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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00495-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00495-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y pagar al señor GUSTAVO DÍAZ DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.209845, la suma de VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($21.314.450), por concepto de Cesantías Definitivas a que tenía derecho la causante LEDA LONDOÑO LÓPEZ, quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía número 29.326.169 por el tiempo servido como Auxiliar Administrativo de acuerdo a la parte motiva del presente acto administrativo. ARTÍCULO SEGUNDO: El valor de las Cesantías Definitivas correspondiente a la señora LEDA LONDOÑO LÓPEZ, y que se le cancelaran al señor GUSTAVO DÍAZ DÍAZ, será pagada y se realizará con los recursos de la constitución del Fondo de Cesantías PROTECCIÓN S.A., la suma asciende a VEINTIÚN MILLONES 30 Samai gestión en otras corporaciones visualizar expediente, cuaderno principal, 1EXPEDIENTEDIGITAL, pdf. Resolución núm. 03188. 19 Radicación: 76001-23-33-000-2021-00495-01 (3330-2025) Demandante: Gustavo Díaz Díaz Demandado: Departamento del Valle del Cauca, Secretaría de Educación TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($21.314.450) […] ARTÍCULO TERCERO: Autorizar a la Administradora de Pensiones y Cesantías Protección S.A. (Recursos del Sistema General de Participación), pagar al señor GUSTAVO DÍAZ DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.209.845, VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($21.314.450). […]31 55. En el trámite que se surtió para el reconocimiento del auxilio de cesantía a favor del compañero de la señora Leda Londoño López, no existió controversia alguna respecto a la acreditación de la calidad en la que actúo el hoy demandante. En efecto, desde el fallecimiento de la servidora, la administración tuvo por demostrada dicha calidad, sin que formulara reparo, objeción o requerimiento adicional encaminado a controvertir o desvirtuar ese vínculo. 56. El pago efectivo del auxilio se demostró con el cheque núm. 00871232 del 5 de marzo de 2018 emitido por Protección a favor del aquí demandante, por la suma de veintiún millones trescientos catorce mil cuatrocientos cincuenta pesos […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2021-00495-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00495-01 (3330-2025)
Demandante: Gustavo Díaz Díaz
Demandado: Departamento del Valle del Cauca, Secretaría de Educación

Tema: sanción moratoria por el pago tardío de cesantías definitivas. Leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006. Subtema 2: prescripción extintiva del derecho. Subtema 3:
reiteración jurisprudencial. Subtema 4: transmisión del derecho a la sanción
moratoria.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 11 de septiembre de 2025, por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca1, mediante la cual declaró probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho respecto a la sanción moratoria por el pago tardío del auxilio de cesantías.

1. Síntesis del caso

El señor Gustavo Díaz Díaz promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de obtener la declaratoria
de nulidad del acto ficto o presunto configurado el 17 de julio de 2018, por medio
del cual la entidad demandada negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. Al decidir el asunto, el
Tribunal declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho, tras
concluir que, entre la causación de la referida sanción, derivada de la falta de

1 El magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera ha manifestado su impedimento por vínculo de amistad

con el magistrado ponente en la sentencia de primera instancia, el doctor Óscar A. Valero Nisimblat, el cual fue
declarado infundado por la Sala mediante auto del 18 de septiembre de 2024, dentro del expediente 76001-23-
33-000-2014-01033-01 (0264-2023).

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00495-01 (3330-2025)
Demandante: Gustavo Díaz Díaz
Demandado: Departamento del Valle del Cauca, Secretaría de Educación

consignación oportuna del de las cesantías definitivas, y la presentación de la
reclamación administrativa, transcurrió un término superior a tres (3) años.

La Subsección revocará la decisión adoptada en primera instancia, toda vez que del
estudio integral del expediente y del alcance normativo aplicable, se colige que no
resulta procedente el reconocimiento de la sanción moratoria reclamada.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. El señor Gustavo Díaz Díaz, mediante apoderada judicial, formuló demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento contra el
departamento del Valle del Cauca, de conformidad con las pretensiones, hechos y
fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan2.

2.1.1. Pretensiones

• Declarar la nulidad total del acto ficto presunto negativo configurado el 17 de
julio de 2018 mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago a la sanción por
mora correspondiente a un día de salario por cada día de retardo en el pago de las
cesantías definitivas.

• Como consecuencia de lo anterior, declarar que el actor tiene derecho a que
el departamento del Valle del Cauca le reconozca y pague la sanción moratoria
prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

• A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la entidad demandada el
pago de la sanción moratoria por el retardo en la consignación del valor reconocido
por cesantías definitivas, la cual se generó a partir de los sesenta y un (61) días
hábiles siguientes a la radicación de la petición, esto es, desde el 24 de mayo de
2013 hasta el 5 de marzo de 2018, suma que asciende a ciento once millones
noventa y nueve mil ciento cincuenta y cinco pesos $111.099.155.

• Condenar al departamento del Valle del Cauca al reconocimiento y pago de
los intereses moratorios, causados a partir del día siguiente a la fecha de la
ejecutoria de la sentencia y hasta cuando se realice el correspondiente pago.

• Ordenar a la entidad accionada al pago de las costas del proceso, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, así como el cumplimiento de la
sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

2Samai gestión en otras corporaciones visualizar expediente, cuaderno principal, 1EXPEDIENTEDIGITAL, pdf

demanda.
3 En adelante CPACA.

2

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00495-01 (3330-2025)
Demandante: Gustavo Díaz Díaz
Demandado: Departamento del Valle del Cauca, Secretaría de Educación

2.1.2. Hechos

2. La Sala resume los fundamentos expuestos en la demanda, de la siguiente
manera:

• El demandante refirió que la señora Leda Londoño López estuvo vinculada
al departamento del Valle del Cauca, Secretaría de Educación, a través de la
institución educativa Normal Superior María Inmaculada de Caicedonia, desde el 19
de enero de 1979 hasta el 6 de diciembre de 2010, fecha en la que falleció.

• El señor Gustavo Díaz Díaz, solicitó el 21 de febrero de 2013 en calidad de
compañero permanente de la señora Londoño López, ante del departamento del
Valle del Cauca, el reconocimiento y pago del auxilio de cesantías definitivo.

• Como respuesta a lo anterior, la entidad emitió la Resolución núm. 03188 del
19 de diciembre de 2017, a través de la cual se le reconoció y ordenó el pago de las
cesantías solicitadas.

• Adujo que el auxilio fue cancelado el 5 de marzo de 2018, mediante el cheque
núm. 008712, esto es, con posterioridad al vencimiento del término de los sesenta
y un (61) días hábiles que dispone la normativa aplicable, motivo por el cual, a su
juicio, se generó la sanción moratoria establecida en la ley.

• Agregó que el 17 de abril de 2018 presentó petición ante el departamento del
Valle del Cauca, con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retardo y a la fecha de la
presentación de la demanda4 no ha recibido respuesta alguna5, lo cual dio origen al
acto ficto o presunto cuya nulidad pretende.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante citó como vulneradas la Ley 91 de 1989; la Ley 244 de 1995;
y la Ley 1071 de 2006.

