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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-01761-01

Fecha
19 de mayo de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-01761-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 11 de junio de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (sala de oralidad), que accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor Walter Contreras Terán contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil), conforme a lo consignado en la parte motiva. 2º. Revócase el ordinal tercero de la parte decisoria del fallo de primera instancia, que declaró la nulidad parcial de la Resolución 141 de 10 de febrero de 2017, que reconoció las cesantías definitivas, y anuló el acto ficto derivado del silencio administrativo frente al recurso de reposición interpuesto; y ordenó «[m]odificar el sueldo básico devengado en el año 2002, para reliquidar las cesantías definitivas, pues el incremento realizado por el Decreto 745 de 2002, en aplicación del principio de oscilación, fue inferior al realizado con el IPC en el mismo año», y la «inclusión del aumento del 50%, desde el año 2000, sobre el porcentaje de la prima de actividad que se debe ajustar, entre los años 2003 a 2012, a los lineamientos establecidos en el Decreto 1211 de 1990, para reliquidar las cesantías definitivas», por las razones expuestas. 29 Expediente: 76001-23-33-000-2017-01761-01 (1274-2021) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Walter Contreras Terán contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otro 3°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2017-01761-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

19 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 76001-23-33-000-2017-01761-01 (1274-2021)
Demandante : Walter Contreras Terán
Demandada : Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada
Nacional y Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(Cremil)
Temas : Reajuste de salario y de asignación de retiro conforme al
índice de precios al consumidor (IPC); porcentaje de
liquidación de la prima de antigüedad en la asignación de
retiro; régimen de cesantías de los miembros de la fuerza
pública que ingresaron después del 25 de mayo de 2000;
sanción moratoria por pago tardío de cesantías definitivas

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por la parte
accionada y el demandante contra la sentencia de 11 de junio de 2020 proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (sala de oralidad), mediante
la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del
epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 84 a 124 c.1). El señor Walter Contreras Terán, a
través de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Armada Nacional y la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares (Cremil), para que se acojan las pretensiones que en el apartado
siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se «[…] aplique la EXCEPCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD[1]»; y se declare la nulidad de los actos fictos

1
Respecto de: «[…] el artículo 1, ítem Suboficiales, de los Decretos 122 de 1997, 058 de 1998, 062 de 1999,
2724 de 2002, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923 de 2005,407 de 2006, 1515 de
2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050 de 2011, 846 de 2012, 1017 de 2013, 187 de 2014, 1028
de 2015, 214 de 2016 y 948 de 2017 […], el artículo “158 y parágrafo” y sobre el aparte “tomando como base
las partidas señaladas en el artículo 158 del presente Estatuto” del literal a del artículo 191, del Decreto 1211

Expediente: 76001-23-33-000-2017-01761-01 (1274-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Walter Contreras Terán contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional y otro

originarios de la Nación – Ministerio Defensa Nacional – Armada Nacional,
producto del silencio administrativo ante las reclamaciones de 21 de febrero y
«12 de julio de 2017» respecto de la reliquidación de cesantías por tiempo de
servicio y la «[…] sanción moratoria por pago tardío de las prestaciones
sociales y derechos laborales»; las Resoluciones 7414 de 25 de octubre de
2016, que le reconoció al actor una asignación de retiro, y 7791 de 15 de
noviembre siguiente, que reajustó tal prestación; y los oficios 2017-12309 de
11 de marzo y 2017-67391 de 25 de octubre, ambos de 2017, por los cuales se
negó el ajuste de su asignación de retiro, proferidos por la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
condene a la parte demandada a «[…] reliquidar la Hoja de Servicios del [actor]
y dentro de ella incluir para efectos de liquidar las prestaciones Unitarias y la
Asignación de Retiro […] el 1.65% adicional por rezago del IPC frente a los
aumentos por oscilación en la asignación básica de cada uno de los grados
militares que ostentó […] desde el momento mismo de escalafonarse como
Suboficial y hasta su retiro de la entidad […]; todos los tiempos de servicio
(Servicio Militar Obligatorio-reentrenamiento para Infante de Marina
Voluntario-Infante de Marina Voluntario-Suboficial - 3 meses de alta - tiempo
diferencial favorable por año de servicio) para efectos de reconocer las
Cesantías por Tiempo de Servicio de manera retroactiva con todos los factores
devengados en sus máximos porcentajes en actividad dentro de la nómina
devengada al momento de su retiro como Suboficial, incluyendo el factor
salarial de Prima de Antigüedad en el 30% de la asignación básica del grado,
la Prima de orden Público, Partida de Alimentación en Orden Público, Jinetas
de buena conducta, doceavas partes de las primas de Servicios, de vacaciones
y de navidad como factores para tal prestación [y] para efectos de reconocer
la Asignación de Retiro con todos los factores devengados en sus máximos
porcentajes en actividad dentro de la nómina devengada al momento de su
retiro como Suboficial, incluyendo el factor salarial de Prima de Antigüedad
en el 30% de la asignación básica del grado, la Prima de orden Público,
Partida de Alimentación en Orden Público, Jinetas de buena conducta,
doceavas partes de las primas de Servicios, de vacaciones y de navidad como
factores para tal prestación» (sic).

Asimismo, se le ordene sufragar las sumas de: «[…] $60'000.000, o el valor
más favorable que resulte probado de la operación aritmética y reliquidación

de 1990 […], los apartes “se liquidarán según corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas” y
sobre todo el parágrafo, del artículo 13, del Decreto 4433 del año 2004 […]» (sic).
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Walter Contreras Terán contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional y otro

salarial que por tal derecho arroje peritaje, derivados de la reliquidación del
1.65% adicional por rezago de IPC […]; $131’263.318, por concepto de
Cesantías por Tiempo de Servicio por 30 años de servicio […]; los intereses de
ley causados y que se causen sobre el capital de $131’263.318 de las Cesantías
a partir del 27 de noviembre del año 2016 y hasta el día de pago efectivo […];
$45’508.763, como sanción moratoria contemplada en la ley 244 de 1995 y ley
1070 de 2006 causada hasta el 14 de noviembre del año 2017 por el no pago
extemporáneo de las Cesantías […]; $46’838.006, por el pago extemporáneo
del Subsidio Familiar […] y reliquidación que por tal derecho arroje peritaje,
derivados de la sanción moratoria contemplada en la ley 244 de 1995 y ley
1070 de 2006 […]; $7’498.474,23 del Subsidio Familiar a partir del 16 de
noviembre del año 2016 y hasta el día de pago efectivo […]; $70’701.523,
derivados de las mesadas causadas entre el 24 de agosto del año 2016 al 31 de
octubre del año 2017 […]; $4’156.672 como mesada por asignación de retiro
a partir del mes de noviembre de 2017 […]» (sic); o subsidiariamente los
valores que en relación con las precitadas prestaciones resulten probados en el
proceso.

Por último, solicita el pago de los correspondientes daños materiales y morales,
indexar las sumas adeudadas y dar cumplimiento a la sentencia en los términos
de los artículos 187, 188, 192 y 195 del CPACA; por último, se le condene en
costas a la accionada.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el demandante que se incorporó a la Armada
Nacional desde el 1° de junio de 1987 y ocupó los grados de infante de marina
regular (servicio militar obligatorio), infante de marina voluntario y suboficial;
permaneció en la institución hasta el 24 de mayo de 2016, más los tres meses
de alta, y su retiro definitivo del servicio fue el 24 de agosto del mismo año.

Que la dirección de personal de la Armada Nacional expidió las hojas de
servicios 4-73546090 de 20 de septiembre y 20 de octubre de 2016, que no
fueron notificadas y aunque registran los tiempos de servicio, «[…] no fueron
tenidos en cuenta de manera unificada […]» ni tuvo en cuenta todos los factores
salariales devengados, por ello se liquidó en forma errónea sus cesantías;
aspectos por los cuales presentó reclamaciones de 21 de febrero y «12 de julio
de 2017», para obtener la reliquidación de dicha prestación y el pago de sanción
moratoria, pero no fueron resueltas por la dependencia competente.

