Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02730-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2017-02730-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02730-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2017-02730-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Veinticinco (25) de junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 05001-23-33-000-2017-02730-01 (0550-2025)1
Demandante: Mónica Andrea Gaviria Álvarez y otro
Demandado: Municipio de Chigorodó (Antioquia)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Sanción moratoria – prescripción extintiva
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia del Veintiocho (28) de noviembre de Dos Mil Veinticuatro
(2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de
Oralidad2, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda3.
1.1 Pretensiones.
1. La señora Mónica Andrea Gaviria Álvarez, actuando en nombre propio y en
representación de su hijo menor Emilio Hoyos Gaviria, por conducto de
apoderado judicial, promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, contra el Municipio de Chigorodó (Antioquia), con el propósito de
obtener la nulidad del acto administrativo contenido en la respuesta No. 01207
del Seis (06) de junio de Dos Mil Diecisiete (2017), emitida con ocasión de la
solicitud del reconocimiento y pago de la sanción moratoria derivada del pago
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Expediente Hibrido
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000201702730011100103
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Sala conformada por las Magistradas Dohor Edwin Varón Vivas, Rafael Darío Restrepo Quijano y Vannesa Alejandra
Pérez Rosales.
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Expediente digital – Samai – - Gestión en otros despachos – índice 00042 – 19ED_05001233300020170273(.zip) –
05001 23 33 000 2017 02730 00 – 01.PROCESO 000 2017 02730 00 EXPEDIENTE DIGITALIZADO
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Número Interno: 0550-2025
Demandante: Mónica Andrea Gaviria Álvarez y otro
Demandado: Municipio de Chigorodó (Antioquia)
tardío de las cesantías definitivas, causadas por el fallecimiento del señor
Roberto Carlos Hoyos Cuesta.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se declare la existencia
del derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, prevista en el
artículo 2º de la Ley 244 de 1995, por la demora en el pago de las cesantías
liquidadas con ocasión de la terminación de la relación legal y reglamentaria
del causante.
3. En consecuencia, pidió condenar al Municipio de Chigorodó (Antioquia), al
pago de la suma de Ciento Noventa y Nueve Millones Noventa y Nueve Mil
Ochocientos Dieciocho Pesos ($199.099.818), o la que resulte demostrada en
el proceso, por concepto de sanción moratoria, causada entre el vencimiento
del término legal para efectuar el pago de las cesantías y la fecha en que este
se realizó efectivamente.
4. Finalmente, solicitó el reconocimiento de los intereses moratorios, causados
sobre la sanción reclamada desde la fecha de pago de las cesantías y hasta
cuando se produzca el pago efectivo de la condena, así como la condena en
costas y agencias en derecho a cargo de la entidad demandada.
1.2 Hechos
5. La señora Mónica Andrea Gaviria Álvarez, actuando en nombre propio y en
representación de su hijo menor Emilio Hoyos Gaviria, señaló que, el señor
Roberto Carlos Hoyos Cuesta, laboró al servicio del Municipio de Chigorodó
(Antioquia), como secretario de despacho, hasta su fallecimiento ocurrido el
Veintinueve (29) de septiembre de Dos Mil Diez (2010).
6. Indicó que, con ocasión del fallecimiento del causante, el Municipio de
Chigorodó (Antioquia), reconoció a su favor y al de su hijo menor, las
prestaciones sociales correspondientes, mediante Resolución No. 344 del
Diecisiete (17) de febrero de Dos Mil Once (2011), las cuales, no fueron
pagadas oportunamente.
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Número Interno: 0550-2025
Demandante: Mónica Andrea Gaviria Álvarez y otro
Demandado: Municipio de Chigorodó (Antioquia)
7. Sostuvo que, las prestaciones sociales reconocidas mediante la Resolución
No. 344 del Diecisiete (17) de febrero de Dos Mil Once (2011), solo fueron
canceladas el Veintiséis (26) de abril de Dos Mil Diecisiete (2017), luego de
adelantarse un proceso judicial tendiente a obtener su pago efectivo.
