Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-90150-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-90150-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2015-90150-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2015-90150-02 (5781-2022)
Demandante: Luis Abel Castilla Álvarez
Demandados: Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Soledad y
municipio de Soledad
Tema: sanción moratoria cesantías definitivas empleado territorial. Subtema 1:
leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. Subtema 2: caducidad del medio de control.
Subtema 3: prescripción del derecho. Subtema 3: extremos temporales de la
sanción moratoria.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por el municipio de Soledad contra la sentencia
proferida el 1 de abril de 2022, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante
la cual accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El señor Luis Abel Castilla Álvarez solicitó la nulidad del oficio sin número del 19 de
agosto de 2014, expedido por el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de
Soledad, mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago de las cesantías
definitivas, así como la sanción moratoria por el no pago del auxilio respecto a los
años 2008, 2009, 2010, 2011 y los 5 días de enero de 2012, y hasta que se efectúe
el pago total.
El Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la nulidad del acto acusado, y
condenó a las entidades demandadas al reconocimiento y pago de la indemnización
moratoria prevista en el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, a partir del 23 de julio de
2013 y hasta la fecha en que se realice el pago total de lo adeudado. Ordenó que
los valores reconocidos deberán ser cancelados con cargos a los recursos
Radicación: 08001-23-33-000-2015-90150-02 (5781-2022)
Demandante: Luis Abel Castilla Álvarez
Demandado: Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Soledad
existentes en la masa de la liquidación del Instituto Municipal de Deportes y
Recreación de Soledad y aclaró que, en caso de no existir recursos disponibles, el
pago deberá ser realizado por el municipio accionado.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor Luis Abel Castilla Álvarez mediante apoderado judicial, formuló
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Soledad de conformidad
con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se
sintetizan1.
2.1.1. Pretensiones
2. Como pretensiones formuló las que la Sala enuncia a continuación2:
I. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio sin número
del 19 de agosto de 2014 expedido por Instituto Municipal de Deportes y
Recreación de Soledad, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago
de las cesantías e intereses a las cesantías, la sanción moratoria por cada
día de retardo, así como intereses moratorios por el no pago de las cesantías
correspondientes a los años 2008, 2009, 2010, 2011 y los 5 días de enero de
2012 que laboró en la entidad accionada, con la correspondiente indexación.
II. A título de restablecimiento del derecho se ordene a las entidades
demandadas reconocer y pagar las sumas a que haya lugar desde la fecha
en que debieron pagarse las cesantías e intereses sobre las mismas hasta
la fecha en que se efectúe su pago.
III. Ordenar el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 187,
188, 189 de la Ley 1437 de 2011. Por último, condenar en costas y agencias
en derecho.
2.1.2. Hechos
3. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así3:
1 Samai visualizar expediente, cuaderno principal, 4ED_CDNPPL_ONEDRIVE, pdf 01 DEMANDA-ANEXOS y
pdf 02.
2 Se extrae de la demanda, reforma de la demanda y de la sentencia de primera instancia.
3 Samai visualizar expediente, cuaderno principal, 4ED_CDNPPL_ONEDRIVE, pdf 01 DEMANDA-ANEXOS y
pdf 02.
.
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Demandante: Luis Abel Castilla Álvarez
Demandado: Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Soledad
4. El señor Luis Abel Castilla Álvarez fue vinculado legalmente al Instituto
Municipal de Deportes y Recreación de Soledad mediante la Resolución núm. 016
del 6 de mayo de 2008, para desempeñar el cargo de tesorero y tomó posesión del
mismo el 14 de mayo de esa misma anualidad.
5. Sostuvo que laboró como tesorero en la entidad accionada desde el 14 de
mayo de 2008 y mediante Resolución núm. 001 del 5 de enero de 2012 expedida
por el director ejecutivo de la entidad municipal fue notificado de su desvinculación.
6. Agregó que el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Soledad es
una entidad de carácter descentralizada adscrita al municipio de Soledad, de
conformidad con lo previsto en el Acuerdo núm. 002 de 1996.
7. El demandante solicitó el 30 de julio de 2014 ante el instituto municipal el
reconocimiento y pago de las cesantías, toda vez que en la Resolución núm. 001
del 5 de enero de 2014 no se dijo nada en relación a las cesantías.
8. Refirió que mediante oficio sin número de fecha 19 de agosto de 2014, la
entidad demandada indicó que no cuenta con recursos económicos para pagarle
sus acreencias laborales. Añadió que, es beneficiario de la sanción moratoria
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
9. Señaló que durante el año 2008 percibió un salario mensual de $ 1.869.497;
para el 2009, la suma de $ 2.012.887; durante la vigencia 2010 recibió $ 2.387.760,
y para la vigencia 2011 devengó un salario de $ 2.486.230.
10. Por último, añadió que el 5 de marzo de 2015 se llevó a cabo la audiencia de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 118 Judicial II, la cual fue declarada
fallida por falta de ánimo conciliatorio por las partes.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
11. Advierte la Sala que el demandante se limitó a enunciar como vulneradas las
siguientes disposiciones normativas, sin efectuar una explicación clara ni desarrollar
el concepto de su violación: Constitución Política, artículos 11,
13,25,29,31,51,53,90,125 y 345; Ley 50 de 1990, artículo 99, numeral 3; Ley 244 de
1995 parágrafos 1, 2 y 3; Ley 1437 de 2011, artículos 138,152,162,166 y siguientes.
2.2. Contestación de la demanda
12. El municipio de Soledad4 se opuso a la prosperidad de las pretensiones
sostuvo que su representada no es la encargada ni responsable de adelantar la
liquidación del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Soledad, puesto que
el proceso es por intermedio de un liquidador designado mediante el Decreto núm.
4 Samai visualizar expediente, cuaderno principal, 4ED_CDNPPL_ONEDRIVE, 03.CONTESTACION-
TRASL.EXCP, folios 4 al 23.
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Demandante: Luis Abel Castilla Álvarez
Demandado: Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Soledad
069 de 20155. Agregó que de existir alguna responsabilidad derivada de las
reclamaciones de la parte actora estas deben ser asumidas por el agente liquidador.
13. Indicó que no es posible acceder a la solicitud de reconocimiento y pago de
la sanción moratoria, pues no se acreditó que el demandante haya presentado su
reclamación de forma oportuna.
14. Formuló como excepciones:
i. Ineptitud sustantiva de la demanda. Manifestó que las pretensiones
formuladas en la demanda se orientan al reconocimiento de prestaciones
sociales que no fueron solicitadas por el actor en sede administrativa el 30
de julio de 2014 ante el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de
Soledad, dado que en dicha oportunidad únicamente se refirió a la sanción
derivada del no pago de las cesantías definitivas previstas en la Ley 244 de
1995. No obstante, al presentar la demanda, el actor pidió el reconocimiento
de la sanción por la no consignación de sus cesantías anualizadas
correspondientes a los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 5 días de 2012,
pretensión que difiere de lo solicitado inicialmente en vía administrativa.
ii. Ineptitud de la demanda por falta de cumplimiento de los requisitos formales.
