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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00361-01

Fecha
7 de julio de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00361-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1. Revócase la sentencia de 26 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las súplicas de la demanda incoada por el señor Jaiber Duván Guerrero Lenis contra el departamento del Valle del Cauca, conforme a la parte motiva; en su lugar: 1.1 Declárase la nulidad parcial del oficio T56130 de 3 de octubre de 2014, proferido por el departamento del Valle del Cauca, a través del cual se negó la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas del actor, de acuerdo con la motivación. 1.2 A título de restablecimiento del derecho, ordénase al departamento del Valle del Cauca sufragar, con sus propios recursos, al señor Jaiber Duván Guerrero Lenis la sanción moratoria por la cancelación tardía de las cesantías definitivas, que corre desde el 19 de octubre de 2013 hasta el 4 de febrero de 2014, liquidada con la asignación básica vigente al momento en que empezó a causarse la mora, sin que varíe por la prolongación en el tiempo, según lo expuesto. 1.3 El departamento del Valle del Cauca hará la actualización de la suma total adeudada, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber: R = Rh. índice final índice inicial 23 Expediente 76001-23-33-000-2015-00361-01 (912-2018) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Jaiber Duván Guerrero Lenis contra el departamento del Valle del Cauca 1.4 El departamento del Valle del Cauca deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA 1.5 Niéganse las demás pretensiones de la demanda, como se indicó en la motivación. 2. Sin condena en costas. 3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2015-00361-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

7 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 76001-23-33-000-2015-00361-01 (912-2018)
Demandante : Jaiber Duván Guerrero Lenis
Demandado : Departamento del Valle del Cauca
Tema : Reconocimiento de sanción moratoria y prestaciones
sociales por retiro del servicio

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia de 26 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual negó las súplicas de la
demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 27 a 36). El señor Jaiber Duván Guerrero Lenis,
mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el departamento del Valle
del Cauca, para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se
precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio T56130 de 3 de octubre de
2014, expedido por la secretaría de gestión humana y desarrollo institucional
del Valle del Cauca, con el cual se negó al actor las cesantías y demás
prestaciones sociales y la consecuente sanción moratoria.

A título de restablecimiento del derecho, se condene al accionado a sufragar (i)
las primas «semestral», de vacaciones y de navidad; (ii) las vacaciones, (iii) la
bonificación por recreación, (iv) los intereses a las cesantías y (v) la sanción
moratoria «[…] desde el 11 de [o]ctubre de 2013 […] hasta el 30 de [a]bril de
2014 […]» por el pago tardío de las cesantías y la falta de cancelación de las
demás prestaciones.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que «[…] fue nombrado mediante
Resolución No. 1165 de 6 de [j]ulio de 2012 en el cargo de [j]efe de [o]ficina
[a]sesora, código 115, grado 02, en el área de prensa y comunicaciones», del

Expediente 76001-23-33-000-2015-00361-01 (912-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Jaiber Duván Guerrero Lenis contra el departamento del
Valle del Cauca

que tomó posesión el 11 siguiente y desempeñó hasta el 1º. de abril de 2013;
sin embargo, «[…] la entidad empleadora no consignó las cesantías generadas
durante el año 2012 el 14 de [f]ebrero [siguiente] en el fondo respectivo».

Que «[e]l 9 de [j]ulio [de 2013] […] presentó escrito por medio del cual solicitó
la liquidación de todas sus acreencias laborales, allegando los certificados y
la información requerida […]», frente a lo cual «[…] la [s]ecretaría de
[g]estión [h]umana y [d]esarrollo [o]rganizacional del Valle del Cauca profirió
el 6 de [d]iciembre del mismo año, esto es 4 meses y 27 días después, la
Resolución No. 1173 de 2013 por medio de la cual liquidaba las cesantías
[…]», las que «[…] consignó […] en el Fondo el 30 de [a]bril […]» de 2014.
No obstante, «[…] a pesar de haber efectuado la liquidación correspondiente
[…] no pagó las sumas […] por: [p]rima semestral, [v]acaciones,
[b]onificación por recreación, [p]rima[s] de vacaciones […] [y de] navidad e
[i]ntereses a las cesantías».

Afirma que «[…] presentó derecho de petición en el cual requirió al
demandado a fin de que reconociera y pagara las sumas generadas por la
[s]anción [m]oratoria establecida en la Ley 244 de 1995, así como las
prestaciones sociales indicadas […], la sanción por no pago de los intereses a
las cesantías, y la sanción moratoria, en subsidio de la indexación, por no pago
de las prestaciones sociales», lo que fue negado por medio del acto
administrativo acusado.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo demandado los artículos 1 de la Ley 52 de
1975, 1 y 2 de la Ley 244 de 1995, 8 y 11 del Decreto 3135 de 1968, 58 del
Decreto 1042 de 1978, 24, 28 y 32 del Decreto 1045 de 1978 y 8 del Decreto
25 de 1995.

Arguye «[…] durante la vigencia de la relación laboral […] la entidad
empleadora incumplió con sus obligaciones con el trabajador, siendo la
primera de ellas la de pagar las primas y bonificaciones generadas a
[d]iciembre del año 2012, dentro de los plazos estipulados; conceptos que a 1
de [a]bril de 2013, fecha de finalización de la relación laboral, aún se
adeudan».

Que «[…] nos encontramos frente a un incumplimiento injustificado por parte
del DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA de las obligaciones que
como empleador le corresponden, incumplimiento que indefectiblemente le ha
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Jaiber Duván Guerrero Lenis contra el departamento del
Valle del Cauca

generado perjuicios […] y que por ende le genera el reconocimiento no sólo de
los derechos prestacionales adeudados sino también de las sanciones e
indemnizaciones que legalmente corresponden».

1.5 Contestaciones de la demanda. A pesar de haber sido notificado en debida
forma, el accionado guardó silencio.

1.6 La providencia apelada (ff. 185 a 188 vuelto). El Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, en sentencia de 26 de octubre de 2017, negó las súplicas
de la demanda (con condena en costas), al considerar que «[…] en el asunto de
la referencia es evidente la ausencia de elementos de prueba que den sustento
a los pedimentos de la demanda, pues si bien es cierto la entidad accionada
incumplió la obligación de remitir los antecedentes administrativos de la
actuación, no es menos cierto que la parte actora tampoco aportó los medios
de convicción idóneos que den sustento a lo pedido con el libelo, pues no existe
prueba que evidencie la mora en el pago de las acreencias reclamadas o
constancia de la consignación tardía del auxilio de cesantías en el fondo
respectivo y menos aún de la falta de pago en las prestaciones sociales […] que
afirma se adeudaban al finalizar la relación laboral».

