Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-02426-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-02426-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2018-02426-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
20 de marzo de 2025
Radicado: 05001-23-33-000-2018-02426-01
Demandante: Miryam del Carmen Metaute González
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2018-02426-01 (1118-2024)
Demandante: Miryam del Carmen Metaute González
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.
Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías. Prescripción.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia del 22 de marzo de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró probada parcialmente la
excepción de prescripción de la sanción moratoria y, en consecuencia, condenó
al pago de sanción moratoria.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda.
2. La señora Miryam del Carmen Metaute González por intermedio de apoderada
y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
solicitó que se declare la nulidad del acto ficto configurado el día 9 de junio de
2018, producto de la no contestación a la petición del 9 de marzo de ese mismo
año, por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías.
3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
establecida en la Ley 1071 de 2006, correspondiente a un (1) día de salario por
cada día de retardo, contados desde los 70 días hábiles después de haber
radicado la solicitud ante la entidad territorial y hasta cuando se hizo efectivo el
pago de la misma, ii) el reconocimiento y pago de los ajustes a que haya lugar
con motivo de la disminución del poder adquisitivo del dinero, iii) se dé
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Demandante: Miryam del Carmen Metaute González
cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y iv)
se condene en costas a la entidad demandada.
Hechos
4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
5. El artículo 3 de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación con
independencia patrimonial, sin personería jurídica. En la misma norma se le
asignó la competencia al fondo para el pago de las cesantías a los docentes
vinculados en los establecimientos educativos del sector oficial.
6. El 23 de octubre de 2014 la actora presentó reclamación administrativa ante la
Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, solicitando el reconocimiento y pago de las cesantías a las que
tenía derecho. Prestación que fue reconocida por medio de la Resolución
201500003292 del 5 de febrero de 2015 y fue cancelada por intermedio de
entidad bancaria el 5 de mayo de 2016, por lo que transcurrieron 454 días de
mora. Por eso y según la normativa aplicable, debe reconocerse la sanción
moratoria por el pago tardío de sus cesantías parciales.
7. Mediante solicitud del 9 de marzo de 2018 reclamó la sanción moratoria; sin
embargo, no hubo pronunciamiento alguno por parte de la entidad demandada,
configurándose al acto administrativo ficto demandado.
Fundamentos de derecho y concepto de violación
8. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 5, 9 y 15 de la
Ley 91 de 1989; 1 y 2 de la Ley 244 de 1995; 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006 y el
Decreto 2831 de 2005.
9. Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada de la demandante expuso
que el pago de las cesantías de los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio es una situación jurídica susceptible de
ser reconocida en sede judicial, por cuanto las entidades obligadas a responder
por dicha prestación incumplen las disposiciones que regulan la materia, caso
contrario de los demás servidores del Estado, que al momento de solicitar la
prestación, se les cancela a más tardar dentro de los 30 días siguientes a su
reclamación.
10. A pesar de que la jurisprudencia estableció diferentes hipótesis para el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria, el Fondo Nacional de
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Prestaciones Sociales del Magisterio ha venido cancelando el auxilio de
cesantías por fuera de los términos fijados en la ley, circunstancia que genera
una sanción por su negligencia.
11. No existe duda del derecho que le asiste a la demandante, pues ha sido tan
reiterativa la jurisprudencia sobre la fórmula de calcular el tiempo en que debía
haberse otorgado respuesta a las peticiones, que en el presente asunto deben
prosperar las pretensiones de la demanda.
Contestación de la demanda
12. La Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio 1 se pronunció sobre los hechos de la demanda y se
opuso a todas las pretensiones por carecer de fundamentos de derecho que
avalen su prosperidad.
13. Manifestó que la Ley 91 de 1989 es el régimen especial que regula lo
concerniente a las cesantías del personal docente. Ello es así, porque las Leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006 sistematizan el pago de las cesantías y la sanción
moratoria por la cancelación tardía de la prestación.
14. De la última norma no es posible concluir que la misma sea aplicable de manera
directa a los docentes del FNPSM, puesto que sus disposiciones desarrollan los
requisitos y procedimientos para el reconocimiento oportuno de las cesantías
de los servidores públicos, sin especificar si dentro de estos últimos se
entienden comprendidos los educadores del sector oficial.
15. Por otra parte, precisó que el Decreto 2831 de 2005 consagró el procedimiento
exclusivo para el reconocimiento de las prestaciones sociales de los docentes
afiliados al Fomag, sin realizar discriminación alguna respecto del tipo de
prestación que se tramita por dicho medio, quedando entonces las cesantías
ahí enlistadas.
16. Así las cosas, existe una diferencia entre los trámites contenidos en las
disposiciones antes mencionadas; sin embargo, en este tipo de asuntos se debe
dar aplicación prevalente y preferencia a la norma de carácter especial que
contiene el procedimiento exclusivo, esto es el Decreto 2831 de 2005.
