República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2019-00469-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2019-00469-01 (7913-2023)
Demandantes: Libardo Triviño Chaves, Úrsula Margoth Triviño Ramírez y
Hader Ignacio Triviño Ramírez
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag
Tema: sanción moratoria por el pago tardío de cesantías definitivas. Subtema 1:
aplicación de las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 a los herederos de la docente
fallecida. Subtema 2: trasmisión de la sanción moratoria, prescripción del período
de mora y congruencia.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 12 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala
Sexta de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
1. Los señores Libardo Triviño Chaves, Úrsula Margoth Triviño Ramírez y
Hader Ignacio Triviño Ramírez, en su condición de herederos de la docente fallecida
Myriam Josefa Ramírez Puche, solicitaron la nulidad del acto administrativo ficto
derivado de la falta de respuesta a la petición radicada el 21 de diciembre de 2018.
2. En dicha solicitud pidieron el reconocimiento de la sanción moratoria causada
por la tardanza en el pago de las cesantías definitivas, las cuales les fueron
reconocidas mediante la Resolución núm. 6733 del 21 de agosto de 2018, por el
período comprendido entre el 28 de abril de 2017 y el 26 de septiembre de 2018,
con base en el último salario devengado por la causante en el año 2013.
Radicación: 41001-23-33-000-2019-00469-01 (7913- 2023)
Demandantes: Libardo Triviño Chaves, Úrsula Margoth
Triviño Ramírez y Hader Ignacio Triviño Ramírez
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag
3. A título de restablecimiento del derecho, pretendieron el pago de la
indemnización moratoria desde la fecha en que se cumplió el término de 70 días
hábiles contados a partir de la interposición de su solicitud, 16 de enero de 2017, y
hasta cuando se canceló la cesantía.
4. En primera instancia, el Tribunal negó las pretensiones al considerar que la
sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995 es inaplicable al trámite de
reconocimiento de las cesantías de los beneficiarios. Además, declaró la
prescripción de la sanción moratoria causada a partir del vencimiento del plazo de
70 días contados a partir de la fecha de retiro de la causante.
5. Inconformes con esta decisión los demandantes apelaron para reparar en
que la normativa y la jurisprudencia aplicable no excluyeron a los beneficiarios del
docente fallecido del derecho a percibir la sanción moratoria, de suerte que esta se
les trasmitía al igual que ocurría con los restantes derechos laborales que no se
hubieren satisfecho al momento de la muerte.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
6. Los señores Libardo Triviño Chaves, Úrsula Margoth Triviño Ramírez y Hader
Ignacio Triviño Ramírez, por conducto de apoderado y a través de escrito del 4 de
octubre de 20191, presentaron demanda2 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fomag, de conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de
derecho que a continuación se sintetizan.
2.1.1. Pretensiones
7. La parte actora solicitó que se declare la nulidad del acto ficto negativo
derivado de la falta de respuesta a la solicitud presentada el 21 de diciembre de
2018 ante el Fomag de la Secretaría de Educación del Huila, en la que reclamaron,
en calidad de cónyuge e hijos de la señora Myriam Josefa Ramírez Puche, el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la mora en el pago de las
cesantías en calidad de beneficiarios.
8. Adicionalmente, que se declare que tienen derecho a que la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fomag les reconozca, liquide y pague el valor
correspondiente a la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías ya
reconocidas en su condición de beneficiarios de la señora Myriam Josefa Ramírez
Puche, a través de la Resolución núm. 6733 del 21 de agosto de 2018, por el período
1 C. Principal, folio 37.
2 C. Principal, folios 1 a 14.
2
Radicación: 41001-23-33-000-2019-00469-01 (7913- 2023)
Demandantes: Libardo Triviño Chaves, Úrsula Margoth
Triviño Ramírez y Hader Ignacio Triviño Ramírez
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag
comprendido del 28 de abril de 2017 al 26 de septiembre de 2018, cuando se hizo
efectivo el pago de estas, de conformidad con la Ley 244 de 1995, adicionada y
modificada por la Ley 1071 de 2006.
9. A título de restablecimiento del derecho, pidió ordenar a la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fomag a pagar la indemnización moratoria equivalente a
un día de salario por cada día de retardo hasta cuando se hizo efectivo el pago de
las cesantías, esto es, desde el 28 de abril de 2017, fecha en la cual se cumplió el
término de 70 días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, hasta el
26 de septiembre de 2018, con el equivalente al salario percibido por la docente en
el año 2013.
10. Solicitó que se condenara a la demandada al pago de los intereses
moratorios causados después de la ejecutoria del fallo en los términos de los
artículos 192 y 195, numeral 4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA) y reclamó el cumplimiento del fallo según el
artículo 192 ibidem.
11. Finalmente, requirió la condena en costas a favor de la entidad demandada
en los términos del artículo 188 de la citada codificación.
2.1.2. Hechos
12. La Sala resume los supuestos fácticos de la demanda así:
13. La señora Myriam Josefa Ramírez Puche laboró como docente en la
Secretaría de Educación del departamento del Huila hasta el 10 de julio de 2013.
14. Los señores Libardo Triviño Chaves, Úrsula Margoth Triviño Ramírez y Hader
Ignacio Triviño Ramírez, con ocasión del fallecimiento de Myriam Josefa Ramírez
Puche, le solicitaron al Fomag, el 16 de enero de 2017, el reconocimiento y pago de
sus cesantías definitivas.
15. Mediante la Resolución 6733 del 21 de agosto de 2018, el Fomag reconoció
las cesantías definitivas por la suma de $62.053.812 pesos. Esta resolución se les
notificó el 27 de agosto de 2018.
16. El plazo de 70 días hábiles previsto para pagar sus cesantías definitivas
venció el 27 de abril de 2017, por lo que a partir del 28 de abril de ese año se causó
una sanción moratoria hasta el 26 de septiembre de 2018, día anterior a aquel en
que se materializó el pago.
17. El 27 de septiembre de 2018 la demandada les pagó las cesantías definitivas.
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Radicación: 41001-23-33-000-2019-00469-01 (7913- 2023)
Demandantes: Libardo Triviño Chaves, Úrsula Margoth
Triviño Ramírez y Hader Ignacio Triviño Ramírez
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag
18. Son beneficiarios de las cesantías definitivas como consecuencia del
fallecimiento de la señora Myriam Josefa Ramírez Puche y, por tanto, tienen
derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria consistente en un día de
salario por cada día de retardo, por un total de 517 días de mora.
19. El 21 de diciembre de 2018 radicaron solicitud de reconocimiento y pago de
la sanción moratoria.
20. El Fomag no ha dado respuesta a su solicitud; configurándose el silencio
administrativo ficto; acto cuya nulidad se pretende con la demanda.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
• Constitución Política. Preámbulo y artículos 1, 2, 6, 25 y 53.