1.7 El recurso de apelación (ff. 193 y 194). El accionante, mediante apoderado,
interpuso recurso de apelación, al estimar que el a quo no valoró que «[…] el
demandado no aportó unos antecedentes administrativos solicitados […]
siendo OBVIO que […] no puede aportar prueba de un pago que no ha
realizado» (sic). Por tanto, «[l]a ausencia de los citados antecedentes […] solo
sirve para demostrar que el DEPARTAMENTO DEL VALLE adeuda a la fecha
cada una de las prestaciones que se reclamaron, hecho plenamente
corroborado por el mismo ente demandado quien en respuesta que sirvió como
base a la presente acción (oficio de octubre 3 de 2014); de una parte indicó que
el pago de las prestaciones debía ser gestionado ante la pagaduría de la
entidad, y de otra señaló que la resolución que reconoció las cesantías fue
expedida el 8 de diciembre de 2013, siendo modificada el 24 de febrero de 2014
y su pago fue autorizado para la vigencia presupuestal de febrero de 2014.
Nótese como en esta respuesta el Departamento no cuestiona la fecha de pago
de las cesantías (30 de abril de 2014), ni tampoco cuestiona adeudar las
prestaciones sociales reclamadas» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL.

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 13 de diciembre

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Expediente 76001-23-33-000-2015-00361-01 (912-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Jaiber Duván Guerrero Lenis contra el departamento del
Valle del Cauca

de 2017 (f. 197) y admitido por esta Corporación a través de auto de 8 de octubre
de 2018 (f. 206), en el que se dispuso la notificación personal al agente del
Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con providencia de 17 de junio de 2019 (f. 212), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por el
último.

2.2 Ministerio Público (ff. 217 a 224 vuelto). La señora procuradora segunda
delegada ante esta Corporación presentó concepto en el que solicita que la
sentencia recurrida sea confirmada, por cuanto «[…] con las pruebas allegadas
al expediente se establece que el demandante laboró en el ente territorial hasta
el 1º de abril de 2013, sin embargo, era necesario que solicitara el pago de la
prestación al tenor de lo dispuesto en el artículo 4º de la ley 1071 de 2006,
presupuestos que tenía que demostrar el demandante, porque si bien la entidad
no aportó los antecedentes administrativos, no es menos cierto que [a]l
accionante también le asistía la carga procesal de aportar las pruebas para
demostrar los supuestos fácticos que adujo en el libelo, con el propósito de
sustentar sus pretensiones».

Que «[…] para efectos de determinar la mora y el período en el que se
configuró, era necesario allegar por lo menos el escrito que elevó ante la
entidad accionada, para verificar si se cumplieron o no los términos regulados
por el ordenamiento jurídico […] a pesar de que se advierte que el trámite se
cumplió mucho tiempo después de la fecha del retiro del servicio, sin embargo,
se reitera, no se puede presumir o colegir la mora como lo pretende el
apelante».

2.3 Decreto de pruebas de oficio. Ante la necesidad de clarificar aspectos
relevantes de la controversia, en providencia de 30 de octubre de 2020 (f. 226),
se decretó como pruebas las siguientes:

1º. […] requiérase del departamento del Valle del Cauca […] [que]
aporte (i) todos los antecedentes administrativos y documentos que
reposen en la entidad acerca del […] [demandante]; (ii) copia legible de
la Resolución 1175 u 1173 (según corresponda al actor) de 6 de
diciembre de 2013, junto con su constancia de notificación o ejecutoria
y la totalidad de documentos que hayan servido de soporte para su
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Jaiber Duván Guerrero Lenis contra el departamento del
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expedición, las constancias de consignación de los valores allí
reconocidos y cualquier otro acto o actos que con posterioridad la hayan
modificado, aclarado o adicionado o que guarden relación con la
determinación allí adoptada, y (iii) copia de cada uno de los actos
administrativos y sus notificaciones, a través de los cuales se haya
reconocido cesantías, primas, vacaciones, bonificaciones y demás
emolumentos al demandante, durante su vinculación o por liquidación
definitiva con ocasión de su retiro de la entidad, con las constancias de
sus pagos.

2º. Solicítese […] del demandante que […] allegue los extractos del
fondo o los fondos de cesantías a los cuales haya estado afiliado desde
julio de 2012 hasta la actualidad.
[sic para toda la cita].

El anterior requerimiento fue cumplido por (i) el actor, según memorial visible
en los folios 228 a 231 y (ii) el demandado, de conformidad con documento
adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada
SAMAI.

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si al actor le asiste derecho al pago de
las cesantías y demás prestaciones sociales y a la sanción moratoria por la
cancelación tardía de sus cesantías definitivas (causadas a su retiro del servicio
el 1º. de abril de 2013 y reclamadas el 9 de julio siguiente) y por la falta de pago
de las otras prestaciones; o si no hay lugar a ello, dado que no aportó los medios
probatorios para soportar sus pretensiones y hechos del libelo introductorio,
según concluyó el a quo.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.

El artículo 122 de la Constitución Política preceptúa que «[n]o habrá empleo
público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento y para proveer
los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva
planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente».
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Jaiber Duván Guerrero Lenis contra el departamento del
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Respecto de la anterior previsión, el artículo 19 de la Ley 909 de 2004 dispone:

1. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función
pública objeto de esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de
funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las
competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de
satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del
Estado.

2. El diseño de cada empleo debe contener:
a) La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que
permita identificar con claridad las responsabilidades exigibles a quien
sea su titular;
b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo,
incluyendo los requisitos de estudio y experiencia, así como también las
demás condiciones para el acceso al servicio. En todo caso, los
elementos del perfil han de ser coherentes con las exigencias funcionales
del contenido del empleo;
c) La duración del empleo siempre que se trate de empleos temporales.
[…].

Por su parte, el Decreto 785 de 20051 (artículo 2), en lo concerniente al empleo
público, establece que es «[…] el conjunto de funciones, tareas y
responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas
para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los
planes de desarrollo y los fines del Estado». Asimismo, «[l]as competencias
laborales, funciones y requisitos específicos para su ejercicio serán fijados por
las autoridades competentes para crearlos, con sujeción a lo previsto en el
presente decreto-ley y a los que establezca el Gobierno Nacional, salvo para
aquellos empleos cuyas funciones y requisitos estén señalados en la
Constitución Política o en leyes especiales».

