República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2021-00235-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2021-00235-01 (7115-2023)
Demandante: Luis Enrique Matta Jiménez y otros1
Demandado: Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta
Tema: sanción moratoria por el pago tardío de cesantías definitivas. Subtema:
régimen retroactivo.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
proferida el 22 de marzo de 2023, por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que
accedió a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.
1. Síntesis del caso
El señor Luis Enrique Matta Jiménez promovió demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de obtener la
declaratoria de nulidad del acto administrativo del 8 de febrero de 2021, por medio
del cual la entidad demandada negó el reconocimiento de la sanción moratoria
configurada por el pago tardío de sus cesantías retroactivas.
Por su parte el Tribunal Administrativo del Magdalena, accedió a las pretensiones
de la demanda al considerar que le asistía razón al actor a la indemnización
correspondiente a un día de salario por cada día de retardo desde el 6 de abril de
2018 -inclusive- y el 10 de diciembre de 2020, para lo cual se tendría en cuenta la
asignación devengada en el año 2016.
1 Andrés Lorenzo Matta Romero y Ligia Esther Romero Torres, en calidad de sucesores procesales del señor
Luis Enrique Matta Jiménez.
Radicación: 47001-23-33-000-2021-00235-01 (7115-2023)
Demandante: Luis Enrique Matta Jiménez y otros
Demandado: Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
La Subsección confirmará la decisión adoptada en primera instancia, toda vez que
del estudio integral del expediente y del alcance normativo aplicable, se colige que
la sanción moratoria derivada del pago extemporáneo de las cesantías definitivas
reconocidas a un servidor público sometido al régimen retroactivo de cesantías, es
procedente por cuanto la misma se configura exclusivamente cuando se acredita la
mora en el pago del auxilio y no depende del sistema de cesantías aplicable al
servidor.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor Luis Enrique Mata Jiménez mediante apoderado, formuló demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento contra el distrito
Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, de conformidad con las pretensiones,
hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan2.
2.1.1. Pretensiones
2. La nulidad del acto administrativo del 8 de febrero de 2021, mediante el cual
la alcaldía de Santa Marta negó el reconocimiento de la sanción moratoria
configurada por el pago tardío de las cesantías definitivas bajo el régimen
retroactivo.
3. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la entidad territorial el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria consistente en un (1) día de salario
por cada día de retardo por el no pago oportuno de su auxilio.
4. Condenar al distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta al pago de
las costas procesales y de las agencias en derecho. Igualmente, disponer que las
condenas deberán actualizarse con base en el Índice de Precios al Consumidor.
2.1.2. Hechos
5. La Sala resume los fundamentos expuestos en la demanda, de la siguiente
manera:
6. El demandante fue nombrado celador el 23 de enero de 1992 en la Secretaría
de Educación Distrital de Santa Marta.
7. Refirió que mediante Resolución núm. 016743 de 19 de diciembre de 2011
el ente territorial reconoció pensión de jubilación a favor el señor Matta Jiménez, y
2 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, 004ED_47001233300020210023, PDF 00.DEMANDA Y
ANEXOS.
2
Radicación: 47001-23-33-000-2021-00235-01 (7115-2023)
Demandante: Luis Enrique Matta Jiménez y otros
Demandado: Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
a través de la Resolución núm. 556 de 14 de junio de 2016 fue retirado del servicio
por habérsele reconocido la pensión.
8. Informó que el demandante laboró al servicio de la entidad demandada hasta
el 31 de julio de 2016.
9. El señor Luis Enrique Matta Jiménez, reclamó el 20 de diciembre de 2017 el
reconocimiento y pago de sus cesantías retroactivas.
10. A su turno, la Secretaría de Educación de Santa Marta, mediante oficio del 2
de abril de 2018 informó al actor que sería incluido en la planilla enviada por el
Ministerio de Educación Nacional para la aprobación de pago.
11. Adujo que la entidad demanda disponía de setenta (70) días hábiles para el
reconocimiento y pago de las cesantías, los cuales fenecieron el 5 de abril de 2018.
12. Indicó que el 6 de marzo de 2020 solicitó el reconocimiento y pago de las
cesantías retroactivas, así como la sanción moratoria.
13. Le entidad demanda, por medio de Resolución núm. 970 de 30 de noviembre
de 2020 reconoció y ordenó el pago de las cesantías retroactivas, y realizó el pago
de estas el 11 de diciembre de la misma anualidad.
14. Precisó que mediante oficio de 8 de febrero de 2021 el secretario de
educación del distrito accionado negó la pretensión del actor tendiente a obtener el
reconocimiento de la sanción moratoria por el retraso en el pago oportuno de sus
cesantías, por lo que el demandante, consideró que desde el 5 de abril de 2018
hasta el 11 de diciembre de 2022 fecha del pago de su auxilio, transcurrieron 980
días.
15. Por último, la Sala advierte que mediante auto de 18 de enero de 2023 3, el
Tribunal Administrativo del Magdalena reconoció la sucesión procesal derivada del
fallecimiento del señor Luis Enrique Matta Jiménez y, en consecuencia, tuvo como
sucesores procesales a Ligia Esther Romero Torres y Andrés Lorenzo Matta
Romero, quienes asumieron la posición que aquel ocupaba dentro del presente
litigio.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
16. El demandante citó como vulneradas las siguientes normas: artículo 13 de la
Ley 144 de 1996; 99 de la Ley 50 de 1990, decretos 1063 de 1991 y 152 de 1998,
y la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de julio de 2018.
3 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal,004ED_47001233300020210023, PDF
19AutoDecretaSucesionProcesal.
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Radicación: 47001-23-33-000-2021-00235-01 (7115-2023)
Demandante: Luis Enrique Matta Jiménez y otros
Demandado: Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
17. Manifestó que, mediante oficio del 8 de febrero de 2021, la entidad
demandada se abstuvo de acceder a lo pretendido y de emitir un pronunciamiento
de fondo respecto del reconocimiento y pago de la sanción moratoria derivada de la
falta de cancelación oportuna de las cesantías causadas a favor del señor Luis
Enrique Matta Jiménez, quien prestó sus servicios como celador adscrito a la
Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta entre el 23 de enero de 1992 y el
14 de junio de 2016.