• Ley 244 de 1995
• Ley 1071 de 2006
• Ley 91 de 1989. Artículo 15
• Precedentes jurisprudenciales
21. La parte demandante puso de presente que el acto demandado desconoció
las normas constitucionales y de menor jerarquía en el ordenamiento jurídico.
Explicó el concepto de violación a partir de los siguientes argumentos:
22. Afirmó que su dignidad humana está siendo vulnerada, así como, en general,
sus derechos, porque la entidad demandada omite el pago de sus cesantías sin
justificación, en contravía de los términos establecidos en la Ley 244 de 1995, que
no solo fue adicionada por la Ley 1071 de 2006, sino que ha sido objeto de
interpretación mediante varios precedentes jurisprudenciales.
23. En este orden, el término de 70 días hábiles con el que cuenta la
administración para pagar sus cesantías empieza a correr a partir de la fecha en
que el interesado radica la solicitud, siempre que esta reúna los requisitos previstos
para su reconocimiento. Por tanto, debe darse aplicación a lo dispuesto en el
artículo 90 de la Constitución Política que garantiza plenamente el ejercicio de sus
derechos.
24. Así pues, la parte demandante invocó como causal de nulidad la violación de
la ley comoquiera que el acto infringió las disposiciones legales y constitucionales
al exceder los términos previstos en la normativa. Además, citó las reglas jurídicas
desarrolladas por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-
012-2018 del 18 de julio de 2018, para concluir que tiene derecho al pago de la
sanción moratoria desde la fecha en que se cumplió el término de 70 días, contados
desde la presentación de su solicitud, y hasta cuando se efectúe el pago de las
cesantías.
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2.2. Contestación de la demanda
25. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag guardó silencio en esta
etapa procesal3.
2.3. Sentencia anticipada de primera instancia
26. El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión profirió sentencia
anticipada4 el 12 de septiembre de 2023 en la que negó las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida. La providencia se
fundó en las siguientes consideraciones:
27. En el expediente se logró acreditar que la señora Myriam Josefa Ramírez
Puche fue docente vinculada al departamento del Huila y prestó sus servicios en la
institución educativa Sede Montoya Gaviria, del 7 de febrero de 1977 al 10 de julio
de 2013. Se retiró del servicio el 10 de julio de 2013, de conformidad con el Decreto
1178 del 12 de julio de 2013, lo que dio lugar a que le solicitara al Fomag el pago
de sus cesantías definitivas.
28. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag le reconoció las
cesantías definitivas mediante la Resolución 0755 del 26 de febrero de 2016, sin
embargo, esta falleció el 2 de junio siguiente, sin que se hubiera realizado el pago.
29. Como consecuencia de esta situación, los señores Libardo Triviño Chaves,
Úrsula Margoth Triviño Ramírez y Hader Ignacio Triviño Ramírez, en sus calidades
de cónyuge e hijos de la causante, solicitaron el reconocimiento de las cesantías
definitivas, prestación que les fue concedida a través de la Resolución núm. 6733
del 21 de agosto de 2018. Adicionalmente, estas cesantías se les pagaron el 26 de
septiembre de 2018.
30. Los herederos de la docente iniciaron el trámite para acceder a la masa
sucesoral, la cual les fue adjudicada mediante la escritura pública núm. 3.834 del
30 de noviembre de 2016 proferida por la Notaría Tercera de Neiva.
31. Así pues, el Tribunal consideró que en el presente caso eran inaplicables los
términos previstos en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 dado que la obligación
del Fomag de reconocer y pagar las cesantías definitivas de los docentes dependía
de la naturaleza de estas, derivada de la relación personal con el servicio.
3 Samai, C. Principal, folio 58.
4 El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión, profirió auto el 29 de
octubre de 2020 en el que dio aplicación del artículo 13 del Decreto 806 de 2020, al considerar que la
demandada no descorrió el traslado de la demanda y que no se había realizado audiencia inicial; tuvo como
pruebas los documentos aportados con la demanda; declaró cerrada la etapa probatoria y corrió traslado a las
partes para que presentaran sus alegatos de conclusión por escrito. Vencido esto, el expediente ingresaría al
despacho para dictar sentencia por escrito. Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2,
EXPDIG, Cuaderno principal, 011_SALIDASENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA.
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32. En este contexto, como la titular del derecho falleció el 2 de junio de 2016, se
extinguió para el empleador la obligación de reconocer la sanción moratoria desde
ese momento, en la medida en que se trata de una penalidad económica reconocida
a favor del servidor público.
33. Así pues, la sanción moratoria no se trasmite a sus herederos sino hasta
tanto esta se haya causado, porque no tiene la naturaleza de derecho cierto e
indiscutible. En particular, así lo consignó la decisión:
Según lo anterior, al ser una sanción para el empleador a favor de sus trabajadores,
es claro que no se transmite a sus herederos sino en cuanto se haya causado, pues
no es un derecho cierto e indiscutible y sus efectos no se generan de manera
automática, por lo tanto, no es aplicable cuando la entidad incurre en mora en el
trámite para el reconocimiento y pago de cesantías a favor de los herederos, ya que
en esa actuación no se está frente al reconocimiento de cesantías al empleado
público sino en el reconocimiento de una prestación económica a favor de los
beneficiaros del causante.
34. Con todo, precisó que existía un período de sanción moratoria que podía ser
objeto de reconocimiento, de no ser porque se configuraba la prescripción extintiva.
Puntualmente, ya que la señora Myriam Josefa Ramírez Puche se retiró del servicio
el 10 de julio de 2013, lo que hizo que a partir del día siguiente surgiera el derecho
a las cesantías definitivas. De manera que, desde esta fecha, la entidad contaba
con 70 días para reconocer y pagar esta prestación, término que expiró el 21 de
octubre de 2013, sin que la demandada hubiera reconocido valor alguno.
35. En este orden, era deber del Fomag reconocer la sanción moratoria que se
generó desde el 22 de octubre de 2013 al 2 de junio de 2016, que se trasmitió a
sus herederos y podía ser objeto de inclusión en la universalidad de bienes que
integraban el patrimonio de la causante.
36. Así las cosas, la exigibilidad de la sanción moratoria inició a partir de que
venció el plazo con el que contaba la demandada para reconocer y pagar las
cesantías definitivas de la señora Myriam Josefa Ramírez Puche, esto es, el 21 de
octubre de 2013. Por tanto, aplicado el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo
y la Seguridad Social (CPTSS), la docente contaba con tres (3) años para reclamar
la sanción moratoria, el cual finalizó el 21 de octubre de 2016. No obstante, como
murió, este derecho pasó a integrar su masa de bienes el 2 de junio de 2016.
37. Bajo este entendido, el derecho para los demandantes a reclamar la sanción
moratoria surgió a partir del 3 de junio de 2016, en su condición de herederos, razón
por la que debieron presentar la demanda dentro de los 3 años siguientes a esta
fecha. Pero como esto no ocurrió, la sanción moratoria se encuentra prescrita.