De igual modo, el mencionado Decreto 785 de 2005 fija la responsabilidad en
las autoridades territoriales de los departamentos, distritos y municipios de
adecuar, elaborar y ajustar las plantas de personal y los respectivos manuales de
funciones y de requisitos (artículos 13, 27, 28 y 29), y corresponde a la unidad
de personal de cada organismo o entidad adscrita al ente territorial «adelantar
los estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición del
manual de funciones y de requisitos y velar por el cumplimiento de lo dispuesto
en el […] [aludido] decreto» (artículo 32, inciso 3°, ibidem).

1
«Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los
empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004»
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Valle del Cauca

Por otro lado, en lo atañedero a las cesantías definitivas, se destaca que
comporta una prestación social a la que todos los empleados del Estado tienen
derecho, cuya finalidad primaria consiste en «[…] cubrir o prever las
necesidades que se originan para el trabajador con posterioridad al retiro de
una empresa, por lo que resulta un ahorro obligado orientado a cubrir el riesgo
de desempleo»2, que actualmente también promueve el acceso de los
trabajadores a los componentes de educación y vivienda.

Por su parte, la sanción moratoria por el pago tardío del mencionado auxilio,
integra el derecho sancionador por el incumplimiento de una obligación del
empleador, la que carece de carácter accesorio e imprescriptible3, habida cuenta
de que (i) se causa por su no pago y no depende directamente del
reconocimiento de las cesantías, ni hace parte de ellas, dado que se genera de
manera excepcional, cuando el empleador omite su deber de cancelarlas dentro
de los términos legales4; y (ii) dada su naturaleza sancionatoria, no puede
considerarse como un derecho exento del término de prescripción, so pena de
vulnerar disposiciones legales que consagran que no existirán sanciones
imprescriptibles.

En lo atinente a la sanción moratoria por el pago tardío o extemporáneo de las
cesantías, la Ley 344 de 19965, que remite al artículo 99 de la 50 de 19906,
concierne a las anualizadas, y la Ley 244 de 19957, adicionada y modificada por
la 1071 de 20068, regula lo referente a las cesantías definitivas y parciales.

Para el interés del asunto sub examine, la Ley 244 de 1995 determina:

Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de la liquidación de las Cesantías
Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la
entidad patronal deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne
todos los requisitos determinados en la Ley.
Parágrafo.- En caso de que la entidad observe que la solicitud está
incompleta, deberá informárselo al penitenciario dentro de los diez (10)

2
Corte Constitucional, sentencia C-823 de 4 de octubre de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
3
Respecto del fundamento normativo de la sanción moratoria, ver sentencia de unificación de la sección segunda
de 25 de agosto de 2016, radicado 528-14.
4
Sentencia de la sección segunda, subsección A, de 1º. de diciembre de 2016, expediente: 08001-23-31-000-2011-
01398-01 (3221-15).
5
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
6
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones».
7
«Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se
establecen sanciones y se dictan otras disposiciones».
8
«Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o
parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación».
7

Expediente 76001-23-33-000-2015-00361-01 (912-2018)
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Valle del Cauca

días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole
expresamente qué requisitos le hacen falta anexar.
Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede
en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las
Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación
social.
Parágrafo.- En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores
públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará
acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo.
Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se
demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.

En ese contexto, la entidad pública empleadora debe expedir la correspondiente
resolución dentro de los 15 días siguientes a la solicitud (cesantías parciales o
liquidación de cesantías definitivas, según el caso) del interesado y tendrá un
plazo máximo de 45 días hábiles para su pago, a partir de la fecha en que
adquiera firmeza el acto de reconocimiento, so pena de sufragar un día de salario
por cada uno de retardo hasta cuando se cumpla la obligación.

Al respecto, la sala de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado, en
fallo de 27 de marzo de 20079, proferido en vigor del Código Contencioso
Administrativo (CCA), unificó el criterio respecto de la forma de contabilizar
ese término, así:

En suma, es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles
siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se
reconocen las cesantías definitivas y no a la fecha de reclamación de las
mismas o, en este caso, la de la solicitud de reliquidación, el hito que
debe servir de punto de partida para contar el número de días a efectos
de determinar el monto de la indemnización moratoria.
[…]
Cuando la Administración resuelve el requerimiento del servidor
público sobre la liquidación de sus cesantías en forma tardía (…) el
tiempo a partir del cual comienza el término para que se genere la
indemnización moratoria será la fecha en la cual el interesado radicó la
petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir,
quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución,
más cinco (5) días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento
9
Expediente 276001-23-31-000-2000-02513-01 (2777-2004) IJ.
8

Expediente 76001-23-33-000-2015-00361-01 (912-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Jaiber Duván Guerrero Lenis contra el departamento del
Valle del Cauca

de que la resolución de reconocimiento hubiere sido expedida, con la
salvedad a que alude el mismo precepto, para un total de 65 días hábiles,
transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria.

Sobre el mismo tema, la sección segunda de esta Corporación en sentencia de
unificación de 25 de agosto de 201610, en lo atañedero a la reclamación, dijo
que «[…] entre la fecha del retiro del servicio y la fecha en que empieza a
correr la indemnización moratoria por la consignación extemporánea de las
cesantías definitivas, existe un lapso de por lo menos 65 días, durante los cuales
se hace la reclamación de las prestaciones definitivas, se expide la resolución
para su liquidación, se notifica y queda en firme ese acto administrativo y,
finalmente, se realiza el pago dentro del término que prevé la Ley 244 de 1995»,
comoquiera que vencido el anterior, se causa la sanción moratoria.

No obstante, en vigor del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), el término de ejecutoria del acto
administrativo es de diez días, como lo preceptúa el artículo 7611, motivo por el
cual el tiempo con el que cuenta la Administración para reconocer, liquidar y
pagar el auxilio de cesantías es de 70 días hábiles a partir de la correspondiente
solicitud, como lo ha sostenido esta subsección12, comoquiera que trascurridos
aquellos, se genera la sanción moratoria.

