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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-01319-01

Fecha
7 de diciembre de 2021
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-01319-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 29 de marzo de 2019 proferida por 21 Expediente: 76001-23-33-000-2013-01319-01 (3355-2019) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Dacier Meneses Betancourt contra el departamento del Valle del Cauca el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la señora Dacier Meneses Betancourt contra el departamento del Valle del Cauca, conforme a la parte motiva. 2º. Revócase la condena en costas impuesta a la parte demandante, de acuerdo con las consideraciones del presente fallo 3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2013-01319-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

7 de diciembre de 2021

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 76001-23-33-000-2013-01319-01 (3355-2019)
Demandante : Dacier Meneses Betancourt
Demandado : Departamento del Valle del Cauca
Tema : Omisión en el pago de cesantías definitivas y su
consecuente sanción moratoria

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante
contra la sentencia de 29 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual negó las súplicas de la
demanda dentro del proceso del epígrafe

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 63 a 74, 83 a 85 y 98 a 100 del cuaderno principal 1).
La señora Dacier Meneses Betancourt, por intermedio de apoderado, ocurre
ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), contra el departamento del Valle del Cauca, para que se acojan las
pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad (i) del acto ficto generado por la falta
de respuesta a la petición de 7 de junio de 2011 formulada al departamento del
Valle del Cauca, por el cual se tiene como negado el pago de las cesantías
definitivas concedidas por medio de Resolución DAM 496 de 6 de julio de 2010
y la sanción moratoria por la no cancelación de dicha prestación; y (ii) parcial
de la Resolución 3245 de 20 de noviembre de 2013, expedida por la secretaría
de educación de ese ente territorial, a través de la cual se reconocieron aquellas
cesantías.

A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada sufragar (i)
«[…] las cesantías definitivas de régimen retroactivo debidas, desde el 1 de
octubre de 1969 hasta el 31 de diciembre de 2002 […]»; y (ii) «[…] la sanción
moratoria consistente en un día de salario por cada día de retraso, desde el 7
de junio de 2011, hasta el día en que efectúe el pago total de las cesantías […]»;

Expediente: 76001-23-33-000-2013-01319-01 (3355-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Dacier Meneses Betancourt contra el departamento del Valle del Cauca

por último, se le condene en costas.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata la accionante que, mediante de Decreto 1213
de 15 de octubre de 1969, expedido por el gobernador del Valle del Cauca, fue
nombrada como mecanógrafa adscrita al Colegio Académico de Guadalajara de
Buga (Valle del Cauca), cargo del que tomó posesión el 1º. anterior. Luego de
su desempeño en diferentes empleos, a través de Resolución DAM 478 de 5 de
abril de 2010, proferida por el alcalde de dicho municipio, se le aceptó renuncia
como secretaria ejecutiva, código 425, grado 03, de la Institución Educativa
Académica de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), para darse su retiro el 12
siguiente.

Que, a través de Resolución 496 de 6 de junio de 2010, expedida por el
secretario de desarrollo institucional del municipio de Guadalajara de Buga
(Valle del Cauca), se le reconoció la suma de $70.564.133 por concepto de
cesantías definitivas ($54.347.981 a cargo de la secretaría de educación del
Valle del Cauca y $16.216.152 de la secretaría de educación de Guadalajara de
Buga), tras haber laborado para aquel ente territorial. No obstante, «[p]or Oficio
No. SDI-800-4-09696 del 28 de julio de 2010, suscrito por la [s]ecretaria de
[d]esarrollo institucional de Guadalajara de Buga […] [se] remitió al
[d]epartamento del Valle del Cauca, los […] documentos […] con el fin de que
el [d]epartamento […] concurriera al pago de lo que le correspondía por
cesantías definitivas […]».

Afirma que «[e]l […] 7 de junio de 2011, […] presentó ante el [d]epartamento
[…] solicitud escrita para obtener el pago de las cesantías definitivas de
régimen retroactivo debidas por parte del ente territorial […] además de la
sanción moratoria por el retardo en el pago. Hasta la fecha […] no ha sido
resu[e]lta […]», por lo que se constituyó en uno de los actos administrativos
objeto de pretensiones de nulidad.

Que «[e]l […] 17 de febrero de 2014, el [d]epartamento del Valle del Cauca
consignó en [su] […] cuenta de ahorros […] la suma de $56.705.865 por
concepto de cesantías»; sin embargo, no le fue notificado acto administrativo
alguno, motivo por el que, después de acudir ante la Administración, en el mes
de agosto de 2014 conoció que se trató de la Resolución 3245 de 20 de
noviembre de 2013, frente a la que «[…] sigue inconforme, en la medida en que
[…] no advierte los factores salariales tenidos en cuenta para la liquidación de
la prestación, además de que la suma cancelada no corresponde al monto que
[…] reclama dentro del presente proceso judicial. Del mismo modo, hay
2

Expediente: 76001-23-33-000-2013-01319-01 (3355-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Dacier Meneses Betancourt contra el departamento del Valle del Cauca

descontento porque el [d]epartamento […] tiene en cuenta dentro de su
liquidación los anticipos ya descontados por el [m]unicipio de Buga en
Resolución No. 0496 del 6 de junio de 2010. Adicionalmente […] guarda
silencio total sobre la sanción moratoria reclamada […] que también es objeto
de pretensión en esta [l]itis».

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos administrativos demandados los artículos 2, 11, 13, 23 y
53 de la Constitución Política; 17 (letra a) de la Ley 6ª de 1945; 1 de la Ley 65
de 1946; 1 y 2 de la Ley 244 de 1995; 1 del Decreto 2567 de 1947; 1, 2 y 6 del
Decreto 1160 de 1947; y 2 del Decreto 1252 de 2000.

