Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2017-00118-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2017-00118-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 27001-23-33-000-2017-00118-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
19 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 27001-23-33-000-2017-00118-01 (2334-2023)
Demandante: Dissy Jannely Viñuela Jaramillo
Demandado: Municipio de Bahía Solano (Chocó)
Temas: Sanción moratoria por el no pago de cesantías definitivas
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por Dissy Jannely Viñuela
Jaramillo contra la sentencia proferida el 28 de octubre de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Chocó mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Dissy Jannely Viñuela Jaramillo presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo1 en
orden a que se declarara la nulidad del acto ficto negativo producto del silencio
del municipio de Bahía Solano (Chocó) frente a la petición presentada el 18 de
septiembre de 2014 en el que solicitó el pago de unas acreencias laborales y
prestacionales.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) el pago de $1.635.845 por concepto de salario correspondiente al mes
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 27001-23-33-000-2017-00118-01 (2334-2023)
Demandante: Dissy Jannely Viñuela Jaramillo
de noviembre de 2011; $1.557.198 por compensación de las vacaciones
causadas y no disfrutadas; $3.114.397 por prima causada; $3.114.397 por
cesantías definitivas; $363.082 por intereses sobre las cesantías; $54.528 diarios
por cada día trascurrido desde el 1° de marzo de 2012 y hasta el día en que se
pague el valor de las cesantías definitivas y como indemnización por mora en el
pago; y ii) la condena en costas a la parte demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Dissy Jannely Viñuela Jaramillo laboró para el municipio de Bahía Solano
(Chocó) como secretaria de planeación municipal entre el 21 de enero de 2010 y
el 30 de diciembre de 2011. Fue nombrada a través de la Resolución 015 del 21
de enero de 2010 y tomó posesión del cargo mediante acta 004 del 21 de enero
de 2010.
3.2. Devengó una asignación salarial de $1.567.482 en el año 2010 y de
$1.635.845 en el 2011.
3.3. A través de la Resolución 778 del 30 de diciembre de 2011, el alcalde
municipal le reconoció y liquidó lo adeudado por cesantías definitivas, intereses
sobre las cesantías, compensación por vacaciones y prima. No obstante, no pudo
cobrar la suma reconocida por cuanto no se le expidió copia auténtica y
constancia de ejecutoria del mencionado acto administrativo.
3.4. Ante tal situación, el 18 de septiembre de 2014 presentó reclamación
administrativa ante el municipio de Bahía Solano, a través de la cual solicitó el
pago de las prestaciones sociales reconocidas en la anterior resolución [cesantías
definitivas, intereses sobre las cesantías, compensación por vacaciones y prima],
así como el salario del mes de noviembre de 2011 y la indemnización por la falta
de pago y mora en el desembolso de las cesantías definitivas causadas. A lo que
la administración municipal guardó silencio.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4.Como tales, se señalaron los artículos 4, 5, 8, 13, 20, 25, 32, 33, 40, 45 del
Decreto 1045 de 1978; 8, 11 del Decreto 3135 de 1968; 1 del Decreto 1919 de
2002; 1, 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006; y el Decreto 3148 de 1968.
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Demandante: Dissy Jannely Viñuela Jaramillo
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos2:
5.1. El municipio de Bahía Solano desconoció las citadas normas con la omisión
de reconocer y pagar los derechos mínimos laborales causados y de los que es
acreedora.
5.2. El no pago oportuno de las cesantías causadas es violatorio de los artículos
4 y 5 de la Ley 1071 de 2006 y por tal razón el ente municipal no solo está
obligado a pagar el monto de las cesantías causadas, sino también la sanción por
mora que de ello se deriva.
1.2. Contestación de la demanda
6. La parte demandada guardó silencio3.
1.3. La sentencia apelada
7.El Tribunal Administrativo del Chocó en sentencia proferida el 28 de octubre de
2022 negó las pretensiones de la demanda, y no condenó en costas.
8. Para tal efecto se pronunció así4:
8.1. La demandante laboró como secretaria de planeación y obras del municipio
de Bahía Solano entre el 21 de enero de 2010 y el 30 de diciembre de 2011. El 18
de septiembre de 2014 solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías y de la
sanción moratoria.
8.2. Para que se pueda configurar el silencio administrativo negativo como
mínimo deben transcurrir 3 meses contados a partir de la presentación de la
petición [recuérdese que lo que se demanda es la configuración del acto ficto o
presunto por omisión del ente territorial en dar respuesta a la reclamación]. Luego,
en relación con las cesantías definitivas la norma y la jurisprudencia es clara en
señalar que se pagarán al momento del retiro del servicio, previa solicitud del
empleado. Así, como la reclamación se presentó el 18 de septiembre de 2014 y no
hubo respuesta, la sanción corría 70 días posteriores a la petición, es decir, la
entidad territorial debía pagar las cesantías definitivas a más tardar el 30
diciembre de 2014, sin embargo, el acto administrativo ficto o presunto producto
del silencio administrativo no tuvo la virtualidad de causar algún agravio porque a
2 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE201700118(.pdf) NroActua 2
3 Ibidem
4 Índice 46 de Samai de Tribunales y Juzgados
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Demandante: Dissy Jannely Viñuela Jaramillo
la fecha de la solicitud de la precitada sanción moratoria [18 de septiembre de
2014], esta no se había causado, pues fue solo hasta dicho momento en el que se
solicitó el reconocimiento de las cesantías.