Dicho en otras palabras, el término a partir del cual se hace exigible la sanción
moratoria, por el pago tardío de las cesantías definitivas, comprende las
siguientes posibilidades: (i) 45 días hábiles a partir del día siguiente de la
ejecutoria (5 días hábiles en vigor del CCA o 10 con el CPACA) del acto que
reconoce las cesantías definitivas; o en su defecto, (ii) cuando al cabo de los 15
días hábiles siguientes a la formulación de la solicitud por el interesado, esta no

10
Consejo de Estado, sección segunda, sentencia CE-SUJ004 de 25 de agosto de 2016, expediente: 08001 23 31
000 2011 00628-01 (528-14), C. P. Luis Rafael Vergara Quintero.
11
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). «Artículo 76.
Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o
al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán
interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien
fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero
municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere
lugar.
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda
será obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios».
12
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho:
(i) 08001-23-33-000-2014-00332-01(3815-15), sentencia de 30 de marzo de 2017; (ii) 08001-23-33-000-2012-
00431-01(1721-14), sentencia de 2 de marzo de 2017; y (iii) 08001-23-33-000-2013-00790-01(2621-15), sentencia
de 26 de enero de 2017.
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Expediente 76001-23-33-000-2015-00361-01 (912-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Jaiber Duván Guerrero Lenis contra el departamento del
Valle del Cauca

se resuelve o no se profiere el acto que las reconoce, se tendrá en cuenta la fecha
de presentación, para contar 65 (CCA) o 70 (CPACA) días hábiles, que
trascurridos, a partir del día hábil siguiente se causará la sanción moratoria.

Al respecto, cabe precisar que la norma a aplicar en el caso de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías es la que se encuentre en vigor al
momento en que se causa la mora, no al término del vínculo laboral ni cuando
se hace la petición de la cesantía.

Al margen de lo anterior, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo (CST)
prevé que «[s]i a la terminación del contrato, el empleador no paga al
trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención
autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado,
como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de
retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique
si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde
la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su
reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido
pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses
moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la
Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25)
hasta cuando el pago se verifique», que comúnmente se conoce como
«indemnización por falta de pago de las prestaciones sociales» o «salarios
caídos».

Se precisa que, de acuerdo con el artículo 3 del CST, este «[…] regula las
relaciones de derecho individual del Trabajo de carácter particular, y las de
derecho colectivo del Trabajo, oficiales y particulares».

La Corte Constitucional, en sentencia C-55 de 199913, al estudiar la
constitucionalidad de la anterior disposición, dijo:

Igualmente, es importante destacar que el constituyente al consagrar
algunos derechos de carácter laboral y regular directamente varios
aspectos de la función pública, diferenció las relaciones de trabajo de
los servidores del Estado frente a las de los trabajadores particulares.
Basta citar a manera de ejemplo, la institucionalización de la carrera
administrativa para el sector público, la prohibición de huelga en los
servicios públicos esenciales, el derecho a la negociación colectiva
plena para los trabajadores privados y algunos de los oficiales, la

13
M. P. Carlos Gaviria Díaz.
10

Expediente 76001-23-33-000-2015-00361-01 (912-2018)
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Jaiber Duván Guerrero Lenis contra el departamento del
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remuneración para el sector público es fijada por decreto del Gobierno
y para el sector privado de común acuerdo entre las partes, las funciones
para los empleados públicos deben estar contempladas en ley o
reglamento, etc. y así podrían citarse muchas otras.

Tales diferencias no dependen únicamente de la naturaleza del vínculo
laboral -contrato de trabajo para los particulares y relación legal y
reglamentaria para los servidores públicos-, sino también de otros
factores como las necesidades que se busca satisfacer –públicas por un
lado, privadas por el otro-, de los intereses que se protegen –interés
general en contraposición al interés particular-, de la calidad de las
partes que participan en cada evento –el Estado empleador frente al
empresario privado-, y de las funciones que cumplen los diferentes
estamentos dentro de la sociedad –funciones públicas versus funciones
privadas-.

Al armonizar las disposiciones constitucionales citadas, se llega a la
conclusión de que el legislador, por medio de ley, debe regular no sólo
las relaciones laborales de los particulares sino también las de los
servidores públicos. La expedición de regímenes diferenciales, mas no
discriminatorios, para el sector privado y el sector público es entonces,
una potestad que emana de la misma Constitución

Por su parte, esta sección, en fallo de 18 de mayo de 201114, en lo atinente a las
diferencias que se presentan entre los empleados públicos y los trabajadores
oficiales, discurrió:

Estos empleados [públicos] se caracterizan por estar vinculados a la
administración mediante una relación legal y reglamentaria; esta
vinculación se manifiesta en la práctica por el acto de nombramiento y
posesión del empleado, y quiere decir que el régimen al cual quedan
sometidos está previamente determinado en la ley, de manera que no
hay posibilidad legal de discutir y acordar con la administración las
condiciones de prestación del servicio, ni al momento del nombramiento
ni posterior a la posesión, ya que ellos solo puede presentar peticiones
respetuosas a la administración.
[…]
La característica principal de estos trabajadores oficiales, consiste en
que se encuentran vinculados a la administración mediante un contrato
de trabajo, lo cual los ubica en una relación de carácter contractual
laboral semejante a la de los trabajadores particulares; la consecuencia
más importante de esta relación contractual laboral consiste en que las
normas a ellos aplicables constituyen apenas un mínimo de garantías a
su favor, de modo que es posible discutir las condiciones laborales, tanto

14
Sección segunda, subsección A, expediente 25000 23 25 000 2004 03275 02 (554-08), C. P. Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren.
11

Expediente 76001-23-33-000-2015-00361-01 (912-2018)
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Valle del Cauca

al momento de celebrar el contrato como posteriormente por medio de
pliego de peticiones, los cuales pueden dar por resultado una convención
colectiva, un pacto colectivo […].

Y en lo referente a la aplicación del CST a los empleados públicos, en
providencia de 25 de enero de 201815, afirmó:

El Tribunal consideró que la indemnización moratoria del artículo 65
del CST no podía ser aplicada al caso del demandante por haber
ostentado la calidad de empleado público, razón por la cual negó las
pretensiones de la demanda.

Por su parte, el demandante recurrió la sentencia y para el efecto
argumentó que se le discrimina al no tener en cuenta las disposiciones
legales y constitucionales que protegen a los empleados del sector
público y privado; en consecuencia, insistió en que debe ser
indemnizado por la mora en que incurrió la entidad en el pago de sus
prestaciones sociales al momento de finalizar la relación laboral, en
atención al artículo 65 del CST.

