República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2017-01906-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01906-01 (6656-2022)
Demandante: Armando Estrada Rojas
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Tema: sanción moratoria por el pago tardío de cesantías parciales. Subtema 1:
leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. Subtema 2: prescripción. Subtema 3: Ley 550
de 1990. Acuerdo de reestructuración de pasivos, procedimiento. Subtema 4:
revoca condena en costas
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
proferida el 23 de junio de 2020 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El señor Armando Estrada Rojas presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho con el propósito de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos contenidos en el Oficio APS 0519 del 2 de julio de 2014 y en la
Resolución núm. 0386 del 10 de julio de 2017, mediante los cuales la entidad
demandada le negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria derivada del
pago extemporáneo de sus cesantías parciales, de conformidad con lo dispuesto en
las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Declaró la nulidad de los actos acusados; condenó al
ente territorial al reconocimiento y pago de la sanción moratoria correspondiente al
periodo comprendido entre el 9 de mayo de 2013 hasta el 30 de marzo de 2014;
condenó en costas a la parte accionada; y negó las demás pretensiones.
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01906-01 (6656-2022)
Demandante: Armando Estrada Rojas
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Esta subsección, confirmará la sentencia de primera instancia, al concluir que al
actor le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria causada
por el pago tardío de sus cesantías parciales, conforme a la normativa aplicable.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Armando Estrada Rojas, mediante apoderada, presentó demanda1 en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
departamento del Valle del Cauca de conformidad con las pretensiones, hechos y
fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan.
2.1.1. Pretensiones2
• Declarar la nulidad del Oficio APS 0519 del 2 de julio de 2014 y de la
Resolución núm. 0386 del 10 de julio de 2017, mediante los cuales se le negó al
demandante el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de
sus cesantías parciales.
• A título de restablecimiento del derecho, se ordene al departamento del Valle
del Cauca a reconocer y pagar al actor la sanción moratoria causada por el retardo
en el pago de sus cesantías parciales, de conformidad con lo previsto en las leyes
244 de 1995 y la 1071 de 2006.
• Condenar a la entidad demandada a que las sumas obtenidas sean
actualizadas conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
• Ordenar el cumplimiento de la sentencia dentro del término legal y en caso
de incumplimiento, se disponga el pago de los intereses moratorios
correspondientes.
• Condenar al ente territorial al pago de las costas y costos de este proceso de
acuerdo con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo3.
2.1.2. Hechos
2. Como fundamento de las pretensiones, expuso lo siguiente:
• El señor Armando Estrada Rojas se encuentra vinculado como servidor del
departamento del Valle del Cauca desde el 9 de diciembre de 1980, en el cargo de
profesional universitario.
1 Cuaderno físico, folios 1 al 34.
2 La Sala del estudio del proceso los relaciona en ese sentido.
3 En adelante CPACA.
2
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01906-01 (6656-2022)
Demandante: Armando Estrada Rojas
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
• El demandante, el 24 de enero de 2013, solicitó ante la Secretaría de
Desarrollo Institucional el pago de un anticipo de sus cesantías parciales para
reparaciones locativas de su vivienda.
• El departamento del Valle del Cauca mediante Resolución núm. 0279 del 26
de febrero de 2014, reconoció y autorizó el pago de la cesantía parcial por valor de
dieciséis millones ochocientos ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y un pesos
$16.884.381. Este acto administrativo fue notificado personalmente al actor, el 27
del mismo mes y año.
• El demandante manifestó que el pago del auxilio fue efectuado el 31 de
marzo de 2014, mediante consignación en su cuenta de ahorros núm.
017070130798 del banco Davivienda.
• Refirió que la administración se extralimitó en el plazo fijado por la normativa
para el reconocimiento de sus cesantías parciales, por lo que presentó ante la
entidad demandada solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
el período comprendido entre el 25 de abril de 2013 al 30 de marzo de 2014, para
un total de 340 días.
• La Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, mediante
Oficio APS 0519 del 2 de julio de 2014, Sade 148970, negó lo pretendido.
• Frente a dicha determinación, el demandante afirmó que interpuso los
recursos de ley dentro del término legal, mediante comunicación del 21 de julio de
2014.
• Agregó que, el 13 de junio de 2017, reiteró los recursos de reposición y de
apelación interpuestos, los cuales, para ese momento, no habían sido resueltos.
• Finalmente, expuso que mediante Resolución núm. 0386 del 10 de julio de
2017, el ente territorial resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión
negativa emitida el 2 de julio de 2014.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
3. El demandante citó como normas vulneradas: la Constitución Política
artículos 1, 2, 4, 6, 25, 53 y 90; y la Ley 244 de 1995, artículos 3, 4 y 5.
4. Al desarrollar el concepto de violación, manifestó que, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 1071 de 2006, se fijó el término del que dispone la
administración para expedir el acto administrativo que reconozca las cesantías
definitivas o parciales de los servidores públicos. En tal sentido, sostuvo que el
departamento contaba con un plazo de quince (15) días hábiles para emitir el acto
correspondiente y que, al haber excedido dicho término, se configuró el supuesto
3
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01906-01 (6656-2022)
Demandante: Armando Estrada Rojas
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
fáctico que da lugar al reconocimiento de la sanción moratoria, equivalente a un día
de salario por cada día de retardo, hasta el pago efectivo.