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2.4. Recurso de apelación
38. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, para que se
revoque, y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente:
39. La Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, no excluyó a los
beneficiarios de las cesantías definitivas del servidor público fallecido del derecho a
reclamar la sanción moratoria, cuando se incurre en un pago extemporáneo a favor
de estos beneficiarios.
40. Al efecto, citó el contenido del parágrafo de la Ley 244 de 1995, de la Ley
1071 de 2006 y lo previsto en la sentencia de unificación CESUJ-SII-012-2018 que
profirió el Consejo de Estado el 18 de julio de 2018, para destacar que la sanción
moratoria se instituyó como una penalidad en caso de incumplimiento del pago de
las cesantías definitivas o parciales, a su beneficiario.
41. Igualmente, realizó un recuento de los términos previstos en la Ley 244 de
1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, para la configuración de la sanción
moratoria, con el fin de exponer que a partir de la vigencia de esta última disposición
los empleadores están en la obligación de pagar el auxilio de cesantía, y en caso
de mora incurrirán en la penalidad equivalente a un día de salario por cada día de
retardo.
42. Además de esto, afirmó que el artículo 58 del Decreto 1848 de 1969,
derogado por el Decreto 1083 de 2015, enuncia que al fallecimiento del empleado
oficial se trasmite el auxilio de cesantía a sus herederos, al igual que ocurre con los
restantes derechos laborales que no se hubieren satisfecho al momento de su
muerte. De ahí se extrae que, los beneficiarios del docente tendrán el deber de pedir
el pago de las cesantías definitivas al momento de producirse el fallecimiento del
servidor público, lo que hace surgir para estos la sanción moratoria.
43. Al respecto, citó un pronunciamiento emitido por el Consejo de Estado el 21
de octubre de 20115, en un caso semejante, en el que se resolvió declarar la nulidad
del acto administrativo que ordenó el reconocimiento de las cesantías definitivas y
de la sanción moratoria derivada de su pago tardío. En consecuencia, insistió la
parte demandante en que le asiste el derecho reclamado6.
5 Consejo de Estado, sentencia del 21 de octubre de 2011, exp. 19001-23-31-000-2003-01299-01 (0672-09).
6 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, EXPDIG, Cuaderno principal, 08.2 RECURSO
DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
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2.5. Trámite procesal en segunda instancia
44. Mediante auto del 30 de mayo de 20247, el magistrado ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de
primera instancia de conformidad con lo previsto en el numeral 3 del artículo 247
del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Dispuso que al
no existir pruebas por decretar en segunda instancia prescindiría del período para
correr traslado a las partes y una vez notificada esta providencia el expediente
regresaría al despacho para fallo lo cual ocurrió el 22 de julio de 2024.
2.6. Ministerio Público
45. El Procurador Judicial Delegado para el Consejo de Estado no rindió
concepto.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
46. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con
lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el
Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
47. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, la inconformidad de la parte apelante está dirigida a
que tiene derecho a percibir la sanción moratoria en aplicación de la Ley 244 de
1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, en tanto esta no excluyó a los
beneficiarios de las cesantías definitivas del servidor público fallecido.
48. De ahí que la alzada se limitó a cuestionar la negativa de las pretensiones de
la demanda en punto a la ausencia de transmisibilidad de la sanción moratoria que
se extinguió con el fallecimiento, sin cuestionar en la declaratoria de prescripción
del período frente al cual existió mora del 21 de octubre de 2013 al 2 de junio de
2016, contado a partir de la fecha de vencimiento del término de 70 días desde la
causación de las cesantías definitivas, a la fecha del deceso de la docente Myriam
Josefa Ramírez Puche.
49. Por tanto, la Sala no está llamada a pronunciarse frente a este último aspecto
no solo en atención a los cargos puntuales de la apelación sino porque las
pretensiones de la demanda se limitaron a la mora que transcurrió de 2017 a 2018,
7 Samai, exp. 41001233300020190046901, índice 4.
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Triviño Ramírez y Hader Ignacio Triviño Ramírez
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag
esto es, en el marco del trámite administrativo adelantado por los demandantes en
calidad de beneficiarios, de forma consecuente con la solicitud administrativa. Bajo
este entendido, en aplicación del artículo 328 del CGP, y en procura de la protección
del principio de congruencia, le corresponde a esta definir si:
50. ¿Los demandantes tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por la tardanza en el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas
en el marco de la actuación administrativa iniciada en su condición de herederos?
51. Con el fin de solucionar el problema jurídico, la Sala abordará lo relativo a la
sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 y las reglas
jurisprudenciales relevantes. Luego destacará los hechos probados y analizará el
caso concreto.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006
52. La Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan los términos para el pago
oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se
dictan otras disposiciones», prevé el procedimiento para la liquidación y pago de las
cesantías definitivas de todos los servidores públicos. En el parágrafo del artículo 2
se regula la sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad pública
obligada, consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el pago
efectivo de estas8.
53. Tal sanción se estableció con el propósito de «proteger el derecho de los
servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la
liquidación definitiva de sus cesantías», o el derecho que tienen a pedirlas de
manera parcial para educación o vivienda, buscando con ello que la administración
expida las resoluciones en forma oportuna y expedita para evitar corrupción,
favorecimientos indebidos y perjuicios a los trabajadores.
54. La referida norma fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio
de 2006, con el objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o
parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna
cancelación» (art.1). Igualmente, dispuso el término para la expedición de la
resolución que reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción moratoria en
los artículos 4 y 5.
8 «PARÁGRAFO. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada
reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del
término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se
demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable de éste».
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Radicación: 41001-23-33-000-2019-00469-01 (7913- 2023)
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3.3.2. Reglas jurisprudenciales
55. La Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación
CE-SUJ2-012-18 proferida el 18 de julio de 2018 definió que a los docentes oficiales
les son aplicables las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que establecen la sanción
por mora en el reconocimiento y pago tardío de las cesantías, toda vez que integran
la categoría de servidores públicos, «en atención a la naturaleza del servicio
prestado, la regulación de la función docente y a su ubicación dentro de la estructura
orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado, y la implementación de la carrera docente
para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio». Así, con el fin de
establecer el momento a partir del cual se hace exigible la sanción por mora, unificó
jurisprudencia en punto a que a los docentes les resulta aplicable la Ley 244 de
1995 y sus disposiciones complementarias y sentó jurisprudencia para precisar
cómo corrían los términos de la sanción moratoria dependiendo del supuesto que
enmarcara el caso.
3.4. Hechos probados
56. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente la Sala
encuentra evidente lo que sigue:
57. La señora Myriam Josefa Ramírez Puche fue docente9 por el período
comprendido del 1 de febrero de 1977 al 10 de julio de 2013, según se desprende
de la Resolución 6733 del 21 de agosto de 2018 expedida por la Secretaría de
Educación del departamento del Huila10, del Formato Único para la Expedición del
Certificado de Historia Laboral emitido con el consecutivo núm. 2569 11 y de la
comunicación según la cual se le aceptó la renuncia al cargo a partir del 11 de julio
de 201312. Igualmente perteneció al régimen de cesantías retroactivo 13, como da
cuenta el Formato Único para la Expedición del Certificado de Salarios con el
consecutivo núm. 63.