8. Sostuvo que, las prestaciones sociales reconocidas mediante la Resolución
No. 344 de Dos Mil Once (2011), solo fueron canceladas el Veintiséis (26) de
abril de Dos Mil Diecisiete (2017), luego de adelantarse un proceso judicial
tendiente a obtener su pago efectivo.
9. Finalmente, señaló que el Dieciocho (18) de mayo de Dos Mil Diecisiete
(2017), solicitó ante el Municipio de Chigorodó (Antioquia), el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria, derivada del pago tardío de las cesantías; sin
embargo, mediante comunicación No. 01207 del Seis (06) de junio de Dos Mil
Diecisiete (2017), la entidad negó la solicitud, al considerar que dicho
reconocimiento debía estar precedido de una decisión judicial.
1.3 Normas violadas y concepto de violación.
10. La parte demandante, invocó como normas vulneradas los artículos 17 de
la Ley 6.ª de 1945 y 40 del Decreto 1045 de 1978; así como los artículos 1.º,
2.º, 3.º y 4.º de la Ley 244 de 1995 y las demás disposiciones que regulan el
reconocimiento y pago oportuno de las cesantías definitivas de los servidores
públicos.
11. Como concepto de violación, sostuvo que, el Municipio de Chigorodó
(Antioquia), desconoció las normas que regulan el pago oportuno de las
cesantías definitivas, al omitir el pago de las prestaciones sociales reconocidas
mediante la Resolución No. 344 del Diecisiete (17) de febrero de Dos Mil Once
(2011), dentro del término legal previsto para ello.
12. Señaló que, de conformidad con el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, una
vez ejecutoriado el acto administrativo que reconoce las cesantías definitivas,
la entidad cuenta con un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles
para efectuar su pago, so pena de causar una sanción equivalente a un día de
salario por cada día de retardo, hasta que se haga efectivo el desembolso.
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Demandante: Mónica Andrea Gaviria Álvarez y otro
Demandado: Municipio de Chigorodó (Antioquia)
13. Finalmente, manifestó que, el Municipio de Chigorodó (Antioquia), incurrió
en mora en el pago de las cesantías reconocidas a favor de los demandantes,
razón por la cual, consideró procedente el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria prevista en la Ley 244 de 1995.
2. Contestación de la demanda.
2.1. Municipio de Chigorodó (Antioquia)4.
14. La entidad demandada, no contestó la demanda.
3. La sentencia de primera instancia5.
15. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Sexta de Oralidad, mediante
sentencia del Veintiocho (28) de noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024),
declaró de oficio la prescripción total del derecho reclamado por los
demandantes, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar
en costas.
16. En primer lugar, el Tribunal precisó que, el litigio se circunscribía a
determinar si los demandantes tenían derecho al reconocimiento y pago de la
sanción moratoria, prevista en la Ley 244 de 1995, por el pago tardío de las
cesantías reconocidas con ocasión del fallecimiento del señor Roberto Carlos
Hoyos Cuesta, y si respecto de dicho derecho operó el fenómeno de la
prescripción.
17. Señaló que, conforme al material probatorio obrante en el expediente, el
Municipio de Chigorodó (Antioquia), reconoció mediante Resolución No. 344
del Diecisiete (17) de febrero de Dos Mil Once (2011), las prestaciones
sociales causadas a favor de la señora Mónica Andrea Gaviria Álvarez y del
menor Roberto Emilio Hoyos Gaviria, con ocasión del fallecimiento del señor
Roberto Carlos Hoyos Cuesta, y que dichas prestaciones fueron pagadas el
Treinta y Uno (31) de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017).
4
En audiencia inicial celebrada el Veinticuatro (24) de mayo de Dos Mil Dieciocho (2018), el Tribunal Administrativo
de Antioquia, dejó constancia de la ausencia de respuesta de la entidad demanda. Folio No. 52 Cuaderno principal.
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Expediente digital – Samai – índice 00002 – 5ED_EXPDIGITA_OneDrive_20241029zip(.zip) – 14SentenciaNiega.