2.2. Contestación de la demanda
5. El departamento del Valle del Cauca no contestó la demanda, tal y como lo
consignó la constancia expedida por la secretaría del Tribunal4.
2.3. Sentencia de primera instancia
6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia el 23 de junio
de 20205, en la que dispuso:
PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de los actos administrativos contenidos en el
Oficio APS 0519 del 2 de julio de 2014, SAD 148970, expedido por Secretaría de
Gestión Humana y Desarrollo Organizacional del Departamento del Valle, y en la
Resolución No. 0386 del 10 de julio de 2017, por medio de la cual el Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional, resolvió el recurso de reposición contra el
oficio APS-0519 SAD 148970 del 2 de julio de 2014; mediante los cuales se negó al
demandante el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la cancelación
extemporánea de las cesantías parciales, consagrada en la Ley 1071 de 2006.
SEGUNDO: Como consecuencia de las declaraciones anteriores y a título de
restablecimiento del derecho, CONDÉNASE al Departamento del Valle del Cauca,
a reconocer y pagar a favor del señor Armando Estrada Rojas, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 16.583.964 de Cali, la sanción moratoria de que trata el
parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por
cada día de retardo, desde el día 9 de mayo de 2013 hasta el día 30 de marzo de
2014.
TERCERO: ORDÉNASE a la entidad demandada, dar cumplimiento a esta
sentencia, en los términos del artículo 192 C.P.A.C.A.
CUARTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: EXPÍDANSE por Secretaría, copias con destino a las partes, con las
precisiones del artículo 114 del Código General de Proceso.
SEXTO: CONDÉNASE en costas al Departamento del Valle del Cauca, a favor de
la parte demandante. Liquídense por Secretaría. Fíjense como agencias en derecho
un porcentaje del cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor de las pretensiones
reconocidas.
[…]6.
7. El Tribunal indicó que, el señor Armando Estrada Rojas solicitó el
reconocimiento y pago de unas cesantías parciales el día 24 de enero de 2013, las
4 Cuaderno físico, folio 46.
5 Cuaderno físico, folios 102 al 107.
6 Se transcribe con errores de texto.
4
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01906-01 (6656-2022)
Demandante: Armando Estrada Rojas
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
cuales fueron reconocidas a través de la Resolución núm. 0279 del 26 de febrero
de 2014. Concluyó que la entidad demandada excedió el término de quince (15)
días hábiles previsto en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 para expedir el acto
administrativo correspondiente, toda vez que dicho plazo venció el 14 de febrero de
2013.
8. Adicionalmente, sostuvo que, dado que la mora se configuró desde el
momento en que se superó el término legal para el reconocimiento del auxilio, no
resultaba aplicable lo dispuesto en el artículo 5 de la misma ley, el cual regula el
cómputo de los cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir de la firmeza del acto
administrativo.
9. Precisó que los cuarenta y cinco (45) días hábiles referidos deben correr
después de los quince (15) días hábiles desde la presentación de la solicitud más
diez (10) días de la ejecutoria del acto administrativo, plazo que para el caso
concreto sería a partir del 28 de febrero de 2013, y una vez agotado el lapso
adicional de cuarenta y cinco días (45) días para que la administración realice el
pago, este venció el 8 de mayo de 2013.
10. De acuerdo con el acervo probatorio que obra en el expediente, el Tribunal
advirtió que el pago del auxilio fue realizado únicamente hasta el 31 de marzo de
2014, razón por la cual concluyó que se configuró la mora entre el 9 de mayo de
2013 y el 30 de marzo de 2014. En consecuencia, consideró que dicho término
debía multiplicarse por el salario diario legal mensual devengado por el actor, para
efectos del cálculo de la sanción moratoria.
11. Por último, el Tribunal condenó en costas al departamento del Valle del
Cauca, de conformidad con lo previsto en el artículo 365 del Código General del
Proceso.
2.4. Recurso de apelación
12. El departamento del Valle del Cauca7 apeló la sentencia de primera instancia
al considerar que el Tribunal desconoció el régimen jurídico aplicable a la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías. Expuso que la Ley 244 de 1995,
modificada por la Ley 1071 de 2006, tiene carácter general y que la sanción allí
prevista solo procede cuando la mora se configura conforme a los términos
establecidos en dicha normativa, sin que resulte admisible acudir a interpretaciones
extensivas derivadas de otros regímenes especiales.
13. Adujo que, en materia sancionatoria, al igual que en el derecho penal, opera
el principio de interpretación restrictiva de la norma, lo que implica la prohibición de
la aplicación extensiva de las disposiciones que establecen sanciones; por
7Samai Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, exp núm. 76001233300020170190600, cuaderno principal,
pdf 20.
5
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01906-01 (6656-2022)
Demandante: Armando Estrada Rojas
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
consiguiente, el intérprete debe sujetarse estrictamente al principio de legalidad, en
tanto constituye una garantía del debido proceso.