Agregó que el demandante no cumplió con la carga procesal que le
corresponde. En efecto, no señaló de manera precisa cuales normas
considera vulneradas con la expedición del acto acusado. Del mismo modo,
omitió explicar de qué manera dicho acto administrativo transgredió el orden
legal.
iii. Prescripción. Indicó que el actor se desvinculó del Instituto Municipal de
Deportes y Recreación de Soledad el 5 de enero de 2012 y de conformidad
con las pruebas allegadas en el plenario no se acreditó reclamación por las
pretensiones que pidió en la demanda. Señaló, que el actor pretende el
reconocimiento y pago de una sanción moratoria por el no pago oportuno de
las cesantías tal y como lo expuso en el numeral 7 de su escrito de demanda.
En este sentido la reclamación que presentó ante su empleador el 30 de julio
de 2014 no interrumpió la prescripción frente a la sanción moratoria
solicitada.
iv. Falta de legitimación en la causa por pasiva. Añadió que, al ser su
representada una entidad independiente del Instituto Municipal de Deporte
y Recreación de Soledad, no tiene responsabilidad solidaria o subsidiaria
con el mismo.
5 Por medio del cual se ordenó la supresión y liquidación del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de
Soledad.
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Demandante: Luis Abel Castilla Álvarez
Demandado: Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Soledad
v. Compensación. Expuso que, en caso de ser condenada al pago de cualquier
monto a favor del demandante, dicho valor deberá ser compensado con los
pagos que su representada realizó sin estar obligada a ello.
vi. Inexistencia de la obligación. Refirió que el demandante al presentar la
reclamación de reconocimiento y pago de la sanción moratoria no aportó
prueba que acreditara la existencia de la obligación por parte del ente
territorial.
15. El Instituto Municipal de Deportes y recreación de Soledad en liquidación. No
contestó la demanda.
16. Por otra parte, el Tribunal, mediante audiencia inicial celebrada el 4 de
octubre de 20166, señaló respecto a las excepciones propuestas como ineptitud
sustantiva de la demanda e ineptitud sustantiva por falta de cumplimientos formales
formuladas por el ente territorial, que no están llamadas a prosperar. Precisó que
del análisis integral de la demanda y de la petición presentada en sede
administrativa, se observa que el actor solicitó el reconocimiento de la sanción
moratoria por la no cancelación de las cesantías definitivas correspondientes a las
vigencias 2008, 2009, 2010 y 2011, obligación que reclamó únicamente cuando
cesó su vínculo laboral.
17. En este sentido, expuso que, de conformidad al principio de acceso a la
administración de justicia y al de prevalencia del derecho sustancial, corresponde al
juez determinar en la sentencia si el actor tiene derecho al reconocimiento de la
sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 o la correspondiente a la Ley 344
de 1996. Por tal razón, concluyó que dichas excepciones no tienen vocación de
prosperar.
18. Respecto a la falta de legitimación en la causa por pasiva, consideró que la
misma no tiene vocación de prosperidad, puesto que, si bien la pretensión principal
va dirigida al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago de las
cesantías por parte del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Soledad,
lo cierto es que la naturaleza de dicho ente es de orden municipal, por este motivo,
el municipio accionado hace parte de esa relación jurídica planteada, más aún si el
instituto que profirió el acto demandado está en proceso de liquidación. Por tanto,
es el municipio de Soledad quien debe comparecer como extremo pasivo.
19. El municipio interpuso recurso de apelación en contra de la decisión que
declaró no probadas las excepciones propuestas. Expuso que no hubo un adecuado
agotamiento de la vía gubernativa, toda vez que la reclamación presentada ante el
Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Soledad se limitó a solicitar el
reconocimiento de las cesantías correspondientes a los años 2008 a 2011, sin incluir
la sanción moratoria ni otros emolumentos que no fueron discutidos en sede
administrativa. En cuanto a la ineptitud de la demanda por falta de requisitos
6 Samai visualizar expediente, cuaderno principal, 4ED_CDNPPL_ONEDRIVE, 04 AUD.INICIAL.
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Demandante: Luis Abel Castilla Álvarez
Demandado: Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Soledad
formales, reiteró que el actor no fue claro en las reclamaciones, pues citó dos
normas excluyentes entre sí. Por último, insistió en la existencia de falta de
legitimación en la causa por pasiva, al considerar que el instituto es una entidad con
autonomía administrativa y presupuestal, motivo por el cual, a su juicio, su
representada no tiene relación jurídica alguna con el demandante.
20. A su turno, esta Corporación mediante auto del 11 de mayo de 2020 7,
confirmó la decisión recurrida, bajo las siguientes consideraciones:
21. Respecto a la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, señaló que,
del análisis de la reclamación administrativa del 30 de julio de 2014 y de las
pretensiones de su escrito, no se observó un indebido agotamiento de la vía
gubernativa, pues el actor solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
por la no consignación de las cesantías. Asimismo, frente a la alegada ineptitud por
falta de requisitos formales, advirtió que el actor sí citó la normativa aplicable en el
concepto de violación. En consecuencia, concluyó que dichas excepciones no
estaban llamadas a prosperar.
22. Ahora bien, frente a la falta de legitimación en la causa por pasiva del
municipio de Soledad, refirió que de conformidad con el Decreto 069 del 4 de marzo
de 2015, se ordenó la supresión y liquidación del Instituto Municipal de Recreación
y Deporte de ese ente territorial, el cual fue liquidado a través de Acta Final de
Liquidación 008 del 10 de septiembre de 2019. Asimismo, señaló que en
jurisprudencia del Consejo de Estado se ha pronunciado respecto a la imposibilidad
que dicho instituto pueda iniciar y continuar procesos judiciales durante su proceso
de liquidación8. Igualmente, refirió que en un caso de similares circunstancias esta
Subsección, ha señalado, lo siguiente:
«[…]es viable concluir que finalizada la vida jurídica de esta, las obligaciones
adquiridas serán asumidas por el ente territorial que la creó y que tiene el deber de
atender nuevamente la prestación del servicio de salud. Nótese que tal es la
responsabilidad de la entidad territorial que durante el proceso de liquidación, el
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla se comprometió a atender las
contingencias judiciales de la ESE REDHOSPITAL. […] Conclusión: El Distrito,
Industrial y Portuario de Barranquilla es la entidad encargada de asumir el pago de
la indemnización solicitada […]»
23. Señaló que, una vez extinguida de la vida jurídica el instituto, el municipio de
Soledad debe asumir sus obligaciones, al ser la entidad territorial que lo creó y la
responsable de atender las prestaciones a cargo del ente liquidado. Agregó que,
conforme al Acuerdo núm. 002 del 10 de enero de 19969, corresponde al municipio
7 Samai, exp. núm. 08001-23-33-000-2015-90150-01 (4605-2016).
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 18 de mayo de 2017, exp. núm. 08001-23-33-000-2013-00341-
01 (4957-2016).
