Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2021-00247-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2021-00247-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2021-00247-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2021-00247-01 (3963-2022)
Demandante: Miguel Antonio Cervantes Torres
Demandado: Municipio de Sitionuevo
Tema: sanción moratoria por el no pago de cesantías concedidas mediante acto
administrativo que reconoció una relación laboral encubierta. Subtema 1: leyes 244
de 1995 y 1071 de 2006
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida
el 23 de febrero de 2022, por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó
las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El señor Miguel Antonio Cervantes Torres solicitó la nulidad del acto ficto o presunto,
configurado como consecuencia del silencio administrativo negativo frente a la
petición formulada ante el municipio de Sitionuevo, mediante la cual requirió el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006. Lo anterior, con fundamento en el incumplimiento en el pago de las
cesantías que le fueron reconocidas mediante la Resolución núm. 1102 del 15 de
diciembre de 2015, acto administrativo que, además, declaró la existencia de una
relación laboral encubierta entre las partes.
Radicación: 47001-23-33-000-2021-00247-01 (3963-2022)
Demandante: Miguel Antonio Cervantes Torres
Demandado: municipio de Sitionuevo
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor Miguel Antonio Cervantes Torres, mediante apoderado judicial,
formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el municipio de Sitionuevo, de conformidad con las pretensiones,
hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan1.
2.1.1. Pretensiones
i. El demandante solicitó la nulidad del acto ficto o presunto configurado el 23
de febrero de 2019, por medio del cual se le negó la liquidación,
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 5 de la
Ley 1046 de 20062 que modificó la Ley 244 de 1995.
ii. A título de restablecimiento del derecho se condene al municipio accionado
al reconocimiento y pago correspondiente a un día de salario por cada día de
«retardo» en el pago de cesantías definitivas «desde el día 24 de febrero de
2016, fecha en que empezó a regir la sanción diaria por mora al vencerse en
esa fecha los 45 días hábiles con que contaba el municipio demandado para
pagar la resolución que dispuso cancelarlas, hasta el día en que
efectivamente se produzca el pago de la citada prestación».
iii. De igual manera, pidió que los valores resultantes de las condenas impuestas
sean actualizados con base al Índice de Precios al Consumidor (IPC),
conforme a la variación certificada por el DANE, hasta la fecha de la
sentencia condenatoria.
iv. Finalmente, requirió que se le ordene el cumplimiento de la sentencia en los
términos previstos en el artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3 y que se condene en
costas a la entidad demandada, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 188 ibidem
2.1.2. Hechos
2. La Sala los resume así:
i. El señor Miguel Antonio Cervantes Torres prestó sus servicios al municipio
de Sitionuevo en el cargo de asistente de contratación desde el 5 de enero
de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2016. Posteriormente, desempeñó
1Samai visualizar expediente, cuaderno principal 5ED_47001233300020210024, PDF.02Demanda.
2 (sic) 1071 de 2006.
3 En adelante CPACA.
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Demandante: Miguel Antonio Cervantes Torres
Demandado: municipio de Sitionuevo
funciones como enlace municipal del programa familias en acción desde el 4
de enero de 2007 hasta el 30 de noviembre de 2016.
ii. Señaló que la entidad territorial, mediante Resolución núm. 1102 del 15 de
diciembre de 2015, reconoció y liquidó cesantías definitivas, así como otras
prestaciones sociales a su favor.
iii. Indicó que, de conformidad con lo dispuesto en las en las leyes 244 de 1995
y 1071 de 2006, el municipio de Sitionuevo estaba obligado a pagar las
cesantías dentro de los 45 días hábiles siguientes a la ejecutoria del citado
acto administrativo. Precisó que dicho término venció el 23 de febrero de
2016, sin que la entidad accionada efectuara el pago correspondiente,
circunstancia que dio lugar a la configuración de la mora a partir del 24 de
febrero de 2016.
iv. Manifestó que el 23 de noviembre de 2018, presentó ante el ente territorial
solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria, conforme a lo
previsto en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. No obstante, la
administración guardó silencio, situación que dio lugar a la configuración del
acto ficto objeto de la presente demanda.
v. Refirió que la sanción moratoria se causa de manera diaria mientras persista
la mora en el pago de las cesantías, de tal forma que el municipio se
encuentra obligado a pagar un día de salario por cada día de mora, obligación
que solo cesa con el pago de dicho auxilio.
vi. Finalmente, informó que en la actualidad se adelanta proceso ejecutivo
laboral en contra del municipio de Sitionuevo ante el Juzgado Laboral del
Circuito de Ciénaga, identificado con el radicado núm. 47189310501-2019-
00023-004. En dicho trámite, indicó que mediante providencia del 29 de julio
de 2019 se libró mandamiento de pago, decisión que fue notificada el 20 de
febrero de 2020 al alcalde del municipio demandado, quien, a su turno,
presentó excepciones.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
3. El demandante citó: Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006.
4. Al exponer el concepto de violación afirmó que la sanción moratoria se
genera de manera automática como resultado del incumplimiento del término de
cuarenta y cinco (45) días hábiles establecido en el artículo 5 de Ley 1071 de 2006
para el pago de las cesantías.
4 En la audiencia inicial celebrada el 24 de enero de 202, se advirtió que el radicado no contaba con los 23
digitos. Samai visualizar expediente, cuaderno principal 5ED_47001233300020210024, PDF
21ActaAudienciaInicial. En la referida diligencia, el apoderado del demandante desistió de la prueba decretada
por el despacho, consistente en oficiar al Juzgado Laboral del Circuito de Ciénaga para que certificara sí fue
cancelada la Resolución núm. 11001 del 15 de diciembre de 2015, tenida como título ejecutivo.
