Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-009-2018-00126-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-009-2018-00126-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-009-2018-00126-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Seis (6) de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 76001-23-33-009-2018-00126-01 (1519-2026)1
Demandante: Adolfo Raúl Salcedo Ibargüen
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Sanción moratoria.
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandada,
contra la sentencia No. 083 del Seis (6) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026),
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Tercera de
Decisión2, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda3.
1.1 Pretensiones.
1. El señor Adolfo Raúl Salcedo Ibargüen, por conducto de apoderado judicial,
promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra
el Departamento del Valle del Cauca, con el propósito de obtener la nulidad de
los siguientes actos administrativos:
1 Expediente digital
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=76001233300520160156
0011100103
2 Sala conformada por los Magistrados Omar Edgar Borja Soto, Eduardo Antonio Lubo Barros y Juan
Pablo Dossman Cortez (ponente).
3 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00034 – Archivo “Contrato 104 DE
2020 - SASI-2020-09 (.pdf)”- Folios 11 a 18.
2
Número Interno: 1519-2026
Demandante: Adolfo Raúl Salcedo Ibargüen
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
i) «Resolución No. 4904 del Diez (10) de noviembre de Dos Mil
Catorce (2014)», por medio de la cual, se reconocieron y pagaron
emolumentos prestacionales en favor del demandante.
ii) El acto ficto negativo, configurado ante la ausencia de resolución,
ante el ejercicio del recurso de reposición y en subsidio apelación,
instaurado el Tres (3) de diciembre de Dos Mil Quince.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que, se ordene a la
demandada «[…] que repare el daño causado al señor ADOLFO RAUL
SALCEDO IBARGUEN, por la no cancelación efectiva de las cesantías e
intereses a las cesantías reconociendo, liquidando y cancelando un día de
salario por cada día de retardo desde el momento que el derecho se hizo
exigible o sea contados desde los sesenta (60) días hábiles después de haber
radicado la solicitud de las cesantías hasta cuando se haga su pago»[sic].
3. Finalmente, solicitó que, se ordene a la demandada el cumplimiento de la
sentencia en los términos establecidos por el artículo 188 del Código
Contencioso Administrativo y que, esta sea condenada en «costas y
honorarios».
1.2 Hechos
4. Mediante el Decreto No. 177 del Once (11) de febrero de Dos Mil Diez
(2010), la secretaria de educación departamental del Valle del Cauca, nombró
en provisionalidad, al señor Adolfo Raúl Salcedo Ibargüen, como auxiliar
administrativo, código 407, grado 5, a efectos del ejercicio del cargo en la
Institución Educativa «Sagrado Corazón», en el municipio de El Cerrito- Valle
del Cauca, entre tanto se desarrollaba la licencia de maternidad, concedida a
la señora Yenny Lorena Berrio Muñoz; cargo en que se desempeñó entre «el
veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010) y finalizó el diecinueve (19) de
abril de dos mil diez (2010)».
3
Número Interno: 1519-2026
Demandante: Adolfo Raúl Salcedo Ibargüen
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
5. El Once (11) de febrero de Dos Mil Once (2011), el demandante4 solicitó a
la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca, el
reconocimiento de las prestaciones económicas debidas.
6. Seguidamente, mediante la petición No. SADE No. 664567 del Diecinueve
(19) de septiembre de Dos Mil Doce (2011), solicitó a la Secretaría de
Educación del Departamento del Valle del Cauca, el pago de «la liquidación
de las cesantías e intereses y la sanción moratoria», petición frente a la cual,
no obtuvo respuesta.
7. Ante la ausencia de un pronunciamiento de la administración, instauró una
acción de tutela, la cual fue tramitada por el Juzgado Primero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Buga- Valle del Cauca, que,
profirió sentencia No. 005 del Treinta (30) de enero de Dos Mil Trece (2013),
en la cual se amparó su derecho fundamental de petición. Indicó que, ante el
incumplimiento de la orden de tutela, presentó incidente de desacato, producto
del cual, se sancionó con multa a la secretaria de educación departamental del
Valle del Cauca.
8. En cumplimiento de la orden de tutela, la secretaría de educación
departamental del Valle del Cauca, expidió la Resolución No. 4909 del Diez
(10) de noviembre de Dos Mil Catorce (2014), pues esta había dispuesto que,
se debían pagar unos emolumentos originados en el periodo en que cubrió la
licencia de maternidad, por valor de Seiscientos Catorce Mil Cuatrocientos
Ochenta Pesos M/cte. ($614.480), correspondientes a cesantías e intereses a
la cesantía.
9. Contra el acto administrativo previamente identificado, instauró recurso de
reposición, «para que además de reconocerle el derecho al pago de las
cesantías y sus intereses le reconocieran la sanción moratoria solicitada en la
petición SADE No. 664567», sin embargo, no ha obtenido respuesta.
1.3 Normas violadas y concepto de violación.
4 Así lo refirió expresamente la parte demandante en el libelo.
4
Número Interno: 1519-2026
Demandante: Adolfo Raúl Salcedo Ibargüen
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
10. La parte demandante invocó como normas vulneradas los artículos 90,
122, 123 y 124 de la Constitución Política; los artículos 1 y 2 de la Ley 65 de
1946; los artículos 12 y 17 de la Ley 6 de 1945; el artículo 7 de la Ley 64 de
1946; el Decreto 2350 de 1994; el artículo 40 del Código Contencioso
Administrativo; y los artículos 4 y 5 de la Ley 1701 de 2006.
11. Como concepto de violación, bajo la citación de las normas que anteceden,
señaló que, la administración tiene la obligación del reconocimiento y pago
oportuno del auxilio de cesantías, cuya omisión, obliga a reconocer en favor
del empleado la sanción moratoria, consistente en un día de salario por cada
día de retardo.