18. Asimismo, adujo que la entidad accionada omitió reconocer y pagar
oportunamente dicha prestación social, pese a que el actor se encontraba sujeto al
régimen previsto en los artículos 17 de la Ley 6 de 1945, 1 del Decreto 2767 de
1945, 1 y 2 de la Ley 65 de 1946, 2 y 6 del Decreto 1160 de 1947 y 2 del Decreto
1252 de 2002, disposiciones aplicables a los servidores territoriales vinculados con
anterioridad al 30 de diciembre de 1996. Tal entendimiento, agregó que resulta
concordante con los lineamientos fijados por el Consejo de Estado en la Sentencia
de Unificación CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de julio de 2018.
2.2. Contestación de la demanda
19. El distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta4, a través de
apoderada, presentó contestación de la demanda en los siguientes términos:
20. Solicitó que se negaran las pretensiones al considerar que al ente territorial
no le asiste responsabilidad respecto al pago de la sanción moratoria toda vez que,
las cesantías retroactivas ya fueron consignadas al actor; igualmente, expuso que
el reconocimiento y pago del referido auxilio no trae consigo la sanción moratoria
pedida.
21. Formuló como excepciones: i) inexistencia de la obligación; ii) buena fe; y iii)
genérica.
2.3. Sentencia de primera instancia
22. El Tribunal Administrativo del Magdalena profirió sentencia el 22 de marzo de
20235,en la que accedió a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas, así:
PRIMERO: Declárase la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio de
fecha 8 de febrero de 2021 por el cual la Secretaría de Educación del Distrito de
Santa Marta negó el reconocimiento de una sanción moratoria.
TERCERO (sic): Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título
de restablecimiento del derecho, condénese al Distrito de Santa Marta, para que
4 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, 004ED_47001233300020210023, PDF 15.
ContestaciónparteDemandada y Anexos.
5 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, 004ED_47001233300020210023, PDF
22sentenciaPrimeraInstancia.
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Demandante: Luis Enrique Matta Jiménez y otros
Demandado: Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
pague a los señores Ligia Esther Romero Torres y Andrés Lorenzo Matta Romero,
en calidad de sucesores procesales del señor Luis Enrique Matta Jiménez6, la
sanción moratoria por pago tardío del auxilio de cesantía reconocida mediante
Resolución 790 del 30 de noviembre de 2020, esto es un día de salario por cada día
de retardo, desde el 6 de abril de 2018—inclusive— y el 10 de diciembre de 2020,
teniendo en cuenta la asignación básica para el momento del retiro del servicio del
accionante, esto es la asignación del año 2016. Sin prescripción de los dineros
adeudados conforme a lo expresado en la parte motiva del presente proveído.
CUARTO (sic): Ordénasela actualización en los precisos términos del numeral 2.3.1
de la parte considerativa de esta providencia.
QUINTO (sic): La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia conforme a
las prescripciones de los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.
[…]7
23. La decisión se basó en las siguientes consideraciones:
24. El fallador de primera instancia precisó que, de conformidad con el oficio de
25 de abril de 2018 emitido por la Secretaría de Educación de Distrito de Santa
Marta, el actor mediante reclamación administrativa SAC 19753 de 20 de diciembre
de 2017 solicitó el pago de sus cesantías definitivas por el periodo comprendido
entre el 23 de enero de 1992 al 31 de julio de 2016.
25. A su turno el ente territorial accionado mediante Resolución núm. 970 de 30
de noviembre de 2020 reconoció y ordenó el pago al demandante de la suma de
veintiún millones seis mil seiscientos cuarenta y tres pesos $21.006.643 por
concepto de cesantías definitivas retroactivas, auxilio que fue pagado el 11 de
diciembre de 2020, tal y como consta en el acto administrativo acusado y en los
hechos de la demanda.
26. Señaló que el demandante estaba afiliado al Fondo Nacional del Ahorro 8
desde aproximadamente el año 2011, tal y como consta en certificado de fecha 18
de noviembre de 2020.
27. Indicó que el señor Matta Jiménez fue retirado del servicio a través de la
Resolución núm. 555 de 15 de junio de 2016, y ejerció su empleo hasta el 1 de
agosto de la misma anualidad.
28. El fallador de primera instancia sostuvo que de conformidad con lo expuesto
por el Consejo de Estado9, la Ley 1071 de 2006, artículo 4, estableció un término
para la liquidación de las cesantías definitivas con el propósito de procurar una
6 Por auto del 18 de enero de 2023 se aceptó a los señores Ligia Esther Romero Torres y Andrés Lorenzo Matta
Romero, como sucesores procesales del señor Luis Enrique Matta Jiménez
7 Se transcribe con errores de texto.
8 En adelante FNA.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28
de octubre de 2021, exp. núm. 76001-23-33-000-2018-00686-01 80396-2020).
5
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Demandante: Luis Enrique Matta Jiménez y otros
Demandado: Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
actuación oportuna de la administración en beneficio del interesado, de manera que
en aquellas situaciones en las que no obtuviera una respuesta frente al derecho
pretendido, surgía la posibilidad de reclamar la indemnización.
29. Precisó que el artículo 5 de la misma normativa, fijó un plazo máximo de 45
días hábiles para pagar el valor reconocido por la prestación social y en su
parágrafo, previo la sanción a cargo del empleador moroso, con el fin de resarcir los
daños que se causen al administrado con ocasión al incumplimiento de la
obligación.
30. En punto a la exigibilidad de la sanción moratoria con ocasión del pago
inoportuno de las cesantías parciales o definitivas, citó la sentencia de unificación
CE-SUJ2-012-18 del 18 de julio de 2018, mediante la cual se estableció como regla
jurisprudencial, que una vez presentada la reclamación para el reconocimiento y
pago de la cesantía, la administración cuenta con un plazo de 70 días hábiles, si la
petición fue realizada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, o de 65 días en vigencia
del Decreto 01 de 1984, para resolver y pagar e auxilio reclamado, e indicó que en
caso contrario, comienza a partir del día siguiente del vencimiento de ese término a
correr la sanción moratoria, consistente en un día de salario por cada día de retardo.
31. Aunado a lo expuesto, el tribunal advirtió que, de la documentación allegada,
se constató que el actor presentó reclamación para el reconocimiento y pago del
auxilio de cesantía el 20 de diciembre de 2017, «por lo tanto: i) los 15 días para que
se produjera el acto administrativo vencieron el 15 de enero de 2018; ii) los 10 días
de ejecutoria transcurrieron hasta el 29 de enero de 2018; y iii) los 45 días para el
pago de aquella obligación vencieron el 5 de abril de 2018».