14. Adicionalmente, indicó que el acuerdo de reestructuración de pasivos
suscrito por el departamento del Valle del Cauca en el marco de la Ley 550 de 1999
reguló expresamente el pago de la sanción moratoria y dispuso que esta debía
reconocerse en un porcentaje del setenta por ciento (70%) de su valor. En tal
sentido, afirmó que la entidad no desconoció la obligación, sino que procedió
conforme a un acuerdo válido y vigente.
15. Citó jurisprudencia del Consejo de Estado8 que consideró aplicable y en la
que se precisó:
«El acuerdo de reestructuración de pasivos de un ente territorial puede
inaplicarse por inconstitucional, si evade la sanción moratoria por el pago
tardío de cesantías. Además, esa conducta también infringe la Ley 550 de
1990, pues no busca la equidad, a pesar de que dicho acuerdo pretende
salvaguardar las obligaciones adquiridas con justo título y preexistentes a su
celebración».
16. Por consiguiente, agregó que su representada no desconoció el pago de la
sanción moratoria, sino que la misma fue reconocida acorde con las cláusulas 159
y 1810 del acuerdo de reestructuración suscrito, siendo sometidas a una rebaja en
su valor lo cual es viable conforme al referido acuerdo.
17. Asimismo, alegó que la sentencia apelada omitió el estudio de la excepción
de prescripción trienal de la sanción moratoria, prevista en el artículo 151 del Código
de Procedimiento Laboral, pese a que esta tesis fue expuesta en el salvamento de
voto formulado en primera instancia y ha sido reiterada por la jurisprudencia
unificada de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
18. En punto a lo anterior destacó que el término de prescripción debía contarse
a partir de la exigibilidad de la obligación y que, en el caso concreto, dicho plazo se
encontraba vencido al momento de la presentación de la demanda, dado que el
pago de las cesantías se realizó el 31 de marzo de 2014 y el actor presentó su
reclamación el 23 de mayo de 2014, momento a partir del cual tenía un plazo de
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. núm. 76001-23-31-000-2006-00399-01
9 CLAUSULA 15. PROCESOS JUDICIALES ORDINARIOS. (…) PARAGRAFO: Cuando la principal pretensión
haya sido el pago de una sanción por mora en el cumplimiento del deber de consignación de las cesantías
(artículo 90 ley 50 de 1990) o del deber de pago total o parcial de las cesantías (Ley 244 de 1995, modificada
por la ley 1071 de 2006), solo se pagará el 70% del monto de la sanción así reconocida, suma que para su pago
solo será indexada hasta el 15 de mayo de 2012, fecha de iniciación de la promoción del acuerdo. Lo anterior,
sin perjuicio del reconocimiento y pago de los intereses a las cesantías del correspondiente fallo judicial, evento
en el cual solo se pagará el 70% de las sumas así reconocidas.
10
CLAUSULA 18. PROCESOS EJECUTIVOS SANCIONES POR NO CONSIGNACIÓN Y POR NO PAGO DE
CESANTÍAS. A los acreedores que iniciaron procesos ejecutivos para obtener el pago de sus acreencias
derivadas de sanciones por no consignación o no pago de las cesantías solo se pagara el 70% del valor
reconocido a la sentencia que dio origen al proceso ejecutivo, sin incluir, costas, agencias de derecho,
indexaciones o intereses de mora. Solicitan los demandantes que se declare que la entidad demandada debe
liquidar nuevamente la sanción moratoria sobre el 100% y no sobre el 70% como lo pretende pagar y se
inaplique por inconstitucional el contenido del acuerdo de reestructuración de pasivos, respecto a reconocer
solamente el 70% de la deuda.
6
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01906-01 (6656-2022)
Demandante: Armando Estrada Rojas
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
tres (3) años para presentar la demanda, la cual fue radicada el 14 de diciembre de
2015, es decir, ya estaba prescrito el derecho.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
19. Mediante auto del 6 de julio de 202311, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por el departamento del Valle del Cauca contra la
sentencia de primera instancia; y ordenó la notificación personal al Ministerio
Público y a las partes.
20. Posteriormente, a través de providencia del 1 de febrero de 202412, el
ponente ordenó que por secretaría se corriera traslado a las partes por diez (10)
días para presentar sus alegatos de conclusión y vencido este plazo, estableció que
el expediente debería estar a disposición del Ministerio Público de conformidad con
lo previsto en el artículo 623 del Código General del Proceso.
2.5.1. Alegatos de conclusión presentados por el demandante
21. La parte actora presentó alegatos de conclusión en esta instancia, en los
cuales manifestó que ratificaba, en su integridad, los argumentos expuestos en la
demanda. Así mismo, afirmó que el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada, en lo relativo a la aplicación del acuerdo de reestructuración de pasivos
suscrito por el ente territorial, no resulta procedente en el presente asunto, toda vez
que los hechos que dieron lugar a la interposición de la demanda, así como a la
expedición de la sentencia de primera instancia, ocurrieron con posterioridad al 15
de mayo de 2012, fecha en la que se promovió dicho acuerdo. De igual forma,
manifestó su desacuerdo con la postura de la entidad demandada en relación con
la configuración de la prescripción trienal.
