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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00487-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00487-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 11 de agosto de 2023, que negó las pretensiones de la demanda presentada por Luis Eduardo González Quintanilla, contra el Ministerio de Defensa Nacional, la Armada Nacional y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Declarar la nulidad parcial de los artículos «1o» de las resoluciones 00004 del 4 de enero de 2019 y 525 del 12 de febrero de 2019 que reconoció la asignación de retiro al demandante y resolvió el recurso de reposición presentado contra aquella de forma desfavorable, en lo relacionado con la inclusión del 24% de la prima de antigüedad como partida computable de esa prestación. Tercero. A título de restablecimiento del derecho ordenar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares a liquidar la asignación de retiro de Luis Eduardo González Quintanilla con la inclusión de la prima de antigüedad en un 38.5%, a partir del 16 de enero de 2019, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Cuarto. No condenar en costas en esta instancia. Quinto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31 Radicado: 13001-23-33-000-2019-00487-01 (6696-2024) Demandante: Luis Eduardo González Quintanilla JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. KBV Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2019-00487-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2019-00487-01 (6696-2024)
Demandante: Luis Eduardo González Quintanilla
Demandada: Ministerio de Defensa, Armada Nacional y Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares

Tema: Reliquidación de la asignación salarial, de las prestaciones
sociales y de la asignación de retiro

Sentencia de segunda instancia

Asunto

Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia del 11 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar que negó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Luis Eduardo González Quintanilla presentó demanda1 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2 en
orden a que se aplique la excepción de inconstitucionalidad y/o ilegalidad i) del
artículo 1 «ítem suboficial» de los decretos 122 de 1997, 058 de 1998, 062 de 1999,
2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923 de
2005, 407 de 2006, 1515 de 2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050
de 2011, 842 de 2012, 1017 de 2013, 187 de 2014, 1028 de 2015, 214 de 2016,
984 de 2017, 324 de 2018 y 1002 de 2019 que aumentaron porcentualmente la

1 Samai, índice 2, «13001233300020190048700 » y «01Cuaderno».
2 En adelante CPACA.

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Demandante: Luis Eduardo González Quintanilla

asignación básica de cada uno de los grados militares que ostentó el demandante,
pero que fueron menor al IPC del año inmediatamente anterior, lo que generó la
pérdida del poder adquisitivo de sus «salarios, prestaciones unitarias y periódicas»; ii)
del artículo 158 del Decreto 1211 de 1990, por limitar las partidas prestacionales
para liquidar las prestaciones sociales; iii) del aparte «se liquidarán según corresponda
en cada caso, sobre las siguientes partidas» del artículo 13 del Decreto 4433 de 2004;
iv) del aparte «sin carácter prestacional» del artículo 31 de los decretos 842 de 2012,
1017 de 2013, 187 de 2014, 984 de 2017 y «los que expida el gobierno nacional
regulando la prima mensual derivada del sueldo básico en los grados de sargento segundo
o primero».

2. La declaratoria de nulidad de la i) «hoja de Servicios No. 472137485 de fecha 4 de
diciembre del año 2019»; ii) Resolución 153 del 21 de febrero de 2019 mediante el
cual se le reconoció el pago de las cesantías definitivas, de acuerdo con el Decreto
1211 de 1990; iii) Resolución 322 del 2 de abril de 2019 que modificó parcialmente
la anterior resolución; y iv) del Oficio 201904233301177081 del 11 de abril de 2019
que resolvió de forma negativa la solicitud de reliquidación de la asignación de retiro.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó a) la reliquidación de la
asignación básica de cada uno de los grados que ostentó el exmilitar por la pérdida
de su poder adquisitivo hasta el año 2019; b) «rehacer la hoja de servicios no. 4-
72137485» con la inclusión y liquidación de i) la asignación básica actualizada con
el aumento salarial del año 2019 y de los factores prestacionales en sus máximos
porcentajes devengados en actividad durante el último año de servicio; ii) la prima
de antigüedad con todo el tiempo prestado de servicio militar, como infante
voluntario y suboficial; iii) todos los tiempos que prestó a la entidad demandada,
correspondiente a un total aproximadamente de 34 años; c) el reconocimiento y
pago de las cesantías por tiempo de servicio «con fundamento en la nueva hoja de
servicios y con el salario devengado para el año 2019 de manera retroactiva por 34 años
de servicio, e incluyendo todos los factores prestacionales en sus máximos porcentajes
devengados en actividad durante el último año de servicio y con el incremento del 9,48%
adicional rezagado por el IPC;» d) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
por el pago extemporáneo de las cesantías.

4. Asimismo, solicitó la declaratoria de nulidad de la i) Resolución 00004 del 4 de
enero de 2019 que reconoció y ordenó el pago de la asignación de retiro; ii)
Resolución 525 del 12 de febrero de 2019 que resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra el anterior acto administrativo de forma desfavorable; y iii) del
Oficio 0023351, consecutivo 201923351 del 1 de abril de 2019, mediante el cual
Cremil resolvió de forma negativa la petición de reliquidación de la asignación de
retiro y dio traslado de esta por competencia a la Armada Nacional.

5. A título de restablecimiento del derecho solicitó, el reconocimiento y liquidación
de la asignación de retiro con la inclusión de: i) todos los tiempos de servicio

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prestados, correspondiente a 34 años; ii) la prima de antigüedad conforme con el
tiempo de servicio; iii) todos los factores salariales «en sus máximos porcentajes
devengados [d]urante el último año de actividad»; iv) el aumento del 9,48% adicional en
la asignación básica y factores salariales de la asignación de retiro como
consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo; v) de la asignación de retiro con
el aumento porcentual de la asignación básica para el sargento primero del año
2019; vi) el pago indexado de esos valores; vii) el reconocimiento y pago de los
daños materiales; viii) la condena en costas a su favor; ix) el cumplimiento de la
sentencia de conformidad con los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

1.1.2. Fundamentos fácticos

6. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:

6.1. Luis Eduardo González Quintanilla se desempeñó como i) soldado regular
desde el 1 de agosto de 1985 hasta el 20 de enero de 1987; ii) infante de marina
voluntario del 15 de febrero de 1987 al 26 de agosto de 1996; iii) alumno suboficial
del 27 de agosto de 1996 al 19 de septiembre de 1996; iv) suboficial desde el 20 de
septiembre de 1996 hasta el 19 de enero de 2019, escalafonado al grado de
sargento primero de infantería de marina. Por lo que prestó un total de servicio de
«34 años».

6.2. La suma de ese tiempo de servicio era de 33 años, 8 meses y 27 días, pero
comoquiera que la última fracción de meses y días superaba los 6 meses debían
aproximarse al año para un total de 34 años, para efectos del reconocimiento de las
cesantías por tiempo de servicio.

6.3. Mediante Resolución 993 del 16 de octubre de 2018 fue retirado del servicio.

6.4. Los aumentos salariales de la asignación básica de cada uno de los grados
militares de la Fuerza pública realizados por decreto fue inferior a lo dispuesto en la
Ley 4 de 1992 y los decretos 1212 de «1997», 058 de 1998, 062 de 1999, 2724 de
2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923 de 2005, 407
de 2006, 1515 de 2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050 de 211,
842 de 2012, 1017 de 2013, 187 de 2014, 1028 de 2015, 214 de 2016 y 984 de
2017; y a los aumentos porcentuales del IPC a partir de 1997 hasta el 31 de
diciembre de 2004. Por lo que «perdió» el poder adquisitivo de ese aumento salarial
en cada uno de los grados que ostentó.

6.5. LaArmada Nacional consolidó la hoja de servicios 4-72137485 del 4 de
diciembre de 2018, aprobada por la Resolución 1241 del 6 de diciembre de 2018, la
cual no fue notificada y «liquidaron erróneamente los factores salariales» y las
cesantías.

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Demandante: Luis Eduardo González Quintanilla

6.6. La asignación básica y factores salariales en el grado de sargento primero
fueron liquidados con un -9,48 de pérdida de poder adquisitivo.

6.7. La asignación de retiro se liquidó de forma incorrecta, porque no se incluyó el
total de los tiempos de servicios, 34 años; la asignación básica tenida en cuenta fue
como sargento primero del año 2018 cuando el demandante estuvo hasta el 15 de
enero de 2019 y sin tener en cuenta el aumento porcentual del IPC del año 2018 o
el mayor porcentaje del aumento por oscilación.

6.8. El 11 de marzo de 2019 presentó solicitud de reliquidación de asignación de
retiro ante Cremil, la cual fue negada mediante los actos administrativos 0023351 y
2019-23351 del 1 de abril de 2019.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

7. Como tales se señalaron los artículos 13, 19 literal e, 25, 48, 53, 83, 150 y 217
de la Constitución Política; 1, 2 y 10 de la Ley 4 de 1992; Decreto 094 de 1989;
artículos 73, 79 literal c, 162, 174 y 232 del Decreto 1211 de 1990; Decreto 4433 de
2004, «Decreto 1796 art 24 y 37»; Ley 923 de 2004 y las convenciones internacionales
en materia de seguridad social.

8. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:

8.1. Los actos administrativos demandados se fundamentaron en los decretos 475
de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004 mediante los cuales el gobierno nacional a
través de la oscilación estableció el aumento del sueldo básico desde el año 2002,
el cual se encontraba por debajo del IPC, lo que desconoció el preámbulo de la
Constitución y la Ley 4 de 1992, y desmejoró sus salarios y prestaciones sociales.