1.4. El recurso de apelación
9.Dissy Jannely Viñuela Jaramillo interpuso recurso de apelación en el cual
manifestó lo siguiente5:
9.1. Si bien es cierto que en la audiencia inicial se circunscribió el litigio al
reconocimiento de la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías
definitivas pues respecto de las demás acreencias laborales solicitadas se advirtió
que existía un acto administrativo que debía ser objeto de un proceso de
ejecución, razón por la que se declaró la falta de jurisdicción y competencia y, que
sobre el asunto no se presentó cuestionamiento alguno, también lo es que en
virtud de la figura del control de legalidad y de corrección de autos irregulares se
debe ordenar el pago de todos los haberes reconocidos en la resolución de
liquidación de prestaciones. Además, porque se requiere la copia idónea de la
Resolución 778 de diciembre de 2011, con la cual no cuenta para adelantar
proceso de ejecución como se exige en vía judicial.
9.2. Fue con la Resolución 778 del 30 de diciembre de 2011 que se le
reconocieron y liquidaron las cesantías definitivas, por lo que, su pago debió
realizarse el 1° de marzo de 2012, esto es transcurridos 45 días de la ejecutoria
del acto de reconocimiento. En ese sentido, erró el tribunal de instancia al
considerar que al 18 de septiembre de 2014 cuando presentó la reclamación
administrativa para solicitar el pago de los haberes reconocidos previamente en la
resolución mencionada, la sanción moratoria no se había causado.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. Las partes no se pronunciaron en esta oportunidad6.
1.6. El Ministerio Público
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto en el que
solicitó revocar la sentencia de primera instancia con fundamento en que:
11.1. La Resolución 778 del 30 de diciembre de 2011 mediante la cual se
5 Índice 49 Samai de Tribunales y Juzgados
6 Índice 7 de Samai
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reconocieron las cesantías a la accionante quedó ejecutoriada sin que el municipio
demandado hubiese demostrado su pago, razón por la cual hay lugar al
reconocimiento de la sanción moratoria.
11.2. En consecuencia, la sanción moratoria debe correr desde el día siguiente al
del vencimiento de los 45 días siguientes a la ejecutoria del acto que liquidó las
cesantías, hasta que el derecho fue satisfecho en virtud del pago total.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
12. Se circunscriben a establecer i) ¿si es procedente en esta instancia
pronunciarse sobre las pretensiones dirigidas a obtener el pago de las
prestaciones reconocidas y liquidadas en la Resolución 778 del 30 de diciembre
de 2011, frente a las que el a quo, en audiencia inicial, declaró la falta de
jurisdicción y competencia?; ii) ¿si Dissy Jannely Viñuela Jaramillo tiene derecho
al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995,
con ocasión de la falta de pago de las cesantías definitivas reconocidas en la
Resolución 778 del 30 de diciembre de 2011 por el periodo que laboró para el
municipio de Bahía Solano (Chocó)?; y, si ello es así, iii) ¿cuál es el límite
temporal de la penalidad?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Del régimen de cesantías de los servidores públicos del orden
territorial
13. La Ley 6 de 19457 en su artículo 17 literal a), señaló que los empleados y
obreros nacionales de carácter permanente gozarán de un auxilio de cesantía a
razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio, y solamente se
tendría en cuenta el tiempo de servicio prestado después del 1 de enero de 1942.
14. En desarrollo del mandato contenido en el artículo 22 de la anterior ley se
expidió el Decreto 2767 de 1945, «[p]or el cual se determinan las prestaciones sociales
de los empleados y obreros al servicio de los Departamentales y Municipios» que en su
artículo 1 indicó que dichos empleados tienen derecho a las prestaciones
establecidas en el artículo 17 de la Ley 6 de 1945, entre las cuales se encuentra el
auxilio de cesantías.
7 Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones
profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo
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Demandante: Dissy Jannely Viñuela Jaramillo
15. Adicionalmente, en el artículo 6 ejusdem se señaló que, para la liquidación de
las prestaciones de los empleados, por la terminación de los contratos de trabajo,
o la situación que ocasione el retiro, se debe incluir el auxilio de las cesantías.
16. Por su parte, la Ley 65 de 19468 en el artículo 1 estableció que los empleados
de la nación tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado, y
en el parágrafo extendió dicho beneficio a los trabajadores de los departamentos,
intendencias, comisarías y municipios.
17. El Decreto 2567 de 1946 «[p]or el cual se determinan las prestaciones sociales de
los empleados y obreros al servicio de los Departamentales y Municipios» en el artículo
1 estableció que el auxilio de cesantía a que tengan derecho tales empleados y
obreros se liquidará de conformidad con el último sueldo o jornal devengado.
