Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-01452-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-01452-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2016-01452-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
1 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., primero (1°) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 08001-23-33-000-2016-01452-01 (3876-2021)
Demandante : Candelaria Esther Herrera Pérez
Demandado : Municipio de Ponedera (Atlántico) – alcaldía y
personería
Tema : Sanción moratoria por falta de pago de las cesantías
definitivas; cómputo del término de prescripción
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la actora contra
la sentencia de 13 de noviembre de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, mediante la cual declaró probada la excepción de
prescripción extintiva dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 1 a 7). La señora Candelaria Esther Herrera Pérez,
a través de apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el municipio de Ponedera
(Atlántico) – alcaldía y personería, para que se acojan las pretensiones que en
el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de los oficios (sin número) de 12 de
abril de 2016 y 111-2016 de 20 de los mismos mes y año, con los que la parte
accionada negó la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías
definitivas de la actora.
A título de restablecimiento del derecho, se condene a la demandada a sufragar
la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995, «[…] que debe
liquidarse desde el 16 de febrero de 2007 [sic] hasta que se verifique su pago,
a raíz de un día de salario por cada día de retardo el no pago oportuno de las
cesantías definitivas […]»; lo anterior, junto con el cumplimiento de la
sentencia en los términos de ley y la condena en costas.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata la demandante que «[…] fue empleada de la
PERSONERIA MUNICIPAL DE PONEDERA, prestando sus servicios
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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Candelaria Esther Herrera Pérez contra el municipio de Ponedera
personales en calidad de secretaria pagadora [...] desde el día 01 de abril de
2005 hasta el día 15 de marzo de 2008» (sic).
Que «la Personería Municipal de Ponedera reconoce la obligación salarial a
[su] favor [...] a través de la resolución No. 008-08 de Junio 26 de 2.008 en el
cual ordena su pago» (sic).
Afirma que «[...] el día 30 de marzo de 2016 [...] solicita que se le reconozca y
cancele la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995 art. 5, debido
al no pago de sus cesantías [...]», ante lo cual, mediante oficio (sin número) de
12 de abril de 2006, la personería de Ponedera informó que aún no sufragaban
algunas obligaciones por embargos que tenía; y la administración municipal,
con oficio 111-2016 de 20 de los mismos mes y año, indicó que aquel organismo
cuenta con autonomía presupuestal y administrativa, por lo que tiene
competencia para pronunciarse sobre la sanción deprecada.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos administrativos demandados los artículos 2, 6, 23, 25, 29
y 58 de la Constitución Política; 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006 y la Ley 244 de
1995.
Arguye que le asiste razón en lo reclamado, toda vez que son derechos que
adquirió con justo título, derivados de la relación laboral.
1.5 Contestaciones de la demanda.
1.5.1 Municipio de Ponedera - alcaldía (ff. 72 a 77). A través de apoderado,
contestó el libelo introductorio con oposición a sus pretensiones; respecto de
los hechos dice que se atiene a lo que se pruebe en el curso del proceso; y su
defensa se limitó a la formulación de las excepciones denominadas falta de
legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación por
prescripción del derecho y prescripción.
1.5.2 Ponedera - personería. A pesar de haber sido notificado el respectivo
personero en debida forma, no contestó la demanda.
1.6 Providencia apelada (ff. 113 a 119). El Tribunal Administrativo del
Atlántico, mediante sentencia de 13 de noviembre de 2020, declaró probada la
excepción de prescripción extintiva (sin condena en costas), al considerar que
«[…] la Resolución No. 008-08 de 26 de junio de 2008, proferida por la
2
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Candelaria Esther Herrera Pérez contra el municipio de Ponedera
Personería Municipal de Ponedera, fue notificada a la demandante el 16 de
julio de 2008, de manera que a partir del día siguiente -17 de julio- empezaron
a correr los cuarenta y cinco (45) días de plazo que tenía la administración
para consignar oportunamente la obligación prestacional, los cuales vencieron
el 19 de septiembre de 2008. De igual forma [...] la actora mediante escrito
presentado el 30 de marzo de 2016, ante el Municipio de Ponedera y ante la
Personería Municipal de Ponedera, solicitó el pago de sus cesantías definitivas
y la correspondiente sanción moratoria conforme la Ley 244 de 1995» (sic).