9 «Por el cual se crea y organiza el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Soledad Atlántico »
[…]
Artículo 25 […] 3- Los recursos que de conformidad con el numeral 4 del artículo 22 de la ley 60 de 1993,
corresponden al deporte y la recreación por la participación del municipio en los ingresos corrientes de la Nación.
[…]
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Demandante: Luis Abel Castilla Álvarez
Demandado: Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Soledad
asumir dichas prestaciones, por lo que existe un interés directo frente a las
pretensiones de la demanda. En consecuencia, concluyó que la excepción
formulada tampoco estaba llamada a prosperar
2.3. Sentencia de primera instancia
24. El Tribunal Administrativo del Atlántico el 1 de abril de 202210 accedió a las
pretensiones de la demanda. Declaró la nulidad del oficio sin número del 19 de
agosto de 2014 y condenó al municipio de Soledad y al Instituto Municipal de
Deportes y Recreación de Soledad, a reconocer y pagar a título de sanción
moratoria en los términos del artículo 2 de la Ley 244 de 1995, a favor del
demandante, por el período comprendido entre el 23 de julio de 2013 y la fecha del
pago efectivo del auxilio de cesantía definitivo, liquidado con el salario básico
devengado en el año 2012. Además, negó la indexación.
25. Dispuso también que la condena deberá ser cancelada con los recursos
existentes de la masa de la liquidación del Instituto Municipal de Deportes y
Recreación de Soledad; sin embargo, en caso de no existir recursos disponibles en
la misma, el pago se efectuará con cargo al presupuesto del municipio de Soledad.
26. Como fundamento de la decisión el Tribunal de conformidad con la fijación
del litigio precisó que el demandante pretende las sanciones moratorias previstas
en las leyes 244 de 1995 y 344 de 1996, lo cual podría ser procedente en el evento
en que se prueben las circunstancias tanto fácticas como legales para la una y la
otra. No obstante, refirió que las pretensiones de la demanda en asuntos de nulidad
y restablecimiento del derecho están ligadas a lo que se solicitó en sede
administrativa, puesto debe existir congruencia entre lo que se reclamó ante la
administración y lo que se pretende ante el juez.
27. Consecuente con lo expuesto, agregó que en el presente asunto la
reclamación presentada por el demandante el día 30 de julio de 2014, ante el
Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Soledad11, se circunscribió
exclusivamente al reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago de las
cesantías definitivas de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 244 de
1995, subrogado por el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006. Por consiguiente, procedió
al estudio respecto a la mencionada indemnización.
28. Refirió que la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, se causa
cuando la administración incurre en mora o retardo en la cancelación del auxilio
definitivo de cesantías, lo cual supone dos momentos distintos, uno de ellos el
Artículo 26.- Régimen Presupuestario, el presupuesto del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de
Soledad se sujetará en lo relativo a su elaboración, tramitación, aprobación y ejecución de las normas vigentes
del municipio […].
10 Samai visualizar expediente, cuaderno principal, 4ED_CDNPPL_ONEDRIVE, 16 SENTENCIA
11
Consignó: «1.1 EXPEDIR el acto administrativo correspondiente ordenando el reconocimiento y pago a favor del
suscrito Luis Abel Castilla Álvarez la suma de $55.515.042.00 le adeuda al suscrito, por concepto de indemnización
o sanción moratoria, por no haberme pagado las cesantías definitivas, dentro de la oportunidad legal, de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, subrogado por el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 causadas
hasta la fecha.[…]».
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Demandante: Luis Abel Castilla Álvarez
Demandado: Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Soledad
reconocimiento y la liquidación del auxilio y el otro el pago efectivo de la cesantía
definitiva.
29. Agregó que del análisis de los documentos que constan en el expediente, se
logró establecer que: (i) la vinculación del demandante se dio en el periodo
comprendido entre el 14 de mayo de 2008 y el 5 de enero de 2012; y (ii) que el actor
presentó el 30 de julio de 2014 reclamación para el reconocimiento y pago de sus
cesantías definitivas, sin que a la fecha se haya expedido el mismo.
30. Añadió que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en
aquellos asuntos en los que la expedición del acto administrativo esté por fuera del
término legal, la sanción moratoria corre a partir de los 65 o 70 días hábiles después
de radicada la respectiva solicitud. Por consiguiente, expuso que, una vez
presentada la reclamación para el reconocimiento de las cesantías definitivas por
parte del interesado, el municipio debió expedir el acto administrativo a más tardar
a los 15 días hábiles siguientes y al no producirse el mismo, se configuró la
respectiva sanción.
31. Adujó que el artículo 48 del Decreto 069 del 4 de marzo de 201512 dispuso
que, para el pago de obligaciones a cargo del Instituto Municipal de Deportes y
Recreación de Soledad, el liquidador, pagará las acreencias pendientes a cargo de la
masa de liquidación previa disponibilidad presupuestal. Asimismo, citó providencias
de esta Corporación en las que, tratándose de la misma entidad demandada, se ha
precisado que: «[…] En ese orden de ideas, se puede concluir que, al finalizar la vida
jurídica del referido instituto, la entidad que asumirá sus obligaciones será el municipio
de Soledad, como ente territorial que, por atribución legal, la creó y es quien debe
atender aquella prestación de servicio a cargo del instituto ya liquidado. Así pues, le
corresponde al citado municipio asumir el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria solicitada. […]».
32. Por consiguiente, concluyó que la obligación en favor del demandante debe
ser asumida con los recursos existentes después de la liquidación del instituto, y en
caso de que los dineros remanentes de la liquidación se hubiesen agotados, la
condena deberá ser asumida con cargo al presupuesto del ente territorial, el cual
ordenó la liquidación de la entidad descentralizada.
33. En relación con la prescripción respecto a la sanción moratoria, refirió que la
obligación se causó el 23 de julio de 2013 y el actor presentó la petición para su
reconocimiento el 30 de julio de 2014. Asimismo, indicó que la demanda fue
interpuesta el 6 de marzo de 2015, es decir, dentro del término de los tres (3) años
previsto en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral.
12 Mediante el cual el municipio de Soledad ordenó la supresión y liquidación del Instituto Municipal de Deportes
y recreación de Soledad.
8
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2.4. Recurso de apelación
34. El municipio de Soledad, al interponer el recurso contra la sentencia de
primera instancia 13, solicitó su revocatoria por haberse configurado el fenómeno de
la prescripción en la sanción moratoria, cuyo computo —según afirmó—debía
iniciarse el 15 de febrero de la anualidad siguiente a su causación.