18. En cuanto a la liquidación de las cesantías, inicialmente se estableció un
sistema retroactivo en el que el empleador debe liquidar y pagar la prestación con
carácter definitivo a la terminación de la relación laboral, teniendo como parámetro
el último salario realmente devengado o el promedio de lo percibido en el último
año de servicio, en el evento en que, durante los últimos 3 meses de labores, el
monto del ingreso hubiere sufrido modificaciones, sin lugar a intereses. Ello, con
fundamento en lo establecido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945, 1° del
Decreto 2767 de 1945 y 1° y 2° de la Ley 65 de 1946.
19. Posteriormente, se determinó el sistema de liquidación de cesantías anualizado,
cuya característica principal es la obligatoriedad del empleador de liquidar esta
prestación cada año, con corte a 31 de diciembre, y de consignar estos dineros en
el fondo administrador que el empleado elija, a más tardar el 14 de febrero del año
siguiente a su causación. Sobre el particular la Ley 50 de 1990 en su el artículo 99
se refirió en los siguientes términos:
«1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que
se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía
que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día
de salario por cada retardo».
8 Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras.
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20. Por su parte, la Ley 344 de 1996 en el artículo 13 señaló que, a partir de su
publicación, es decir el 31 de diciembre de 1996, las personas que se vinculen a
las entidades del Estado, tendrán un régimen anualizado de cesantías.
21. En el Decreto 1582 de 1998, reglamentario de la Ley 344 de 1996, se precisó
que el régimen de los servidores públicos de nivel territorial vinculados a partir del
31 de diciembre de 1996, que se hayan afiliado a un fondo de cesantías sería el
establecido en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990.
22. La anterior disposición se conservó en el Decreto 1919 de 2002, que extendió
el régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos de la rama
ejecutiva del nivel nacional a los servidores del orden territorial, con la salvedad 9
de que los beneficiarios del régimen retroactivo continuarían disfrutándolo, en
concordancia con la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000.
2.2.2. Sobre la sanción moratoria por la mora en el pago de las cesantías de
los servidores públicos
23. En la Ley 244 de 199510 la indemnización por mora en el pago de la cesantía de
los servidores públicos fue establecida como una sanción a cargo del empleador y a
favor del trabajador, con el propósito de reparar los daños que se causan ante el
incumplimiento en el pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía, al
respecto señala lo siguiente:
«Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la
solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores
públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley.
(…)
Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco
(45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo
que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para
cancelar esta prestación social.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la
entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un
día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las
mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término
previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario,
cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.»
9 Artículo 3 del Decreto 1919 de 2002.
10 «Por la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se
establecen sanciones y se dictan otras disposiciones»
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Demandante: Dissy Jannely Viñuela Jaramillo
24. En tal sentido, dicha norma fijó los términos para el reconocimiento y pago
oportuno de las cesantías de los servidores públicos, y en caso de mora, estableció
a título de sanción, a cargo de la administración y a favor del trabajador, un día de
salario por cada día de retardo en el pago de la referida prestación.
25. La anterior disposición tiene como finalidad proteger el derecho de los
servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la
liquidación definitiva de sus cesantías. En tal sentido, constituye una garantía del
derecho al pago oportuno del salario contenido en los incisos 1 y 3 del artículo 53
de la Constitución Política, y en el Convenio 95 de la OIT que protege el salario y
su pago oportuno.
26. El Convenio 95 de la OIT, relativo a la protección al salario, aprobado mediante
Ley 54 de 1962, incluyó dentro de la definición de salario toda forma de
remuneración, en los siguientes términos:
«Artículo 1. A los efectos del presente Convenio, el término ´salario´, significa la
remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo,
siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación
nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de
trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar
o por servicios que haya prestado o deba prestar.»
27. La Corte Constitucional, en sentencia T-260 del 1 de junio de 1994, referencia
expediente T-30763, M.P. Alejandro Martínez Caballero, sostuvo sobre la
protección constitucional a la remuneración que en el Convenio 95 de la OIT se
indicó en el numeral 2 del artículo 12 que «cuando se termine el contrato de trabajo se
deberá efectuar un ajuste final de todos los salarios debidos de conformidad con la
Legislación Nacional, un contrato colectivo o un laudo arbitral o, en defecto de dicha
legislación, contrato o laudo, dentro de un plazo razonable, habida cuenta de los términos
del contrato».
28. Además, en dicho pronunciamiento la Corte Constitucional precisó que el
artículo 12 del Convenio 95 no solo se refiere a las mensualidades debidas, sino
también a cualquier remuneración derivada de la finalización de la relación laboral,
por tal razón, las prestaciones sociales como la cesantía están cobijadas por los
principios constitucionales de la protección a la remuneración.
29. Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 18
de julio de 201811 se refirió a los distintos eventos en los que puede presentarse
una variación del plazo para la exigibilidad de la sanción moratoria, por el pago
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de julio de 2018, radicación: 73001-23-
33-000-2014-00580-01(4961-2015).