Por tanto, «[...] el término de prescripción de tres (3) años de la sanción
moratoria [...] se cuenta a partir del 20 de septiembre de 2008 [...] es decir, que
el plazo máximo para reclamarla venció el 20 de septiembre de 2011, pero
como la demandante formuló la petición en tal sentido el 30 de marzo de 2016
[...] prescribió la sanción moratoria [...]» (sic).
1.7 Recurso de apelación (ff. 135 y 135A). La demandante, mediante
apoderado, interpuso recurso de apelación, al estimar que «[…] el término de
prescripción de las prestaciones sociales es de 3 años, pero por la fecha en que
se hacen exigibles cambia su conteo, toda vez que el trabajador no las puede
exigir judicialmente sino cuando ha surgido la obligación del empleador de
pagarlas y reconocerlas. Y en los sendos escritos entregados a las solicitudes
realizadas se estaba a la espera de su cancelación, pero a la fecha no fueron
canceladas sus cesantías en ningún fondo [ni a la demandante] configurándose
la reclamación por la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995»
(sic).
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación interpuesto fue concedido mediante proveído de 19 de
julio de 2021 (f. 137) y admitido por esta Corporación a través de auto de 23 de
mayo de 2022 (ff. 141 y vuelto), en cumplimiento del artículo 247 del CPACA1,
pero en la oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem los sujetos procesales
guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES.
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
1
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
3
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Candelaria Esther Herrera Pérez contra el municipio de Ponedera
instancia.
3.2 Cuestión previa. Legitimación en la causa de las personerías
territoriales. La jurisprudencia de esta Corporación2 ha discurrido que las
personerías integran la Administración municipal o distrital, según el caso, dado
que es el concejo, por disposición del artículo 313 (ordinales 6º y 8º) de la
Constitución Política de 1991, que tiene la competencia para determinar, de
acuerdo con la ley, su estructura y funciones, así como elegir al personero.
El artículo 168 de la Ley 136 de 19943 preceptúa que las personerías
municipales y/o distritales cuentan con autonomía presupuestal y
administrativa; asimismo, que «[…] los personeros elaborarán los proyectos
de presupuesto de su dependencia, los cuales serán presentados al alcalde
dentro del término legal, e incorporados respectivamente al proyecto de
presupuesto general del municipio o distrito, el cual sólo podrá ser modificado
por el Concejo y por su propia iniciativa […]», disposición en virtud de la cual,
en armonía con el artículo 177 ibidem, los salarios y prestaciones de los
personeros, como empleados de los municipios, se pagarán con cargo al
presupuesto del respectivo ente territorial.
En ese entendimiento, de conformidad con la autonomía presupuestal y
administrativa de las cuales están investidas las personerías, ellas manejan, de
modo independiente y sin la intervención del municipio o distrito, los recursos
que se les transfieren para el desempeño de sus funciones. De igual manera, a
pesar de que son los departamentos, municipios o distritos los que financian el
funcionamiento de dichos entes de control, no les compete asumir, con cargo a
su presupuesto y consecuencial afectación de sus finanzas, las condenas que se
impongan a estas dependencias, toda vez que, se insiste, las personerías gozan
de autonomía administrativa y financiera y son las responsables del
cumplimiento de las obligaciones laborales del personal a su cargo y del pago
de las sanciones que se deriven por su incumplimiento.
Sobre este asunto, esta subsección, en un caso similar al tratado, discurrió lo
siguiente4:
2
Al respecto pueden verse, entre otras, las sentencias de 18 de enero de 2000, expediente AI-046, C. P. Juan
Alberto Polo Figueroa y 18 de abril de 2002, expediente 76001-23-31-000-1998-1106-01 (2547-00), C. P.
