RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2014-01606-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-01606-02

Fecha
1 de julio de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-01606-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 25 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico (sección A), que declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho y, en consecuencia, negó las súplicas de la demanda incoada por la señora Claudia Manrique Rubio contra el municipio de Malambo, de conformidad con las consideraciones. 2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2014-01606-02

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

1 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., primero (1º) de julio de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 08001-23-33-000-2014-01606-02 (2398-2020)
Demandante : Claudia Manrique Rubio
Demandado : Municipio de Malambo (Atlántico)
Tema : Sanción moratoria por pago tardío de cesantías parciales

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante
contra la sentencia de 25 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico (sección A), mediante la cual declaró probada la
excepción de prescripción extintiva del derecho y, en consecuencia, negó las
súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 1 a 9 y 33 a 341). La señora Claudia Manrique
Rubio, por intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
contra el municipio de Malambo (Atlántico), para que se acojan las pretensiones
que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio (sin número) de 23 de abril
de 2014, por el que el ente territorial demandado negó «[…] la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales de que trata […] la Ley
244 de 1995», reclamada por la actora.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene al accionado pagar la referida sanción, en la suma de $144’608.757,oo.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata la accionante que desde el 19 de agosto de
1990 presta sus servicios como secretaria mecanógrafa de la secretaría de salud
de Malambo y, por medio de Resolución 551 de 27 de junio de 2002, «[…] que
quedó en firme el día 05 de Julio [siguiente] a las 6:00 p.m. […]» (sic), el

1
Escrito de subsanación.

Expediente 08001-23-33-000-2014-01606-02 (2398-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Claudia Manrique Rubio contra el municipio de Malambo (Atlántico)

aludido municipio le reconoció, por concepto de cesantías parciales, un valor
de $5’155.906,oo,oo, empero, no fueron sufragadas.

Dice que el 8 de septiembre de 2009 el Juzgado Segundo (2º) Civil del Circuito
de Soledad libró mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo que
promovió contra el demandado, en el sentido ordenarle satisfacer la citada
prestación, sin embargo, lo «[…] negó […] con respecto a la sanción moratoria
[…]».

Que el «[…] 28 de Febrero de 2013, y en virtud de la entrega de los títulos
judiciales recaudados dentro del [citado] proceso ejecutivo […], fue que se vino
a producir la cancelación total […]» (sic) de los recursos reclamados.

Afirma que el 1º de abril de 2014 pidió del accionado la sanción moratoria
prevista en la Ley 244 de 1995, negada con oficio de 23 de los mismos mes y
año, con el argumento de «[…] que no procede […] sin que medie sentencia
judicial que la reconozca».

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo censurado los artículos 25 y 53 de la
Constitución Política, 2º de la Ley 244 de 1995 y 5º de la Ley 1071 de 2006.

Arguye que el demandado «[…] incurrió en mora en el pago del auxilio de
cesantía […] porque […] el plazo para pagarlas venció desde el 10 de
Septiembre de 2002, y la cancelación total de dicho auxilio sólo se hizo efectiva,
en virtud del proceso ejecutivo, […] hasta el 28 de Febrero de 2013,
produciéndose, en consecuencia, 3.831 días de mora» (sic).

1.5 Contestación de la demanda (ff. 44 a 49). El ente territorial accionado, por
conducto de apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda y se refirió a los hechos en el sentido de que algunos son ciertos, otros
parcialmente y los demás no le constan.

Asimismo, formuló la excepción denominada prescripción, toda vez que el
respectivo término (3 años) debe contabilizarse «[…] desde que la obligación
se hace exigible, es decir, desde que quedo ejecutoriad[o el] acto administrativo
[…] 0551 del 27 de Junio del 2002, el 5 de Julio […], mas no desde que se
efectúa el pago total de las cesantías parciales ocurrido el 28 de Febrero del
2013 […]» (sic).

2

Expediente 08001-23-33-000-2014-01606-02 (2398-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Claudia Manrique Rubio contra el municipio de Malambo (Atlántico)

1.6 Providencia apelada (ff. 141 a 150 vuelto). El Tribunal Administrativo del
Atlántico (sección A), mediante sentencia de 25 de octubre de 2019, declaró
probada la excepción de prescripción extintiva del derecho y, en consecuencia,
negó las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al considerar que «[…]
la sanción moratoria se hizo exigible a partir del once (11) de septiembre de
2002, teniendo plazo la demandante para interponer la solicitud ante la
administración hasta el once (11) de noviembre de 2002, sin embargo, […]
presentó la petición el primero (1) de abril de 2014, es decir, cuando el término
oportuno para su exigibilidad ya [se] había extinguido […]» (sic).