32. Igualmente, adujo que de conformidad con la Resolución núm. 970 de 30 de
noviembre de 2020, mediante la cual se reconoció y ordenó el pago del auxilio fue
emitida el 30 de noviembre de 2020 y el pago se efectúo el 11 de diciembre de 2020,
por lo que concluyó que tanto el reconocimiento y pago del auxilio fueron
extemporáneos. Por consiguiente, entre el periodo comprendido entre el 6 de abril
de 2018 «inclusive» y el 10 de diciembre de 2020, se generó a favor del actor la
sanción moratoria que reclama.
33. En este orden de ideas, el juez manifestó que la decisión negativa de parte
de la entidad demandada era equivocada, toda vez que las leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006 si son aplicables para las cesantías definitivas retroactivas, puesto
que, el fin de dicha indemnización es evitar que «la ineficiencia de la administración
impida a los beneficiarios gozar de sus derechos en los términos de ley».
34. Asimismo, el fallador de primera instancia precisó que contrario a lo que
ocurre con los intereses a las cesantías los cuales no están previstos para las
cesantías retroactivas, si hay lugar al reconocimiento y pago de la sanción moratoria
prevista en la Ley 244 de 1995 cuando el beneficiario esté bajo el régimen
retroactivo, pues pese a que la prestación se reconoce con el último salario
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devengado, dicha situación no exime para que se realice el pago de conformidad
con los términos previstos en la normativa referida, es decir, dentro de los 70 días
siguientes.
35. En este sentido, el tribunal concluyó que al actor le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías,
por lo que declaró la nulidad del acto administrativo acusado, y en consecuencia,
ordenó al distrito de Santa Marta a reconocer y pagar un día de salario por cada día
de retardo desde el 6 de abril de 2018 «inclusive» y el 10 de diciembre de 2020,
penalidad que se deberá liquidar con la asignación básica para el momento de la
causación de la mora.
36. En punto a la indexación de la sanción moratoria, afirmó que, de conformidad
con lo expuesto por la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado
el 28 de agosto de 2018, no hay lugar a la misma; sin embargo, como lo ha explicado
esta corporación, es posible a partir del día siguiente a la finalización de la causación
de la sanción, por consiguiente ordenó la actualización del valor total a partir del 11
de diciembre de 2020 y hasta a ejecutoria de la sentencia, de conformidad con el
artículo 187 del CPACA.
37. Por último, en relación con el fenómeno prescriptivo, precisó que no hay lugar
a declarar la prescripción trienal del pago de la sanción, toda vez que, entre la fecha
en que se hizo exigible el derecho y la presentación de la reclamación administrativa
no transcurrieron más de tres (3) años, entre esta y la radicación de la demanda.
2.4. Recurso de apelación
38. El distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta10 interpuso recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia, al considerar que hubo una
valoración probatoria deficiente y una errada interpretación de la jurisprudencia del
Consejo de Estado.
39. Expuso que no le asiste derecho al actor en su reclamo respecto al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria, toda vez que, las cesantías
retroactivas fueron reconocidas y pagadas, y ello no trae consigo la indemnización
pretendida.
40. Adujo que el auxilio de las cesantías está previsto en la Ley 6ª de 1945,
artículo 17, a la cual tendrían derecho los empleados de carácter permanente, en
atención al periodo laborado con posterioridad al 1 de enero de 1942.
41. Igualmente, señaló que las cesantías de los servidores públicos territoriales
vinculados a las entidades territoriales con anterioridad al 31 de diciembre de 1996
son retroactivas, circunstancia que aplica para el actor, dado que su vinculación al
10 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal,004ED_47001233300020210023, PDF
24ApelacionSentencia.
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Demandado: Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
ente territorial data del 23 de enero de 1992. En este sentido, resaltó que el régimen
retroactivo de cesantías no trae consigo la obligatoriedad de aplicar sanción
moratoria por el no pago oportuno de las mismas, toda vez que, su liquidación se
efectúa con base en el último salario devengado por todo el tiempo se servicio
prestado por el servidor.
42. Refirió que en la liquidación de las cesantías retroactivas se indexa el valor
de todos los años anteriores, por consiguiente, insistió que el actor está regido bajo
dicho régimen. Que se le reconoció el auxilio mediante la Resolución núm. 970 de
30 de noviembre de 2020 y que le fue pagado el 11 de diciembre del mismo año.
43. Agregó que, conforme a lo señalado por esta corporación en la sentencia del
26 de noviembre de 2015, los servidores públicos vinculados con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 344 de 1996, inicialmente regidos por el régimen
retroactivo de cesantías, solo podían trasladarse al sistema anualizado mediante
una manifestación expresa y voluntaria, en los términos previstos en el Decreto
1582 de 1998. Por esta razón, el ordenamiento jurídico no prevé la posibilidad de
un cambio tácito de régimen.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
44. Mediante auto del 29 de febrero de 202411, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada
en primera instancia. Asimismo, prescindió del período para correr traslado a las
partes, por no existir pruebas por decretar en segunda instancia, y ordenó notificar
personalmente al Ministerio Público y a las partes por estado.
45. Se advierte que, durante el trámite de esta instancia, ni el Ministerio Público
ni las partes procesales presentaron manifestaciones adicionales, razón por la cual
el proceso ingresó para proferir sentencia.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
46. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con
lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
47. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir:
11 Samai, índice 004.
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48. ¿Tiene derecho la parte actora al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria derivada del pago extemporáneo de las cesantías definitivas, pese a que
el beneficiario del derecho se encontraba sometido al régimen retroactivo de
cesantías?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. El régimen de cesantías aplicable a los empleados públicos
49. En los términos de la Ley 6ª de 1945, «Por la cual se dictan algunas
disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos
colectivos y jurisdicción especial de trabajo», el legislador determinó, en el artículo
12, literal f), el reconocimiento del auxilio de cesantías en favor de los trabajadores
oficiales, equivalente a un mes de salario por cada año de servicio y
proporcionalmente por fracciones de año. A su vez, el artículo 17, literal a), de la
misma normativa dispuso que dicho auxilio debía reconocerse a todos los
empleados y obreros nacionales de carácter permanente12.