8.2. Los decretos del gobierno nacional que aumentaron el salario de los miembros
de la Fuerza Pública desde el 1 de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2004
vulneraron el artículo 2 y 10 de la Ley 4 de 1992, al no reconocer los aumentos del
IPC. Lo que generó la pérdida del poder adquisitivo del salario y prestaciones del
demandante que se mantuvo hasta su retiro del servicio.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

9. En relación con las pretensiones de la demanda manifestó que era viable «la
conciliación judicial, la cual sería formulada en el momento procesal establecido para ese
efecto».

10. Las asignaciones de retiro pagadas a los militares retirados debían ajustarse

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anualmente de acuerdo con las variaciones que se introdujeran en las asignaciones
pagadas a los militares que se encontraran en servicio activo de acuerdo con cada
grado y al principio de oscilación.

11. Por lo que, en cumplimento de lo anterior, el gobierno nacional anualmente
mediante decreto ejecutivo fijaba los incrementos de los sueldos básicos del
personal en actividad reajustando con ello las asignaciones de retiro.

12. En el régimen de las asignaciones de retiro dispuesto en los artículos 169 del
Decreto 1211 de 1990 y 42 del Decreto 4433 de 2004 únicamente eran aplicables
a los miembros de la Fuerza Pública y tenía como objetivo mantener el poder
adquisitivo de la asignación de retiro y preservar el derecho a la igualdad entre
militares en actividad y en retiro.

13. Con el Decreto 1211 de 1990 se prohibió la aplicación de un régimen diferente
para efectos del reajuste de las asignaciones de retiro, la cual también se
encontraba dispuesta en los decretos 612 de 1977, 089 de 1984 y 095 de 1989.

14. Desde la expedición de la Ley 238 de 1995, fueron más favorables los
incrementos efectuados por el gobierno nacional en cumplimiento del principio de
oscilación que regía para la fuerza Pública, por lo tanto, si se aplicaba el índice de
precios del consumidor para todo el personal retirado debían presentar acciones
judiciales para exigir el reintegro de esos dineros pagados en años anteriores que
fueron más beneficiosos.

15. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva «con
anterioridad al 16 de enero de 2019»; y prescripción del derecho. Además, solicitó que
no se condenara en costas a la demandada.

1.2.2. Armada Nacional

16. No contestó la demanda.

1.3. La sentencia apelada

17. El Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia proferida el 11 de
agosto de 2023 negó las pretensiones de la demanda con fundamento en lo
siguiente3:

18. La aplicación del índice de precios al consumidor previsto en el artículo 14 de la
Ley 100 de 1993 estaba dirigido al reajuste de pensiones y asignaciones de retiro y
no se refirió a los incrementos salariales anuales que para la Fuerza Pública se
fijaban por el gobierno nacional, según el artículo 13 de la Ley 4 de 1992. En ese

3 Samai, índice 2, archivos «13001233300020190048700 » y «10Sentencia».

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sentido, para los años 1997 al 2018 el reajuste de los salarios del personal activo
de la Fuerza Pública se estableció por el gobierno nacional con fundamento en lo
dispuesto en la norma antes mencionada, a través de los decretos 122 de 1997,
058 de 1998, 062 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de
2003, 4158 de 2004, 923 de 2005, 407 de 2006, 1515 de 2007, 673 de 2008, 737
de 2009, 1530 de 2010, 1050 de 2011, 842 de 2012, 1017 de 2013, 187 de 2014,
1028 de 2015, 214 de 2016, 984 de 2017 y 324 de 2018.

19. Comoquiera que para esos periodos Luis Eduardo González Quintanilla era
miembro activo de la Armada Nacional, ya que su retiro del servicio activo se produjo
por medio de la «Resolución 00004 del 4 de enero de 2019», el incremento de su sueldo
básico mensual debía atender a las citadas disposiciones gubernamentales y no
podía realizarse con fundamento en una norma dirigida al personal retirado de la
Fuerza Pública.

20. Debido a que la pretensión de reliquidación de la asignación de retiro y de las
cesantías dependían, necesariamente, de que prosperara la pretensión del reajuste
salarial, pues sería el aumento del sueldo lo que generaría un aumento de la
asignación de retiro y a su vez en la reliquidación de las cesantías, no había lugar
a conceder esa súplica ni a que se ordenara un aumento de la pensión con base en
el IPC, pues el régimen especial de la Fuerza Pública ordenó la aplicación del
principio de oscilación y frente a este se cumplió el mandato de aumento anual
ordenado por el legislador.

21. No le asistía razón al demandante al solicitar el reajuste de los sueldos que
devengó durante los años 1997 al 2018 con inclusión del índice de precios al
consumidor y con fundamento en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y la
consecuente reliquidación de su asignación de retiro, pues el reajuste a que se
refiere dicha norma es de carácter pensional y no salarial. Además, el ajuste de la
asignación básica mensual del personal activo de las Fuerzas Militares y de Policía
era competencia del gobierno nacional por estricto mandato del artículo 13 de la Ley
4 de 1992.

22. En esos términos, no era posible ordenar la reliquidación de la asignación de
retiro soportado en un aumento conforme con el IPC, pues el legislador no previó
que ese aumento se sujetara a este último criterio, pues para las fuerzas militares,
desde el año 2005 el aumento se fundamentó exclusivamente en el principio de
oscilación.

22.1. El tribunal se abstuvo de condenar en costas.

1.4. El recurso de apelación

23. La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de

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primera instancia y lo sustentó así4:

24. La sentencia desconoció el principio de congruencia, porque no profirió una
decisión de fondo con base en los hechos probados, esto es, frente a: i) el tiempo
total de servicio de 34 años, con la inclusión de cada grado militar; ii) la pérdida del
poder adquisitivo de la asignación salarial y el periodo que estuvo en cada uno de
los grados como militar activo conforme con el IPC, el cual llevó a una pérdida en el
último grado del -9.48% y que afectaba la asignación de retiro; iv) la oportuna
solicitud del reconocimiento y pago de las cesantías, so pena de la sanción
moratoria; v) la estructuración de la hoja de servicios «actos administrativos que no le
fueron notificados» y que afectó de forma negativa en la «liquidación errada de las
prestaciones sociales, [p]érdida del poder adquisitivo en cada grado militar, retroactividad,
factores salariales y liquidación de tal prestación con el aumento salarial hasta el 2019
como último año de servicio […]».

25. Además, vi) la disminución de la prima de antigüedad, de acuerdo con la hoja
de servicios 4-72137485 y por tanto de la asignación de retiro; vii) por todos los
anteriores «errores quedaron mal liquidadas las cesantías» lo que generó como
consecuencia «errores» en la asignación de retiro; y viii) los daños y perjuicios
causados al demandante, de acuerdo con el contrato de prestación de servicios
profesionales remunerados del abogado.

25.1. El a quo ató el reconocimiento del IPC a todas las pretensiones de la demanda
cuando esta solo correspondía a una, por lo que dejó de estudiar otros hechos y
pretensiones de aquella.

25.2. El demandante nunca tuvo ruptura de la relación laboral desde que ingresó a
la Armada Nacional, sus prestaciones sociales «en cesantías» y pensión debieron
liquidarse unificadamente durante todos los años de servicio con el último grado
militar de suboficial y no como erradamente lo hizo la entidad que liquidó como
soldado voluntario y otra parte como suboficial.

25.3. Debió proferirse «sentencia de mérito», pues era claro que las normas invocadas
y el concepto de nulidad generaban que la entidad fuera condenada al pago de
intereses moratorios al haber pagado solo hasta el retiro del demandante las
cesantías como infante de marina voluntario.

25.4. Cada pretensión se debió estudiar separadamente con el hecho alegado, la
prueba aportada y el concepto de nulidad planteado, sin que el IPC incidiera, porque
eran pretensiones separadas e individualizadas, pero el tribunal «omitió su trabajo
natural para lo cual le fuera planteada la demanda.»

4 Samai, índice 2, archivos «13001233300020190048700 » y «15RecursoApelaciónSentencia487».

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1.5. Trámite en segunda instancia

26. En auto del 20 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación presentado
por la parte demandante contra la sentencia del 11 de agosto de 2023 proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar5.

27. El Ministerio Público no rindió concepto.

II. Consideraciones

2.1. Competencia

28. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.2. Problema jurídico

29. De conformidad con el recurso de apelación, se debe resolver los siguientes
interrogantes:

29.1. ¿Luis Eduardo González Quintanilla tenía derecho a que su asignación de
retiro fuera reliquidada como consecuencia del reajuste de su asignación básica
conforme con el IPC?

29.2. ¿Tenía derecho a la reliquidación de sus cesantías, por no haber sido
liquidadas en debida forma?

29.3. ¿La prima de antigüedad fue liquidada sobre un porcentaje inferior al
establecido legalmente como partida computable en las cesantías y la
asignación de retiro?

29.4. ¿Es procedente la reliquidación de la asignación de retiro porque no se
incluyeron todos los tiempos de servicio que prestó a la entidad demandada?

30. Con el fin de resolver el anterior planteamiento, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo y jurisprudencial
del régimen salarial de la Fuerza Pública; de la asignación de retiro de los
suboficiales de las Fuerzas Militares y las cesantías de los suboficiales del Ejército
Nacional; segundo, se expondrán los hechos probados; y tercero, se resolverá el

5 Samai, índice 4.

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Demandante: Luis Eduardo González Quintanilla

caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.4. Sobre el régimen salarial de la Fuerza Pública

31. El artículo 150 de la Constitución Política previó que el Congreso de la
República tiene, entre otras, la función de dictar las normas generales y señalar en
ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno nacional para
«[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y la Fuerza Pública».