4. Manifestó que presentó solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías
definitivas el 21 de febrero de 2013, y que el término legal de sesenta y un (61) días
hábiles con que contaba la administración para efectuar el pago del auxilio venció
el 24 de mayo de ese mismo año. No obstante, el desembolso únicamente se
produjo el 5 de marzo de 2018, lo que generó, a su juicio, una mora equivalente a
1.721 días. En ese contexto, afirmó que el legislador, al regular los requisitos para
el reconocimiento y pago de las cesantías, tuvo como finalidad la protección de los
4 Que según el acta de reparto fue el 30 de abril de 2021.
5 Hecho séptimo de la demanda: «A la fecha la entidad no ha dado respuesta alguna al derecho de petición

radicado, configurándose de esta manera el acto ficto presunto negativo el día 17 de julio de 2018».

3

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00495-01 (3330-2025)
Demandante: Gustavo Díaz Díaz
Demandado: Departamento del Valle del Cauca, Secretaría de Educación

derechos de los trabajadores, al crear este auxilio como una contraprestación
destinada a garantizar un ahorro que permita al empleado mantener su subsistencia
al momento de su retiro del servicio.

5. Añadió que el pago oportuno de las cesantías constituye un derecho de
especial protección, que impone al empleador el deber de satisfacerlo dentro de los
plazos fijados por la ley. En consecuencia, la inobservancia de dichos términos
genera la obligación de reconocer y pagar la sanción moratoria prevista en las Leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006.

6. Finalmente, indicó que no se configuró el fenómeno de la prescripción,
puesto que el derecho prescribe dentro de los tres (3) años siguientes a su
causación y que dicho término se interrumpe con la solicitud de pago elevada por el
trabajador ante el empleador.

2.2. Contestación de la demanda

7. El departamento del Valle del Cauca6 a través de apoderada presentó
contestación de la demanda en los siguientes términos:

8. Solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda y, al pronunciarse
sobre el acápite de los hechos, indicó frente al séptimo lo siguiente:

NO ES CIERTO. No se ha configurado acto ficto por parte de la administración.
Existe respuesta a derecho de petición con fecha de mayo 23 de 2018 en donde se
le indica a la solicitante (apoderada del demandante) que no es posible acceder al
pago de la sanción moratoria. El oficio tiene No. 91.210.30.66.10.413370 y se aporta
como prueba con esta contestación.

9. Adicionalmente, efectuó un recuento de los hechos relevantes del asunto,
así:

1. El señor Gustavo Díaz Díaz en calidad de beneficiario de la señora Leda
Londoño López, radicó petición el 21 de febrero de 2013, en la que solicitó el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas.
2. Mediante Resolución No. 03188 del 19 de diciembre de 2017, se liquidó,
reconoció y autorizo el pago de las cesantías definitivas, al señor Gustavo Díaz Díaz,
por la suma de $ 21.314.450.
3. El pago efectivo de la cesantía se realizó el día 05 de marzo de 2018, por un
valor de $ 32.695.145.
4. El señor Gustavo Díaz Díaz, el 18 de abril de 2018, radicó derecho de
petición ante la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca, para
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, la cual no fue resuelta por la
entidad.

6 Samai gestión en otras corporaciones visualizar expediente, cuaderno principal, pdfs 10 y 11.

4

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00495-01 (3330-2025)
Demandante: Gustavo Díaz Díaz
Demandado: Departamento del Valle del Cauca, Secretaría de Educación

10. Aunado a ello, la entidad accionada concluyó que, al aplicarse el cómputo
previsto en la normativa para el reconocimiento y pago de la cesantía, es claro que
su representada tenía hasta el 7 de junio de 2013 (70 días) para el reconocimiento
y pago del auxilio, el cual se realizó el 5 de marzo de 2018.

11. No obstante, precisó que el demandante presentó la solicitud de
reconocimiento de la sanción moratoria el 17 de abril de 2018, es decir, cuando ya
habían transcurrido más de tres (3) años desde el momento en que dicha sanción
se hizo exigible, razón por la cual consideró que las pretensiones debían ser
desestimadas, al haberse configurado el fenómeno jurídico de la prescripción.

12. Formuló como excepciones: i) inexistencia de responsabilidad conforme a la
ley; ii) cobro de lo no debido; iii) prescripción;(iv) e innominada.

2.3. Sentencia de primera instancia

13. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 11 de
septiembre de 20257, en la que declaró la nulidad del Oficio 91.210.30.66.10413370
del 23 de mayo de 2018 expedido por el departamento del Valle del Cauca,
Secretaría de Educación, por medio del cual se negó al actor el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006;
declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho propuesta sobre
la sanción moratoria; y se abstuvo de condenar en costas.

14. El Tribunal, como argumentos centrales de la decisión, expuso que se logró
probar que el accionante presentó reclamación el 21 de febrero de 2013 para el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas de la señora Leda Londoño
López, en calidad de compañero permanente.

15. Que mediante Resolución núm. 03188 del 19 de diciembre de 2017, la
Secretaría de Educación del Valle del Cauca, reconoció y ordenó el pago del
mencionado auxilio al actor, por valor de $21.314.450; sin embargo, dicha suma fue
puesta a disposición del hoy demandante, el 5 de marzo de 2018, mediante el
cheque núm. 008712, expedido por el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección.

16. Agregó que el actor presentó petición ante la entidad accionada, el 17 de abril
de 2018, en la que requirió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista
en la Ley 1071 de 2006, por el no pago oportuno de la cesantía definitiva reconocida
al demandante, en calidad de beneficiario de la señora Leda Londoño López.
Igualmente, indicó que el demandante en el escrito de demanda afirmó que la
entidad demandada guardó silencio frente a dicha solicitud, circunstancia que, a su
criterio, originó la configuración del acto ficto o presunto objeto del presente asunto.

17. El Tribunal precisó que en el expediente administrativo allegado por el ente
territorial se logró corroborar que dicha entidad negó mediante Oficio

7Samai gestión en otras corporaciones visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 032Sentencia.

5

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00495-01 (3330-2025)
Demandante: Gustavo Díaz Díaz
Demandado: Departamento del Valle del Cauca, Secretaría de Educación

91.210.30.66.10 – 413370 del 23 de mayo de 20188 lo pretendido por el actor. En
este sentido, el juez de primera instancia consideró que con el fin de garantizar de
manera efectiva el derecho de acceso a la administración de justicia, que dicho
pronunciamiento debía tenerse como el acto administrativo demandado, en la
medida en que fue incorporado legalmente al proceso.

18. Luego de la revisión de las peticiones que radicó el demandante ante la
entidad territorial, el Tribunal concluyó que se configuró el fenómeno de la
prescripción extintiva del derecho reclamado. Lo anterior, por cuanto la sanción
moratoria comenzó a causarse a partir del 8 de junio de 2013, fecha en la cual
venció el término legal para el pago oportuno de las cesantías definitivas, y se
extendió hasta el 4 de marzo de 2018, dado que el pago efectivo del auxilio se
efectuó el 5 de marzo de 2013. Sin embargo, advirtió que el actor formuló la solicitud
de reconocimiento y pago de la sanción moratoria el 17 de abril de 2018, esto es,
cuando ya había transcurrido el término trienal previsto en el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En consecuencia, al momento de
presentar la reclamación administrativa, la totalidad del derecho se encontraba
prescrito, circunstancia que impedía su reconocimiento y hacía improcedente su
requerimiento.