17. En ese escenario, las Secretarías de educación expiden el acto administrativo
que reconoce la prestación, el fondo es el que tiene la función de verificar el
cumplimiento de los requisitos para obtener el derecho, y la entidad fiduciaria
es quien cancela el dinero por dicho concepto.
1 Folios 62 a 76 del expediente físico.
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18. Finalmente, propuso las excepciones de «eficiencia en la Administración de los
Recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio»,
«litisconsorcio necesario por pasiva», «legalidad de los actos administrativos
atacados de nulidad», «improcedencia de la indexación de las condenas»,
«caducidad», «prescripción», «compensación», «sostenibilidad financiera» y
«genérica».
Sentencia de primera instancia
19. El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 22 de marzo de
20232 declaró probada parcialmente la excepción de prescripción extintiva y, en
consecuencia, condenó al pago de la sanción moratoria.
20. Para el efecto, encontró acreditado que en el trámite administrativo de
reconocimiento de cesantías se desconocieron los términos dispuestos en las
Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, toda vez que entre la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y la fecha de expedición del acto
administrativo, transcurrieron más de los 15 días, como se explica a
continuación:
Término Fecha Caso Concreto
Reclamación de las cesantías 23 de octubre de 2014 Reconocimiento: 5 de
Vencimiento del término para 14 de noviembre de 2014 febrero de 2015.
reconocimiento (15 días)
Vencimiento del término de 1 de diciembre de 2014 Dinero a disposición de la
ejecutoria (10 días) demandante: 6 de abril de
Vencimiento del término para 6 de febrero de 2015 2015
el pago (45 días)
Pago: 5 de mayo de 2016
21. Conforme lo anterior, la entidad demandada incurrió en mora por el período
comprendido entre el 7 de febrero y el 5 de abril de 2015, fecha anterior al día
en que se puso a disposición el dinero.
22. Frente a la prescripción de la sanción moratoria, expuso lo siguiente:
«[…]
Para el caso concreto, se encuentra acreditado que la mora por la falta de pago oportuno
de cesantías se generó a partir del 7 de febrero de 2015 (día siguiente al término con el
que contaba la entidad para realizar el pago del auxilio de las cesantías parciales), y
cesó el día en que los dineros fueron puestos a disposición de la demandante, es decir,
el 6 de abril de 2015; por lo tanto, la interesada tenía hasta el 6 de abril de 2018 para
interrumpir dicho término con la reclamación administrativa.
[...]
2 Folios 114 a 119 del expediente físico.
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Demandante: Miryam del Carmen Metaute González
la reclamación administrativa pudo haberse presentado hasta el 6 de abril de 2018 para
reclamar, si quiera, el pago de un día de mora por el último día de retardo (3 años
después de que cesó la mora por el último día de retardo), lo cual, al haber ocurrido 28
días antes de la fecha en mención10, esto es, el 9 de marzo de 2018, supone para la
Sala -y también para el Ministerio Público11- una prescripción extintiva parcial del
derecho deprecado, pues de lo contrario se incurriría en el desatino de declarar la
prescripción extintiva de un derecho sin siquiera haberse satisfecho.
[…]
Así las cosas, habiendo operado el fenómeno de la prescripción extintiva para la sanción
por mora entre el 6 de abril de 2015 y el 9 de marzo de 2018, Miryam del Carmen Matute
González tiene derecho al reconocimiento y pago de 28 días de sanción moratoria por
el pago tardío de sus cesantías parciales, comprendidos entre el 9 de marzo de 2018 y
el 6 de abril de 2018.
Por lo anterior, se condenará a la entidad demandada a pagar la sanción moratoria por
un periodo de 28 días; suma que deberá ser liquidada con base en la asignación básica
devengada por la demandante para el año de causación de la mora, esto es, el 2015»3.
23. El agente del Ministerio Público el 31 de marzo de 2023 4 solicitó aclaración y
corrección de la sentencia en los siguientes términos:
«[…] Si bien los días de mora a reconocer y pagar son correctos al igual que el
salario base de su liquidación, en criterio de este delegado el tiempo durante el cual
operó la prescripción y el período en que se genera la mora no son los que
corresponden, por cuanto si la mora se causó entre el 07 de febrero de 2015 y el 5 de
abril de 2015 como se determinó en la parte motiva de la sentencia, la petición
presentada el 09 de marzo de 2018, lo que produce es la prescripción del derecho
causado desde tres años atrás desde esta fecha, es decir, que para el caso se produce
la prescripción parcial del derecho causado del 07 de febrero de 2015 al 08 de
marzo de 2015 y no del 6 de abril de 2015 al 9 de marzo de 2018 como lo señala la
providencia, porque es claro que la mora se causó en el año 2015. En este mismo orden
de ideas lo jurídicamente correcto es establecer como período a reconocer por sanción
mora el que va del 09 de marzo de 2015 al 05 de abril de 2015 (día anterior al que se
puso a disposición de la demandante el dinero correspondiente a las cesantías
parciales) y no del 9 de marzo de 2018 al 6 de abril de 2018 como se hizo en la
sentencia.