22. Por su parte el Ministerio Público, guardó silencio.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
23. El presente asunto es competencia de esta Corporación de conformidad con
lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el
Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problemas jurídicos
24. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir:
11 Samai, índice 003.
12 Samai, índice 009.
7
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01906-01 (6656-2022)
Demandante: Armando Estrada Rojas
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
25. ¿Procede el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en las
leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que el demandante reclama por el período
comprendido entre el 9 de mayo de 2013 y el 30 de marzo de 2014, en el marco del
acuerdo de reestructuración de pasivos suscrito por el departamento del Valle del
Cauca?
26. ¿Operó en el presente asunto el fenómeno de la prescripción de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales reconocidas al actor?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006
27. La Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan los términos para el pago
oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se
dictan otras disposiciones», prevé el procedimiento para la liquidación y pago de las
cesantías definitivas de todos los servidores públicos. En el parágrafo del artículo
2° se regula la sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad
pública obligada, consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el
pago efectivo de aquellas13.
28. Tal sanción se estableció con el propósito de «proteger el derecho de los
servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la
liquidación definitiva de sus cesantías», o el derecho que tienen a pedirlas de
manera parcial para educación o vivienda, buscando con ello que la administración
expida las resoluciones en forma oportuna y expedita para evitar corrupción,
favorecimientos indebidos y perjuicios a los trabajadores.
29. La referida norma fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio
de 2006, con el objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o
parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna
cancelación» (art.1). Igualmente, dispuso el término para la expedición de la
resolución que reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción moratoria en
los artículos 4 y 5, así:
ARTÍCULO 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales,
por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo
el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al
13
«PARÁGRAFO. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada
reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del
término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se
demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable de éste».
8
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01906-01 (6656-2022)
Demandante: Armando Estrada Rojas
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
ARTÍCULO 5. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el
acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales
del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo
establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales
de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus
propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que
se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no
cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad
podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se
produjo por culpa imputable a este.
30. De acuerdo con lo expuesto, la entidad empleadora o aquella que tenga a su
cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación
de las cesantías definitivas o parciales, la respectiva resolución de reconocimiento.
En el evento en que la solicitud esté incompleta, deberá informársele al peticionario
para que la subsane. A su vez, tendrá como plazo máximo cuarenta y cinco (45)
días hábiles, a partir de la fecha en que cobre firmeza el acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías, para cancelarlas. En caso de mora, la entidad
obligada debe reconocer y pagar al beneficiario, un día de salario por cada día de
retardo hasta que se haga efectivo el pago de las cesantías.
3.3.2. Prescripción de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías
31. En la sentencia de unificación CE-SUJ004 proferida por la Sección Segunda
de esta corporación, el 25 de agosto de 201614, se definió que la sanción por mora
en el pago tardío o no pago de las cesantías es una penalidad que no puede ser
considerada como un derecho imprescriptible, razón por la cual está sometida a la
prescripción trienal.
32. El mismo criterio se mantuvo en la sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-
2023 dictada por la Sección Segunda el 2 de noviembre de 202315, en la que se
señaló que la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006
depende de que el derecho a las cesantías se haga exigible; además, la posibilidad
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, radicación número: 08001 23
31 000 2011 00628-01 (0528-14).
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, radicación número: 08001-23-
33-000-2012-00200-02 (2459-2014).
9
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01906-01 (6656-2022)
Demandante: Armando Estrada Rojas
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
de reclamar efectivamente tal sanción existe mientras no haya vencido el término
de prescripción.
33. Al respecto, se explicó que:
69. […] la causación de la sanción moratoria de que tratan las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006, depende de que el derecho al auxilio de cesantía sea exigible,
entendiendo que este derecho pueda ser reclamado tanto en sede administrativa
como judicial, toda vez que si el interesado pierde la oportunidad de reclamar el
reconocimiento y pago de la prestación social por su inactividad, mal podría
comprenderse que continúa abierta la posibilidad de conminar el pago de la sanción
moratoria, puesto que esta penalidad nace a la vida jurídica con el único propósito
de garantizar el pago oportuno de la prestación, […]
71. Además de lo expuesto, el derecho a reclamar la sanción moratoria radica en
que no haya fenecido la posibilidad de exigir la ejecución o la declaración del
reconocimiento de esta penalidad, con lo cual se impone considerar que será un
deber del beneficiario el actuar proactivamente para que esta penalidad no se
pierda.
72. En lo que tiene que ver con este aspecto, se enfatiza que el interesado disipa la
posibilidad de obtener el reconocimiento y pago de la sanción cuando reclama ante
la administración de forma extemporánea o acude tardíamente a la administración
de justicia, escenario que acarrea la ocurrencia del fenómeno de la prescripción
extintiva, […].
34. Ahora bien, la sanción moratoria prescribe en su totalidad y no de forma
parcial, ya que, aunque su cálculo se acumule diariamente, se trata de una
obligación indivisible de ejecución y, por tanto, sujeta a un único término de
prescripción16.
35. En la misma providencia se indicó que, según el criterio pacífico de la
jurisprudencia de la Sección Segunda, el término de la prescripción extintiva para
efectos de la sanción moratoria es el previsto en el artículo 151 del Código Procesal
del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS), el cual dispone lo siguiente:
ARTICULO 151. PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes sociales
prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se
haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el
{empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá
la prescripción, pero sólo por un lapso igual.
16Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20
de marzo de 2010, radicado núm. 05001-23-33-000-2018-02426-01 (1118-2024).
10
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01906-01 (6656-2022)
Demandante: Armando Estrada Rojas
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
36. Lo anterior, comoquiera que la prescripción establecida en los Decretos 3135
de 196817 y 1848 de 196918, solo se refiere a los derechos de que tratan esas
normas, entre los que no figura la sanción moratoria, en tanto para el momento en
el que fueron dictadas tal penalidad no se había instituido.
3.3.3. Reestructuración de pasivos Ley 550 de 199019
37. El Congreso de la República expidió la Ley 550 de 1990, mediante la cual se
estableció un régimen que facilitaba la reactivación empresarial y la reestructuración
de las entidades territoriales a fin de promover la función social de las empresas y
obtener el desarrollo de las regiones20.
38. Por su parte el artículo 5 de la mencionada ley dispuso que los acuerdos de
reestructuración son convenciones que se celebran «[…] a favor de una o varias
empresas con el objeto de corregir deficiencias que presenten en su capacidad de
operación y para atender obligaciones pecuniarias, de manera que tales empresas
puedan recuperarse dentro del plazo y en las condiciones que se hayan previsto en
el mismo».
39. El artículo 34 ibidem21, refirió los efectos del acuerdo de reestructuración, así:
Como consecuencia de la función social de la empresa los acuerdos de
reestructuración celebrados en los términos previstos en la presente ley serán de
obligatorio cumplimiento para el empresario o empresarios respectivos y para todos
los acreedores internos y externos de la empresa, incluyendo a quienes no hayan
participado en la negociación del acuerdo o que, habiéndolo hecho, no hayan
consentido en él, y tendrán los siguientes efectos legales: […]
Todas las obligaciones se atenderán con sujeción a lo dispuesto en el acuerdo, y
quedarán sujetas a lo que se establezca en él en cuanto a rebajas, disminución de
intereses y concesión de plazos o prórrogas, aun sin el voto favorable del respectivo
acreedor, salvo las excepciones expresamente previstas en esta ley en relación con
las obligaciones contraídas con trabajadores, pensionados, la DIAN, los titulares de
otras acreencias fiscales o las entidades de seguridad social».
17 Artículo 41. Las sanciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres
años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del
empleado o trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
18 Artículo 102. Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto,
prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
19
«Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración
de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las
regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley».
20 De conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política, que prevé que «La actividad económica y la
iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos
previos ni requisitos, sin autorización de la ley.
21 En la misma disposición.
11
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01906-01 (6656-2022)
Demandante: Armando Estrada Rojas
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
40. A su turno, el artículo 58 de la citada ley preceptúa las reglas para el
procedimiento, trámite y ejecución de los acuerdos de reestructuración de pasivos,
entre las que se destacan las siguientes:
[…]
1. En el acuerdo de reestructuración se establecerán las reglas que debe
aplicar la entidad territorial para su manejo financiero o para la realización de
las demás actividades administrativas que tengan implicaciones financieras.
[…]
7. Con sujeción estricta a la disponibilidad de recursos de la entidad territorial
y con el fin de disponer reglas que aseguren la financiación de su
funcionamiento, en el acuerdo de reestructuración y en el convenio de
desempeño que suscriba la entidad territorial, se establecerá el siguiente
orden de prioridad para los gastos corrientes de la entidad territorial, conforme
con los montos que para el efecto se prevean en el mismo acuerdo:
a) Mesadas pensionales;
b) Servicios personales;
c) Transferencias de nómina;
d) Gastos generales;
e) Otras transferencias;
f) Intereses de deuda;
g) Amortizaciones de deuda;
h) Financiación del déficit de vigencias anteriores;
i) Inversión.
[…]
41. Igualmente, esta Corporación en sentencia de unificación CE- SUJ004 de
201622 expuso lo siguiente en relación con el trámite de reestructuración de las
entidades, lo siguiente:
«Con base en las anteriores consideraciones y en la jurisprudencia trascrita se
puede decir que, si bien en el proceso de restructuración se deben supeditar
derechos individuales del acreedor, al colectivo de satisfacer todos los créditos en
igualdad de condiciones, también lo es que dicho sacrificio no puede ser de tal
magnitud que conlleve el desconocimiento de derechos fundamentales que puedan
ser trasgredidos por un Acuerdo que cercene créditos laborales legalmente
adquiridos.
En otras palabras, no puede el deudor aprovecharse de su insolvencia y someter al
acreedor a que opte sí o sí por la renuncia de unos derechos que causó.
Es cierto que los acuerdos de reestructuración celebrados en los términos previstos
en la Ley 550 son de obligatorio cumplimiento para el empresario y para todos los
22 Consejo de Estado, Sección segunda, sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, exp. núm. 08001-
23-31-000-2011-006285-01
12
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01906-01 (6656-2022)
Demandante: Armando Estrada Rojas
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
acreedores, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación o que,
habiéndolo hecho, no hayan consentido en ella (Artículo 34 Ley 550 de 1999).