2.4. Recurso de apelación

19. El demandante9 interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, al considerar que el Tribunal incurrió en error al aplicar
retrospectivamente criterios jurisprudenciales posteriores a la configuración de los
hechos y de la presentación de la reclamación administrativa.

20. Sostuvo que no es procedente lo expuesto por el juez de primera instancia al
indicar que el término de prescripción empezó a correr a partir del 8 de junio de
2013, dado que, a su juicio, para la época de los hechos y de la reclamación, se
consideraba que la exigibilidad plena de la sanción se materializaba cuando se
realizaba el pago extemporáneo del auxilio, por lo que es en ese momento en que
la obligación se vuelve cierta lo cual permite al acreedor reclamarla.

21. Agregó que el derecho no podría reclamarse antes del 5 de marzo de 2018,
pues solo con el pago efectivo de las cesantías se verificó la vulneración del derecho
y se consolidó el monto total de la sanción.

22. Refirió que la tesis del Tribunal basada en la jurisprudencia de unificación
SUJ-034-CE-S2-2023, estableció que el término prescriptivo inicia al día siguiente
del vencimiento del plazo legal para su pago. No obstante, indicó que dicha regla
no puede aplicarse de forma retroactiva, por lo que a su juicio la reclamación
realizada el 17 de abril de 2018 es válida para interrumpir la prescripción.

8 De la revisión del expediente no se observa notificación de este al demandante.
9Samai gestión en otras corporaciones visualizar expediente, cuaderno principal, pdf.035 Recursoapelacion.

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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00495-01 (3330-2025)
Demandante: Gustavo Díaz Díaz
Demandado: Departamento del Valle del Cauca, Secretaría de Educación

23. Insistió que la aplicación de un criterio jurisprudencial posterior y más
restrictivo para definir la exigibilidad y la prescripción del derecho constituye una
aplicación retroactiva de la ley. Indicó que de conformidad con jurisprudencia de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado respecto a los cambios
jurisprudenciales que deben aplicarse de manera prospectiva para la protección de
la seguridad jurídica y la confianza legitima de los ciudadanos, por lo que aplicar
una tesis del año 2023 para juzgar un hecho ocurrido en el 2018, el Tribunal impuso
una carga desproporcionada.

24. Adujo que la Corte Constitucional en sentencia SU-336 de 2017, precisó que
mantener posturas contrarias y cambiantes sobre un mismo asunto vulnera el
derecho a la igualdad.

25. Por último, agregó que el Tribunal tenía el deber constitucional y legal de
aplicar la interpretación más favorable al trabajador y a sus beneficiarios, en
observancia de los principios de favorabilidad y pro operario10. A su juicio, existía
una duda razonable acerca de si la prescripción debía contarse desde el
vencimiento del plazo legal o desde el pago efectivo, incertidumbre que, para la
época de los hechos, no había sido resuelta por la jurisprudencia unificada. No
obstante, el juez de primera instancia optó por acoger una tesis más restrictiva,
desarrollada con posterioridad, para declarar prescrito el derecho, con lo cual
desconoció mandatos constitucionales que informan todo el derecho laboral y de la
seguridad social.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

26. Mediante auto del 26 de enero de 202611, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de
primera instancia. En la misma providencia, dispuso la notificación personal del
Procurador Delegado ante esta Corporación, así como de las demás partes
procesales. Cumplidas las actuaciones de notificación ordenadas, el expediente
ingresó al despacho para efectos de dictar la correspondiente decisión de segunda
instancia.

27. Se advierte que, durante el trámite de esta instancia, ni el Ministerio Público
ni las partes procesales presentaron manifestaciones adicionales, razón por la cual
el proceso ingresó para proferir sentencia.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

28. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con
lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento

10 En caso de duda, a favor del trabajador.
11 Samai, índice 004.

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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00495-01 (3330-2025)
Demandante: Gustavo Díaz Díaz
Demandado: Departamento del Valle del Cauca, Secretaría de Educación

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Cuestión preliminar

29. Antes de formular el problema jurídico que corresponde resolver a la Sala en
esta oportunidad, resulta relevante hacer algunas precisiones en relación a la forma
en que el Tribunal abordó el análisis de la controversia.

30. Lo anterior dado que las pretensiones del actor se circunscribieron a obtener
la nulidad del acto ficto o presunto configurado por el silencio administrativo negativo
frente a la reclamación que presentó el 17 de abril de 2018 ante la entidad
demandada, mediante la cual solicitó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria derivada del retardo en el pago de sus cesantías definitivas.

31. Pretensión frente a la cual, la entidad accionada al contestar la demanda,
indicó su desacuerdo, al afirmar que lo expuesto frente al hecho séptimo de aquella,
no era cierto, por las siguientes razones:

Existe respuesta al derecho de petición con fecha de mayo 23 de 2018 en donde
(sic) se le indica a la solicitante (apoderada del demandante) que no es posible
acceder al pago de la sanción moratoria. El oficio tiene No. 91.210.30.66.10.413370
y se aporta como prueba con esta contestación.

32. Por su parte, el Tribunal, al proferir la sentencia, afirmó que el departamento
del Valle del Cauca allegó al proceso el expediente administrativo, dentro del cual
obra el Oficio núm. 91.210.30.66.10-413370 del 23 de mayo de 2018 en el que negó
lo solicitado por el actor. Así mismo, advirtió que, con el propósito de garantizar de
manera efectiva el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,
dicho acto expreso sería el que se tendría como demandado.

33. Al respecto, advierte la Sala que, en efecto, el oficio referido cuyo contenido
fue analizado por el Tribunal, le resolvió de forma negativa el pedimento al actor.
Pero, de lo que no existe prueba ni constancia alguna es de la notificación de dicha
decisión al interesado en los términos previstos en la normativa vigente. En efecto,
la entidad demandada se limitó a indicar en la contestación de la demanda que
existe acto expreso respecto a la sanción moratoria solicitada. No obstante, no
allegó soporte alguno que permita establecer que dicho oficio fue debidamente
notificado al interesado

34. Consecuente con lo anterior, resulta claro para la Sala que lo manifestado
por la entidad accionada no permite tener por demostrado que se hubiera surtido la
notificación del acto administrativo que dio respuesta negativa a la solicitud de
reconocimiento y pago de la sanción moratoria y que este haya sido conocido por
el aquí demandante, situación que refuerza el planteamiento expuesto por el actor

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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00495-01 (3330-2025)
Demandante: Gustavo Díaz Díaz
Demandado: Departamento del Valle del Cauca, Secretaría de Educación

en la demanda, en cuanto a la configuración del acto ficto o presunto derivado de la
ausencia de notificación de una decisión frente a su solicitud administrativa.

35. En tal sentido, y de conformidad con lo previsto en el artículo 83 del CPACA,
que dispone:
Silencio negativo. Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación
de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá
que esta es negativa.

36. Así las cosas, es claro que, aun cuando se hubiera expedido el Oficio núm.
91.210.30.66.10.413370, su falta de notificación y de conocimiento por parte del
interesado en los términos del artículo 67 del CPACA12, impide su oponibilidad y la
exigencia de haberlo demandado de manera oportuna.