Es de resaltar que estos períodos fueron también los establecidos en la parte resolutiva
de la sentencia.
Ahora si el despacho decide que lo anteriormente expuesto no genera la aclaración de
la sentencia, de igual manera se solicita la misma con fundamento en que no es correcto
declarar probada la prescripción extintiva de la sanción moratoria entre el 6 de abril de
2015 y el 9 de marzo de 2018 y luego señalar que la sanción mora se reconoce y paga
3 Transcripción incluido errores
4 PDF 22.1 del expediente digital.
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por el período 9 de marzo de 2018 (mismo día en que termina la prescripción) y el 6 de
abril de 2018, como se hace en la parte motiva y resolutiva de la sentencia, por cuanto
en nuestro criterio la prescripción debe ser hasta el 08 de marzo de 2015 (día anterior
a la interrupción de la prescripción) y la sanción mora a pagar debe ser hasta el 05 de
abril que es el día anterior al que se puso a disposición de la demandante el dinero
correspondiente a las cesantías parciales y que además coincide con los 28 días de
mora a reconocer.
En lo atinente a la corrección que se solicita, hace referencia a que la identificación del
proceso al inicio de la sentencia, su parte motiva en algunos apartes y su parte
resolutiva, hacen referencia a Miryam del Carmen Matute González, cuando el nombre
correcto de la demandante es MIRYAM DEL CARMEN METAUTE GONZÁLEZ».
24. El Tribunal Administrativo de Antioquia por medio del auto del 31 de mayo de
20235 accedió a la corrección de la sentencia de primera instancia, indicando lo
siguiente:
«Una vez revisado el expediente, encuentra la Sala que, en cuanto a la corrección de
las fechas en que operó el fenómeno de prescripción extintiva y aquellas en que se
generó la sanción moratoria, le asiste la razón parcialmente al Ministerio Público, pues
la mora se causó en el año 2015 y no en el año 2018 como quedó consignado en la
parte resolutiva de la sentencia de primera instancia; así mismo le asiste razón en el
sentido que la mora cesó el 5 de abril de 2015 y no el 6 de abril de 2015, pues esta
última fecha fue en la que se produjo el pagó de la obligación (cesantías).
Lo anterior, en la medida que, al haber operado el fenómeno de la prescripción extintiva
para la sanción por mora entre el 7 de febrero de 2015 (día siguiente al vencimiento del
término de cuarenta y cinco días que tenía la entidad para consignar las cesantías) y el
8 de marzo de 2015 (día anterior al cumplimiento de los 3 años a la fecha en que se
interpuso la reclamación administrativa, entendida esta bajo los criterios de interrupción
de la prescripción trienal, cuya radicación fue el 9 de marzo de 2018), el reconocimiento
a la sanción moratoria se generó, efectivamente, entre el 9 de marzo de 2015 y el 5 de
abril de 2015.
[…]
En tal sentido, las fechas objeto de corrección quedarán así:
Prescripción extintiva respecto de las sumas correspondientes a la sanción moratoria
comprendida entre el 7 de febrero de 2015 y el 8 de marzo de 2015.
Reconocimiento de la sanción moratoria por el período comprendido entre el 9 de marzo
de 2015 y el 5 de abril de 2015.
[…]
5 PDF 24 del expediente digital.
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Al respecto, se advierte que, en efecto, el nombre correcto de la demandante es Miryam
del Carmen Metaute González, de modo que, al asistirle razón al Ministerio Público, se
corregirá la sentencia en este sentido».
Recurso de apelación 6
25. La apoderada del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, al
considerar que operó el fenómeno de la prescripción. Para el efecto, explicó lo
siguiente:
26. Cuando se radicó la solicitud de sanción moratoria, esto es el 9 de marzo de
2018, aquel derecho se encontraba prescrito, pues la penalidad se hizo exigible
desde el 28 de febrero de 2015, por lo tanto, a la demandante sólo le era dable
reclamar su reconocimiento hasta el 28 de febrero de 2018. Recuérdese que la
sanción moratoria es una penalidad indivisible y por ende no periódica.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
27. Mediante auto del 16 de abril de 2024 7 se admitió el recurso de apelación.
Dentro de la oportunidad legal, las partes y el agente del Ministerio Público
guardaron silencio.
28. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que
se procederá a resolver la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia
29. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 8.
30. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a
lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las
partes presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del
respectivo recurso.