1.7 Recurso de apelación (ff. 155 a 158). Inconforme con el anterior fallo, la
actora interpuso recurso de apelación, al estimar que el referido fenómeno
prescriptivo no se ha configurado, para lo cual trascribe apartes del auto de 26
de noviembre de 20182 (ff. 98 a 100 vuelto), proferido por esta sala de decisión,
al desatar la alzada presentada por ella contra el proveído dictado en la audiencia
inicial de 26 de julio de 2016, por el que el a quo declaró probada la excepción
de prescripción:

De lo anterior se colige que la sanción moratoria se constituye en un
derecho autónomo, de cuya naturaleza claramente se evidencia que es una
prestación de carácter periódico, ya que se causa por cada día de retardo
en el pago de las cesantías parciales o definitivas hasta cuando se efectúe
la cancelación de estas, por lo que solo se perderá el derecho a obtenerla
cuando una vez sufragado el aludido auxilio, transcurran más de 3 años
sin reclamarla.

Por lo tanto, carece de asidero jurídico el criterio del a quo al determinar
que la sanción prescribió al no deprecarse dentro de los 3 años siguientes
al vencimiento del plazo de la cancelación de las cesantías parciales, pues,
se insiste, lo determinante en el caso de la sanción moratoria es el pago
efectivo de aquellas; aceptar tal posición sería como limitar dicha sanción
a tres años en eventos en los que sean pagadas las cesantías mucho tiempo
después.

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación interpuesto fue concedido mediante auto de 12 de
diciembre de 2019 (f. 160) y admitido por esta Corporación a través de proveído
de 30 de noviembre de 2021 (f. 171), en el que se dispuso la notificación
personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en
cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2
Expediente 08001-23-33-000-2014-01606-01 (3389-2016), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
3

Expediente 08001-23-33-000-2014-01606-02 (2398-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Claudia Manrique Rubio contra el municipio de Malambo (Atlántico)

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de providencia de 24 de marzo de 2022 (f. 173), para que
aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, de conformidad con lo
establecido en el artículo 247 del CPACA, oportunidad aprovechada por la
accionante para reiterar sus argumentos de apelación.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si a la demandante le asiste o no el
derecho al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de
1995 y sus normas complementarias, por el pago tardío de sus cesantías
parciales; y de ser cierta la anterior hipótesis, establecer si operó el fenómeno
jurídico-procesal de la prescripción extintiva, como lo decretó el a quo.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.

El auxilio de cesantías es una prestación social a la que todos los empleados del
Estado tienen derecho, cuya finalidad primaria consiste en «[…] cubrir o prever
las necesidades que se originan para el trabajador con posterioridad al retiro
de una empresa, por lo que resulta un ahorro obligado orientado a cubrir el
riesgo de desempleo»3, que actualmente también promueve el acceso de los
trabajadores a los componentes de educación y vivienda.

Por su parte, los salarios moratorios por el pago tardío de dicho auxilio hacen
parte del derecho sancionador por el incumplimiento de una obligación del
empleador, la que carece de carácter accesorio e imprescriptible4, habida cuenta
de que (i) se causa por su no pago y no depende directamente del

3
Corte Constitucional, sentencia C-823 de 4 de octubre de 2006, magistrado ponente: Jaime Córdoba Triviño.
4
Sobre el fundamento normativo de la sanción moratoria, ver fallo de unificación de la sección segunda de 25
de agosto de 2016, C. P. Luis Rafael Vergara Quintero, radicación 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-
14).
4

Expediente 08001-23-33-000-2014-01606-02 (2398-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Claudia Manrique Rubio contra el municipio de Malambo (Atlántico)

reconocimiento de las cesantías, pues se genera de manera excepcional, cuando
el empleador omite su deber de cancelarlas dentro de los términos legales 5; y
(ii) dada su naturaleza sancionatoria, no puede considerarse como un derecho
exento del fenómeno de la prescripción, so pena de vulnerar disposiciones
legales que consagran que no existirán sanciones imprescriptibles.