37. En este contexto, es importante advertir que, si bien el acto expreso fue
emitido el 23 de mayo de 2018 y la demanda radicada el 30 de abril de 2021, la falta
de constancia de notificación no permite efectuar el análisis del cumplimiento del
presupuesto procesal de la caducidad y por tal razón, la Sala encuentra acertada la
decisión del Tribunal de integrar el acto administrativo expreso y proceder al estudio
de su legalidad.

38. Dicha decisión garantizó el derecho a la tutela judicial efectiva13, entendido
como el acceso a la administración de justicia para obtener una decisión de fondo
debidamente motivada, razonable, congruente y fundada en derecho.

3.3. Problema jurídico

39. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir:

40. ¿Procede el reconocimiento y pago de la sanción moratoria derivada de la
cancelación tardía de las cesantías, cuando estas fueron solicitadas en el marco de
la actuación administrativa iniciada por el compañero supérstite de la beneficiaria
fallecida?

3.4. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

12 Artículo 67. Notificación personal: Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se

notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente
autorizada por el interesado para notificarse.

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto
administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante
quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo.
[…]
13
Sentencia SU-335-2023: el derecho a la tutela judicial efectiva es parte estructural del derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia y, a su vez, tiene relación directa con los principios de buena fe,
confianza legítima y seguridad jurídica. El ejercicio del derecho de acción y de contradicción, la emisión de un
fallo que dirima el conflicto planteado y el efectivo cumplimiento de las decisiones judiciales amparadas por el
principio procesal de la cosa juzgada, son estandartes del acceso a la administración de justicia como pilar del
Estado social de derecho, de la justicia como valor superior y de la realización de los fines esenciales del Estado.

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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00495-01 (3330-2025)
Demandante: Gustavo Díaz Díaz
Demandado: Departamento del Valle del Cauca, Secretaría de Educación

3.4.1. La sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006

41. La Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan los términos para el pago
oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se
dictan otras disposiciones», prevé el procedimiento para la liquidación y pago de las
cesantías definitivas de todos los servidores públicos. En el parágrafo del artículo
2° se regula la sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad
pública obligada, consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el
pago efectivo de aquellas14.

42. Tal sanción se estableció con el propósito de «proteger el derecho de los
servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la
liquidación definitiva de sus cesantías», o el derecho que tienen a pedirlas de
manera parcial para educación o vivienda, buscando con ello que la administración
expida las resoluciones en forma oportuna y expedita para evitar corrupción,
favorecimientos indebidos y perjuicios a los trabajadores.

43. La referida norma fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio
de 2006, con el objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o
parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna
cancelación» (art.1). Igualmente, dispuso el término para la expedición de la
resolución que reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción moratoria en
los artículos 4 y 5, así:

ARTÍCULO 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al
recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

ARTÍCULO 5. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.

14 «PARÁGRAFO. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada

reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del
término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se
demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable de éste».

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PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de
los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este.

44. De acuerdo con lo expuesto, la entidad empleadora o aquella que tenga a su
cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación
de las cesantías definitivas o parciales, la respectiva resolución de reconocimiento.
En el evento en que la solicitud esté incompleta, deberá informársele al peticionario
para que la subsane. A su vez, tendrá como plazo máximo cuarenta y cinco (45)
días hábiles, a partir de la fecha en que cobre firmeza el acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías, para cancelarlas. En caso de mora, la entidad
obligada debe reconocer y pagar al beneficiario, un día de salario por cada día de
retardo hasta que se haga efectivo el pago de las cesantías

3.4.2. La sanción moratoria en el pago de las cesantías de los servidores
públicos

45. La Ley 244 de 199515 determinó que la indemnización por mora en el pago
de la cesantía de los servidores públicos constituye una sanción a cargo del
empleador y a favor del trabajador, ello con el fin de resarcir los perjuicios
ocasionados por el incumplimiento de la liquidación del auxilio de cesantía.

46. En consecuencia, la norma estableció los plazos para el reconocimiento y
pago oportuno de las cesantías de los servidores públicos y, en caso de
incumplimiento, dispuso como sanción a cargo de la administración y en favor del
trabajador el pago de un día de salario por cada día de retraso en el pago de dicha
prestación.

47. La Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 18 de julio de
201816, se pronunció sobre los diferentes escenarios en los que puede variar el
plazo para exigir la sanción moratoria derivada del pago tardío o la falta de pago de
las cesantías parciales y/o definitivas y desarrolló las siguientes reglas
jurisprudenciales:

3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las
cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción
moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento,

15 Por la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen

sanciones y se dictan otras disposiciones.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de julio de 2018, expediente: 73001-23-33-000-2014-

00580-01 (4961-2015)

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término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de
ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado
al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la
notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue
notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término
dispuesto en la ley17 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es,
5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que
compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento
por este medio. De igual modo, que cuando el peticionario renuncia a los términos de
notificación y de ejecutoria, el acto de reconocimiento adquiere firmeza a partir del día
que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán
en contra del empleador como computables para sanción moratoria.

195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se
interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que
lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía,
correrán pasados 15 días de interpuesto.

3.4.3. Prescripción de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías

48. En la sentencia de unificación CE-SUJ004 proferida por la Sección Segunda
de esta corporación, el 25 de agosto de 201618, se definió que la sanción por mora
en el pago tardío o no pago de las cesantías es una penalidad que no puede ser
considerada como un derecho imprescriptible, razón por la cual está sometida a la
prescripción trienal, indicó:

1.- Las cesantías anualizadas, son una prestación imprescriptible. Las cesantías
definitivas sí están sometidas al fenómeno de la prescripción.

2.- La sanción o indemnización moratoria sí está sometida al fenómeno de
prescripción trienal y la norma aplicable para ese efecto, es el artículo 151 del
Código de Procedimiento Laboral.

3.- La fecha a partir de la cual procede la reclamación de la indemnización por la
mora en la consignación de las cesantías anualizadas, es el momento mismo en
que se produce la mora, es decir, desde el 15 de febrero del año en que se debió
realizar el pago.

4.- La fecha hasta la cual corre la mora, producto del incumplimiento en la
consignación de las cesantías anualizadas, es aquella en que se produce la
desvinculación del servicio.

5.- El salario para tener en cuenta para liquidar la indemnización moratoria es el que
devenga el empleado en el momento en que se produce la mora, y cuando
concurren dos o más periodos de cesantías y una mora sucesiva, el salario a tener

17 Artículos 68 y 69 CPACA.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, radicación número: 08001 23

31 000 2011 00628-01 (0528-14).

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en cuenta para la liquidación cambia en el momento en que se genera un nuevo
periodo de mora, en los términos previamente descritos

49. El mismo criterio se mantuvo en la sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-
2023 dictada por la Sección Segunda el 2 de noviembre de 2023 19, en la que se
señaló que la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006
depende de que el derecho a las cesantías se haga exigible; además, la posibilidad
de reclamar efectivamente tal sanción existe mientras no haya vencido el término
de prescripción.

50. Al respecto, se explicó que:

69. […] la causación de la sanción moratoria de que tratan las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006, depende de que el derecho al auxilio de cesantía sea exigible,
entendiendo que este derecho pueda ser reclamado tanto en sede administrativa
como judicial, toda vez que si el interesado pierde la oportunidad de reclamar el
reconocimiento y pago de la prestación social por su inactividad, mal podría
comprenderse que continúa abierta la posibilidad de conminar el pago de la sanción
moratoria, puesto que esta penalidad nace a la vida jurídica con el único propósito de
garantizar el pago oportuno de la prestación, […]

71. Además de lo expuesto, el derecho a reclamar la sanción moratoria radica en que
no haya fenecido la posibilidad de exigir la ejecución o la declaración del
reconocimiento de esta penalidad, con lo cual se impone considerar que será un
deber del beneficiario el actuar proactivamente para que esta penalidad no se pierda.