Arguye que, con fundamento en los errores contenidos en la hoja de servicios,
la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le reconoció asignación de retiro, con

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Resolución 7414 de 25 de octubre de 2016; luego, por Resolución 7791 de 15
de noviembre siguiente, la modificó en cuanto al porcentaje de la prima de
antigüedad, y mediante oficios 2017-12309 de 11 de marzo y 2017-67391 de
25 de octubre, ambos de 2017, negó su reajuste.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos administrativos acusados los artículos 13, 25, 48, 53, 83,
150 y 217 de la Constitución Política; y 1 a 10 de la Ley 4ª de 1992; la Ley 923
de 2004 y los Decretos 94 de 1989, 1211 de 1990 y 4433 de 2004.

Aduce que con base en el principio de oscilación se estableció porcentualmente
los aumentos del sueldo básico para cada grado que desempeñó como suboficial
«del 1° de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2004», con lo que se desconoció
el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario y las prestaciones
sociales.

Por otra parte, nunca hubo ruptura del vínculo laboral, por lo que sus cesantías
debieron ser liquidadas de forma íntegra desde su vinculación hasta su retiro,
según los grados y escalafón que ocupó y con la totalidad de los factores
devengados en cada uno de ellos, pues disfrutaba de un régimen de cesantías
retroactivas hasta el fin de su relación laboral.

Por último, en cuanto a la liquidación de su asignación de retiro, arguye que se
deben incluir todos los factores salariales devengados durante el último año de
servicios, tal como lo determina la jurisprudencia vigente sobre ese aspecto.

1.5 Contestación de la demanda.

1.5.1 Nación - Ministerio de Defensa Nacional (ff. 134 a 152 c.1). Esta cartera,
a través de apoderado, asevera que las asignaciones de retiro se liquidan con
aplicación del principio de oscilación, el cual dispone que se deben tener en
cuenta las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones
del personal en actividad para cada grado, tal como lo prevé el Decreto 1211 de
1990, y el actor pretende que se inapliquen unos decretos que fueron expedidos
por el Gobierno nacional y, en su lugar, se le reconozcan unos derechos
presuntamente vulnerados, pero no fueron reclamados oportunamente.

Aclara que el reajuste de la asignación de retiro con base en el IPC se reconoció
jurisprudencialmente a los miembros de la fuerza pública que ya devengaban
dicha prestación, mas no a favor de quienes permanecían en servicio activo
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entre 1997 y 2004.

1.5.2 Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Pese a haber sido notificada
en legal forma, guardó silencio en esta etapa procesal.

1.6 Providencia apelada (ff. 198 a 213 c.1). El Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca (sala de oralidad), mediante sentencia de 11 de junio de 2020,
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al
considerar que no hay lugar al reajuste pretendido conforme al IPC, puesto que
para los años reclamados el actor se encontraba en servicio activo y tampoco es
dable reliquidar la asignación de retiro con «[…] inclusión de todos los factores
salariales devengados en actividad, entre ellos la prima de orden público, la
partida de alimentación en orden público y las jinetas de buena conducta, entre
otros […] pues no hacen parte, en primer lugar de los aportes que en actividad
realizó el suboficial para la asignación de retiro (artículo 17 del Decreto 4433
de 2004) y, en segundo orden, porque no están incluidas […] para su
liquidación (artículo 13 ibidem)» [sic].

En lo referente a los porcentajes de las partidas computables para la asignación
de retiro, sostiene que el reconocido respecto de la prima de actividad sí
computa la totalidad de tiempos de labor pues, de conformidad con el Decreto
214 de 2016, devengó en actividad el 49.5% por tal concepto, que fue lo que se
incluyó de esa partida. No obstante, frente a la prima de antigüedad, el
demandante tiene derecho a que se compute ese factor en un 38.5%, acorde con
los 29 años de servicios acreditados, y no como lo reajustó Cremil en la
Resolución 7791 de 15 de noviembre de 2016, con el 17%.

Como consecuencia de lo anterior, declaró la nulidad parcial de las
Resoluciones 7414 de 25 de octubre de 2016, que le reconoció al actor una
asignación de retiro, y 7791 de 15 de noviembre siguiente, que reajustó esa
prestación, y los oficios 2017-12309 de 11 de marzo y 2017-67391 de 25 de
octubre, ambos de 2017, por los cuales se negó su reliquidación, todos
proferidos por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares; y, como
restablecimiento del derecho, dispuso «la inclusión del 38% de la prima de
antigüedad para la liquidación de la asignación de retiro».

Respecto del ajuste de las cesantías definitivas, afirma que (i) hay lugar «[…] a
modificar el sueldo básico devengado en el año 2002, para reliquidar las
cesantías definitivas, pues el incremento realizado por el Decreto 745 de 2002,
en aplicación del principio de oscilación fue inferior al realizado con el IPC en
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Expediente: 76001-23-33-000-2017-01761-01 (1274-2021)
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ese mismo año» (sic); y (ii) también le asiste derecho a que «[…] se compute la
prima de actividad , para la liquidación de las cesantías definitivas con el 30%
por los 29 años de servicios, incrementada en un 50% cuyo aumento daría
lugar a un 45% [incremento que] no se aplicó desde el año 2000- cuando
empezó a devengar prima de actividad como suboficial- y los porcentajes para
su reconocimiento, desde el 2003 hasta el 2012, no se ajustaron al decreto 1211
de 1990 […]».

Por tanto, anuló parcialmente la Resolución 141 de 10 de febrero de 2017, que
concedió las cesantías definitivas y declaró la nulidad del acto ficto derivado
del silencio administrativo frente al recurso de reposición interpuesto; y ordenó
«[m]odificar el sueldo básico devengado en el año 2002, para reliquidar las
cesantías definitivas, pues el incremento realizado por el Decreto 745 de 2002,
en aplicación del principio de oscilación, fue inferior al realizado con el IPC
en el mismo año», y la «inclusión del aumento del 50%, desde el año 2000,
sobre el porcentaje de la prima de actividad que se debe ajustar, entre los años
2003 a 2012, a los lineamientos establecidos en el Decreto 1211 de 1990, para
reliquidar las cesantías definitivas» (sic).

Por último, en relación con el pago extemporáneo del subsidio familiar, declaró
probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por falta de
agotamiento de la vía gubernativa; y en cuanto a los perjuicios materiales y
morales, estimó que no se encontraban acreditados en el expediente.

1.7 Los recursos de apelación.

1.7.1 Nación - Ministerio de Defensa Nacional (ff. 216 a 224 c.1). Inconforme
con la decisión precedente, por conducto de apoderada, interpuso recurso de
apelación, porque «[d]urante el periodo reclamado por el [accionante], sus
asignaciones salariales mensuales fueron incrementad[a]s conforme los
Decretos 122 de 1997, 62 de 1999, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y
4158 de 2004 modificado por el Decreto 4352 de 2004, expedidos por el
Gobierno Nacional, los cuales […], están asistidos de presunción de legalidad,
por lo tanto, se puede afirmar que la parte activa de la litis no fue afectada por
desequilibrio alguno en la fijación de su asignación básica mensual. En el
mismo sentido, los decretos antes referidos, establecieron los porcentajes que
se le debieron aplicar al demandante, advirtiendo que el actor no demuestra
que los incrementos que le realizó anualmente la entidad demandada, se
hicieran por debajo de los porcentajes establecidos por el Gobierno Nacional»
(sic).
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1.7.2 La parte demandante (ff. 225 a 229 c.1). El actor formuló alzada
(parcial) contra la providencia de primera instancia, pues, en su criterio, «[…]
los porcentajes de aumento salarial anual han influido negativamente desde el
01 de enero de 1997 a la fecha, al haber causado un detrimento de la pérdida
del poder adquisitivo constante […] en la asignación básica y los demás
factores salariales devengados […] desde cuando fue escalafonado como
Suboficial en actividad y se refleja en la hoja de servicios, y […] al liquidar las
prestaciones sociales unitarias en cesantías por tiempo de servicio e
indemnización por pérdida de la capacidad laboral y al momento de liquidar
las prestaciones sociales periódicas en la asignación de Retiro […]» (sic) .