6. PDF 23 del expediente digital
7 Actuación visible en el índice 03 de la plataforma SAMAI.
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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Demandante: Miryam del Carmen Metaute González
Problema jurídico
31. Le corresponde a la Subsección determinar si la sentencia de primera instancia
que declaró probada parcialmente la excepción de prescripción y condenó al
pago de la sanción moratoria a la entidad demandada, se encuentra ajustada a
derecho, o por el contrario esta operó completamente y en consecuencia hay
lugar a la revocar la providencia recurrida.
32. A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, la Sala abordará
los siguientes temas: i) Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción
moratoria, ii) Sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre
de 2023, iii) Hechos probados y iv) Caso concreto.
Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria.
33. La Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 20069,
establece en su artículo primero, lo siguiente:
«Artículo 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo
texto es el siguiente:> Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente,
si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.» (subraya fuera
del texto)
34. De igual manera, el artículo 2° de la citada ley, dispone que la entidad pagadora
tendrá un plazo máximo para cancelar dicha prestación, veamos:
«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para
cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional
de Ahorro.»( Subraya fuera del texto)
35. Norma que también dispone una sanción cuando se incumplen los términos
para resolver la solicitud de cesantías, así como su pago, tal como se evidencia
en el parágrafo del artículo en comento:
9 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o
parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.”
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«Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra
el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa
imputable a este». (subraya fuera del texto)
36. Esta Sección, en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, sentó
jurisprudencia frente a la fecha de causación de la sanción moratoria. Se
consideró en esa oportunidad que:
«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la
solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de manera
tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la
radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días
hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L.
1071/20065), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437
de 20116) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517],y 45 días hábiles a partir del día en
que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días
hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006». (Negrilla fuera de texto)
37. Las reglas jurisprudenciales fijadas en la misma sentencia de unificación, en
cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria en comento se sintetizan así:
«115. Todo lo explicado, respecto de las normas previstas en el CPACA se puede evidenciar
en el siguiente cuadro:
TÉRMINO PAGO
HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA CESANTÍA CORRE MORATORIA
10 días, después de 45 días posteriores a la 70 días posteriores a la
PETICIÓN SIN
No aplica cumplidos 15 para expedir el ejecutoria petición
RESPUESTA
acto
Aplica pero no se tiene
ACTO ESCRITO 10 días, después de
en cuenta para el 45 días posteriores a la 70 días posteriores a la
EXTEMPORANEO cumplidos 15 para expedir el
cómputo del término de ejecutoria petición
(después de 15 días) acto
pago
ACTO ESCRITO EN 10 días, posteriores a la 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
Personal ejecutoria notificación
TIEMPO notificación
10 días, posteriores a 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Electrónica certificación de acceso al ejecutoria notificación
TIEMPO
acto
10 días, posteriores al 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Aviso siguiente de entrega del ejecutoria entrega del aviso
TIEMPO
aviso
ACTO ESCRITO EN Sin notificar o notificado 10 días, posteriores al intento 45 días posteriores a la 67 días posteriores a la
TIEMPO fuera de término de notificación personal 9 expedición del acto
ejecutoria
45 días después de la 45 días desde la
ACTO ESCRITO Renunció Renunció renuncia renuncia
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Adquirida, después de 45 días, a partir del 46 días desde la
ACTO ESCRITO Interpuso recurso notificado el acto que lo siguiente a la ejecutoria notificación del acto que
resuelve resuelve recurso
ACTO ESCRITO, 61 días desde la
RECURSO SIN Interpuso recurso Adquirida, después de 15 días 45 días, a partir del interposición del
RESOLVER de interpuesto el recurso siguiente a la ejecutoria recurso
Fuente: Sentencia de 18 de julio de 2018
Sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023.
38. En lo que corresponde a la prescripción de la sanción moratoria por el no pago
o pago tardío de cesantías definitivas, la Sección Segunda de esta Corporación
en sentencia de unificación del 2 de noviembre de 2023, fijó las siguientes
reglas:
«PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de las
cesantías definitivas consagrada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, se fijan
las siguientes reglas:
(i) El plazo trienal de la prescripción de la sanción moratoria por el incumplimiento
en el pago de las cesantías definitivas, regulado por el artículo 151 del CPTSS,
se inicia a contabilizar desde que la penalidad se hace exigible, esto es, al
vencimiento del plazo legal para el pago de la prestación social. Si el reclamo
de la sanción se presenta después de los tres años contados desde su
exigibilidad, se configura la prescripción total.
(ii) El término de la prescripción extintiva de la sanción moratoria derivada del pago
tardío o no pago de las cesantías definitivas se interrumpe por una sola vez con
la reclamación oportuna, y por un lapso igual de tres años, que no puede ser
entendido como un término que habilita al beneficiario para presentar múltiples
solicitudes, sin que opere la prescripción.
(iii) Si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de extinguido el
derecho por prescripción, esa circunstancia no revive la oportunidad para
reclamar la sanción moratoria.