En lo que atañe a la sanción moratoria por el pago tardío o extemporáneo de las
cesantías, la Ley 344 de 19966, que remite al artículo 99 de la 50 de 19907,
concierne a las anualizadas, y la Ley 244 de 19958, adicionada y modificada por
la 1071 de 20069, regula lo referente a las cesantías definitivas y parciales.

Para el interés del asunto sub examine, la Ley 244 de 1995 preceptúa:

Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas,
por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad
patronal deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los
requisitos determinados en la Ley.

Parágrafo.- En caso de que la entidad observe que la solicitud está
incompleta, deberá informárselo al penitenciario dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente
qué requisitos le hacen falta anexar.

Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser resuelta
en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en
firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías
Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social.

Parágrafo.- En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores
públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que
se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar
la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo,
la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la

5
Sentencia de la sección segunda, subsección A, de 1º de diciembre de 2016, expediente: 08001-23-31-000-
2011-01398-01(3221-15).
6
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
7
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones».
8
«Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se
establecen sanciones y se dictan otras disposiciones».
9
«Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas
o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación».
5

Expediente 08001-23-33-000-2014-01606-02 (2398-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Claudia Manrique Rubio contra el municipio de Malambo (Atlántico)

mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.

En ese contexto, la entidad pública empleadora debe expedir la correspondiente
resolución dentro de los 15 días siguientes a la solicitud (cesantías parciales o
liquidación de cesantías definitivas, según el caso) del interesado y tendrá un
plazo máximo de 45 días hábiles para su pago, a partir de la fecha en que
adquiera firmeza el acto de reconocimiento, so pena de sufragar un día de salario
por cada uno de retardo hasta cuando se cumpla la obligación.

Al respecto, la sala de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado, en
fallo de 27 de marzo de 2007, expediente 27001-23-31-000-2000-02513-01
(2777-2004) IJ, proferido en vigor del Código Contencioso Administrativo
(CCA), unificó el criterio respecto de la forma de contabilizar ese término, así:

En suma, es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles
siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se
reconocen las cesantías definitivas y no a la fecha de reclamación de las
mismas o, en este caso, la de la solicitud de reliquidación, el hito que debe
servir de punto de partida para contar el número de días a efectos de
determinar el monto de la indemnización moratoria.

[…]

Cuando la Administración resuelve el requerimiento del servidor público
sobre la liquidación de sus cesantías en forma tardía (…) el tiempo a partir
del cual comienza el término para que se genere la indemnización
moratoria será la fecha en la cual el interesado radicó la petición de
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir, quince (15)
días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más cinco (5)
días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento de que la
resolución de reconocimiento hubiere sido expedida, con la salvedad a que
alude el mismo precepto, para un total de 65 días hábiles, transcurridos los
cuales se causará la sanción moratoria.

Sobre el mismo tema, la sección segunda de esta Corporación, en sentencia de
unificación de 25 de agosto de 201610, en lo atañedero a la reclamación, dijo
que «[…] entre la fecha del retiro del servicio y la fecha en que empieza a
correr la indemnización moratoria por la consignación extemporánea de las
cesantías definitivas, existe un lapso de por lo menos 65 días, durante los cuales
se hace la reclamación de las prestaciones definitivas, se expide la resolución
para su liquidación, se notifica y queda en firme ese acto administrativo y,

10
Consejo de Estado, sección segunda, sentencia CE-SUJ004 de 25 de agosto de 2016, C. P. Luis Rafael
Vergara Quintero, expediente: 08001 23 31 000 2011 00628-01 (0528-14).
6

Expediente 08001-23-33-000-2014-01606-02 (2398-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Claudia Manrique Rubio contra el municipio de Malambo (Atlántico)

finalmente, se realiza el pago dentro del término que prevé la Ley 244 de 1995»,
comoquiera que vencido el anterior, se causa la sanción moratoria.

No obstante, en vigor del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), el término de ejecutoria del acto
administrativo es de diez días, como lo preceptúa el artículo 7611, motivo por el
cual el tiempo con el que cuenta la Administración para reconocer, liquidar y
pagar el auxilio de cesantías es de 70 días hábiles a partir de la correspondiente
solicitud, como lo ha sostenido esta subsección12, comoquiera que trascurridos
aquellos, se genera la sanción moratoria.