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Demandado: Municipio de Chigorodó (Antioquia)
18. Indicó que, no se encontraba acreditada la fecha de radicación de la
solicitud de reconocimiento de las cesantías, razón por la cual, no era posible
establecer la existencia de mora en la expedición del acto administrativo que
las reconoció. No obstante, concluyó que, sí se configuró mora en el pago de
la prestación, al evidenciarse que la entidad pagó las cesantías varios años
después de expedida la Resolución No. 344 de Dos Mil Once (2011).
19. Precisó que, ante la ausencia de constancia de notificación del acto de
reconocimiento, debían aplicarse las reglas fijadas por la sentencia de
unificación del Consejo de Estado del Dieciocho (18) de julio de Dos Mil
Dieciocho (2018), de manera que el plazo para el pago de las cesantías venció
el Veintiséis (26) de mayo de Dos Mil Once (2011), por lo que la sanción
moratoria se causó desde el Veintisiete (27) de mayo de Dos Mil Once (2011)
y hasta el Treinta (30) de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017).
20. En relación con la prescripción, señaló que, de conformidad con la
sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023, el término trienal para
reclamar la sanción moratoria comenzó a correr desde que esta se hizo
exigible, esto es, desde el Veintiocho (28) de mayo de Dos Mil Once (2011), y
venció el Veintiocho (28) de mayo de Dos Mil Catorce (2014).
21. Manifestó que, la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria fue presentada ante el Municipio de Chigorodó (Antioquia),
únicamente el Dieciocho (18) de mayo de Dos Mil Diecisiete (2017), cuando
ya había transcurrido íntegramente el término de prescripción previsto para
reclamar dicho derecho.
22. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal concluyó que, se configuró la
prescripción total de la sanción moratoria reclamada, razón por la cual, declaró
de oficio dicha excepción, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo
de imponer condena en costas.
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4. El recurso de apelación6.
23. Los demandantes por conducto de apoderado judicial, interpusieron
recurso de apelación, contra la sentencia del Veintiocho (28) de noviembre de
Dos Mil Veinticuatro (2024), al considerar que, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, aplicó de manera errónea la sentencia de unificación SUJ-034-CE-
S2-2023 y concluyó indebidamente que, operó la prescripción total de la
sanción moratoria reclamada.
24. Sostuvieron que, los supuestos fácticos y jurídicos analizados en la referida
sentencia de unificación, no eran equiparables a los del presente asunto, pues,
en este caso, existieron actuaciones judiciales y administrativas que, a su
juicio, incidieron en el cómputo del término prescriptivo.
25. Indicaron que, el Tribunal omitió valorar adecuadamente las actuaciones
adelantadas, para obtener el pago de las prestaciones sociales reconocidas
mediante la Resolución No. 344 del Diecisiete (17) de febrero de Dos Mil Once
(2011), así como, los efectos jurídicos derivados de las reclamaciones
formuladas ante el Municipio de Chigorodó (Antioquia).
26. Señalaron que, las solicitudes elevadas ante la administración tenían la
virtualidad de interrumpir el término de prescripción, de conformidad con el
artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, por lo que, no podía concluirse que el
derecho al reconocimiento de la sanción moratoria se encontrara extinguido.
27. Manifestaron que, para la época de los hechos, la jurisprudencia admitía
distintas vías procesales para reclamar la sanción moratoria derivada del pago
tardío de las cesantías definitivas, circunstancia que, debía ser considerada al
momento de examinar el fenómeno prescriptivo y las actuaciones adelantadas
por los beneficiarios de la prestación.
28. Finalmente, solicitaron revocar la sentencia apelada y, en su lugar, declarar
la nulidad del acto administrativo contenido en la respuesta al derecho de
petición No. 01207 del Seis (06) de junio de Dos Mil Diecisiete (2017), así
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Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00037.
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como, condenar al Municipio de Chigorodó (Antioquia), al reconocimiento y
pago de la sanción moratoria reclamada.