Que como laboró por 29 años, 7 meses y 20 días, si se tiene en cuenta que «[…]
cada año se computa por 360 días se toman los 5 días favorables por año, se
toman los 5 días favorables por año y se multiplican por el número de años y
de meses de servicio que son 20.02.x5, y se arroja una diferencia de 04 meses
y 26 días para un total de tiempo efectivo acumulado de 29 años 07 días y 20
días. Ahora como la fracción de meses supera los 6, se lleva hasta el año
completo lo que arroja un tiempo total de 30 años de servicio».

Dice que se omitió el estudio de legalidad o constitucionalidad de los decretos
anuales que fijan los sueldos básicos para el personal de las fuerzas militares a
partir del 1° de enero de 1997 y de la excepción de ilegalidad respecto de estos,
que si se hubiere efectuado habría conllevado su «nulidad inter partes»;
tampoco se revisaron las hojas de servicio de 20 de septiembre y 20 de octubre
de 2016 (las cuales no fueron notificadas para ejercer oportunamente el derecho
de contradicción) ni los actos fictos acusados.

Que no se emitió pronunciamiento frente a la reliquidación de las cesantías con
el aumento del 5,81% en la asignación básica en el grado de sargento
viceprimero, como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo causado en
dicho grado entre 1997 y 2004, con efectos jurídicos a partir del 2016; y no se
impartieron órdenes que obliguen a la entidad a reliquidar las cesantías en forma
retroactiva.

Insiste en que se debe condenar a la sanción moratoria por pago tardío de las
cesantías, equivalente a un día de salario por cada uno que trascurrió entre el 27
de octubre de 2016 y el 5 de diciembre de 2017, lapso con el que se excedieron
los plazos para expedir el acto que las reconoce y sufragarlas de manera
efectiva.

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Frente a los «[…] daños y perjuicios pactados dentro del contrato de prestación
de servicios profesionales de abogado […]», no es dable alegar que no se
aportaron recibos de pago, cuando se acordó que estos se liquidarían una vez se
profiriera sentencia que quedara ejecutoriada.

Por último, pide condenar en costas, toda vez que hay prueba documental
suficiente de los gastos en que incurrió y no se puede «premiar a la entidad
cuando su actuar omisivo quedó demostrado».

1.7.3 Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (ff. 238 a 247 c.1). Por
intermedio de apoderada, solicita se revoque la decisión del a quo, toda vez que
«NO SE PUEDE DESCONOCER QUE EL AJUSTE CON BASE EN EL I.P.C.
HA SIDO RECONOCIDO JURISPRUDENCIALMENTE A LOS MIEMBROS
DE LA FUERZA PUBLICA QUE SE ENCONTRABAN DEVENGANDO
ASIGNACIÓN DE RETIRO, MAS NO A LOS QUE ESTABAN EN SERVICIO
ACTIVO ENTRE LOS AÑOS 1997 A 2004, YA QUE DE SER ASÍ SE HARÍA
UN REAJUSTE ILEGAL AL NO ESTAR CONTEMPLADO EN LA LEY Y
MUCHO MENOS ESTABLECIDO JURISPRUDENCIALMENTE. MUCHO
MENOS SERIA PROCEDENTE ENTONCES DICHO REAJUSTE SOBRE LOS
SALARIOS MENSUALES RECIBIDOS» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL

Los recursos de apelación interpuestos fueron concedidos mediante proveído de
16 de marzo de 2021 (ff. 252 y 253 c.1) y admitido por esta Corporación a través
de auto de 30 de noviembre siguiente (f. 257 c.1), en el que se dispuso la
notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado,
en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitidas las alzadas, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de auto de 18 de febrero de 2022 (f. 259 c.1), para que
aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, de conformidad con lo
establecido en el artículo 247 del CPACA, oportunidad aprovechada por las
primeras2.

2.1.1 Parte demandante. El actor, por medio de apoderado, expresa que
«[q]uedó probado que […] ingresó durante un solo periodo de tiempo de
servicio unificado entre el 01 de junio del año 1987 al 24 de agosto del año
2
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
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Ministerio de Defensa Nacional y otro

2016, finalizando su servicio con la categoría de Suboficial y su último grado
militar el de Sargento Viceprimero de Infantería de Marina, tiempo de servicio
del cual surge de bulto que al liquidarlo conforme el Decreto 1211 de 1990;
[…] tiene un total de 30 años de servicio, para efectos de liquidar sus
prestaciones Sociales en cesantías por tiempo de servicio y Asignación de
Retiro; […] al comparar históricamente los aumentos salariales realizados en
cada uno de los grados militares […] con la metodología de oscilación vía
decreto anual, con respecto al porcentaje de aumento salarial con el IPC en
cada año, se violentó el núcleo esencial de mantenimiento del poder adquisitivo
constante del salario en cada vigencia anual, con efectos negativos tanto en los
salarios y prestaciones sociales en actividad como en la Asignación de Retiro
[…]» (sic).

Arguye que «[…] la Armada Nacional en el año 2001 mediante Disposición de
la Dirección de Personal le reconoció la Prima de Antigüedad como suboficial
al 13% sobre la asignación básica del grado militar, teniendo en cuenta y
reconociéndole y liquidando el tiempo de servicio militar, el tiempo de
reentrenamiento como Infante de Marina Regular aspirante a Infante de
Marina Voluntario, y el tiempo como Infante de Marina Voluntario, Prima que
en cada año de servicio fue aumentada en el 1% adicional, es decir del 14% a
partir de agosto del año 2001 y hasta el momento de su retiro, como para que
la Caja de Retiro sin facultad alguna hubiere modificado tal porcentaje dentro
de la Asignación de Retiro; […] fue retirado mediante Resolución No. 286 de
fecha 01 de abril del año 2016 del Comando de la Armada Nacional por
solicitud propia con fecha extrema de retiro definitivo el día 24 de agosto del
año 2016 […]» (sic).

Que «[…] desde el día 16 de junio del año 2016 hizo entrega de toda la
documentación para el trámite, reconocimiento y pago oportuno de sus
prestaciones sociales en cesantías a la entidad; Que la entidad demandada
desconoció los términos legales de 3 meses para conformar la hoja de servicios
No. 4-73546090 que solamente expidió hasta el día 20 de octubre del año 2016
y aprobó mediante Resolución No. 1061 de fecha 25 de octubre del año 2016,
actos administrativos que no fueron comunicados ni notificados […] por
considerarlos actos de trámite violentándose su derecho al DEBIDO
PROCESO ADMINISTRATIVO, y que violentando todo término legal pagó las
prestaciones sociales más de un año después generando la sanción moratoria;
[…] por los errores y la mora de la entidad para conformar y liquidar la hoja
de servicios y el expediente prestacional […], se generaron todos los errores
de liquidación planteados en cada uno de los hechos de la demanda afectando
9

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los derechos salariales y prestacionales […] en actividad y en retiro con cada
uno de los actos administrativos demandados, siendo procedente entrar a
declarar la nulidad de cada uno de ellos» (sic para toda la cita).

2.1.2 Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Insiste en los
pronunciamientos del recurso de apelación.

2.1.3 Nación - Ministerio de Defensa Nacional. Reiteró en forma idéntica los
argumentos de la alzada.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Problemas jurídicos. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar
si al actor le asiste derecho o no para reclamar de la parte demandada (i) la
aplicación del índice de precios al consumidor como mecanismo de reajuste de
la asignación básica que recibió durante los años 2001 a 2004, cuando estaba en
servicio activo en la Armada Nacional, en condición de sargento viceprimero;
(ii) la corrección de su hoja de servicio con 30 años de labores y el «1.65%
adicional por rezago del IPC frente a los aumentos por oscilación en la
asignación básica de cada uno de los grados militares que ostentó […] desde
el momento mismo de escalafonarse como Suboficial» y, en consecuencia, la
reliquidación de su asignación de retiro; (iii) respecto de esta última, el reajuste
del porcentaje que se incluyó de la prima de antigüedad; (iv) el ajuste de las
cesantías definitivas con todos los factores devengados en el último año de
servicios, por pertenecer al régimen retroactivo; (v) la sanción moratoria por
pago tardío de cesantías retroactivas; (vi) los daños y perjuicios ocasionados por
los servicios profesionales contratados para adelantar los trámites del presente
proceso; y (vii) las costas procesales.