Arguye que, en virtud de las mencionadas disposiciones, le asiste el derecho al
pago de las cesantías definitivas ordenadas por medio de Resolución 496 de 6
de julio de 2010, así como de la sanción moratoria por el tiempo que ha
trascurrido sin la cancelación de tal prestación.

1.5 Contestación de la demanda. A pesar de haber sido notificado en debida
forma, el accionado guardó silencio.

1.6 La providencia apelada (ff. 196 a 206 del cuaderno principal 2). El
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 29 de
marzo de 2019, negó las súplicas de la demanda (con condena en costas), al
considerar que, respecto del pago de las cesantías definitivas, la accionante
«[…] contaba con el proceso ejecutivo para hacer exigible esta obligación,
cuyo contenido se encontraba implícito en la Resolución No. 0496 del 6 de julio
de 2010 proferida por el [m]unicipio de Buga, por lo que no era este el medio
de control adecuado para reclamar dicha pretensión. Pese a ello, da cuenta el
expediente que posterior a la interposición de la presente demanda, el
[d]epartamento del Valle reconoció el pago de lo adeudado por concepto de
esta prestación, mismo que fue reconocido mediante la Resolución No. 3245
del 20 de noviembre de 2013, y que al reformar la demanda, la parte actora
aceptó que en efecto el ente territorial ya había consignado dichos valores»; no
obstante, «[…] si la demandante pretendía la reliquidación de su cesantía,
debió demandar la Resolución No. 0496 del 6 de julio de 2010 […], teniendo
en cuenta que en dicho acto administrativo el ente municipal liquidó la
prestación aducida y además indicó el período y los factores a tener en cuenta
para ello, y siendo esta prestación de carácter unitaria no le era dable
reiterarla a través de la petición del 7 de junio de 2011 objeto de demanda»
(sic).
3

Expediente: 76001-23-33-000-2013-01319-01 (3355-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Dacier Meneses Betancourt contra el departamento del Valle del Cauca

Que, frente a la sanción moratoria, «[…] al ser una situación generada con
posterioridad a la sustitución de empleador, toda vez que la misma solo se
originó con posterioridad al retiro del servicio de la demandante, esto es, al
momento en que se reconoció y ordenó el pago de la cesantía definitiva, tiempo
para el cual fungía como su nuevo empleador el [m]unicipio de Buga, dicha
reclamación debió elevarse ante éste último de conformidad con lo planteado
en el numeral 2º del artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo […]» (sic).

1.7 El recurso de apelación (ff. 213 a 228 del cuaderno principal 2). La
accionante, por conducto de apoderada, interpuso recurso de apelación, en el
cual precisa que «[…] durante el desarrollo del proceso judicial, la parte
demandada ha realizado unos pagos correspondientes a lo que considera deber
a la demandante, por concepto de cesantías y sanción moratoria. En ese
sentido, a través de la Resolución No. 3245 del 20 de noviembre de 2013, el
[d]epartamento del Valle del Cauca canceló a la actora la suma de
$51.962.541,oo por concepto de capital adeudado por cesantías, y
posteriormente, mediante Resolución 1292 del 4 de marzo de 2015, canceló
[…] el 70% sobre el monto total que por concepto de sanción moratoria tenía
derecho […]. Sobre la suma cancelada […] por concepto de sanción moratoria,
[…] manifiesta encontrar[se] satisfecha […]; razón por la cual, […] [el] objeto
de la alzada […] [se contrae a que] reconozca judicialmente la existencia del
derecho de cesantías de la demandante, y como consecuencia de ello […]
ordenar la revisión y reliquidación de las cesantías definitivas […] teniendo en
cuenta para ello todos los factores salariales devengados en el último año de
servicios […]».

Que no hubo sustitución patronal, como lo concluyó el a quo, sino la «[…]
TRANSFERENCIA O TRASPASO DE COMPETENCIAS PARA
ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES – SGP- antes situado fiscal […]» y, por ende, el
cumplimiento de un mandato constitucional y legal. En tal sentido, sí era dable
reclamar del accionado el pago de las cesantías previamente reconocidas.

Estima que la Resolución 496 de 6 de julio de 2010, «[…] al no provenir del
ente territorial que es el deudor, no le era oponible ni exigible vía ejecutiva al
ente demandado para lograr el pago de la pretensión aquí reclamada […]»,
toda vez que «[…] no se contaba con título ejecutivo válido para ser ejecutado
contra el deudor, pues el [d]epartamento […] con antelación a la expedición
de [aquella] […] no tuvo la oportunidad de conocer, controvertir o asentir
sobre la liquidación allí realizada […]».
4

Expediente: 76001-23-33-000-2013-01319-01 (3355-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Dacier Meneses Betancourt contra el departamento del Valle del Cauca

Que la reliquidación de las cesantías reclamadas no puede obtenerse a través de
la nulidad parcial de la Resolución 496 de 2010, como lo concluyó el Tribunal
de instancia, sino de la Resolución 3245 de 2013, puesto que el demandado
«[…] no tuvo presente todos los factores salariales devengados […] en su
último año de servicio […]», según lo ordena el Decreto 1045 de 1978 y las
demás normas que regulan la materia. Además, existen inconsistencias entre los
factores salariales en virtud de los cuales se liquidó la pensión de jubilación que
disfruta, frente a los incluidos en la determinación de las cesantías, por lo que
«[…] no es posible que dos prestaciones sociales liquidadas al amparo del
Decreto 1045 de 1978 devengadas por una misma persona, tengan un salario
base diferente».