8
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Demandante: Dissy Jannely Viñuela Jaramillo
tardío o no pago de las cesantías parciales y definitivas, respecto de lo cual
establecieron las siguientes reglas:
«[…]
i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se
expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre
70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que
corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y
iii) 45 días para efectuar el pago.
ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al
interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la
notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue
notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término
dispuesto en la ley12 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5
días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que
compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento
por este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de
notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que así lo
manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra
del empleador como computables para sanción moratoria.
iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique
el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la
cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.»
TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base para
calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se
produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías
parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica
vigente al momento de la causación de la mora sin que varíe por la prolongación en el
tiempo.
CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado
para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago
tardío de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del
CPACA.
(…)». [resaltado original]
30. De lo anterior se puede inferir que la sanción moratoria por la omisión de pago
oportuno de las cesantías definitivas prevista por las leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006 se causa: i) transcurridos 70 días hábiles después de radicada la solicitud de
reconocimiento, si no se expide el acto de reconocimiento o se hace de forma
extemporánea y ii) transcurridos 45 días hábiles contados a partir de la ejecutoria
del acto administrativo de reconocimiento del auxilio, de los que resuelven los
recursos interpuestos contra aquel o del día siguiente a la manifestación de
12 Artículo 69 CPACA.
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renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria. En consecuencia, los
anteriores son los eventos que determinan la causación y exigibilidad de la
sanción, los cuales tienen como referente la petición del trabajador.
31. Ahora bien, las normas que regulan esta sanción no señalan un término de
prescripción para su reclamación, como tampoco se prevé para la
indemnización por el incumplimiento en la consignación de cesantías
anualizadas. Precisamente, la sentencia de unificación del 25 de agosto de
201613 al analizar esta última situación, precisó los siguientes puntos:
31.1. La sanción moratoria no es accesoria a las cesantías. Si bien la
indemnización se causa por el incumplimiento en el pago de la prestación social,
lo cierto es que no dependen de su reconocimiento ni hacen parte de aquel.
31.2. Es excepcional y está sujeta al incumplimiento u omisión del deber legal de
pago oportuno que tiene el empleador.
31.3. Esta creada a título de sanción. En consecuencia, hace «parte del derecho
sancionador», por lo tanto, no puede considerarse como un derecho
imprescriptible, pues esta es una característica de aquel.
31.4. El sustento normativo para el término prescriptivo es el contenido en el
artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral. Se excluye la aplicación de los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, toda vez que estos regulan en forma
expresa los derechos en ellos contenidos, dentro de los cuales no se encuentra la
sanción moratoria, al tiempo que el mencionado artículo 151 comprende un ámbito
de mayor alcance.
32. En esta misma línea, la sentencia del 6 de agosto de 202014 unificó su
posición para señalar que el término de prescripción de la sanción moratoria de
la Ley 50 de 1990 se contabiliza a partir del 15 de febrero del año en el cual
debía efectuarse la respectiva consignación, es decir, desde su causación y
exigibilidad.
33. Para esta Subsección, lo anterior sirve como punto de partida para
considerar la indemnización que se causa por la falta de pago de las cesantías
definitivas señalada por las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, por las
características comunes que comparte con la penalidad económica que surge
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación:
080012331000201100628-01(0528-2014).
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, radicación: 08001-23-
33-000-2013-00666-01 (0833-2016).
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cuando no se consigna en oportunidad el auxilio liquidado bajo el régimen
anualizado. Ciertamente, la sanción moratoria bajo examen también es
independiente de las cesantías, hace parte del derecho sancionatorio y, por
consiguiente, debe estar sujeto a la regla general de la prescripción.
34. Es importante resaltar que, a pesar de que el valor de la sanción moratoria
incrementa a razón de un día de salario por cada día de mora, lo cierto es que
ello no le da el carácter de prestación periódica que tienen las pensiones y los
salarios y prestaciones que se causan durante la relación laboral. Tal condición
deriva en la consecuencia lógica de entender que el término prescriptivo que
resulta aplicable es el extintivo y de acuerdo con el artículo 151 del C. de P.L.,
opera a los 3 años siguientes al de su causación y se interrumpe con la
presentación de la respectiva reclamación.
2.2.3. Sobre la prescripción de la sanción moratoria por pago inoportuno o
no pago de cesantías definitivas de la Ley 244 de 1995
35. En la sentencia de unificación SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre
de 2023, la Sección Segunda de esta Corporación estableció las reglas sobre la
prescripción de la sanción moratoria por pago inoportuno o no pago de
cesantías definitivas así15:
«(i) El plazo trienal de la prescripción de la sanción moratoria por el incumplimiento en
el pago de las cesantías definitivas, regulado por el artículo 151 del CPTSS, se inicia a
contabilizar desde que la penalidad se hace exigible, esto es, al vencimiento del plazo
legal para el pago de la prestación social. Si el reclamo de la sanción se presenta
después de los tres años contados desde su exigibilidad, se configura la prescripción
total.