32. Con fundamento en la anterior disposición, se expidió la Ley 4 de 1992 6, en la
cual se ordenó que, para fijar el régimen salarial y prestacional de los miembros de
la Fuerza Pública [entre otros], el gobierno nacional debía tener en cuenta, entre
otras cosas, la sujeción al marco general de la política macroeconómica, fiscal y la
racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones
presupuestales para cada organismo o entidad. Con base en lo anterior, dispuso
que el gobierno nacional modificaría el régimen salarial correspondiente a los
empleados «aumentando sus remuneraciones».

33. Adicionalmente, en el artículo 13, previó que el gobierno nacional establecería
una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y
retirado de la Fuerza Pública, la cual debía producirse en las vigencias fiscales de
1993 a 1996. Ello ocurrió a partir del Decreto 107 de 1996 que desarrolló este
artículo al precisar que los sueldos básicos corresponderían al porcentaje que se
indicaba para cada grado, «con respecto a la asignación básica del grado de General».
A partir de 1997 el presidente de la República expidió los decretos salariales y, para
ello, sirvió de base el porcentaje de la asignación del grado de general.

34. Como se observa, las asignaciones básicas están sujetas a los decretos que
expide anualmente el gobierno nacional7, los cuales constituyen única fuente para
realizar el incremento salarial, pues el artículo 10 ibidem estableció expresamente
que «[t]odo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las
disposiciones contenidas en la presente ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional
en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos».

6 «[M]ediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno

Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública para la fijación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en
el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política».
7 Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de

1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923 de
2005, 407 de 2006, 1515 de 2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050 de 2011, 842 de
2012 y 1017 de 2013, 187 de 2014, 1028 de 2015, 214 de 2016, 984 de 2017, 324 de 2018, 1002
de 2019, 318 de 2020, 976 de 2021, 466 de 2022, 910 de 2023.

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35. Ahora bien, el artículo 14 de la Ley 100 de 19938 ordenó que las pensiones «se
reajustar[ía]n anualmente de oficio [...] según la variación porcentual del Índice de Precios
al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior». El objetivo
principal de esta norma se contrajo a que tales prestaciones mantuvieran su poder
adquisitivo.

36. Asimismo, el artículo 279 ibidem previó que lo dispuesto en la ley no se aplicaría
a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, pero mediante la
Ley 238 de 19959 se adicionó en el sentido de que aquellas excepciones no
implicaban «la negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y
142 [...] para los pensionados de los sectores aquí contemplados».

37. A partir de lo anterior, la jurisprudencia de esta corporación10señaló
pacíficamente que el reajuste conforme con el IPC procedía únicamente cuando se
trataba de asignaciones de retiro, siempre y cuando resultara más favorable y hasta
antes de que fuera expedida la Ley 923 de 200411 y el Decreto 4433 de 200412,
pues a partir de este momento se estableció que las asignaciones de retiro y
pensiones se incrementarían «en el mismo porcentaje en que se aument[aran] las
asignaciones en actividad para cada grado» [artículo 42].

38. Ciertamente, desde el año 200713, esta corporación sostuvo lo que a
continuación se transcribe:

«[...] no existe la menor duda en el sentido que bajo los mandatos del artículo original
279 de la ley 100 de 1993 los pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional no eran acreedores del reajuste de sus pensiones como lo dispone el artículo
14 de aquella, vale decir, teniendo en cuenta la variación porcentual del Índice de Precios
al Consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, sino como
lo disponía el decreto 1212 de 1990, o sea mediante la oscilación de las asignaciones
de los miembros de la Policía Nacional en actividad.

[...] a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995, el grupo de pensionados de los sectores
excluidos de la aplicación de la ley 100 de 1993, sí tienen derecho a que se les reajuste
sus pensiones teniendo en cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al
Consumidor certificado por el DANE como lo dispuso el artículo 14 de la última y a la
mesada 14 en los términos del artículo 142 ibidem».

39. Más recientemente, en la sentencia proferida el 14 de julio de 2022 14, se

8 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
9 «Por la cual se adiciona el artículo 279 de la Ley 100 de 1993».
10 Ver, por ejemplo, las sentencias proferidas el 17 de mayo de 2007 (8464-2005), 15 de noviembre

de 2012 (25000-23-25-000-2010-00511-01).
11 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno

Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política».
12 «Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la

Fuerza Pública».
13 Sentencia proferida el 17 de mayo de 2017, número interno 8464-2005.
14 Número interno 25000-23-42-000-2019-00883-01 (0501-2022).

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puntualizó lo siguiente:

«1.- Con la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995 (26 de diciembre de 1995 fecha
de su publicación), las excepciones consagradas en el artículo 279 de la Ley 100 de
1993 presentaron una modificación consistente en que a los pensionados de los sectores
allí contemplados entre ellos los de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, en virtud del
principio de favorabilidad y conforme a los artículos 14 y 142 de la Ley 100 de 1993 se
les podía reajustar la asignación de retiro conforme al índice de precios al consumidor
del año inmediatamente anterior certificado por el DANE y la mesada 14,
respectivamente, siempre que el incremento realizado por el Gobierno Nacional en los
decretos anuales de las asignaciones en actividad de los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional sea inferior.

2.- En vigencia de la Ley 238 de 1995 el reajuste por favorabilidad de las asignaciones
de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional conforme al índice
de precios al consumidor señalado en el artículo 14 de la ley 100 de 1993, en cada caso
concreto, aplica desde el año 1993 hasta 2004, toda vez que a partir del 1.° de enero de
2005 se implementó nuevamente el principio de oscilación a través de la expedición del
Decreto 4433 de 2004.

3.- El reajuste conforme al IPC incide directamente en la base de la respectiva prestación
pensional y debe servir para la liquidación de los incrementos que a partir del año 2005
se efectuaran sobre dicha prestación».

40. En suma, el reajuste conforme con el IPC procede únicamente respecto de las
asignaciones de retiro y pensiones, pero no de las asignaciones básicas, en razón
a que las leyes y decretos reglamentarios no especificaron modificación alguna o
disposición diferente de que el gobierno nacional, a través de decretos, es el que
establece el incremento de las asignaciones básicas de los miembros de la Fuerza
Pública.

2.5. De la asignación de retiro de los suboficiales de las Fuerzas Militares

41. El presidente de la República, en desarrollo de la Ley 923 de 2004 expidió el
Decreto 4433 de 2004 que fijó el régimen pensional y de asignación de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública, en su artículo 7 se dispuso el cómputo de tiempo
de servicio de la siguiente manera:

«ARTÍCULO 7°. Cómputo de tiempo de servicio. Para efectos de la asignación de retiro
o pensión de sobrevivientes, el Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección General de
la Policía Nacional, liquidarán el tiempo de servicio, así:
7.1 Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes, el tiempo de permanencia en la
respectiva escuela de formación, sin que pueda sobrepasar de dos (2) años.
7.2 Soldados profesionales, el tiempo de permanencia como alumno de la escuela de
formación, con un máximo de seis (6) meses.
7.3 El tiempo de servicio militar obligatorio en cualquiera de las modalidades
establecidas por ley.
7.4 El tiempo como soldado voluntario.
7.5 Tres meses de alta que se entienden como de servicio activo.
7.6 El tiempo prestado como uniformado en las extinguidas Policías Departamentales o
Municipales, siempre y cuando el uniformado policial realice el aporte correspondiente a

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dicho período a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, de acuerdo con las
normas del presente Decreto.
7.7 El tiempo de servicio como Oficial, Suboficial, miembro del Nivel Ejecutivo, Agente,
o Soldado Profesional, computando 365 días por año de servicio.
PARÁGRAFO. El tiempo de condena privativa de la libertad personal, decretada por la
Justicia Penal Militar o por la ordinaria, o de separación temporal, no se computará como
tiempo de servicio».

42. Frente a las partidas computables de la asignación de retiro y el porcentaje de
reconocimiento de esta los artículos 13 y 14 ibidem previeron lo siguiente:

«ARTÍCULO 13. Partidas computables para el personal de las Fuerzas Militares. La
asignación de retiro, pensión de invalidez, y de sobrevivencia, se liquidarán según
corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas así:
13.1 Oficiales y Suboficiales:
13.1.1 Sueldo básico.
13.1.2 Prima de actividad.
13.1.3 Prima de antigüedad.
13.1.4 Prima de estado mayor.
13.1.5 Prima de vuelo, en los términos establecidos en el artículo 6° del presente
Decreto.
13.1.6 Gastos de representación para Oficiales Generales o de Insignia.
13.1.7 Subsidio familiar en el porcentaje que se encuentre reconocido a la fecha de retiro.
13.1.8 Duodécima parte de la Prima de Navidad liquidada con los últimos haberes
percibidos a la fecha fiscal de retiro.
13.2 Soldados Profesionales:
13.2.1 Salario mensual en los términos del inciso primero del artículo 1° del Decreto-ley
1794 de 2000.
13.2.2 Prima de antigüedad en los porcentajes previstos en el artículo 18 del presente
decreto.
PARÁGRAFO. En adición a las partidas específicamente señaladas en este artículo,
ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y compensaciones,
serán computables para efectos de asignación de retiro, pensiones y sustituciones
pensionales.