12. Señaló que, en tratándose de actos derivados del silencio administrativo,
la acción está llamada a ejercerse en cualquier tiempo, en los términos del
numeral 3 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
2. Contestación de la demanda5.
13. El Departamento del Valle del Cauca, por conducto de apoderada judicial,
se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que, el acto
administrativo demandado se expidió en cumplimiento de un fallo de tutela y
requería contar con la disponibilidad presupuestal, para proceder con su pago,
de ahí que no resulte procedente el reconocimiento de la sanción moratoria.
14. Afirmó a su vez, que, respecto del pago de la sanción moratoria, estableció
que, según el acuerdo de reestructuración de pasivos celebrado por la entidad,
establece en el parágrafo de la cláusula 15, en relación con el reconocimiento
de la sanción moratoria, que, «[c]uando la principal pretensión haya sido el
pago de una sanción por mora, en cumplimiento del deber de consignación de
las cesantías (artículo 99 de la ley 50 de 1990) o del deber de pago total o
parcial de las cesantías (Ley 244 de 1995, modificado por la ley 1071 de 2006),
solo se pagara el 70% del monto de la sanción así reconocida, suma que para
su pago solo será indexada hasta el 15 de mayo de 2012, fecha de iniciación
5 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00034 – Archivo “2018-00126-
NARVAEZ- CONTESTACION”.
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Número Interno: 1519-2026
Demandante: Adolfo Raúl Salcedo Ibargüen
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
de la promoción del acuerdo. Lo anterior sin perjuicio del reconocimiento y
pago de los intereses a las cesantías correspondiente al fallo judicial, evento
en el cual solo se pagará el 70% de las sumas reconocidas”».
15. Indicó que, la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías, concurren
las causales previstas en las leyes 6 de 1945 y 244 de 1995, y su procedencia
está determinada por la transgresión de los plazos legalmente establecidos.
16. Finalmente, propuso como excepción previa que denominó «inepta
demanda pro indebida escogencia del medio de control».
3. La sentencia de primera instancia6.
17. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Tercera de Decisión,
mediante sentencia del seis (6) de marzo de dos mil veintiséis (2026), accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo cual determinó:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo presunto negativo
configurado por la falta de decisión del recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación interpuesto contra la Resolución No. 4904 del 10 de noviembre de 2014,
proferida por el departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Educación
Departamental.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución No. 4904 del 10 de
noviembre de 2014, únicamente en cuanto omitió pronunciarse sobre el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995,
modificada por la Ley 1071 de 2006, solicitada por el señor Adolfo Raúl Salcedo
Ibargüen.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR al departamento
del Valle del Cauca – Secretaría de Educación Departamental a reconocer y pagar al
señor Adolfo Raúl Salcedo Ibargüen la sanción moratoria equivalente a un (1) día de
salario por cada día de retardo, liquidado con base en la asignación básica mensual
vigente a la fecha del retiro del servicio, contabilizada desde el 3 de enero de 2013 y
hasta la fecha en que se acredite el pago efectivo de las cesantías e intereses
reconocidos mediante la Resolución No. 4904 del 10 de noviembre de 2014.
CUARTO: SIN CONDENA en costas.»
18. El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda, argumentando que,
fue probado que el demandante solicitó el reconocimiento de sus cesantías el
6 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00034.- Archivo
“072Sentenciadepr_08320180012600VFSAMA.pdf”.
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Número Interno: 1519-2026
Demandante: Adolfo Raúl Salcedo Ibargüen
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Diecinueve (19) de septiembre de Dos Mil Doce (2012) y, dicho concepto no
fue le pagado, configurándose la mora, imputable a la administración desde el
Tres (3) de enero de Dos Mil Trece (2013), lo que hace procedente la
imposición de la sanción moratoria, a que refiere la Ley 244 de 1995,
modificada por la Ley 1071 de 2006.
19. Asimismo, estableció que no resultaba aplicable la regla equivalente a
ordenar el reconocimiento, bajo el límite del 70%, prevista en el Acuerdo de
Reestructuración de Pasivos, pues, la omisión que originó la mora se configuró
con posterioridad al Quince (15) de mayo de Dos Mil Doce (2012), fecha de
inicio de la promoción del acuerdo, por lo tanto, no se cumpliría el supuesto
temporal exigido para la aplicación.
20. Para tal efecto, indicó que, el juicio de legalidad, no exigía anular
íntegramente la Resolución No. 4904 del Diez (10) de noviembre de Dos Mil
Catorce (2014), porque esta sí definió y ordenó pagar el concepto principal de
cesantías e intereses, sino, requería analizar la omisión frente a la sanción
moratoria y el silencio posterior de la administración al no desatar el recurso.
Por lo cual, la nulidad era predicable, parcialmente, frente a la resolución en
cita y debía recae sobre el acto presunto, habida cuenta que, la primera omitió
pronunciarse sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.
21. Además, estableció que, la mora se configura a partir del fenecimiento de
los términos que tenía la administración, para decidir y pagar, los cuales
computó desde la fecha de presentación de la solicitud No. 664567, del
Diecinueve (19) de septiembre de Dos Mil Doce (2012), comoquiera que, el
reconocimiento sólo se produjo hasta el Diez (10) de noviembre de Dos Mil
Catorce (2014), sin que hubiese prueba del pago efectivo.
22. Precisó que, la normatividad aplicable para contar el término que determina
la mora, estaría fijado por la norma vigente al momento de causación de la
mora, por lo cual estableció que, «al tomarse como punto de partida una
petición presentada el 19 de septiembre de 2012, el cómputo se rige por el
CPACA, razón por la cual el plazo total con el que contaba la administración
para expedir el acto y efectuar el pago corresponde al esquema de setenta
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Número Interno: 1519-2026
Demandante: Adolfo Raúl Salcedo Ibargüen
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
(70) días hábiles (15 para decidir + 10 para que el acto quede en firme + 45
para pagar)», extendiéndose así la mora, desde el Tres (3) de enero de Dos
Mil Trece (2013), hasta que se acreditara el pago efectivo.