SEGUNDO: Advertir a los operadores jurídicos y a la comunidad en general
que las reglas de unificación fijadas en esta sentencia son aplicables
retrospectivamente a todos los asuntos que se encuentren en trámite en sede
administrativa o judicial y no podrán ser aplicadas retroactivamente a aquellos
casos cobijados por el fenómeno de la cosa juzgada.» (negrilla fuera del texto)
39. En la misma sentencia de unificación, se precisaron las razones para aplicar el
término prescriptivo consagrado en el artículo 151 del Código de Procedimiento
Laboral a la sanción moratoria derivada del reconocimiento y pago tardío de las
cesantías a los servidores públicos. En los siguientes términos:
«3.4.4. Aspectos generales alrededor de la prescripción extintiva de la sanción
moratoria
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De manera previa y para el correcto entendimiento del tema conviene precisar que en
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la aplicación del mencionado artículo
151 del CPTSS requiere que se realicen ciertas distinciones que son propias de los
litigios que se adelantan en esta especialidad, dado que la administración manifiesta
su voluntad mediante actos administrativos, expresos o presuntos, y además por la
naturaleza de las nociones de exigibilidad de los derechos, prescripción y la
caducidad.
Como primera medida debe recordarse que la exigibilidad está relacionada con el
“derecho de acción” que tiene el beneficiario para acudir a la vía judicial y
administrativa y reclamar el pago de la sanción moratoria, so pena que, de no hacerlo
en el tiempo previsto por las normas procesales para tal efecto, puede correr el riesgo
de perderlo de manera definitiva. Por su parte, la caducidad es un fenómeno cuya
ocurrencia depende del cumplimiento del término perentorio establecido para ejercer
las acciones ante la jurisdicción derivadas de los actos, hechos, omisiones u
operaciones de la administración, sin que se haya ejercido el derecho de acción por
parte del interesado. De lo anterior se concluye que la caducidad ocurre por la
inactividad de quien tiene el deber de demandar en el tiempo permitido para hacerlo,
para no perder el derecho de ejercer la acción, lo cual no genera un pronunciamiento
de fondo por parte de las autoridades judiciales1.
Finalmente, la prescripción extintiva, que se analiza en este asunto, es un modo de
extinguir derechos u obligaciones, como resultado de su no reclamación, alegación o
defensa durante el tiempo determinado por la ley, por cualquier razón subjetiva que
motive la inacción de su titular, dejando salvas las suspensiones determinadas por la
ley en favor de ciertas personas2. Esta figura surge de la necesidad de establecer un
límite temporal para el ejercicio de los derechos, con el fin de proporcionar un nivel
mínimo de certeza y seguridad jurídica a las relaciones interpersonales y se relaciona
con el deber que tiene cada persona de reclamar en tiempo sus derechos, bajo el
riesgo de perder la oportunidad de ejercerlos.
En el ámbito contencioso administrativo, este instituto protege el interés general, el
patrimonio público, la seguridad jurídica y la certeza del derecho, al impedir el
reconocimiento de derechos que fueron reclamados tardíamente por parte de sus
titulares, como consecuencia de su propia incuria. Por ello, dentro del abanico de
obligaciones que tiene el juez, como director del proceso, está la de analizar de manera
oficiosa si en el asunto sometido a su conocimiento ha operado o no este fenómeno
extintivo, sin perjuicio, claro está, de la no reformatio in pejus (art. 187 del CPACA). De
manera que la prescripción extintiva puede invocarse por vía de excepción o
declararse de oficio.
Precisado lo anterior, es pertinente traer a colación la sentencia de unificación CE-
SUJ2 004 de 2016, mediante la cual se fijó como regla jurisprudencial que las
cesantías definitivas son una prestación que está sometida al fenómeno de la
prescripción. En la referida sentencia se dispuso que cuando la mora en el pago de las
cesantías no sea producto de la negligencia del empleador sino atribuible al empleado,
la prestación estará afectada por el fenómeno prescriptivo, pues la omisión de este
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último en atender los requerimientos que el empleador le formule para disponer su
pago no puede redundar en un beneficio injustificado a su favor.
En la referida sentencia, se estableció como precedente frente a la sanción moratoria
por el pago tardío o no pago de las cesantías, que está sometida al fenómeno de
prescripción trienal, pues por tratarse de una pena no puede considerarse como un
derecho imprescriptible.
En torno a las reglas que orientan la prescripción extintiva en materia de sanción
moratoria, la Sección Segunda en la sentencia de unificación CE SUJ004 del 25 de
agosto de 2016, dejó sentado el criterio según el cual la sanción moratoria por
pago tardío u omisión en la consignación de cesantías de que trata la Ley 50 de
1990, está sujeta a prescripción y el término aplicable es el regulado en el artículo
151 del CPTSS, toda vez que la prevista en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de
1969, se refiere a los derechos de que tratan las referidas normas, entre los
cuales no figura la sanción moratoria, ya que para la época dicha penalidad aún
no había sido establecida.