En consecuencia, pide «[…] revisar la liquidación de las cesantías efectuada
por el [d]epartamento del Valle del Cauca, y que en caso de que el Consejo de
Estado lo considere, ordene el reconocimiento del mayor valor que por
concepto de cesantías […] se genere, a partir de la inclusión de todos los
factores salariales devengados en el último año de servicio […]»; asimismo,
«[…] que aunque no se ordene más pago económico por [la sanción moratoria]
[…] se deje claro que el obligado a cancelar esta sanción era el [d]epartamento
del Valle del Cauca y no el [m]unicipio de Guadalajara de Buga».

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 13 de mayo de
2019 (f. 338 del cuaderno principal 2) y admitido por esta Corporación a través
de auto de 4 de diciembre siguiente (f. 343 ibidem), en el que se dispuso la
notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado,
en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con auto de 8 de febrero de 2021 (f. 351 del cuaderno principal 2), para
que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad
aprovechada por la actora para reiterar sus argumentos de demanda y
apelación1.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
1
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
5

Expediente: 76001-23-33-000-2013-01319-01 (3355-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Dacier Meneses Betancourt contra el departamento del Valle del Cauca

Corporación le compete conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problemas jurídicos. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala (i) determinar si a la accionante le asiste derecho
al pago de las cesantías definitivas reconocidas por medio de Resolución 496
de 6 de julio de 2010, expedida por la secretaría de desarrollo institucional de
Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), cuya cancelación se reclamó con
petición de 7 de junio de 2011, pero frente a ella el departamento del Valle del
Cauca (obligado al pago parcial) hizo caso omiso y se constituyó el acto ficto
objeto de pretensión de nulidad; o si, por el contrario, esta súplica debe
reclamarse a través de la acción ejecutiva, como lo concluyó el a quo.

De igual modo, (ii) debe establecerse si las cesantías definitivas concedidas
mediante Resolución 3245 de 20 de noviembre de 2013, proferida por la
secretaría de educación del Valle del Cauca, se encuentran o no bien liquidadas;
o si la decisión que debe examinarse es la Resolución 496 de 2010, en la que
originariamente se otorgó esa prestación, como lo determinó el Tribunal de
instancia. También, (iii) se requiere precisar cuál es la autoridad responsable del
pago de la sanción moratoria reconocida.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.

El auxilio de cesantías es una prestación social a la que todos los empleados del
Estado tienen derecho, cuya finalidad primaria consiste en «[…] cubrir o prever
las necesidades que se originan para el trabajador con posterioridad al retiro
de una empresa, por lo que resulta un ahorro obligado orientado a cubrir el
riesgo de desempleo»2, que actualmente también promueve el acceso de los
trabajadores a los componentes de educación y vivienda.

Por su parte, la sanción moratoria por el pago tardío de las anteriores, hace parte
del derecho sancionador por el incumplimiento de una obligación del
empleador, la que carece de carácter accesorio e imprescriptible3, habida cuenta
de que (i) se causa por su no pago y no depende directamente del
reconocimiento de las cesantías, ni hace parte de ellas, dado que se genera de

2
Corte Constitucional, sentencia C-823 de 4 de octubre de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
3
Respecto del fundamento normativo de la sanción moratoria, ver sentencia de unificación de la sección
segunda de 25 de agosto de 2016, radicado 528-14.
6

Expediente: 76001-23-33-000-2013-01319-01 (3355-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Dacier Meneses Betancourt contra el departamento del Valle del Cauca

manera excepcional, cuando el empleador omite su deber de cancelarlas dentro
de los términos legales4; y (ii) dada su naturaleza sancionatoria, no puede
considerarse como un derecho exento del término de prescripción, so pena de
vulnerar disposiciones legales que consagran que no existirán sanciones
imprescriptibles.

En lo que atañe a la sanción moratoria por el pago tardío o extemporáneo de las
cesantías, la Ley 344 de 19965, que remite al artículo 99 de la 50 de 19906,
concierne a las anualizadas, y la Ley 244 de 19957, adicionada y modificada por
la 1071 de 20068, regula lo referente a las cesantías definitivas y parciales.

Para el interés del asunto sub examine, la Ley 244 de 1995 determina:

Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de la liquidación de las Cesantías
Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes,
la entidad patronal deberá expedir la Resolución correspondiente, si
reúne todos los requisitos determinados en la Ley.
Parágrafo.- En caso de que la entidad observe que la solicitud está
incompleta, deberá informárselo al penitenciario dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole
expresamente qué requisitos le hacen falta anexar.
Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este
artículo.

Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede
en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las
Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta
prestación social.

Parágrafo.- En caso de mora en el pago de las cesantías de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus
propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de
retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual
solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto
4
Sentencia de la sección segunda, subsección A, de 1º. de diciembre de 2016, expediente: 08001-23-31-000-
2011-01398-01 (3221-15).
5
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
6
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones».
7
«Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se
establecen sanciones y se dictan otras disposiciones».
8
«Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas
o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación».
7

Expediente: 76001-23-33-000-2013-01319-01 (3355-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Dacier Meneses Betancourt contra el departamento del Valle del Cauca

en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el
funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo
por culpa imputable a éste.

En ese contexto, la entidad pública empleadora debe expedir la correspondiente
resolución dentro de los 15 días siguientes a la solicitud (cesantías parciales o
liquidación de cesantías definitivas, según el caso) del interesado y tendrá un
plazo máximo de 45 días hábiles para su pago, a partir de la fecha en que
adquiera firmeza el acto de reconocimiento, so pena de sufragar un día de salario
por cada uno de retardo hasta cuando se cumpla la obligación.