5. Trámite de segunda instancia
29. Mediante auto del Treinta (30) de mayo de Dos Mil Veinticinco (2025) 7, el
consejero sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, contra la sentencia de primera instancia y dispuso que, una vez
ejecutoriada dicha providencia, el expediente regresara al despacho para fallo,
salvo que las partes formularan solicitud probatoria, de conformidad con los
artículos 212 y 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
30. Posteriormente, mediante auto del Ocho (08) de mayo de Dos Mil
Veintiséis (2026)8, se negó la solicitud de pruebas presentada por la parte
demandante en segunda instancia, al advertirse que los documentos
aportados ya obraban en el expediente y que no se configuraba ninguno de
los supuestos previstos en el artículo 212 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para decretar pruebas en
esta etapa procesal.
6. Concepto del Ministerio Público.
31. El representante del Ministerio Público, se abstuvo de rendir concepto.
7. Alegatos en segunda instancia.
7.1. De la parte demandante9.
32. La parte demandante, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, al considerar que el
Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en una indebida valoración
probatoria al declarar la prescripción total de la sanción moratoria reclamada.
7
Expediente digital – Samai – índice 00004.
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Expediente digital – Samai – índice 00017.
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Expediente digital – Samai – índice 00023.
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Demandante: Mónica Andrea Gaviria Álvarez y otro
Demandado: Municipio de Chigorodó (Antioquia)
Sostuvo que la providencia desconoció diversas actuaciones administrativas y
judiciales adelantadas para obtener el pago de las prestaciones sociales
reconocidas mediante la Resolución No. 344 del Diecisiete (17) de febrero de
Dos Mil Once (2011), así como de la sanción derivada de su pago tardío.
33. Indicó que, las reclamaciones formuladas ante el Municipio de Chigorodó
(Antioquia) y el proceso ejecutivo laboral promovido para obtener el pago de
las sumas adeudadas evidencian una conducta diligente en la defensa de sus
derechos e interrumpieron el término de prescripción. Finalmente, manifestó
que, dicho fenómeno debía interpretarse de manera restrictiva, razón por la
cual, solicitó revocar la decisión apelada y acceder a las pretensiones de la
demanda.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
34. El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia
de este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del
CPACA10.
2.2 Problema jurídico
35. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:
35.1 ¿Debe modificarse la sentencia del Veintiocho (28) de noviembre de Dos
Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Sexta de Oralidad, que declaró de oficio la prescripción total del derecho
reclamado y negó las pretensiones de la demanda; o, por el contrario, debe
concluirse que la señora Mónica Andrea Gaviria Álvarez y el menor Emilio
Hoyos Gaviria no son titulares del derecho al reconocimiento de la sanción
moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, al derivarse esta de la tardanza
10
Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. Modificado por el art. 615, Ley 1564 de
2012. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones
de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
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presentada dentro de las actuaciones adelantadas por ellos para obtener el
pago de las cesantías reconocidas con ocasión del fallecimiento del señor
Roberto Carlos Hoyos Cuesta?
36. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.3 Marco normativo y jurisprudencial; 2.4 Hechos
probados; 2.5. Caso concreto y 2.6. Condena en costas.
2.3 Marco normativo y jurisprudencial.
2.3.1. Sobre la sanción moratoria.
37. La Ley 244 del 29 de diciembre de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para
el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se
dictan otras disposiciones», señala el procedimiento para la liquidación y pago de las
cesantías definitivas de todos los servidores públicos, y en el parágrafo del artículo 2
regula la sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad pública
empleadora consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el pago
efectivo de las mismas11.
38. Esta ley fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio de
2006, con el objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales
a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación » (art. 1).
Igualmente, estipuló el término para la expedición de la resolución que
reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción moratoria, en los
artículos 4 y 5 así:
Artículo 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales,
por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su
cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá
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“Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada
reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que
se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término
previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la
mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste”.
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Número Interno: 0550-2025
Demandante: Mónica Andrea Gaviria Álvarez y otro
Demandado: Municipio de Chigorodó (Antioquia)
ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme
el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o
parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio
de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales
de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus
propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar
la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la
entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en
el pago se produjo por culpa imputable a este.