23. Finalmente, precisó que, no se configuró la prescripción, pues el derecho
se hizo exigible al Tres (3) de enero de Dos Mil Trece (2013), fecha que
corresponde al día siguiente al vencimiento del plazo de Setenta (70) Días,
con que contaba la administración para decidir, dejar en firme el acto y pagar.
No obstante, antes del vencimiento de dicho término «el actor reclamó
expresamente la sanción al interponer recurso contra la Resolución 4904 el 3
de diciembre de 2014, lo que interrumpió la prescripción», posteriormente, el
Diecinueve (19) de octubre de Dos Mil Diecisiete (2017), promovió la
conciliación extra judicial, cuya constancia de fracaso se profirió el Veintinueve
(29) de enero de Dos Mil Dieciocho (2018) y la demanda se presentó el Ocho
(8) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), sin que se configurara el término
prescriptivo.
4. El recurso de apelación7.
24. La parte demandada, por conducto de apoderado judicial, interpuso
recurso de apelación, contra la sentencia de primera instancia, pues sostuvo
que, debido al cumplimiento de sentencias de tutela iniciados por diferentes
servidores de la gobernación del departamento del Valle del Cauca, se ha visto
abocada a expedir actos administrativos que ordenan el reconocimiento y la
liquidación de las cesantías definitivas, pero supeditados a la existencia de
disponibilidad presupuestal, debido a la ausencia de presupuesto y con el
propósito de no vulnerar el derecho a la igualdad de las personas, por lo cual,
no hay lugar a reconocer la sanción moratoria frente al demandante.
25. Por otra parte, indicó que, en el evento en que se acceda al reconocimiento
de la sanción moratoria, es necesario tener en cuenta lo dispuesto en el
Acuerdo de Restructuración de Pasivos, que es de obligatorio cumplimiento
para la entidad territorial y sus acreedores, incluyendo a quienes no hayan
7 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00034- Archivo
“074_MemorialWeb_Recurso-APELACIONDEPARTAMEN.pdf”.
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Número Interno: 1519-2026
Demandante: Adolfo Raúl Salcedo Ibargüen
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
participado en su negociación, en orden a limitar el porcentaje de
reconocimiento de la sanción moratoria.
26. Con base en lo anterior, solicitó, de forma principal que, se revoque la
decisión de primera instancia y, de forma supletiva, que, se disminuya el
reconocimiento pretendido con cargo, en el acuerdo en mención.
5. Trámite de segunda instancia
27. Mediante auto del Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)8, el
consejero sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia de primera instancia y dispuso que, una vez
ejecutoriada la providencia, el expediente regresara al despacho para fallo,
salvo que las partes formularan solicitud probatoria, de conformidad con los
artículos 212 y 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
28. El representante del Ministerio Público, se abstuvo de rendir concepto,
pese que fue debidamente notificado.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
29. El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia
de este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del
CPACA9.
2.2 Problema jurídico
30. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:
8 Expediente digital – Samai – índice 00004.
9 Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. Modificado por el art. 615, Ley
1564 de 2012. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de
los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de
unificación de jurisprudencia.
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Número Interno: 1519-2026
Demandante: Adolfo Raúl Salcedo Ibargüen
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
31.1 ¿Debe revocarse la sentencia del Seis (6) de Marzo de Dos Mil
Veintiséis (2026), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, al considerar que, la ausencia de disponibilidad presupuestal, a
efectos del pago de cesantías definitivas, impiden el reconocimiento de
la sanción moratoria, ante su reconocimiento tardío?
31.2. De resultar negativa la respuesta al planteamiento anterior, se
debe establecer si ¿el acuerdo de reestructuración de pasivos suscrito
por el departamento del Valle del Cauca, incide en el reconocimiento de
la sanción moratoria ordenado en primera instancia?
32. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.3 Marco normativo y jurisprudencial; 2.4 Hechos
probados; 2.5. Caso concreto y 2.6. Condena en costas.
2.3 Marco normativo y jurisprudencial.
2.3.1. La ausencia presupuestal, respecto de la garantía de
reconocimiento de los derechos y acreencias laborales.
33. La jurisprudencia de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado10, ha expuesto que, la ausencia presupuestal, no es óbice para el
reconocimiento de las acreencias a que tienen derecho los servidores, en
tanto, no pueden trasladarse a este extremo de la relación laboral,
las deficiencias presupuestales de las instituciones públicas.
34. Al respecto se ha considerado que, aspectos como el salario y las
prestaciones económicas, integran aristas del derecho fundamental al trabajo,
el cual, está ligado al derecho fundamental al mínimo vital; y estos deben ser
garantizados por el Estado.
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.
Consejera Ponente: Elizabeth Becerra Cornejo, diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025),
radicación:76001-23-33-004-2016-01696-02 (3631-2024); donde se dijo: “En lo atinente a la
imposibilidad presupuestal para incluir en la nómina el pago adicional correspondiente a la prima
especial, es del caso señalar que las limitaciones presupuestales no constituyen una causal válida para
negar el reconocimiento de un derecho salarial debidamente causado.