50. El anterior derecho se extendió a los empleados de los departamentos,
intendencias, comisarías y municipios a través del Decreto 2767 de 1945. No
obstante, la Ley 65 de 1946 introdujo modificaciones en materia de cesantías, al
establecer que:
Artículo 1. Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en
cualquiera de las ramas del poder público, hállense o no escalafonados en la carrera
administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado
continua o discontinuamente, a partir del 1° de enero de 1942 en adelante,
cualquiera que sea la causa de retiro.
Parágrafo. - Extiéndase este beneficio a los trabajadores de los departamentos,
intendencias y comisarías y municipios en los términos del artículo 22 de la Ley 6ª
de 1945, y a los trabajadores particulares, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 12 y 36 de la misma Ley.
Artículo 2. Para liquidar el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados
nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y
particulares, se aplicarán las reglas indicadas en el Decreto 2567 del 31 de agosto
de 1946, y su cómputo se hará teniendo en cuenta no sólo el salario fijo sino lo que
se perciba a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución
ordinaria y permanente de servicios, tales como la prima móvil, las bonificaciones,
etc.
51. Con posterioridad, la liquidación retroactiva de las cesantías empezó a mutar
12 Artículo 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes
prestaciones sociales:
a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este
auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1 de enero de 1942.
[…].
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Radicación: 47001-23-33-000-2021-00235-01 (7115-2023)
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al sistema anualizado, en principio, con el Decreto 3118 de 196813, el cual dispuso
el cálculo anual de ese auxilio para los empleados públicos y trabajadores oficiales
de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado del
orden nacional, así:
Artículo 27. Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de
enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado
liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o
empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador.
52. El propósito del Gobierno nacional, con la expedición del decreto citado, fue
«iniciar el proceso de desmonte de la llamada retroactividad de las cesantías, para
dar paso a un sistema de liquidación anual, así como con la finalidad de pagar
oportunamente el auxilio de cesantía a los empleados públicos y trabajadores
oficiales; contribuir a la solución del problema de vivienda de estas personas y
proteger dicho auxilio de la depreciación monetaria, previendo, para el efecto, el
reconocimiento de intereses sobre las sumas acumuladas a favor del trabajador14»
53. A su turno el Decreto 432 de 1998 «Por el cual se reorganiza el Fondo
Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras
disposiciones», mantuvo el objetivo de administrar, de manera eficiente, las
cesantías15. Asimismo, le fueron asignadas, entre otras, las funciones relativas al
recaudo y pago del auxilio de cesantías a favor de los afiliados, así como la adopción
de mecanismos orientados a preservar su valor real frente a los efectos de la
pérdida del poder adquisitivo de la moneda16.
54. De igual manera los artículos 6.º y 7.º de la misma normativa establecieron,
de una parte, un monto destinado a reconocer intereses sobre el auxilio de
cesantías depositado, con el fin de contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo de
dicha prestación; y, de otra, fijaron un porcentaje específico por concepto de
intereses, en beneficio del trabajador.
55. Luego, la Ley 344 de 199617 preceptuó la liquidación anual del auxilio de
cesantías a quienes se vincularan a las entidades del Estado a su entrada en vigor,
esto es, el 31 de diciembre de 1996, en los siguientes términos:
13 Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantía de
empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones.
14 Consejo de Estado, Sentencia del 27 de septiembre de 2018, expediente 44001-23-33-000-2014-00030-01
(1522- 2016).
15 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.
16 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.
17 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
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Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo;
[…].
56. Ahora bien, la normativa vigente a la fecha de expedición de la citada, que
estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo
99 dispuso:
Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el
régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en
la fracción que se liquide definitivamente.
3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de
cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado
deberá pagar un día de salario por cada retardo.
4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos.
57. Mediante el Decreto 1582 de 199818 se extendió el régimen anualizado de
liquidación de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990 —que rige al sector privado—
a los empleados del orden territorial vinculados desde el 31 de diciembre de 1996
que se afiliaran a fondos privados, al señalar que:
Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se
18 Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en
relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.
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afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102,
104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores
públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el
establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo. - Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de
retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se
realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley
432 de 1998.
58. Por otra parte, el artículo 3º de la misma normativa dispuso:
En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que decidan
acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá de la siguiente forma:
a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha
de la solicitud de traslado;
b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora
seleccionada por el trabajador;
c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán
emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este
régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías,
con las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de
los trámites legales necesarios para su expedición.
59. Por su parte, el Decreto 1919 de 200219, en su artículo 3, ratificó que los
«empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad
de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley
344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000».
3.3.2. De la naturaleza de la sanción moratoria y su trasmisión a la cónyuge
y/o compañero supérstite y a los herederos del beneficiario principal fallecido
60. Respecto a la naturaleza de la sanción moratoria y a la posibilidad de que su
derecho a percibirla se trasmita a los beneficiarios del servidor fallecido, la Sección
Segunda se ha pronunciado en diferentes pronunciamientos que se relacionan a
continuación.
61. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia
del 23 de octubre de 202420 al resolver la pretensión de un beneficiario de un
docente fallecido que solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas
19 Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen
mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
23 de octubre de 2024, exp. 13-001-23-33-000-2021-00526-01 (4334-2024).
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y luego, ante la demora en recibir el valor del auxilio, pidió la sanción moratoria,
concluyó lo que sigue:
La sanción moratoria no es, bajo ningún punto de vista, una especie de prestación
social, pues no busca resguardar al trabajador de las eventualidades a los que
puede verse sometido durante una relación laboral, sino que se erige como una
penalidad económica contra el Estado por su retardo en el pago del auxilio y en favor
del servidor por los perjuicios derivados del retardo en dicho pago.
En este sentido, es claro que la causación de la aludida sanción surge con el
cumplimiento del tiempo establecido por el legislador para el pago de las cesantías
sin que ello haya sucedido y su finalidad es asegurar al empleado frente a la omisión
de la administración; derecho que fenece, entre otros, con su fallecimiento, cuando
no fue reclamado en vida […], como ocurrió en el bajo examen, donde el docente
titular falleció el 16 de enero de 2015, la petición para el reconocimiento de la
prestación tuvo lugar el 30 de junio de ese año, el acto administrativo se expidió el
25 de septiembre de 2017 y, la solicitud para obtener la sanción moratoria tuvo lugar
el 20 de octubre de esa anualidad.
Contrario sensu, el derecho al reconocimiento y pago del auxilio de cesantías no se
extingue con la muerte de su titular, puesto que la ley ha permitido que el mismo se
transmita a sus herederos, así como los demás derechos laborales; grupo del cual
no hace parte la sanción moratoria.