Al respecto, la sala de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado, en
fallo de 27 de marzo de 20079, proferido en vigor del Código Contencioso
Administrativo (CCA), unificó el criterio respecto de la forma de contabilizar
ese término, así:

En suma, es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles
siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se
reconocen las cesantías definitivas y no a la fecha de reclamación de
las mismas o, en este caso, la de la solicitud de reliquidación, el hito
que debe servir de punto de partida para contar el número de días a
efectos de determinar el monto de la indemnización moratoria.

[…]

Cuando la Administración resuelve el requerimiento del servidor
público sobre la liquidación de sus cesantías en forma tardía (…) el
tiempo a partir del cual comienza el término para que se genere la
indemnización moratoria será la fecha en la cual el interesado radicó
la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es
decir, quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la
resolución, más cinco (5) días hábiles que corresponden a la
ejecutoria, en el evento de que la resolución de reconocimiento
hubiere sido expedida, con la salvedad a que alude el mismo precepto,
para un total de 65 días hábiles, transcurridos los cuales se causará la
sanción moratoria.

Sobre el mismo tema, la sección segunda de esta Corporación en sentencia de
unificación de 25 de agosto de 201610, en lo atañedero a la reclamación, dijo
que «[…] entre la fecha del retiro del servicio y la fecha en que empieza a

9
Expediente 276001-23-31-000-2000-02513-01 (2777-2004) IJ.
10
Consejo de Estado, sección segunda, sentencia CE-SUJ004 de 25 de agosto de 2016, C. P. Luis Rafael
Vergara Quintero, expediente: 08001 23 31 000 2011 00628-01 (528-14).
8

Expediente: 76001-23-33-000-2013-01319-01 (3355-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Dacier Meneses Betancourt contra el departamento del Valle del Cauca

correr la indemnización moratoria por la consignación extemporánea de las
cesantías definitivas, existe un lapso de por lo menos 65 días, durante los cuales
se hace la reclamación de las prestaciones definitivas, se expide la resolución
para su liquidación, se notifica y queda en firme ese acto administrativo y,
finalmente, se realiza el pago dentro del término que prevé la Ley 244 de 1995»,
comoquiera que vencido el anterior, se causa la sanción moratoria.

No obstante, en vigor del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), el término de ejecutoria del acto
administrativo es de diez días, como lo preceptúa el artículo 7611, motivo por el
cual el tiempo con el que cuenta la Administración para reconocer, liquidar y
pagar el auxilio de cesantías es de 70 días hábiles a partir de la correspondiente
solicitud, como lo ha sostenido esta subsección12, comoquiera que trascurridos
aquellos, se genera la sanción moratoria.

Dicho en otras palabras, el término a partir del cual se hace exigible la sanción
moratoria, por el pago tardío de las cesantías definitivas, comprende las
siguientes posibilidades:

(i) 45 días hábiles a partir del día siguiente de la ejecutoria (5 días hábiles en
vigor del CCA o 10 con el CPACA) del acto que reconoce las cesantías
definitivas; o en su defecto.

(ii) Cuando al cabo de los 15 días hábiles siguientes a la formulación de la
solicitud por el interesado, esta no se resuelve o no se profiere el acto que las
reconoce, se tendrá en cuenta la fecha de presentación, para contar 65 (CCA) o
70 (CPACA) días hábiles, que trascurridos, a partir del día hábil siguiente se
causará la sanción moratoria.

11
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). «Artículo
76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en
la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos
podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si
quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el
personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a
ello hubiere lugar.
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando
proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios».
12
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, medios de control de nulidad y restablecimiento del
derecho: (i) 08001-23-33-000-2014-00332-01(3815-15), sentencia de 30 de marzo de 2017; (ii) 08001-23-33-
000-2012-00431-01(1721-14), sentencia de 2 de marzo de 2017; y (iii) 08001-23-33-000-2013-00790-01(2621-
15), sentencia de 26 de enero de 2017.
9

Expediente: 76001-23-33-000-2013-01319-01 (3355-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Dacier Meneses Betancourt contra el departamento del Valle del Cauca

Por otra parte, si bien es cierto que la Ley 1769 de 201513, en su artículo 8914,
amplió el término de 45 a 60 días hábiles (siguientes a la fecha en que quede en
firme el acto administrativo que ordena la liquidación y pago de la prestación
social) para sufragar las cesantías, también lo es que dicho precepto fue
declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-486 de 7 de
septiembre de 2016, al considerar que es una norma regresiva, que afecta los
derechos de los trabajadores; la que fue proferida con efectos retroactivos, por
lo que se aplican los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006 para contabilizar
los días de retardo.

Al respecto, cabe precisar que la norma a aplicar en el caso de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías es la que se encuentre en vigor al
momento en que se causa la mora, no al término del vínculo laboral ni cuando
se hace la petición de la cesantía.