(ii) El término de la prescripción extintiva de la sanción moratoria derivada del pago
tardío o no pago de las cesantías definitivas se interrumpe por una sola vez con la
reclamación oportuna, y por un lapso igual de tres años, que no puede ser entendido
como un término que habilita al beneficiario para presentar múltiples solicitudes, sin
que opere la prescripción.
(iii) Si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de extinguido el
derecho por prescripción, esa circunstancia no revive la oportunidad para reclamar la
sanción moratoria.»
2.3. Caso en concreto
36. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
36.1. Dissy Jannely Viñuela Jaramillo laboró en el municipio de Bahía Solano
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de
2023, radicado 080012333000201200200-02 (2459-2014), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
11
Radicado: 27001-23-33-000-2017-00118-01 (2334-2023)
Demandante: Dissy Jannely Viñuela Jaramillo
(Chocó) en el cargo de secretario de planeación y obra, en virtud del nombramiento
realizado a través de la Resolución 015 del 21 de enero de 2010.16.
36.2. Mediante la Resolución 778 del 30 de diciembre de 2011 «por medio de la cual
se reconoce cesantías, vacaciones y primas a un ex empelado» la alcaldía del municipio
de Bahía Solano le liquidó, entre otras, las cesantías por la suma de $3.114.397
correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de enero de 2010 y el 30 de
diciembre de 2011.
36.3. El 18 de septiembre de 2014, presentó reclamación administrativa con el
propósito de obtener «el pago de las cesantías definitivas al igual que los intereses,
vacaciones y prima que fueron liquidadas y reconocidas por la Administración Municipal
en Resolución No 778 del 30 de diciembre de 2011». Petición, frente a la cual, afirma
la demandante, la entidad territorial guardó silencio.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
37. Para resolver el primer problema jurídico planteado, se evidencia que la
demandante solicitó que se le reconocieran las demás pretensiones de la
demanda relacionadas con el pago de todos los haberes reconocidos en la
resolución de liquidación de prestaciones, frente a los que el a quo, en audiencia
inicial, declaró la falta de jurisdicción y competencia y ordenó que, por secretaría y
a costa de la demandante, se remitiera el proceso en cuanto a dichas
pretensiones a la oficina de reparto, para que se surtiera el trámite entre los jueces
laborales del Circuito de Quibdó. Decisión que fue notificada en estrados y frente a
la que no se presentaron recursos. De ahí que, el litigio se fijara sólo respecto la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas.
38. Sobre el particular, la Sala advierte que la demandante contaba con los
recursos de reposición y de súplica por cuanto de conformidad con los artículos
242 y 246 del CPACA [versión original] vigente al momento en el que se celebró la
audiencia inicial el 6 de marzo de 2019 prevé que:
«ARTÍCULO 242. Reposición. El recurso de reposición procede contra todos los
autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará
lo dispuesto en el Código General del Proceso.
[…]
ARTÍCULO 246. Súplica. El recurso de súplica procede contra los siguientes autos
dictados por el magistrado ponente:
16
Según consta en el acta de posesión 004 del 21 de enero de 2010.
12
Radicado: 27001-23-33-000-2017-00118-01 (2334-2023)
Demandante: Dissy Jannely Viñuela Jaramillo
1. Los que declaren la falta de competencia o de jurisdicción en cualquier instancia.
(…)»
39. En este punto, vale la pena señalar que el artículo 242 antes transcrito indica
que en cuanto a la oportunidad y trámite del recurso de reposición se aplicara lo
dispuesto en el CGP que alude «Artículo 318. Procedencia y oportunidades. Salvo
norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez,
contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o
revoquen. (…)», no obstante, el CPACA, norma especial, reguló lo relativo a la
procedencia y remitió al CGP solo lo correspondiente a la oportunidad y trámite.
40. Por consiguiente, la demandante tenía a su disposición tanto el recurso de
reposición como el de súplica contra la decisión del tribunal de declarar la falta de
jurisdicción y competencia para pronunciarse respecto de las pretensiones
relacionadas con el pago de las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y
primas, pero no los interpuso.
41. Por lo tanto, la decisión cobró ejecutoria y quedó afectada por el fenómeno de
la cosa juzgada, que es una institución jurídica que le impide al juez pronunciarse
de nuevo sobre un asunto cuando advierte que frente este se ha proferido
previamente una decisión judicial en firme, la cual, además tiene como efectos
procesales la «inmutabilidad y definitividad de la decisión» y como efectos
sustanciales la de dar «certeza a la relación jurídica objeto de litigio»17, no siendo el
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia la oportunidad para
controvertir la decisión adoptada por el a quo en la audiencia inicial.
42. En cuanto al segundo problema jurídico, de acuerdo con los hechos enunciados
y los postulados normativos y jurisprudenciales expuestos, se tiene que la
administración contaba con 45 días hábiles posteriores a la ejecutoria del acto de
reconocimiento de las cesantías para su pago.
