Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2012-00431-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2017 › Radicado 08001-23-33-000-2012-00431-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho: conteo del t/ CONCILIACIÓN PREJUDICIAL – Suspende el…
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2012-00431-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2012-00431-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
2 de marzo de 2017
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Conteo del t/ CONCILIACIÓN PREJUDICIAL – Suspende el cómputo del término de caducidad
De acuerdo con el artículo 164 del CPACA, la caducidad del medio de control ocurre cuando éste no se ejerce dentro de los 4 meses contados a partir del día siguiente a la fecha en que se efectuó la comunicación, notificación, ejecución o publicación del respectivo acto. Cuando se presenta solicitud de conciliación, el término para contabilizar la caducidad, se suspende en las siguientes oportunidades, según el caso: 1. Hasta cuando haya acuerdo conciliatorio. 2. Hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que la ley así lo exija. 3. Hasta que se expidan las constancias previstas en el artículo 2º de la Ley 640 de 2001. 4. Hasta que se venza el término de 3 meses contemplado en el artículo 20 de la misma ley. El mismo artículo 21 de la Ley 640 de 2001, al final señala que el término re inicia en cualquiera de las anteriores hipótesis (lo que ocurra primero), que la suspensión solo procede por una sola vez y que no se puede prorrogar.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 138 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 / LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 21
AUXILIO DE CESANTIAS / CESANTÍAS DEFINITIVAS. CESANTÍAS PARCIALES / CESANTÍAS – Reconocimiento. Pago / SANCIÓN MORATORIA
El auxilio de cesantía es una prestación social de creación legal que debe pagar el empleador al trabajador por los servicios prestados en el evento en que llegare a quedar cesante, con la finalidad de que atienda sus necesidades básicas (cesantías definitivas); o durante la vigencia del vínculo laboral (cesantías parciales), siempre que se cumplan determinados requisitos para su reconocimiento relacionados con educación, mejoramiento o compra de vivienda. Por medio de la Ley 244 de 1995, el legislador estableció en cabeza de la entidad empleadora la obligación de liquidación, reconocimiento y pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos dentro de los 15 días siguientes a la solicitud del interesado, para lo cual deberá expedir la resolución correspondiente y tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles a partir de la fecha en que adquiera firmeza el acto de reconocimiento, so pena de que la entidad obligada deba pagar al titular un día de salario por cada día de retardo hasta su pago efectivo.
FUENTE FORMAL: LEY 244 DE 1995 / LEY 1071 DE 2006
SANCIÓN MORATORIA – Causación / SANCIÓN MORATORIA - Prescripción extintiva
De conformidad con la disposición transcrita, se establece que el término de prescripción de tres (3) años, se debe contar a partir de la fecha en que la obligación se hace exigible y la interrupción del término pero solo por un lapso igual, tiene lugar con el simple reclamo escrito del interesado, que para el caso de los empleados públicos deberá presentarse ante la autoridad competente acerca del derecho o la prestación pretendida. La Sala reitera que la aludida sanción empieza a causarse, a partir del día siguiente al vencimiento del plazo de los 45 días que prevé el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 para el pago del auxilio de cesantías definitivas y su causación se prolonga hasta que se haga efectiva la obligación. Señalado lo anterior y atendiendo a que la reclamación en sede administrativa se efectuó hasta el 4 de junio de 2012, cuando ya habían transcurrido más de 3 años a partir de la fecha en que se generó la sanción por mora, se configuró la prescripción de los valores causados por dicho concepto con anterioridad al 4 de junio 2009, conforme a la norma que en virtud del criterio unificador de la Sección Segunda regula lo concerniente a la reclamación de la referida penalidad. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, C.P., Luis Rafael Vergara Quintero.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL - ARTÍCULO 151
SANCIÓN MORATORIA DE EMPLEADO DE LAS CONTRALORIAS TERRITORIALES - Obligación recae sobre el órgano de control fiscal
Esta posición fue reiterada por esta Sala a través de providencia de 22 de enero de 2015, en el cual se discutió en cabeza de quién se debía imponer el reconocimiento y pago de la sanción moratoria derivada del pago tardío de las cesantías definitivas de un ex empleado de la contraloría distrital. Al abordar el tema objeto de análisis, se consideró que aunque el Distrito es la persona jurídica y en tal sentido, tiene capacidad para comparecer al proceso, no por ello está obligado a asumir con cargo a su presupuesto, las obligaciones emanadas de los vínculos laborales originados en una relación legal y reglamentaria con la contraloría distrital, en virtud de los atributos de dichas entidades técnicas. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B., sentencia de 24 de julio de 2008, C.P., Gerardo Arenas Monsalve, rad. 1626-06.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 267 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 272 / LEY 42 DE 1993 - ARTÍCULO 66 / LEY 330 DE 1996 - ARTÍCULO 2 / LEY 617 DE 2000 - ARTÍCULO 21 / LEY 1416 DE 2010 - ARTÍCULO 3
CESANTÍAS DEFINITIVAS - Exigibilidad
Como se señaló ab initio de estas consideraciones, el término para el cumplimiento de la obligación prevista en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, se contabiliza a partir de la firmeza del acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas, vale decir, cuando no se interpongan recursos contra el mismo, cuando se renuncie expresamente a ellos o cuando los recursos interpuestos se hayan decidido, salvo en los eventos en que la administración no se pronuncie frente a la solicitud del pago del auxilio de cesantía o lo haga de forma tardía, en los que el término para el cálculo de la indemnización moratoria comenzará a computarse una vez transcurridos 70 días después de la radicación de la petición (los cuales se discriminan así: 15 días para expedir el acto de reconocimiento, 10 más que corresponden al término de la ejecutoria y finalmente, los 45 días para la cancelación de la prestación social).
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D. C., dos (02) de marzo de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 08001-23-33-000-2012-00431-01(1721-14)
Actor: MARÍA DEL ROSARIO DE FÁTIMA JIMÉNEZ LÓPEZ
Demandado: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, CONTRALORÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho.-
Tema: Sanción moratoria.-
FALLO SEGUNDA INSTANCIA – LEY 1437 DE 2011
La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida el 20 de enero de 2014 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por la señora María del Rosario de Fátima Jiménez López.