Alberto Arango Mantilla, criterio reiterado en providencia de 29 de julio de 2010, expediente 25000-23-25-
000-2001-10886-01 (1860-09), C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3
«Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios».
4
Sentencia de 22 de enero de 2015, expediente 08001-23-33-000-2012-00045-01 (62-2014).
4
Expediente 08001-23-33-000-2016-01452-01 (3876-2021)
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Candelaria Esther Herrera Pérez contra el municipio de Ponedera
[…] Así las cosas, si bien es cierto el Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla es el encargado de ejercer la Representación
Judicial en el presente asunto, también lo es que, no está obligado a
asumir con cargo a su presupuesto, afectando sus finanzas públicas, las
condenas que le sean impuestas a la Contraloría Distrital, pues esta
última goza de autonomía administrativa y presupuestal.
Por lo anterior, en el presente caso es la Contraloría Distrital de
Barranquilla la encargada de cancelar la condena impuesta, de acuerdo
con los presupuestos que rigen la estructura Estatal, más aun, teniendo
en cuenta que no existe en el presente caso norma alguna que obligue al
Distrito de Barranquilla a asumir directamente las obligaciones
emanadas de los vínculos laborales originados en una relación legal y
reglamentaria, con la Contraloría Distrital, en tal sentido habrá que
aclararse el numeral tercero de la Sentencia recurrida […]
En consecuencia, a pesar de que la correspondiente entidad territorial goza de
personería jurídica, lo cierto es que, en atención a su autonomía administrativa
y financiera, sus entes de control pueden asumir el pago de sus obligaciones,
máxime cuando se trata de las provenientes de sentencias judiciales y, en esa
medida, deben ser vinculados a los procesos judiciales con el fin de que ejerzan
la defensa de sus intereses, como lo ha precisado esta Corporación.
3.3 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación5, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si a la demandante le asiste derecho a
la sanción moratoria por la falta de pago de sus cesantías definitivas, de
conformidad con la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias; y de ser
cierta la anterior hipótesis, establecer si operó el fenómeno jurídico-procesal de
la prescripción extintiva, decretada por el a quo.
3.4 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
y jurisprudencial a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta
respecto del caso concreto.
El auxilio de cesantías es una prestación social a la que todos los empleados del
Estado tienen derecho, cuya finalidad primaria consiste en «[…] cubrir o prever
las necesidades que se originan para el trabajador con posterioridad al retiro
5
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
5
Expediente 08001-23-33-000-2016-01452-01 (3876-2021)
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Candelaria Esther Herrera Pérez contra el municipio de Ponedera
de una empresa, por lo que resulta un ahorro obligado orientado a cubrir el
riesgo de desempleo»6, que actualmente también promueve el acceso de los
trabajadores a los componentes de educación y vivienda.
Por su parte, los salarios moratorios por el pago tardío de dicho auxilio hacen
parte del derecho sancionador por el incumplimiento de una obligación del
empleador, la que carece de carácter accesorio e imprescriptible7, habida cuenta
de que (i) se causa por su no pago y no depende directamente del
reconocimiento de las cesantías, ni hace parte de ellas, pues se genera de manera
excepcional, cuando el empleador omite su deber de cancelarlas dentro de los
términos legales8; y (ii) dada su naturaleza sancionatoria, no puede considerarse
como un derecho exento del fenómeno de la prescripción, so pena de vulnerar
disposiciones legales que consagran que no existirán sanciones
imprescriptibles.
En lo que atañe a la sanción moratoria por el pago tardío o extemporáneo de las
cesantías, la Ley 344 de 19969, que remite al artículo 99 de la 50 de 199010,
concerniente a las anualizadas, y la Ley 244 de 199511, adicionada y modificada
por la 1071 de 200612, regula lo referente a las cesantías definitivas y parciales.