58. A esta señora la Secretaría de Educación del departamento del Huila le
reconoció y ordenó el pago de una cesantía definitiva mediante la Resolución núm.
0775 del 26 de febrero de 201614 por un saldo líquido de $62.053.787. Del contenido
de este acto administrativo se desprende que la peticionaria presentó copia del
Decreto núm. 1179 del 11 de julio de 2013, que la desvinculó del servicio. De ahí
9 C. Principal, folios 32 a 35.
10 C. Principal, folio 25.
11 C. Principal, folio 33.
12 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE_3809NRD201900469(.pdf) NroActua 2, 013AlleganLoRequerido.pdf.,
página 27 del archivo digital.
13 C. Principal, folio 32.
14 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE_3809NRD201900469(.pdf) NroActua 2, 013AlleganLoRequerido.pdf.,
páginas 23 y 25 del archivo digital.
10
Radicación: 41001-23-33-000-2019-00469-01 (7913- 2023)
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Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag
que la entidad fiduciaria que administra los recursos del Fomag aprobó el acto
administrativo. Esta decisión se le notificó a la interesada el 3 de marzo siguiente15.
59. Sin embargo, antes de que se hiciera efectivo el cobro la docente falleció, el
2 de junio de 201616, lo que dio lugar a que los dineros fueran reintegrados a la
Fiduprevisora.
60. Posteriormente, el 30 de noviembre de 2016, se expidió escritura pública
como consecuencia de la liquidación en sede notarial de la herencia intestada de
Myriam Josefa Ramírez Puche, en la que se tuvo a los señores Libardo Triviño
Chaves, Úrsula Margoth Triviño Ramírez y Hader Ignacio Triviño Ramírez como
interesados y aceptantes de la herencia con beneficio de inventario. En esta se
registró como bien de la causante las cesantías que se le reconocieron mediante la
Resolución núm. 0775 del 26 de febrero de 2016, las cuales fueron adjudicadas a
los señores Libardo Triviño Chaves, Úrsula Triviño Ramírez y Hader Ignacio Triviño
Ramírez, en sus respectivas proporciones17.
61. Los señores Libardo Triviño Chaves, Úrsula Margoth Triviño Sánchez y
Hader Ignacio Triviño Ramírez, como cónyuge e hijos de la señora Myriam Josefa
Ramírez Puche, radicaron, el 16 de enero de 201718, solicitud núm. 2017PQR897
para el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas como consecuencia del
fallecimiento de esta última, según se extrae del contenido de la Resolución 673319
y del formato de solicitud de cesantía definitiva de beneficiarios que obra en los
antecedentes administrativos aportados a este trámite20.
62. La Resolución núm. 0775 del 26 de febrero de 2016 fue objeto de revocatoria
por la administración, de oficio, el 6 de octubre de 2017, en aplicación del numeral
3 del artículo 93 del CPACA21.
63. Ahora bien, mediante la Resolución núm. 6733 del 21 de agosto de 201822,
«por la cual se reconoce y ordena el pago de una cesantía definitiva a beneficiario
causado por el fallecimiento de la docente Myriam Josefa Ramírez Puche», la
Secretaría de Educación del departamento del Huila reconoció una cesantía
definitiva por la suma de $107.937.074. Descontó de esta el valor de $45.883.262
por concepto de cesantías parciales, lo cual arrojó un valor neto a pagar equivalente
a $62.053.812 que sería pagado a través de la fiduciaria a los beneficiarios de la
15 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE_3809NRD201900469(.pdf) NroActua 2, 013AlleganLoRequerido.pdf.,
página 26 del archivo digital.
16 Según el registro civil de defunción con el indicativo serial núm. 08994525 que obra en los antecedes
administrativos y la información contenida en la Resolución núm. 6733. C. Principal, folio 24.
17 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE_3809NRD201900469(.pdf) NroActua 2, 013AlleganLoRequerido.pdf.,
páginas 37 a 55 del archivo digital.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE_3809NRD201900469(.pdf) NroActua 2, 013AlleganLoRequerido.pdf.,
página 13 del archivo digital.
21 C. Principal, folio 24.
22 C. Principal, folios 24 a 28.
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docente en las siguientes proporciones: (i) 50% para Libardo Triviño Chaves en su
condición de cónyuge; (ii) 25% para Úrsula Margoth Triviño Ramírez; y (iii) 25% a
favor de Hader Ignacio Triviño Ramírez, estos últimos en calidad de hijos.
64. Dispuso que contra este acto procedía el recurso de reposición interpuesto
ante la secretaría de educación departamental, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación. Dicho acto se le notificó al señor Hader Ignacio Triviño
Ramírez el 27 de agosto de 2018, constancia en la que obra manifestación de
aceptación y de renuncia a términos23.
65. El 21 de diciembre de 2018, los señores Libardo Triviño Chaves, Úrsula
Margoth Triviño Ramírez y Hader Ignacio Triviño Ramírez presentaron ante el
Fomag, regional Huila solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria
derivada de la tardanza en el pago de las cesantías definitivas reconocidas
mediante la Resolución núm. 6733, del 28 de abril de 2017 al 26 de septiembre de
2018, de conformidad con el salario percibido por la señora Myriam Josefa Ramírez
Puche en el 201324.
66. Indicaron que vencieron los 70 días hábiles previstos para tener por
configurada la sanción moratoria, dado que este término empezó a correr el 16 de
enero de 2017, cuando solicitaron el reconocimiento y pago de sus cesantías
definitivas en calidad de beneficiarios, hasta el 27 de abril de 2017. De ahí que
existió mora desde el 28 de abril de 2017 hasta el pago efectivo de las cesantías, el
26 de septiembre de 2018.
67. Lo anterior dado que el 27 de septiembre de 2018 se efectuó el pago en
nómina de las cesantías definitivas en el banco BBVA según se extrae de los
certificados expedidos por la entidad financiera para los beneficiarios, que
registraron que el pago se efectuó correctamente el 4 de octubre de 201825.
Además, lo anterior corresponde con el relato de los hechos de la parte actora que
no fue desvirtuado por la demandada.
68. La entidad demandada no ha resuelto la petición presentada el 21 de
diciembre de 2018, configurándose el silencio administrativo negativo.
3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
69. La Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, en sentencia
del 12 de septiembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda al considerar
que, en el presente caso, eran inaplicables los términos previstos en las leyes 244
de 1995 y 1071 de 2006 porque la obligación que tenía el Fomag de reconocer y
pagar las cesantías de los docentes dependía de la naturaleza de estas, derivada
23 C. Principal, folio 29.
24 C. Principal, folios 18 a 20.
25 C. Principal, folios 30 y 31.
12
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de la relación personal con el servicio. Por lo tanto, como la docente titular del
derecho falleció el 2 de junio de 2016, a partir de ese momento se extinguió la
obligación del empleador de reconocer la sanción moratoria, al tratarse de una
penalidad económica que se reconoce a favor del servidor público.