39. Ahora bien, con el fin de establecer el momento a partir del cual se hace
exigible la sanción por mora, la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018
estudió las distintas hipótesis que pueden presentarse en cuanto a la forma y
oportunidad del acto de reconocimiento de la prestación (acto ficto o expreso
oportuno o extemporáneo), la notificación, interposición de recursos y términos
de ejecutoria de dicha actuación, y determinó las siguientes reglas
jurisprudenciales12:
SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías, las siguientes reglas:
i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales
se expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción
moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de
reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución;
ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.
ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser
notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se
verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el
acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá
considerarse el término dispuesto en la ley 13 para que la entidad intentará
notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la
notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y
1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el
peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto
adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos,
los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables
para sanción moratoria.
iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se
notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el
pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.
12
La Sección Segunda consideró que “en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación
social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción
moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles
para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la
decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución”.
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Artículo 69 CPACA.
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40. Por último, la citada sentencia de unificación también sentó jurisprudencia
en cuanto al salario de liquidación de la sanción moratoria y la imposibilidad
de indexar esa base (sin perjuicio de la actualización de la respectiva
condena):
TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base
para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha
en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las
cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la
asignación básica vigente al momento de la causación de la mora sin que varíe
por la prolongación en el tiempo.
CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria
por pago tardío de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 187 del CPACA.
2.3.2 Sobre la prescripción de la sanción moratoria por pago inoportuno
o no pago de cesantías definitivas de la Ley 244 de 1995.
41. En la sentencia de unificación SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de
2023, la Sección Segunda de esta Corporación, estableció las reglas sobre la
prescripción de la sanción moratoria, por pago inoportuno o no pago de cesantías
definitivas así14:
«(i) El plazo trienal de la prescripción de la sanción moratoria por el
incumplimiento en el pago de las cesantías definitivas, regulado por el artículo
151 del CPTSS, se inicia a contabilizar desde que la penalidad se hace exigible,
esto es, al vencimiento del plazo legal para el pago de la prestación social. Si el
reclamo de la sanción se presenta después de los tres años contados desde su
exigibilidad, se configura la prescripción total.
(ii) El término de la prescripción extintiva de la sanción moratoria derivada del
pago tardío o no pago de las cesantías definitivas se interrumpe por una sola vez
con la reclamación oportuna, y por un lapso igual de tres años, que no puede ser
entendido como un término que habilita al beneficiario para presentar múltiples
solicitudes, sin que opere la prescripción.
(iii) Si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de extinguido
el derecho por prescripción, esa circunstancia no revive la oportunidad para
reclamar la sanción moratoria.»
2.4 Hechos probados y valoración del material probatorio.
42. Con fundamento en el material probatorio obrante en el expediente,
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023,
radicado 080012333000201200200-02 (2459-2014), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Número Interno: 0550-2025
Demandante: Mónica Andrea Gaviria Álvarez y otro
Demandado: Municipio de Chigorodó (Antioquia)
valorado en su integridad y conforme a las reglas de la sana crítica, la Sala
tiene por acreditados los siguientes hechos, relevantes para resolver el caso
concreto:
43. El señor Roberto Carlos Hoyos Cuesta, prestó sus servicios al Municipio
de Chigorodó (Antioquia), en el cargo de secretario de despacho, desde el
Primero (1º) de febrero de Dos Mil Ocho (2008) hasta el Veintinueve (29) de
septiembre de Dos Mil Diez (2010)15, fecha en la que se produjo su
fallecimiento.
44. Obra registro civil de matrimonio, del cual se desprende que, el señor
Roberto Carlos Hoyos Cuesta y la señora Mónica Andrea Gaviria Álvarez,
contrajeron matrimonio el Veintisiete (27) de febrero de Dos Mil Diez (2010).16
Asimismo, se encuentra acreditado que de dicha unión nació el menor Roberto
Emilio Hoyos Gaviria17.