3.4 Marco jurídico sobre el reajuste salarial con base en el IPC. En punto a
la resolución del primer problema jurídico planteado en precedencia, procede la
Sala a realizar el correspondiente análisis normativo y jurisprudencial para
efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.

Lo primero que ha de anotarse es que el artículo 150 de la Constitución Política
10

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dispuso que al Congreso de la República le corresponde hacer las leyes con el
fin de ejercer, entre otras, las siguientes funciones:

[…]

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios
a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
[…]

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de
los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública;
[…]

En desarrollo de la citada competencia, el legislador expidió la Ley 4ª de 1992,
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe
observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones […]», que en lo
pertinente, establece:

Artículo 1. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y
objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional
de:

a) Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera
que sea su sector, denominación o régimen jurídico;

b) Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio
Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la
Contraloría General de la República;

c) Los miembros del Congreso Nacional, y

d) Los miembros de la Fuerza Pública [destaca la Sala].

[…]
Artículo 4. Con base en los criterios y objetivos contenidos en el artículo
2°. el Gobierno Nacional, dentro de los primeros diez días del mes de
enero3de cada año, modificará el sistema salarial correspondiente a
los empleados enumerados en el artículo 1º literal a), b) y d),
aumentando sus remuneraciones.
[…] (negrilla de la Sala).

3
Frase tachada declarada inexequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-710 de 22 de septiembre de
1999, magistrado ponente doctor José Gregorio Hernández.
11

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Artículo 13. En desarrollo de la presente Ley el Gobierno Nacional
establecerá una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración
del personal activo y retirado de la Fuerza Pública de conformidad con
los principios establecidos en el artículo 2º.

En ejercicio de la facultad conferida en las anteriores disposiciones, el Gobierno
nacional ha fijado anualmente los sueldos básicos para el personal de oficiales
y suboficiales de las fuerzas militares4, a través de porcentajes que son definidos
para cada grado respecto de la asignación básica de un general, que a su vez
constituyen el referente para reajustar las asignaciones de retiro que se
reconocen a tales servidores en virtud del principio de oscilación.

Por otra parte, el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, «Por la cual se crea el
sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», preceptuó
que las pensiones debían ser reajustadas «[…] de oficio, el primero de enero de
cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor,
certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior», con el
propósito de que mantuvieran su poder adquisitivo constante.

De igual modo, el artículo 279 de la precitada normativa previó:

Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y
de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de
1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la
presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones
Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase
de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago
de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio,
de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida.

Se exceptúan también, los trabajadores de las empresas que al empezar a
regir la presente Ley, estén en concordato preventivo y obligatorio en el
cual se hayan pactado sistemas o procedimientos especiales de
protección de las pensiones, y mientras dure el respectivo concordato.

Igualmente, el presente régimen de Seguridad Social, no se aplica a los
servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, ni a los

4
Decretos 133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745
de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923 de 2005, 407 de 2006, 1515 de 2007, 673 de 2008, 737 de 2009,
1530 de 2010, 1050 de 2011, 842 de 2012 y 1017 de 2013.
12

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pensionados de la misma. Quienes con posterioridad a la vigencia de la
presente Ley, ingresen a la Empresa Colombiana de Petróleos-Ecopetrol,
por vencimiento del término de contratos de concesión o de asociación,
podrán beneficiarse del régimen de Seguridad Social de la misma,
mediante la celebración de un acuerdo individual o colectivo, en término
de costos, forma de pago y tiempo de servicio, que conduzca a la
equivalencia entre el sistema que los ampara en la fecha de su ingreso y
el existente en Ecopetrol.
[…] (resalta la Sala).

Sin embargo, el Congreso de la República expidió la Ley 238 de 1995, por
medio de la cual adicionó el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, así:

Parágrafo 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no
implican negación de los beneficios y derechos determinados en los
artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí
contemplados.

Del anterior recuento normativo, se colige que el aumento de los sueldos del
personal uniformado de las fuerzas militares se fija anualmente por el Gobierno
nacional a través de decreto, mientras que el incremento de las asignaciones de
retiro que se reconoce a tales servidores se efectúa conforme al principio de
oscilación que, en todo caso, no puede ser inferior al índice de precios al
consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) para el año inmediatamente anterior, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 279 (parágrafo 4º) de la Ley 100 de 1993, empero, a
partir de la interpretación jurisprudencial del Consejo de Estado al respecto5,
dicho personal retirado contó con la posibilidad de que sus asignaciones de
retiro fueran ajustadas anualmente con la variación porcentual del IPC, de
conformidad con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando
resultara más favorable.

Esa posibilidad se mantuvo hasta la expedición de la Ley 923 de 30 de
diciembre de 2004, reglamentada a través del Decreto 4433 de 2004, por medio
del cual fue establecido el régimen pensional de asignación de retiro de los
miembros de la fuerza pública, normativa que impuso nuevamente de manera
expresa el sistema de ajuste anual de las prestaciones en retiro con aplicación
del principio de oscilación.

5
Sobre la tesis de aplicación de la Ley 238 de 1995, puede verse: Consejo de Estado, sala de lo contencioso -
administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 15 de noviembre de 2012, expediente
2500023250002010005111 01, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.
13

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Todo lo anterior, ilustra el porqué ha sido posible el incremento de las
asignaciones de retiro de los miembros de la fuerza pública conforme al IPC
para los años 1997 a 2004, siempre y cuando hayan sido disfrutadas en ese
tiempo.

Dicho lo anterior, resulta evidente que, conforme a la interpretación que la
jurisprudencia ha desarrollado6, la Ley 238 de 1995, al referirse al artículo 14
de la Ley 100 de 1993, únicamente lo hizo respecto de los pensionados
excluidos de la aplicación del sistema integral de seguridad social (dentro de los
cuales se encuentran los pensionados de la fuerza pública); en consecuencia, es
dable concluir que su alcance y objetivos no tienen la vocación de incidir en los
ajustes anuales de salario alguno y, en específico, no fijó ningún tipo de
modificación al régimen salarial que cobija a los miembros activos de las
fuerzas militares y la Policía Nacional.

Por consiguiente, la Sala concluye que el reajuste del salario básico que reciben
los miembros activos de la fuerza pública se rige por los decretos que para el
efecto expida el Gobierno nacional, teniendo como referente el salario señalado
para el grado de general en actividad.

3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:

a) De acuerdo con la hoja de servicios del demandante, expedida el 10 de
octubre de 2016, este prestó sus servicios a la Armada Nacional durante 29 años,
4 meses y 26 días y su último grado fue el de sargento viceprimero (ff. 21 a 23
c.1). Se observa la siguiente relación detallada de tiempos:

Concepto Desde Hasta Total tiempo
Años Meses Días
Servicio militar 01/06/1987 15/12/1988 1 6 14
Infante voluntario 10/01/1989 31/08/2000 11 7 21
Cabo segundo 01/09/2000 31/08/2003 3 - -
Cabo primero 01/09/2003 02/09/2007 4 - 2
Sargento segundo 03/09/2007 05/09/2012 5 - 3

6
Al respecto, entre otras, se pueden consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, sala de lo
contencioso - administrativo, sección segunda, sentencia de 17 de mayo de 2007, consejero ponente: Jaime
Moreno García, expediente 8464-05; sentencia de 9 de octubre de 2017, expediente 1865-16; sentencia de 8 de
febrero de 2018, consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández, expediente 0014-16, sentencia 5 de mayo de
2016, número interno: 1640-2012; sentencia 27 de enero de 2011, consejero ponente: Gustavo Gómez
Aranguren, número interno: 1479-2009; sentencia 4 de marzo de 2010, consejero ponente: Luis Rafael Vergara
Quintero, número interno: 0479-2009.
14