A N T E C E D E N T E S
La señora María del Rosario de Fátima Jiménez López presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, con el objeto de que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Oficio DSH-00820 expedido por el Secretario de Hacienda Distrital del Distrito Especial, industrial y Portuario de Barranquilla; y ii) Oficio SG-012-001-0466-12 de 15 de junio de 2012; decisiones mediante las cuales negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995; y a título de restablecimiento, solicitó el pago de la suma equivalente a un día de salario ($29.773,43,oo) por cada día de retardo en el pago de las cesantías definitivas.
Fundamentos fácticos.-
La demandante señaló que laboró en la Contraloría Distrital de Barranquilla en el cargo de Auxiliar Administrativo - código 550 - grado 03, desde el 1º de junio de 2004 hasta el 8 de junio de 2006, y pese a que las prestaciones sociales, entre ellas las cesantías definitivas, le fueron reconocidas a través de la Resolución 0280 de 15 de noviembre de 2006, el pago del valor correspondiente se realizó de manera tardía el 15 de julio de 2010; por consiguiente, presentó reclamaciones administrativas ante la entidad distrital y la contraloría territorial el 31 de mayo y el 4 de junio de 2012, respectivamente, las cuales fueron negadas a través de los actos administrativos acusados.
Normas violadas y concepto de violación.-
Invocó como normas desconocidas los artículos 13, 29, 53, 209 de la Constitución Política; parágrafo artículo 1º, parágrafo artículo 2º, artículos 3º y 4º de la Ley 244 de 1995; 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011; y 20 del Código de Procedimiento Civil.
Acusó los actos administrativos de haberse expedido con infracción de las normas en que debía fundarse y mediante falsa motivación, puesto que en razón a la omisión de la entidad empleadora frente al pago de las cesantías definitivas dentro de la oportunidad legal, debió reconocer la sanción moratoria reclamada, con fundamento en la relación laboral legal y reglamentaria que existió entre las partes.
Alegó que la administración no solo desconoció las normas legales citadas, sino además el mandato constitucional que establece la irrenunciabilidad de los derechos mínimos laborales, lo que conlleva a la nulidad de los actos administrativos demandados.
De la admisión de la demanda.-
El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante auto de 22 de abril de 2013, admitió la demanda solamente frente a la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción por mora y la rechazó en lo concerniente “(…) al pago de las cesantías o su reliquidación y demás prestaciones sociales.”, toda vez que estas fueron liquidadas y reconocidas por la Contraloría Distrital de Barranquilla mediante la Resolución 0280 de 15 de noviembre de 2006; por ende, al estar de acuerdo con el acto administrativo de reconocimiento y frente a la omisión en la cancelación del valor correspondiente, la acción idónea es la ejecutiva, en la medida en que el acto contiene una obligación cara, expresa y exigible.
Contestación de la demanda.-
El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
La entidad territorial contestó la demanda y se opuso a los cargos formulados contra los actos administrativos acusados, con fundamento en que la actora laboró en la Contraloría Distrital de Barranquilla, que cuenta con autonomía presupuestal y administrativa, de conformidad con el artículo 272 de la Constitución Política y el artículo 66 de la Ley 422 de 1993 e igualmente, la representación legal está en cabeza del contralor territorial.
El distrito demandado presentó como argumentos que denominó excepciones: la inexistencia de la obligación y el cobro de lo no debido, comoquiera que no existió vínculo laboral con la actora y en consecuencia, no está obligado al pago de ninguna obligación.
• Contraloría Distrital de Barranquilla
Una vez notificada personalmente la demanda al buzón electrónico para notificaciones judiciales de la entidad demandada, el órgano de control fiscal del distrito allegó la contestación fuera del término previsto en el artículo 172 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011, en concordancia con el 199 ibídem, modificado por el 612 del Código General del Proceso.
Sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante fallo de 20 de enero de 2014, declaró parcialmente probada la excepción de prescripción, la nulidad de los actos administrativos demandados y a título de restablecimiento, condenó al Distrito de Barranquilla – Contraloría Distrital al pago de un día de salario por cada día de retardo desde 4 de junio de 2009 hasta el 15 de julio de 2010.
El a quo consideró que si bien la entidad reconoció las cesantías definitivas mediante la Resolución 280 de 15 de noviembre de 2006, de acuerdo con lo manifestado por las partes y la consignación de Depósito Judicial de 15 de julio en el Banco Agrario, se evidencia que el pago del valor correspondiente solo tuvo lugar 3 años, 5 meses después, por lo que al existir una mora de 1230 días, se configuró la sanción prevista en el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, comoquiera que la oportunidad legal dentro del caso concreto para la entidad empleadora feneció el 14 de febrero de 2007.
Afirmó que la obligación se hizo exigible el 15 de febrero de 2007, por ende, debido a que la reclamación en sede administrativa se presentó el 4 de junio de 2012 ante la Contraloría Distrital de Barranquilla, esto es, la entidad sobre la cual recaía la obligación principal; se configuró el fenómeno extintivo de la prescripción respecto de las sumas causadas con anterioridad al 4 de junio de 2009.
Recursos de apelación.-
Parte demandante
Indicó su discrepancia frente a la forma en que el tribunal de instancia contabilizó el término prescriptivo, debido a que este se inicia a partir de la fecha en que se realiza el pago del auxilio de cesantías, pues no es de recibo que la administración emita el acto de liquidación en cualquier tiempo, aún cuando la ley establece el plazo de 15 días posteriores a la terminación de la relación laboral para el reconocimiento y 45 días para el pago del valor correspondiente.
Solicitó un análisis del material probatorio aportado al expediente a efectos de condenar a la entidad empleadora y a su solidaria a pagar la sanción moratoria, para lo cual señala que conforme al artículo 58 de la Ley 550 de 1990, este fenómeno jurídico se suspendió, debido a la ejecución del acuerdo de reestructuración, e igualmente según lo ha sostenido el Consejo de Estado.