43. En efecto, como se indicó en el recurso de apelación, el municipio de Bahía
Solano a través de la Resolución 778 del 30 de diciembre de 2011 reconoció y
liquidó a Dissy Jannely Viñuela Jaramillo, entre otras, las cesantías por el periodo
laborado entre el 21 de enero de 2010 y el 30 de diciembre de 2011 como
secretaria de planeación y obras. Luego, en el escrito presentado el 18 de
septiembre de 2014 no se solicitó el reconocimiento de las cesantías pues, como
se indicó, estas ya habían sido reconocidas en la citada resolución, sino que la
petición estuvo dirigida a obtener el pago de las acreencias laboradas ya
17 Sentencia C-100 de 2019.
13
Radicado: 27001-23-33-000-2017-00118-01 (2334-2023)
Demandante: Dissy Jannely Viñuela Jaramillo
reconocidas y liquidadas por la alcaldía municipal y el reconocimiento de la
sanción moratoria.
44. Por lo que le era dable al a quo determinar si la administración municipal había
pagado las cesantías definitivas dentro del término previsto en la ley para, con
fundamento en ello, establecer si se había configurado o no la penalidad
pretendida, comoquiera que la sanción moratoria se encuentra justificada por el
simple incumplimiento de la obligación de pago, de manera que, reconocida la
prestación social a través de la Resolución 778 del 30 de diciembre de 2011, lo
procedente era verificar si, después de su ejecutoria, se había pagado dentro de
los 45 días hábiles con los que contaba para ello. De acuerdo con lo anterior,
procede esta Sala a realizar el análisis correspondiente.
45. Lo primero que advierte esta Sala es que no se aportó al expediente prueba de
que la Resolución 778 del 30 de diciembre de 2011 se hubiese expedido producto
de una petición de reconocimiento de prestaciones sociales, entre otras, de las
cesantías definitivas y de la lectura del acto tampoco se advierte que se hubiese
proferido en respuesta a alguna petición en ese sentido. Tampoco obra prueba de
la notificación de la anterior resolución, y aunque en el auto admisorio se le ordenó
a la entidad territorial que allegara los antecedentes administrativos de la
actuación objeto del presente proceso, esta no contestó la demanda, ni allegó los
documentos requeridos. Asimismo, en la audiencia inicial celebrada el 6 de marzo
de 2019 a la cual no asistió la entidad demandada se ordenó requerirla para que
allegara los antecedes administrativos. Finalmente, el 30 de abril de 2019 se llevó
a cabo la audiencia de pruebas sin que el municipio de Bahía Solano allegara la
prueba decretada de oficio.
46. Bajo tal panorama y para contabilizar el plazo para la exigibilidad de la sanción
moratoria por el no pago de las cesantías definitivas se tendrán en cuenta las
reglas fijadas por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del
18 de julio de 2018 antes citada, en este punto valga aclarar que la resolución de
reconocimiento de cesantías se expidió en vigencia del Código Contencioso
Administrativo18 por lo que serán las disposiciones allí contenidas las que se
aplicarán para tal efecto.
47. Entonces, se tiene que la Resolución 778 se emitió el 30 de diciembre de 2011
por lo que la administración contaba con 5 días hábiles siguientes a la expedición
del acto para enviar la comunicación al interesado a efectos de que se notificara
personalmente [artículo 44 del CCA]. Si al cabo de 5 días no hubiese sido posible
la anterior notificación debía fijar el edicto por el término de 10 días [artículo 45 del
18 En adelante CCA
14
Radicado: 27001-23-33-000-2017-00118-01 (2334-2023)
Demandante: Dissy Jannely Viñuela Jaramillo
CCA]. Verificados los anteriores términos en el asunto bajo análisis la ejecutoria
del acto corrió entre el 28 de enero de 2012 y el 3 de febrero de ese año. En
consecuencia, a partir de esta última fecha la administración contaba con 45 días
para el pago de las cesantías definitivas, lo cual no se probó que ello hubiese
ocurrido.
48. En tal sentido, el municipio de Bahía Solano incurrió en la mora establecida en
el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, toda vez que no efectuó el pago de las
cesantías definitivas dentro del término legal, en consecuencia, se originó la
sanción moratoria a partir del 12 de abril de 2012.
49. En relación con la prescripción trienal de la sanción moratoria de acuerdo con la
regla fijada en la sentencia de unificación SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de
noviembre de 2023 se contabiliza desde que se hace exigible, esto es al
vencimiento del término legal para el pago del auxilio de cesantías, por lo tanto, si
la solicitud de sanción moratoria se presenta después de 3 años contados desde
su exigibilidad, se configura la prescripción trienal.
50. En el caso concreto la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria se presentó el 18 de septiembre de 2014, es decir dentro de los 3 años
contados desde su exigibilidad, por lo tanto, no se configuró este fenómeno
prescriptivo, toda vez que su exigibilidad surgió a partir del 12 de abril de 2012 y
contaba hasta el 12 de abril de 2018 para reclamar en término el derecho, lo cual
ocurrió con mucha antelación como bien se indicó en precedencia, razón por la
cual, la reclamación se efectuó dentro del término de ley.