72. En lo que tiene que ver con este aspecto, se enfatiza que el interesado disipa la
posibilidad de obtener el reconocimiento y pago de la sanción cuando reclama ante
la administración de forma extemporánea o acude tardíamente a la administración de
justicia, escenario que acarrea la ocurrencia del fenómeno de la prescripción extintiva,
[…].

51. Ahora bien, la sanción moratoria prescribe en su totalidad y no de forma
parcial, ya que, aunque su cálculo se acumule diariamente, se trata de una
obligación indivisible de ejecución y, por tanto, sujeta a un único término de
prescripción20.

52. En la misma providencia se indicó que, según el criterio pacífico de la
jurisprudencia de la Sección Segunda, el término de la prescripción extintiva para
efectos de la sanción moratoria es el previsto en el artículo 151 del Código Procesal
del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS), el cual dispone lo siguiente:

ARTICULO 151. PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes sociales
prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya
hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador},

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, radicación número: 08001-23-

33-000-2012-00200-02 (2459-2014).
20Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20

de marzo de 2010, radicado núm. 05001-23-33-000-2018-02426-01 (1118-2024).

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sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la
prescripción, pero sólo por un lapso igual.

53. Lo anterior, comoquiera que la prescripción establecida en los Decretos 3135
de 196821 y 1848 de 196922, solo se refiere a los derechos de que tratan esas
normas, entre los que no figura la sanción moratoria, en tanto para el momento en
el que fueron dictadas tal penalidad no se había instituido.

39. De conformidad con las normativas citadas, se establece que, una vez nace
el derecho, su titular dispone de un término de tres años para formular la
reclamación ante la administración y, posteriormente, acudir a la vía judicial. La sola
presentación de la solicitud administrativa tiene el efecto de interrumpir dicho
termino prescriptivo, generándose un nuevo plazo de igual duración, que comienza
a contarse nuevamente a partir de esa actuación23.

3.4.4. De la naturaleza de la sanción moratoria y su trasmisión a la cónyuge
y/o compañero supérstite y a los herederos del beneficiario principal fallecido

40. Respecto a la naturaleza de la sanción moratoria y a la posibilidad de que su
derecho a percibirla se trasmita a los beneficiarios del servidor fallecido, la Sección
Segunda se ha pronunciado en diferentes pronunciamientos que se relacionan a
continuación.

41. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia
del 23 de octubre de 202424 al resolver la pretensión de un beneficiario de un
docente fallecido que solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas
y luego, ante la demora en recibir el valor del auxilio, pidió la sanción moratoria,
concluyó lo que sigue:

La sanción moratoria no es, bajo ningún punto de vista, una especie de prestación
social, pues no busca resguardar al trabajador de las eventualidades a los que
puede verse sometido durante una relación laboral, sino que se erige como una
penalidad económica contra el Estado por su retardo en el pago del auxilio y en favor
del servidor por los perjuicios derivados del retardo en dicho pago.

En este sentido, es claro que la causación de la aludida sanción surge con el
cumplimiento del tiempo establecido por el legislador para el pago de las cesantías
sin que ello haya sucedido y su finalidad es asegurar al empleado frente a la omisión
de la administración; derecho que fenece, entre otros, con su fallecimiento, cuando

21 Artículo 41. Las sanciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres

años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del
empleado o trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
22 Artículo 102. Prescripción de acciones.

1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto,
prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre

de 2021, exp. núm. 27001-23-33-000-2013-00282-01 (2937-2015).
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

23 de octubre de 2024, exp. 13-001-23-33-000-2021-00526-01 (4334-2024).

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no fue reclamado en vida […], como ocurrió en el bajo examen, donde el docente
titular falleció el 16 de enero de 2015, la petición para el reconocimiento de la
prestación tuvo lugar el 30 de junio de ese año, el acto administrativo se expidió el
25 de septiembre de 2017 y, la solicitud para obtener la sanción moratoria tuvo lugar
el 20 de octubre de esa anualidad.

Contrario sensu, el derecho al reconocimiento y pago del auxilio de cesantías no se
extingue con la muerte de su titular, puesto que la ley ha permitido que el mismo se
transmita a sus herederos, así como los demás derechos laborales; grupo del cual
no hace parte la sanción moratoria.

42. La tesis anterior la sustentó la Subsección en la diferenciación entre la
finalidad de las cesantías definitivas y la de la sanción moratoria, porque mientras
que las primeras buscan «proporcionarle al empleado o trabajador y a los
integrantes de su núcleo familiar, un respaldo económico que les permita atender
sus necesidades, mientras aquél permanece cesante como consecuencia de la
terminación de la relación laboral», la segunda es una «penalidad al empleador que
incumple dicha obligación». Además, se amparó en el contenido de la sentencia de
unificación CE-SUJ2 004 dictada por el Consejo de Estado el 25 de agosto de 2016
que, en punto a la sanción moratoria, precisó lo que sigue:
[…] dicha penalidad […] no es accesoria a la prestación social – cesantías-, pues la
finalidad del legislador para incorporarla al ordenamiento jurídico es sancionar al
empleador por el retardo en el cumplimiento de un deber legal, más no constituye
una carga laboral o retribución por los servicios prestados.

De este modo, la jurisprudencia del Consejo de Estado igualmente ha caracterizado
la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías como una multa a
favor del trabajador y en contra del empleador estatuida con el objeto de reparar los
daños causados al primero por el incumplimiento en el plazo para el pago […].

Visto lo anterior, es preciso concluir que la sanción moratoria no es un derecho cierto
e indiscutible, ya que tiene como propósito procurar que el empleador reconozca y
pague de manera oportuna la cesantía, por lo que, si bien representa una suma de
dinero considerable, sucesiva mientras no se produzca su pago; ella ni lo compensa
ni lo indemniza por la ocurrencia de la mora del empleador en cumplir con su
obligación de dar.

De allí que no pueda considerarse a la penalidad aludida como un derecho cierto o
una acreencia derivada de la relación laboral ocasionada en virtud de la prestación
del servicio o de las eventualidades que el empleador ampare en virtud de lo que
ordena la ley; a contrario sensu de la prestación social - cesantías definitivas, que
fue establecida para enfrentar las contingencias desde el punto de vista económico
del núcleo familiar del empleado mientras este se encuentre cesante, y ha sido
definida desde la jurisprudencia, como uno de los componentes de la protección
constitucional establecida a favor de los trabajadores, como manifestación del
derecho a la seguridad social y asimismo, como una garantía irrenunciable de todo
trabajador.

43. Con fundamento en estas razones, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado concluyó que la sanción moratoria no hacía parte del derecho
laboral sino del sancionatorio, motivo por el cual no tenía el carácter de derecho

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cierto e indiscutible. Igualmente resaltó que esta no constituía una carga laboral
adicional.