70. En razón a esto, para el Tribunal la sanción moratoria no se trasmite a sus
herederos sino hasta tanto se haya causado, porque carece de la naturaleza de ser
un derecho cierto e indiscutible.
71. Al respecto, la parte apelante sostuvo que la Ley 244 de 1995, modificada
por la Ley 1071 de 2006, no excluyó a los beneficiarios de las cesantías definitivas
del servidor público fallecido de la posibilidad de reclamar la sanción moratoria,
cuando se incurre en tardanza en el pago a su favor. Asimismo, destacó que el
artículo 58 del Decreto 1848 de 1969, derogado por el Decreto 1083 de 2015,
permite establecer que se trasmite el auxilio de cesantía a los herederos, al igual
que ocurre con los restantes derechos laborales que no se hubieren satisfecho al
momento de la muerte. Por consiguiente, como los beneficiarios de la docente
tienen el deber de pedir el pago de las cesantías definitivas al momento del deceso,
surge para estos la sanción moratoria.
72. En virtud de lo expuesto, para la Sala no cabe duda de que la señora Myriam
Josefa Ramírez Puche fue docente desde 1977 a 2013 y que en vida se le
reconocieron sus cesantías definitivas. Sin embargo, falleció el 2 de junio de 2016,
lo que dio lugar a que los aquí demandantes en su condición de cónyuge e hijos
radicaran una solicitud propia en la que pidieron el reconocimiento y pago del auxilio
impagado.
73. La Secretaría de Educación del departamento del Huila les reconoció el
derecho mediante la Resolución núm. 6733 del 21 de agosto de 2018 y el 21 de
diciembre siguiente los actores radicaron petición dirigida a obtener el pago de la
sanción moratoria que transcurrió del 28 de abril de 2017 al 26 de septiembre de
2018; esto es, a partir del vencimiento de los 70 días contados a partir de la fecha
en que interpusieron su solicitud, el 16 de enero de 2017, y hasta el día anterior a
la cancelación del valor liquidado por cesantía.
74. En este contexto, resulta relevante mencionar que la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 23 de octubre de 202426
estudió un caso iniciado por un beneficiario de un docente fallecido que solicitó el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas y la sanción moratoria. En esa
oportunidad, la corporación consideró lo siguiente:
La sanción moratoria no es, bajo ningún punto de vista, una especie de prestación
social, pues no busca resguardar al trabajador de las eventualidades a los que
puede verse sometido durante una relación laboral, sino que se erige como una
26 Exp. 13-001-23-33-000-2021-00526-01 (4334-2024).
13
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penalidad económica contra el Estado por su retardo en el pago del auxilio y en favor
del servidor por los perjuicios derivados del retardo en dicho pago.
En este sentido, es claro que la causación de la aludida sanción surge con el
cumplimiento del tiempo establecido por el legislador para el pago de las cesantías
sin que ello haya sucedido y su finalidad es asegurar al empleado frente a la omisión
de la administración; derecho que fenece, entre otros, con su fallecimiento, cuando
no fue reclamado en vida […], como ocurrió en el caso bajo examen, donde el
docente titular falleció el 16 de enero de 2015, la petición para el reconocimiento de
la prestación tuvo lugar el 30 de junio de ese año, el acto administrativo se expidió
el 25 de septiembre de 2017 y, la solicitud para obtener la sanción moratoria tuvo
lugar el 20 de octubre de esa anualidad.
Contrario sensu, el derecho al reconocimiento y pago del auxilio de cesantías no se
extingue con la muerte de su titular, puesto que la ley ha permitido que el mismo se
transmita a sus herederos, así como los demás derechos laborales; grupo del cual
no hace parte la sanción moratoria.
75. La tesis anterior la sustentó en la diferenciación entre la finalidad de las
cesantías definitivas y la de la sanción moratoria, porque mientras que las primeras
buscan «proporcionarle al empleado o trabajador y a los integrantes de su núcleo
familiar, un respaldo económico que les permita atender sus necesidades, mientras
aquél permanece cesante como consecuencia de la terminación de la relación
laboral», la segunda es una «penalidad al empleador que incumple dicha
obligación». Además, se amparó en el contenido de la sentencia de unificación CE-
SUJ2 004 dictada por el Consejo de Estado el 25 de agosto de 2016 que, en punto
a la sanción moratoria, precisó lo que sigue:
26. […] dicha penalidad […] no es accesoria a la prestación social – cesantías-, pues
la finalidad del legislador para incorporarla al ordenamiento jurídico es sancionar al
empleador por el retardo en el cumplimiento de un deber legal, más no constituye
una carga laboral o retribución por los servicios prestados.
27. De este modo, la jurisprudencia del Consejo de Estado igualmente ha
caracterizado la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías como
una multa a favor del trabajador y en contra del empleador estatuida con el objeto
de reparar los daños causados al primero por el incumplimiento en el plazo para el
pago […].
28. Visto lo anterior, es preciso concluir que la sanción moratoria no es un derecho
cierto e indiscutible, ya que tiene como propósito procurar que el empleador
reconozca y pague de manera oportuna la cesantía, por lo que, si bien representa
una suma de dinero considerable, sucesiva mientras no se produzca su pago; ella
ni lo compensa ni lo indemniza por la ocurrencia de la mora del empleador en cumplir
con su obligación de dar.
29. De allí que no pueda considerarse a la penalidad aludida como un derecho cierto
o una acreencia derivada de la relación laboral ocasionada en virtud de la prestación
del servicio o de las eventualidades que el empleador ampare en virtud de lo que
ordena la ley; a contrario sensu de la prestación social - cesantías definitivas, que
fue establecida para enfrentar las contingencias desde el punto de vista económico
14
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del núcleo familiar del empleado mientras este se encuentre cesante, y ha sido
definida desde la jurisprudencia, como uno de los componentes de la protección
constitucional establecida a favor de los trabajadores, como manifestación del
derecho a la seguridad social y asimismo, como una garantía irrenunciable de todo
trabajador.
76. Con fundamento en estas razones, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado concluyó que la sanción moratoria no hacía parte del derecho
laboral sino del sancionatorio, motivo por el cual no tenía el carácter de derecho
cierto e indiscutible. Igualmente resaltó que esta no constituía una carga laboral
adicional.