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Sargento viceprimero 06/09/2012 24/05/2016 3 8 18
Tres meses de alta 24/05/2016 24/08/2016 - 3 -
Diferencia año laboral - 2 28
Total tiempo de servicios 29 4 26

b) Resolución 286 de 1° de abril de 2016, originaria del señor comandante de
la Armada Nacional, mediante la cual el actor fue retirado del servicio activo de
dicha institución por «SOLICITUD PROPIA», a partir de 24 de mayo siguiente
(f. 9 c.1).

c) «FORMATO ÚNICO PRESTACIONAL» de 18 de junio de 2016, a través del
cual el accionante pide el reconocimiento de sus cesantías definitivas (f. 10 c.1).

d) Resolución 7414 de 25 de octubre de 2016, con la que Cremil concede al
demandante una asignación de retiro desde el 24 de agosto del mismo año, en
cuantía del 95% del sueldo de actividad correspondiente a su grado, más las
partidas de «prima de actividad 49%, prima de antigüedad 29%, subsidio
familiar 47% y prima de navidad 1/12» (ff. 27 a 29 c.1).

e) A través de Resolución 7791 de 15 de noviembre de 2016, Cremil ordenó
suspender el 12% de la prima de actividad dentro de la asignación de retiro del
actor y dispuso que se pagara por tal concepto únicamente el 17%, en atención
a una revisión oficiosa del expediente administrativo, la cual arrojó que se había
tenido en cuenta el tiempo de servicio como soldado voluntario para reconocer
el 29% que se le había fijado cuando ese beneficio solo procede para oficiales
y suboficiales (ff. 32 y 33 c.1).

f) Resolución 141 de 10 de febrero de 2017 (ff. 40 a 43 c.1), por la cual el
Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional le reconoce las cesantías
definitivas al demandante, de conformidad con el Decreto 1252 de 2000, en
cuantía de $27.918.877, por el tiempo que prestó el servicio como suboficial, y
una bonificación por $7.640.524 por el lapso en que laboró como infante de
marina voluntario.

Según el contenido del mencionado acto, de las sumas reconocidas, el valor de
$27.657.900 se descuenta por concepto de traslados ya efectuados a la Caja
Promotora de Vivienda Popular y $7.901.501 se cancelará según la
disponibilidad presupuestal.

g) Contra el acto anterior, el actor interpuso recurso de reposición el 27 de
febrero de 2017 (ff. 44 a 47 c.1), en el que pide ajustar su hoja de servicios y,
15

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en consecuencia, sus cesantías de manera unificada con todos los factores
salariales devengados en actividad con el último sueldo como sargento
viceprimero y remitirlo a Cremil para la reliquidación de su asignación de retiro.

h) Oficios 2017-12309 de 11 de marzo (ff. 38 y 39 c.1) y 2017-67391 de 25 de
octubre (ff. 81A y 82 c.1), ambos de 2017, por los que la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares negó al accionante la reliquidación de su asignación de retiro,
deprecada el 21 de febrero y 3 de octubre de 2017, respectivamente (ff. 34 a 36
y 77 a 81).

i) Escrito de 12 de julio de 2017, por medio del cual el actor pide del Ministerio
de Defensa Nacional – Armada Nacional pagarle «[…] $37’950.040, por 314
días […] a título de sanción moratoria de un día de salario por cada día de
retraso frente a la mora en el reconocimiento y pago de las cesantías por tiempo
de servicios […]» (f. 76 vuelto c.1).

j) Extracto de la cuenta de ahorros 001305210200122457, expedido por el
banco BBVA con fecha de corte 31 de diciembre de 2017, en el que se reporta
un abono por $7.901.501 el 6 de los mismos mes y año que, según aduce el
actor en el memorial con el cual lo adjunta, corresponde al pago por concepto
de cesantías (ff. 276 a 277 c.2).

De las pruebas anteriormente relacionadas, se desprende que el demandante (i)
prestó sus servicios a la Armada Nacional durante 29 años, 4 meses y 26 días,
su último grado fue el de sargento viceprimero y se retiró del servicio el 24 de
mayo de 2016; (ii) Cremil le reconoció asignación de retiro a partir del 24 de
agosto siguiente, a través de Resolución 7414 de 25 de octubre de 2016, en
cuantía del 95% del sueldo de actividad correspondiente a su grado, más las
partidas de «prima de actividad 49%, prima de antigüedad 29%, subsidio
familiar 47% y prima de navidad 1/12», la cual fue reajustada con Resolución
7791 de 15 de noviembre de 2016, que ordenó suspender el 12% de la prima de
actividad y dispuso que se pagara por tal concepto únicamente el 17%; y (iii)
deprecó la reliquidación de dicha prestación, negada mediante oficios 2017-
12309 de 11 de marzo y 2017-67391 de 25 de octubre, ambos de 2017.

Asimismo, (iv) por medio de Resolución 141 de 10 de febrero de 2017, el
Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional le concede las cesantías
definitivas al demandante, de conformidad con el Decreto 1252 de 2000, en un
monto de $27.918.877, por el tiempo que prestó el servicio como suboficial, y
una bonificación equivalente a $7.640.524 por el lapso en que laboró en
16

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condición de infante de marina voluntario (de dichas sumas $27.657.900 se
descontó por concepto de traslados a la Caja Promotora de Vivienda Popular y
$7.901.501 se canceló el 6 de diciembre de 2017); (v) contra ese acto se
interpuso recurso de reposición el 27 de febrero de esa anualidad, en el que se
pide ajustar la hoja de servicios y, por ende, las cesantías de manera unificada
con todos los emolumentos salariales recibidos en actividad con el último
sueldo en calidad de sargento viceprimero y remitirlo a Cremil para la
reliquidación de su asignación de retiro; (vi) el 12 de julio de 2017 el actor
solicita del Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional sufragar «[…]
$37’950.040, por 314 días […] a título de sanción moratoria de un día de
salario por cada día de retraso frente a la mora en el reconocimiento y pago
de las cesantías por tiempo de servicios […]», frente a lo que la cartera
accionada guardó silencio.

Analizados los argumentos del actor en el recurso de apelación, observa la Sala,
en cuanto al primer problema jurídico planteado, que en el presente asunto se
reclama el reajuste de los salarios recibidos en servicio activo durante los años
2001 a 2004, con base en el índice de precios al consumidor (IPC) certificado
por el DANE, en atención a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 238 de 1995,
que adicionó el 279 de la Ley 100 de 1993.

Sobre el particular, resulta oportuno reiterar que el legislador, a través de la
aludida Ley 238 de 1995, extendió el reajuste del IPC, contemplado en el
artículo 14 de la Ley 100 de 1993, a las asignaciones de retiro reconocidas a los
miembros de las fuerzas militares con el fin de que estas mantuvieran su poder
adquisitivo constante, mientras que según lo preceptuado en el artículo 13 de la
Ley 4ª de 1992, los sueldos del personal activo debían incrementarse en el
porcentaje establecido por el ejecutivo en relación con la asignación básica
fijada para el grado de general.

En ese orden de ideas, como el accionante para los años 2001 a 2004 tenía la
calidad de miembro activo de la Armada Nacional, el ajuste salarial para esas
anualidades debía efectuarse conforme a las cifras porcentuales contempladas
en los Decretos 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004,
expedidos por el Gobierno nacional, en ejercicio de las facultades conferidas
por el Congreso de la República mediante la Ley 4ª de 1992.

Así las cosas, fluye con claridad que en el asunto sub examine no es dable
aplicar la preceptiva contenida en el artículo 279 (parágrafo 4º) de la Ley 100
de 1993, habida cuenta de que tal disposición tiene como destinatarios a los
17

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miembros retirados de las fuerzas militares a quienes se les hubiere reconocido
asignación de retiro y, en el presente caso, el actor no tenía tal condición para
los años respecto de los cuales reclama el incremento con fundamento en el
índice de precios al consumidor.