3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:

a) Certificación de tiempo de servicio de 26 de abril de 2010 (ff. 20 y 21 del
cuaderno principal 1), emitida por la secretaría de educación de Guadalajara de
Buga (Valle del Cauca), conforme a la cual la actora laboró para el
departamento del Valle del Cauca desde el 1º. de octubre de 1969 hasta el 31 de
diciembre de 2002, y para aquel municipio del 1º. de enero de 2003 al 12 de
abril de 2010, cuando se retiró del servicio, según renuncia aceptada con
Resolución 478 de 5 anterior (ff. 18 y 19 ibidem).

b) Resolución 496 de 6 de julio de 2010 (ff. 22 a 24 del cuaderno principal 1),
expedida por el secretario de desarrollo institucional de Guadalajara de Buga
(Valle del Cauca), por medio de la cual se reconoció a favor de la accionante la
suma de $70.564.133 por concepto de cesantías definitivas, distribuida así:

13
«Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia
fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016».
14
«Artículo 89. El pago que reconozca el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
por concepto de cesantías parciales o definitivas a sus afiliados se deberá realizar dentro de los sesenta (60)
días hábiles siguientes a la fecha en que quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación y pago
de la prestación social solicitada.
A partir del día hábil sesenta y uno (61), se deberán reconocer a título de mora en el pago, intereses legales a
una tasa equivalente a la DTF efectiva anual, causado diariamente por la suma no pagada».
10

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Dacier Meneses Betancourt contra el departamento del Valle del Cauca

ENTIDAD PERÍODO VALOR
Departamento del Valle del Cauca 01/10/1969 a 31/12/2002 $54.347.981
Municipio de Guadalajara de Buga
01/01/2003 a 12/04/2010 $16.216.152
(Valle del Cauda)

c) Oficio SDI-800-4-09696 de 28 de julio de 2010 (f. 25 del cuaderno principal
2), por el cual el secretario de desarrollo institucional de Guadalajara de Buga
(Valle del Cauca) remite al secretario de educación del Valle del Cauca los
documentos de la actora con el propósito de que «[…] reconozca la
concurrencia del tiempo que le corresponde».

d) Petición de 7 de junio de 2011 (f. 33 del cuaderno principal 2), mediante la
cual la demandante reclama del ente accionado «[…] el pago inmediato de [sus]
cesantías definitivas por retiro del servicio, así como también, el pago de la
sanción moratoria […] por el no pago oportuno de las mismas […]», la que no
fue resuelta y se constituye en uno de los actos administrativos acusados.

e) Resolución 3245 de 20 de noviembre de 2013 (ff. 102 a 104 del cuaderno
principal 1), proferida por el secretario de educación del Valle del Cauca, a
través de la cual se reconocieron las cesantías definitivas que tenía a su cargo,
en la suma total de $56.705.865, discriminadas por valor de $51.962.541, por
capital y $4.743.324, por indexación, previas las siguientes consideraciones:

Que [la actora] […] radicó el 3/2/2010 solicitud de reconocimiento y
pago de las CESANTÍAS DEFINITIVAS a que tiene derecho por los
servicios prestados al [d]epartamento […] en la [s]ecretaría de
[e]ducación en el cargo de [a]uxiliar [a]dministrativ[a] por el período
comprendido desde el 10/1/1969 hasta el 12/31/2002 para un tiempo
total de 11970 días.

Que las acreencias cuya exigibilidad o causación tuvieran fecha
anterior a la [p]romoción del [a]cuerdo de [r]eestructuración de
[p]asivos se reportaron al inventario de acreencias con el fin de ser
incluidos dentro de los pasivos que hacen parte de dicho acuerdo.

Que el 17 de [m]ayo de 2013 […] el [s]ecretario de [h]acienda y
[c]rédito [p]úblico […] y el [p]romotor [del] [a]cuerdo de
[r]eestructuración de [p]asivos […] firmaron el acta de escrutinio de
votación de las acreencias laborales y el día 20 de [m]ayo del año en
curso se firmó el acuerdo de pago de las acreencias laborales.

[…]

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Expediente: 76001-23-33-000-2013-01319-01 (3355-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Dacier Meneses Betancourt contra el departamento del Valle del Cauca

Que la [s]ecretaría de [e]ducación [d]epartamental reportó en el
[a]cuerdo de [r]eestructuración de [p]asivos [a la accionante] […] con
un valor de $74024109.oo como deuda por depurar y contingente,
teniendo en cuenta que no se contaba con toda la información como
las cesantías parciales pagadas y los factores salariales que debían
expedir los [m]unicipios [c]ertificados.

[…]

Que una vez depurada la información y revisada las liquidaciones se
verificó que el valor adeudado por concepto de CESANTÍA[S]
DEFINITIVA[S] asciende a la suma de $51.962.541, valor que queda
discriminado de la siguiente manera:

Salario promedio reportado $2226474.oo
Vr salario diario $6.185.oo
Total días laborados Dpto 11970
Vr liquidación cesantías $74.034.450.oo
Anticipos pagados Dpto $19682280.oo
Cesantías consignadas FNA $0.oo
Cesantías homologación FNA
Consignación homologación fondos
privados (Colfondos – Horizonte – I.N.G. $2389629.oo
– Porvenir – Protección)
Total anticipos pagados $22.071.909.oo
Saldo cesantías a pagar Dpto $51.962.541.oo

[…] (sic para toda la cita).

f) Resolución 1292 de 4 de marzo de 2015 (ff. 244 y 245 del cuaderno principal
2), dictada por la secretaría de educación del Valle del Cauca, mediante la cual
se reconoce la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas
otorgadas con Resolución 3245 de 2013. Sin embargo, en las consideraciones
de ese acto administrativo indica que «[…] mediante petición […] de
07/01/2015 […] [la demandante] solicitó el reconocimiento y pago de la
SANCIÓN MORATORIA por el no pago oportuno de las CESANTÍA[S]
DEFINITIVA[S] […]» (sic), lo que evidencia que, a pesar de encontrarse en
curso este proceso judicial en el que la actora discute la legalidad de la
Resolución 3245 de 2013, continuó instaurando peticiones ante la
Administración con iguales propósitos que las pretensiones del libelo
introductorio.