35. Insistió que, para el presente asunto, el pago de las cesantías parciales se
debe realizar a más tardar el 15 de febrero del año siguiente para las anualidades
2008 a 2012. Por consiguiente, consideró que el interesado dejó prescribir el
derecho. Igualmente, Agregó que en el expediente no obra prueba alguna de que el
actor hubiese radicado solicitud que interrumpiera la prescripción con anterioridad
a la presentada el 30 de julio de abril de 2014.
36. Asimismo, alegó que en el presente trámite se omitió aplicar la caducidad al
medio de control, institución orientada a racionalizar el ejercicio del derecho y que,
aunque limita el acceso a la justicia, constituye una restricción necesaria para
garantizar la seguridad jurídica, imponiendo al interesado el deber de acudir
oportunamente a la jurisdicción. En este sentido, refirió que la parte actora dejó
caducar los términos para presentar la demanda. Para ello expuso que el acto
declarado nulo14 fue notificado el 20 de agosto de 2014, mientras que la audiencia
de conciliación prejudicial se realizó solo hasta el 5 de marzo de 2015, es decir, por
fuera del término previsto en literal d) del artículo 164 del CPACA.
37. También, el municipio manifestó su desacuerdo con lo decidido en la
sentencia apelada respecto a la obligación de asumir el pago de la sanción
moratoria. Sostuvo que dichos emolumentos no son su responsabilidad y que no
cuenta con apropiación presupuestal para atenderlos. Indicó, además, que la
sociedad Negret Abogados y Consultores S.A.S., en su condición de liquidadora del
Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Soledad, informó al Consejo
Superior de la Judicatura, en cumplimiento del Decreto núm. 325 de 2016, sobre la
reapertura del proceso liquidatorio de dicha entidad. Por ello, afirmó que resulta
necesario establecer si las acreencias reclamadas por el actor fueron
oportunamente atendidas por la liquidadora dentro del proceso de liquidación.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
38. Mediante auto del 2 de marzo de 202315, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por el municipio de Soledad contra la sentencia de
primera instancia. Además, prescindió del período para correr traslado a las partes,
por no existir pruebas por decretar en segunda instancia.
13
Samai visualizar expediente, cuaderno principal, 4ED_CDNPPL_ONEDRIVE,17.1 RECURSO DE
APELACION.
14 Oficio sin número del 19 de agosto de 2014, expedido por el Instituto Municipal de Deportes y recreación de
Soledad.
15 Samai, índice 005.
9
Radicación: 08001-23-33-000-2015-90150-02 (5781-2022)
Demandante: Luis Abel Castilla Álvarez
Demandado: Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Soledad
39. Aunque el despacho no accedió al decreto de pruebas en esta instancia, el
demandante con posterioridad a la admisión solicitó la práctica de estas16,. Sin
embargo, dichas pruebas fueron negadas mediante providencia del 29 de junio de
202317 al no cumplirse con los presupuestos establecidos en el artículo 212 del
CPACA.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
40. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
41. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación
presentado por el municipio de Soledad contra la sentencia de primera instancia,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, corresponde a la Sala
definir lo siguiente:
42. ¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad del medio de
control, o, debe declararse probada la caducidad?
43. ¿Operó el fenómeno de la prescripción de la sanción moratoria, en el asunto
objeto de estudio?
44. ¿Es el municipio de Soledad el responsable del reconocimiento y pago de la
sanción moratoria solicitada por el actor?
45. Para resolver los anteriores interrogantes, la Sala abordará los siguientes
temas: (i) la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 y
(ii) las reglas jurisprudenciales proferidas por la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
46. A partir de las consideraciones (iii) se destacarán los hechos probados
relevantes y (iv) en el acápite del caso concreto se resolverán los problemas
jurídicos planteados.
16 «(…) oficiar al Municipio de Soledad, jefe de personal, oficina de talento humano para que remita a su
despacho y con destino a este proceso el certificado de salarios que percibió el señor LUIS ABEL CASTILLA
ÁLVAREZ con C.C N° 72.208.962, correspondientes a los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, con el objetivo
de demostrar los salarios que como empleado percibió mi cliente.
Sírvase oficiar a COLFONDOS para que certifique si el MUNICIPIO DE SOLEDAD y lo el IMDRS consignó o no
las cesantías al señor LUIS ABEL CASTILLA ÁLVAREZ con C.C N° 72.208.962 las cesantías correspondientes
a los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, con destino a este proceso y a este despacho, con el objeto de
demostrar la veracidad de los hechos y pretensiones de la demanda».
17 Samai, índice 014.
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Radicación: 08001-23-33-000-2015-90150-02 (5781-2022)
Demandante: Luis Abel Castilla Álvarez
Demandado: Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Soledad
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006
47. La Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan los términos para el pago
oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se
dictan otras disposiciones», prevé el procedimiento para la liquidación y pago de las
cesantías definitivas de todos los servidores públicos. En el parágrafo del artículo
2° se regula la sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad
pública obligada, consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el
pago efectivo de aquellas18.
48. Tal sanción se estableció con el propósito de «proteger el derecho de los
servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la
liquidación definitiva de sus cesantías», o el derecho que tienen a pedirlas de
manera parcial para educación o vivienda, buscando con ello que la administración
expida las resoluciones en forma oportuna y expedita para evitar corrupción,
favorecimientos indebidos y perjuicios a los trabajadores.
49. La referida norma fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio
de 2006, con el objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o
parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna
cancelación» (art.1). Igualmente, dispuso el término para la expedición de la
resolución que reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción moratoria en
los artículos 4 y 5, así:
ARTÍCULO 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al
recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
ARTÍCULO 5. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
18
«PARÁGRAFO. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada
reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del
término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se
demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable de éste».
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Demandado: Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Soledad
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.
PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de
los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este.
50. De acuerdo con lo expuesto, la entidad empleadora o aquella que tenga a su
cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación
de las cesantías definitivas o parciales, la respectiva resolución de reconocimiento.
En el evento en que la solicitud esté incompleta, deberá informársele al peticionario
para que la subsane. A su vez, tendrá como plazo máximo cuarenta y cinco (45)
días hábiles, a partir de la fecha en que cobre firmeza el acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías, para cancelarlas. En caso de mora, la entidad
obligada debe reconocer y pagar al beneficiario, un día de salario por cada día de
retardo hasta que se haga efectivo el pago de las cesantías.
3.3.2. La sanción moratoria en el pago de las cesantías de los servidores
públicos
51. La Ley 244 de 199519 determinó que la indemnización por mora en el pago
de la cesantía de los servidores públicos constituye una sanción a cargo del
empleador y a favor del trabajador, ello con el fin de resarcir los perjuicios
ocasionados por el incumplimiento de la liquidación del auxilio de cesantía.