ARTÍCULO 14. Asignación de retiro para el personal de Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares en actividad. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en
servicio activo a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto, que sean retirados
con dieciocho (18) o más años de servicio, por llamamiento a calificar servicios o por
retiro discrecional, según el caso, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al
grado, o por disminución de la capacidad psicofísica, o por incapacidad profesional, y los
que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta después
de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los
tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague
una asignación mensual de retiro, así:

14.1 Sesenta y dos por ciento (62%) del monto de las partidas computables a que se
refiere el artículo 13 del presente Decreto, por los dieciocho (18) primeros años de
servicio.
14.2 El porcentaje indicado en el numeral anterior se adicionará en un cuatro por ciento
(4%) por cada año que exceda de los dieciocho (18) hasta los veinticuatro (24) años, sin
sobrepasar el ochenta y cinco por ciento (85%).
14.3 A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el numeral anterior se
incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año adicional a los primeros

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veinticuatro (24) años, sin que el total sobrepase el noventa y cinco por ciento (95%) de
las partidas computables.

PARÁGRAFO 1°. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, que a la fecha
de entrada en vigencia del presente decreto, tuvieren quince (15) o más años de servicio
que sean retirados del servicio activo por llamamiento a calificar servicios o por retiro
discrecional, según el caso, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado,
o por disminución de la capacidad psicofísica, o por incapacidad profesional, tendrán
derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro, así:
El cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas computables a que se refiere el
artículo 13 del presente Decreto, por los quince (15) primeros años de servicio, y un
cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15) hasta los
veinticuatro (24) años, sin sobrepasar el ochenta y cinco por ciento (85%).
A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el inciso anterior se
incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año adicional a los primeros
veinticuatro (24) años, sin que el total sobrepase el noventa y cinco por ciento (95%) de
las partidas computables.
PARÁGRAFO 2°. Los Oficiales y Suboficiales retirados antes del 17 de diciembre de
1968, con treinta (30) años o más de servicio, continuarán percibiendo la asignación de
retiro reajustada al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas que se incluyeron
en cada caso para la respectiva asignación.».

2.6. Las cesantías de los suboficiales del Ejército Nacional

43. En materia del cómputo del tiempo de servicios para efectos del reconocimiento
de las cesantías e indemnizaciones el Decreto 434 de 1907 «por el cual se organiza
la Escuela Militar» estableció que la «Escuela depender[ía] directamente del Ministerio
de Guerra, el cual ejercer[ía] la fiscalización de todo el servicio práctico, de la instrucción
teórica, de la administración y de la disciplina».

44. En lo relativo a la Escuela Militar de Cadetes, desde el Decreto 2777 de 194515
tenía por objeto «[i]nstruir y preparar Oficiales para el servicio activo de las Fuerzas
Militares», el cual se mantuvo con el Decreto 802 de 1952. De acuerdo con la Ley
30 de 1992, se trata de una institución de educación superior, de acuerdo con el
artículo 137 que indicó:

«Artículo 137. La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), el Instituto
Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones (ITEC), el Instituto Caro y Cuervo, la
Universidad Militar Nueva Granada, las Escuelas de Formación de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional que adelanten programas de Educación Superior y el
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), continuarán adscritas a las entidades
respectivas. Funcionarán de acuerdo con su naturaleza jurídica y su régimen
académico lo ajustarán conforme lo dispuesto en la presente ley.»

45. Ciertamente, la Corte Constitucional puntualizó que las escuelas de formación
de las Fuerzas Armadas «son entes estatales orientadas a “la preparación integral de los
futuros oficiales, para el cabal cumplimiento de la misión institucional, cual es la defensa de
la soberanía, el mantenimiento de la seguridad interna y externa y el apoyo al desarrollo del

15 «Sobre organización de los estudios en la escuela militar de cadetes».

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país. Dentro de dicha misión se destaca igualmente la integralidad de la formación del oficial
en sus aspectos humano, ético, científico, físico, militar y cultural con un profundo respeto
por la persona y los valores humanos»16.

46. Tal como ocurre en el caso de los conscriptos, cuando se trata de alumnos de
las escuelas de formación, el tiempo debe computarse para efectos prestacionales,
de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1211 de 1990 en su artículo 170, según
el cual para efectos de «asignación de retiro y demás prestaciones sociales», el
Ministerio de Defensa debía liquidar el tiempo de servicio así: i) oficiales: el tiempo
de permanencia en la respectiva Escuela de Formación de Oficiales con un máximo
de 2 años; ii) suboficiales: el tiempo de permanencia como soldado o alumno de
una escuela de formación de suboficiales con un máximo de 2 años; y iii) el tiempo
de servicio como oficial o suboficial.

47. Por otra parte, en lo que respecta al tiempo prestado en el servicio militar
obligatorio, el artículo 216 de la Constitución Política prevé que « [t]odos los
colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan
para defender la independencia nacional y las instituciones públicas»; a su turno, el
artículo 10 de la Ley 48 de 199317 estableció que todo varón colombiano «está
obligado a definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad,
a excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título
de bachiller».

48. Ahora, aunque este es un mandato constitucional que debe atenderse por todas
las personas que cumplan con los presupuestos previstos en el ordenamiento
jurídico, el legislador estableció unas prerrogativas por su cumplimiento como, por
ejemplo, que el tiempo que este dure será tenido en cuenta en el reconocimiento de
algunas prestaciones sociales. Así, el artículo 40 de la ley citada -contenido en el
título V sobre «derechos, prerrogativas y estímulos»-, dispuso lo que sigue:

«Artículo 40. Al término de la prestación del servicio militar. Todo colombiano que haya
prestado el servicio militar obligatorio, tendrá los siguientes derechos:

a) En las entidades del Estado de cualquier orden el tiempo de servicio militar le será
computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación de vejez y prima de
antigüedad en los términos de la ley;
[...]»

49. Obsérvese que el fin de la prerrogativa o incentivo de la norma en cita se
circunscribió a que el tiempo que durara el servicio militar obligatorio sería
computado para efectos pensionales y el reconocimiento de las cesantías.

50. Mediante el Decreto 1211 de 1990 que reformó el estatuto del personal de
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, dispuso lo siguiente respecto de las

16 Corte Constitucional, sentencias T-596 de 2001 y T-465 de 2003.
17 «[P]or la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización»

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cesantías:

«Artículo 162. Cesantía e indemnizaciones. El Oficial o Suboficial de las Fuerzas
Militares que durante la vigencia de este Decreto se retire o sea retirado del servicio
activo por cualquier causa, tendrá derecho a que el Tesoro Público le pague, por una
sola vez, un auxilio de cesantía igual a un mes de haberes correspondientes a su grado
por cada año de servicio o fracción de seis (6) meses o más, tomando como base las
partidas señaladas en el artículo 158, y a las indemnizaciones que legalmente le puedan
corresponder liquidadas igualmente conforme al artículo antes citado.»

51. Por su parte, el artículo 158 previó las siguientes partidas para efectos de la
liquidación de las prestaciones:

«ARTÍCULO 158. LIQUIDACION PRESTACIONES. Al personal de Oficiales y
Suboficiales que sea retirado del servicio activo bajo la vigencia de este estatuto, se le
liquidarán las prestaciones sociales unitarias y periódicas sobre las siguientes partidas
así:

• Sueldo básico.
• Prima de actividad en los porcentajes previstos en este estatuto.
• Prima de antigüedad.
• Prima de Estado Mayor, en las condiciones previstas en este estatuto.
• Duodécima parte de la prima de Navidad.
• Prima de vuelo en las condiciones establecidas en este Decreto.
• Gastos de representación para Oficiales Generales o de Insignia.
• Subsidio familiar. En el caso de las asignaciones de retiro y pensiones, liquidar
conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de este estatuto, sin que el total por este
concepto sobrepase el cuarenta y siete por ciento (47%) del respectivo sueldo básico.
• Bonificación por compensación

PARAGRAFO. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo
ninguna de las demás primas, subsidios, auxilios, bonificaciones y compensaciones
consagradas en este estatuto, será computable para efectos de cesantías, asignaciones
de retiro, pensiones, sustituciones pensionales y demás prestaciones sociales.» (Se
destaca)

52. Posteriormente, se expidió el Decreto 1252 del 30 de junio de 2000 18 en
desarrollo de la Ley 4 de 1992, el cual en los artículos 1 y 2 dispuso lo que se
transcribe a continuación:

«Artículo 1º. Los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la
fuerza pública, que se vinculen al servicio del Estado a partir de la vigencia del presente
decreto, tendrán derecho al pago de cesantías en los términos establecidos en las Leyes
50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el caso.

Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará aun en el evento en que en la entidad u
organismo a los cuales ingrese el servidor público, exista un régimen especial que regule
las cesantías.

Parágrafo. Los fondos o entidades públicas, incluida la Caja Promotora de Vivienda

18 «[P]or el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los

trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública».

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Militar que administran y pagan las cesantías de los servidores a que se refiere este
artículo, seguirán haciéndolo.