12

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Dacier Meneses Betancourt contra el departamento del Valle del Cauca

De las pruebas anteriormente enunciadas, se desprende que (i) por medio de
Resolución 496 de 6 de julio de 2010, el municipio de Guadalajara de Buga
(Valle del Cauca) reconoció a favor de la actora sus cesantías definitivas en la
suma de $70.564.133, de la cual $16.216.152 estaría a su cargo y $54.347.981
del departamento del Valle del Cauca; (ii) a través de petición de 7 de junio de
2011, reclamó de dicho ente departamental el pago de las cesantías y la sanción
moratoria, la que no fue atendida, por lo que se constituyó uno de los actos
administrativos acusados; (iii) con Resolución 3245 de 20 de noviembre de
2013, el secretario de educación del Valle del Cauca reconoció a favor de la
demandante la suma de $56.705.865 por cesantías definitivas a su cargo, que
comporta otra de las decisiones censuradas; y (iv) mediante Resolución 1292
de 4 de marzo de 2015, esa dependencia otorgó la sanción moratoria por el pago
tardío de la referida prestación, respecto de la que aquella se encuentra
conforme.

En atención al silencio administrativo negativo ficto y a la Resolución 3245 de
2013, la accionante acudió a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo
con el propósito de obtener su nulidad, lo que no logró ante el Tribunal de
instancia, por lo que interpuso recurso de apelación, sustentado en que debe
revisarse la liquidación contenida en esa Resolución, pues no incluye todos los
factores salariales devengados en su último año de servicio, así como es
necesario dejar claro cuál es la autoridad obligada a la cancelación de la sanción
moratoria, sin que se ordene su pago por cuanto está de acuerdo con la
cancelación realizada por la entidad por medio de Resolución 1292 de 2015.

Para resolver el asunto sub examine, en primer lugar, resulta necesario analizar
el contenido de la Resolución 496 de 2010 (que reconoció las cesantías
definitivas a la demandante con ocasión de su retiro), respecto de la que esta
Sala precisa que el artículo 104 del CPACA, acerca de los asuntos susceptibles
de ser conocidos por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, prevé:

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para
conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos,
contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho
administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas,
o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

Igualmente conocerá de los siguientes procesos:

[…]
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Expediente: 76001-23-33-000-2013-01319-01 (3355-2019)
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Dacier Meneses Betancourt contra el departamento del Valle del Cauca

6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las
conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los
provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una
entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos
celebrados por esas entidades.

[…]

Mientras que el artículo 297 de la misma codificación, en lo atañedero a los
documentos que constituye títulos ejecutivos en esta jurisdicción, dispone:

Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales
se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos
alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades
públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara,
expresa y exigible.

3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde
a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los
contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el
acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el
acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con
ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones
claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en
tales actuaciones.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia
de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o
la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de
la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el
acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia
auténtica corresponde al primer ejemplar.

Por su parte, el artículo 422 del Código General del Proceso (CGP), aplicable
por la remisión expresa del artículo 306 del CPACA, preceptúa:

Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba
contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por
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Expediente: 76001-23-33-000-2013-01319-01 (3355-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Dacier Meneses Betancourt contra el departamento del Valle del Cauca

juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia
judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia,
y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el
curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que
conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.

De las normas antes trascritas, para esta Sala es claro que la accionante para
fundar su alzada realizó una lectura parcial del artículo 422 del CGP, toda vez
que la Resolución 496 de 6 de julio de 2010 sí constituye un título ejecutivo que
puede ser cobrado al departamento del Valle del Cauca pues de él se desprende
una obligación clara, expresa y exigible a su favor y a cargo del ente territorial,
máxime cuando comporta un acto administrativo que está revestido de la
presunción de legalidad y la obligación no ha sido negada en ningún momento
por el accionado.

En igual medida, es del caso advertir acerca del propósito declarativo del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138
del CPACA, lo que escapa de la pretensión de pago de las cesantías definitivas
de la accionante concedidas con Resolución 496 de 2010, por cuanto en ese acto
ya fue otorgado el derecho y, por tanto, ante su incumplimiento, lo que procede
es su ejecución. Ello independientemente de que la accionante, a través de la
petición de 7 de junio de 2011, haya intentado un pronunciamiento de la
Administración sobre el pago de dicha prestación.

Una situación similar fue objeto de pronunciamiento por parte de esta
Corporación en sentencia de 17 de febrero de 201115, al discurrir:

En ese orden de ideas y como lo que pretende la actora en el sub-lite
es el pago del saldo de lo que la Universidad del Magdalena le
reconoció por concepto de auxilio de cesantía, así como los intereses
y la sanción moratoria correspondientes; la Sala estima que la
Jurisdicción competente para conocer de este caso es la Ordinaria a
través de la acción ejecutiva. Por esa razón, y en aras de garantizar el
derecho de acceso a la administración de justicia dla demandante y la
primacía del derecho sustancial sobre el formal, se ordenará remitir
el expediente a esa Jurisdicción, sin perjuicio de la carga procesal que
le asiste al actor consistente en adecuar la demanda a la acción
procedente.