52. En consecuencia, la norma estableció los plazos para el reconocimiento y
pago oportuno de las cesantías de los servidores públicos y, en caso de
incumplimiento, dispuso como sanción a cargo de la administración y en favor del
trabajador el pago de un día de salario por cada día de retraso en el pago de dicha
prestación.
53. La Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 18 de julio de
201820, se pronunció sobre los diferentes escenarios en los que puede variar el
plazo para exigir la sanción moratoria derivada del pago tardío o la falta de pago de
las cesantías parciales y/o definitivas y desarrolló las siguientes reglas
jurisprudenciales:
3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las
cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción
19 Por la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen
sanciones y se dictan otras disposiciones.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de julio de 2018, expediente: 73001-23-33-000-2014-
00580-01 (4961-2015)
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moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento,
término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de
ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.
194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado
al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la
notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue
notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término
dispuesto en la ley21 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es,
5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que
compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento
por este medio. De igual modo, que cuando el peticionario renuncia a los términos de
notificación y de ejecutoria, el acto de reconocimiento adquiere firmeza a partir del día
que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán
en contra del empleador como computables para sanción moratoria.
195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se
interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que
lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía,
correrán pasados 15 días de interpuesto.
3.3.3. Prescripción de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías
54. En la sentencia de unificación CE-SUJ004 proferida por la Sección Segunda
de esta corporación, el 25 de agosto de 201622, se definió que la sanción por mora
en el pago tardío o no pago de las cesantías es una penalidad que no puede ser
considerada como un derecho imprescriptible, razón por la cual está sometida a la
prescripción trienal.
55. El mismo criterio se mantuvo en la sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-
2023 dictada por la Sección Segunda el 2 de noviembre de 202323, en la que se
señaló que la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006
depende de que el derecho a las cesantías se haga exigible; además, la posibilidad
de reclamar efectivamente tal sanción existe mientras no haya vencido el término
de prescripción.
56. Al respecto, se explicó que:
69. […] la causación de la sanción moratoria de que tratan las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006, depende de que el derecho al auxilio de cesantía sea exigible,
entendiendo que este derecho pueda ser reclamado tanto en sede administrativa
como judicial, toda vez que si el interesado pierde la oportunidad de reclamar el
reconocimiento y pago de la prestación social por su inactividad, mal podría
comprenderse que continúa abierta la posibilidad de conminar el pago de la sanción
21
Artículos 68 y 69 CPACA.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, radicación número: 08001 23
31 000 2011 00628-01 (0528-14).
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, radicación número: 08001-23-
33-000-2012-00200-02 (2459-2014).
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moratoria, puesto que esta penalidad nace a la vida jurídica con el único propósito de
garantizar el pago oportuno de la prestación, […]
71. Además de lo expuesto, el derecho a reclamar la sanción moratoria radica en que
no haya fenecido la posibilidad de exigir la ejecución o la declaración del
reconocimiento de esta penalidad, con lo cual se impone considerar que será un
deber del beneficiario el actuar proactivamente para que esta penalidad no se pierda.
72. En lo que tiene que ver con este aspecto, se enfatiza que el interesado disipa la
posibilidad de obtener el reconocimiento y pago de la sanción cuando reclama ante
la administración de forma extemporánea o acude tardíamente a la administración de
justicia, escenario que acarrea la ocurrencia del fenómeno de la prescripción extintiva,
[…].
57. Ahora bien, la sanción moratoria prescribe en su totalidad y no de forma
parcial, ya que, aunque su cálculo se acumule diariamente, se trata de una
obligación indivisible de ejecución y, por tanto, sujeta a un único término de
prescripción24.
58. En la misma providencia se indicó que, según el criterio pacífico de la
jurisprudencia de la Sección Segunda, el término de la prescripción extintiva para
efectos de la sanción moratoria es el previsto en el artículo 151 del Código Procesal
del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS), el cual dispone lo siguiente:
ARTICULO 151. PRESCRIPCIÓN. Las acciones que emanen de las leyes
sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido
por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual.
59. Lo anterior, comoquiera que la prescripción establecida en los Decretos 3135
de 196825 y 1848 de 196926, solo se refiere a los derechos de que tratan esas
normas, entre los que no figura la sanción moratoria, en tanto para el momento en
el que fueron dictadas tal penalidad no se había instituido.
24Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20
de marzo de 2010, radicado núm. 05001-23-33-000-2018-02426-01 (1118-2024).
25 Artículo 41. Las sanciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres
años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del
empleado o trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
26
Artículo 102. Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto,
prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
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3.4. Hechos probados
3.4.1. Periodo de vinculación del demandante con el Instituto Municipal de
Deportes y Recreación de Soledad
60. Consta en el plenario la Resolución núm. 016 del 6 de mayo de 200827,
mediante la cual se nombró al señor Luis Abel Castilla Álvarez en el cargo de
pagador del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Soledad y tomó
posesión del mismo a partir del 14 de mayo del mismo año.
61. Obra Resolución núm. 001 del 5 de enero de 201228, por medio de la cual se
declaró insubsistente al actor. Por consiguiente, se logró establecer que el
demandante laboró para el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Soledad
por el periodo comprendido entre el 14 de mayo de 2008 al 5 de enero de 2012
3.4.2. Reclamación administrativa y acto demandado
62. El demandante presentó reclamación el 30 de julio de 201429, ante el Instituto
Municipal de Recreación y Deportes de Soledad, a través de la cual pidió la sanción
moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, por concepto de cesantías definitivas.
63. El Instituto Municipal de Recreación y Deportes, mediante oficio del 19 de
agosto de 201430, le informó al peticionario: «Sobre el particular me permito
informarle que en la actualidad el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de
Soledad, no cuenta con los recursos suficientes para el pago de sus acreencias
laborales. Sin embargo, estamos haciendo las gestiones pertinentes ante la
administración central, a efectos de la consecución de los mismos y proceder una
vez se encuentren apropiados al presupuesto de rentas y gastos del Instituto, a la
expedición de los actos administrativos requeridos y al pago de las prestaciones
sociales que este ente le adeuda»31
3.5. Análisis de la Sala
64. En relación con el primer problema jurídico planteado relacionado con la
caducidad del medio de control, es preciso advertir lo siguiente:
65. La caducidad se configura cuando transcurre el término legal previsto para
promover un medio de control, lo que imposibilita el ejercicio posterior del derecho
de acción. Esta institución opera como una consecuencia jurídica derivada de la
27 Samai visualizar expediente, cuaderno principal, 4ED_CDNPPL_ONEDRIVE, 01 DEMANDA-ANEXOS, folios
8 y 9.
28 Samai visualizar expediente, cuaderno principal, 4ED_CDNPPL_ONEDRIVE, 01 DEMANDA-ANEXOS, folio
11.
29 Samai visualizar expediente, cuaderno principal, 4ED_CDNPPL_ONEDRIVE, 01 DEMANDA-ANEXOS, folios
12 al 15.