El citado entendimiento fue reiterado en la sentencia CE-SUJ-SII-022 del 6 de agosto
de 2020, en la cual se unificó jurisprudencia con respecto al momento a partir del cual
se contabiliza el término de prescripción para reclamar la sanción moratoria de la Ley
50 de 1990, por la no consignación de las cesantías con régimen de liquidación
anualizado.
Lo expuesto pone de presente que el criterio reinante en la jurisprudencia de la Sección
Segunda es el de aplicar para efectos de la sanción moratoria, el término de
prescripción extintiva de tres años consagrado en el artículo 151 del CPTSS.
[…]
Atendiendo a los precedentes enunciados, la Sección Segunda considera que en el
presente caso se debe acoger la regla de interpretación según la cual el derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria por el incumplimiento en el pago de las
cesantías definitivas prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, está
supeditado a la observancia del término de prescripción consagrado en el mencionado
artículo 151 del CPTSS.»
40. Para la Sala, en el presente asunto es aplicable el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pese a la restricción prevista en
el artículo 4 del código sustantivo del trabajo, por las siguientes razones:
41. El artículo 151 ya mencionado, al disponer un término prescriptivo de las
acciones que emanan de las leyes sociales, no solo rige las relaciones entre
particulares sino todas aquellas de carácter laboral, lo que no excluye a los
servidores públicos.
42. La anterior interpretación, fue acogida por la Corte en la sentencia C-745 de
1999. Corporación que al analizar la constitucionalidad del artículo 4 de la Ley
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165 de 19418 , consideró que «ese razonamiento no es de recibo, como quiera
que el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral expresamente señala
el término de prescripción para “las acciones que emanen de las leyes sociales”.
Así pues, las leyes sociales no sólo son aquellas que rigen relaciones
entre particulares, sino que son las normas que regulan el tema laboral,
por lo que es una denominación referida a la relación de subordinación
entre patrono y trabajador y no a su status». (Negrilla de la Sala)
43. Esta Corporación desde la sentencia del 21 de septiembre de 1982, ha
sustentado la aplicación del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, en
que la norma es de contenido sustancial y no procedimental, por lo tanto, el
término prescriptivo en ella contenida se aplica en el régimen de los empleados
públicos, conforme a los siguientes argumentos:
«No es válida la argumentación que hacen algunos en el sentido de que el artículo
151 del Código Procesal del Trabajo no es aplicable a los empleados públicos,
especialmente por lo dispuesto en el artículo 4º del Código Sustantivo del Trabajo,
pues esta norma se refiere únicamente a las disposiciones del mismo estatuto en
lo concerniente a las relaciones laborales de carácter individual; además, la
exclusión que hace comprende también a los trabajadores que se encuentren
respecto del Estado en situación de índole contractual, los cuales están totalmente
sometidos a las normas del Código Procesal del Trabajo. Por su parte, el artículo
2º de este Código se limita a señalar los asuntos de que conoce la jurisdicción del
trabajo en forma tal que excluye ciertamente los que conciernen a empleados
públicos; pero no los deja completamente al margen de las disposiciones de dicho
estatuto, pues se les aplican las que regulan la ejecución de obligaciones a cargo
del estado y a favor de ellos, de conformidad con el inciso segundo del mismo
artículo, como también del artículo 100 ibídem, que hablan genéricamente de
“obligaciones emanadas de la relación de trabajo” “originadas en ella, sin
circunscribirse a las de tipo contractual. En suma, las normas del Decreto 2159
no fueron instituidas exclusivamente para lograr la efectividad de los derechos
consagrados en el Código Sustantivo del Trabajo, expedido, además, con
posterioridad al citado estatuto procesal. Por último, ya se indicó que sin que
importe la ubicación física de la norma, la del artículo 151 del Código Procesal del
Trabajo es de naturaleza sustancial y no de carácter adjetivo o procedimental»
44. Tratándose de la prescripción de las sanciones moratorias derivadas de la
aplicación de las Leyes 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006
comoquiera que dichas sanciones no existían para la fecha en que fueron
expedidos los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, resulta necesario acudir
para su determinación a la norma general que regula dicho aspecto, esto es el
artículo 151 ibidem.
45. Además, con criterio unificador esta Corporación en las sentencias del 25 de
agosto de 2016, del 6 de agosto de 2020 y del 2 de noviembre de 2023, ha
fijado la misma regla.
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46. De lo anterior se concluye que, la sanción o indemnización moratoria del auxilio
de cesantías está sometida a la prescripción extintiva, por lo que la reclamación
deberá presentarse dentro de los tres años siguientes a su causación y se
genera automáticamente por el incumplimiento o tardanza.