44. Aunado a lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda de la
corporación ya se había pronunciado en ese sentido en la sentencia del 15 de
agosto de 201325 que se dictó en el marco de un proceso iniciado por los herederos
de una docente que laboró desde 1992 a 2002, y a quien en vida se le reconocieron
sus prestaciones sociales y pidió la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de
1995, pero al momento del fallecimiento no se le habían pagado. En este contexto,
se propuso resolver si los demandantes tenían derecho a la reliquidación de las
cesantías de la causante, así como al pago de la sanción moratoria, y determinó lo
que se trascribe:
Lo anterior quiere decir, que como el acto por el cual se liquidó el auxilio de cesantías
definitivas de la actora quedó ejecutoriado el 26 de junio de 2002, a partir de esa
fecha la administración contaba con un plazo de 45 días hábiles, esto es, hasta el 2
de septiembre para proceder al pago del citado auxilio, pero como ello no ocurrió,
es claro que desde el 3 de esa fecha empezó a causarse la indemnización moratoria
bajo estudio.

No obstante, debe tenerse en cuenta que con ocasión del deceso de la señora María
Auxilio el 10 de septiembre de 2002 (folio 32 del plenario), dicha indemnización sólo
se produjo hasta ese momento, es decir, por un lapso de ocho (8) días y no hasta la
fecha en que el auxilio de cesantías le fue cancelado a los demandantes en su
calidad de beneficiarios de la misma, esto es, 15 de marzo de 2004 (folio 140 del
expediente).

Lo anterior, habida cuenta que si bien cuando el trabajador fallece el empleador no
pierde la obligación del pago de los salarios y prestaciones sociales adeudados, así
como de la sanción por mora en el pago del auxilio de las cesantías, respecto de
quienes acrediten tal condición, dichos conceptos sólo corren hasta la fecha de la
muerte del trabajador, habida cuenta que fue lo que éste causó en vida.

45. El consonancia con esto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-202326 dictada el 2 de noviembre de 2023,
cuyo objeto fue unificar los criterios de interpretación sobre la contabilización del
término de prescripción para reclamar la sanción moratoria derivada del pago tardío
de las cesantías definitivas, destacó como características de la sanción moratoria
las siguientes: se trata de «(i) una penalidad; (ii) no tiene carácter de derecho salarial
o prestacional; y (iii) no constituye una carga laboral o retribución por los servicios
prestados». En igual sentido, desarrolló lo que se expone a continuación frente a la
finalidad del pago oportuno de las cesantías definitivas:

Tal como se dijo en párrafos anteriores, el pago oportuno de las cesantías definitivas
tiene como finalidad proporcionarle al empleado o trabajador y a los integrantes de

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

15 de agosto de 2013, exp. 05001-23-31-000-2003-04383-01(2158-12).
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-

034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, exp. 080012333000201200200-02 (2459-2014).

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su núcleo familiar, un respaldo económico que les permita atender sus necesidades,
mientras aquél permanece cesante como consecuencia de la terminación de la
relación laboral. […]

El legislador, inspirado en el propósito de asegurar el pago oportuno de las cesantías
definitivas en un plazo razonable, promulgó las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006
estableciendo el término perentorio de 15 días hábiles siguientes a la presentación
de la solicitud de la liquidación de las cesantías definitivas, para expedir la resolución
correspondiente, y le impuso al empleador el deber de pagar la prestación en un
plazo máximo de 45 días hábiles, a partir de la firmeza del acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías del servidor público.

De la normativa puede inferirse que, en los casos en los que el empleador de forma
oficiosa no reconoce y paga las cesantías definitivas, el empleado debe formular
una solicitud en tal sentido, la cual resulta determinante para empezar a contabilizar
el término de los 45 días hábiles con los que cuenta el empleador para pagar las
cesantías.

46. Adicionalmente, en punto a la naturaleza de las cesantías y de la sanción
moratoria, la citada sentencia de unificación precisó lo que se transcribe en los
siguientes términos:

La institución de las cesantías fue introducida en el derecho laboral colombiano por
la Ley 10 de 1934, como una prerrogativa para todos los trabajadores del sector
privado que fueren despedidos por razones no atribuibles a la mala conducta o al
incumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo y tenía la connotación de
un castigo al empleador, que sin justa causa decidiere prescindir de sus servicios.
La Ley 6a de 1945 y el Decreto 2767 de la misma anualidad hicieron extensiva esa
prestación, con idéntica finalidad, a los empleados y obreros nacionales de carácter
permanente y a los empleados y obreros al servicio de departamentos, intendencias,
comisarías o municipios, respectivamente.

La Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947, por su parte, suprimieron ese carácter
sancionatorio y a la vez indemnizatorio de las cesantías, permitiendo su pago
independientemente de la razón que hubiere dado lugar al retiro de los asalariados
de carácter permanente al servicio de la Nación, en cualquiera de las ramas del
poder público. Bajo esa nueva concepción, las cesantías se convirtieron en
prestación social, posteriormente incorporada en el Código Sustantivo del Trabajo,
cuya finalidad consiste en garantizar el cubrimiento de las necesidades básicas del
empleado y de su familia al quedar cesante. […]

La sanción moratoria se encuentra en íntima consonancia con el derecho de los
trabajadores al pago oportuno de su remuneración salarial y prestacional.
Precisamente la necesidad de garantizar el derecho al pago oportuno de las
prestaciones sociales de los servidores públicos propició en el ordenamiento jurídico
colombiano la promulgación de la Ley 244 de 1995, dado que la protección del pago
oportuno de las acreencias laborales no sólo se restringe al ámbito de la ejecución
de la relación laboral, sino que también se extiende a los actos posteriores a su
finalización, esto por cuanto una vez finalizada la relación laboral, se entiende que

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el individuo queda en una situación de vulnerabilidad, derivada de la carencia de
recursos económicos para garantizar su subsistencia futura.

47. En línea con esto, una sentencia de unificación proferida con anterioridad a
la que se viene comentando, concretamente el 18 de julio de 2018, por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado27, resaltó lo siguiente
frente al propósito de la sanción moratoria:

Visto lo anterior, es preciso concluir que la sanción moratoria por pago
extemporáneo de las cesantías, es una sanción o penalidad cuyo propósito es
procurar que el empleador reconozca y pague de manera oportuna la mencionada
prestación, más no mantener el poder adquisitivo de la suma de dinero que la
representa y con ella, la capacidad para adquirir bienes y servicios o lo que la ley
disponga como su propósito.

Desde la óptica del empleado, si bien la sanción moratoria representa una suma de
dinero considerable, sucesiva mientras no se produzca el pago de las cesantías; ella
ni lo compensa ni lo indemniza por la ocurrencia de la mora del empleador en cumplir
con su obligación de dar, puesto que su propósito es procurar el pago oportuno de
la prestación social, razón por la cual, no es posible hablar que estamos ante un
derecho o una acreencia derivada de la relación de trabajo o de las eventualidades
que el empleador ampare en virtud de lo que ordena la ley.

48. A partir del recuento realizado, es claro que la sanción moratoria no es un
derecho salarial ni prestacional sino una penalidad y su pago oportuno tiene por
finalidad proteger al trabajador y a su familia mientras aquel permanece cesante por
la terminación de su vínculo laboral. Lo anterior, permite sustentar que la sanción
moratoria deja de causarse al momento del fallecimiento del servidor público, en la
medida en que ahí culmina la condición de cesante y deja de requerirse un alivio
para suplir la contingencia del trabajador28.