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Número Interno: 1519-2026
Demandante: Adolfo Raúl Salcedo Ibargüen
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
35. Asimismo, la Corte Constitucional11, ha establecido que, la situación
económica del empleador, no justifica el incumplimiento al deber legal y
constitucional de retribuir en debida forma y oportunamente, el trabajo que
ofrecen sus trabajadores, para lo cual ha expuesto:
«La situación económica del empleador, sea este público o privado, los argumentos
económicos, presupuestales o financieros no justifican el incumplimiento del deber legal
y constitucional de pagar oportunamente los salarios de los trabajadores. No obstante, si
la deudora es una entidad pública, la orden del juez de tutela deberá ser que, en un
término razonable fijado por el juez, se cree una partida presupuestal, si no existiere, o se
realicen los trámites correspondientes para obtener los fondos, bajo el entendido de que
los créditos laborales vinculados al mínimo vital, gozan de prelación constitucional»
36. En ese sentido, el Tribunal Constitucional también ha señalado que, el
desorden administrativo, las deficiencias presupuestales o económicas, no
eximen al empleador público de responder por sus acreencias laborales, en
dicho sentido ha expresado:
«En esta línea, entonces, el desorden administrativo o los indebidos manejos de los
recursos públicos no son ni podrían ser óbice para impedir el pago puntual de los salarios
y prestaciones de los empleados que se encuentran al servicio de la administración. Es
más, el que la situación económica, presupuestal o financiera de un empleador público o
privado no sea producto de su negligencia o desidia, tampoco lo exime de responder por
la protección y respeto de los derechos mínimos y fundamentales de sus empleados. La
intencionalidad de quien incurre en el desconocimiento de un derecho fundamental, no
puede tenerse como elemento relevante para definir la procedencia o improcedencia del
amparo impetrado. Si existe vulneración, amenaza o desconocimiento de un derecho
fundamental, así debe declararlo el juez, pues lo que se busca es la defensa de estos
derechos y no la definición de responsabilidades, pues ni es su objeto y existen vías
judiciales apropiadas para el efecto»
37. De acuerdo con lo anterior, la ausencia de disponibilidad presupuestal no
es óbice para garantizar el reconocimiento de derechos salariales y
prestacionales, comoquiera que, aquellas garantías de estirpe laboral,
encuentran sujeción a derechos fundamentales como el mínimo vital, los
cuales gozan de prelación constitucional y, por ende, hacen meritoria su
concreción inmediata, sin que en su concreción resulte plausible anteponer
circunstancias de orden presupuestal.
11 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-995 de 1999. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria
Díaz.
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Número Interno: 1519-2026
Demandante: Adolfo Raúl Salcedo Ibargüen
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
2.3.2. Reestructuración de pasivos bajo la Ley 550 de 1990: Reiteración
de jurisprudencia.
38. Bajo la Ley 550 de 1990, se dictaron disposiciones en materia de
reactivación empresarial y, en materia de reestructuración de entidades
territoriales, con el objeto de promover de la función social de las empresas y
a procurar el desarrollo de las regiones.
39. El artículo 5° de la ley en referencia, determinó la naturaleza de los
acuerdos de reestructuración, estableciendo que, constituyen convenciones 12
«a favor de una o varias empresas con el objeto de corregir deficiencias que
presenten en su capacidad de operación y para atender obligaciones
pecuniarias, de manera que tales empresas puedan recuperarse dentro del
plazo y en las condiciones que se hayan previsto en el mismo». En dicho
sentido, el artículo 34 de la norma en cita, precisó los efectos del acuerdo de
reestructuración, para lo cual, estableció las siguientes:
«Como consecuencia de la función social de la empresa los acuerdos de
reestructuración celebrados en los términos previstos en la presente ley serán de
obligatorio cumplimiento para el empresario o empresarios respectivos y para todos
los acreedores internos y externos de la empresa, incluyendo a quienes no hayan
participado en la negociación del acuerdo o que, habiéndolo hecho, no hayan
consentido en él, y tendrán los siguientes efectos legales: […]
Todas las obligaciones se atenderán con sujeción a lo dispuesto en el acuerdo, y
quedarán sujetas a lo que se establezca en él en cuanto a rebajas, disminución de
intereses y concesión de plazos o prórrogas, aun sin el voto favorable del respectivo
acreedor, salvo las excepciones expresamente previstas en esta ley en relación con
las obligaciones contraídas con trabajadores, pensionados, la DIAN, los titulares de
otras acreencias fiscales o las entidades de seguridad social.»
40. El artículo 58 de la ley en mención, establece a su vez las reglas en materia
procedimental, en relación con la ejecución de los acuerdos de
reestructuración de pasivos, entre las cuales se destacan, aquellas asociadas
al reconocimiento de emolumentos salariales y prestacionales:
«[…]
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 24 de julio de 2026, radicado No.
76001-23-33-000-2018-01053-01 (6332-2024), C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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Demandante: Adolfo Raúl Salcedo Ibargüen
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
1. En el acuerdo de reestructuración se establecerán las reglas que
debe aplicar la entidad territorial para su manejo financiero o para la
realización de las demás actividades administrativas que tengan
implicaciones financieras.
[…]
7. Con sujeción estricta a la disponibilidad de recursos de la entidad
territorial y con el fin de disponer reglas que aseguren la financiación de
su funcionamiento, en el acuerdo de reestructuración y en el convenio
de desempeño que suscriba la entidad territorial, se establecerá el
siguiente orden de prioridad para los gastos corrientes de la entidad
territorial, conforme con los montos que para el efecto se prevean en el
mismo acuerdo:
a) Mesadas pensionales;
b) Servicios personales;
c) Transferencias de nómina;
d) Gastos generales;
e) Otras transferencias;
f) Intereses de deuda;
g) Amortizaciones de deuda;
h) Financiación del déficit de vigencias anteriores;
i) Inversión.
[…]»
41. La jurisprudencia de esta corporación, al abordar la reestructuración de
pasivos, a través de la sentencia de unificación CE-SUJ004 de Dos Mil
Dieciséis (2016), abordó la incidencia del acuerdo de reestructuración de cara
a las acreencias, a partir de obligaciones constituidas previamente al acuerdo
en mención, sobre el particular determinó:
«Con base en las anteriores consideraciones y en la jurisprudencia trascrita se puede
decir que, si bien en el proceso de restructuración se deben supeditar derechos
individuales del acreedor, al colectivo de satisfacer todos los créditos en igualdad de
condiciones, también lo es que dicho sacrificio no puede ser de tal magnitud que
conlleve el desconocimiento de derechos fundamentales que puedan ser trasgredidos
por un Acuerdo que cercene créditos laborales legalmente adquiridos.