Contraloría Distrital de Barranquilla
Manifestó su desacuerdo frente a la condena impuesta por el a quo, al considerar que la demandante superó el término de los 3 años para reclamar su derecho, por lo que se configuró la excepción de prescripción, de conformidad con lo establecido en el Decreto 3135 de 1968, reglamentado por el 1848 de 1969. Así mismo, adujo que existió mala fe de la actora, toda vez que solo hasta el escrito de subsanación de la demanda, señala que le fueron canceladas sus cesantías por valor de $23.252.062,131.
El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
El apoderado judicial de la entidad territorial se opuso a lo resuelto en la sentencia de primera instancia, bajo el argumento de la caducidad del medio de control al vencimiento de la oportunidad de 4 meses establecida en la ley, contados a partir de la notificación del acto administrativo. Por consiguiente, debido a que no se formuló la demanda dentro del término preclusivo, la administrada perdió la oportunidad de interponer el medio de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Arguyó que se configuró la prescripción, de acuerdo con el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, habida consideración que las peticiones elevadas por la demandante tendientes al reconocimiento de la sanción moratoria se presentaron cuando ya habían transcurrido más de 3 años desde la fecha en que se produjo el retiro de Contraloría Distrital de Barranquilla, época en la cual se hizo exigible la obligación.
Alegatos de conclusión.-
Parte demandante
Reiteró los argumentos expuestos en la impugnación y refirió que en atención a que el Distrito de Barranquilla está sometido a un Acuerdo de Reestructuración con fundamento en la Ley 550 de 1999, los términos de prescripción y caducidad quedan suspendidos.
Concepto del Ministerio Público.
La Procuradora Tercera Delegada ante el Consejo de Estado adujo que en el caso concreto se configuró la mora en el cumplimiento de la obligación hasta el 15 de julio de 2010 y con ocasión de la reclamación tardía, se encuentran prescritas las sumas causadas con anterioridad al 4 de junio de 2009.
En cuanto al argumento relativo a la suspensión del término prescriptivo en virtud del acuerdo de reestructuración, manifestó que la demandante no acreditó su participación dentro del proceso concursal; razón por la cual, no puede beneficiarse de las disposiciones establecidas en la Ley 550 de 1999, sino que debe someterse al mandato legal de la prescripción.
C O N S I D E R A C I O N E S
Problema jurídico.-
Conforme a los cargos formulados en el recurso de apelación interpuesto por las partes dentro del proceso, le corresponde a la Sala establecer en el caso concreto, el momento a partir del cual se causa la sanción por mora prevista en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, que establece el término para el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos y en tal virtud, determinar si en se configuró el fenómeno extintivo de la prescripción.
Resuelto lo anterior, se analizará como problema jurídico asociado si la Contraloría Distrital de Barranquilla al ser un órgano que goza de autonomía administrativa y presupuestal, es la entidad obligada al restablecimiento del derecho de la demandante.
Previo a resolver los problema jurídicos señalados en precedencia, se abordará el tema relacionado con la caducidad del medio de control, según lo afirmado por la entidad demandada en el escrito de impugnación, puesto que de encontrarse probada esta excepción, la Sala deberá abstenerse de hacer pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda.
De la caducidad del medio de control.-
La caducidad es uno de los llamados presupuestos procesales del medio de control, esto es, uno de aquellos requisitos que se deben acreditar, ab initio, para que se pueda instaurar la demanda. Dichas exigencias, por regla general, deben ser verificados en la primera etapa del proceso, es decir, en el momento del estudio para la admisión en la medida en que se debe propender por un control temprano del proceso.
El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, respecto de la oportunidad para interponer el medio de control previsto en el artículo 138 ibídem, señala:
“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:
(…)
En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(…)
d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales.” (Subrayas de la Sala)
De acuerdo con la disposición transcrita, la caducidad del medio de control ocurre cuando éste no se ejerce dentro de los 4 meses contados a partir del día siguiente a la fecha en que se efectuó la comunicación, notificación, ejecución o publicación del respectivo acto.
La Ley 640 de 5 de enero de 2001, por medio de la cual se regulan aspectos relacionados con la conciliación y entre otros, lo atinente a la suspensión de los términos de prescripción y caducidad, en el artículo 21 dispone:
“Art. 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que éste trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (Se destaca).
Cuando se presenta solicitud de conciliación, el término para contabilizar la caducidad, se suspende en las siguientes oportunidades, según el caso:
Hasta cuando haya acuerdo conciliatorio.
Hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que la ley así lo exija.
Hasta que se expidan las constancias previstas en el artículo 2º de la Ley 640 de 2001.
Hasta que se venza el término de 3 meses contemplado en el artículo 20 de la misma ley.
El mismo artículo 21 de la Ley 640 de 2001, al final señala que el término re inicia en cualquiera de las anteriores hipótesis (lo que ocurra primero), que la suspensión solo procede por una sola vez y que no se puede prorrogar.
El artículo 2º ibídem, contempla las constancias que el conciliador debe expedir al interesado indicando la fecha de presentación de la conciliación y de su celebración con la expresión sucinta del objeto de aquella; y por su parte el artículo 20 de la misma normatividad, se refiere a que la audiencia se debe intentar en el menor tiempo posible y que en todo caso tendrá que llevarse a cabo dentro de los 3 meses siguientes a la presentación de la solicitud.
El artículo 21 de la Ley 640 de 2001, contempla 4 eventos que pueden presentarse con el trámite de la conciliación: i) Que haya acuerdo conciliatorio; ii) que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que la ley así lo exija; iii) que se expidan las constancias previstas en el artículo 2º de la Ley 640 de 2001; y iv) que se venza el término de los 3 meses previsto en el artículo 20 de la misma ley.