49. Finalmente, resulta relevante destacar que, la tesis jurisprudencial que se
acaba de exponer se acompasa con el contenido del artículo 2.2.32.7 del Decreto
1083 de 2015, que derogó el artículo 58 del Decreto 1848 de 196929 y que establece
que los derechos laborales que se trasmiten son aquellos que tienen la naturaleza
de ciertos e indiscutibles, naturaleza de la que goza el auxilio de cesantía, pero no,
la sanción moratoria salvo que esta se hubiera causado en vida del causante.

50. Del contenido de esta normativa se advierte que se presenta la
transmisibilidad del auxilio de cesantías a los beneficiarios una vez fallece el
empleado oficial. Sin embargo, comoquiera que la sanción moratoria es una
penalidad no accesoria a las cesantías y tiene la naturaleza de multa y no de
27 Dentro del expediente identificado con el número 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15).
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de marzo de 2026, exp. núm. 41001-

23-33-000-2019-00469-01 (7913-2023).
29 ARTÍCULO 2.2.32.7 Transmisión de derechos laborales. Al fallecimiento del empleado oficial se transmite a

sus herederos el derecho al auxilio de cesantía correspondiente al de cujus, lo mismo que los demás derechos
laborales causados en favor de éste y que no se hubieren satisfecho antes de su muerte.

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Demandante: Gustavo Díaz Díaz
Demandado: Departamento del Valle del Cauca, Secretaría de Educación

derecho laboral cierto e indiscutible, no es posible concluir que, surge el derecho a
reclamarla en el propio trámite que adelanten los beneficiarios del servidor fallecido.
51. En este orden de ideas, los herederos pueden reclamar sanciones
moratorias, intereses e indemnizaciones tras la muerte del causante, es decir, estas
se trasmiten a estos últimos, pero solo si estas se derivan de obligaciones
incumplidas por un tercero antes del fallecimiento. Debe tratarse de obligaciones
anteriores, de suerte que solo es posible hablar de un escenario de transmisibilidad
hasta lo efectivamente causado.

52. Ahora bien, de conformidad con el marco normativo desarrollado en esta
providencia, en especial con lo dispuesto en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006,
se advierte que dichas normas establecen plazos específicos para el
reconocimiento y pago de las cesantías y prevén, ante su incumplimiento, la
imposición de una sanción moratoria. Esta consecuencia jurídica se circunscribe de
manera expresa al supuesto de mora en el pago del referido auxilio a los empleados.
Tal entendimiento se desprende del objeto mismo de la ley, orientado a reglamentar
el reconocimiento y pago oportuno de las cesantías en favor de los trabajadores y
servidores del Estado.

3.5. Hechos probados

53. La Sala, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente,
encuentra probados los siguientes hechos:

3.5.1. Respecto al reconocimiento de las cesantías definitivas

54. Mediante Resolución núm. 03188 del 19 de diciembre de 2017, expedida por
el secretario de educación departamental30 «Por la cual se reconoce y ordena el pago
de una CESANTÍA DEFINITIVA […]», así:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y pagar al señor GUSTAVO DÍAZ DÍAZ,
identificado con la cédula de ciudadanía número 6.209845, la suma de VEINTIÚN
MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
PESOS M/CTE ($21.314.450), por concepto de Cesantías Definitivas a que tenía
derecho la causante LEDA LONDOÑO LÓPEZ, quien en vida se identificó con
cédula de ciudadanía número 29.326.169 por el tiempo servido como Auxiliar
Administrativo de acuerdo a la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El valor de las Cesantías Definitivas correspondiente a la
señora LEDA LONDOÑO LÓPEZ, y que se le cancelaran al señor GUSTAVO DÍAZ
DÍAZ, será pagada y se realizará con los recursos de la constitución del Fondo de
Cesantías PROTECCIÓN S.A., la suma asciende a VEINTIÚN MILLONES

30 Samai gestión en otras corporaciones visualizar expediente, cuaderno principal, 1EXPEDIENTEDIGITAL, pdf.

Resolución núm. 03188.

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Demandante: Gustavo Díaz Díaz
Demandado: Departamento del Valle del Cauca, Secretaría de Educación

TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE
($21.314.450) […]

ARTÍCULO TERCERO: Autorizar a la Administradora de Pensiones y Cesantías
Protección S.A. (Recursos del Sistema General de Participación), pagar al señor
GUSTAVO DÍAZ DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.209.845,
VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA PESOS M/CTE ($21.314.450).

[…]31

55. En el trámite que se surtió para el reconocimiento del auxilio de cesantía a
favor del compañero de la señora Leda Londoño López, no existió controversia
alguna respecto a la acreditación de la calidad en la que actúo el hoy demandante.
En efecto, desde el fallecimiento de la servidora, la administración tuvo por
demostrada dicha calidad, sin que formulara reparo, objeción o requerimiento
adicional encaminado a controvertir o desvirtuar ese vínculo.

56. El pago efectivo del auxilio se demostró con el cheque núm. 00871232 del 5
de marzo de 2018 emitido por Protección a favor del aquí demandante, por la suma
de veintiún millones trescientos catorce mil cuatrocientos cincuenta pesos
$21.314.450.

3.5.2. Reclamación administrativa de la sanción moratoria

57. El demandante radicó, a través de apoderado, petición el 17 de abril de
201833, ante el departamento del Valle del Cauca, en los siguientes términos:

PRIMERA: Reconocer y ordenar el pago a mi representado, equivalente a un día de
salario por cada día de retardo en el pago de sus cesantías parciales, contados
desde los 65 días hábiles después de haber radicado la solicitud de cesantías
parciales ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el pago de estas, es decir,
desde el 21 de febrero de 2013 hasta el 5 de marzo de 2018.
[…]34

58. La entidad demandada, a través de Oficio 91.210.30.66.10-413370 del 23 de
mayo de 201835, dio respuesta negativa a la solicitud referida con anterioridad, en
los siguientes términos:

[…]
La Administración Departamental considera que no hay lugar al reconocimiento y
pago de la sanción moratoria, toda vez que no existió mala fe del empleador, prueba

31 Se trascribe con errores de texto.
32 Samai gestión en otras corporaciones visualizar expediente, cuaderno principal, 1EXPEDIENTEDIGITAL, pdf.

Cheque.
33 Samai gestión en otras corporaciones visualizar expediente, cuaderno principal, 1EXPEDIENTEDIGITAL, pdf.

Derecho de petición.
34 Se trascribe con errores de texto.
35 Samai gestión en otras corporaciones visualizar expediente, cuaderno principal, pdf
11_CONTESTACIONDEMANDA.

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Demandado: Departamento del Valle del Cauca, Secretaría de Educación

de ello es precisamente que el Departamento del Valle del Cauca, se acogió a la
Ley 550 de 1999 y en la actualidad está cancelando las obligaciones que fueron
reportadas en el acuerdo de reestructuración de pasivos, así mismo la imposición
de la sanción debe estar condicionada al examen o apreciación de los elementos
subjetivos relativos a la buena o mala fe que guiaron la conducta del empleador,
apreciación que solo puede ser valorada por la autoridad judicial correspondiente.