No puede ser otra la conclusión porque en la hipótesis en la que la

15
Expediente 47001-23-31-000-2002-00324-01(0160-10), C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
15

Expediente: 76001-23-33-000-2013-01319-01 (3355-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Dacier Meneses Betancourt contra el departamento del Valle del Cauca

Sala opte por dictar sentencia en el sub-lite; lo único que puede
decidir en caso de acceder a las pretensiones (dada la competencia de
esta Jurisdicción y la acción incoada), es declarar la nulidad de los
actos fictos y ordenar el pago de lo adeudado. No obstante, lo anterior
riñe con toda lógica si se tiene en cuenta que la Universidad del
Magdalena ya le reconoció al demandante la cesantía mediante acto
administrativo en el cual, además, ordenó el pago de dicha prestación.
Por ello y como lo que quiere la actora es que el pago se materialice
en el porcentaje adeudado, es el Juez ordinario el competente para
ejecutar las obligaciones surgidas de actos administrativos.

En tales condiciones, para esta Corporación no hay duda de que el pago de las
cesantías concedidas por medio de la Resolución 496 de 2010 es un asunto que
debe ventilarse al interior de un proceso ejecutivo, toda vez que el derecho se
encuentra reconocido y ello escapa de la órbita de competencia del juez de lo
contencioso-administrativo dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

No obstante, y de acuerdo con las particularidades de esta controversia, se
recuerda que el demandado, en atención a una nueva petición formulada por la
actora el 2 de marzo de 201016, expidió la Resolución 3245 de 20 de noviembre
de 2013, con la que reconoció las cesantías definitivas a su cargo por el tiempo
que ella laboró en esa entidad (1º. de octubre de 1969 a 31 de diciembre de 2002),
en una suma total de $56.705.865 ($51.962.541, por capital y $4.743.324, por
indexación), decisión con la que aquella continúa inconforme porque, a su juicio,
la prestación no fue liquidada en atención a la totalidad de los factores salariales
que recibió durante el último año de servicios.

Sobre este aspecto, esta subsección precisa que el acto administrativo origen de la
liquidación de las cesantías definitivas de la actora es la Resolución 496 de 2010,
pues se dio con ocasión de su retiro del servicio y fue emitido por la autoridad que
en ese momento tenía la calidad de nominador, vale decir, la secretaría de
desarrollo institucional de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), decisión en la
que se discriminó la situación salarial de la empleada así:

[…] los factores salariales que le sirvieron de base para la liquidación
son:

FACTORES VALOR

16
Cabe destacar que la Resolución 3245 de 2013 en sus consideraciones indica que existió una reclamación de
2 de marzo de 2010 por parte de la actora, la que no fue negada o repudiada por ella, por lo que esta Sala la
tiene por cierta.
16

Expediente: 76001-23-33-000-2013-01319-01 (3355-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Dacier Meneses Betancourt contra el departamento del Valle del Cauca

Asignación básica mensual 1.846.820.00
Auxilio de transporte nacional 0
Prima alimentación nacional 0
1/12 prima de servicios 77.486.00
1/12 prima de navidad 168.482.00
1/12 prima vacaciones 80.877.00
1/12 bonificación por servicios 52.809.00
Horas extras 0
Dominicales y festivos 0
Recargos nocturnos 0
SALARIO PROMEDIO 2.226.474.00
VR CESANTÍAS LIQUIDADAS 90.246.413.00
[…]

Por su parte, la Resolución 3245 de 20 de noviembre de 2013 indica que el salario
promedio reportado es $2.226.474, que corresponde en su totalidad al dispuesto
en la mencionada Resolución 496 de 2010. Sin perjuicio de ello, la demandante
argumenta que tal salario debe ser el mismo con el que se le reliquidó su pensión
de jubilación.

Para efectos de resolver esta acusación, esta Corporación encuentra que la actora,
como anexo al recurso de apelación, adjuntó copia de la Resolución 3247 de 23
de junio de 201517, por medio de la cual se reliquidó su pensión de jubilación, con
inclusión de los siguientes factores:

FACTORES PROMEDIO
ASIGNACIÓN BÁSICA 1.822.679
SUB ALIMENTACIÓN -
SUB TRANSPORTE -
TOTAL ASIGNACIÓN BÁSICA PROMEDIO 1.822.679
BONIFICACIÓN 1/12 Según tope 53.161
PRIMA DE SERVICIOS 1/12 PARTE 78.160
PRIMA DE VACACIONES 1/12 PARTE 81.417
PRIMA NAVIDAD 1 /12 PARTE 169.618
HORAS EXTRAS -
DOMINICALES Y FESTIVOS -
RECARGO NOCTURNO -
TOTAL 2.205.035
PORCENTAJE PENSIÓN 75,00%
VALOR PENSIÓN AÑO INICIAL HOMOL 1.653.776

Así las cosas, confrontadas las anteriores relaciones de factores salariales, no
17
Ff. 251 a 261 del cuaderno principal 2.
17

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Dacier Meneses Betancourt contra el departamento del Valle del Cauca

evidencia este alto Tribunal distinción alguna, incluso, el salario con el que se
reliquidó la pensión de jubilación de la accionante es un poco menor al que se
tomó como base para el otorgamiento de las cesantías definitivas, por lo que,
respecto de este otro argumento, tampoco le asiste razón.

La demandante también discute que en la Resolución 3245 de 2013 se realizaron
descuentos que ya habían sido incluidos en la 496 de 2010.

Sobre este punto, efectivamente en la Resolución 496 de 2010, la secretaría de
desarrollo institucional de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) señaló:

[…] según certificación expedida por LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL (Oficina de Escalafón), a la peticionaria
se la han efectuado anticipos de cesantía, por el Departamento del Valle
del Cauca, así:

No. Resolución Fecha Valor
253 09 de septiembre/1997 $10.682.280.oo
109 13 de junio/2000 9.000.000.oo
Total $19.682.280.oo

El anterior valor por $19.682.280.oo, debe ser descontado de la
presente liquidación […] (sic para toda la cita).