En ese orden de ideas, para determinar si en el caso concreto se configuró la excepción de caducidad planteada por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla en la impugnación, la Sala precisa que se encuentran probados en el expediente, los siguientes fundamentos fácticos:
La señora María del Rosario de Fátima Jiménez López presentó sendas peticiones el 31 de mayo y 4 de junio de 2012 ante el Distrito de Barranquilla y la Contraloría Distrital, respectivamente; las cuales fueron negadas mediante los actos administrativos acusados, y comoquiera que se allegaron al proceso, sin constancia de notificación o comunicación, a efectos de de contabilizar el término para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se tendrá en cuenta la fecha de expedición del mismo, según se expone a continuación:
Identificación del acto
Autoridad administrativa
Fecha de expedición
Vencimiento del término para demandar
(4 meses)
Oficio 00820 de 12
Secretario de Hacienda Distrital del D.E.I.P. de Barranquilla
12/06/2012
16/10/2012
Oficio SG-012-001-0466-12
Secretario General de la Contraloría de Barranquilla
15/06/2012
El término de caducidad se suspendió con la presentación de la solicitud de conciliación ante la Procuraduría 117 Judicial II para Asuntos Administrativos de Barranquilla el 2 de agosto de 2012 y la constancia de la audiencia de conciliación que se declaró fallida se expidió el 25 de octubre de 2012. Por tanto, a partir del día siguiente, se reanudó el plazo para la presentación del medio de control, el cual vencía el 11 de enero de 2013, con ocasión de la vacancia de la Rama Jurisdiccional.
Así las cosas, debido a que la demandante presentó el medio de control el 10 de diciembre de 2012, esto es, dentro de la oportunidad legal prevista en el artículo 164, numeral 1º, literal d) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, se considera infundada la excepción de caducidad propuesta por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, tal y como se declarará en la parte resolutiva de esta providencia.
Solución del problema jurídico central.
Para resolver la controversia planteada, se abordará el análisis de los siguientes aspectos: (i) marco legal de la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995, modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2006; (ii) de la prescripción; (iii) antecedentes jurisprudenciales; (iv) de los atributos de las contralorías territoriales; y (v) análisis del caso concreto.
Marco legal de la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995, modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2006.
El auxilio de cesantía es una prestación social de creación legal que debe pagar el empleador al trabajador por los servicios prestados en el evento en que llegare a quedar cesante, con la finalidad de que atienda sus necesidades básicas (cesantías definitivas); o durante la vigencia del vínculo laboral (cesantías parciales), siempre que se cumplan determinados requisitos para su reconocimiento relacionados con educación, mejoramiento o compra de vivienda.
Por medio de la Ley 244 de 1995, el legislador estableció en cabeza de la entidad empleadora la obligación de liquidación, reconocimiento y pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos dentro de los 15 días siguientes a la solicitud del interesado, para lo cual deberá expedir la resolución correspondiente y tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles a partir de la fecha en que adquiera firmeza el acto de reconocimiento, so pena de que la entidad obligada deba pagar al titular un día de salario por cada día de retardo hasta su pago efectivo, en los siguientes términos:
Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley”.
“Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social.
Como se observa, la Ley 244 de 1995, en su artículo 1º, estableció un término perentorio para la liquidación de las cesantías definitivas, con el único fin de procurar un actuar oportuno de la administración en beneficio del administrado, de manera tal que así no se obtuviera respuesta frente al derecho prestacional –cesantía- reclamado, surgía la posibilidad de reclamar indemnización, evitando así que la falta de respuesta o aquella evasiva le ocasionara perjuicio al administrado.
La anterior disposición fue modificada por la Ley 1071 de 2006, cuyo objeto fue la reglamentación del reconocimiento de cesantías definitivas o parciales para los trabajadores y servidores del Estado. Igualmente, la adicionó para señalar que los miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios podrán solicitar el retiro parcial de sus cesantías parciales en los siguientes casos:
“1. Para la compra y adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente.
2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus hijos.”
Los artículos 4 y 5 ibídem establecieron los términos perentorios para la liquidación de las cesantías definitivas o parciales y la sanción moratoria en caso de incumplimiento, a saber:
“Artículo 4o. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
Artículo 5o. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.” (Negrillas y subrayas fuera del texto original).
De las normas transcritas, se concluye que toda entidad empleadora está en la obligación de liquidar, reconocer y pagar el auxilio de cesantías, bien porque el servidor público requiera un retiro parcial en los casos previstos en la ley o con ocasión de la terminación del vínculo laboral, de tal manera que su incumplimiento origina el derecho a la sanción moratoria a razón de un día de salario por cada día de retardo, para lo cual es suficiente acreditar la no cancelación dentro del término legal.
Así pues, dicha penalidad económica se concibe como una sanción a cargo del empleador moroso y a favor del empleado, establecida con el propósito de resarcir los daños que se causan a este último con el incumplimiento en el reconocimiento y pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía en los términos de la mencionada ley.
Ahora, la citada disposición si bien consagra el término en que debe la administración resolver la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas del servidor, también lo es que, dicha normativa condiciona el deber de expedir la respectiva resolución al cumplimiento de todos los requisitos determinados en la Ley.
En suma, los principales aspectos de la sanción prevista en la Ley 244 de 1995, son los enunciados a continuación:
Ley 244 de 1995
Aplicación
Servidores públicos de todos los órdenes, independientemente del régimen de liquidación del auxilio de cesantías.
Hecho generador
Incumplimiento del término para la liquidación, reconocimiento y pago de las cesantías definitivas o parciales.
Exigibilidad
• 15 días para la liquidación del auxilio de cesantías y expedición de la resolución correspondiente contados a partir de la presentación de la solicitud.
• 45 días para el pago del valor liquidado a partir de la fecha de firmeza del acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público.
De la prescripción.
La prescripción entendida como aquél fenómeno extintivo de derechos y obligaciones que opera por la omisión en el ejercicio de las acciones pertinentes una vez transcurrido el lapso de tiempo legal establecido para ello, a partir de la fecha de su exigibilidad, fue objeto de estudio por la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia de 25 de agosto de 2016, mediante la cual unificó el criterio jurisprudencial para señalar que en los asuntos relativos a sanción moratoria, se debe aplicar el artículo 151 del Código de Procedimiento laboral, que prevé:
“Artículo 151. Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual.” (Subrayas fuera del texto original).