En otras palabras, no puede el deudor aprovecharse de su insolvencia y someter al
acreedor a que opte sí o sí por la renuncia de unos derechos que causó.
Es cierto que los acuerdos de reestructuración celebrados en los términos previstos
en la Ley 550 son de obligatorio cumplimiento para el empresario y para todos los
acreedores, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación o que,
habiéndolo hecho, no hayan consentido en ella (Artículo 34 Ley 550 de 1999).
[…]
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Número Interno: 1519-2026
Demandante: Adolfo Raúl Salcedo Ibargüen
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Así pues, las obligaciones preexistentes a la celebración del acuerdo no se
desconocen, sino que se ATIENDEN y se sujetan a rebajas, a disminución de
intereses, a plazos o a prórrogas, pero en ningún momento se permite que el deudor
insolvente las desatienda, las desconozca o peor aún, se auto absuelva de ellas.
Si lo hace con la excusa de ser la única forma de poder reconocer todas sus
acreencias, se estaría aprovechando, irónicamente, de su situación crítica financiera
y llevaría a que frente a su acreedor obtenga una posición dominante que no se
compadece con el espíritu de la figura de saneamiento económico que contiene la Ley
550, en tanto no garantiza la equidad en el acuerdo.
[…]
La intención del Legislador siempre ha sido la de proteger las obligaciones adquiridas
con justo título antes de llevar a cabo el respectivo Acuerdo, llegando inclusive hasta
permitir la celebración de Acuerdos que tengan como objeto suspender, que no
desconocer, ciertas prerrogativas laborales que tuviera el trabajador. Cuánto menos
no sería su intención de salvaguardar aquellas obligaciones que adquirió el deudor,
no como consecuencia de una prerrogativa adquirida por el empleado, sino de una
gracia que la ley le dio al cesante por el incumplimiento de su ex empleador en el pago
de una prestación que por ley tiene derecho.
La Organización Internacional del Trabajo – OIT- a través del Convenio C-173 de
1972, también se ha referido a la protección de los créditos laborales en caso de
insolvencia del empleador. Ahí, la Conferencia General de la OIT subrayó la
importancia de la protección de los créditos laborales en estos casos, y consagró en
la Parte II, DE LA PROTECCIÓN DE LOS CRÉDITOS LABORALES POR MEDIO DE
UN PRIVILEGIO, los créditos que deben protegerse en casos de insolvencia del
empleador.
Por ejemplo, el artículo 5 manifestó que los créditos adeudados a los trabajadores en
razón de su empleo deberán quedar protegidos por un privilegio, de modo que sean
pagados con cargo a los activos del empleador insolvente de que los acreedores no
privilegiados puedan cobrar la parte que les corresponda»
42. En asuntos asociados al reconocimiento de la sanción moratoria, en que
concurre la suscripción de acuerdos de reestructuración de pasivos frente a
entidades territoriales, la presente Sala13, ha determinado que, si bien los
entes territoriales pueden ser objeto de intervención económica por parte del
Estado, como ocurre bajo la figura en cita, «[d]ichos trámites deben
adelantarse conforme a las reglas previstas en la ley y su cumplimiento no
puede aducirse como justificación para desconocer derechos laborales».
43. Lo anterior se ha justificado en que, si bien el ejercicio de actuaciones de
intervención económica, propenden por la garantía del interés general, esta
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 24 de julio de 2026, radicado No.
76001-23-33-000-2018-01053-01 (6332-2024), C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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Número Interno: 1519-2026
Demandante: Adolfo Raúl Salcedo Ibargüen
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
situación no habilita a las autoridades para relegar derechos individuales de
orden laboral, bajo la excusa de atender los créditos en igualdad de
condiciones.
2.4 Hechos probados y valoración del material probatorio.
44. Con fundamento en el material probatorio obrante en el expediente,
valorado en su integridad y conforme a las reglas de la sana crítica, la Sala
tiene por acreditados los siguientes hechos, relevantes para resolver el caso
concreto:
44.1. El Diecinueve (19) de septiembre de Dos Mil Doce (2012)14, el
demandante solicitó a la secretaría de educación del departamento del Valle
del Cauca, el reconocimiento de los emolumentos «adeudados por concepto
de licencia por maternidad surtida entre los días 26 de enero al 19 de abril de
2010 correspondientes a: cesantías, intereses a las cesantías y sanción
moratoria sobre las mismas».
44.2. Mediante auto del Veinticuatro (24) de octubre de Dos Mil Catorce
(2014)15, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Buga, en el asunto identificado con radicado No. 76111 31 87 001 2013
00003 01 T 370 14, confirmó en grado jurisdiccional de consulta, el auto No.
1233 de Catorce (14) de octubre de Dos Mil Catorce (2014), mediante el cual,
el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Buga- Valle del Cauca, sancionó
a la señora Martha Cecilia Balcazar López, en condición de secretaria
departamental del Valle del Cauca.
44.3. Lo anterior, ante el incumplimiento del fallo de tutela No. 05 de Treinta y
Uno (31) de enero de Dos Mil Trece (2013), que amparó el derecho
fundamental de petición del señor Adolfo Raúl Salcedo Ibarguen y ordenó, a
la secretaria de educación departamental del Valle del Cauca, disponer «una
solución de fondo a la solicitud elevada por el actor tendiente al reconocimiento
14 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00011 – Archivo No. 02- Folios 5 a
6.
15 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00011 – Archivo No. 02- Folios 15
a 22.
15
Número Interno: 1519-2026
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Demandado: Departamento del Valle del Cauca
y pago de los conceptos adeudados por el tiempo de servicios prestados
durante el cubrimiento de la licencia de maternidad de la señora YENNY
LORENA BERRIO MUÑOZ» [sic].