Hechos probados
47. Del material probatorio allegado en legal forma al expediente, la Sala encuentra
acreditados los siguientes:
48. Mediante la Resolución 201500003292 del 5 de febrero de 2015 10 la directora
de gestión y apoyo administrativo de la Secretaría de Educación de Antioquia,
en nombre y representación del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
«reconoció un anticipo de cesantías, a favor del señor (a) MIRYAM DEL
CARMEN METAUTE GONZÁLEZ… por la suma de $74.841.821». En las
consideraciones de este acto, se plasmó «que mediante solicitud radicada bajo
el número 2014-CES-040446 de 23 de octubre de 2014 el (la) señor (a)
MIRYAM DEL CARMEN METAUTE GONZÁLEZ … solicita el reconocimiento y
pago de las Cesantías Parciales para REPARACIÓN DE VIVIENDA».
49. El mencionado acto administrativo fue notificado a la demandante el 17 de
febrero del mismo año11.
50. El dinero correspondiente a las cesantías fue puesto a disposición el 6 de abril
de 201512, tal como consta en el certificado emitido por Fiduprevisora S.A.
51. El 9 de marzo de 2018 13, la señora Miryam del Carmen Metaute González por
intermedio de apoderada, solicitó ante la Secretaría de Educación de Antioquia
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la cancelación tardía de
las cesantías; sin embargo, la entidad territorial guardó silencio configurándose
el acto ficto acusado.
Caso concreto
52. El Tribunal Administrativo de Antioquia de acuerdo con el material probatorio
allegado al expediente, encontró acreditado que la entidad demandada incurrió
en mora por el periodo comprendido entre el 7 de febrero y el 5 de abril de 2015,
para un total de 57 días; no obstante, como dicha penalidad está afectada
parcialmente por el fenómeno de la prescripción, condenó a 28 días de sanción
mora.
10 Páginas 24 a 27 del PDF Cuaderno principal.
11 Página 28 del PDF Cuaderno principal.
12 Página 06 del PDF Cuaderno principal.
13 Páginas 21 a 23 del PDF Cuaderno principal.
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53. Respecto de la prescripción parcial de la sanción moratoria, en la parte motiva
de la sentencia de primera instancia se explicó la tesis acogida, así:
«Al respecto, si bien el ponente de esta decisión tenía una postura diferente para el
conteo de la prescripción extintiva, en la medida en que acompañaba la posición de la
antigua Sala Quinta Mixta de este Tribunal que contaba el termino de prescripción a
partir de la exigibilidad de la obligación, en esta oportunidad acoge un nuevo criterio,
y consiste en contar el término de prescripción de forma individual por cada día
en que se produce el retardo en el pago y solo cesa hasta que se produzca el
pago total de la obligación o, como en el presente caso, hasta que se ponga a
disposición de la parte dicho dinero; por ende, la reclamación administrativa pudo
haberse presentado hasta el 6 de abril de 2018 para reclamar, si quiera, el pago de un
día de mora por el último día de retardo (3 años después de que cesó la mora por el
último día de retardo), lo cual, al haber ocurrido 28 días antes de la fecha en mención 10,
esto es, el 9 de marzo de 2018, supone para la Sala -y también para el Ministerio
Público11- una prescripción extintiva parcial del derecho deprecado, pues de lo contrario
se incurriría en el desatino de declarar la prescripción extintiva de un derecho sin
siquiera haberse satisfecho».
54. La entidad demandada inconforme con el fallo de primera instancia afirmó que
la sanción moratoria reconocida por el a quo14 está afectada por el fenómeno
de la prescripción, dado que la solicitud de reconocimiento de sanción moratoria
fue presentada tres (3) años después de la reclamación administrativa de
cesantías.
55. Sobre el particular, precisa la Sala que, a diferencia de la planteado en la
sentencia de primera instancia, el fenómeno de la prescripción de la sanción
moratoria opera en forma total y no parcial o fraccionada, pues si bien la
penalidad se causa y acumula diariamente, no puede ser considerada como
una prestación periódica por tratarse de una sanción indivisible de ejecución
instantánea, por lo tanto, está sujeta a un plazo de prescripción. Es decir, que
su acrecimiento en el tiempo no la convierte en una obligación divisible, de tal
manera que su exigibilidad define el plazo hasta cuándo se puede reclamar.
56. Además, la primera regla de la sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023
del 2 de noviembre de 2023 fue la siguiente «(i) El plazo trienal de la
prescripción de la sanción moratoria por el incumplimiento en el pago de las
cesantías definitivas, regulado por el artículo 151 del CPTSS, se inicia a
contabilizar desde que la penalidad se hace exigible, esto es, al vencimiento del
plazo legal para el pago de la prestación social. Si el reclamo de la sanción
se presenta después de los tres años contados desde su exigibilidad, se
configura la prescripción total».