Por su parte, en la Resolución 3245 de 2013, el accionado incorpora esa suma
como anticipo pagado, junto con el concepto «consignación homologación fondos
privados» por $2.389.629, para concluir que el total para pago a su cargo es
$51.962.541. La siguiente es la operación:

Resolución 496 de 2010 Resolución 3245 de 2013
Cesantías totales $90.246.413 Cesantías totales $74.034.450
Anticipos pagados por el Anticipos pagados por el $19.682.280
$19.682.280
departamento departamento
Cesantías a cargo del Cesantías a cargo del
$54.347.981 $54.352.170
departamento departamento
Diferencia de $4.189
Consignación
homologación fondos $2.389.629
privados
Total a pagar $54.347.981 Total a pagar $51.962.541

Del anterior cuadro se deduce que frente al valor por cesantías definitivas a cargo
del accionado existe una diferencia de $4.189, que pudo ser el resultado de la

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aplicación de alguna fórmula o porcentaje que no resulta relevante, si se tiene en
cuenta la totalidad de esa prestación, además de que no fue discutida por la actora.

Entonces, en lo atañedero al descuento por $19.682.280 realizado en ambos actos
administrativos, esta Sala no encuentra irregularidad alguna en esa actuación,
porque, por un lado, en la liquidación que hizo el municipio debió incluirse para
calcular la totalidad de las cesantías definitivas a las que tenía derecho la actora;
y, por otro, se incorporó en la determinación que sobre ese particular adoptó el
departamento, por cuanto correspondía a un valor pagado por este.

Otro argumento de la alzada es que debe definirse cuál es la autoridad que debe
pagar la sanción moratoria reconocida en la Resolución 1292 de 4 de marzo de
2015, puesto que, según el dicho de la actora, al haber el a quo resuelto sobre una
sustitución patronal, puede presentarse confusión o indefinición acerca de aquel
aspecto.

En lo referente a este punto, sea lo primero advertir que la Resolución 1292 de 4
de marzo de 2015 no comporta un acto administrativo sobre el que deba realizarse
un control de legalidad en este proceso, porque no fue acusado en el libelo
introductorio, sino que constituyó el soporte jurídico con el que la demandante
dejó de cuestionar o insistir en la cancelación de la sanción moratoria, pues esta
fue reconocida en aquella decisión, con la que está conforme.

Sin perjuicio de ello, sí resulta indispensable precisar que, contrario a lo concluido
por el Tribunal de instancia, no se presentó una sustitución patronal, sino que,
como lo expone la actora, hubo una trasferencia de competencias para administrar
los recursos del Sistema General de Participaciones, en la medida en que, tras la
certificación en educación otorgada a Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), este
ente territorial asumía la administración de sus empleados del sector educación,
sin que ello generara la configuración de aquella figura laboral.

En ese entendimiento, el Valle del Cauca continúa con la obligación de sufragar
las prestaciones que estaban a su cargo durante el tiempo en que la accionante
estaba bajo su administración (sin perjuicio de que, desde su vinculación, laboró
en Guadalajara de Buga), motivo por el que es la autoridad responsable del pago
de la sanción moratoria por él mismo reconocida la que, se insiste, no es objeto de
control de legalidad por esta Corporación.

A manera de corolario de lo expuesto, (i) no es dable realizar una reliquidación de
las cesantías definitivas concedidas en la Resolución 3245 de 20 de noviembre de
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Expediente: 76001-23-33-000-2013-01319-01 (3355-2019)
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2013, en la medida en que los factores tenidos en cuenta son los que legalmente
corresponde; y (ii) la autoridad responsable del pago de la sanción moratoria por
el interregno laborado por la actora para el Valle del Cauca es este y no
Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), toda vez que se trata de obligaciones
surgidas en ese período. Sumado a ello, tal como se estableció en este fallo, si la
actora requiere reclamar el pago de las cesantías definitivas que le fueron
otorgadas, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no es la
vía para hacerlo, dado que se trata de un derecho reconocido y el mecanismo que
deberá activarse será la acción ejecutiva, sin tener en cuenta que se formule o no
una petición ante la administración con ese propósito. Por lo tanto, la decisión del
a quo será confirmada en cuanto a este aspecto concierne, pues no fue desvirtuada
la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados.

Por último, en relación con la condena en costas y las agencias en derecho que
corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso,
esta Corporación, en sentencia de 1º. de diciembre de 201618, se pronunció así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en
costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya
segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como
«2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas
no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio
y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un
juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal

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Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Expediente: 76001-23-33-000-2013-01319-01 (3355-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Dacier Meneses Betancourt contra el departamento del Valle del Cauca

asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan
el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación
razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte
vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que
dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento,
cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal
de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan
calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca
el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses de la
demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la
vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia,
pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos
jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.

Por lo tanto, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición
del juez la procedencia o no de la condena en costas, por cuanto para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación
y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a
sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, actuación que,
se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse tal proceder de la
accionante, se revocará la condena en costas.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, la
Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que negó las
súplicas de la demanda, y se revocará la condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 29 de marzo de 2019 proferida por
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Expediente: 76001-23-33-000-2013-01319-01 (3355-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Dacier Meneses Betancourt contra el departamento del Valle del Cauca

el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las súplicas de la
demanda en el proceso instaurado por la señora Dacier Meneses Betancourt
contra el departamento del Valle del Cauca, conforme a la parte motiva.

2º. Revócase la condena en costas impuesta a la parte demandante, de acuerdo con
las consideraciones del presente fallo

3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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