Artículo 2º. Los servidores públicos que a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del régimen
de cesantías retroactivas continuarán en dicho régimen hasta la terminación de la
vinculación laboral en el organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad
prestacional.» (Se destaca)

53. Entonces, los miembros de la Fuerza Pública que se vincularan al servicio a
partir del 30 de junio de 2000 tendrían derecho al pago de las cesantías de acuerdo
con las Leyes 50 de 1990, 344 de 1990 o 432 de 1998, conforme con las cuales, el
31 de diciembre de cada año se haría la liquidación por la anualidad o la fracción
correspondiente, es decir, se aplicaría el régimen anualizado.

2.7. Hechos probados

54. En el expediente se encuentra probado lo siguiente:

54.1. Mediante Resolución 0993 del 16 de octubre de 2018 19, se retiró del servicio
activo de las Fuerzas Militares, Armada Nacional al sargento primero de infantería
marina Luis Eduardo González Quintanilla por llamamiento a calificar servicios,
quien continuaría «dado de alta en la Tesorería Principal del Comando de la Armada
Nacional, en el término de tres (3) meses a partir de la fecha de retiro, en los términos y
para los efectos previstos en el artículo 164 del Decreto Ley 1211 de 1990.»

54.2. El 4 de diciembre de 2018 la Armada Nacional expidió la hoja de servicios 4-
72137485 del demandante, en la que se relacionaron los servicios prestados y
partidas computables para efectos de la asignación de retiro y la liquidación de las
cesantías20, así:

19 Samai, índice 2, «13001233300020190048700 » y «01Cuaderno», páginas 37 a 39.
20 Samai, índice 2, «13001233300020190048700 » y «01Cuaderno», páginas 42 a 44.

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RELACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS
TIEMPOS PARA PENSIÓN Y/O ASIGNACIÓN RETIRO
Concepto Años Meses Días Total
Tiempo Físico 22 0 26 7.946
Formación 0 0 22 22
Servicio Militar Obligatorio 1 5 29 539
Soldado Voluntario 9 6 11 3.421
Tres Meses de Alta 0 3 0 90
Tiempo Total 33 4 28 12.028
Diferencia Año Laboral 0 3 29 119
Tiempo Liquidación 33 8 27 12.147

TIEMPOS PARA PRESTACIONES UNITARIAS
Concepto Años Meses Días Total
Tiempo Físico 22 0 26 7.946
Formación 0 0 22 22
Servicio Militar Obligatorio 1 5 29 539
Tres Meses de Alta 0 3 0 90
Tiempo Total 23 10 17 8.597
Diferencia Año Laboral 0 3 29 119
Tiempo Liquidación 24 2 16 8.716
;

RELACIÓN DETALLADA DE TIEMPOS
Concepto Clase Nro Fecha Desde Hasta Años Meses Días
Servicio Militar RES-ARC 308 19850910 19850801 19870130 1 5 29
Soldado Voluntario OAP-ARC 063 19870224 19870215 19960826 9 6 11
Alumno Suboficial OAP-ARC 470 19960827 19960827 19960919 0 0 22
Suboficial RES-ARC 334 19961009 19960920 20181016 22 0 26
-Cabo Segundo RES-ARC 334 19961009 19960920 19990920 3 0 1
-Cabo Primero RES-ARC 420 19990831 19990921 20030921 4 0 1
-Sargento Segundo Ley 1104 20061213 20030922 20080923 5 0 2
-Sargento Viceprimero RES-ARC 521 20080814 20080924 20130925 5 0 2
-Sargento Primero RES-ARC 684 20130826 20130926 20181016 5 0 20
Tres meses de alta RES-ARC 0993 20181016 20181016 20190116 0 3 0
Llamamiento a calificar RES-ARC 0993 20181016 20181016
servicios

PARTIDAS COMPUTABLES PRESTACIONES UNITARIAS
Descripción Porcentaje Valor
Sueldo Básico 0.0 1.673.556,00
Subsidio Familiar 39.00 652.687,00
Prima de Antigüedad/ Servicio 24.00 401.653,00
Prima de Actividad Militares 37,50 627.834,00
Prima de navidad .00 326.194.00
3.681.674.00

PARTIDAS COMPUTABLES PRESTAPENSIÓN O ASIGNACIÓN DE RETIRO
Descripción Porcentaje Valor
Sueldo Básico 0.0 1.673.556,00
Subsidio Familiar 39.00 652.687,00
Prima de Antigüedad/Servicio 24.00 401.653,00
Prima de Actividad Militares 37,50 828.410.00

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Demandante: Luis Eduardo González Quintanilla

Prima de navidad .00 326.194.00

3.882.500.00

.

HABERES ÚLTIMA NOMINA SEPTIEMBRE/2018 DIAS: 30 Valores Base
GRADO: SP Duodécima Prima
Descripción Porcentaje. Valor (COP) Navidad 2018 (COP)
SUELDO BASICO 1,673,556.00 1,673,556.00
SEGURO DE VIDA SUBSIDIADO 14,316.00
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 56,786.00 56,786.00
JINETA 5.00 83,677.80 83,677.80
PRIMA DECRETO 2863/2007 ARTICULO 1 1.92 255,232.19
PRIMA DE ANTIGÜEDAD/SERVICIO 33.00 552,273.48 552,273.48
SUBSIDIO FAMILIAR 43.00 719,629.08 719,629.08
PRIMA DE ACTIVIDAD MILITARES 49.50 828,410.22 828,410.22
4,183,080.77 3,914,332.58

54.3. A través de la Resolución 1241 del 6 de diciembre de 2018 la Armada Nacional
aprobó la hoja de servicio antes señalada21.

54.4. Mediante la Resolución 0153 del 21 de febrero de 2019 la Armada Nacional
reconoció el pago de las cesantías definitivas con fundamento en el Decreto 1211
de 1990 por el periodo comprendido entre el 20 de septiembre de 1996 al 16 de
octubre de 2018, para un total de 24 años; y el tiempo como soldado voluntario del
15 de febrero de 1987 al 26 de agosto de 1996 para efectos de reconocimiento de
la bonificación prevista en la Ley 131 de 198522, lo que dio como resultado después
de los respectivos descuentos la suma de $15.399.82923.

54.5. Mediante la Resolución 00004 del 4 de enero de 2019 se ordenó el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro al demandante a partir del 16 de
enero de 2019 en cuantía del 95% del sueldo de actividad correspondiente a su
grado en todo tiempo 24, entre las partidas computables a liquidar se dispuso tener
en cuenta el 24% por concepto de prima de antigüedad.

54.5.1. A través de la Resolución 525 del 12 de febrero de 2019 se resolvió el recurso
de reposición interpuesto contra la anterior decisión de forma desfavorable25.

54.6. Contra la anterior resolución el demandante presentó recurso de reposición, el
cual fue resuelto a través de la Resolución 0322 del 2 de abril de 2019 que modificó
el artículo 1 de la Resolución 0153 del 21 de febrero de 2019 y le reconoció la suma

21 Samai, índice 2, «13001233300020190048700 » y «01Cuaderno», página 45.
22 Por la cual se dictan normas sobre servicio militar voluntario.
23 Samai, índice 2, «13001233300020190048700 » y «01Cuaderno», páginas 46 a 48.
24 Samai, índice 2, «13001233300020190048700 » y «01Cuaderno», páginas 67 a 69.
25 Samai, índice 2, «13001233300020190048700 » y «01Cuaderno», páginas 71 a 74.

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de $17.247.426 por concepto de cesantías, en consideración a que el demandante
había realizado el reintegro de subsidio familiar por el valor de $1.847.596.97 26.

54.7. El demandante presentó solicitud de reliquidación27 de la asignación de retiro
ante Cremil con radicado 20190021736 del 11 de marzo de 2019, con el fin de que
se tuvieran en cuenta los 34 años de servicio militar prestado por aquel, para el
reconocimiento de su asignación de retiro con la asignación básica de sargento
primero para el año 2019 de la siguiente manera:

«Que se sirva reliquidar la Asignación de Retiro reconocida a mi poderdante LUIS
EDUARDO GONZÁLEZ QUINTANILLA, inclusive las Resoluciones No. 004 de fecha 04
de enero del año 2019 y Resolución No. 525 del 12 de febrero del año 2019 en los
siguientes aspectos:
a) Incluir y liquidar unificados todos los tiempos de servicio de mi poderdante con la
entidad como Infante de Marina Regular por el Servicio Militar obligatorio, Infante de
Marina Voluntario y Suboficial, 3 meses de alta, 5 días por año diferencia y la
aproximación al año completo de la última fracción que supera los 6 meses, que en total
suman aproximadamente 34 años de servicio;
b) Aumentar el factor Prima de Antigüedad conforme al tiempo de 34 años de servicio;
c) Incluir dentro del reconocimiento y liquidación de la Asignación de Retiro todos los
factores salariales en sus máximos porcentajes devengados por mi poderdante durante
el último año de actividad;
d) Aumentar el 9,48% la adicional en la asignación básica y factores salariales de la
Asignación de Retiro desde la fecha de reconocimiento, rezagados en el grado militar de
Sargento Primero, como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo creciente en
actividad, conforme se explicó;
e) Una vez realizado el aumento del 9.48% adicional rezagado sobre la asignación
básica de Sargento Primero, reconocer y liquidar la Asignación de Retiro con el aumento
porcentual en la asignación básica para Sargento Primero para el año 2019.
f) En todas las anteriores reliquidaciones solicitadas, pagar indexadas las diferencias
favorables surgidas.»