Luego, como el reajuste previsto en la citada Ley 238 de 1995 se refiere a las
asignaciones de retiro del personal que prestó sus servicios a las fuerzas
militares y no a los sueldos devengados por dichos servidores en actividad, se
arriba a la conclusión de que el demandante carece del derecho a la reliquidación
de las asignaciones básicas que devengó como miembro activo de la Armada
Nacional con aplicación del IPC para los años 2001 a 2004, toda vez que los
ajustes determinados por el Gobierno nacional tienen pleno sustento
constitucional y legal, y no están llamados a ser sustituidos en virtud de la
expedición de la Ley 238 de 1995.

En cuanto a la orden del a quo de «[…] modificar el sueldo básico devengado
en el año 2002, para reliquidar las cesantías definitivas, pues el incremento
realizado por el Decreto 745 de 2002, en aplicación del principio de oscilación
fue inferior al realizado con el IPC en ese mismo año» (sic), la Sala reitera que
no hay lugar a ajuste alguno conforme al IPC en atención a las razones que se
consignaron en precedencia y se revocará tal decisión.

Por otra parte, se aclara que el artículo 236 del Decreto 1211 de 19907, que le
es aplicable al actor, excepto en lo concerniente al régimen de cesantías,
establece que «[e]l tiempo de servicios ser[á] liquidado computando trescientos
sesenta (360) días por año, treinta (30) días por mes, el residuo si lo hubiere
por días de servicio aumentando el tiempo que resulte de la aplicación del año
laboral» y que el residuo o días de diferencia que se certifica es de 2 meses y
28 días por la totalidad de tiempo de labor, por lo que no hay razón ni
fundamento jurídico para adicionarle 5 días por año como lo pretende y, menos
aún, para efectuar aproximaciones con el fin de que los 29 años, 4 meses y 26
días acreditados (y rectificados como tiempo real de prestación de servicios) se
aumenten a 30 años, por lo que esa inconformidad carece de sustento normativo.

Frente a la orden del a quo de reliquidar de la asignación de retiro del accionante
con el 38.5% de la prima de antigüedad, se observa que, en efecto, en la
Resolución 7414 de 25 de octubre de 2016, Cremil le concedió esa prestación
en cuantía del 95% del sueldo de actividad correspondiente a su grado, más las
partidas de «prima de actividad 49%, prima de antigüedad 29%, subsidio
7
«Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares».
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Expediente: 76001-23-33-000-2017-01761-01 (1274-2021)
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familiar 47% y prima de navidad 1/12»; no obstante, mediante Resolución 7791
de 15 de noviembre de 2016, suspendió el 12% de la mencionada prima de
actividad y dispuso que se pagara por ese concepto solo el 17%, en atención a
una «revisión oficiosa del expediente administrativo», la cual arrojó que se
había tenido en cuenta el tiempo de servicio como soldado voluntario para
otorgarle el 29% inicialmente fijado, cuando dicho beneficio solo procede para
oficiales y suboficiales.

Al respecto, el Decreto 1211 de 8 de junio de 1990 dispuso:

Artículo 163. Asignación de retiro. Durante la vigencia del presente
estatuto, los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares que sean
retirados del servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento
a calificar servicios o por voluntad del Gobierno o de los de Comandos de
Fuerza, según el caso, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente
al grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad
profesional, o por inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin
tener causa justificada, o por conducta deficiente, y los que se retiren a
solicitud propia después de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho
a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares se les pague una asignación
mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de
las partidas de que trata el artículo 158 de este Estatuto, por los quince (15)
primeros años servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que
exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por
ciento (85%) del mismo monto.
[…]

En desarrollo de la Ley 923 de 2004, el presidente de la República expidió el
Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004, mediante el cual fijó el régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública que,
entre otros, dispuso que «[l]a asignación de retiro o pensión de Oficiales,
Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Soldados Profesionales y Agentes
en servicio activo que al momento del retiro o de la invalidez o muerte, se
encuentren destinados en comisión en el exterior o desempeñando cargos en el
Ministerio de Defensa Nacional, en las entidades descentralizadas, adscritas o
vinculadas a este o en otras dependencias oficiales cuyos cargos tengan
remuneraciones especiales, se liquidarán de conformidad con las partidas
computables establecidas en [ese] decreto […]» (artículo 39), así:

Artículo 13. Partidas computables para el personal de las Fuerzas
Militares. La asignación de retiro, pensión de invalidez, y de
sobrevivencia, se liquidarán según corresponda en cada caso, sobre las
siguientes partidas así:
19

Expediente: 76001-23-33-000-2017-01761-01 (1274-2021)
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13.1 Oficiales y Suboficiales:
13.1.1 Sueldo básico.
13.1.2 Prima de actividad.
13.1.3 Prima de antigüedad.
13.1.4 Prima de estado mayor.
13.1.5 Prima de vuelo, en los términos establecidos en el artículo 6° del
presente Decreto.
13.1.6 Gastos de representación para Oficiales Generales o de Insignia.
13.1.7 Subsidio familiar en el porcentaje que se encuentre reconocido a la
fecha de retiro.
13.1.8 Duodécima parte de la Prima de Navidad liquidada con los últimos
haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro.
[…]

13.2.2 Prima de antigüedad en los porcentajes previstos en el artículo 18
del presente decreto [subrayas de la Sala].

Parágrafo. En adición a las partidas específicamente señaladas en este
artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios
y compensaciones, serán computables para efectos de asignación de retiro,
pensiones y sustituciones pensionales.

Artículo 14. Asignación de retiro para el personal de Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares en actividad. Los Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo a la fecha de
entrada en vigencia del presente Decreto, que sean retirados con dieciocho
(18) o más años de servicio, por llamamiento a calificar servicios o por
retiro discrecional, según el caso, o por sobrepasar la edad máxima
correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad psicofísica, o
por incapacidad profesional, y los que se retiren a solicitud propia o sean
retirados o separados en forma absoluta después de veinte (20) años de
servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3)
meses de alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les
pague una asignación mensual de retiro, así:

14.1 Sesenta y dos por ciento (62%) del monto de las partidas computables
a que se refiere el artículo 13 del presente Decreto, por los dieciocho (18)
primeros años de servicio.

14.2 El porcentaje indicado en el numeral anterior se adicionará en un
cuatro por ciento (4%) por cada año que exceda de los dieciocho (18) hasta
los veinticuatro (24) años, sin sobrepasar el ochenta y cinco por ciento
(85%).

14.3 A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el numeral
anterior se incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año adicional
a los primeros veinticuatro (24) años, sin que el total sobrepase el noventa
y cinco por ciento (95%) de las partidas computables.
[…]

20

Expediente: 76001-23-33-000-2017-01761-01 (1274-2021)
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ARTÍCULO 18. Aportes de soldados profesionales de las Fuerzas
Militares. Los Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares en servicio
activo, aportarán a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares:
[…]

El aporte sobre la prima de antigüedad fijado en el presente numeral se
liquidará sobre los porcentajes que se señalan a continuación de acuerdo
con el tiempo de servicio así:

18.3.1 Ciento por ciento (100%) durante los primeros cinco (5) años.
18.3.2 Ochenta y seis punto tres por ciento (86.3%) durante el sexto (6)
año.
18.3.3 Sesenta y nueve punto uno por ciento (69.1%), durante el séptimo
(7) año.
18.3.4 Cincuenta y siete punto seis por ciento (57.6%), durante el octavo
(8) año.
18.3.5 Cuarenta y nueve punto tres por ciento (49.3%) durante el noveno
(9) año.
18.3.6 Cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) durante el décimo (10)
año.
18.3.7 El treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) a partir del año
once (11) de servicio y, en adelante.

Conforme a la precitada normativa, concluye la Sala que la prima de antigüedad,
como partida computable dentro de la asignación de retiro se liquida sobre un
porcentaje del 38.5%, siempre que se hayan superado 11 años de servicio, por
lo que, tal como lo coligió el Tribunal de instancia, con independencia de que
se haya restado el tiempo de 11 años, 7 meses y 21 días durante el cual el actor
sirvió como infante voluntario, al haber completado más de 17 años como
suboficial, se debía incluir la partida prima de antigüedad en un porcentaje de
38.5%, por lo que se confirmará esa decisión.

