó la ilegalidad del acto acusado, por medio del cual se le
negó el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago inoportuno de sus
cesantías parciales al estar prescrito el derecho.
53. En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida el 17 de abril de 2020
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, por
medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.
2.5. Costas
54. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal.
55. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
56. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación
subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa
imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para
dar paso a una aplicación razonable de la norma34.
34 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014).
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57. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado
si se causaron dichas costas.
58. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la
parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 17 de abril de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, por medio de la
cual negó las pretensiones de la demanda.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto
Cfr. Rad. AV.
05001-23-33-0002020-00472-01
(1251-2024)
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
LXRR
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
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