51. Ahora bien, comoquiera que la entidad no acreditó el pago del auxilio de las
cesantías, y no actuó en la demanda en defensa de sus intereses, esta Sala no
encuentra elementos probatorios que permitan establecer el límite temporal por el
cual reconocer la sanción por la mora demostrada. Sin embargo, en relación con
el tiempo que debe abarcar la indemnización, se considera necesario definir un
parámetro objetivo como tope máximo y no admitir el incremento ilimitado de la
sanción moratoria, pues de lo contrario, se desconocería el criterio de esta
Sección, adoptado a partir de la sentencia de unificación del 25 de agosto de
201619, según la cual los salarios moratorios hacen parte del derecho sancionador
y, como tal, no se le puede calificar como un derecho imprescriptible, con los
consecuentes efectos de que tampoco se puede admitir una penalidad
imprescriptible, tal y como lo ordena el artículo 28 de la Constitución Política.
19Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación:
080012331000201100628-01(0528-2014), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
15
Radicado: 27001-23-33-000-2017-00118-01 (2334-2023)
Demandante: Dissy Jannely Viñuela Jaramillo
52. En igual sentido lo consideró recientemente esta Sección al señalar que «esta
penalidad nace a la vida jurídica con el único propósito de garantizar el pago
oportuno de la prestación, de tal suerte que el trabajador pueda aliviar la contingencia
de encontrarse cesante laboralmente»20, pues lo cierto es que la penalidad que
establece la ley tiene un fin constitucional que garantiza al trabajador y a su núcleo
familiar que el respaldo económico que ofrece el auxilio de las cesantías se pague
en forma oportuna; de manera que no podrían prolongarse los efectos de la
sanción en forma indefinida pues ello desborda lo dispuesto por el legislador y el
fin por el cual fue creado en tanto, se insiste, está creada a título de sanción y, en
consecuencia, hace «parte del derecho sancionador»21, por lo tanto, no puede
considerarse como un derecho imprescriptible, pues esta es una característica
de aquel.
53. De acuerdo con lo anterior, esta Sala encuentra como sustento normativo para
el término prescriptivo el contenido en el artículo 151 del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social. Se excluye la aplicación de los Decretos 3135 de
1968 y 1848 de 1969, toda vez que estos regulan en forma expresa los derechos
en ellos contenidos, dentro de los cuales no se encuentra la sanción moratoria, al
tiempo que el mencionado artículo 151 comprende un ámbito de mayor alcance.
54. En esta misma línea se fundamentó la sentencia del 6 de agosto de 202022 por
la cual se unificó su posición para precisar que el término de prescripción de la
sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 se contabiliza a partir del 15 de febrero del
año en el cual debía efectuarse la respectiva consignación, es decir, desde su
causación y exigibilidad. En aquella oportunidad, la Sala Plena de la Sección
Segunda de esta corporación reiteró el criterio expuesto en la decisión del 25 de
agosto de 2016, para señalar, entre otras cosas, que debía acogerse el plazo
señalado en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social, y que la sanción dispuesta en la Ley 50 de 1990 debía tener un límite
final aun cuando la norma no lo previera en forma expresa. Al respecto indicó que
en principio estaba constituida por la fecha en que se hacía efectiva la
consignación de las cesantías anualizadas o el pago que directamente se
realizaba al empleado; sin embargo, en aquellos eventos en los que la mora se
extendiera durante días, meses, o inclusive años, esta se causaría hasta que
finalizara la relación laboral.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de
noviembre de 2023, radicado 080012333000201200200-02 (2459-2014), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016,
radicado 080012331000201100628-01(0528-2014).
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, radicación: 08001-23-
33-000-2013-00666-01 (0833-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
16
Radicado: 27001-23-33-000-2017-00118-01 (2334-2023)
Demandante: Dissy Jannely Viñuela Jaramillo
55. Para esta Subsección, lo anterior sirve como punto de partida para considerar
que la indemnización que se causa por la falta de pago de las cesantías definitivas
señalada por las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, por las características
comunes que comparte con la penalidad económica que surge cuando no se
consigna en oportunidad el auxilio liquidado bajo el régimen anualizado también
debe tener un límite temporal. Ciertamente, la sanción moratoria bajo examen
también es independiente de las cesantías, hace parte del derecho sancionatorio
y, por consiguiente, debe estar sujeto a la regla general de la prescripción.