Dicho en otras palabras, el término a partir del cual se hace exigible la sanción
moratoria, por el pago tardío de las cesantías definitivas, comprende las
siguientes posibilidades: (i) 45 días hábiles a partir del día siguiente de la
ejecutoria (5 días hábiles en vigor del CCA o 10 con el CPACA) del acto que
reconoce las cesantías definitivas; o, en su defecto, (ii) cuando al cabo de los 15
días hábiles siguientes a la formulación de la solicitud por el interesado, esta no
se resuelve o no se profiere el acto que las concede, se tendrá en cuenta la fecha
de presentación, para contar 65 (CCA) o 70 (CPACA) días hábiles, que
trascurridos, a partir del día hábil siguiente se causará la sanción moratoria.

Cabe precisar que la norma a aplicar en el caso de la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías es la que se encuentre en vigor al momento en que
se causa la mora, no al término del vínculo laboral ni cuando se hace la petición
de la cesantía.

3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al

11
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). «Artículo
76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en
la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos
podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si
quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el
personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a
ello hubiere lugar.
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando
proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios».
12
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, medios de control de nulidad y restablecimiento del
derecho: (i) 08001-23-33-000-2014-00332-01(3815-15), sentencia de 30 de marzo de 2017; (ii) 08001-23-33-
000-2012-00431-01(1721-14), fallo de 2 de marzo de 2017; y (iii) 08001-23-33-000-2013-00790-01(2621-15),
sentencia de 26 de enero de 2017.
7

Expediente 08001-23-33-000-2014-01606-02 (2398-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Claudia Manrique Rubio contra el municipio de Malambo (Atlántico)

plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:

a) Resolución 551 de 27 de junio de 2002 (sin constancia de notificación), por
medio de la cual el accionado reconoce y ordena sufragar a la actora, quien se
desempeña «[…] en el cargo de SECRETARIA MECANOGRAFA, en la
secretar[í]a de Salud […]» (sic), la suma de $5’155.906,oo por concepto de
cesantías parciales, destinadas a remodelación de vivienda (f. 12).

b) Auto de 8 de septiembre de 2009, por cuyo conducto el Juzgado Segundo (2º)
Civil del Circuito de Soledad13 libró mandamiento ejecutivo por la citada suma
($5’155.906,oo) y lo niega respecto de la sanción moratoria de la Ley 244 de
1995, por cuanto «[…] no es cierto que […] la obligación de pagar[la] […] se
tenga por expresa en el documento mediante el cual se reconoció […]» aquella
prestación (ff. 24 a 27).

c) Escrito de 1º de abril de 2014, mediante el cual la accionante pide el pago de
la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales concedidas a
través del acto administrativo citado en la letra a (ff. 15 a 21).

d) Oficio de 23 de abril de 2014, por el que el municipio de Malambo le informa
a la demandante que «[…] la sanción moratoria […] no es automática, sino que
requiere ser reconocida en proceso ordinario laboral; y siendo que los motivos
que tuvo el legislador para adoptar tal indemnización a favor de los empleados
públicos es la misma tenida en cuenta para consagrarla respecto de
trabajadores oficiales y del sector privado; y que la Ley 244 de 1995
expresamente exige que medie un acto de reconocimiento de la misma, […] se
estima […] que no procede al pago por este concepto […], porque la sola
resolución de […] liquidación de cesantías parciales o definitivas no presta
mérito para cancelarlas» (sic; f. 22).

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) la actora pidió
sus cesantías parciales (se desconoce la fecha), otorgadas con Resolución 551
de 27 de junio de 2002; (ii) debido a que no se le sufragó dicho auxilio, incoó
acción ejecutiva ante el Juzgado Segundo (2º) Civil del Circuito de Soledad,
que, con proveído de 8 de septiembre de 2009, libró mandamiento de pago por
tal concepto y lo negó frente a la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de

13
Ante el cual la demandante promovió demanda ejecutiva con el propósito de obtener el pago de la obligación
contenida en la citada Resolución 551 de 27 de junio de 2002.
8

Expediente 08001-23-33-000-2014-01606-02 (2398-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Claudia Manrique Rubio contra el municipio de Malambo (Atlántico)

1995; y (iii) el 1º de abril de 2014 la accionante solicitó del ente demandado la
referida sanción causada por el pago extemporáneo del auxilio parcial de
cesantías, despachado de manera desfavorable con oficio (sin número) de 23 de
abril de 2014.