45. Mediante Resolución No. 344 del Diecisiete (17) de febrero de Dos Mil
Once (2011)18, el Municipio de Chigorodó (Antioquia), reconoció a favor de la
señora Mónica Andrea Gaviria Álvarez y del menor Roberto Emilio Hoyos
Gaviria, las prestaciones sociales causadas por el señor Roberto Carlos Hoyos
Cuesta, con ocasión de su fallecimiento, incluidas las cesantías definitivas.
46. Obra comprobante de egreso, expedido por el Municipio de Chigorodó
(Antioquia), del cual se desprende que, las prestaciones sociales reconocidas
mediante la Resolución No. 344 de Dos Mil Once (2011) fueron pagadas a la
apoderada de los beneficiarios el Treinta y Uno (31) de marzo de Dos Mil
Diecisiete (2017)19.
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a 23.
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Número Interno: 0550-2025
Demandante: Mónica Andrea Gaviria Álvarez y otro
Demandado: Municipio de Chigorodó (Antioquia)
47. El Dieciocho (18) de mayo de Dos Mil Diecisiete (2017)20, la señora Mónica
Andrea Gaviria Álvarez, solicitó ante el Municipio de Chigorodó (Antioquia), el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria, prevista en la Ley 244 de 1995,
con fundamento en la mora presentada en el pago de las cesantías
reconocidas mediante la Resolución No. 344 de Dos Mil Once (2011).
48. Mediante oficio No. 01207 del Seis (06) de junio de Dos Mil Diecisiete
(2017)21, el Municipio de Chigorodó (Antioquia), negó la solicitud de
reconocimiento y pago de la sanción moratoria, al considerar que, dicho
reconocimiento requería de una decisión judicial que así lo ordenara.
2.5. Caso concreto.
49. La Sala advierte que, en el sub examine, la parte demandante sostiene
que, la sentencia apelada debe ser revocada, por cuanto, en su criterio, el
Tribunal Administrativo de Antioquia, valoró indebidamente el material
probatorio obrante en el expediente, y concluyó erróneamente que, operó la
prescripción total de la sanción moratoria reclamada.
50. En particular, los apelantes afirman que, el término prescriptivo fue
interrumpido por diversas actuaciones administrativas y judiciales adelantadas
para obtener el pago de las prestaciones sociales reconocidas, mediante la
Resolución No. 344 del Diecisiete (17) de febrero de Dos Mil Once (2011), así
como, por las reclamaciones formuladas ante el Municipio de Chigorodó
(Antioquia), circunstancia que, a su juicio, impedía declarar extinguido el
derecho al reconocimiento de la sanción moratoria, prevista en el artículo 2º
de la Ley 244 de 1995.
51. No obstante, la Sala encuentra que, los argumentos expuestos en el
recurso de apelación no tienen vocación de prosperidad. En efecto, antes de
examinar los planteamientos relacionados con la mora, la exigibilidad de la
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a 31.
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Demandante: Mónica Andrea Gaviria Álvarez y otro
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sanción y la prescripción del derecho reclamado, resulta necesario determinar
si los demandantes son titulares del derecho cuya protección solicitan.
52. Sobre este particular, se encuentra acreditado que, mediante Resolución
No. 344 del Diecisiete (17) de febrero de Dos Mil Once (2011), el Municipio de
Chigorodó (Antioquia), reconoció a favor de la señora Mónica Andrea Gaviria
Álvarez y del menor Emilio Hoyos Gaviria, las prestaciones sociales causadas
por el fallecimiento del señor Roberto Carlos Hoyos Cuesta, incluidas las
cesantías definitivas; asimismo, se encuentra demostrado que, dichas
prestaciones fueron pagadas con posterioridad, circunstancia que, motivó a
los demandantes a solicitar el reconocimiento de la sanción moratoria prevista
en la Ley 244 de 1995.
53. Ahora bien, esta Sala ha precisó recientemente que22, la sanción moratoria
regulada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, constituye una penalidad
económica, establecida a favor del servidor público, por el incumplimiento de
la administración en el reconocimiento o pago oportuno de sus cesantías,
razón por la cual, no tiene la misma naturaleza jurídica de dicha prestación
social.