Para el interés del asunto sub examine, la Ley 244 de 1995 determina:
Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de la liquidación de las Cesantías
Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la
entidad patronal deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne
todos los requisitos determinados en la Ley.
Parágrafo.- En caso de que la entidad observe que la solicitud está
incompleta, deberá informárselo al penitenciario dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole
expresamente qué requisitos le hacen falta anexar.
6
Corte Constitucional, sentencia C-823 de 4 de octubre de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
7
Respecto del fundamento normativo de la sanción moratoria, ver sentencia de unificación de la sección
segunda de 25 de agosto de 2016, interno 528-14.
8
Sentencia de la sección segunda, subsección A, de 1º de diciembre de 2016, expediente: 08001-23-31-000-
2011-01398-01 (3221-15).
9
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
10
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones».
11
«Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se
establecen sanciones y se dictan otras disposiciones».
12
«Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas
o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación».
6
Expediente 08001-23-33-000-2016-01452-01 (3876-2021)
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Candelaria Esther Herrera Pérez contra el municipio de Ponedera
Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede
en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las
Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación
social.
Parágrafo.- En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores
públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará
acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo.
Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se
demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.
En ese contexto, la entidad pública empleadora debe expedir la correspondiente
resolución dentro de los 15 días siguientes a la solicitud (cesantías parciales o
liquidación de cesantías definitivas, según el caso) del interesado y tendrá un
plazo máximo de 45 días hábiles para su pago, a partir de la fecha en que
adquiera firmeza el acto de reconocimiento, so pena de sufragar un día de salario
por cada uno de retardo hasta cuando se cumpla la obligación.
Al respecto, la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de
Estado, en fallo de 27 de marzo de 200713, proferido en vigor del Código
Contencioso Administrativo (CCA), unificó el criterio frente a la forma de
contabilizar ese término, así:
En suma, es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles
siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se
reconocen las cesantías definitivas y no a la fecha de reclamación de las
mismas o, en este caso, la de la solicitud de reliquidación, el hito que
debe servir de punto de partida para contar el número de días a efectos
de determinar el monto de la indemnización moratoria.
[…]
Cuando la Administración resuelve el requerimiento del servidor
público sobre la liquidación de sus cesantías en forma tardía (…) el
tiempo a partir del cual comienza el término para que se genere la
indemnización moratoria será la fecha en la cual el interesado radicó la
petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir,
13
Expediente 276001-23-31-000-2000-02513-01 (2777-2004) IJ.
7
Expediente 08001-23-33-000-2016-01452-01 (3876-2021)
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Candelaria Esther Herrera Pérez contra el municipio de Ponedera
quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución,
más cinco (5) días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento
de que la resolución de reconocimiento hubiere sido expedida, con la
salvedad a que alude el mismo precepto, para un total de 65 días hábiles,
transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria.
Sobre el mismo tema, la sección segunda de esta Corporación, en sentencia de
unificación de 25 de agosto de 201614, en lo atañedero a la reclamación, explicó
que «[…] entre la fecha del retiro del servicio y la fecha en que empieza a
correr la indemnización moratoria por la consignación extemporánea de las
cesantías definitivas, existe un lapso de por lo menos 65 días, durante los cuales
se hace la reclamación de las prestaciones definitivas, se expide la resolución
para su liquidación, se notifica y queda en firme ese acto administrativo y,
finalmente, se realiza el pago dentro del término que prevé la Ley 244 de 1995»,
comoquiera que vencido el anterior, se causa la sanción moratoria.
No obstante, en vigor del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), el término de ejecutoria del acto
administrativo es de diez días, como lo preceptúa el artículo 7615, motivo por el
cual el tiempo con el que cuenta la Administración para reconocer, liquidar y
pagar el auxilio de cesantías es de 70 días hábiles a partir de la correspondiente
solicitud, como lo ha sostenido esta subsección16, comoquiera que trascurridos
aquellos, se genera la sanción moratoria.