[…]
Así pues, las obligaciones preexistentes a la celebración del acuerdo no se
desconocen, sino que se ATIENDEN y se sujetan a rebajas, a disminución de
intereses, a plazos o a prórrogas, pero en ningún momento se permite que el deudor
insolvente las desatienda, las desconozca o peor aún, se auto absuelva de ellas.
Si lo hace con la excusa de ser la única forma de poder reconocer todas sus
acreencias, se estaría aprovechando, irónicamente, de su situación crítica financiera
y llevaría a que frente a su acreedor obtenga una posición dominante que no se
compadece con el espíritu de la figura de saneamiento económico que contiene la
Ley 550, en tanto no garantiza la equidad en el acuerdo.
[…]
La intención del Legislador siempre ha sido la de proteger las obligaciones
adquiridas con justo título antes de llevar a cabo el respectivo Acuerdo, llegando
inclusive hasta permitir la celebración de Acuerdos que tengan como objeto
suspender, que no desconocer, ciertas prerrogativas laborales que tuviera el
trabajador. Cuánto menos no sería su intención de salvaguardar aquellas
obligaciones que adquirió el deudor, no como consecuencia de una prerrogativa
adquirida por el empleado, sino de una gracia que la ley le dio al cesante por el
incumplimiento de su ex empleador en el pago de una prestación que por ley tiene
derecho.
La Organización Internacional del Trabajo – OIT- a través del Convenio C-173 de
1972, también se ha referido a la protección de los créditos laborales en caso de
insolvencia del empleador. Ahí, la Conferencia General de la OIT subrayó la
importancia de la protección de los créditos laborales en estos casos, y consagró en
la Parte II, DE LA PROTECCIÓN DE LOS CRÉDITOS LABORALES POR MEDIO
DE UN PRIVILEGIO, los créditos que deben protegerse en casos de insolvencia del
empleador.
Por ejemplo, el artículo 5 manifestó que los créditos adeudados a los trabajadores
en razón de su empleo deberán quedar protegidos por un privilegio, de modo que
sean pagados con cargo a los activos del empleador insolvente de que los
acreedores no privilegiados puedan cobrar la parte que les corresponda».
42. En este sentido, y con fundamento en la normativa y la jurisprudencia, puede
concluirse que los entes territoriales pueden ser objeto de intervención económica
por parte del Estado, lo que incluye su sometimiento a procesos de reestructuración.
Dichos tramites deben adelantarse conforme a las reglas previstas en la ley y su
cumplimiento no puede aducirse como justificación para desconocer derechos
laborales. En efecto, la protección del interés general o la continuidad de la entidad
no habilita a las autoridades para relegar estos derechos bajo el argumento de
atender los créditos en igualdad de condiciones. Por el contrario, tales prerrogativas
13
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01906-01 (6656-2022)
Demandante: Armando Estrada Rojas
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
exigen un tratamiento especial, pues están orientadas a garantizar la equidad del
acuerdo y a evitar abusos del deudor en perjuicio de los acreedores23.
3.3. Hechos probados
43. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente la Sala
encuentra por acreditado lo siguiente:
44. El señor Armando Estrada Rojas, presentó el 24 de enero de 201324 solicitud
de anticipo de sus cesantías ante la Secretaría de Desarrollo Institucional del
departamento del Valle del Cauca.
45. Mediante Resolución núm. 0279 del 26 de febrero de 201425 expedida por la
Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional del departamento del
Valle del Cauca, se le reconoció al actor, lo siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y autorizar el pago de anticipo de cesantía a
favor del (a) señor (a) ESTRADA ROJAS ARMANDO identificado (a) con la cédula
de ciudadanía No. 16.583.964 por valor $ 16.884.381.00
ARTÍCULO SEGUNDO: La suma reconocida será pagada directamente por el
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS COLFONDOS así: al señor(a) ESTRADA
ROJAS ARMANDO identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 16.583.964 por
valor de DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO ($16.884.381.00) PESOS M/CTE, en la cuenta
de Ahorros No. 017070130798 del BANCO DAVIVIENDA.
Parágrafo: Ordénese al Fondo de Pensiones y cesantías COLFONDOS, trasladar
de la cuenta global a la cuenta individual del (a) Señor (a) ESTRADA ROJAS
ARMANDO, la suma de ($16.884.381.00) pesos m/cte.
[…]26.
46. Consta extracto de cuenta de ahorro27 expedido por el banco Davivienda, en
el que se lee: «Deposito cheque con volante oficina», por la suma de dieciséis
millones ochocientos ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y un pesos
$16.884.381.00.
47. Posteriormente, el demandante radicó petición el 23 de mayo de 201428, ante
la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Institucional, para el reconocimiento
y pago de la sanción moratoria por el pago extemporáneo de sus cesantías
parciales, de conformidad con lo previsto en la Ley 1071 de 2006.
23
Reiteración jurisprudencial, Consejo de Estado, sentencia del 3 de junio de 2021, exp. núm. 23001-23-33-
000-2014-00432-01 (2598-2019); sentencia del 2 de diciembre de 2021, exp. núm. 76001-23-33-000-2016-
01066-01 (0458-2020); entre otras.