54.8. Con Oficio 0023351, consecutivo 201923351 del 1 de abril de 2019 Cremil dio
respuesta de forma negativa a la anterior petición, comoquiera que se le había
reconocido la asignación de retiro de acuerdo con lo establecido en los artículos 234
y 235 del Decreto Ley 1211 de 1990 y con la hoja de servicios 4-72137485 del 4 de
diciembre de 2018 en la que acreditó 33 años, 8 meses y 27 días de servicio,
correspondiente a su grado y partidas computables en un porcentaje de liquidación
del 95%28.

54.9. Con Oficio 20190423330177081 del 11 de abril de 2019 la Armada Nacional
informó al demandante que frente a su petición de la reliquidación de la asignación
de retiro no era competente para dar una respuesta, pues no era la entidad
encargada de efectuar ese reconocimiento29.

26 Samai, índice 2, «13001233300020190048700» y «01Cuaderno», páginas 56 a 58.
27 Samai, índice 2, «13001233300020190048700» y «01Cuaderno», páginas 75 a 78.
28 Samai, índice 2, «13001233300020190048700» y «01Cuaderno», páginas 81 a 82.
29 Samai, índice 2, «13001233300020190048700» y «01Cuaderno», páginas 63 a 64.

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54.9.1. No obstante, en lo relacionado con la reliquidación del tiempo de servicios
para la «asignación de retiro», teniendo en cuenta el tiempo prestado por el
solicitante como infante de marina regular, infante de marina voluntario, suboficial y
3 meses de alta, no era procedente acceder a la petición, toda vez que según lo
establecido en el artículo 170 del Decreto 1211 de 1990, solo se tendría en cuenta
para la liquidación de prestaciones sociales y asignación de retiro el tiempo de
servicio efectivo prestado en la categoría de suboficial, tiempo de alumno en escuela
de formación con un máximo de dos años, el tiempo reconocido por 3 meses de alta
de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del decreto en mención, así
como el tiempo prestado en el servicio militar obligatorio de acuerdo con lo
establecido en el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, razón por la cual no era posible
tener en cuenta el tiempo de servicio prestado como infante de marina voluntario,
ya que ese período correspondía a otro régimen de carrera diferente del de personal
de suboficiales y oficiales de la Armada Nacional.

2.8. Caso concreto

55. El Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda al
considerar que no procedía el reajuste de la asignación básica que devengó Luis
Eduardo González Quintanilla mientras se encontraba activo en servicio, esto es,
del año1997 al 2008, de acuerdo con el IPC, comoquiera que ese incremento debía
fundamentarse en lo dispuesto en los decretos del gobierno nacional y, el reajuste
previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de 199330, era de carácter pensional y no
salarial.

56. En relación con la reliquidación de la asignación de retiro y de las cesantías,
señaló que como estas dependían necesariamente de que prosperara la pretensión
del reajuste salarial no había lugar a acceder a esa súplica, ni a que se ordenara un
aumento de la pensión con base en el IPC, pues en el régimen especial de la Fuerza
Pública se dispuso la aplicación del principio de oscilación para el aumento anual
ordenado por el legislador.

57. El demandante apeló la anterior decisión al considerar que el a quo había
desconocido el principio de congruencia por no haber realizado un pronunciamiento
de fondo de los hechos probados, como era i) que prestó servicios durante «34»
años a la entidad demandada de acuerdo con cada grado militar; ii) la pérdida del
poder adquisitivo de su asignación salarial, por no haberse liquidado conforme con
el IPC y, lo cual afectó su asignación de retiro; ii) los «errores» en la liquidación de

30 «ARTÍCULO 14. Reajuste de Pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de
jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera de los dos regímenes del
sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán
anualmente de oficio, el 1o. de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios
al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las
pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas
de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno.»

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sus cesantías; y iii) la disminución porcentual de la prima de antigüedad y, como
consecuencia, de la asignación de retiro.

58.Frente al principio de congruencia el artículo 281 del Código General del
Proceso dispuso que «[l]a sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así
lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. Si lo
pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último. […]»

59. En sentencia del 26 de octubre de 2017, esta subsección sostuvo que el
principio de congruencia se erige como una garantía del derecho fundamental al
debido proceso en atención a que este mandato impone que el juez solo pueda
pronunciarse respecto de las pretensiones, las pruebas y las excepciones que las
partes hayan expuesto en el curso del proceso.

60. En línea con lo anterior, esta Subsección consideró que el principio de
congruencia puede ser entendido como el deber legal que tienen los funcionarios
judiciales de resolver un asunto puesto en su conocimiento con fundamento en las
pretensiones, las pruebas aportadas, las normas aplicables y lo alegado por las
partes, sin incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita, como regla general.

61. Asimismo, es relevante precisar que ese principio se analiza bajo dos ámbitos
o facetas. Una externa, que se refiere a la armonía que debe existir entre lo pedido
y alegado por las partes; y otra interna, relacionado con la coherencia entre lo
dispuesto en la parte resolutiva y los argumentos o razonamientos expuestos en la
parte motiva de la providencia.

62. De conformidad con lo expuesto, se observa que el a quo abordó el estudio del
caso bajo examen desde la pretensión de la reliquidación de la asignación básica
con base en el IPC y consideró que como esta no era procedente tampoco había
lugar a realizar un pronunciamiento del reajuste de la asignación de retiro y, a su
vez, de las cesantías. Al respecto, se encuentra que el estudio de las pretensiones
de la demanda no solo se circunscribe a lo antes señalado, sino que además se
pidió en la demanda la reliquidación de las cesantías «de manera retroactiva por 34
años de servicio e incluyendo todos los factores prestacionales en sus máximos porcentajes
devengados en actividad durante el último año de servicio y con el incremento del 9,48%
adicional rezagado por el IPC» y el «pago de la sanción moratoria por el pago
extemporáneo de las Cesantías».

63. Asimismo, solicitó el reconocimiento y liquidación de la asignación de retiro con
la inclusión de todos los tiempos de servicios prestados, esto es, «34» años; la
reliquidación de la prima de antigüedad conforme al tiempo de servicio y el
reconocimiento y pago de los daños materiales.

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64. Respecto del reajuste de la asignación salarial que devengó el demandante
mientras estuvo en servicio activo conforme con el IPC y, en consecuencia, de su
asignación de retiro, se encuentra que le asiste razón al tribunal al negarla, porque,
como lo ha considerado la jurisprudencia de esta corporación, el mencionado
reajuste procede únicamente cuando se trata de asignaciones de retiro reconocidas
dentro del periodo de 1993 a 2004, siempre y cuando resultara más favorable, y
hasta antes de que fuera expedida la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004,
pues a partir de este momento se estableció que las asignaciones de retiro y
pensiones se incrementarían «en el mismo porcentaje en que se aument[aran] las
asignaciones en actividad para cada grado» [artículo 42].

65. En el caso bajo estudio, se observa que al demandante le fue reconocida la
asignación de retiro a partir del 16 de enero de 2019, fecha para la cual ya se
encontraba vigente la normativa antes indicada en la que se dispuso la
implementación del incremento de esta prestación con fundamento en el principio
de oscilación, razón por la cual no hay lugar a aplicar el reajuste de esta prestación
según el IPC.

66. Frente a las cesantías el demandante pidió, de acuerdo con una lectura integral
de la demanda y del recurso de apelación, que se reconociera esta prestación de
forma retroactiva o en caso de haberse reconocido de forma anualizada se ordenara
el reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago de estas de forma
oportuna, y con el salario que percibió en el año 2019; al respecto se evidencia de
la hoja de servicios que Cremil fundamentó la liquidación de esta en lo establecido
en el Decreto 1211 de 199031 que previó un régimen de cesantías retroactivas, y
fue modificado por el Decreto 1252 de 200032, el cual entró en vigor el 30 de junio
de 2000 y estableció que quienes al 25 de mayo de 2000 disfrutaran del régimen de
cesantías retroactivas continuarían en ese régimen hasta la terminación del vínculo
laboral con la entidad en la que se aplicara esa modalidad prestacional.

67. Lo anterior, se configuró en el caso bajo examen, comoquiera que el
demandante fue escalafonado al grado de suboficial en el año 1996, es decir, en
vigencia del Decreto 1211 de 1990, razón por la cual era beneficiario del régimen
retroactivo de cesantías como en efecto lo ordenó la entidad demandada y se
explica a continuación.

68. El artículo 170 del Decreto 1211 de 1990 dispuso que, para efectos del cómputo
de las prestaciones sociales, se tendría en cuenta el tiempo de permanencia como
soldado o alumno de una escuela de formación de suboficiales con un máximo de
2 años y el tiempo de servicio como suboficial. Asimismo, frente al tiempo como

31
«Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares»
32 «Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los

trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública.»

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soldado voluntario el artículo 6 de la Ley 131 de 198533, previó lo siguiente:

«El soldado voluntario que sea dado de baja, tiene derecho a que el Tesoro Público le
pague por una sola vez, una suma equivalente a un mes de bonificación por cada
año de servicio prestado en dicha calidad y proporcionalmente por las fracciones de
meses a que hubiere lugar.» (Se resalta)

69. En línea con lo anterior esta Sección estableció una clasificación de los oficiales
y suboficiales de las Fuerzas Militares a través de la sentencia de unificación del 1
de marzo de 201834 así:

«[e]s significativo anotar que el artículo 5 del Decreto 1211 de 1990, al definir la jerarquía
militar, clasificó a los miembros de las Fuerzas Militares en oficiales y suboficiales en
diferentes grados y categorías según su vinculación al Ejército Nacional, a la Armada
Nacional o a la Fuerza Aérea. (…) En este punto y con el fin de clarificar el ámbito de
aplicación de esta normativa, es importante precisar que no hacen parte del grupo de
suboficiales del Ejército Nacional los soldados voluntarios ni los profesionales, como
tampoco los soldados regulares, bachilleres y campesinos.