44.4. Mediante la Resolución No. 4904 del Diez (10) de noviembre de Dos Mil
Catorce (2014)16, la secretaria de educación departamental del Valle del
Cauca, cumplió con lo ordenado en la sentencia de tutela No. 05 de Treinta y
Uno (31) de enero de Dos Mil Trece (2013), proferida por el Juzgado Primero
de Ejecución de Penas de Buga- Valle del Cauca, para lo cual, reconoció y
ordenó el pago en favor del demandante de Seiscientos Catorce Mil
Cuatrocientos Ochenta Pesos ($ 614.480), correspondiente a las cesantías e
intereses a las cesantías, solicitadas en la petición No. 664567.
44.5. Del presente medio de prueba, a su vez, emerge que, el demandante fue
nombrado en provisionalidad, mediante el Decreto No. 177 del Once (11) de
febrero de Dos Mil Diez (2010), como auxiliar administrativo, código 107, grado
5 en la Institución Educativa Sagrado Corazón del municipio de El Cerrito-
Valle del Cauca, cuya vinculación se desarrolló entre el Veintiocho (28) de
enero y Diecinueve (19) de abril de Dos Mil Diez (2010).
44.6. El demandante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación17
contra la resolución previamente identificada, en que reprocho frente al acto
administrativo, que, no le fue realizada «ninguna indexación referente al valor
a pagar, ni se [le] cancela ningún valor correspondiente a la sanción moratoria
por el pago tardío […] de las cesantías e intereses, solicitado también en la
petición SADE No. 664567 del día diecinueve (19) de septiembre de Dos Mil
Doce (2012)».
2.5. Caso concreto.
45. En el sub examine, la parte demandada sostiene que, la sentencia apelada
debe ser revocada, por cuanto, en su criterio, resulta improcedente el
16 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00011 – Archivo No. 02- Folios 53
a 54.
17 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00011 – Archivo No. 02- Folios 56
a 58.
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Número Interno: 1519-2026
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Demandado: Departamento del Valle del Cauca
reconocimiento de la sanción moratoria frente al demandante, ante la ausencia
de disponibilidad presupuestal, que se habría originado en el cumplimiento de
sentencias de tutela promovidas por servidores de la gobernación del
departamento del Valle del Cauca, a partir de las cuales, debió expedir actos
administrativos, que ordenaron el reconocimiento y la liquidación de las
cesantías definitivas.
46. Al respecto, se debe señalar que, el reparo concreto planteado por la
entidad demandada, no está llamado a prosperar, pues, como se observó en
el marco jurídico precedente, el reconocimiento de los derechos salariales y
prestacionales, cuyos presupuestos de titularidad están determinados por la
legislación, deben ser limitados, ante la ausencia de soporte presupuestal con
oriente a su garantía.
47. Lo anterior, considerando que, este tipo de derechos encuentran asocio
con derechos fundamentales, a cuya materialización está llamado el Estado,
disponiendo para el efecto, de las capacidades presupuestales que resulten
necesarias.
48. Ahora, tampoco encuentra asidero el argumento expuesto por el apelante,
en que excusó el incumplimiento en torno al reconocimiento de la prestación,
bajo el cúmulo de actuaciones desplegadas en cumplimiento de sentencias
judiciales, pues, el acatamiento de los fallos judiciales, no resulta antagónico
frente a las atribuciones que le asisten en materia prestacional frente a los
servidores y ex servidores, que pertenecen a su planta de personal, respecto
de quienes está llamado a la garantía en el reconocimiento de emolumentos
salariales y prestacionales, como ocurren con el reconocimiento de las
cesantías.
49. Así las cosas, bajo la posición que ha sido adoptada de manera reiterada
por esta Sala, en materias semejantes a la cual nos ocupa18, el planteamiento
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.
Consejera Ponente: Elizabeth Becerra Cornejo, diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025),
radicación:76001-23-33-004-2016-01696-02 (3631-2024); donde se dijo: “En lo atinente a la
imposibilidad presupuestal para incluir en la nómina el pago adicional correspondiente a la prima
especial, es del caso señalar que las limitaciones presupuestales no constituyen una causal válida para
negar el reconocimiento de un derecho salarial debidamente causado.
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Número Interno: 1519-2026
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Demandado: Departamento del Valle del Cauca
expuesto por la demandada no está llamado a prosperar.
50. La parte demandada, bajo el recurso de apelación, sostuvo de forma
supletiva que, el reconocimiento ordenado en primera instancia por el tribunal
de origen, está llamado a ser limitado, con fundamento en el contenido del
acuerdo de reestructuración de pasivos, suscrito por el departamento del Valle
del Cauca.
51. Al respecto se debe señalar que, la finalidad de los acuerdos de
reestructuración de pasivos, no es exonerar al deudor frente al cumplimiento
de sus obligaciones, pues, por el contrario, propenden por reorganizar los
pasivos a efectos de su cumplimiento, ante la imposibilidad de atender las
obligaciones en los términos originalmente dispuestos. Así, el acuerdo en
mención tiene por finalidad, garantizar el pago de las acreencias bajo una
clasificación, determinada por la naturaleza, rango y condiciones de la
obligación, con destino a propender por una alternativa integral y jurídicamente
válida19.
52. En suma, se encuentra que, no resulta aceptable que, la entidad
demandada desconozca o limite las prerrogativas laborales que le asisten a la
parte demandante, por cuanto, el acuerdo de reestructuración de pasivos no
exime a la entidad territorial frente al cumplimiento de sus obligaciones y en la
garantía de los derechos de quienes integran su planta de personal.
44. Lo anterior, porque el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 prevé claramente la obligación de
reconocimiento y pago de la prima especial, la cual forma parte del ingreso base únicamente para efectos
de la liquidación de la pensión de jubilación. En ese marco, la denegación de reconocimiento y pago de
la prima especial con el argumento de la imposibilidad presupuestal, además de desconocer el derecho
salarial establecido en la citada norma, también afecta los aportes que por mandato de la misma norma
se deben realizar al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.