De conformidad con la disposición transcrita, se establece que el término de prescripción de tres (3) años, se debe contar a partir de la fecha en que la obligación se hace exigible y la interrupción del término pero solo por un lapso igual, tiene lugar con el simple reclamo escrito del interesado, que para el caso de los empleados públicos deberá presentarse ante la autoridad competente acerca del derecho o la prestación pretendida.
La Sala reitera que la aludida sanción empieza a causarse, a partir del día siguiente al vencimiento del plazo de los 45 días que prevé el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 para el pago del auxilio de cesantías definitivas y su causación se prolonga hasta que se haga efectiva la obligación.
Antecedentes jurisprudenciales
Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de unificación de 27 de marzo de 2007, al resolver un recurso de apelación en el cual se debatió el monto de la indemnización moratoria con ocasión del pago tardío de las cesantías definitivas al actor, abordó el tema relativo al conteo de los términos de que trata la Ley 244 de 1995, para señalar:
“(…)
En suma, es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen las cesantías definitivas y no a la fecha de reclamación de las mismas o, en este caso, la de la solicitud de reliquidación, el hito que debe servir de punto de partida para contar el número de días a efectos de determinar el monto de la indemnización moratoria.
(…)
Cuando la Administración resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías en forma tardía (…) el tiempo a partir del cual comienza el término para que se genere la indemnización moratoria será la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir, quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más cinco (5) días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento de que la resolución de reconocimiento hubiere sido expedida, con la salvedad a que alude el mismo precepto, para un total de 65 días hábiles, transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria.” (Resaltado y subrayas fuera del texto original).
Ahora bien, la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación en fallo de 6 de marzo de 2008, señaló que una vez efectuada la liquidación y reconocimiento de las cesantías definitivas, la obligación en cabeza de la entidad empleadora es pagarlas en su totalidad, de tal suerte que su incumplimiento, ya sea total o parcial, da lugar a la penalidad.
Igualmente, esta Subsección mediante sentencia de 4 de febrero de 2016, ha sostenido que conforme la normatividad, se tiene que la sanción tiene lugar cuando la administración incurre en mora en el pago de las cesantías, bien sea que previamente hayan sido liquidadas mediante acto administrativo debidamente ejecutoriado, o en aquellos eventos en que la administración no se pronuncie o se lo haga tardíamente frente a la solicitud del pago del auxilio de cesantía, salvo los casos previstos por la ley para su retención.
De los atributos de las contralorías territoriales.
El artículo 267 de la Constitución Política estableció que la Contraloría General de la República es el organismo encargado de ejercer el control fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, en los siguientes términos:
“Artículo 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.
(…)
La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización.
Ahora bien, por mandato constitucional, al igual que la Contraloría General de la República, las contralorías distritales y municipales son entidades de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa y presupuestal, que en ningún caso podrán realizar funciones distintas a las inherentes a su propia organización. En este orden, la Carta Política señaló que:
“Artículo 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva.
La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales.
Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal.
Igualmente les corresponde elegir contralor para período igual al del gobernador o alcalde, según el caso, de ternas integradas con dos candidatos presentados por el tribunal superior de distrito judicial y uno por el correspondiente tribunal de lo contencioso-administrativo.
Ningún contralor podrá ser reelegido para el período inmediato.
Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr009.html" \l "268" \t "_blank" 268 y podrán, según lo autorice la ley, contratar con empresas privadas colombianas el ejercicio de la vigilancia fiscal.” (Subrayado fuera de texto original).
En desarrollo de la disposición transcrita, el artículo 66 de la Ley 42 de 1993, dispuso que las asambleas y concejos distritales y municipales deberán dotar a las contralorías de su jurisdicción, de autonomía presupuestal, administrativa, y contractual, de manera que les permita cumplir con sus funciones como entidades técnicas.
Posteriormente, la Ley 330 del 12 de diciembre de 1996, en el artículo 2º reprodujo de manera literal el inciso 3º del artículo 272 de la Norma Superior y previó que corresponde a las contralorías departamentales ejercer la función pública de control fiscal en su respectiva jurisdicción, de acuerdo con los principios, sistemas y procedimientos establecidos en la Constitución y la ley.
Por otro lado, la Ley 617 de 2000 cuyo objeto fue la racionalización del gasto público y en virtud del cual supeditó la existencia de las contralorías municipales y distritales a la capacidad económica de los municipios y distritos y previó que la contraloría departamental debe asumir la vigilancia de la gestión fiscal en los municipios o distritos que carezcan de ente fiscalizador, a saber:
“Articulo 21. Creación y supresión de contralorías distritales y municipales. El artículo 156 de la Ley 136 de 1994, quedará así:
Artículo 156. Creación y supresión de Contralorías distritales y municipales. Únicamente los municipios y distritos clasificados en categoría especial y primera y aquellos de segunda categoría que tengan más de cien mil (100.000) habitantes, podrán crear y organizar sus propias Contralorías.
Las contralorías de los municipios y distritos a que se refiere el inciso anterior deberán suprimirse cuando se establezca la incapacidad económica del municipio o distrito para financiar los gastos de funcionamiento del órgano de control fiscal, refrendada por la Contaduría General de la Nación.
(…)".
El artículo 3º de la Ley 1416 de 2010, mediante la cual se dictaron normas para el fortalecimiento del control fiscal de las contralorías del nivel territorial, contempló la siguiente disposición:
“Artículo 3o. En desarrollo del fortalecimiento, garantía y salvaguarda del control fiscal territorial, las entidades territoriales correspondientes, asumirán de manera directa y con cargo a su presupuesto el pago de las conciliaciones, condenas, indemnizaciones y cualquier otra forma de resolución de conflictos de las Contralorías, sin que esto afecte el límite de gastos del funcionamiento en la respectiva Contraloría Territorial.” (Subrayado fuera del texto).
La Corte Constitucional mediante sentencia C-643 de 2012, Magistrado Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, al resolver una demanda de inconstitucionalidad contra la norma citada en precedencia, resolvió declarar su inexequibilidad al considerar que en primer lugar, vulneraba los principios de moralidad y eficacia de la función pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política al desestimular drásticamente la eficiencia en el manejo presupuestal y en la gestión administrativa de las contralorías; e igualmente, desconoció la autonomía de las entidades territoriales y las competencias de sus autoridades, según lo dispuesto en los artículos 1º y 287 ibídem, por cuanto su aplicación deriva en un aumento de los costos de la administración territorial.