62. La tesis anterior la sustentó la Subsección en la diferenciación entre la
finalidad de las cesantías definitivas y la de la sanción moratoria, porque mientras
que las primeras buscan «proporcionarle al empleado o trabajador y a los
integrantes de su núcleo familiar, un respaldo económico que les permita atender
sus necesidades, mientras aquél permanece cesante como consecuencia de la
terminación de la relación laboral», la segunda es una «penalidad al empleador que
incumple dicha obligación». Además, se amparó en el contenido de la sentencia de
unificación CE-SUJ2 004 dictada por el Consejo de Estado el 25 de agosto de 2016
que, en punto a la sanción moratoria, precisó lo que sigue:
[…] dicha penalidad […] no es accesoria a la prestación social – cesantías-, pues la
finalidad del legislador para incorporarla al ordenamiento jurídico es sancionar al
empleador por el retardo en el cumplimiento de un deber legal, más no constituye
una carga laboral o retribución por los servicios prestados.
De este modo, la jurisprudencia del Consejo de Estado igualmente ha caracterizado
la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías como una multa a
favor del trabajador y en contra del empleador estatuida con el objeto de reparar los
daños causados al primero por el incumplimiento en el plazo para el pago […].
Visto lo anterior, es preciso concluir que la sanción moratoria no es un derecho cierto
e indiscutible, ya que tiene como propósito procurar que el empleador reconozca y
pague de manera oportuna la cesantía, por lo que, si bien representa una suma de
dinero considerable, sucesiva mientras no se produzca su pago; ella ni lo compensa
ni lo indemniza por la ocurrencia de la mora del empleador en cumplir con su
obligación de dar.
De allí que no pueda considerarse a la penalidad aludida como un derecho cierto o
una acreencia derivada de la relación laboral ocasionada en virtud de la prestación
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del servicio o de las eventualidades que el empleador ampare en virtud de lo que
ordena la ley; a contrario sensu de la prestación social - cesantías definitivas, que
fue establecida para enfrentar las contingencias desde el punto de vista económico
del núcleo familiar del empleado mientras este se encuentre cesante, y ha sido
definida desde la jurisprudencia, como uno de los componentes de la protección
constitucional establecida a favor de los trabajadores, como manifestación del
derecho a la seguridad social y asimismo, como una garantía irrenunciable de todo
trabajador.
63. Con fundamento en estas razones, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado concluyó que la sanción moratoria no hacía parte del derecho
laboral sino del sancionatorio, motivo por el cual no tenía el carácter de derecho
cierto e indiscutible. Igualmente resaltó que esta no constituía una carga laboral
adicional.
64. Aunado a lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda de la
corporación ya se había pronunciado en ese sentido en la sentencia del 15 de
agosto de 201321 que se dictó en el marco de un proceso iniciado por los herederos
de una docente que laboró desde 1992 a 2002, y a quien en vida se le reconocieron
sus prestaciones sociales y pidió la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de
1995, pero al momento del fallecimiento no se le habían pagado. En este contexto,
se propuso resolver si los demandantes tenían derecho a la reliquidación de las
cesantías de la causante, así como al pago de la sanción moratoria, y determinó lo
que se trascribe:
Lo anterior quiere decir, que como el acto por el cual se liquidó el auxilio de cesantías
definitivas de la actora quedó ejecutoriado el 26 de junio de 2002, a partir de esa
fecha la administración contaba con un plazo de 45 días hábiles, esto es, hasta el 2
de septiembre para proceder al pago del citado auxilio, pero como ello no ocurrió,
es claro que desde el 3 de esa fecha empezó a causarse la indemnización moratoria
bajo estudio.
No obstante, debe tenerse en cuenta que con ocasión del deceso de la señora María
Auxilio el 10 de septiembre de 2002 (folio 32 del plenario), dicha indemnización sólo
se produjo hasta ese momento, es decir, por un lapso de ocho (8) días y no hasta la
fecha en que el auxilio de cesantías le fue cancelado a los demandantes en su
calidad de beneficiarios de la misma, esto es, 15 de marzo de 2004 (folio 140 del
expediente).
Lo anterior, habida cuenta que si bien cuando el trabajador fallece el empleador no
pierde la obligación del pago de los salarios y prestaciones sociales adeudados, así
como de la sanción por mora en el pago del auxilio de las cesantías, respecto de
quienes acrediten tal condición, dichos conceptos sólo corren hasta la fecha de la
muerte del trabajador, habida cuenta que fue lo que éste causó en vida.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
15 de agosto de 2013, exp. 05001-23-31-000-2003-04383-01(2158-12).
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65. El consonancia con esto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-202322 dictada el 2 de noviembre de 2023,
cuyo objeto fue unificar los criterios de interpretación sobre la contabilización del
término de prescripción para reclamar la sanción moratoria derivada del pago tardío
de las cesantías definitivas, destacó como características de la sanción moratoria
las siguientes: se trata de «(i) una penalidad; (ii) no tiene carácter de derecho salarial
o prestacional; y (iii) no constituye una carga laboral o retribución por los servicios
prestados». En igual sentido, desarrolló lo que se expone a continuación frente a la
finalidad del pago oportuno de las cesantías definitivas:
Tal como se dijo en párrafos anteriores, el pago oportuno de las cesantías definitivas
tiene como finalidad proporcionarle al empleado o trabajador y a los integrantes de
su núcleo familiar, un respaldo económico que les permita atender sus necesidades,
mientras aquél permanece cesante como consecuencia de la terminación de la
relación laboral. […]
El legislador, inspirado en el propósito de asegurar el pago oportuno de las cesantías
definitivas en un plazo razonable, promulgó las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006
estableciendo el término perentorio de 15 días hábiles siguientes a la presentación
de la solicitud de la liquidación de las cesantías definitivas, para expedir la resolución
correspondiente, y le impuso al empleador el deber de pagar la prestación en un
plazo máximo de 45 días hábiles, a partir de la firmeza del acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías del servidor público.
De la normativa puede inferirse que, en los casos en los que el empleador de forma
oficiosa no reconoce y paga las cesantías definitivas, el empleado debe formular
una solicitud en tal sentido, la cual resulta determinante para empezar a contabilizar
el término de los 45 días hábiles con los que cuenta el empleador para pagar las
cesantías.