24
Cuaderno físico, folio 4.
25 Cuaderno físico, folios 5 al 7.
26 Se transcribe con errores de texto.
27 Cuaderno físico folio 8.
28 Cuaderno físico folios 9 al 11.
14
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01906-01 (6656-2022)
Demandante: Armando Estrada Rojas
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
48. A su turno, la entidad departamental, a través de Oficio APS-0519 del 2 de
julio de 201429 precisó que la solicitud del demandante para el reconocimiento del
anticipo de las cesantías fue presentada el 24 de enero de 2013 y que las mismas
fueron liquidadas mediante la Resolución núm. 0279 del 26 de febrero de 2014, la
cual fue notificada el 27 de febrero de 2014 y adquirió firmeza el 6 de marzo de
2014. Asimismo, indicó que se realizó su pago el 31 de marzo del mismo año. Por
consiguiente, la consignación se realizó en el plazo previsto por la ley, esto es,
dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto
administrativo que dispuso la liquidación de las cesantías parciales.
3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
3.5.1. De la causación de la sanción moratoria entre el periodo comprendido
del 9 de mayo de 2013 hasta el 30 de marzo de 2014, en el marco del acuerdo
de reestructuración de pasivos suscrito por el departamento del Valle del
Cauca.
49. El presente asunto se circunscribe en determinar si al actor le asiste el
derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en las Leyes 244
de 1995 y 1071 de 2006, con ocasión del pago extemporáneo de sus cesantías
parciales.
50. El fallador de primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda y, como quedó señalado en esta providencia, declaró la nulidad de los
actos administrativos cuestionados y, en consecuencia, condenó al departamento
del Valle del Cauca a reconocer y pagar la sanción moratoria solicitada,
correspondiente al periodo comprendido entre el 9 de mayo de 2013 y el 30 de
marzo de 2014.
51. Por su parte, el ente territorial discrepó de la decisión adoptada por el Tribunal
porque, de conformidad con el acuerdo de reestructuración de pasivos celebrado, y
en particular con lo dispuesto en la cláusula décima quinta, parágrafo primero,
cuando la pretensión principal está dirigida al pago de una sanción por mora
derivada del incumplimiento del deber de consignación o pago de las cesantías,
conforme al artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y a las Leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006, como ocurre en el presente asunto, únicamente procede el pago del setenta
por ciento (70 %) del valor de la sanción.
52. Al analizar el planteamiento del recurrente, la Sala advierte que este no está
llamado a prosperar. En efecto, en el marco de los acuerdos de reestructuración de
pasivos, resulta indiscutible que el deudor conserva la obligación de atender y
cumplir los compromisos asumidos, de manera que los acreedores mantienen
incólume su derecho a perseguir el patrimonio del obligado hasta obtener la
satisfacción efectiva de sus créditos.
29 Cuaderno físico folios 12 al 13.
15
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01906-01 (6656-2022)
Demandante: Armando Estrada Rojas
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
53. En ese orden de ideas, la finalidad de este tipo de instrumentos no es
exonerar al deudor del cumplimiento de sus obligaciones, sino propiciar un
mecanismo que, frente a la acreditada imposibilidad de atenderlas en los términos
originalmente previstos, permita una reorganización ordenada de los pasivos. Así,
el acuerdo de reestructuración está orientado a garantizar el pago de las acreencias
conforme a su naturaleza, rango y condiciones, con miras a alcanzar una solución
integral, equilibrada y jurídicamente válida de las obligaciones pendientes30.
54. Aunado a lo expuesto, debe precisarse que a la administración no le es
jurídicamente admisible desconocer las prerrogativas reconocidas en materia
laboral. Por tal razón, la existencia de un acuerdo de reestructuración de pasivos no
exonera a la entidad territorial del cumplimiento de sus obligaciones, ni la releva del
pago de las acreencias a su cargo, ni tampoco la faculta para apartarse, de manera
unilateral y autónoma, de las condiciones y límites a los cuales se sometieron las
obligaciones incorporadas en dicho acuerdo.
55. Por el contrario, la sujeción a un acuerdo de reestructuración implica el
respeto estricto de las reglas pactadas y del marco legal aplicable, sin que resulte
válido sacrificar derechos de naturaleza laboral con fundamento en decisiones
discrecionales de la administración.
56. En consonancia con lo anterior, la Sala observa que los argumentos
formulados por el ente territorial en el recurso de apelación no constituyen
planteamientos novedosos, en tanto ya habían sido expuestos en los alegatos de
conclusión presentados en la primera instancia. Así mismo, se advierte que la
entidad no aportó elemento probatorio alguno que permita sustentar la
improcedencia de las pretensiones de la demanda con fundamento en la existencia
del acuerdo de reestructuración de pasivos.
57. Así las cosas, la simple invocación de dicho acuerdo, carente de respaldo
probatorio y de una demostración concreta sobre su incidencia frente a las
obligaciones reclamadas, resulta insuficiente para desvirtuar los derechos alegados;
en consecuencia, no se configura un fundamento jurídico válido para negar las
súplicas de la demanda. Así las cosas, la respuesta al primer problema jurídico es
afirmativa.