45. Por tanto, la entidad demandada tiene el deber de gestionar los recursos necesarios para
cumplir la obligación impuesta en la ley, sin que sea válido desconocer el derecho laboral y prestacional
que la Constitución Política protege (arts. 48 y 53), bajo el argumento de la planificación presupuestal,
máxime porque el aporte para pensión constituye un derecho irrenunciable e imprescriptible. Al respecto,
la Corte Constitucional ha reiterado que «la situación económica y presupuestal que afrontan un gran
número de entidades públicas no justifica el incumplimiento de las obligaciones laborales».
46. Por tanto, la denegación del derecho laboral y prestacional por la imposibilidad de establecer
una partida presupuestal involucra la planeación de recursos que en ningún caso puede incidir en el
reconocimiento de la prima especial que se analiza en este caso, tampoco condicionar su pago, menos
aún afectar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones. Así, la respuesta al segundo
problema jurídico es negativa (…).”
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de diciembre de 2021, exp. núm.
76001-23-33-000-2016-01066-01 (0458-2020).
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Número Interno: 1519-2026
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53. Además, conforme ya lo ha indicado la presente Sala de Decisión 20, la
existencia de acuerdos de reestructuración, no facultan a la entidad para
apartarse de forma unilateral y autónoma de las obligaciones a su cargo, ni en
lo que atañe a las condiciones y límites a los cuales se encontraban sujetas
las obligaciones establecidas en el acuerdo en mención, pues « [p]or el
contrario, la sujeción a un acuerdo de reestructuración implica el respeto
estricto de las reglas pactadas y del marco legal aplicable, sin que resulte
válido sacrificar derechos de naturaleza laboral con fundamento en decisiones
discrecionales de la administración».
54. En dicho sentido, el Tribunal en primera instancia, advirtió que, el
departamento del Valle del Cauca, suscribió un acuerdo de reestructuración
de pasivos con sus acreedores, vigente a partir del Quince (15) de mayo de
Dos Mil Doce (2012), bajo los parámetros de la Ley 550 de 1990, en línea del
cual se estipuló:
«[…] FINES
Conforme con lo dispuesto por la Ley 550 de 1999, la celebración y ejecución
del presente ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS, tiene
como fines primordiales, además de los establecidos en las disposiciones
vigentes, los siguientes:
• Asegurar la prestación de los servicios de EL DEPARTAMENTO y el
desarrollo de los mismos teniendo en cuenta su naturaleza y características.
• Garantizar el cumplimiento de las competencias constitucionales y legales a
cargo de EL DEPARTAMENTO.
• Procurar una óptima estructura administrativa, jurídica y contable conforme
con la normatividad vigente y los compromisos incorporados en el presente
ACUERDO.
• Establecer las reglas para la financiación de la totalidad de los pasivos a
cargo de EL DEPARTAMENTO, de acuerdo con los flujos de pago y
condiciones establecidas en el presente ACUERDO DE
REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS, de manera que una vez ejecutado el
mismo, la entidad territorial recupere su equilibrio fiscal, financiero e
institucional.
ACREEDORES
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 24 de julio de 2026, radicado No.
76001-23-33-000-2018-01053-01 (6332-2024), C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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Para efectos del presente Acuerdo son acreedores del mismo quienes sean
titulares de créditos y reconocidos por EL DEPARTAMENTO y el Promotor en
la reunión de determinación de derechos de voto y acreencias, clasificados
según la Cláusula 9 del presente Acuerdo, relacionados en el Anexo 1 del
presente ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS y, quienes
hayan sido admitidos con el voto de la mayoría de los ACREEDORES de
conformidad con lo previsto en el Parágrafo 2 del Artículo 23 de la Ley 550 de
1999, relacionados en el Anexo 2.
Las acreencias se clasifican en los siguientes Grupos:
1. Grupo No 1: Trabajadores y Pensionados;
2. Grupo No 2: Entidades Públicas e Instituciones de Seguridad Social;
3. Grupo No 3: Entidades Financieras y,
4. Grupo No 4: Los Demás Acreedores Externos.»
55. Sin embargo, una vez revisado el expediente, no se encuentra que se
hubiese allegado el señalado acuerdo, insuficiencia probatoria, a partir de la
cual, no hay lugar a determinar la incidencia del instrumento en cita respecto
de las acreencias cuyo reconocimiento pretende la parte demandante.
56. En suma, se debe señalar que, la finalidad de este tipo de instrumentos,
no radica en eximir a la administración frente al cumplimiento de las
obligaciones a su cargo, pues, por el contrario, está orientado a redefinir la
forma de cumplimiento, sin que, bajo su suscripción derive en el
desconocimiento o sacrificio de derechos de naturaleza laboral.
57. Al respecto, se destaca que, la presente sala de decisión, en un reciente
pronunciamiento21 bajo un asunto de contornos fácticos y jurídicos
semejantes, concluyó lo siguiente, ante la ausencia probatoria frente al
instrumento en cita:
«57. Así las cosas, la simple invocación de dicho acuerdo, carente de respaldo
probatorio y de una demostración concreta sobre su incidencia frente a las
obligaciones reclamadas, resulta insuficiente para desvirtuar los derechos alegados;
en consecuencia, no se configura un fundamento jurídico válido para negar las
súplicas de la demanda. Así las cosas, la respuesta al primer problema jurídico es
afirmativa.»
58. En este sentido, no le asiste razón a la parte demandada, al determinar la
incidencia del acuerdo de reestructuración de pasivos suscrito por el
21 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 14 de mayo de 2026. Radicado
interno No. 6656-2022. CP Elizabeth Becerra Cornejo.
20
Número Interno: 1519-2026
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departamento del Valle del Cauca en el reconocimiento de la sanción
moratoria, pues, dicho instrumento no fue aportado al plenario.