En lo referente a la liquidación de las cesantías, se debe advertir que comoquiera
que el demandante ingresó al escalafón de suboficiales el 1° de septiembre de
2000, pues hasta el 31 de agosto de ese año fue infante voluntario, sus cesantías
no son retroactivas y se deben liquidar como lo hizo el Ministerio de Defensa
Nacional – Armada Nacional en la Resolución 141 de 10 de febrero de 2017, es
decir, con base en los haberes de cada grado por cada año cotizado, de acuerdo
con el Decreto 1252 de 2000 (que entró en vigor el 30 de junio de 2000)8, que
estipula:

Artículo 1°. Los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los
miembros de la fuerza pública, que se vinculen al servicio del Estado a

8
«Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los trabajadores
oficiales y los miembros de la fuerza pública».
21

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partir de la vigencia del presente decreto, tendrán derecho al pago de
cesantías en los términos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de
1996 o 432 de 1998, según el caso.

Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará aun en el evento en que en la
entidad u organismo a los cuales ingrese el servidor público, exista un
régimen especial que regule las cesantías.

Parágrafo. Los fondos o entidades públicas, incluida la Caja Promotora
de Vivienda Militar que administran y pagan las cesantías de los
servidores a que se refiere este artículo, seguirán haciéndolo.

Artículo 2°. Los servidores públicos que a 25 de mayo de 2000,
disfrutaban del régimen de cesantías retroactivas continuarán en dicho
régimen hasta la terminación de la vinculación laboral en el organismo o
entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional.

Cabe mencionar que la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado9,
en concepto de 13 de julio de 2004, al resolver un cuestionamiento sobre cuál
era el régimen de cesantías aplicable al personal uniformado de la Policía
Nacional, luego de estudiar el desarrollo normativo sobre la materia hasta la
entrada en vigor del Decreto 1252 de 2000, concluyó:

En consecuencia, advierte la Sala que el sistema de liquidación del
auxilio de cesantía para el personal uniformado de esta institución
será retroactivo o no de acuerdo con el nivel jerárquico del
uniformado y su fecha de ingreso a la institución [negrillas propias].

A partir de ese entendimiento no comparte la Sala la decisión del a quo, al
aplicar el Decreto 1211 de 199010, que preveía un régimen de cesantías
retroactivas para quienes ya lo disfrutaban antes del 25 de mayo de 2000, pues,
se insiste, antes del 1° de septiembre de 2000 el actor tuvo la calidad de infante
(soldado) voluntario11 y se regía por los parámetros de la Ley 131 de 198512,
por ese motivo en la Resolución 141 de 10 de febrero de 2017 se le reconoció
una «Bonificación por el tiempo que laboró como Infante de Marina
Voluntario», que era la prestación a la que tenía derecho en virtud de la

9
Consejero ponente: Susana Montes de Echeverri, 13 de julio de 2004, expediente 1567, actor: Ministerio de
Defensa Nacional.
10
Régimen que no amparaba a los soldados voluntarios.
11
Al respecto, ver la directiva permanente 16 de 23 de septiembre de 2008, del Ministerio de Defensa Nacional,
secretaría general, página 56 de, nota «3. Para efectos del cálculo de cesantías del personal de Oficiales y
Suboficiales no se computa el tiempo servido en calidad de Soldado Voluntario o Profesional».
12
«Por la cual se dictan normas sobre servicio militar voluntario». En vigencia de dicha normativa las cesantías
no estaban previstas como una prestación devengada por los solados voluntarios; dicha prestación fue creada
hasta el artículo 9 del Decreto 1794 de 14 de septiembre de 2000, «por el cual se establece el régimen salarial
y prestacional para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares», pero, en todo caso, el
demandante no alcanzó a ser beneficiario esta última norma, pues ingresó al escalafón como suboficial el 1° de
septiembre de 2000.
22

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normativa que hasta ese momento lo regía y de ahí en adelante gozaba del
régimen de cesantías anualizadas como suboficial, de conformidad con el
Decreto 1252 de 2000.

Como corolario de lo anterior, se deduce que el Decreto 1252 de 2000
expresamente previó para quienes ingresaron al escalafón de suboficiales
después del 25 de mayo de 2000 un régimen de cesantías anualizadas, que es al
que tiene derecho el actor, como lo dispuso el Ministerio de Defensa Nacional
– Armada Nacional en la Resolución 141 de 10 de febrero de 2017. En
consecuencia, no hay lugar a reconocer cesantías retroactivas ni a ajustar los
porcentajes de las primas de actividad y antigüedad para efectos de su
reliquidación, porque, se itera, sus cesantías se calculan de acuerdo con los
haberes y porcentajes devengados año a año y no con los del último año de
servicios, por lo que se revocará la sentencia de primera instancia en ese
aspecto.

En cuanto a la sanción moratoria deprecada, la Ley 1071 de 2006, por medio de
la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las
cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen
sanciones y se fijan términos para su cancelación, aplicable, entre otros
servidores, a los miembros de la fuerza pública (artículo 2), establece unos
términos perentorios para expedir el acto de reconocimiento de las cesantías y
para su pago, cuyo desconocimiento conlleva una sanción para la entidad
empleadora, así:

ARTÍCULO 4o. TÉRMINOS. Dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías
definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad
empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las
cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los
requisitos determinados en la ley.

PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está
incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los
documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud
deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este
artículo.

ARTÍCULO 5o. MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora
tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de
la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de
23

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las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta
prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional
de Ahorro.

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o
parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y
cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por
cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para
lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto
en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el
funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este.

En ese contexto, el ente público empleador debe expedir la correspondiente
resolución dentro de los 15 días siguientes a la solicitud (cesantías parciales o
liquidación de cesantías definitivas, según el caso) del interesado y tendrá un
plazo máximo de 45 días hábiles para su pago, a partir de la fecha en que
adquiera firmeza el acto de reconocimiento, so pena de sufragar un día de salario
por cada uno de retardo hasta cuando se cumpla la obligación.

Al respecto, la sala de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado, en
fallo de 27 de marzo de 200713, proferido en vigor del Código Contencioso
Administrativo (CCA), unificó el criterio respecto de la forma de contabilizar
ese término, así:

En suma, es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles
siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se
reconocen las cesantías definitivas y no a la fecha de reclamación de las
mismas o, en este caso, la de la solicitud de reliquidación, el hito que debe
servir de punto de partida para contar el número de días a efectos de
determinar el monto de la indemnización moratoria.
[…]

Cuando la Administración resuelve el requerimiento del servidor público
sobre la liquidación de sus cesantías en forma tardía (…) el tiempo a partir
del cual comienza el término para que se genere la indemnización
moratoria será la fecha en la cual el interesado radicó la petición de
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir, quince (15)
días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más cinco (5)
días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento de que la
resolución de reconocimiento hubiere sido expedida, con la salvedad a que
alude el mismo precepto, para un total de 65 días hábiles, transcurridos los
cuales se causará la sanción moratoria.

Ahora bien, la sección segunda de esta Corporación, en sentencia de unificación

13
Expediente 276001-23-31-000-2000-02513-01 (2777-2004) IJ.
24

Expediente: 76001-23-33-000-2017-01761-01 (1274-2021)
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de 25 de agosto de 201614, en lo atañedero a la reclamación, dijo que «[…] entre
la fecha del retiro del servicio y la fecha en que empieza a correr la
indemnización moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías
definitivas, existe un lapso de por lo menos 65 días, durante los cuales se hace
la reclamación de las prestaciones definitivas, se expide la resolución para su
liquidación, se notifica y queda en firme ese acto administrativo y, finalmente,
se realiza el pago dentro del término que prevé la Ley 244 de 1995»,
comoquiera que vencido el anterior, se causa la sanción moratoria, tesis
aplicable al caso, por cuanto los términos legales son los mismos.

No obstante, en vigor del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), el término de ejecutoria del acto
administrativo es de diez días, como lo preceptúa el artículo 7615, motivo por el
cual el tiempo con el que cuenta la Administración para reconocer, liquidar y
pagar el auxilio de cesantías es de 70 días hábiles a partir de la correspondiente
solicitud, como lo ha sostenido esta subsección16, comoquiera que trascurridos
aquellos, se genera la sanción moratoria.