56. En similar sentido lo ha considerado la Corte Suprema de Justicia al encontrar
necesario establecer un límite temporal al pago de la sanción. Al respecto indicó lo
siguiente:
«[E]l Tribunal al prohijar la decisión del juez de primer grado, de imponer dicha sanción
hasta que “el demandado realice el pago oportuno”, le hizo producir a la disposición
efectos no queridos por el legislador, pues lo que ella persigue es sancionar al
empleador que no ha consignado antes del 15 de febrero del año siguiente, el valor de
la cesantía correspondiente al año o fracción del anterior, liquidada a 31 de diciembre,
con el equivalente a un salario diario, desde el 15 de febrero, pero de ninguna
manera más allá del fenecimiento del vínculo laboral». [Se resalta]
57. Es importante resaltar que, a pesar de que el valor de la sanción moratoria
incrementa en razón de un día de salario por cada día de mora, lo cierto es que
ello no le da el carácter de prestación periódica que tienen las pensiones y los
salarios y prestaciones que se causan durante la relación laboral. Tal condición
deriva en la consecuencia lógica de entender que el término prescriptivo que
resulta aplicable es el extintivo y de acuerdo con el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, opera a los 3 años siguientes al de
su causación y se interrumpe con la presentación de la respectiva reclamación.
58. En efecto, el fenómeno procesal al que alude la prescripción del artículo 151 es
extintivo del derecho, en los términos de la Corte Suprema de Justicia «es un
modo de adquirir cosas ajenas, o bien, de extinguir las acciones y derechos, por haberse
poseído dichas cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante un lapso
de tiempo determinado. Es decir, la prescripción extintiva se entiende como una forma
de extinción o desaparición de un derecho, real o personal o de una acción, cuando
durante un determinado período de tiempo establecido en la ley, no se realizan ciertos
actos, a lo que el ordenamiento le atribuye la consecuencia indicada»23, es decir que
una vez se cumple el término previsto en la norma, el derecho se extingue; sin
embargo, si se presenta una reclamación antes de que se cumpla ese lapso, esa
«extinción» se «aplaza» por un término igual.
23
CSJ SL2501-2018.
17
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Demandante: Dissy Jannely Viñuela Jaramillo
59. Valga reiterar que esto es así pues, aun cuando la sanción moratoria se deriva
de la falta o tardanza en el pago de las cesantías, aquella no goza del beneficio de
la imprescriptibilidad toda vez que no es un derecho cierto e indiscutible, no
retribuye el servicio prestado por el trabajador, ni tampoco se establece como una
prerrogativa prestacional, en tanto no busca proteger al empleado de las
eventualidades a las que pueda verse sometido durante una relación laboral, sino
que se instituye como una penalidad económica; de manera que no se trata de un
derecho irrenunciable y, por tal razón, debe tener un límite temporal.
60. Por ello, así como la sanción moratoria derivada de la falta de pago de las
cesantías anualizadas de ninguna manera puede extenderse más allá del vínculo
laboral, la omisión en el pago de las cesantías no puede generar una penalidad
que se extienda indefinidamente en el tiempo, razón que justifica acudir a un
parámetro objetivo de causación: aquel según el cual solo podría extenderse por
3 años desde que se hizo exigible el derecho, salvo que antes de que esto
ocurra, se efectúe el pago.
61. Así las cosas, según el lineamiento contenido en el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, los 3 años se contarán «desde que
la respectiva obligación se haya hecho exigible» en este asunto desde el 12 de
abril de 2012 y hasta el 12 de abril de 2015. Este término se tiene como un límite
razonable para la acumulación del valor a pagar por concepto de sanción
moratoria; sin perjuicio de que se acredite su pago con anterioridad a esta data.
62. De conformidad con lo anterior, la Sala revocará la sentencia proferida el 28 de
octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda y en su lugar se accederá parcialmente a
ellas.
2.4. Costas
63. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
64. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
18
Radicado: 27001-23-33-000-2017-00118-01 (2334-2023)
Demandante: Dissy Jannely Viñuela Jaramillo
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
65. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma24.
66. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
67. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
4. Conclusión
68. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el municipio de Bahía
Solano incurrió en mora en el pago de las cesantías definitivas de la demandante
por cuanto, transcurrido el plazo, no cumplió con su obligación y consecuencia de
ello se causó la penalidad prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. En
esas condiciones, se revocará la sentencia proferida el 28 de octubre de 2022 por
el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda y en su lugar se accederá parcialmente a ellas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 28 de octubre de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Chocó, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
24En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
19
Radicado: 27001-23-33-000-2017-00118-01 (2334-2023)
Demandante: Dissy Jannely Viñuela Jaramillo
demanda en el proceso promovido por Dissy Jannely Viñuela Jaramillo contra el
municipio de Bahía Solano (Chocó) y, en su lugar se dispone:
Segundo. Declarar la nulidad del acto ficto o presunto producto del silencio
administrativo negativo del municipio de Bahía Solano en dar respuesta a la
petición presentada el 18 de septiembre de 2014, en relación con la sanción
moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas.
Tercero. A título de restablecimiento del derecho, condenar al municipio de Bahía
Solano (Chocó) al reconocimiento y pago de un día de salario por cada día de
retardo, por concepto de la sanción moratoria desde el 12 de abril de 2012 y hasta
el 12 de abril de 2015, o antes si se acredita que se hizo efectivo el pago de las
cesantías, la sanción se liquidará con base en la asignación básica vigente en la
fecha en que se produjo el retiro del servicio de la servidora pública.
Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.
Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
20
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