77. En refuerzo de lo anterior, la Subsección A de la Sección Segunda de la
corporación ya se había pronunciado en ese sentido en la sentencia del 15 de
agosto de 201327 que se dictó en el marco de un proceso iniciado por los herederos
de una docente que laboró desde 1992 a 2002, y a quien en vida se le reconocieron
sus prestaciones sociales y pidió la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de
1995, pero al momento del fallecimiento no se le habían pagado. En este contexto,
se propuso resolver si los demandantes tenían derecho a la reliquidación de las
cesantías de la causante, así como al pago de la sanción moratoria, y determinó lo
que se trascribe:
Lo anterior quiere decir, que como el acto por el cual se liquidó el auxilio de cesantías
definitivas de la actora quedó ejecutoriado el 26 de junio de 2002, a partir de esa
fecha la administración contaba con un plazo de 45 días hábiles, esto es, hasta el
2 de septiembre para proceder al pago del citado auxilio, pero como ello no ocurrió,
es claro que desde el 3 de esa fecha empezó a causarse la indemnización
moratoria bajo estudio.
No obstante, debe tenerse en cuenta que con ocasión del deceso de la señora María
Auxilio (q.e.p.d.) el 10 de septiembre de 2002 (folio 32 del plenario), dicha
indemnización sólo se produjo hasta ese momento, es decir, por un lapso de
ocho (8) días y no hasta la fecha en que el auxilio de cesantías le fue cancelado a
los demandantes en su calidad de beneficiarios de la misma, esto es, 15 de marzo
de 2004 (folio 140 del expediente).
Lo anterior, habida cuenta que si bien cuando el trabajador fallece el empleador no
pierde la obligación del pago de los salarios y prestaciones sociales adeudados, así
como de la sanción por mora en el pago del auxilio de las cesantías, respecto de
quienes acrediten tal condición, dichos conceptos sólo corren hasta la fecha de
la muerte del trabajador, habida cuenta que fue lo que éste causó en vida.
78. En consonancia con esto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-202328 dictada el 2 de noviembre de 2023,
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
15 de agosto de 2013, exp. 05001-23-31-000-2003-04383-01(2158-12).
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-
034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, exp. 080012333000201200200-02 (2459-2014).
15
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cuyo objeto fue unificar los criterios de interpretación sobre la contabilización del
término de prescripción para reclamar la sanción moratoria derivada del pago tardío
de las cesantías definitivas, destacó como características de la sanción moratoria
las siguientes: se trata de «(i) una penalidad; (ii) no tiene carácter de derecho salarial
o prestacional; y (iii) no constituye una carga laboral o retribución por los servicios
prestados». En igual sentido, desarrolló lo que se expone a continuación frente a la
finalidad del pago oportuno de las cesantías definitivas:
Tal como se dijo en párrafos anteriores, el pago oportuno de las cesantías definitivas
tiene como finalidad proporcionarle al empleado o trabajador y a los integrantes de
su núcleo familiar, un respaldo económico que les permita atender sus necesidades,
mientras aquél permanece cesante como consecuencia de la terminación de la
relación laboral. […]
El legislador, inspirado en el propósito de asegurar el pago oportuno de las cesantías
definitivas en un plazo razonable, promulgó las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006
estableciendo el término perentorio de 15 días hábiles siguientes a la presentación
de la solicitud de la liquidación de las cesantías definitivas, para expedir la resolución
correspondiente, y le impuso al empleador el deber de pagar la prestación en un
plazo máximo de 45 días hábiles, a partir de la firmeza del acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías del servidor público.
De la normativa puede inferirse que, en los casos en los que el empleador de forma
oficiosa no reconoce y paga las cesantías definitivas, el empleado debe formular
una solicitud en tal sentido, la cual resulta determinante para empezar a contabilizar
el término de los 45 días hábiles con los que cuenta el empleador para pagar las
cesantías.
79. Adicionalmente, en punto a la naturaleza de las cesantías y de la sanción
moratoria, la citada sentencia de unificación precisó lo que se transcribe en los
siguientes términos:
La institución de las cesantías fue introducida en el derecho laboral colombiano por
la Ley 10 de 1934, como una prerrogativa para todos los trabajadores del sector
privado que fueren despedidos por razones no atribuibles a la mala conducta o al
incumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo y tenía la connotación de
un castigo al empleador, que sin justa causa decidiere prescindir de sus servicios.
La Ley 6a de 1945 y el Decreto 2767 de la misma anualidad hicieron extensiva esa
prestación, con idéntica finalidad, a los empleados y obreros nacionales de carácter
permanente y a los empleados y obreros al servicio de departamentos, intendencias,
comisarías o municipios, respectivamente.
La Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947, por su parte, suprimieron ese carácter
sancionatorio y a la vez indemnizatorio de las cesantías, permitiendo su pago
independientemente de la razón que hubiere dado lugar al retiro de los asalariados
de carácter permanente al servicio de la Nación, en cualquiera de las ramas del
poder público. Bajo esa nueva concepción, las cesantías se convirtieron en
prestación social, posteriormente incorporada en el Código Sustantivo del Trabajo,
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cuya finalidad consiste en garantizar el cubrimiento de las necesidades básicas del
empleado y de su familia al quedar cesante. […]
La sanción moratoria se encuentra en íntima consonancia con el derecho de los
trabajadores al pago oportuno de su remuneración salarial y prestacional.
Precisamente la necesidad de garantizar el derecho al pago oportuno de las
prestaciones sociales de los servidores públicos propició en el ordenamiento jurídico
colombiano la promulgación de la Ley 244 de 1995, dado que la protección del pago
oportuno de las acreencias laborales no sólo se restringe al ámbito de la ejecución
de la relación laboral, sino que también se extiende a los actos posteriores a su
finalización, esto por cuanto una vez finalizada la relación laboral, se entiende que
el individuo queda en una situación de vulnerabilidad, derivada de la carencia de
recursos económicos para garantizar su subsistencia futura.
80. En línea con esto, una sentencia de unificación proferida con anterioridad a
la que se viene comentando, concretamente el 18 de julio de 2018, por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado29, resaltó lo que se
enfatiza a renglón seguido frente al propósito de la sanción moratoria:
Visto lo anterior, es preciso concluir que la sanción moratoria por pago
extemporáneo de las cesantías, es una sanción o penalidad cuyo propósito es
procurar que el empleador reconozca y pague de manera oportuna la mencionada
prestación, más no mantener el poder adquisitivo de la suma de dinero que la
representa y con ella, la capacidad para adquirir bienes y servicios o lo que la ley
disponga como su propósito.
Desde la óptica del empleado, si bien la sanción moratoria representa una suma de
dinero considerable, sucesiva mientras no se produzca el pago de las cesantías; ella
ni lo compensa ni lo indemniza por la ocurrencia de la mora del empleador en cumplir
con su obligación de dar, puesto que su propósito es procurar el pago oportuno de
la prestación social, razón por la cual, no es posible hablar que estamos ante un
derecho o una acreencia derivada de la relación de trabajo o de las eventualidades
que el empleador ampare en virtud de lo que ordena la ley.