66. Adicionalmente, en punto a la naturaleza de las cesantías y de la sanción
moratoria, la citada sentencia de unificación precisó lo que se transcribe en los
siguientes términos:
La institución de las cesantías fue introducida en el derecho laboral colombiano por
la Ley 10 de 1934, como una prerrogativa para todos los trabajadores del sector
privado que fueren despedidos por razones no atribuibles a la mala conducta o al
incumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo y tenía la connotación de
un castigo al empleador, que sin justa causa decidiere prescindir de sus servicios.
La Ley 6a de 1945 y el Decreto 2767 de la misma anualidad hicieron extensiva esa
prestación, con idéntica finalidad, a los empleados y obreros nacionales de carácter
permanente y a los empleados y obreros al servicio de departamentos, intendencias,
comisarías o municipios, respectivamente.
La Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947, por su parte, suprimieron ese carácter
sancionatorio y a la vez indemnizatorio de las cesantías, permitiendo su pago
independientemente de la razón que hubiere dado lugar al retiro de los asalariados
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-
034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, exp. 080012333000201200200-02 (2459-2014).
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de carácter permanente al servicio de la Nación, en cualquiera de las ramas del
poder público. Bajo esa nueva concepción, las cesantías se convirtieron en
prestación social, posteriormente incorporada en el Código Sustantivo del Trabajo,
cuya finalidad consiste en garantizar el cubrimiento de las necesidades básicas del
empleado y de su familia al quedar cesante. […]
La sanción moratoria se encuentra en íntima consonancia con el derecho de los
trabajadores al pago oportuno de su remuneración salarial y prestacional.
Precisamente la necesidad de garantizar el derecho al pago oportuno de las
prestaciones sociales de los servidores públicos propició en el ordenamiento jurídico
colombiano la promulgación de la Ley 244 de 1995, dado que la protección del pago
oportuno de las acreencias laborales no sólo se restringe al ámbito de la ejecución
de la relación laboral, sino que también se extiende a los actos posteriores a su
finalización, esto por cuanto una vez finalizada la relación laboral, se entiende que
el individuo queda en una situación de vulnerabilidad, derivada de la carencia de
recursos económicos para garantizar su subsistencia futura.
67. En línea con esto, una sentencia de unificación proferida con anterioridad a
la aquí referida, concretamente el 18 de julio de 2018, por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado23, resaltó lo siguiente frente al propósito
de la sanción moratoria:
Visto lo anterior, es preciso concluir que la sanción moratoria por pago
extemporáneo de las cesantías, es una sanción o penalidad cuyo propósito es
procurar que el empleador reconozca y pague de manera oportuna la mencionada
prestación, más no mantener el poder adquisitivo de la suma de dinero que la
representa y con ella, la capacidad para adquirir bienes y servicios o lo que la ley
disponga como su propósito.
Desde la óptica del empleado, si bien la sanción moratoria representa una suma de
dinero considerable, sucesiva mientras no se produzca el pago de las cesantías; ella
ni lo compensa ni lo indemniza por la ocurrencia de la mora del empleador en cumplir
con su obligación de dar, puesto que su propósito es procurar el pago oportuno de
la prestación social, razón por la cual, no es posible hablar que estamos ante un
derecho o una acreencia derivada de la relación de trabajo o de las eventualidades
que el empleador ampare en virtud de lo que ordena la ley.
68. A partir del recuento realizado, es claro que la sanción moratoria no es un
derecho salarial ni prestacional sino una penalidad y su pago oportuno tiene por
finalidad proteger al trabajador y a su familia mientras aquel permanece cesante por
la terminación de su vínculo laboral. Lo anterior, permite sustentar que la sanción
moratoria deja de causarse al momento del fallecimiento del servidor público, en la
medida en que ahí culmina la condición de cesante y deja de requerirse un alivio
para suplir la contingencia del trabajador24.
23 Dentro del expediente identificado con el número 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15).
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de marzo de 2026, exp. núm. 41001-
23-33-000-2019-00469-01 (7913-2023).
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69. Finalmente, resulta relevante destacar que, la tesis jurisprudencial que se
acaba de exponer se acompasa con el contenido del artículo 2.2.32.7 del Decreto
1083 de 2015, que derogó el artículo 58 del Decreto 1848 de 196925 y que establece
que los derechos laborales que se trasmiten son aquellos que tienen la naturaleza
de ciertos e indiscutibles, naturaleza de la que goza el auxilio de cesantía pero no,
la sanción moratoria salvo que esta se hubiera causado en vida del causante.
70. Del contenido de esta normativa se advierte que se presenta la
transmisibilidad del auxilio de cesantías a los beneficiarios una vez fallece el
empleado oficial. Sin embargo, comoquiera que la sanción moratoria es una
penalidad no accesoria a las cesantías y tiene la naturaleza de multa y no de
derecho laboral cierto e indiscutible, no es posible concluir que, surge el derecho a
reclamarla en el propio trámite que adelanten los beneficiarios del servidor fallecido.
71. En este orden de ideas, los herederos pueden reclamar sanciones
moratorias, intereses e indemnizaciones tras la muerte del causante, es decir, estas
se trasmiten a estos últimos, pero solo si estas se derivan de obligaciones
incumplidas por un tercero antes del fallecimiento. Debe tratarse de obligaciones
anteriores, de suerte que solo es posible hablar de un escenario de transmisibilidad
hasta lo efectivamente causado.
72. Ahora bien, de conformidad con el marco normativo desarrollado en esta
providencia, en especial con lo dispuesto en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006,
se advierte que dichas normas establecen plazos específicos para el
reconocimiento y pago de las cesantías y prevén, ante su incumplimiento, la
imposición de una sanción moratoria. Esta consecuencia jurídica se circunscribe de
manera expresa al supuesto de mora en el pago del referido auxilio a los empleados.
Tal entendimiento se desprende del objeto mismo de la ley, orientado a reglamentar
el reconocimiento y pago oportuno de las cesantías en favor de los trabajadores y
servidores del Estado.
3.4. Hechos probados
73. La Sala, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente,
encuentra probados los siguientes hechos:
25 ARTÍCULO 2.2.32.7 Transmisión de derechos laborales. Al fallecimiento del empleado oficial se transmite a
sus herederos el derecho al auxilio de cesantía correspondiente al de cujus, lo mismo que los demás derechos
laborales causados en favor de éste y que no se hubieren satisfecho antes de su muerte.