Para esta Subsección resulta claro que la existencia de regímenes
diferenciados para los empleados públicos y trabajadores oficiales, no
implica per se una forma de discriminación. Como es sabido, la
vinculación del empleado público y del trabajador oficial es diferente;
el primero, se ata a la administración mediante una modalidad legal o
reglamentaria que involucra un régimen previamente establecido en la
ley y que regula el ingreso, la permanencia, el ascenso y el retiro, lo cual
se concreta con el nombramiento y la posesión.

El trabajador oficial por su parte se vincula mediante un contrato de
trabajo que se regula a través de sus cláusulas convencionales y su
existencia se define según la necesidad del servicio en la rama ejecutiva,
vale decir, a la actividad que deban cumplir de acuerdo con los fines
estatales.

En efecto, la naturaleza de uno y otro es disímil razón suficiente para
justificar el trato diferente, sin que la normatividad que el legislador fijó
tanto para los empleados públicos como para los trabajadores oficiales
se traduzca en un modo de discriminación.

De los documentos que obran en el plenario, resulta claro que el señor
[…] cuando estuvo vinculado a la ESE hospital […] en el cargo de
tesorero, lo hizo bajo la modalidad de empleado público, situación frente
a la cual no existe discusión alguna en el presente asunto.

15
Sección segunda, subsección A, expediente 44001-23-33-000-2014-00032-01 (1815-15).
12

Expediente 76001-23-33-000-2015-00361-01 (912-2018)
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Valle del Cauca

Ahora, en atención al artículo 3 del CST, se concluye sin mayores
argumentos que las relaciones que regula, no son las de los empleados
públicos, sino que está ligada al derecho laboral individual, cuya base
estructural es el contrato de trabajo.

En atención a lo anterior a los trabajadores oficiales, incluso quienes
laboran con entidades públicas, se les aplica el CST y su vinculación es
a través del contrato de trabajo, en el cual concurren las voluntades de
ambas partes para acordar las condiciones de la prestación del servicio.

Por el contrario, el empleado público tiene una vinculación legal y
reglamentaria, en la cual no tiene la posibilidad legal de acordar con la
administración la manera de prestar el servicio, es decir, el régimen al
cual quedan sometidos está previamente determinado en la ley.

De acuerdo con lo planteado, resulta claro que cada régimen tiene sus
notas características las cuales no pueden desconocerse y menos aún
entrar reconocer los derechos consagrados en una norma que claramente
no se debe aplicar.

A partir de este recuento jurisprudencial, no es dable aplicar, en forma
indiscriminada, las previsiones del Código Sustantivo del Trabajo, sin examinar
si se trata de un empleado público, trabajador oficial o empleado del sector
privado, en la medida en que, según se expuso, ese estatuto regula relaciones
laborales que sustancialmente no pueden ser tratadas igual, como es el caso de
la denominada «indemnización moratoria por falta de pago de las prestaciones
sociales», preceptuada en el artículo 65 ibidem que, de conformidad con el
anterior derrotero, no se extiende a los empleados públicos, por cuanto estos
cuentan con instrumentos jurídicos específicos a su tipo de vinculación legal y
reglamentaria con la Administración, que difiere de aquella regulada por el CST
en la que las partes, por acuerdo de voluntades, pactan las condiciones de
tiempo, modo y lugar en que se desarrollará el vínculo laboral.

3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:

a) Decreto 165 de 6 de julio de 2012 (f. 3), expedido por el gobernador del Valle
del Cauca, por el cual nombró al actor en el cargo de jefe de oficina asesora,
código 115, grado 02, en prensa y comunicaciones, del que tomó posesión el 11
siguiente (f. 4).
13

Expediente 76001-23-33-000-2015-00361-01 (912-2018)
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Jaiber Duván Guerrero Lenis contra el departamento del
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b) El 15 de marzo de 2013 el accionante presentó renuncia al anterior empleo,
aceptada con Decreto 220 de 1º. de abril siguiente, proferido por el funcionario
anterior16.

c) Escrito de 26 de junio de 2013 (f. 8), firmado por el demandante y dirigido a
la secretaria de gestión humana y desarrollo organizacional del Valle del Cauca,
en el que dice:

Soli[ci]to respetuosamente su autorización para iniciar los trámites
correspondientes al pago de mi liquidación como funcionario de la
[g]obernación del Valle en el cargo de [j]efe [a]sesor de [p]rensa y
[c]omunicaciones.

Relaciono a continuación documentos solicitados:
1. Número de cuenta para consignar […]
2. Fotocopia de c[é]dula ampliada
3. Carné
4. Paz y salvo de Fondesarrollo y Coopserp
5. Certificado de [f]ondo de [c]esantías
[…] (sic para toda la cita).

Sobre este documento, la Sala advierte que en su esquina superior derecha
aparece un radicado 513 de 9 de julio de 2013, a las 9:41 a. m., «Folios 10.
Rufino» (sic), información que no fue discutida por el ente accionado y que, de
acuerdo con la demanda, corresponde a la petición de sus cesantías definitivas
y demás prestaciones sociales con ocasión de su retiro del servicio.

d) Resolución 1175 de 6 de diciembre de 2013 (f. 9), de la secretaría de gestión
humana y desarrollo organizacional del Valle del Cauca, «por medio de la cual
se liquida y reconoce una cesantía definitiva» al actor por la suma de
$3.065.970, que comprendió como conceptos: cesantías ($2.050.408) y sus
intereses ($62.196), sueldo ($773.394), vacaciones compensadas ($98.009),
prima de navidad ($ 69.634) y bonificación por recreación ($12.329).

En relación con este acto administrativo, se destaca que en los documentos
allegados por el ente accionado, se indicó que fue aclarado con Resolución 289
de 26 de febrero de 2014; sin embargo, no se conoce el contenido de esta, por
no encontrarse en la historia laboral del demandante.

e) Certificado de tiempo de servicio de 11 de febrero de 2014 (f. 6), suscrito por

16
Ff. 44 y 50 del archivo adjunto en el índice 15 del documentos correspondientes a este proceso en la herramienta
electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
14

Expediente 76001-23-33-000-2015-00361-01 (912-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Jaiber Duván Guerrero Lenis contra el departamento del
Valle del Cauca

el subsecretario de recursos humanos del Valle del Cauca, según el cual el
accionante prestó sus servicios en el aludido empleo de jefe de oficina asesora,
código 115, grado 02, en prensa y comunicaciones, desde el 11 de julio de 2012
hasta el 1º. de abril de 2013.