58. Ahora bien, en relación con el argumento del recurrente, según el cual en el
derecho sancionador rige el principio de interpretación restrictiva de la norma, la
Sala considera que dicho planteamiento no tiene vocación de prosperidad. En
efecto, del estudio perpetrado por el juez de primera instancia se advierte que el
análisis de la sanción moratoria pretendida por el demandante se realizó con estricta
sujeción a la normativa aplicable, sin que se haya acudido a interpretaciones
extensivas, como lo sostiene el ente territorial.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de diciembre de 2021, exp. núm. 76001-
23-33-000-2016-01066-01 (0458-2020)
16
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01906-01 (6656-2022)
Demandante: Armando Estrada Rojas
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
59. Por el contrario, la decisión adoptada se fundamentó en las disposiciones
legales que regulan la materia y en las pruebas debidamente incorporadas al
proceso, de las cuales se desprende, de manera clara, la configuración de los
supuestos normativos que dan lugar a la consecuencia jurídica impuesta, esto es,
el pago de la sanción moratoria.
60. En tal sentido, esta Sala no encuentra acreditada la vulneración del principio
de interpretación restrictiva invocado por el recurrente, pues la sanción reconocida
en la sentencia objeto de estudio quedó plenamente demostrada en el plenario y
responde a una aplicación estricta, razonada y coherente del ordenamiento jurídico
vigente.
3.5.2. Del fenómeno de la prescripción de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías parciales del actor
61. De acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, se constató que el
demandante presentó solicitud de reconocimiento y pago de un anticipo de
cesantías el 24 de enero de 201331 ante la Secretaría de Desarrollo Institucional del
departamento del Valle del Cauca, entidad que disponía de un plazo de 15 días
hábiles para expedir el respectivo acto administrativo, es decir, hasta el 14 de
febrero de 2013.
62. No obstante, se verificó que la Resolución 0279, mediante la cual se
reconoció y autorizó el retiro parcial de las cesantías al actor, fue expedida el 26 de
febrero de 201432, lo que implica que se superó el término legal establecido para la
emisión del acto administrativo y constituye un elemento relevante en el análisis del
cumplimiento de los plazos legales por parte de la administración.
63. Precisado lo anterior, y según lo previsto por las reglas jurisprudenciales de
la sentencia de unificación CE-SUJ2-012-18, en el caso particular los plazos
descritos transcurrieron así:
Término Fecha Caso concreto
Fecha de la reclamación de las
cesantías parciales 24/01/2013
Vencimiento del término para Fecha de
el reconocimiento - 15 días (Art. 4 L. 14/02/2013 reconocimiento: 26/02/2014
1071/2006
Vencimiento del término de ejecutoria – Fecha disposición del
dinero: 31/03/2014
10 días 28/02/2013
Vencimiento del término para el pago -
Período de
45 días (Art. 5 L. 1071/2006) 08/05/2013
mora: 09/05/2013 al
30/03/2014
31 Cuaderno físico, folio 4.
32 Cuaderno físico, folios 5 al 7.
17
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01906-01 (6656-2022)
Demandante: Armando Estrada Rojas
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
64. De conformidad con lo expuesto, se concluye que al señor Armando Estrada
Rojas le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, tal
como acertadamente lo determinó el Tribunal, en la medida en que se acreditó que
la entidad demandada efectuó el reconocimiento y pago de las cesantías parciales,
por fuera del término legalmente establecido para tal efecto. Dicha conducta
configura el supuesto normativo que da lugar a la imposición de la sanción, por
cuanto implica el incumplimiento del plazo perentorio fijado por la ley para la entrega
oportuna de estas prestaciones sociales.
65. Finalmente, en punto a la prescripción y conforme con el acápite 3.3.2 de
esta providencia, se destaca que la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías no es imprescriptible. Por tanto, el trabajador debe solicitar dicha
penalidad ante la administración dentro de los tres años siguientes a su exigibilidad,
según lo dispuesto en el artículo 151 del CPTSS. Así las cosas, si la reclamación
se presenta después de transcurrido dicho término, se configura el fenómeno de la
prescripción.
66. En el caso concreto, la sanción moratoria se hizo susceptible de reclamación
el 9 de mayo de 2013, de manera que el demandante tenía hasta el 9 de mayo de
2016 para solicitar su reconocimiento ante la administración y como lo hizo el 23 de
mayo de 2014, no operó la prescripción como lo propone el recurrente. Así las
cosas, la respuesta al segundo problema jurídico es negativa.
3.6. Conclusión de la decisión
67. La Sala en atención a lo expuesto, confirmará parcialmente la sentencia
dictada el 23 de junio de 2020 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
4. Costas
68. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario33 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
33 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
18
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01906-01 (6656-2022)
Demandante: Armando Estrada Rojas
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
63. Bajo el anterior argumento, se revocará la condena impuesta en primera
instancia al departamento del Valle del Cauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
Falla:
Primero: Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 23 de junio de 2020 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.
Segundo: Revocar la condena en costas y las agencias en derecho impuesta en la
primera instancia al departamento del Valle del Cauca.
Tercero: Sin condena en costas en ambas instancias.
Cuarto: En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
19
Sigue leyendo
Lee la providencia completa en RuleX
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.