81. A partir del recuento realizado, es claro que mientras que las cesantías son
una prestación social instituida como una garantía frente al cubrimiento de las
necesidades tanto del empleado como de su núcleo familiar, la sanción moratoria
es una penalidad derivada del incumplimiento en la liquidación y pago de estas
establecida en el parágrafo de los artículos 2 y 5 de las leyes 244 de 1995 y 1071
de 2006. En este orden de ideas, las cesantías son un derecho que se hace exigible
al momento de la finalización de la relación laboral30, en cambio la sanción moratoria
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
18 de julio de 2018, exp. 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15).
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación E-
SUJ2 004 de 2016 reiterada en la sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023,
exp. 080012333000201200200-02 (2459-2014).
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«se hace exigible al día siguiente en el que vence el plazo del que dispone el
empleador para sufragar las cesantías definitivas»31.
82. Dicho en otras palabras, la sanción moratoria, a diferencia de las cesantías,
no es un derecho salarial ni prestacional sino una penalidad indivisible, de ejecución
instantánea con la cual se pretende garantizar el pago oportuno y efectivo del
referido auxilio. Así lo delimitó la Subsección B de la Sección Segunda en la
providencia del 18 de julio de 201832 citada:
Es preciso indicar así, que el establecimiento de un término para el reconocimiento
de la cesantía y de otro para que se efectúe su pago efectivo, busca proteger al
trabajador garantizando el cometido de tal prestación, y que justamente con ella, se
pueda solventar la eventualidad para la cual la solicitó - parciales- o por la que se
causó -definitivas-.
83. Así pues, la sanción moratoria instituida como un desestímulo para el
empleador que incurra en mora, tiene por objeto «evitar que el incumplimiento
acarre la inminencia de un perjuicio irremediable contra el trabajador y su familia»33
en el marco de la protección del pago oportuno de las acreencias laborales, esto es,
aquel comprendido por la temporalidad en la cual «el individuo queda en una
situación de vulnerabilidad, derivada de la carencia de recursos económicos para
garantizar su subsistencia futura»34, lo que es equivalente al alivio de «la
contingencia de encontrarse cesante laboralmente»35.
84. Además de lo expuesto, el artículo 2.2.32.7 del Decreto 1083 de 2015, que
derogó el artículo 58 del Decreto 1848 de 1969, dispuso lo siguiente:
ARTÍCULO 2.2.32.7 Transmisión de derechos laborales. Al fallecimiento del
empleado oficial se transmite a sus herederos el derecho al auxilio de cesantía
correspondiente al de cujus, lo mismo que los demás derechos laborales causados
en favor de éste y que no se hubieren satisfecho antes de su muerte.
85. Del contenido de esta norma, que se debe analizar en todo su contexto, se
advierte que se presenta la transmisibilidad del auxilio de cesantías a los
beneficiarios una vez fallece el empleado oficial y de los demás derechos laborales
no satisfechos antes de su muerte.
86. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no desconoce que los herederos pueden
reclamar las sumas de dinero que correspondan a sanciones moratorias, intereses
e indemnizaciones tras la muerte del causante, pero solo si se derivan de
obligaciones insolutas causadas antes del fallecimiento del beneficiario directo.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-
034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, exp. 080012333000201200200-02 (2459-2014).
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
18 de julio de 2018, exp. 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15).
33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 Ibidem.
18
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Triviño Ramírez y Hader Ignacio Triviño Ramírez
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87. Igualmente, se tiene que el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, subrogado por
el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, prevé lo que se trascribe a continuación:
ARTÍCULO 2o. <Artículo subrogado por el artículo 5o. de la Ley 1071 de 2006. El
nuevo texto es el siguiente:> La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo
establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales
de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus
propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la
no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad
podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago
se produjo por culpa imputable a este. (Negritas de la Sala).
88. En similar sentido, la Ley 1071 de 2006 dispuso, en sus artículos 1 y 2 lo que
se aquí se lee:
ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto reglamentar el
reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los trabajadores y servidores
del Estado, así como su oportuna cancelación.
ARTÍCULO 2o. AMBITO DE APLICACIÓN. Son destinatarios de la presente ley los
miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de
sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos
efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan
funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y
trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo
Nacional de Ahorro.
89. De la anterior transcripción se advierte que, si bien la normativa citada
establece unos plazos para el pago cuya inobservancia da lugar a la imposición de
la sanción moratoria, lo cierto es que dicha regulación se refiere de manera expresa
al escenario de mora en la cancelación de las cesantías de los servidores públicos.
Ello resulta evidente en la medida en que incluso se prevé la posibilidad de que la
entidad pública repita contra el funcionario responsable. Esta conclusión se deriva
del objeto mismo de la ley, orientado a reglamentar el reconocimiento de las
cesantías a favor de los trabajadores y servidores del Estado, así como a garantizar
su pago oportuno.
90. En este entendido, del citado contenido se desprende que el propósito por el
cual se expidió la Ley 244 de 1995, no fue otro que: «proteger el derecho de los
servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la
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liquidación definitiva de sus cesantías». De esta forma se pronunció la Sección
Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018,
al indicar que «el objeto de las normas fue regular el pago de las cesantías de los
servidores públicos»36 y, en particular, al precisar que:
En la exposición de motivos de la iniciativa legislativa de la Ley 1071 de 2006 se
señaló que su ámbito de aplicación cubre a todos los funcionarios públicos y
servidores estatales de las tres ramas del poder, así como a las entidades que
prestan servicios públicos y de educación, es decir, involucra a todo el aparato del
Estado no solo a nivel nacional sino territorial. […]
178. El espíritu de la citada disposición es proteger el derecho de los servidores
públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la liquidación definitiva
de sus cesantías. En tal sentido, estableció el procedimiento para su reconocimiento
y pago, consagrando, entre otros asuntos, una sanción a cargo de la
administración y a favor del trabajador, correspondiente a un día de salario
por cada día de retardo, en caso de constituirse retraso en el pago definitivo
de la referida prestación. […]
184. De ahí que, en materia de sanción moratoria sea necesario distinguir su
naturaleza de la voluntad legislativa de orientar que el empleado fuera su
beneficiario, y en ese panorama concluir que se trata de un derecho; pues contrario
a ello, no se erige como una prerrogativa prestacional en la medida que no busca
proteger al trabajador de las eventualidades a las que puede verse sometido durante
una relación laboral, sino que se instituye como una penalidad económica contra el
empleador por su retardo en el pago de la prestación social de las cesantías y en
favor del servidor público.
91. De esta forma el beneficiario de la sanción moratoria de que tratan las leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006 es el empleado o trabajador. En consonancia con esto,
el hecho de que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el
18 de julio de 2018, haya unificado su jurisprudencia para establecer que a los
docentes les son aplicables las citadas normas relativas al reconocimiento y al pago
de las cesantías de los servidores públicos, no hace procedente la penalidad a favor
de los herederos en el marco de su propio trámite, tal y como los apelantes lo
aducen.