Dicho en otras palabras, el término a partir del cual resulta exigible la sanción
moratoria, por el pago tardío de las cesantías definitivas, comprende las
siguientes posibilidades: (i) 45 días hábiles a partir del día siguiente de la
ejecutoria (5 días hábiles en vigor del CCA o 10 con el CPACA) del acto que
14
Consejo de Estado, sección segunda, sentencia CE-SUJ004 de 25 de agosto de 2016, expediente: 08001 23
31 000 2011 00628-01 (528-14).
15
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). «Artículo
76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en
la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos
podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si
quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el
personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a
ello hubiere lugar.
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando
proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios».
16
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, medios de control de nulidad y restablecimiento del
derecho: (i) sentencia de 30 de marzo de 2017, expediente 08001-23-33-000-2014-00332-01 (3815-15); (ii)
sentencia de 2 de marzo de 2017, expediente 08001-23-33-000-2012-00431-01 (1721-14); y (iii) sentencia de
26 de enero de 2017, expediente 08001-23-33-000-2013-00790-01 (2621-15).
8
Expediente 08001-23-33-000-2016-01452-01 (3876-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Candelaria Esther Herrera Pérez contra el municipio de Ponedera
reconoce las cesantías definitivas; o, en su defecto, (ii) cuando al cabo de los 15
días hábiles siguientes a la formulación de la solicitud por el interesado, esta no
se resuelve o no se profiere el acto que las reconoce, se tendrá en cuenta la fecha
de presentación, para contar 65 (CCA) o 70 (CPACA) días hábiles, que
trascurridos, a partir del día hábil siguiente se causará la sanción moratoria.
Cabe precisar que la norma a aplicar en el caso de la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías es la que se encuentre en vigor al momento en que
se causa la mora, no al término del vínculo laboral ni cuando se hace la petición
de la cesantía.
Ahora bien, en cuanto al fenómeno extintivo de la prescripción17, que comporta
una sanción al titular del derecho por no haberlo reclamado dentro de los plazos
que la ley le otorga y que por ello se presume que lo ha abandonado, la sección
segunda, en la precitada sentencia18, unificó el criterio en el sentido de que es el
artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el que lo
regula. Prevé dicha norma:
Artículo 151. Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes
sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la
respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito
del trabajador, recibido por el [empleador], sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero
sólo por un lapso igual.
Para arribar a esta decisión, la Sala estimó:
La razón de aplicar esta disposición normativa y no el término
prescriptivo consagrado en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 196919,
previamente citados, consiste en que tales decretos en forma expresa
señalan que la prescripción allí establecida, se refiere a los derechos de
que tratan las referidas normas, entre los cuales no figura la sanción
moratoria, pues para la época de su expedición, la sanción aludida no
hacía parte del ordenamiento legal, la que solo fue creada a partir de la
17
La prescripción es la acción o efecto de «adquirir un derecho real o extinguirse un derecho o acción de
cualquier clase por el transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley "o en otra acepción" como
concluir o extinguirse una carga, obligación o deuda por el transcurso del tiempo» (Consejo de Estado, sección
segunda, subsección A, sentencia de 20 de noviembre de 2014, interno 3404-2013, C. P. Alfonso Vargas
Rincón).
18
Consejo de Estado, sección segunda, sentencia CE-SUJ004 de 25 de agosto de 2016, expediente: 08001 23
31 000 2011 00628-01 (528-14), C. P. Luis Rafael Vergara Quintero.
19
Normas aplicadas para efecto de prescripción, entre otras en sentencias de 21 de noviembre de 2013,
Consejera ponente Bertha Lucía Ramírez de Páez (E), radicación número: 08001-23-31-000-2011-00254-
01(0800-13) y de 17 de abril de 2013, Consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicación
número: 08001-23-31-000-2007-00210-01 (2664-11).