30 Samai visualizar expediente, cuaderno principal, 4ED_CDNPPL_ONEDRIVE, 01 DEMANDA-ANEXOS, folio
16.
31 Se transcribe aún con errores de texto.
15
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inactividad del interesado y restringe el acceso a la jurisdicción cuando la demanda
no se presenta dentro del plazo perentorio establecido por la ley.
66. Ahora bien, en punto del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, el numeral 2, literal d, del artículo 164 del CPACA, dispone que:
«[…] d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda
deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día
siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto
administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras
disposiciones legales».
67. De lo anterior es claro que el término de caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho es de 4 meses, contados a partir del día
siguiente a la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el
caso.
68. Respecto de este periodo, es indispensable considerar que el plazo se
suspende mientras se adelanta el trámite del requisito de procedibilidad de la
conciliación extrajudicial, dado que dicho mecanismo interrumpe temporalmente el
cómputo de la caducidad, previsto en el artículo 20 de la Ley 640 de 200132, que
establece:
Audiencia de conciliación extrajudicial en derecho: Si de conformidad con la ley el
asunto es conciliable, la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho deberá
intentarse en el menor tiempo posible, y, en todo caso, tendrá que surtirse dentro de
los tres (3) meses siguientes a la presentación de la solicitud. […]
69. A su turno, el artículo 21 ibidem, dispone:
Suspensión de la prescripción o de la caducidad: La presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de
prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo
conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en
que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que
se refiere el artículo 2 de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3)
meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión
operará por una sola vez y será improrrogable.
70. De conformidad con los artículos transcritos, una vez radicada la solicitud de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, el término de
caducidad del medio de control se suspende hasta que: i) se logre el acuerdo
conciliatorio entre las partes; ii) hasta que el acta de conciliación este debidamente
registrada en los casos que así lo exija la ley; iii) cuando se expidan las constancias
32 La norma aplicable a este trámite es la Ley 640 de 2001, por ser la vigente al momento de la radicación de la
solicitud de conciliación prejudicial en el caso de la referencia.
16
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que refiere el artículo 233 ibidem; o iv) hasta que venza el término de los tres (3)
meses dispuesto en el artículo 20 de la misma ley. En todo caso, la suspensión del
término de caducidad cesará cuando tenga lugar cualquiera de los eventos descritos
anteriormente.
71. Ahora bien, para efectuar el cómputo de caducidad en el presente asunto,
tenemos que el oficio sin número del 19 de agosto de 2014, expedido por el Instituto
Municipal de Deportes y Recreación de Soledad, fue notificado al interesado el 20
del mismo mes y año señalado34. Igualmente, se observa que de conformidad con
lo expuesto en el acta de conciliación extrajudicial emitida por la Procuraduría 118
Judicial II para Asuntos Administrativos35, la solicitud fue presentada el 12 de
diciembre de 2014, contrario a lo fundamentado por el apelante al tomar la fecha
del acta para realizar el respectivo conteo.
72. Como se expuso con antelación, el legislador estableció que cuando se
formule la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda debe
interponerse dentro del plazo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente
a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo
correspondiente.
73. Por consiguiente, para la Sala resulta claro que el término de caducidad
únicamente se suspende a partir de la radicación de la solicitud de conciliación ante
el Ministerio Público. Así las cosas, al confrontar dicha fecha con la registrada en el
Acta Individual de Reparto del Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Barranquilla
—6 de marzo de 2015—, es decir, el día siguiente a la realización de la audiencia
de conciliación, realizada el 5 de marzo del mismo año, se concluye que no es de
recibo lo expuesto por el recurrente. Ello porque este interpretó el término de
caducidad desde la celebración de la audiencia, y no desde la presentación de la
solicitud ante la Procuraduría, acto que efectivamente suspendió la caducidad del
presente medio de control. Debido a lo anterior, la respuesta al primer problema
jurídico es negativa.
74. Resuelto el primer problema planteado, la Sala procederá a definir si el
demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria de
conformidad con lo establecido con las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 por el
33
«ARTÍCULO 2. Constancias. El conciliador expedirá constancia al interesado en la que se indicará la fecha
de presentación de la solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, y se expresará
sucintamente el asunto objeto de conciliación, en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo.
2. Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia. En este evento deberán indicarse
expresamente las excusas presentadas por la inasistencia si las hubiere.
3. Cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de conciliación, y el asunto de que se
trate no sea conciliable de conformidad con la ley. En este evento la constancia deberá expedirse dentro de los
10 días calendario siguientes a la presentación de la solicitud.
En todo caso, junto con la constancia se devolverán los documentos aportados por los interesados. Los
funcionarios públicos facultados para conciliar conservarán las copias de las constancias que expidan y los
conciliadores de los centros de conciliación deberán remitirlas al centro de conciliación para su archivo».
34
Samai visualizar expediente, cuaderno principal, 4ED_CDNPPL_ONEDRIVE, 01 DEMANDA-ANEXOS, folio
16.
35 Samai visualizar expediente, cuaderno principal, 4ED_CDNPPL_ONEDRIVE, 01 DEMANDA-ANEXOS, folios
39 al 40.
17
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no pago de las cesantías definitivas, correspondientes al periodo laborado
comprendido desde el 14 de mayo de 2008 al 5 de enero de 2012.
75. En punto a la anterior reclamación el fallador de primera instancia consideró
que dicha indemnización, se origina cuando la administración incurre en mora o
retardo en la cancelación del auxilio definitivo de cesantía, el cual fue reconocido
mediante un acto administrativo. Por tanto, agregó que ello se da en dos momentos
el primero con el reconocimiento y liquidación del auxilio y el segundo con el pago
efectivo de la cesantía definitiva.
76. Aunado a lo expuesto, señaló que, una vez presentada la reclamación para
el reconocimiento de sus cesantías definitivas, esto es, el 8 de abril de 2013, el
municipio de Soledad debió expedir el acto administrativo de reconocimiento dentro
de los 15 días siguientes, por lo que, de conformidad con la regla jurisprudencial
fijada en la sentencia de unificación, en cuanto a la emisión de este, por fuera de
dicho plazo, traería como consecuencia el reconocimiento de la sanción moratoria.
77. El ente territorial por su parte sostuvo que: «Para el sub lite, se tiene que sí el
pago de las cesantías parciales debe efectuarse a más tardar el quince (15) de febrero
de la anualidad siguiente a la que fue causada (años 2008 a 2012), la parte interesada
dejó prescribir los términos para solicitar la sanción moratoria […]».
78. Al descender al caso concreto, advierte la Sala que la sanción moratoria
objeto de estudio corresponde a la derivada del no pago de las cesantías definitivas,
que aún no han sido canceladas al actor. En este sentido y de conformidad con la
regla jurisprudencial analizada en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018,
para los asuntos como el presente en los que el acto administrativo no se profirió,
la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud.