f) El índice 15 de los documentos de este proceso en la herramienta electrónica
para la gestión judicial denominada SAMAI, da cuenta de que el accionado, en
virtud del auto de 30 de octubre de 2020 (que decretó pruebas de oficio en
segunda instancia) y previa petición formulada por el actor, remite copia de los
siguientes documentos:

Documento Concepto Valor
Orden de pago ---- $3.228.428
Intereses de cesantías $62.196
Cesantías $2.050.408
Asignación básica $773.394
«indemnización vacaciones» $98.009
Cuentas por pagar
Bonificación especial $12.329
Prima de navidad $69.634
Prima de servicios $64.449
Prima de vacaciones $98.009

g) Certificación de 30 de noviembre de 2020 (f. 231) de la gerencia de clientes
del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, conforme a la cual el 5 de febrero
de 2014 el accionante recibió en su cuenta individual un pago por la suma de
$3.069.010, por «consignación cesantías 2013».

h) Memorial de 3 de septiembre de 2014 (ff. 17 a 20), con el que el demandante
pide del accionado:

1. El reconocimiento y pago de la sanción moratoria a razón de un día
de salario por cada día de retardo, contados a partir del día 66 siguiente
a la presentación de la solicitud (desde el 11 de [o]ctubre de 2013) y en
que se realizó el pago efectivo de las cesantías […]

2. El reconocimiento y pago de las siguientes acreencias laborales:
• Prima semestral.
• Vacaciones.
• Bonificación por recreación.
• Prima de vacaciones.
• Prima de navidad.
• Intereses a las cesantías.
• Sanción por no pago de los intereses a las cesantías.

15

Expediente 76001-23-33-000-2015-00361-01 (912-2018)
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3. La sanción moratoria por el no pago de las acreencias laborales antes
relación[adas] o, en subsidio, la indexación de las mismas.
[sic para toda la cita]

i) Oficio T-56130 de 3 de octubre de 2014 (ff. 23 a 25), emitido por el ente
demandado, con el que niega la anterior solicitud, con fundamento en que las
prestaciones reclamadas fueron pagadas; informa sobre la expedición de las
Resoluciones 1175 de 6 de diciembre de 2013 y 289 de 26 de febrero de 2014
e indica que, para efectos de la sanción moratoria, se debió desvirtuar la buena
fe de la Administración, lo que no ocurrió, por lo que al demandante no le asiste
el derecho a su pago. Este comporta el acto administrativo acusado.

En relación con la Resolución 289 de 26 de febrero de 2014, en el oficio
demandado se señala que «[…] modifica la [R]esolución […] 1175 del 8 [sic]
de diciembre de 2013, en los artículos primero, segundo y tercero, en cuanto al
valor a pagar por $3.228.428 y a la disponibilidad presupuestal que la
[s]ecretaría de [h]acienda y [c]rédito [p]úblico expidió para la vigencia 2014
[…]».

De las pruebas relacionadas se tiene que el actor (i) prestó sus servicios como
jefe de oficina asesora, código 115, grado 02, de prensa y comunicaciones del
Valle del Cauca desde el 11 de julio de 2012 hasta el 1º. de abril de 2013, cuando
se le aceptó su renuncia; (ii) el 9 de julio siguiente reclamó del accionado el
pago de sus cesantías definitivas y demás prestaciones sociales por retiro del
servicio; (iii) con Resolución 1175 de 6 de diciembre de 2013, ese ente le
reconoció la suma de $3.065.970 por concepto de cesantías y sus intereses,
vacaciones, bonificación por recreación y prima de navidad; (iv) el 5 de febrero
de 2014 recibió, en su cuenta individual en el Fondo de Pensiones y Cesantías
Porvenir, una consignación por «cesantías 2013» por valor de $3.069.010; (v)
a través de Resolución 289 de 26 de febrero de esa anualidad, se modificó la
Resolución 1175 de 2013, en el sentido de establecer que el monto a pagar era
de $3.228.428; y (vi) el 3 de septiembre de 2014 pidió del demandado la sanción
moratoria por la cancelación tardía de esas cesantías y sus intereses y por la falta
de pago de las otras prestaciones sociales, así como sufragar las primas de
vacaciones, «semestral» y navidad; la bonificación por recreación y los
intereses a las cesantías, lo que le fue negado con el acto acusado, porque, por
un lado, dicho auxilio y los demás emolumentos habían sido reconocidos con
otros actos administrativos y, por otro, frente a la sanción moratoria no se probó
la mala fe de la Administración en su pago tardío.

Con ocasión de la anterior decisión, el demandante acudió a la jurisdicción de
16

Expediente 76001-23-33-000-2015-00361-01 (912-2018)
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lo contencioso-administrativo con el propósito de obtener su nulidad, lo que no
logró ante el Tribunal de instancia, por lo que interpuso recurso de apelación,
para insistir en que el accionado incumplió los plazos para el pago de sus
cesantías definitivas, por lo que le asiste el derecho a la sanción moratoria por
ese concepto, así como a la cancelación de las prestaciones sociales causadas a
su retiro, las que, en su criterio, no le fueron sufragadas.

Para resolver el asunto sub examine, la Sala precisa el orden cronológico de las
siguientes situaciones fácticas:

Actuación Fecha
Retiro del servicio 1º. de abril de 2013
Reclamación de pago de prestaciones sociales y
9 de julio de 2013
cesantías definitivas
Resolución que decide sobre la anterior petición 6 de diciembre de 2013
Pago en la cuenta individual del Fondo de
5 de febrero de 2014
Pensiones y Cesantías Porvenir
Resolución que modifica el monto a pagar 26 de febrero de 2014
Solicitud de reconocimiento de sanción moratoria 3 de septiembre de
y pago de prestaciones sociales 2014
Acto que niega (acusado) 3 de octubre de 2014

Asimismo, resulta relevante destacar que, a lo largo de las diferentes
actuaciones del ente accionado, al actor le han sido otorgados los siguientes
conceptos prestacionales:

Documento Concepto Monto Totales
Cesantías $2.050.408
Intereses a las cesantías $62.196
Sueldo $773.394
Resolución 1175 de
Vacaciones $98.009 $3.065.970
2013
Bonificación por
$12.329
recreación
Prima de navidad $69.634
Certificación del «consignación cesantías
$3.069.010
fondo de pensiones 2013»
Cesantías $2.050.408
Intereses a las cesantías $62.196
Sueldo $773.394
Vacaciones $98.009
Cuentas por pagar $3.228.428
Bonificación por
$12.329
recreación
Prima de navidad $69.634
Prima de servicios $64.449
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Prima de vacaciones $98.009
Orden de pago ----- $3.228.428