De las disposiciones señaladas, se concluye que si bien las contralorías gozan de autonomía administrativa y presupuestal, carecen de recursos propios de financiación, los cuales provienen de la entidad territorial que mantiene su unicidad como persona jurídica, sin que ello implique el deber la misma de asumir obligaciones derivadas de providencias judiciales y mecanismos de resolución de conflictos que impongan condenas al órgano de control fiscal, por cuanto se reitera, se trata de una entidad autónoma del orden territorial.
En lo concerniente a la autonomía administrativa y técnica de los organismos de control fiscal de las entidades territoriales, esta Subsección mediante fallo de 24 de julio de 2008 señaló que las contralorías departamentales no ostentan el atributo de la personalidad jurídica y por ende, no pueden comparecer por sí mismas al proceso sino a través del departamento, distrito o municipio respecto del cual ejercen el control fiscal, sin que por ello las entidades territoriales sean competentes para resolver las peticiones relativas a las prestaciones sociales derivadas de las relaciones laborales de dichos organismos, puesto que la autonomía administrativa y presupuestal de los entes de fiscalización implica la facultad de resolver, con arreglo a las leyes, los asuntos internos para el debido funcionamiento del organismo, entre los cuales se encuentra el resolver las diferentes solicitudes que eventualmente formulen sus empleados o ex empleados.
Esta posición fue reiterada por esta Sala a través de providencia de 22 de enero de 2015, en el cual se discutió en cabeza de quién se debía imponer el reconocimiento y pago de la sanción moratoria derivada del pago tardío de las cesantías definitivas de un ex empleado de la contraloría distrital. Al abordar el tema objeto de análisis, se consideró que aunque el Distrito es la persona jurídica y en tal sentido, tiene capacidad para comparecer al proceso, no por ello está obligado a asumir con cargo a su presupuesto, las obligaciones emanadas de los vínculos laborales originados en una relación legal y reglamentaria con la contraloría distrital, en virtud de los atributos de dichas entidades técnicas.
En conclusión, la Sala considera que la Constitución Política y las leyes que reproducen los mandatos constitucionales que les conceden autonomía administrativa y presupuestal a los organismos que dentro del ámbito de su jurisdicción deberán ejercer la vigilancia de la fiscalización de la actividad administrativa del nivel local y al efecto, les atribuyó las mismas características de la Contraloría General de la República, para desarrollar actividades administrativas inherentes a su propia organización, verbi gratia, la facultad de resolver las reclamaciones que se originen de las relaciones laborales al interior de dichos órganos autónomos del Estado.
Lo anterior, sin desconocer que la personería jurídica está en cabeza del ente territorial, en tanto los organismos de control fiscal carecen de tal atributo, pese a que la representación judicial corresponde al respectivo contralor, conforme lo dispuesto en el artículo 159 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011.
Del análisis del caso concreto.
En el sub júdice, el A quo declaró parcialmente probada la excepción de prescripción, la nulidad de los actos administrativos demandados y condenó al Distrito de Barranquilla – Contraloría Distrital, al reconocimiento y pago de la sanción moratoria desde el 4 de junio de 2009 hasta el 15 de julio de 2010.
La actora impugnó la sentencia por considerar que el a quo contabilizó de manera errada el término prescriptivo, el cual inicia desde la fecha en que el empleador moroso efectúa el pago del auxilio de cesantías adeudado y que se encuentra suspendido de conformidad con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 550 de 1990, debido a la ejecución del acuerdo de reestructuración; razón por la cual, deberá condenarse de manera solidaria a las entidades demandadas al reconocimiento de la aludida sanción.
De otro lado, el Distrito de Barranquilla y el órgano de control fiscal adscrito a este, manifiestan que no hay lugar a la condena, comoquiera que las reclamaciones tendientes al reconocimiento de la sanción moratoria se presentaron cuando ya habían transcurrido más de 3 años desde la fecha en que se produjo el retiro de Contraloría Distrital de Barranquilla, por lo que se configuró el fenómeno extintivo de la prescripción.
Así las cosas, se procederá a efectuar una valoración de los elementos de prueba a través de los cuales el actor demostró en la primera instancia que el Distrito de Barranquilla le pagó de manera tardía las cesantías definitivas, para posteriormente analizar si en efecto se configuró el fenómeno extintivo respecto de la sanción pretendida en atención a la fecha de presentación de la solicitud en sede administrativa.
La parte actora aportó con la demanda, copia auténtica de la Resolución 0280 de 15 de noviembre de 2006 expedida por Contralor Distrital, acto administrativo en el que se reconoció el valor liquidado por concepto de cesantías definitivas, entre otras prestaciones sociales, correspondiente al período comprendido entre el 1º junio de 2004 y el 8 de junio de 2006, por la suma de $2’049.920 y ordenó prevenir a la Dirección Financiera de la entidad a fin de que realizara las “(…) retenciones autorizadas mediante libranza a favor de Cooproml por valor de $3.393.000. (…)”.
Según se observa en dicho acto administrativo, su contenido se notificó personalmente a la demandante el 30 de noviembre de 2006, sin que la misma interpusiera recurso alguno contra la decisión, por lo que adquirió firmeza el 7 de diciembre de 2006, de conformidad con artículo 51 del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, por ser la norma vigente para la fecha en que se produjo la actuación administrativa.
Igualmente, aportó copia de la consignación de depósitos judiciales de fecha 15 de julio de 2010, efectuada por el Distrito de Barranquilla a nombre de la señora María del Rosario Jiménez López por concepto de “(…) pago de la Resolución 0280-2006 (…)”, correspondiente al valor de $729.063.
El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante auto de 18 de febrero de 2013, inadmitió la demanda al encontrar incongruencia entre lo solicitado en sede administrativa respecto de las pretensiones del medio de control, por lo que la parte actora al subsanar la demanda solicita el pago de la sanción moratoria hasta “(…) 15 de julio de 2010, fecha en que se efectuó el pago de las cesantías y demás prestaciones sociales, (…)”
La mandataria judicial de la Contraloría Distrital de Barranquilla al pronunciarse frente a los hechos de la demanda, coincidió en señalar que el pago se hizo efectivo el 15 de julio de 2012 y aportó copia del depósito señalado en precedencia.