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3.4.1. Vinculación del actor con el distrito Turístico, Cultural e Histórico de
Santa Marta
74. El señor Luis Enrique Matta Jiménez, fue nombrado mediante Decreto 043
de 22 de enero de 1992, y mediante acta de posesión núm. 172 de 23 de enero de
199226 tomó posesión del cargo.
75. El demandante ejerció como mensajero en la Secretaría de Obras Públicas
del ente territorial accionado y si bien ejerció diversos cargos en la entidad, su
vinculación inicial data de 199227.
3.4.2 Reconocimiento de la pensión de jubilación al actor y su renuncia al
cargo
76. Mediante Resolución núm. 16743 del 19 de diciembre de 2011 28 el Instituto
de Seguros Sociales reconoció al actor pensión de vejez, acto que fue notificado el
26 de junio de 201229. Posteriormente, como consecuencia del reconocimiento de
dicha prestación, presentó renuncia al empleo que ocupaba, efectiva a partir del 5
de junio de 201430.
77. Luego, por medio de la Resolución núm. 0555 de 15 de junio de 2016 31 se
retiró del servicio al señor Matta Jiménez por habérsele reconocido pensión de
vejez.
3.4.3 Respecto al reconocimiento de las cesantías definitivas
78. El señor Luis Enrique Matta Jiménez presentó reclamación administrativa el
20 de diciembre de 201732, con el propósito de solicitar el reconocimiento y pago de
sus cesantías retroactivas por haber prestado sus servicios en el ente territorial
accionado, lo cual fue corroborado mediante oficio de 25 de abril de 201833, emitido
por la Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta y en la que expresamente
se indicó:
26 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal,004ED_47001233300020210023, PDF
17.AntecedentesAdministrativos. folio 11.
27 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal,004ED_47001233300020210023, PDF
17.AntecedentesAdministrativos.
28 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal,004ED_47001233300020210023, PDF 17.
AntecedentesAdministrativos2021-235, folios 24 al 27.
29 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal,004ED_47001233300020210023, PDF 17.
AntecedentesAdministrativos2021-235, folio 28.
30 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal,004ED_47001233300020210023, PDF 17.
AntecedentesAdministrativos2021-235, folio 29.
31 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal,004ED_47001233300020210023, PDF 17.
AntecedentesAdministrativos2021-235, folio 33.
32 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal,004ED_47001233300020210023, PDF 00.DEMANDA Y
ANEXOS, folio 7.
33 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal,004ED_47001233300020210023, PDF 00.DEMANDA Y
ANEXOS, folios 8 al 11.
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Radicación: 47001-23-33-000-2021-00235-01 (7115-2023)
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A modo de conclusión, la cesantía de los servidores públicos territoriales vinculados
a las entidades estatales antes del 31 de diciembre e 1996 es retroactiva y su
liquidación se regirá por las normas correspondientes, EN LA QUE USTED SE
ENCUENTRA INMERSO.
En tal sentido, se está incluyendo en la planilla enviada por el Ministerio de
Educación Nacional para tal fin, la cual será remitida a esta entidad para su
aprobación de pago
[…]34 .
3.4.4. Solicitud de reconocimiento y pago de cesantías retroactivas y la
sanción moratoria
79. El señor Luis Enrique Matta Jiménez, solicitó el 6 de marzo de 202035 ante la
Secretaría de Educación de Santa Marta, el pago inmediato de sus cesantías
retroactivas y de la sanción moratoria, toda vez que se retiró del servicio desde el
31 de julio de 2016.
80. El secretario de educación distrital certificó el 21 de octubre de 202036 que al
actor se le adeuda la suma de veintiún millones seis mil seiscientos cuarenta y tres
pesos $21.006.643.00, por concepto de cesantías retroactivas.
81. Mediante Resolución núm. 970 de 30 de noviembre de 202037, expedida por
el distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, se ordenó el pago al actor
de la suma de veintiún millones seis mil seiscientos cuarenta y tres pesos
$21.006.643.00, por cesantías retroactivas.
3.4.5. Reconocimiento de sucesores procesales
82. A través de providencia de 18 de enero de 202338, el tribunal aceptó la
sucesión procesal del señor Luis Enrique Matta Jiménez y tuvo como sucesores
procesales a la señora Ligia Esther Romero Torres y al señor Andrés Lorenzo Matta
Romero, en condición de cónyuge e hijo del causante, respectivamente.
3.5. Análisis de la Sala
83. En atención al fundamento del recurso, el presente asunto se circunscribe a
determinar si la sanción moratoria procede cuando existe demora en el pago del
auxilio de cesantía sometido al régimen retroactivo.
34 Se transcribe con errores de texto.
35 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal,004ED_47001233300020210023, PDF 00.DEMANDA Y
ANEXOS, folio 12.
36 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal,004ED_47001233300020210023, PDF 17.
AntecedentesAdministrativos2021-235, folio 3.
37 «Por la cual se ordena el pago de unas cesantías retroactivas al ex funcionario Luis Enrique Matta Jiménez,
identificado con la cédula de ciudadanía N° 5.835.904».
38 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal,004ED_47001233300020210023, PDF 19.
AutoDecretaSucesiónProcesal
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Radicación: 47001-23-33-000-2021-00235-01 (7115-2023)
Demandante: Luis Enrique Matta Jiménez y otros
Demandado: Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
84. El tribunal de primera instancia accedió a las pretensiones incoadas, al
considerar que fue demostrado que el ente territorial pagó por fuera de los términos
previstos en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, las cesantías
al actor, por lo que surgió el derecho al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria prevista en dicha normativa.
85. Por su parte, la entidad demandada difiere de lo expuesto por el juez al
considerar que no procede el reconocimiento de la sanción moratoria reclamada,
por cuanto las cesantías retroactivas del actor fueron debidamente reconocidas y
pagadas. Asimismo, indicó que, al encontrarse sometido al régimen retroactivo de
cesantías por su vinculación anterior al 31 de diciembre de 1996, la liquidación de
dicha prestación se efectuó con base en el último salario devengado durante todo
el tiempo de servicios, lo que excluye la aplicación de la indemnización pretendida.
Agregó que el auxilio fue reconocido mediante la Resolución núm. 970 de 30 de
noviembre de 2020 y pagado el 11 de diciembre siguiente.