De la información consignada en los anteriores cuadros, la Sala arriba a las
siguientes conclusiones:

• Sí se acreditó la presentación de la solicitud de pago de las cesantías definitivas
y demás prestaciones sociales por causa del retiro del servicio, cuya fecha es de
9 de julio de 2013, contrario a lo expuesto por el a quo.
• Por medio de Resolución 1175 de 6 de diciembre de 2013, se atendió la
anterior reclamación, en el sentido de reconocer las cesantías definitivas y sus
intereses, el sueldo proporcional, las vacaciones, la bonificación por recreación
y la prima de navidad, en una suma total de $3.065.970.
• No es cierto que las cesantías definitivas hayan sido pagadas el 30 de abril de
2014, como se indicó en el libelo introductorio. En la certificación del Fondo
de Pensiones y Cesantías Porvenir se evidencia un ingreso a esa cuenta
individual por «cesantías 2013» de 5 de febrero de 2014, por la suma de
$3.069.010, que difiere en $3.040 de lo reconocido en Resolución 1175 de 2013.
• La Resolución 1175 de 2013 fue modificada con Resolución 289 de 26 de
febrero de 2014, pero no se conoce su contenido, solo que modificó el valor a
pagar a $3.228.428.
• El 3 de septiembre de 2014 el demandante pidió del accionado la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías y que se sufragaran las primas
«semestral», de vacaciones y de navidad; las vacaciones, la bonificación por
recreación y los intereses a las cesantías; sin embargo, esos emolumentos fueron
incluidos en la Resolución 1175 de 2013, a excepción de las primas de
vacaciones y «semestral».

En ese contexto, esta Corporación precisa que no hará ningún pronunciamiento
sobre el reconocimiento de las primas de vacaciones y «semestral», por cuanto
la eventual omisión de la Administración frente a su concesión debió discutirse
con la expedición de la Resolución 1175 de 6 de diciembre de 2013, por lo que
hacerlo en este momento implica revivir una oportunidad que para el actor
precluyó.

Igual destino sigue el hecho de que, con la reclamación de 3 de septiembre de
2014 (que dio origen al oficio demandado) y el libelo introductorio, se pide el
reconocimiento de unas prestaciones sociales que fueron otorgadas en la
referida Resolución, como son las cesantías y sus intereses, la prima de navidad,
las vacaciones y la bonificación por recreación, circunstancia en virtud de la
18

Expediente 76001-23-33-000-2015-00361-01 (912-2018)
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cual es acertado que el ente accionado niegue dicho reconocimiento en el acto
acusado, que expresamente hace alusión a las mencionadas Resoluciones 1175
de 6 de diciembre de 2013 y 289 de 26 de febrero de 2014.

Acerca de esta circunstancia, es del caso advertir sobre el propósito declarativo
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el
artículo 138 del CPACA, lo que escapa de la pretensión de pago de dicho auxilio
y de las demás prestaciones concedidas con Resoluciones 1175 de 2013 y 289
de 2014, por cuanto en esos actos ya fue otorgado el derecho y, por tanto, ante
su incumplimiento, lo que procede es su ejecución17. Ello independientemente
de que el accionante, a través de la petición de 3 de septiembre de 2014, haya
intentado un pronunciamiento de la Administración sobre su pago.

En lo referente a la pretensión de la «indemnización» por falta de pago de esos
emolumentos (que se presume es la establecida en el artículo 65 del CST, pues,
a pesar de no haberse invocado una norma jurídica específica, corresponde a su
contenido), no resulta aplicable a los empleados públicos, de acuerdo con el
criterio fijado por esta Corporación18; además, en caso de admitirse siquiera su
revisión formal, obsérvese que no se presentó la alegada falta de pago en virtud
de las referidas Resoluciones y, se insiste, cualquier reproche debe ventilarse
mediante otro instrumento judicial.

En tales condiciones, solo resta determinar si al actor le asiste razón en reclamar
la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas y sus
intereses, deprecadas el 9 de julio de 2013, con la advertencia efectuada que su
pago se realizó el 5 de febrero de 2014 y no el 30 de abril siguiente, como se
señaló en el escrito de demanda, por lo que se destacan las siguientes fechas,
importantes para establecer la mora alegada:

17
En un caso similar, esta Corporación, en sentencia de 17 de febrero de 2011, expediente 47001-23-31-000-2002-
00324-01(0160-10), C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, discurrió: «En ese orden de ideas y como lo que
pretende la actora en el sub-lite es el pago del saldo de lo que la Universidad del Magdalena le reconoció por
concepto de auxilio de cesantía, así como los intereses y la sanción moratoria correspondientes; la Sala estima que
la Jurisdicción competente para conocer de este caso es la Ordinaria a través de la acción ejecutiva. Por esa razón,
y en aras de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia de la demandante y la primacía del
derecho sustancial sobre el formal, se ordenará remitir el expediente a esa Jurisdicción, sin perjuicio de la carga
procesal que le asiste al actor consistente en adecuar la demanda a la acción procedente.
No puede ser otra la conclusión porque en la hipótesis en la que la Sala opte por dictar sentencia en el sub-lite; lo
único que puede decidir en caso de acceder a las pretensiones (dada la competencia de esta Jurisdicción y la acción
incoada), es declarar la nulidad de los actos fictos y ordenar el pago de lo adeudado. No obstante, lo anterior riñe
con toda lógica si se tiene en cuenta que la Universidad del Magdalena ya le reconoció al demandante la cesantía
mediante acto administrativo en el cual, además, ordenó el pago de dicha prestación. Por ello y como lo que quiere
la actora es que el pago se materialice en el porcentaje adeudado, es el Juez ordinario el competente para ejecutar
las obligaciones surgidas de actos administrativos».
18
Sección segunda, subsección A, sentencia de 25 de enero de 2018, expediente 44001-23-33-000-2014-00032-01
(1815-15).
19

Expediente 76001-23-33-000-2015-00361-01 (912-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Jaiber Duván Guerrero Lenis contra el departamento del
Valle del Cauca

Solicitud de cesantías 9 de julio de 2013
Término para expedir la resolución (15 días) 30 de julio de 2013
Término de ejecutoria de la resolución (10 días)19 14 de agosto de 2013
Término para efectuar el pago (45 días) 18 de octubre de 2013
Fecha del acto de reconocimiento de cesantías 6 de diciembre de 2013
Fecha de pago de las cesantías definitivas 5 de febrero de 2014
Petición de sanción moratoria 3 de septiembre de 2014

En el asunto sub judice, el accionado otorgó las cesantías definitivas del actor a
través de Resolución 1175 de 6 de diciembre de 2013, empero, como este fue
emitido por fuera del término legal previsto para esos efectos, el plazo máximo
de pago de la prestación y la fecha a partir de la cual se genera la respectiva
sanción moratoria, corresponde al cómputo de 65 días hábiles después de
formulada la solicitud de reconocimiento, período que se divide así: (i) 15 días
para expedir la resolución, (ii) 5 de ejecutoria del acto y (iii) 45 para efectuar el
pago.