92. Visto lo anterior, en el caso particular el derecho que tenía Myriam Josefa
Ramírez Puche a percibir la sanción moratoria se extinguió con su fallecimiento el
2 de junio de 2016, porque pese a que existió un acto de reconocimiento de sus
cesantías previo a su muerte, no se probó que esta reclamó en vida la penalidad
causada desde octubre de 2013 y hasta 201637 y los herederos tampoco reclamaron
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
18 de julio de 2018, exp. 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15).
37 De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, «el
derecho a reclamar la sanción moratoria radica en que no haya fenecido la posibilidad de exigir la ejecución o
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lo causado por este concepto en estos extremos temporales. Con todo y esto, el
Tribunal declaró la prescripción frente a estas vigencias y este aspecto no fue objeto
de apelación.
93. De este modo, el fundamento de la actuación administrativa y de la presente
demanda residió en que los aquí demandantes solicitaron el reconocimiento del
auxilio de cesantías definitivas en su condición de beneficiarios de la causante y
luego reclamaron su propia sanción moratoria porque la entidad excedió el término
que tenía para cancelarlas.
94. En consecuencia, se tiene que en el caso concreto hizo bien el Tribunal en
negar el reconocimiento de la sanción moratoria que solicitaron los demandantes,
ya que estos reclaman por una mora que no se causó en vida de la docente
beneficiaria. Esta interpretación la Sala la encuentra coherente no solo con la
naturaleza de la sanción moratoria, como una penalidad, sino a partir de una
interpretación exegética y teleológica de las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, en
virtud de las cuales se fundamentó la demanda de la referencia. De ahí se
desprende que la intención del legislador al regular la sanción moratoria fue
conceder esta penalidad a los servidores públicos cuando se incurra en una
tardanza en el pago de sus cesantías definitivas o parciales, es decir, lo que durante
su vida hubieran causado.
95. Por ende, no podría extenderse la aplicación normativa a supuestos no
previstos y considerar indistintamente que la ley abre la posibilidad de ordenar un
reconocimiento a favor de los herederos del titular fallecido en el marco de los
extremos temporales comprendidos por su propia actuación administrativa, máxime
porque al intérprete no le es dado distinguir cuando existe una norma clara, cuyos
destinatarios están debidamente definidos.
96. Bajo este entendido, la tardanza en el pago de las cesantías debe ser
reclamada bien por el beneficiario directo o por sus herederos en tanto esta se haya
causado. De suerte que no es posible que después de la muerte se abra la
posibilidad de que estos últimos reclamen su propia sanción moratoria, como ocurrió
en el caso concreto, derivada del incumplimiento de los plazos con los que contaba
la administración a partir de la radicación de su solicitud administrativa, porque,
como se expuso, este escenario no se desprende ni de la normativa aplicable ni de
la jurisprudencia.
97. Asimismo, si se accediera a las pretensiones del presente asunto se
desconocería que la finalidad por la cual se instituyó el pago oportuno de las
cesantías es proporcionarle al trabajador y a su familia una protección económica
la declaración del reconocimiento de esta penalidad, con lo cual se impone considerar que será un deber del
beneficiario el actuar proactivamente para que esta penalidad no se pierda». En igual sentido, la citada decisión
consignó que «resulta imprescindible que el interesado agote la reclamación administrativa de manera
específica sobre la sanción, una vez este incurra en el pago extemporáneo o el no pago de la prestación social».
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mientras aquel permanezca cesante, condición que fenece naturalmente con el
fallecimiento del servidor.
98. En vista de esta situación, el análisis del caso particular no se reduce a la
naturaleza de la sanción moratoria como una penalidad, sino que se refuerza con la
finalidad que con esta se persigue, la cual pierde su razón de ser, como ya se dijo,
con la muerte del servidor público. Cuestión distinta ocurre con el reconocimiento
de las cesantías, que se trasmite a los herederos, en lo que no se hubiere satisfecho,
en los términos expresos que lo consigna el artículo 2.2.32.7 de la Ley 1083 de
201538, lo que dio lugar a que la administración le reconociera a los aquí
demandantes las cesantías definitivas mediante la Resolución núm. 6733 del 21 de
agosto de 2018. Situación que no se discute en el presente asunto.
99. Por consiguiente, resulta evidente que dadas las particularidades del asunto
objeto de estudio no es posible que se deje al arbitrio de los aquí herederos la
posibilidad de acceder al reconocimiento de las cesantías definitivas en el marco de
su propia actuación administrativa, si de la normativa y la jurisprudencia que regula
el asunto no es posible desprender esta consecuencia.
100. En atención a lo expuesto, la respuesta al problema jurídico planteado será
negativa por lo que los cargos de la alzada no tienen vocación de prosperar y no
desvirtúan el análisis efectuado en la sentencia de primera instancia. Así las cosas,
no procede revocar esta decisión para anular el acto ficto demandado y acceder al
restablecimiento del derecho pretendido.
101. Al respecto, se tiene que la decisión aquí adoptada está ajustada a derecho
en la medida que, además de lo expuesto, no acceder al reconocimiento de la
sanción moratoria en el marco del trámite a favor de los herederos garantiza la
protección de la sostenibilidad financiera prevista en el artículo 334 39 de la
Constitución Política. Máxime en un caso como el particular en el que los
demandantes reclamaron judicialmente en octubre de 2019, por el período
comprendido del 28 de abril de 2017 al 26 de septiembre de 2018, esto es, luego
38 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. Transmisión
de derechos laborales. Al fallecimiento del empleado oficial se transmite a sus herederos el derecho al auxilio
de cesantía correspondiente al de cujus, lo mismo que los demás derechos laborales causados en favor de éste
y que no se hubieren satisfecho antes de su muerte.
39 «La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en
la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo
de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el
plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un
ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera
progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario.
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de
manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al
conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el
desarrollo armónico de las regiones. La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder
Público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica. […]».
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de varios años de la terminación del vínculo laboral de la docente, que ocurrió en
2013, y de su fallecimiento en 2016.
102. Finalmente, la Sala no pasa por alto que la parte apelante refirió que su caso
era similar al que decidió la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia del 21 de octubre de 201140. No obstante, lo cierto es que el
pronunciamiento referenciado estuvo condicionado a verificar la configuración del
acto ficto demandado. Además, no se realizó un estudio de fondo frente al derecho
a la sanción moratoria a favor de los herederos.
3.6. Conclusión de la decisión
103. A partir de lo expuesto, se concluye que los demandantes no tienen derecho
al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la tardanza en el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas que se les reconocieron a través
de la Resolución núm. 6733, del 28 de abril de 2017 al 26 de septiembre de 2018,
en el marco de la actuación administrativa iniciada en su condición de herederos.
3.7. Costas
104. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 41 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
105. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
21 de octubre de 2011, exp. 19001-23-31-000-2003-01299-01(0672-09).
41 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 41001-23-33-000-2019-00469-01 (7913- 2023)
Demandantes: Libardo Triviño Chaves, Úrsula Margoth
Triviño Ramírez y Hader Ignacio Triviño Ramírez
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia apelada, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Salvamento de voto
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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