54. En esa providencia se explicó que, si bien el derecho a las cesantías
integra el patrimonio transmisible del causante y puede ser reclamado por sus
herederos o beneficiarios, ello no implica que, estos adquieran la titularidad
para reclamar una sanción moratoria, causada exclusivamente por la tardanza
presentada dentro de las actuaciones administrativas o judiciales adelantadas
por ellos para obtener el pago de la prestación.
55. Bajo ese entendimiento, la Sala observa que, los demandantes no
pretenden el reconocimiento de una sanción moratoria causada en vida del
señor Roberto Carlos Hoyos Cuesta, sino una derivada de la tardanza que,
según afirman, se presentó durante el trámite adelantado para obtener el pago
de las prestaciones reconocidas con ocasión de su fallecimiento.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del Veintisiete (27) de marzo de Dos Mil
Veintiséis (2026), rad. 41001-23-33-000-2019-00469-01 (7913-2023), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. En dicha
providencia se precisó que la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 constituye una
penalidad económica establecida a favor del servidor público por el retardo en el reconocimiento o pago de sus
cesantías, razón por la cual no resulta procedente reconocer una nueva sanción moratoria derivada de la tardanza
ocurrida dentro del trámite adelantado por los herederos o beneficiarios para obtener el pago de las cesantías del
causante.
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56. Sin embargo, tal supuesto no se encuentra previsto en las Leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006, ni puede derivarse de una interpretación extensiva de
dichas disposiciones, pues, la finalidad perseguida por el legislador, consistió
en proteger al servidor público frente al retardo en el pago de sus cesantías y
no establecer una nueva penalidad a favor de quienes, con posterioridad a su
fallecimiento, promuevan actuaciones tendientes a obtener el reconocimiento
o pago de los derechos que integran la masa sucesoral.
57. Así las cosas, la Sala concluye que, los demandantes carecen de la
titularidad necesaria para reclamar la sanción moratoria cuya causación
alegan, circunstancia que, torna improcedente el reconocimiento pretendido.
58. En tales condiciones, resulta innecesario para la Sala, efectuar un estudio
sobre la configuración de la mora, la exigibilidad de la sanción o la eventual
interrupción del término de prescripción, toda vez que, aun en el evento de
admitirse los planteamientos formulados en el recurso de apelación, subsistiría
la imposibilidad jurídica de reconocer el derecho reclamado.
59. Con fundamento en lo expuesto en líneas precedentes, la Sala concluye
que, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, razón por
la cual, se confirmará la decisión de negar el reconocimiento de la sanción
moratoria reclamada. No obstante, comoquiera que, el Tribunal Administrativo
de Antioquia, fundamentó su decisión en la declaratoria oficiosa de la
prescripción total del derecho reclamado, mientras que, esta Sala considera
que, la improcedencia de las pretensiones deriva de la falta de titularidad de
los demandantes para reclamar dicha sanción, se modificarán los ordinales
primero y segundo de la sentencia apelada, en los términos que se indicarán
en la parte resolutiva de esta providencia.
2.6 Condena en costas
60. Revisada la conducta de las partes en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, es
decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA,
por tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
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61. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que, en el trámite no se observa
que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no
condenará en costas a la parte vencida.
2.7. Conclusiones
62. La Sala concluye que, los demandantes no son titulares del derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria, prevista en la Ley 244 de 1995, por
cuanto dicha penalidad, fue concebida por el legislador a favor del servidor
público, y no resulta procedente extenderla a los herederos o beneficiarios,
respecto de la tardanza presentada dentro de las actuaciones adelantadas
para obtener el pago de las cesantías del causante. En consecuencia, se
confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda, aunque por las razones expuestas en esta providencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR los ordinales primero y segundo de la sentencia del
Veintiocho (28) de noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, los cuales
quedarán así:
«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en primera instancia.»
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del Veintiocho (28) de
noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad.
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TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con salvamento de voto Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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