Por ende, como la petición de cesantías fue presentada el 9 de julio de 2013, la
resolución de reconocimiento debía ser proferida a más tardar el 30 de julio
siguiente y cobraría ejecutoria el 14 de agosto de ese año, motivo por el cual la
entidad tenía hasta el 18 de octubre de 2013 para pagar el auxilio de manera
oportuna. No obstante, como la prestación se sufragó el 5 de febrero de 2014,
el accionante tiene derecho a la sanción moratoria por el interregno
comprendido entre el 19 de octubre de 2013 y el 4 de febrero de 2014, liquidada
con la asignación básica vigente al momento en que empezó a causarse la mora,
sin que varíe por la prolongación en el tiempo.

Se aclara que en el presente caso no operó el fenómeno jurídico de la
prescripción trienal, de conformidad con el artículo 151 del Código Procesal del
Trabajo y Seguridad Social20, pues entre el 19 de octubre de 2013 (día en que
empezó a causarse la mora) y el 3 de septiembre de 2014 (solicitud de
reconocimiento de la sanción) no trascurrieron tres años.

En consecuencia, el demandante acierta parcialmente en sus argumentos de
apelación, en la medida en que le asiste derecho a la sanción moratoria causada
por el pago tardío de sus cesantías definitivas y sus intereses.

19
De acuerdo con el marco jurídico de este fallo, el CPACA entró en vigor el 2 de julio de 2012.
20
Artículo 151. Prescripción. «Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se
contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador,
recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción
pero sólo por un lapso igual».
20

Expediente 76001-23-33-000-2015-00361-01 (912-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Jaiber Duván Guerrero Lenis contra el departamento del
Valle del Cauca

En este orden de ideas, la sentencia apelada será revocada para acceder
parcialmente a las pretensiones, pues se declarará la nulidad en forma parcial
del oficio T56130 de 3 de octubre de 2014, proferido por el accionado, por
cuanto no reconoció la sanción moratoria por la cancelación tardía de las
cesantías definitivas del actor, que corre desde el 19 de octubre de 2013 hasta
el 4 de febrero de 2014, liquidada con la asignación básica vigente al momento
en que empezó a causarse la mora, sin que varíe por la prolongación en el tiempo.

Por último, en relación con la condena en costas y las agencias en derecho que
corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso,
esta Corporación, en sentencia de 1º. de diciembre de 201621, se pronunció así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en
que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda
acepción es entendida por la Real Academia Española como «2. tr.
Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del
CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio
de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por
las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio
judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de
la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo
21
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
21

Expediente 76001-23-33-000-2015-00361-01 (912-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Jaiber Duván Guerrero Lenis contra el departamento del
Valle del Cauca

sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda,
excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen
hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se
utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o
con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u
omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y
expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente
inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses de la
demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía
judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues
con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos
jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.

Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte demandada, no se
impondrá condena en costas.

3.5 Síntesis de la Sala. Con fundamento en los elementos de juicio allegados al
expediente y apreciados en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica,
sin más disquisiciones sobre el particular, se revocará el fallo de primera
instancia (que negó las pretensiones de la demanda) y, en su lugar, se declarará
la nulidad parcial del acto administrativo demandado y, a título de
restablecimiento del derecho, se ordenará al departamento del Valle del Cauca
sufragar, con sus propios recursos, la sanción moratoria por la cancelación
tardía de las cesantías definitivas del actor, que corre desde el 19 de octubre de
2013 hasta el 4 de febrero de 2014, liquidada con la asignación básica vigente al
momento en que empezó a causarse la mora, sin que varíe por la prolongación
en el tiempo; y se negarán las demás pretensiones de la demanda.

La suma que deberá cancelar la entidad accionada por concepto de sanción
moratoria se actualizará de acuerdo con la fórmula según la cual el valor presente
(R) se determinará al multiplicar el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulta
de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE
(vigente a la fecha de la sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha de la
causación de la prestación). La fórmula que debe aplicar la entidad demandada es
22

Expediente 76001-23-33-000-2015-00361-01 (912-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Jaiber Duván Guerrero Lenis contra el departamento del
Valle del Cauca

la siguiente:

R = Rh. índice final
índice inicial

Se aclara que por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, dicha fórmula debe
aplicarse mes por mes, conforme el índice inicial es el vigente al momento de
la causación de cada uno de ellos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia de 26 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las súplicas de la demanda
incoada por el señor Jaiber Duván Guerrero Lenis contra el departamento del
Valle del Cauca, conforme a la parte motiva; en su lugar:

1.1 Declárase la nulidad parcial del oficio T56130 de 3 de octubre de 2014,
proferido por el departamento del Valle del Cauca, a través del cual se negó la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas del actor, de
acuerdo con la motivación.

1.2 A título de restablecimiento del derecho, ordénase al departamento del Valle
del Cauca sufragar, con sus propios recursos, al señor Jaiber Duván Guerrero
Lenis la sanción moratoria por la cancelación tardía de las cesantías definitivas,
que corre desde el 19 de octubre de 2013 hasta el 4 de febrero de 2014, liquidada
con la asignación básica vigente al momento en que empezó a causarse la mora,
sin que varíe por la prolongación en el tiempo, según lo expuesto.

1.3 El departamento del Valle del Cauca hará la actualización de la suma total
adeudada, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final)
del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el
DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el
Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final
índice inicial

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Expediente 76001-23-33-000-2015-00361-01 (912-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Jaiber Duván Guerrero Lenis contra el departamento del
Valle del Cauca

1.4 El departamento del Valle del Cauca deberá dar cumplimiento a lo dispuesto
en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA

1.5 Niéganse las demás pretensiones de la demanda, como se indicó en la
motivación.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

24

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