En efecto, en los términos de la Ley 131 de 1985, los soldados voluntarios eran
aquellas personas que habiendo prestado servicio militar obligatorio, decidían vincularse
a las Fuerzas Armadas como soldados y en tal condición quedaban sujetos al Código de
Justicia Penal Militar, al Reglamento de Régimen Disciplinario, al Régimen Prestacional
y a las normas relativas a la capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces e
indemnizaciones para los soldados de las Fuerzas Militares y los reglamentos especiales
que se expidieran para el desarrollo de aquella ley.

Posteriormente, el Decreto 1793 del 14 de septiembre de 2000 incorporó a los soldados
voluntarios como soldados profesionales, para quienes el Gobierno Nacional expidió
un régimen salarial y prestacional con base en lo preceptuado por la Ley 4.ª de 1992
(art. 38), el cual se encuentra contenido en el Decreto 1794 del 14 de septiembre de
2000.

De otro lado, se encuentran los soldados regulares, bachilleres y campesinos, que
son modalidades de prestación del servicio militar obligatorio de conformidad con la Ley
48 de 1993, los cuales han sido denominados de manera genérica como conscriptos.
[…]

Es de anotar que, en el caso de los soldados voluntarios y profesionales, al igual que en
el de oficiales y suboficiales, el vínculo con la administración nace de una relación legal
y reglamentaria a través de un acto administrativo de nombramiento y la posterior
posesión del servidor. Mientras que en tratándose de los conscriptos, el vínculo surge
como cumplimiento del deber constitucional de prestar el servicio militar para defender
la independencia nacional y las instituciones públicas.»

70. Es decir que, en vigencia de la Ley 131 de 1985 los soldados voluntarios no
devengaban un salario básico sino una bonificación mensual equivalente al salario
mínimo legal vigente incrementado en un 60% y una bonificación de navidad igual
al monto recibido por la bonificación mensual. Además, cuando eran «dados de baja»

33 «Por la cual se dictan normas sobre servicio militar voluntario.»
34 Expediente 68001-23-33-000-2015-00965-01(3760-16)CE-SUJ2-009-18.

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se hacían acreedores de una suma igual a un mes de bonificación por cada año de
servicios y proporcionalmente por las fracciones de meses a que hubiere lugar. Bajo
estos términos se incluyó en la liquidación de las cesantías del demandante el
reconocimiento del tiempo de servicios que prestó como soldado voluntario que
significaba el reconocimiento de una bonificación, como se evidencia a
continuación35:
«[…]

Tiempo de soldado voluntario: del 15/02/1987 al 26/08/1996
Sueldo básico .00 227.400.00
Prima de antigüedad sol 19.50 133.029.00
Factor 360.429
Tiempo en meses 114
Total de bonificación 3.424.076.00
[…]»

71. Lo anterior, evidencia que el tiempo de 9 años y 6 meses prestados como
soldado voluntario por el demandante sí fueron tenidos en cuenta por parte de
Cremil para efectos de la liquidación de las cesantías definitivas, esto es, 114
meses, pero por concepto de la bonificación por cada año de servicio prestado,
según la Ley 131 de 1985 que se encontraba vigente para ese momento y que lo
regía36.

72. Además, se pudo establecer que se computó un total de 24 años para efectos
del reconocimiento de las cesantías, esto es, el tiempo de servicio como suboficial
del 20 de septiembre de 1996 hasta el 16 de octubre de 2018 (22 años y 26 días) y
se incluyeron otros tiempos «de acuerdo con la hoja/liquidación de servicios», de los
que se infiere que se encuentra incluidos también el tiempo que prestó en el servicio
militar obligatorio, correspondiente a 1 año, 5 meses y 29 días, así como también
los 22 días en los que se desempeñó como «alumno suboficial,» para un total de 23
años, 7 meses y 16 días, es decir que sí se incluyeron los tiempos que echa de
menos el demandante.

73. Por lo tanto, como este último periodo37 tiene una fracción superior a 6 meses
se infiere que se tomó como un año completo38, es decir, que debía liquidarse las
cesantías definitivas sobre un total de tiempo de servicio de 24 años como en efecto

35 De acuerdo con la Resolución 0153 de 2019 que le reconoció la liquidación de las cesantías

definitivas.
36 Posteriormente, con el Decreto 1252 de 2000 se previó para quienes ingresaron al escalafón de

suboficiales después del 25 de mayo de 2000 tendrían un régimen de cesantías anualizadas.
37 Si se suman el 1 año + 5 meses + 29 + 22 días= a 1 año, 7 meses y 16 días.
38 De acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 170 de Decreto 1211 de 1990, el cual dispone:

«Cómputo de tiempo. Para efectos de asignación de retiro y demás prestaciones sociales, el
Ministerio de Defensa liquidar el tiempo de servicio, así: […] PARÁGRAFO 2o. Las fracciones
mayores de seis (6) meses se consideran como año completo para la liquidación del auxilio de
cesantía, pero no para las demás prestaciones sociales.»

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lo hizo la entidad de acuerdo con la Resolución 0153 de 2019, más el tiempo de
soldado voluntario pero traducido en la bonificación correspondiente.

74. Así las cosas, se encuentra que no le asiste razón al demandante al asegurar
que las cesantías le habían sido liquidadas de forma fraccionada y no retroactiva y
con inobservancia de todos los grados que desempeñó cuando prestó servicios ante
la entidad demandada.

75. En lo que respecta a la sanción moratoria invocada, no se acreditó del material
probatorio en qué medida la entidad demandada incurrió en aquella, pues el
demandante se limitó a señalar que si se aceptaba la forma en que había liquidado
las cesantías, esto es, «un periodo como Infante de Marina Voluntario, y otro periodo
como Suboficial», generaba como consecuencia una sanción por el pago
extemporáneo de las cesantías causadas cuando se desempeñó en tales cargos,
lo cual no es de recibo para esta Sala, porque como se expuso previamente la
liquidación de las cesantías se realizó de forma retroactiva lo que implicaba que su
reconocimiento debía realizarse al momento de finalizar el vínculo laboral, como en
efecto ocurrió.

76. Por otra parte, se observa que para efectos de la liquidación de las cesantías y
de la asignación de retiro la entidad demandada tuvo en cuenta como partidas
computables, entre otros, la prima de antigüedad en un 24%, por lo tanto, frente al
reproche relacionado con que se le disminuyó el porcentaje de la prima de
antigüedad que recibía en servicio activo, primero, debe señalarse que esta fue
reconocida con fundamento en lo dispuesto en el Decreto 1211 de 1990, normativa
que respecto de la prima en mención estableció lo siguiente:

«ARTÍCULO 87. Prima de antigüedad. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares, a partir de la fecha en que cumplan quince (15) y diez (10) años de servicio
respectivamente, tendrán derecho a una prima mensual de antigüedad que se liquidar
sobre el sueldo básico, así:

• Oficiales: A los quince (15) años, el diez por ciento (10%); por cada año que exceda de
los quince (15), el uno por ciento (1%) más.

• Suboficiales: A los diez (10) años, el diez por ciento (10%); por cada año que
exceda de los diez (10) el uno por ciento (1%) más.» (Sic)

77. De conformidad con lo anterior y con el material probatorio, se tiene que Luis
Eduardo González Quintanilla se desempeñó como suboficial por 22 años y 26 días,
tiempo en el cual devengó la mencionada prima de antigüedad y esa partida se fijó
en un 24% para efectos de la liquidación de las cesantías definitivas, es decir, por
un porcentaje superior a los años en que se benefició de esta en su calidad de
suboficial. Por lo tanto, no hay lugar a acceder al reajuste de esta prestación
solicitada por el demandante.

78. En lo relativo al porcentaje reconocido como partida computable de la

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mencionada prima en la asignación de retiro, el artículo 123 del Decreto 4433 de
200439 fijó las partidas computables de la asignación de retiro para el personal de
las Fuerzas Militares, entre las cuales, se estableció, respecto de los soldados
profesionales que la prima de antigüedad sería reconocida en los porcentajes
previstos en el artículo 18 ibidem, así:

«ARTÍCULO 18. Aportes de soldados profesionales de las Fuerzas Militares. Los
Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares en servicio activo, aportarán a la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares:

18.1 Un treinta y cinco por ciento (35%) del primer salario mensual, como aporte de
afiliación.

18.2 El monto del aumento de sus haberes, equivalente a los siguientes diez (10) días a
la fecha en que se cause dicho aumento.

18.3 Sobre el salario mensual y la prima de antigüedad, un aporte mensual del cuatro
punto cinco por ciento (4.5%) hasta el 31 de diciembre de 2004, porcentaje que se
incrementará en cero punto veinticinco por ciento (0.25%) a partir del 1° de enero de
2005 y, adicionalmente, otro cero punto veinticinco por ciento (0.25%) a partir del 1° de
enero de 2006, para quedar a partir de dicha fecha en el cinco por ciento (5%).