86. Al examinar las circunstancias particulares del caso, la Sala observa que el
señor Luis Enrique Matta Jiménez radicó solicitud de reconocimiento y pago de
cesantías definitivas el 20 de diciembre de 2017. Posteriormente, la administración
accedió a dicha petición mediante la Resolución núm. 970 de 30 de noviembre de
2020, acto a través del cual reconoció la prestación reclamada, cuyo pago se
materializó el 11 de diciembre de 2020.
87. De igual forma, se encuentra acreditado que el señor Luis Enrique Matta
Jiménez prestó sus servicios al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
desde el 23 de enero de 1992 hasta el 30 de junio de 2016, período durante el cual
consolidó el derecho al reconocimiento de sus cesantías definitivas, prestación que
le fue reconocida en vida por la entidad.
88. Asimismo, se observa que el 6 de marzo de 2020 formuló reclamación
administrativa con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria derivada del pago extemporáneo de dicho auxilio. Sin embargo, el 19 de
diciembre de 2021 se produjo su fallecimiento, circunstancia que dio lugar a que los
aquí demandantes, en su condición de cónyuge e hijo del causante, continuaran la
reclamación tendiente a obtener el pago de las sumas que eventualmente se
generaron por concepto de la referida sanción moratoria, en su condición de
sucesores procesales. Aspecto sobre el cual la Sala no efectuará pronuncimiento
pues ya fueron reconocidos como tales por la primera instancia y sobre ello no
existió oposición alguna pro parte de la entidad demandada.
89. Frente al reparo concreto que sustentó el recurso de apelación, consistente
en que la sanción moratoria resulta improcedente debido a que las cesantías
retroactivas reclamadas fueron reconocidas y canceladas y además dicho régimen
no trae consigo su obligatoriedad, la Sala considera que tal razonamiento parte de
una interpretación restrictiva que no encuentra respaldo en la Ley 244 de 1995. En
efecto, el parágrafo del artículo 2 de dicha normativa supeditó la causación de la
indemnización exclusivamente a la mora en el pago de las cesantías definitivas, sin
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introducir diferenciación alguna respecto del régimen de cesantías al cual se
encuentre vinculado el servidor público.
90. Por ende, la circunstancia de que el causante estuviera sometido al régimen
retroactivo no excluye la aplicación de la consecuencia sancionatoria prevista por el
legislador, dado que esta surge del incumplimiento del plazo legal para el pago de
la prestación y no de la modalidad bajo la cual aquella fue liquidada.
91. Aunado a lo expuesto, la Sala destaca que la Ley 244 de 1995 previó un
régimen de protección orientado a garantizar la satisfacción oportuna del derecho
al pago de las cesantías definitivas de los servidores públicos, para lo cual fijó
términos precisos tanto para la expedición del acto de reconocimiento como para la
cancelación efectiva de la prestación. De la lectura de sus disposiciones no se
desprende limitación alguna fundada en la modalidad de liquidación del auxilio de
cesantías, pues el legislador optó por establecer un ámbito subjetivo de aplicación
general. Por ende, las obligaciones allí previstas y las consecuencias derivadas de
su incumplimiento resultan exigibles respecto de todos los servidores públicos
beneficiarios de cesantías definitivas, sin distinción entre quienes se encuentran
sometidos al régimen anualizado y aquellos regidos por el sistema retroactivo. Bajo
esta perspectiva, la procedencia de la sanción moratoria depende exclusivamente
de la acreditación de la mora en el pago de la prestación, mas no del régimen
prestacional aplicable al beneficiario.
92. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala concluye que la
decisión adoptada por el tribunal se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico y
a las particularidades demostradas en el proceso. En efecto, está acreditado que el
señor Luis Enrique Matta Jiménez presentó solicitud de reconocimiento y pago de
sus cesantías definitivas el 20 de diciembre de 2017. A partir de dicha fecha, la
administración disponía de quince (15) días hábiles para expedir el acto
administrativo correspondiente, término que venció el 15 de enero de 2018;
posteriormente, debía contabilizarse el lapso de ejecutoria del acto, que culminó el
29 de enero de 2018; y, finalmente, corría el término máximo de cuarenta y cinco
(45) días hábiles para efectuar el pago del auxilio, el cual expiró el 5 de abril de
2018. En consecuencia, el análisis efectuado por el tribunal respecto del cómputo
de los plazos legales y de la configuración de la mora se ajusta a las previsiones
contenidas en la Ley 244 de 1995.
93. Ahora bien, las pruebas obrantes en el expediente permiten establecer que
las cesantías definitivas fueron reconocidas mediante la Resolución núm. 970 de 30
de noviembre de 2020, en tanto que su pago únicamente se materializó el 11 de
diciembre de 2020. De esta manera, la entidad incumplió los términos legalmente
establecidos para la satisfacción de dicha obligación, circunstancia que configura la
mora desde el 6 de abril de 2018, esto es, el día siguiente al vencimiento del plazo
máximo previsto para el pago, hasta el 10 de diciembre de 2020, fecha
inmediatamente anterior al pago. En tales condiciones, al encontrarse demostrados
los presupuestos normativos para la causación de la indemnización prevista en el
parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 de 1995, no se advierte razón alguna para
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apartarse de lo decidido por el juez de primera instancia, motivo por el cual la
sentencia apelada será confirmada en su integridad
3.6. Conclusión de la decisión
94. En síntesis, se encuentra demostrado que el señor Luis Enrique Matta
Jiménez presentó solicitud de reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas y
que la entidad demandada excedió los términos previstos en la Ley 244 de 1995
para su reconocimiento y cancelación efectiva. Asimismo, quedó acreditado que el
causante se encontraba sometido al régimen retroactivo de cesantías; sin embargo,
tal circunstancia no excluye la procedencia de la sanción moratoria, puesto que el
legislador no previó excepción alguna fundada en el régimen prestacional aplicable
al servidor público, sino que supeditó su reconocimiento únicamente a la
configuración de la mora en el pago de las cesantías definitivas. Por consiguiente,
al haberse verificado el incumplimiento de los plazos legales por parte de la
administración, surge el deber de reconocer a sus herederos la indemnización
prevista en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 de 1995, razón por la cual la
decisión del tribunal se ajusta al ordenamiento jurídico y deberá ser confirmada.
3.7. Costas
95. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 39 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
96. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
39La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 47001-23-33-000-2021-00235-01 (7115-2023)
Demandante: Luis Enrique Matta Jiménez y otros
Demandado: Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia del 22 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda, por las consideraciones expuestas en esta providencia.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Aclara de voto
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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