59. Ahora, no encuentran acierto la actuación del tribunal, frente a la
incorporación del acuerdo de reestructuración de pasivos suscrito por el
Departamento del Valle del Cauca, a partir de la consulta que realizó en la
plataforma SAMAI, frente al asunto identificado con radicado No. 76001-23-
33-002-2015-01408-00. Lo anterior, comoquiera que, dicho medio de prueba
no fue acopiado en debida forma al contradictorio bajo las etapas procesales
respectivas, constituyendo una vulneración del derecho al debido proceso.
Además, si bien la judicatura dispone de facultades oficiosas en la búsqueda
de la prueba, esta atribución no permite que, se sustituya a las partes frente a
las cargas probatorias, que les asiste, cuando pretenden obtener las
consecuencias jurídicas de las circunstancias que alegan.
60. Por tal motivo, bajo la ausencia probatoria en relación con el instrumento
en mención, no hay lugar a la aplicación de las reglas previstas en el mismo,
por ende, no se encuentran llamados a prosperar los reparos concretos del
apelante, en línea de los cuales planteó que, las cláusulas previstas en el
acuerdo de reestructuración resultan oponibles a la situación jurídica del
demandante.
61. Siendo así las cosas, comoquiera que, no están llamados a prosperar los
reparos del apelante, asociados a la ausencia presupuestal como limitante en
el reconocimiento de la sanción moratoria y, a la disminución en la cuantía de
la sanción moratoria, bajo las obligaciones contenidas en el acuerdo de
reestructuración de pasivos suscrito por el departamento del Valle del Cauca,
es del caso confirmar la sentencia de primera instancia, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, pero por los motivos
previamente expuestos.
62. Por otra parte, el Tribunal en primera instancia, a título de restablecimiento
del derecho, ordenó el pago de la sanción moratoria «hasta la fecha en que se
acredite el pago efectivo de las cesantías e intereses reconocidos mediante la
Resolución No. 4904 del 10 de noviembre de 2014», comoquiera que, no se
encontró acreditado el pago del auxilio de cesantías, razón por la cual,
21
Número Interno: 1519-2026
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Demandado: Departamento del Valle del Cauca
estableció que la penalidad correría hasta que se sufragara dicha acreencia,
sin fijar un límite temporal de finalización de la sanción.
63. Concretamente, esta Subsección22 ha considerado que, si bien, la sanción
moratoria no goza del carácter de imprescriptibilidad, pese a que, tiene origen
en la ausencia en el pago de las cesantías. Lo anterior, comoquiera que, no
constituye un derecho cierto e indiscutible y no se erige como una prestación,
propiamente dicha, en tanto surge como una consecuencia económica de
carácter sancionatorio frente al incumplimiento del empleador23.
64. Así, esta prerrogativa no comporta un derecho de carácter irrenunciable y,
su reconocimiento debe estar sujeto a un límite temporal, por lo tanto, esta
Subsección ha dispuesto que la sanción en cita sólo «podría extenderse por 3
años desde que se hizo exigible el derecho, salvo que antes de que esto
ocurra, se efectúe el pago»24.
65. Con base en lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 151
del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, los tres (3) años se
computarán, desde el Tres (3) de enero de Dos Mil Trece (2013), fecha en que
se hizo exigible la obligación, hasta el Tres (3) de enero de Dos Mil Dieciséis
(2016), o antes si se efectuó el pago de la cesantía. En consecuencia, la Sala
modificará el ordinal tercero del apartado resolutivo de la sentencia apelada,
en dicho sentido, confirmándose en lo demás la sentencia de primera
instancia.
2.6 Condena en costas
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 27 de marzo de 2026, exp. 08001-23-33-000-2015-90150-02 (5781-2022). M.P. Elizabeth
Becerra Cornejo.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 24 de julio de 2026, exp. 13001-23-33-000-2017-00660-01 (3216-2024) . M.P. Elizabeth
Becerra Cornejo.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de septiembre de 2024, exp.
núm. 27001-23-33-000-2017-00118-01 (2334-2023). M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de
marzo de 2026, exp. 08001-23-33-000-2015-90150-02 (5781-2022). M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
22
Número Interno: 1519-2026
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Demandado: Departamento del Valle del Cauca
66. Revisada la conducta de la parte vencida en segunda instancia, la Sala no
evidencia temeridad o mala fe, por lo que no se cumplen los presupuestos
exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, a efectos de la condena
en costas en este escenario procesal.
2.7. Conclusiones
67. La Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia,
comoquiera que, no tienen vocación de prosperidad, los reparos concretos
planteados por la demandada, asociados a la improcedencia, en el
reconocimiento de la sanción moratoria a partir de la ausencia presupuestal y,
la incidencia del acuerdo de reestructuración de pasivos suscrito por el
departamento del Valle del Cauca, en la sanción moratoria que le fue
reconocida. Por otra parte, modificará el ordinal tercero de la sentencia de
primera instancia, en el sentido de limitar la causación de la sanción moratoria
hasta el Tres (3) de enero de Dos Mil Dieciséis (2016), o antes si se efectuó el
pago de la cesantía, conforme lo ha dispuesto la jurisprudencia de esta
corporación.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR parcialmente la sentencia No. 083 del Seis (6) de
marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, Sala Tercera de Decisión, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas.
SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia recurrida, el cual
quedará así:
«TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR al departamento
del Valle del Cauca – Secretaría de Educación Departamental a reconocer y pagar al
23
Número Interno: 1519-2026
Demandante: Adolfo Raúl Salcedo Ibargüen
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
señor Adolfo Raúl Salcedo Ibargüen la sanción moratoria equivalente a un (1) día de
salario por cada día de retardo, liquidado con base en la asignación básica mensual
vigente a la fecha del retiro del servicio, contabilizada desde el 3 de enero de 2013 y
hasta el 3 de enero de 2016, o antes si se efectuó el pago de la cesantía e intereses
reconocidos mediante la Resolución No. 4904 del 10 de noviembre de 2014.»
TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Sigue leyendo
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