Por lo anterior, considera esta Secretaría que NO PROCEDE, ninguna sanción al
pago de cesantías, toda vez que el reconocimiento y orden de pago se efectúo
dentro de las condiciones y se encuentra ajustada a las directrices y parámetros de
las normas vigentes.
[…]36

3.6. Caso concreto. Análisis de la Sala

59. De la valoración integral del acervo probatorio se tiene plenamente
demostrado que al señor Gustavo Díaz Díaz, en su condición de compañero
permanente de la señora Leda Londoño López37, la administración le reconoció las
cesantías definitivas mediante la Resolución núm. 03188 del 19 de diciembre de
2017. Igualmente, está acreditado que dicha prestación fue efectivamente
cancelada el 5 de marzo de 2018, tal como se verifica con la copia del cheque núm.
008712 incorporada al expediente.

60. Ahora bien, la Sala advierte que el demandante presentó solicitud de
reconocimiento y pago de cesantías definitivas el 21 de febrero de 2013 ante el
departamento del Valle del Cauca, y de conformidad con el marco normativo
aplicable, dicha entidad contaba con un plazo de 15 días hábiles para expedir el
acto administrativo correspondiente, plazo que vencía, el 14 de marzo de 2013.

61. No obstante, se verificó que la Resolución núm. 03188, mediante la cual la
entidad demandada dispuso el reconocimiento de las cesantías definitivas a favor
del actor, fue expedida solo hasta el 19 de diciembre de 2017, circunstancia que
demuestra que se superó el término legal establecido para la emisión del acto
administrativo.

62. También se comprobó que el demandante presentó el 17 de abril de 201838
solicitud a fin de obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el
pago extemporáneo de las cesantías definitivas39.

63. En consonancia con lo anterior, es claro que el reconocimiento de las
cesantías definitivas correspondientes a la señora Leda Londoño López, tuvo lugar

36 Se trascribe con errores de texto.

37 Consta en el expediente que la entidad no controvirtió este hecho, el cual se tuvo como demostrado para
efectos del reconocimiento correspondiente.
38 Samai gestión en otras corporaciones visualizar expediente, cuaderno principal, 1EXPEDIENTEDIGITAL, pdf.

Derecho de petición.
39 «[…] equivalente a un día de salario por cada día de retardo en el pago de sus cesantías parciales, contados

desde los 65 días hábiles después de haber radicado la solicitud de cesantías parciales ante la entidad y hasta
cuando se hizo efectivo el pago de estas, es decir, desde el 21 de febrero de 2013 hasta el 5 de marzo de 2018»

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con posterioridad a su fallecimiento, de manera que no existió una reclamación en
vida de la sanción moratoria cuya declaratoria pretende el demandante en su
condición de compañero supérstite. Pese a ello, el juez de primera instancia
concluyó que el actor tenía derecho a la indemnización reclamada y, de forma
simultánea, declaró la prescripción extintiva del derecho.

64. Tal circunstancia no puede ser pasada por alto por la Sala, toda vez que,
aunque el Tribunal reconoció al actor como beneficiario de la sanción moratoria, del
análisis expuesto se desprende que dicho reconocimiento no resulta jurídicamente
procedente. Ello, aun cuando la actuación administrativa y el estudio del caso
partieron del supuesto de que el demandante solicitó, no solo las cesantías
definitivas en su calidad de beneficiario de la causante, sino también la sanción
moratoria derivada del pago extemporáneo del auxilio.

65. En este orden de ideas, se concluye que, como la penalidad que el
demandante reclama en esta sede judicial no se causó en vida de la señora Leda
Londoño López, no es posible anular el acto demandado. Como ya se dijo y se
insiste, la mora en el pago de las cesantías únicamente puede ser reclamada por el
beneficiario directo o por sus herederos cuando esta se haya causado en vida del
causante y no en el propio trámite que adelante el cónyuge/o compañero supérstite,
como ocurre en el presente evento, pues, no es posible que después de la muerte
se abra la posibilidad de que estos últimos reclamen su propia sanción moratoria.

66. En consecuencia, comoquiera que la sanción moratoria constituye una
penalidad que no tiene naturaleza accesoria respecto de las cesantías y se
configura como una multa, mas no como un derecho laboral cierto e indiscutible, el
hecho de que, tras el fallecimiento de la señora Leda Londoño López, surgiera para
su beneficiario el derecho a reclamar las cesantías definitivas no constituye
fundamento suficiente para que, dentro de dicho trámite, se origine a su favor el
derecho al reconocimiento de la mencionada sanción.

67. Por consiguiente, al acreditarse que el demandante no tiene derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria reclamada, resulta innecesario continuar
con el examen de los argumentos expuestos en el recurso de alzada, en tanto estos
se estructuraron sobre la declaratoria de la prescripción extintiva del derecho. En
ese sentido, se revocará la sentencia de primera instancia frente a lo cual advierte
la Sala que no resulta afectado el principio de la no reformaio in pejus40 dado que,
no se está haciendo más gravosa la situación del apelante único.

68. Bajo lo planteado en precedencia, la respuesta al problema jurídico
propuesto resulta negativa y por tal tazón, aunque por razones diferentes a las
consignadas en el acto administrativo demandado, no procede declarar su nulidad.

40Quien interpone un recurso no puede ser colocado en una posición mas desfavorable que la que tendría en
caso de no haberlo interpuesto.

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3.7. Conclusión de la decisión

69. La Sala, a partir del examen integral del expediente y del alcance normativo
aplicable al asunto, concluye que no resulta procedente el reconocimiento de la
sanción moratoria reclamada, en la medida en que dicha figura no ostenta carácter
accesorio respecto de las cesantías y su naturaleza jurídica corresponde a la de
una penalidad o multa, mas no a la de un derecho laboral cierto, indiscutible y
transmisible. En ese contexto, el hecho de que el fallecimiento de la señora Leda
Londoño López haya generado para su beneficiario la posibilidad de reclamar las
cesantías definitivas, como en efecto ocurrió, no constituye fundamento suficiente
para que, dentro de ese mismo trámite, se origine a su favor el derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria, toda vez que esta no se causó en vida de
la servidora.

70. Bajo tal entendimiento, la sanción moratoria solo puede reclamarse cuando
se configuren, de manera concurrente, los presupuestos legales de causación
durante la vigencia de la relación jurídica con el titular del derecho, sin que sea
viable extender sus efectos más allá de dicho marco, ni predicar su transmisión con
posterioridad al fallecimiento del causante. Esta consideración torna innecesario el
estudio del fenómeno de la prescripción extintiva abordado en la sentencia de
primera instancia, por cuanto la inexistencia misma del derecho reclamado excluye
cualquier análisis temporal sobre su ejercicio.

71. En consecuencia, se revocará la providencia proferida el 11 de septiembre
de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se
declaró la nulidad del acto demandado y probada la excepción de prescripción
extintiva del derecho y en su lugar se negarán las pretensiones de la demanda.

3.8. Costas

72. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 41 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para

41La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.

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decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

73. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Revocar la sentencia del 11 de septiembre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se declaró la nulidad
del acto administrativo demandado y la prescripción extintiva del derecho, por las
razones previamente expuestas.

Segundo: Negar la totalidad de las pretensiones de la demanda instaurada por
Gustavo Díaz Díaz contra el Departamento del Valle, Secretaría de Educación, por
lo consignado en la parte motiva de esta providencia.

Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Salvamento de voto

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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