Así las cosas, la Sala destaca las siguientes fechas, importantes para determinar
la mora que alega la demandante:

Resolución de reconocimiento de las cesantías 27 de junio de 2002
Notificación de la resolución 27 de junio de 200214
Término de ejecutoria de la resolución (5 días15) 5 de julio de 2002
Término para efectuar el pago (45 días) 10 de septiembre de 2002
Fecha de pago 28 de febrero de 201316
Petición de sanción moratoria 1º de abril de 2014

Por consiguiente, la fecha a partir de la cual se genera la respectiva sanción
moratoria, corresponde al cómputo de 50 días hábiles después de notificada la
resolución de reconocimiento de la mencionada prestación (al no haber prueba
de la fecha de la respectiva solicitud), pues como esta fue notificada el 27 de
junio de 2002, cobró ejecutoria el día 5 de julio del mismo año, motivo por el
cual el ente territorial tenía hasta el 10 de septiembre posterior para pagar el
auxilio de cesantías de manera oportuna, empero, las sufragó el 28 de febrero
de 2013, es decir, 10 años, 5 meses y 18 días después.

Ahora bien, para la subsección resulta claro que el plazo para reclamar la
sanción por mora en el pago tardío del auxilio de cesantías (con el fin de que no
opere la prescripción del derecho) se rige por lo establecido en el artículo 151
del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, conforme se dejó
sentado por esta sección segunda en sentencia de unificación de 25 de agosto
de 201617, al precisar:

Siendo así y como quiera que las Subsecciones A y B han aplicado la
prescripción trienal en asuntos relativos a sanción moratoria, se considera
que no hay controversia alguna sobre ese particular; no obstante, sí es del

14
Se precisa que, aunque no obra ningún medio de convicción que dé cuenta de la fecha en que se notificó este acto
administrativo, se tendrá como tal el 27 de junio de 2002, dado que las partes coinciden en que quedó en firme el 5
de julio siguiente, esto es, cinco (5) días hábiles después, plazo que, como se explicó en precedencia, corresponde
al término de ejecutoria en el CCA.
15
Procedimiento administrativo iniciado en vigencia del CCA.
16
Si bien no se allegó prueba sobre el particular, así lo afirmó la actora en el escrito de demanda, sin que el ente
demandado lo haya desconocido o desvirtuado.
17
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, sentencia CE-SUJ-2-004-2016
de 25 de agosto de 2016, expediente 08001-23-31-000-2011-00628-01.
9

Expediente 08001-23-33-000-2014-01606-02 (2398-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Claudia Manrique Rubio contra el municipio de Malambo (Atlántico)

caso precisar que la norma que se ha de invocar para ese efecto, es la
consagrada en el Código de Procedimiento Laboral, artículo 151.

La mencionada disposición es del siguiente tenor:

ARTÍCULO 151. -Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes
sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del
trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un
lapso igual.

No obstante, en el sub lite se observa que la accionante no interrumpió de
manera oportuna el término prescriptivo, pues solicitó la sanción moratoria el
1º de abril de 2014, es decir, después de los tres años siguientes al día en que la
obligación se hizo exigible (11 de septiembre de 2002), por ende, operó la
prescripción extintiva de ese derecho, en armonía con el criterio de la sala
mayoritaria18.

Por otra parte, en lo atinente al argumento de apelación, de acuerdo con el cual
esta subsección, en auto de 26 de noviembre de 2018, coligió que frente a la
sanción derivada del «[…] retardo en el pago de las cesantías parciales o
definitivas […], solo se perderá el derecho a obtenerla cuando una vez
sufragado el aludido auxilio, transcurran más de 3 años sin reclamarla», cabe
recordar que la misma sala, en providencias posteriores19, ha acogido el criterio
contenido en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020 de 6 de agosto
de 202020, al precisar:

La Sección Segunda de la Corporación, mediante providencia del 6 de
agosto de 2020, dictó la siguiente Sentencia de Unificación con las reglas
de jurisprudencia relacionadas con la sanción moratoria de la Ley 50 de
1990, por la no consignación de cesantías anualizadas:

[…] el término prescriptivo se cuenta desde que la obligación se haya
hecho exigible, el cual, de manera concreta, en las obligaciones