79. Al respecto, se observa que el fallador de primera instancia al realizar el
estudio de la prescripción precisó36:
Término Fecha según la regla Fecha en el caso
jurisprudencial concreto
Fecha de reclamación de la 8/abril/2013 8/abril/2013
cesantía definitiva
Vencimiento del término para el 29/abril/2013 No ha sido
reconocimiento 15 días (art. 4 Ley expedido
1071 de 2006)
Vencimiento del término para el 22/julio/2013 No se ha efectuado
pago 45 días (art. 5 Ley 1071 de el pago
2006)
80. Concluyó que la mora se configuró a partir del 23 de julio de 2013 y la
reclamación administrativa fue presentada por el actor el 30 de julio de 2014. De
36 Cuadro extraído de la sentencia impugnada. Samai visualizar expediente, cuaderno principal,
4ED_CDNPPL_ONEDRIVE, pdf 16.Sentencia, folio 11.
18
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igual forma, precisó que la demanda se radicó el 6 de marzo de 2015, es decir,
dentro del término de tres (3) años previsto en el artículo 151 del Código de
Procedimiento Laboral. Con fundamento en tales consideraciones, el Tribunal
concluyó que no se configuró el fenómeno de la prescripción extintiva.
81. Para esta instancia resulta cierto que, en relación con este punto de la
apelación, no le asiste razón al recurrente. La sumatoria de los 70 días hábiles
contados a partir del día siguiente a la presentación de la reclamación ante la
administración arroja como fecha final el 22 de julio de 2013. Así lo constató también
el juez de primera instancia. En consecuencia, la solicitud de reconocimiento de la
sanción moratoria presentada el 30 de julio de 2014 se formuló dentro del término
trienal previsto por la ley. Por tanto, al haberse presentado la demanda el 6 de marzo
de 2015, se cumplió con el término previsto en el artículo 151 del Código Procesal
del Trabajo y de la Seguridad Social. En ese orden, la respuesta al segundo
problema jurídico planteado es negativa.
82. En lo relativo al tercer problema jurídico, la Sala desestima los argumentos
del ente territorial, puesto que, en el asunto bajo estudio, el municipio de Soledad
fue la entidad creadora del Instituto Municipal de Deporte y Recreación, y, disuelta
y liquidada la misma, este, debe asumir los pasivos que persistan. Así lo precisó
esta Subsección en providencia del 11 de mayo de 2020, al indicar que: «[…] al
finalizar a la vida jurídica del referido instituto, la entidad que asumirá sus
obligaciones será el municipio de Soledad, como ente territorial que, por atribución
legal, la creó y es quien debe atender aquella prestación de servicio a cargo del
instituto ya liquidado. Así pues, le corresponde al citado municipio asumir el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria solicitada».
83. En la misma providencia se estableció, adicionalmente, que el patrimonio y
el régimen presupuestal del Instituto suprimido quedaban sometidos a las normas
económicas vigentes del municipio de Soledad. De igual manera, se precisó que
correspondía al alcalde municipal adelantar los traslados, adiciones y demás
operaciones presupuestales necesarias dentro del programa financiero general del
ente territorial, con el propósito de asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley 181 de 199537.
84. A su turno con la expedición del Acuerdo 002 del 10 de enero de 199638, se
precisó respecto del presupuesto del instituto lo siguiente:
Artículo 26. -Régimen Presupuestario, el presupuesto del Instituto Municipal de
Deportes y Recreación de Soledad se sujetará en lo relativo a su elaboración,
tramitación, aprobación y ejecución a las normas vigentes del municipio […]
Artículo 29.-Autorizase al alcalde del Municipio de Soledad, para hacer los traslados,
adiciones y operaciones necesarios en el Presupuesto Municipal para el cumplimiento
de la Ley 181 de 1995, especialmente en lo relacionado con los gastos de
funcionamiento del Instituto y de la Planta de Personal […].
37 «Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo
libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte»
38 «Por el cual se crea y organiza el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Soledad»
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85. De conformidad con lo señalado en la providencia a la que se ha hecho
referencia, la Sala advierte que, una vez dispuesto el proceso de supresión del
instituto, su patrimonio y su régimen presupuestal quedaron plenamente integrados
al ordenamiento económico del municipio de Soledad. Tal circunstancia comportó
que la administración, el manejo y destino de los recursos del referido ente
descentralizado pasaran a regirse por las normas financieras vigentes del ente
territorial, lo que supone una atribución directa de competencias y
responsabilidades por parte del municipio.
86. En ese mismo sentido, se determinó que el alcalde municipal conservó la
facultad de adelantar los traslados, adiciones y demás operaciones necesarias
dentro del programa financiero general del municipio, con el fin de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 181 de 1995. Esta facultad no
puede entenderse de manera aislada, pues supone que el municipio mantuvo el
control efectivo sobre los recursos presupuestales destinados al funcionamiento del
Instituto y, por consiguiente, sobre las cargas que de dicha actividad se derivaron.
87. Tal conclusión se ve reforzada con la expedición del Acuerdo 002 del 10 de
enero de 1996, mediante el cual se estableció expresamente que el presupuesto
del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Soledad debía sujetarse, en
todas sus etapas —elaboración, trámite, aprobación y ejecución—, a las normas
presupuestales del municipio. Esta disposición refiere que el instituto careció de
autonomía financiera plena y que sus obligaciones se encontraron subordinadas al
marco fiscal del ente territorial.
88. Por su parte, el artículo 29 del citado acuerdo autorizó de manera expresa al
alcalde municipal para efectuar las operaciones presupuestales necesarias dentro
del presupuesto municipal, con especial énfasis en los gastos de funcionamiento
del instituto y de su planta de personal. Está habilitación normativa confirma que el
municipio quedó investido de la responsabilidad institucional de proveer los recursos
requeridos para atender los compromisos derivados de la actividad del instituto,
incluso aquellos relacionados con derechos laborales y prestacionales adquiridos.
89. En consecuencia, al encontrarse el régimen presupuestal del instituto
incorporado al sistema financiero municipal y al recaer en el alcalde la competencia
para garantizar las apropiaciones necesarias, resulta jurídicamente ineludible
concluir que el municipio de Soledad es la entidad llamada a responder por las
acreencias originadas con ocasión de las obligaciones del instituto. Sostener una
conclusión distinta implicaría desconocer la integración del régimen presupuestal, y
el principio de responsabilidad patrimonial del Estado frente a derechos legalmente
consolidados.
90. Adicional a lo hasta aquí planteado se hace necesario citar el Decreto 069
del 4 de marzo de 201539, a fin de entender las funciones del liquidador, que para
el presente asunto fue la sociedad Negret Abogados y Consultores S.A.S.,
específicamente el artículo 9 que establece:
39 «Por el cual se suprimen, el Instituto Municipal de Deporte y Recreación y el Instituto Municipal de Cultura del
Municipio de Soledad- Atlántico, se ordenan su liquidación y se dictan otras disposiciones».