14 Conforme la Real Academia Española, se define como: «Dicho de un juez o de un tribunal: De cuyo fallo se parte
en la apelación a otra superior.»
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57. Teniendo claro lo anterior, para el conteo de la prescripción se tendrán en
cuenta las pautas establecidas en la sentencia de unificación SUJ-012-S2 del
18 de julio de 2018, ratificadas en la providencia SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de
noviembre de 2023.
58. En el sub examine, se está en presencia de la hipótesis un acto escrito
extemporáneo, así:
CORRE TÉRMINO PAGO CORRE
HIPÓTESIS NOTIFICACIÓN EJECUTORIA CESANTÍA MORATORIA
ACTO ESCRITO Aplica pero no se tiene
EXTEMPORANEO en cuenta para el 10 días, después de 45 días posteriores a 70 días posteriores a
(después de 15 cómputo del término de cumplidos 15 para la ejecutoria la
expedir el acto petición
días) pago
La petición de No se tiene en cuenta. Los 15 días para Los 45 días Es decir que en este
cesantías fue expedir el acto se posteriores a la caso la mora empezó
presentada el 23 de vencían el 14 de ejecutoria, a correr desde el día 7
octubre de 2014. noviembre de 2014. comenzaron a de febrero de 2015,
La Resolución Los 10 días de contabilizarse desde hasta el 5 de abril de
201500003292, que ejecutoría se el 2 de diciembre 2015, día anterior a la
las reconoció se cumplieron el 1° de de 2014 y vencieron fecha desde la que
expidió el 5 de el 6 de febrero de tuvo a disposición el
diciembre de 2014.
febrero de 2015. 2015. interesado el pago.
(Acto
Extemporáneo)
59. Es decir, la petición en sede administrativa encaminada a obtener el
reconocimiento de las cesantías parciales se radicó el 23 de octubre de 2014,
de modo que los 15 días con que la administración contaba para expedir el acto
administrativo pertinente, vencían el 14 de noviembre de 2014, lo que conlleva
afirmar que la Resolución 201500003292 del 5 de febrero de 2015, a través de
la cual se reconoció la prestación parcial a favor de la demandante, fue expedida
en forma extemporánea.
60. En ese contexto, de haberse expedido oportunamente el acto, esto es, antes
del 15 de noviembre de 2014, su ejecutoria se hubiera producido a los 10 días
siguientes, es decir, el 1° de diciembre de ese mismo año; por lo tanto, los 45
días para el pago oportuno vencían el 6 de febrero de 2015; no obstante, solo
se produjo el 6 de abril de 2015, lo que corrobora la extemporaneidad en la
cancelación de la prestación. De manera que la entidad demandada incurrió en
mora, entre el 7 de febrero de 2015 y el y el 5 de abril de la misma anualidad.
61. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la reclamación en sede administrativa
dirigida a obtener la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las
cesantías parciales, observa la Sala que esta fue radicada el 9 de marzo de
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2018, es decir más de tres (3) años desde que la obligación se hizo exigible, lo
que conlleva la configuración de la prescripción extintiva de la sanción
moratoria.
62. Así las cosas, comoquiera que la solicitud de reconocimiento y pago de la
sanción moratoria se presentó 3 años después de su exigibilidad, se revocará
la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda. En su lugar, se declarará la prescripción de la sanción moratoria
y, en consecuencia, se negarán las pretensiones, conforme lo expuesto en
líneas anteriores.
63. Cabe resaltar que la revocatoria de la sentencia de primera instancia incluye la
condena en costas impuestas a la parte vencida, como resultado de lo aquí
decidido. Sin que haya lugar a imponer la condena a la parte demandante, ya
que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2080 de 2021, esta solo procede
cuando existe carencia de fundamentación legal, lo cual no se advierte en este
caso, dado que, para la fecha de la interposición de la demanda, no existía
postura unificada con relación a la prescripción de la sanción moratoria que aquí
se aplica.
Condena en costas
64. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en
costas, a la parte vencida. Lo expresado, en razón a que si bien en anteriores
oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración objetiva para
determinar si había o no lugar a aplicar esa sanción, lo cierto es que
actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente
verificar si el recurso de apelación se presentó con carencia de fundamento
legal.
65. En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego
de revisar los argumentos del apelante, no se advierte tal situación. Por el
contrario, se avizora la prosperidad del recurso, por lo que no se condenará en
costas.
66. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. Revocar la sentencia proferida el 22 de marzo de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia que accedió parcialmente a las pretensiones de la
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demanda y condenó en costas a la entidad demandada, según las consideraciones
que anteceden. En su lugar quedará así:
«Declarar probada la excepción de prescripción total de la sanción moratoria
propuesta por la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y, en consecuencia, negar las
pretensiones de la demanda.»
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las
motivaciones de este proveído.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta sentencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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