En ese orden de ideas, se acreditó que el pago del valor liquidado por concepto de cesantías definitivas tuvo lugar el 15 de julio de 2010, el cual constituye un fundamento fáctico en el que están de acuerdo las partes.
Por consiguiente, en atención que el órgano de control fiscal demandado ordenó el reconocimiento de la prestación social – cesantías definitivas-, a través de la Resolución 0280 de 15 de noviembre de 2006, cuya ejecutoria tuvo lugar el 7 de diciembre de 2006 y solo hasta el 15 de julio de 2010, se realizó el pago del valor adeudado, se analizará el momento a partir del cual se causó la sanción derivada del incumplimiento de la administración.
Como se señaló ab initio de estas consideraciones, el término para el cumplimiento de la obligación prevista en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, se contabiliza a partir de la firmeza del acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas, vale decir, cuando no se interpongan recursos contra el mismo, cuando se renuncie expresamente a ellos o cuando los recursos interpuestos se hayan decidido, salvo en los eventos en que la administración no se pronuncie frente a la solicitud del pago del auxilio de cesantía o lo haga de forma tardía, en los que el término para el cálculo de la indemnización moratoria comenzará a computarse una vez transcurridos 70 días después de la radicación de la petición (los cuales se discriminan así: 15 días para expedir el acto de reconocimiento, 10 más que corresponden al término de la ejecutoria y finalmente, los 45 días para la cancelación de la prestación social).
En suma, la Sala concluye que como lo señaló el a quo, el término perentorio de que trata el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006, venció 14 de febrero de 2007, esto es, los 45 días hábiles siguientes al 7 de diciembre de 2006 (fecha de ejecutoria del acto administrativo de reconocimiento); por consiguiente, la penalidad se originó a partir del 15 de febrero de 2007 hasta el 15 de julio de 2010, cuando se hizo efectivo el cumplimiento de la obligación, de acuerdo con la valoración del material probatorio que obra en el expediente.
No obstante, como lo alegan las entidades demandadas, es necesario analizar si la demandante reclamó dentro de la oportunidad prevista en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el derecho originado con ocasión del incumplimiento de la administración.
En este punto, es necesario señalar que pese a que dentro del expediente se observan dos solicitudes elevadas respectivamente ante el Distrito de Barranquilla y la contraloría distrital, deberá tenerse en cuenta la presentada ante este último organismo, por ser la autoridad competente para decidir la actuación administrativa iniciada en ejercicio del derecho de petición en interés particular.
Lo anterior, con fundamento en la autonomía presupuestal y administrativa que por disposición constitucional y legal se les atribuyó, es decir, la facultad de manejar asuntos de gestión interna, tales como la organización de los servicios públicos, la administración de sus bienes y la solución de todos los problemas que surjan en desarrollo de sus actividades y, finalmente, la decisión de las peticiones derivadas de los vínculos laborales celebrados con dicho organismo de control fiscal del distrito.
En tal virtud, si bien las contralorías carecen de recursos propios de financiación, los cuales provienen de los departamentos, municipios o distritos, que mantiene su unicidad como persona jurídica, las entidades territoriales no tienen la obligación de asumir el pago de las condenas derivadas de vínculos laborales en virtud de la autonomía administrativa y presupuestal que por disposición constitucional les fue atribuida y tampoco existe una norma que les imponga dicha obligación, comoquiera que el artículo 3 de la Ley 1416 de 2010 fue declarado inexequible por desconocer la norma superior.
En consecuencia, en el presente caso deberá modificarse la decisión de primera instancia, en el sentido de condenar al restablecimiento del derecho única y exclusivamente de la Contraloría Distrital de Barranquilla, por tratarse de una obligación derivada de la relación legal y reglamentaria que existió con la demandante.
Señalado lo anterior y atendiendo a que la reclamación en sede administrativa se efectuó hasta el 4 de junio de 2012, cuando ya habían transcurrido más de 3 años a partir de la fecha en que se generó la sanción por mora, se configuró la prescripción de los valores causados por dicho concepto con anterioridad al 4 de junio 2009, conforme a la norma que en virtud del criterio unificador de la Sección Segunda regula lo concerniente a la reclamación de la referida penalidad.
Finalmente, en lo concerniente al argumento del demandante relativo que en sub lite no hay lugar a la declaratoria del fenómeno extintivo, según los postulados del artículo 58 de la Ley 550 de 1990, en virtud de la ejecución de un acuerdo de reestructuración, la Sala precisa que la apelante no acreditó su la vinculación como acreedora dentro del proceso concursal, por lo que más allá de ser una afirmación contra la providencia recurrida, no existen elementos que permitan llegar a la validez de dicho aserto, razón suficiente para que no prospere el cargo formulado.
Así las cosas, la Sala con fundamento en los argumentos expuestos confirmará parcialmente la sentencia de 20 de enero de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por la señora María del Rosario de Fátima Jiménez López, con excepción de los numerales primero y tercero de la parte resolutiva, los cuales se modifican, como se expone a continuación:
• El numeral primero, en cuanto declaró parcialmente probada de oficio la excepción de prescripción sin establecer de manera clara qué porciones se encontraban afectadas y en atención a que previo a ello, es procedente declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.
En su lugar, se declarará no probada la excepción de caducidad del medio de control propuesta por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, de acuerdo con los argumentos expuestos.
• El numeral tercero, para señalar que el restablecimiento del derecho corresponde únicamente a la Contraloría Distrital de Barranquilla, entidad que deberá ser condenada a la sanción por mora a razón de un día de salario por cada día de retardo desde el 4 de junio de 2009 hasta el 15 de julio de 2010, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de 20 de enero de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por la señora María del Rosario de Fátima Jiménez López, con excepción de los numerales primero y tercero de la parte resolutiva, los cuales se modifican y en su lugar, se dispone:
“PRIMERO: Declarar no probada la excepción de caducidad del medio de control propuesta por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, por la razones expuestas.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Contraloría Distrital de Barranquilla al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, a razón de un día de salario por cada día de retardo desde el 4 de junio de 2009 hasta el 15 de julio de 2010, conforme se expuso en la parte motiva de esta sentencia.