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Naturaleza de las funciones del liquidador. El liquidador ejercerá funciones
públicas administrativas, sin perjuicio de la aplicabilidad de las reglas del
derecho privado por los actos de gestión que deba ejecutar el proceso de
liquidación.
91. De igual manera resulta relevante el contenido del artículo 25 del referido
decreto y cuyo tenor literal dispone: «El pago de indemnizaciones, obligaciones y
liquidaciones de personal se efectuará con cargo a los recursos establecidos en el
presupuesto del municipio de Soledad, y los recursos propios de la masa de
liquidación y los demás que se determinen para tal fin. […]»
92. Respecto a la masa de liquidación el artículo 32 precisó que: «[…] integran la
masa de liquidación, todos los bienes, las utilidades, los rendimientos financieros
generados por los recursos propios y cualquier tipo de derecho patrimonial que ingrese
o deba ingresar al patrimonio de los institutos en liquidación». Igualmente, se dispuso
que al momento de finalizarse el proceso liquidatario y pagadas las obligaciones a
cargo de las entidades liquidadoras, y existan activos remanentes de la masa de
liquidación, estos deberán ser entregados al municipio de Soledad40.
93. En consecuencia, si bien corresponde a la liquidadora Negret Abogados y
Consultores S.A.S. adelantar el trámite de las acreencias con cargo a la masa
liquidada, dicha circunstancia no exonera al municipio de su responsabilidad, ni lo
releva del deber de adoptar las medidas presupuestales necesarias para atender la
condena impuesta en primera instancia.
94. Ahora bien, en lo relativo a la alegada falta de apropiación presupuestal para
atender las obligaciones, la Sala observa que la indisponibilidad de recursos no
exime al ente territorial de su responsabilidad frente al reconocimiento y pago de la
sanción moratoria41. En consecuencia, no cabe duda de que corresponde al
municipio de Soledad asumir dicho pago.
95. Tampoco se puede desconocer que en el presente asunto no se acreditó el
pago del auxilio de las cesantías lo cual imposibilita reconocer los extremos para
contabilizar y determinar el valor de la sanción moratoria, que, como lo concluyó la
sentencia de unificación del 25 de agosto de 201642, debe tener un límite temporal.
96. Igualmente, esta Sección señaló que «esta penalidad nace a la vida jurídica
con el único propósito de garantizar el pago oportuno de la prestación, de tal suerte
que el trabajador pueda aliviar la contingencia de encontrarse cesante
laboralmente»43, pues la sanción lo que pretende es garantizar al trabajador y a su
núcleo familiar que el respaldo económico que ofrece el auxilio de las cesantías sea
40
Artículo 51 del Decreto 069 de 2015.
41
En este sentido la Corte Constitucional41 ha reiterado que «la situación económica y presupuestal que
afrontan un gran número de entidades públicas no justifica el incumplimiento de las obligaciones
laborales». Ver sentencias T-399 de 1998, SU-995 de 1999, SU-484 de 2008.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, exp. 08001-23-31-000-2011-
00628-01 (0528-2014)
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de
2023, exp. núm. 08001-23-33-000-2012-00200-02 (2459-2014).
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pagado de forma oportuna; en este sentido no podrían extenderse los efectos de la
sanción de manera indefinida44.
97. Sumado a lo expuesto se reitera que, si bien la sanción moratoria tiene su
origen en la falta o en la tardanza en el pago de las cesantías, dicha sanción no
goza del carácter de imprescriptible. Ello obedece a que no constituye un derecho
cierto e indiscutible, no remunera el servicio efectivamente prestado por el
trabajador ni puede considerarse una prestación social propiamente dicha. En
efecto, su finalidad no es la de amparar al empleado frente a las contingencias
propias de la relación laboral, sino la de establecer una consecuencia económica
de carácter sancionatorio frente al incumplimiento del empleador. Por tal razón, no
se trata de un derecho irrenunciable y, en consecuencia, debe estar sujeto como ya
se dijo y se insiste, a un límite temporal45.
98. En esa medida, así como la sanción moratoria derivada del no pago oportuno
de las cesantías anualizadas no puede proyectarse más allá de la vigencia del
vínculo laboral, tampoco es admisible que la omisión en su pago genere una
penalidad de duración indefinida. Esta consideración justifica la adopción de un
criterio objetivo de causación, conforme al cual la sanción únicamente puede
extenderse por un término de tres (3) años contados desde la exigibilidad del
derecho, salvo que con anterioridad se hubiere producido el pago
correspondiente46.
99. Por consiguiente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 151 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en el presente asunto, los
tres años se contarán desde que la respectiva obligación de haya hecho exigible,
esto es desde el 23 de julio de 2013 y hasta el 23 de julio de 2016. Dicho término
constituye un límite razonable para la causación del valor correspondiente a la
sanción moratoria; sin perjuicio que se acredite su pago con anterioridad.
3.5. Conclusión de la decisión
100. En atención a lo expuesto, los argumentos formulados por el municipio de
Soledad carecen de vocación de prosperidad, por las razones ampliamente
desarrolladas en esta providencia. En consecuencia, se confirmará parcialmente la
sentencia del 1 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, mediante la cual se declaró la nulidad del oficio sin número del 19 de
agosto de 2014, expedido por el extinto Instituto Municipal de Deportes y Recreación
de Soledad y en la que se ordenó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.
No obstante, se modificará el límite temporal de dicha sanción entendiéndose que
es a partir del 23 de julio de 2013 hasta el 23 de julio de 2016, liquidadas con base
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de septiembre de 2024, exp. núm. 27001-23-33-000-
2017-00118-01 (2334-2023)
45
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de septiembre de 2024, exp. núm. 27001-23-33-000-
2017-00118-01 (2334-2023).
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de septiembre de 2024, exp. núm. 27001-23-33-000-
2017-00118-01 (2334-2023).
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en el salario devengado por el actor en el año 2012; para ello el municipio de
Soledad deberá asumir dicho pago. Todo ello de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.
4. Costas
101. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario47 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
102. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar parcialmente la sentencia del 1 de abril de 2022 dictada por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
Segundo: Modificar el ordinal segundo de la sentencia del 1 de abril de 2022
dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el cual quedará de la siguiente
forma:
SEGUNDO: Condenar al municipio de Soledad al reconocimiento y pago de la
sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995, en favor del señor Luis Abel
Castilla Álvarez, a partir del 23 de julio de 2013 hasta el 23 de julio de 2016, liquidado
con el salario básico devengado para el año 2012, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la presente providencia.
Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.
47
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 08001-23-33-000-2015-90150-02 (5781-2022)
Demandante: Luis Abel Castilla Álvarez
Demandado: Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Soledad
Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
24
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