El aporte sobre la prima de antigüedad fijado en el presente numeral se liquidará sobre
los porcentajes que se señalan a continuación de acuerdo con el tiempo de servicio así:

18.3.1 Ciento por ciento (100%) durante los primeros cinco (5) años.

18.3.2 Ochenta y seis punto tres por ciento (86.3%) durante el sexto (6) año.

18.3.3 Sesenta y nueve punto uno por ciento (69.1%), durante el séptimo (7) año.

18.3.4 Cincuenta y siete punto seis por ciento (57.6%), durante el octavo (8) año.

18.3.5 Cuarenta y nueve punto tres por ciento (49.3%) durante el noveno (9) año.

39 «ARTÍCULO 13. Partidas computables para el personal de las Fuerzas Militares. La asignación

de retiro, pensión de invalidez, y de sobrevivencia, se liquidarán según corresponda en cada caso,
sobre las siguientes partidas así:
13.1 Oficiales y Suboficiales:
13.1.1 Sueldo básico.
13.1.2 Prima de actividad.
13.1.3 Prima de antigüedad.
13.1.4 Prima de estado mayor.
13.1.5 Prima de vuelo, en los términos establecidos en el artículo 6° del presente Decreto.
13.1.6 Gastos de representación para Oficiales Generales o de Insignia.
13.1.7 Subsidio familiar en el porcentaje que se encuentre reconocido a la fecha de retiro.
13.1.8 Duodécima parte de la Prima de Navidad liquidada con los últimos haberes percibidos a la
fecha fiscal de retiro.

13.2 Soldados Profesionales:
[…]
13.2.2 Prima de antigüedad en los porcentajes previstos en el artículo 18 del presente decreto
[subrayas de la Sala].»

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18.3.6 Cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) durante el décimo (10) año.

18.3.7 El treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) a partir del año once (11) de
servicio y, en adelante.» [Se destaca]

79. Por lo que, se concluye que la prima de antigüedad, como partida computable
dentro de la asignación de retiro se liquida sobre un porcentaje del 38.5%, siempre
que se hayan superado 11 años de servicio; ahora, si bien el demandante se
desempeñó como soldado voluntario por 9 años, 6 meses y 11 días, lo cierto es que
también debe tenerse en cuenta el tiempo que prestó como suboficial que ascendía
a 22 años y 26 días, tiempo para el cual también devengó esa prestación.

80. En similar sentido esta Subsección en sentencia del 19 de mayo de 2022 40,
dispuso:

«Conforme a la precitada normativa, concluye la Sala que la prima de antigüedad, como
partida computable dentro de la asignación de retiro se liquida sobre un porcentaje del
38.5%, siempre que se hayan superado 11 años de servicio, por lo que, tal como lo
coligió el Tribunal de instancia, con independencia de que se haya restado el tiempo de
11 años, 7 meses y 21 días durante el cual el actor sirvió como infante voluntario, al
haber completado más de 17 años como suboficial, se debía incluir la partida prima de
antigüedad en un porcentaje de 38.5%, por lo que se confirmará esa decisión.»

81. Por lo anterior, se evidencia del material probatorio que: i) la entidad demandada
le reconoció la asignación de retiro a Luis Eduardo González Quintanilla mediante
Resolución 00004 del 4 de enero de 2019, en la cual se dispuso tener como partida
computable el 24% por concepto de prima de antigüedad, decisión que fue
confirmada a través de la Resolución 525 del 12 de febrero de 2019; ii) se presentó
reclamación administrativa el 11 de marzo de 2019; y iii) la demanda fue radicada
el 23 de octubre de 2019, razón por la cual no se encuentra configurado el fenómeno
jurídico de la prescripción de las mesadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo
43 del Decreto 4433 de 200441.

82. Así las cosas, se ordenará reconocer al demandante la prima de antigüedad en
un 38.5% como partida computable de la asignación de retiro a partir del 16 de enero
de 2019, fecha a partir de la cual la entidad demandada ordenó el reconocimiento y
pago de la asignación de retiro mediante las resoluciones 00004 del 4 de enero de
2019 y 525 del 12 de febrero de 2019.

40 proceso 76001-23-33-000-2017-01761-01 (1274-2021).
41 «ARTÍCULO 43. Prescripción. Las mesadas de la asignación de retiro y de las pensiones
previstas en el presente decreto prescriben en tres (3) años contados a partir de la fecha en que se
hicieron exigibles.
El reclamo escrito recibido por la autoridad competente sobre un derecho, interrumpe la prescripción,
por un lapso igual.
Los recursos dejados de pagar como consecuencia de la prescripción de que trata el presente
artículo permanecerán en la correspondiente entidad pagadora y se destinarán específicamente al
pago de asignaciones de retiro en las Cajas o de pensiones en el Ministerio de Defensa Nacional o
en la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso.»

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83. Por otra parte, no se accederá a la reliquidación de la asignación de retiro sobre
un tiempo total de 34 años, toda vez que de acuerdo con las pruebas que obran en
el expediente se evidencia que la sumatoria de los tiempos bajo la modalidad de
servicio militar obligatorio, soldado voluntario, alumno suboficial, suboficial y los 3
meses de alta arrojan un total de 33 años, 8 meses y 27 días, como en efecto lo
estableció la entidad demandada en la hoja de servicios, por lo que si el demandante
consideraba que se había omitido el cómputo de algún tiempo de servicios adicional
debió sustentarlo y acreditarlo, y tampoco se encontró prueba alguna que diera
cuenta de ello.

84. En lo relacionado con que las cesantías debieron liquidarse con el salario que
devengó en el año 2019, por cuanto estuvo en servicio hasta el 16 de enero de
2019, se encuentra de las pruebas aportadas que mediante la Resolución 0993 del
16 de octubre de 2018 se retiró del servicio activo al demandante por llamamiento
a calificar servicios a partir de la fecha en que se surtiera la comunicación de ese
acto administrativo, la cual se realizó en la fecha antes señalada; además, se
dispuso que estaría de alta por el término de 3 meses a partir de la fecha de retiro.

85. Además, se tiene que en la hoja de servicios 4-72137485 del 4 de diciembre de
2018 se dispuso los haberes de la nómina de septiembre de 2018 de acuerdo con
el grado de sargento primero, en el que se estableció, entre otros emolumentos,
como sueldo básico el valor de $ 1.673.556, el cual coincide con el dispuesto en las
partidas computables para efectos de liquidar las cesantías definitivas, según la
Resolución 0153 del 21 de febrero de 2019.

86. De conformidad con lo expuesto, esta Sala evidencia que para la fecha en que
se expidió la hoja de servicios y la resolución antes mencionadas no se había fijado
el sueldo básico del año 2019 para personal suboficial de las Fuerzas Militares por
parte del gobierno nacional, pues este se expidió hasta el 6 de junio de 2019 según
el Decreto 1002 de 201942, razón por la cual la entidad no contaba con el
fundamento legal para realizar ese reconocimiento con el incremento anual
correspondiente. Ahora, tampoco se probó que en efecto la entidad demandada
haya desconocido el periodo en el que el demandante estuvo en servicio activo
durante el año 2019 o que no se hubiese realizado el pago de ese retroactivo; como
tampoco se sustentó por parte del demandante en qué medida debía hacerse tal
incremento. Por lo tanto, no se accederá a esta súplica.

2.9. Conclusión

42
«Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares; Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional; Personal del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional, y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional; se establecen bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y
Soldados, se modifican las comisiones y se dictan otras disposiciones en materia salarial. »

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87. Por las razones anotadas en precedencia, la Sala confirmará parcialmente la
sentencia Proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar y, en su lugar, accederá
de forma parcial a las pretensiones de la demanda, en consideración a que la prima
de antigüedad debió liquidarse sobre un porcentaje mayor como partida computable
en la asignación de retiro del cual era beneficiario el demandante, razón por la cual
se declarará la nulidad parcial de las resoluciones 00004 del 4 de enero de 2019
que reconoció y ordenó el pago de la asignación de retiro y la 525 del 12 de febrero
de 2019 que resolvió el recurso de reposición presentado por el demandante de
forma desfavorable. En lo demás se confirmará la negativa.

2.10. Costas

88. De acuerdo con los argumentos de reproche del recurso de apelación, se
encuentra que el demandante solicitó que se realizar un pronunciamiento frente a
los presuntos daños y perjuicios que se le causaron, y que se encontraba acreditado
de la «copia del contrato de prestación de servicios profesionales remunerados de
abogado» para adelantar el presente proceso, por lo que se considera que esta
pretensión está relacionada directamente con la condena en costas que incluye las
agencias en derecho.

89. Al respecto, la norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

90. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

91. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma43.

43En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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92. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

93. En el caso concreto, como no se evidenció que, la parte demandada actuara
con temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar el 11 de agosto de 2023, que negó las pretensiones de la
demanda presentada por Luis Eduardo González Quintanilla, contra el Ministerio de
Defensa Nacional, la Armada Nacional y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Declarar la nulidad parcial de los artículos «1o» de las resoluciones
00004 del 4 de enero de 2019 y 525 del 12 de febrero de 2019 que reconoció la
asignación de retiro al demandante y resolvió el recurso de reposición presentado
contra aquella de forma desfavorable, en lo relacionado con la inclusión del 24% de
la prima de antigüedad como partida computable de esa prestación.

Tercero. A título de restablecimiento del derecho ordenar a la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares a liquidar la asignación de retiro de Luis Eduardo González
Quintanilla con la inclusión de la prima de antigüedad en un 38.5%, a partir del 16
de enero de 2019, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.

Quinto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

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JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
KBV

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