Declarar probada la excepción de prescripción de la sanción moratoria respecto de las porciones de sanción moratoria causadas con anterioridad al 4 de junio de 2009, según las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.”
SEGUNDO: Por Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Folios 3 y 4 del plenario.
Señala que fue notificada el 30 de noviembre de 2006.
Folios 4 a 6 del expediente.
Según se observa a folio 49.
Folios 51 a 58 del expediente.
Según se observa a folio 40 del expediente.
“Artículo 172. Traslado de la demanda. De la demanda se correrá traslado al demandado, al Ministerio Público y a los sujetos que, según la demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso, por el término de treinta (30) días, plazo que comenzará a correr de conformidad con lo previsto en los artículos HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr004.html" \l "199" 199 y HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr004.html" \l "200" 200 de este Código y dentro del cual deberán contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía, y en su caso, presentar demanda de reconvención”
“Artículo 612. Modifíquese el Artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr004.html" \l "199" 199 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:
Artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr004.html" \l "199" 199. Notificación personal del auto admisorio y del mandamiento de pago a entidades públicas, al Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a particulares que deban estar inscritos en el registro mercantil.
(…)
En este evento, las copias de la demanda y de sus anexos quedarán en la secretaría a disposición del notificado y el traslado o los términos que conceda el auto notificado, sólo comenzarán a correr al vencimiento del término común de veinticinco (25) días después de surtida la última notificación.
(…)”
Folios 160 a 168 del expediente.
Folios 185 a 189 del expediente.
Al respecto citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 3 de noviembre de 2011. C.P.: Víctor Hernando Alvarado Ardila. Rad. 0686-2011.
Folios 183 y 184 del expediente.
Folios 196 a 201 del expediente.
Folios 249 y 250 del plenario.
Folios 262 a 266 del expediente.
“Artículo 138. Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”
“Artículo 2o. Constancias. El conciliador expedirá constancia al interesado en la que se indicará la fecha de presentación de la solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, y se expresará sucintamente el asunto objeto de conciliación, en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo.
2. Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia. En este evento deberán indicarse expresamente las excusas presentadas por la inasistencia si las hubiere.
3. Cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de conciliación, y el asunto de que se trate no sea conciliable de conformidad con la ley. En este evento la constancia deberá expedirse dentro de los 10 días calendario siguientes a la presentación de la solicitud.
En todo caso, junto con la constancia se devolverán los documentos aportados por los interesados. Los funcionarios públicos facultados para conciliar conservarán las copias de las constancias que expidan y los conciliadores de los centros de conciliación deberán remitirlas al centro de conciliación para su archivo.
Folio 15.
Folio 14.
Folio 18.
Folio 16.
Folio 11.
“Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 15 y 20 de 1972, los Decretos 250 y 762 de 1970, 546 de 1971 y 717 de 1978, y otras disposiciones sobre administración del personal de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de las Direcciones de Instrucción Criminal.
(…)
Artículo 107. Para efectos legales, los días de vacancia en la Rama Jurisdiccional, el Ministerio Público y las Direcciones Seccionales de Instrucción Criminal, son los siguientes:
a). Los domingos, los días festivos cívicos o religiosos que determine la ley, y los de Semana Santa, salvo para los Juzgados de Instrucción Criminal, los Juzgados de Instrucción Penal Aduanera, los Juzgados Penales y Promiscuos de Menores y las Direcciones Seccionales de Instrucción Criminal, que deberán prestar sus servicios los días lunes, martes y miércoles de dicha semana.
b). Los días comprendidos entre el 20 de diciembre de cada año y el diez (10) de enero siguiente, inclusive, lapso en el cual los funcionarios y empleados, con las excepciones que se indican en el artículo siguiente, disfrutarán colectivamente de las vacaciones anuales.”
“Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.”
“Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación”.
Igualmente dispuso su aplicación a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.
C.P.: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero.
Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de unificación de 27 de marzo de 2007 (IJ). Rad. 76001-23-31-0002000-02513-01. C.P.: Jesús María Lemos Bustamante.
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 6 de marzo de 2008. Rad. 47001-23-31-000-2002-00266-01(0875-06). C. P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Sentencia de 4 de febrero de 2016. Rad. 680012333000201300035-01 (1203-2014). C. P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
“Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen”
“Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 308 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones relativas a las Contralorías Departamentales”.
“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”
La Corte Constitucional mediante sentencia C-837/01 declaró exequible entre otros, el artículo 21 de la ley 617 de 2000 en relación con los artículos 119, 267 y 272 de la Constitución. M. P.: Dr. Jaime Araujo Rentería
“Por medio de la cual se fortalece al ejercicio del control fiscal.”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 24 de julio de 2008. Rad.: 19001233100020030131601(1626-2006) C. P.: Dr. Gerardo Arenas Monsalve.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Fallo de 22 de enero de 2015. Rad. 25000-23-25-000-2011-01324-01(3077-13). C. P.: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Ver entre otros: Auto interlocutorio de 21 de abril de 2016 proferido por la Subsección A de la Sección Segunda, Rad. 08001-23-33-000-2013-00632-01(2436-14). C. P.: Dr. William Hernández Gómez.
“Artículo 159. Capacidad y representación.
(…)
Las entidades y órganos que conforman el sector central de las administraciones del nivel territorial están representadas por el respectivo gobernador o alcalde distrital o municipal. En los procesos originados en la actividad de los órganos de control del nivel territorial, la representación judicial corresponderá al respectivo personero o contralor.”
Folios 12 y 13.
“Artículo 51.
(…)
Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos procedentes, la decisión quedará en firme. (…)”
Folio 17.
Folios 22 a 25.
Folio 29.
Folio 81.
“Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.”
Artículo 2º de la Ley 244 de 1995, modificado por el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006.
Según se observa a folio 14.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.