Dicho en otras palabras, el término a partir del cual se hace exigible la sanción
moratoria, por el pago tardío de las cesantías definitivas, comprende las
siguientes posibilidades:

(i) 45 días hábiles a partir del día siguiente de la ejecutoria (5 días hábiles en
vigor del CCA o 10 con el CPACA) del acto que reconoce las cesantías
definitivas; o en su defecto.

(ii) Cuando al cabo de los 15 días hábiles siguientes a la formulación de la
solicitud por el interesado, esta no se resuelve o no se profiere el acto que las

14
Consejo de Estado, sección segunda, sentencia CE-SUJ004 de 25 de agosto de 2016, C. P. Luis Rafael
Vergara Quintero, expediente: 08001 23 31 000 2011 00628-01 (528-14).
15
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). «Artículo
76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en
la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos
podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si
quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el
personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a
ello hubiere lugar.
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando
proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios».
16
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, medios de control de nulidad y restablecimiento del
derecho: (i) 08001-23-33-000-2014-00332-01(3815-15), sentencia de 30 de marzo de 2017; (ii) 08001-23-33-
000-2012-00431-01(1721-14), sentencia de 2 de marzo de 2017; y (iii) 08001-23-33-000-2013-00790-01(2621-
15), sentencia de 26 de enero de 2017.
25

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reconoce, se tendrá en cuenta la fecha de presentación, para contar 65 (CCA) o
70 (CPACA) días hábiles, que trascurridos, a partir del día hábil siguiente se
causará la sanción moratoria.

Por otra parte, si bien es cierto que la Ley 1769 de 201517, en su artículo 8918,
amplió el término de 45 a 60 días hábiles (siguientes a la fecha en que quede en
firme el acto administrativo que ordena la liquidación y pago de la prestación
social) para sufragar las cesantías, también lo es que dicho precepto fue
declarado inexequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-486 de 7 de
septiembre de 2016, al considerar que es una norma regresiva, que afecta los
derechos de los trabajadores; la que fue proferida con efectos retroactivos, por
lo que se aplican los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006 para contabilizar
los días de retardo.

Al respecto, cabe precisar que la norma a aplicar en el caso de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías es la que se encuentre en vigor al
momento en que se causa la mora, no al término del vínculo laboral ni cuando
se hace la petición de las cesantías.

En dichas condiciones, se observa en el sub lite que con ocasión del retiro del
servicio del demandante se expidió la Resolución 141 de 10 de febrero de 2017,
por la cual se ordena el pago de cesantías definitivas.

Para determinar la mora que alega el demandante, se evidencia que las cesantías
del actor se reconocieron a través de un acto administrativo expreso (Resolución
141 de 10 de febrero de 2017), el cual quedó en firme el 22 de marzo de 201719,
por lo que los 45 días para efectuar el pago corrieron desde el 23 de marzo hasta
el 25 de mayo de la misma anualidad, fecha para la que ya se habían efectuado
traslados por $27.657.900 a la Caja Promotora de Vivienda Popular.

Por tanto, para el momento de expedición del acto de reconocimiento de las
cesantías definitivas se habían realizado pagos parciales para un total de

17
«Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia
fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016».
18
«Artículo 89. El pago que reconozca el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
por concepto de cesantías parciales o definitivas a sus afiliados se deberá realizar dentro de los sesenta (60)
días hábiles siguientes a la fecha en que quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación y pago
de la prestación social solicitada.
A partir del día hábil sesenta y uno (61), se deberán reconocer a título de mora en el pago, intereses legales a
una tasa equivalente a la DTF efectiva anual, causado diariamente por la suma no pagada».
19
Esto si se tiene en cuenta que el actor presentó recurso de reposición contra la Resolución 141 de 10 de febrero
de 2017 el 27 de los mismos mes y año y la entidad contaba con 15 días hábiles para desatarlo (tal como se
aclaró en la sentencia CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de julio de 2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-
01), como no lo hizo, se entiende que dicho acto quedó en firme el 22 de marzo de 2017.
26

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$27.657.900 a la Caja Promotora de Vivienda Popular, esto es, de casi la
totalidad del monto reconocido por el tiempo que prestó sus servicios como
suboficial, el cual fue de $27.918.877 y solo restaba un saldo de $260.977, que
se consignó en su cuenta de ahorros el 6 de diciembre de 2017, junto con los
$7.640.524 que recibió por la bonificación causada por el lapso en que laboró
como infante de marina voluntario.

En esa medida, no hay lugar a conceder la sanción moratoria deprecada, al
haberse efectuado previamente los traslados de las cesantías a la Caja Promotora
de Vivienda Popular (incluso a la fecha de la correspondiente petición), lo que
impide la configuración de la mora en su pago, que, en todo caso, es lo que
genera la obligación de cancelar un día de salario por cada uno de retardo, mas
no cuando quedan saldos insolutos.

Por otro lado, frente al argumento de apelación del actor concerniente a los
daños y perjuicios ocasionados como contraprestación de los servicios
profesionales contratados para adelantar los trámites del presente proceso,
considera la Sala que atañen a las agencias en derecho, en virtud del artículo
366 del Código General del Proceso, por lo que su estudio corresponde a las
mismas costas procesales, las cuales también fueron objeto de alzada.

En relación con la condena en costas, que incluyen las agencias en derecho, que
corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso,
esta Corporación, en sentencia de 1.º de diciembre de 201620, se pronunció así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en
costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya
segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como
«2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».

20
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
27

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Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas
no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio
y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un
juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal
asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan
el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación
razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte
vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que
dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento,
cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal
de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan
calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca
el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del
demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la
vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia,
pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos
jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.

Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte demandada, no se
impondrá condena en costas.

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones

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Expediente: 76001-23-33-000-2017-01761-01 (1274-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Walter Contreras Terán contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional y otro

sobre el particular, se confirmará parcialmente el fallo de primera instancia, que
accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda; y se revocará el
ordinal tercero de su parte decisoria, que declaró la nulidad parcial de la
Resolución 141 de 10 de febrero de 2017, que reconoció las cesantías
definitivas, y anuló el acto ficto derivado del silencio administrativo frente al
recurso de reposición interpuesto; y ordenó «[m]odificar el sueldo básico
devengado en el año 2002, para reliquidar las cesantías definitivas, pues el
incremento realizado por el Decreto 745 de 2002, en aplicación del principio
de oscilación, fue inferior al realizado con el IPC en el mismo año», y la
«inclusión del aumento del 50%, desde el año 2000, sobre el porcentaje de la
prima de actividad que se debe ajustar, entre los años 2003 a 2012, a los
lineamientos establecidos en el Decreto 1211 de 1990, para reliquidar las
cesantías definitivas».

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 11 de junio de 2020 proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (sala de oralidad), que accedió
de manera parcial a las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el
señor Walter Contreras Terán contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Armada Nacional y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(Cremil), conforme a lo consignado en la parte motiva.

2º. Revócase el ordinal tercero de la parte decisoria del fallo de primera instancia,
que declaró la nulidad parcial de la Resolución 141 de 10 de febrero de 2017, que
reconoció las cesantías definitivas, y anuló el acto ficto derivado del silencio
administrativo frente al recurso de reposición interpuesto; y ordenó «[m]odificar
el sueldo básico devengado en el año 2002, para reliquidar las cesantías
definitivas, pues el incremento realizado por el Decreto 745 de 2002, en
aplicación del principio de oscilación, fue inferior al realizado con el IPC en el
mismo año», y la «inclusión del aumento del 50%, desde el año 2000, sobre el
porcentaje de la prima de actividad que se debe ajustar, entre los años 2003 a
2012, a los lineamientos establecidos en el Decreto 1211 de 1990, para reliquidar
las cesantías definitivas», por las razones expuestas.

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Expediente: 76001-23-33-000-2017-01761-01 (1274-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Walter Contreras Terán contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional y otro

3°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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