9
Expediente 08001-23-33-000-2016-01452-01 (3876-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Candelaria Esther Herrera Pérez contra el municipio de Ponedera
consagración del régimen anualizado de las cesantías, en virtud de la
Ley 50 de 1990.
Así las cosas, para que la sanción moratoria20 por el no pago oportuno de las
cesantías, de que trata la Ley 244 de 1995, modificada por la 1071 de 2006, no
se afecte por la prescripción extintiva, debe formularse dentro de los tres años
siguientes a su exigibilidad (artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de
la Seguridad Social) para interrumpirla por una sola vez y por un lapso igual,
comoquiera que en aras de la seguridad jurídica «[…] resulta inherente a esta
institución señalar plazos preclusivos para ejercer los derechos
sustanciales»21.
Por tanto, según el criterio de la Sala mayoritaria22, el término de prescripción
debe computarse desde el primer día en que se cause el incumplimiento en el
pago del auxilio de cesantías y la respectiva reclamación administrativa deberá
ser presentada dentro de los tres años siguientes, so pena de configurarse la
prescripción extintiva del derecho a la sanción moratoria.
3.5 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) Resolución 8-08 de 26 de junio de 2008 (f. 15), expedida por el personero de
Ponedera, por medio de la que reconoce y ordena el pago de las cesantías
definitivas y demás prestaciones sociales a la actora por su vinculación a ese
organismo en el cargo de secretaria pagadora, desde el 1º. de abril de 2005 hasta
el 15 de marzo de 2008. Ella se notificó el 16 de julio siguiente.
b) Con escrito de 30 de marzo de 2016 (f. 12), la demandante solicitó de la
personería y la alcaldía de Ponedera que le fuera sufragada la sanción moratoria
20
Dijo la Corte Constitucional, en sentencia C-446 de 1996, que la sanción moratoria es una penalización por
la ineficiencia de las autoridades para cumplir sus obligaciones, que se funda mutatis mutandi en la protección
del poder adquisitivo de los trabajadores, quienes no tienen por qué soportar la demora en el pago de sus
derechos laborales.
21
Ver concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado de 24 de agosto de 2006, con
ponencia del entonces consejero Flavio Augusto Rodríguez Arce, en armonía con las sentencias de la Corte
Constitucional C-198 de 1999, C-298 de 2002 y C-460 de 2004, en relación con la facultad del legislador para
establecer plazos para el ejercicio de las acciones.
22
De la cual en pronunciamientos anteriores se ha apartado el suscrito ponente, porque dicha sanción tiene su
causación cada día de no pago hasta cuando se consigne el valor del auxilio de cesantías, por lo que podría
haber una prescripción parcial, si se reclama dentro de los 3 años siguientes a su cancelación.
10
Expediente 08001-23-33-000-2016-01452-01 (3876-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Candelaria Esther Herrera Pérez contra el municipio de Ponedera
por la falta de pago de sus cesantías definitivas; negada por la primera con oficio
(sin número) de 12 de abril de 2016 (f. 10), en el que el personero municipal le
informó que «[...] en este momento se están cancelando unas obligaciones de
unos embargo que tiene la personería Municipal [...]» (sic), mientras que la jefe
de la oficina asesora jurídica del municipio también resolvió desfavorablemente
a través de oficio 111-2016 de 20 de abril siguiente, por cuanto «[...] es de
competencia de la Personería pronunciarse [...]» (f. 9).
De las pruebas anteriormente enunciadas, se desprende que (i) la actora laboró
para la personería de Ponedera, en forma ininterrumpida, desde el 1º. de abril
de 2005 hasta el 15 de marzo de 2008; (ii) por medio de Resolución 8-08 de 26
de junio siguiente, se le reconocieron sus cesantías definitivas y demás
prestaciones sociales, las que no fueron sufragadas; y (iii) a través de escrito de
30 de marzo de 2016, formuló ante la personería y la alcaldía del ente territorial
petición con el propósito de que le fuera concedida la sanción moratoria por la
falta de pago de sus cesantías definitivas, negada por medio de los actos
acusados.
Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero que ha de advertirse es
que la accionante prestó sus servicios en la personería de Ponedera del 1º. de
abril de 2005 al 15 de marzo de 2008 y, en tal virtud, de acuerdo con la
normativa referida en el capítulo anterior, le asiste derecho a la sanción
moratoria, ante un eventual incumplimiento de los términos de ley para el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas.
Asimismo, se observa que, por medio de Resolución 8-08 de 26 de junio de
2008, el personero de Ponedera reconoció las cesantías definitivas y demás
prestaciones sociales a la demandante, actuación a partir de la cual debe
contabilizarse el término para su pago, de conformidad con el marco jurídico
del acápite que antecede, habida cuenta de que en este caso no obra la petición
de la empleada en ese sentido (ni se incluye fecha alguna sobre esa actuación
en el acto administrativo) y, por ende, desde la fecha del acto que concedió
aquella prestación la accionada contaba con el plazo de 45 días para sufragar
ese auxilio, que inició el 26 de septiembre de 2008, pues fue notificado el 16 de
julio de 200823.
Así las cosas, la Sala destaca las siguientes fechas, importantes para determinar
la mora que alega la accionante:
23
Folio 15.
11
Expediente 08001-23-33-000-2016-01452-01 (3876-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Candelaria Esther Herrera Pérez contra el municipio de Ponedera
Resolución que reconoce las cesantías definitivas 26 de junio de 2008
Notificación del anterior acto administrativo 16 de julio de 2008
24
Término de ejecutoria de la resolución (5 días ) 23 de julio de 200825
Término para efectuar el pago (45 días) 26 de septiembre de 2008
Petición de sanción moratoria 30 de marzo de 2016
Por consiguiente, se evidencia que las cesantías de la actora se reconocieron a
través de la Resolución 8-08 de 26 de junio de 2008, que quedó en firme el 23
de julio siguiente, por lo que los 45 días para efectuar el pago corrieron desde
el 24 de ese mes hasta el 26 de septiembre de la referida anualidad; sin embargo,
el pago de la prestación, según lo probado, no se ha realizado, por lo que, ante
esa tardanza, ella tiene derecho a la sanción moratoria equivalente a un día de
salario por cada uno de retardo, a partir del 27 de septiembre de 2008 hasta la
fecha en que se verifique el pago de la prestación.
Ahora bien, en cuanto al fenómeno jurídico de la prescripción trienal, para la
Sala resulta claro que el término para reclamar la sanción por mora en el pago
tardío del auxilio de cesantías, se rige por lo establecido en el artículo 151 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según se dejó sentando
por esta sección segunda en sentencia de unificación de 25 de agosto de 201626,
como se anotó en el acápite anterior.
A partir de ese contexto, en el sub lite se tiene que la actora no interrumpió de
manera oportuna el término prescriptivo, pues solicitó la sanción moratoria el
30 de marzo de 2016, es decir, después de los tres años siguientes al día en que
la obligación se hizo exigible (27 de septiembre de 2008), por ende, operó la
prescripción extintiva de ese derecho, en armonía con el criterio de la sala
mayoritaria.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, la
Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que declaró probada la
excepción de prescripción extintiva.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
24
Procedimiento administrativo iniciado en vigencia del Código Contencioso Administrativo.
25
Lapso que omitió tener en cuenta el a quo.
26
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, sentencia CE-SUJ-2-004-2016
de 25 de agosto de 2016, expediente 08001-23-31-000-2011-00628-01.
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Expediente 08001-23-33-000-2016-01452-01 (3876-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Candelaria Esther Herrera Pérez contra el municipio de Ponedera
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia de 13 de noviembre de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró probada la excepción de
prescripción extintiva dentro del proceso incoado por la señora Candelaria
Esther Herrera Pérez contra el municipio de Ponedera (Atlántico) – alcaldía y
personería, por las razones expuestas en la parte motiva.
2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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