18
Del cual en pronunciamientos anteriores se ha apartado el suscrito ponente, porque dicha sanción tiene su
causación cada día de no pago hasta cuando se consigne el valor del auxilio de cesantías, por lo que podría haber
una prescripción parcial, si se reclama dentro de los 3 años siguientes a su cancelación, como se dejó sentado en el
auto de 2 de octubre de 2017 proferido dentro del presente asunto, al desatar el recurso de apelación contra el
proveído de 20 de junio de 2013 dictado por el a quo, por el cual se confirmó la decisión de declarar no probadas
las excepciones opuestas por la demandada, entre otras, la prescripción del derecho.
19
Ver, entre otros, fallos de (i) 16 de octubre de 2020, expediente 27001-23-33-000-2014-00220-01 (3491-
2016); (ii) 6 de noviembre de 2020, radicación 27001-23-33-000-2013-00036-01 (1829-2014); y (iii) 28 de
octubre de 2021, expediente 41001-23-33-000-2014-00556-01 (4108-2019), C. P. César Palomino Cortés.
20
Sección segunda, expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01 (833-16), actora: María Lucely Taborda
Cervantes, demandado: municipio de Sabanagrande (Atlántico), con voto disidente del suscrito ponente.
10

Expediente 08001-23-33-000-2014-01606-02 (2398-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Claudia Manrique Rubio contra el municipio de Malambo (Atlántico)

sometidas a plazo, surge a partir del vencimiento de éste21[4]. En
consecuencia, la causación de la sanción por mora por falta de
consignación de las cesantías anualizadas ocurre al día siguiente al del
vencimiento de la oportunidad que tiene la Administración para proceder
en tal sentido, esto es, 15 de febrero siguiente a la anualidad que causó la
cesantía (plazo fijado por el ordenamiento). Aclaró que este momento es
el parámetro cierto y determinado que permite el nacimiento de la
penalidad que, sin ser un derecho, beneficia al empleado.

Precisó que la causación de la sanción por mora es totalmente
independiente a la prestación social. El nacimiento de la sanción por
mora no está condicionado al reconocimiento de la cesantía, ocurriendo
de pleno derecho por el incumplimiento del pago por parte del empleador
dentro de los términos de ley. Sin embargo, ello no se confunde con la
extensión de la penalidad en el tiempo, que sí está directamente asociada
a que se efectúe la cancelación de la prestación social. El pago de las
cesantías, ante la causación eventual de la moratoria, ocasiona que ésta
cese, no que se extinga, como sí ocurre con la prescripción una vez
transcurridos los 3 años establecidos en el artículo 151 del CPTSS
[Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social].

A juicio de la Subsección, si bien estas reglas de unificación se
establecieron respecto de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías anualizadas reguladas por la Ley 50 de 1990, son igualmente
aplicables frente a la sanción relativa al reconocimiento y pago
extemporáneo de cesantías definitivas o parciales, regidas por las Leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006, pues lo que varía en estos casos es el
momento en que se hace exigible la sanción moratoria y no el criterio
cómo debe contarse la prescripción a partir de su exigibilidad.

En tal virtud, sin perjuicio de la posición planteada en la citada providencia de
26 de noviembre de 2018, lo cierto es que, en la hora actual, la postura de la
Corporación impone que la reclamación de la sanción moratoria (bien por la
tardanza en el pago de las cesantías definitivas o parciales, ora de las
anualizadas) debe presentarse dentro del término de tres (3) años siguientes a
su exigibilidad, so pena de operar la prescripción extintiva.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, la
Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que declaró probada la
21
Sobre la obligación a plazo, la sentencia consideró: “[...] el legislador consagró una obligación a cargo del
empleador y la sometió al cumplimiento de un plazo que, de incumplirse, le genera una sanción pecuniaria a
favor del empleado o trabajador. Conforme lo anterior, no se está ante una obligación pura y simple, sino que
la propia ley ha querido que esté sometida a un plazo para su pago, en la medida que fijó en cada año una fecha
determinada para efectuar la consignación, por lo cual, válidamente puede afirmarse que la obligación es
sustancialmente una obligación de plazo [...]”.
11

Expediente 08001-23-33-000-2014-01606-02 (2398-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Claudia Manrique Rubio contra el municipio de Malambo (Atlántico)

excepción de prescripción extintiva del derecho y, en consecuencia, negó las
súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia de 25 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico (sección A), que declaró probada la excepción de
prescripción extintiva del derecho y, en consecuencia, negó las súplicas de la
demanda incoada por la señora Claudia Manrique Rubio contra el municipio de
Malambo, de conformidad con las consideraciones.

2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

12

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.