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Demandante: Miguel Antonio Cervantes Torres
Demandado: municipio de Sitionuevo
2.2. Contestación de la demanda
5. El municipio de Sitionuevo5 por intermedio de apoderado, contestó la
demanda y se opuso a la prosperidad de la misma, al considerar que la Ley 244 de
1995, modificada por la Ley 1071 de 2006 estableció una penalidad de carácter
económico únicamente para aquellos eventos en los qué se configure mora o
retardo injustificado en el pago del auxilio de las cesantías. En este sentido, sostuvo
que la referida sanción no opera de forma automática, como lo afirmó el
demandante, sino que exige la acreditación de la culpa de la administración o la
demostración de una actuación de mala fe.
6. Afirmó que, en el caso concreto, el retardo en el pago del auxilio de cesantías
no obedeció a una conducta dolosa por parte de la entidad territorial que representa,
sino a la ausencia de disponibilidad financiera para atender dicha obligación,
circunstancia que atribuyó a los múltiples gastos asumidos por el municipio con
ocasión de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia Covid-19.
7. Finalmente, propuso como excepciones las siguientes: (i) fuerza mayor y
buena fe que justifica la mora; y (ii) genérica.
2.3. Sentencia de primera instancia
8. El Tribunal Administrativo del Magdalena mediante sentencia dictada el 23
de febrero de 20226, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer
condena en costas. La decisión se fundó en las siguientes consideraciones:
9. Sostuvo que, pese a encontrarse acreditado en el plenario que la Resolución
núm. 1102 del 15 de diciembre de 2015 dispuso el reconocimiento de las cesantías
a favor del actor y aludió a la eventual procedencia de la indemnización moratoria
en caso de incumplimiento del término legal para su pago, para acceder a dicha
sanción por vía judicial era indispensable que el demandante acudiera previamente
ante la administración, con el propósito de que esta se pronunciara mediante acto
administrativo expreso o presunto. En este sentido precisó:
«Para acceder a la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías por
vía judicial, se hacía indispensable que el demandante acudiera previamente ante
la Administración para que esta tuviera la oportunidad de pronunciarse al respecto,
mediante un acto administrativo expreso o presunto»
10. De igual manera, indicó que: «la sola enunciación de lo señalado por la
administración en el acto administrativo respecto a la sanción moratoria, no
constituía una obligación, clara, expresa y exigible para que el interesado procediera
a promover un proceso ejecutivo con el fin de obtener su pago (no existe certeza
5 Samai visualizar expediente, cuaderno principal 5ED_47001233300020210024, PDF
12ContestacionSitionuevo.
6 Samai visualizar expediente, cuaderno principal 5ED_47001233300020210024,
PDF26SentenciaPrimeraInstanciaDeniega.
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del derecho y de la sanción y el título ejecutivo se materializa con el reconocimiento
de lo adeudado por parte de la administración)».
11. Advirtió que, del análisis de la Resolución núm. 1102 de 2015 y en aplicación
al principio de la primacía de la realidad sobre las formas, la administración
reconoció, entre otras prestaciones sociales, el auxilio de cesantías correspondiente
a los periodos comprendidos entre el 5 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2006
y de enero 4 de 2007 al 30 de diciembre de 2015. Agregó que, conforme a lo previsto
en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, una vez vencido el plazo de 45 días
hábiles a partir de la ejecutoria del acto administrativo, podría surgir la obligación de
reconocer al demandante un día de salario por cada día de retardo en el pago de
sus cesantías definitivas.
12. No obstante, señaló que no es procedente el reconocimiento de la sanción
moratoria, en la medida que la Ley 244 de 1995 dispone que las cesantías
definitivas se reconocen a los servidores públicos una vez termine su relación
laboral, y que la indemnización moratoria constituye una sanción a cargo del
empleador moroso, en favor del empleado, presupuesto que, a juicio del Tribunal,
no se configuraba en el caso concreto.
13. Añadió que, pese a que al actor se le reconocieron cesantías por los periodos
comprendidos entre las vigencias 2004 a 2015, tal circunstancia no le otorgaba la
calidad de servidor público, toda vez que el acto administrativo únicamente tuvo
efectos constitutivos del derecho a recibir prestaciones sociales, más no de dicha
calidad.
14. En ese orden de ideas, puso de presente la sentencia de unificación CE-
SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 20167 proferida por esta Corporación, en la que
se precisó lo siguiente:
«En los eventos en que se reclame contrato realidad, aunque surge el derecho de
pago de prestaciones sociales a favor del contratista cuando se comprueban los tres
elementos constitutivos de una relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de
empleado público a los interesados que acuden a la justicia a reclamar este tipo de
pretensiones, pues para ello es indispensable que se den los presupuestos de
nombramiento o elección y su correspondiente posesión».
15. Añadió que dicho criterio jurisprudencial también resulta aplicable a los
asuntos en los cuales sea la administración la que declare la existencia de una
relación laboral y reconozca derechos económicos laborales a personas vinculadas
mediante contratos de prestación de servicios, razón por la cual concluyó que no
había lugar a acceder a las pretensiones de la demanda.
16. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 25 de agosto de 2016, exp. 23001-
23-33-000-2013-00260-01(0088-15).
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Demandante: Miguel Antonio Cervantes Torres
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2.4. Recurso de apelación
17. El demandante8 interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, al considerar que el Tribunal incurrió en error al negar las
pretensiones. Afirmó que fue el municipio de Sitionuevo quien creó el vínculo laboral
desde 2004 y lo mantuvo sin solución de continuidad hasta diciembre de 2015, sin
que durante dicho lapso adelantara las actuaciones necesarias para regularizar su
situación administrativa, no obstante que las funciones desempeñadas
correspondían a actividades propias de la planta de personal. Indicó que, pese a
que la entidad no formalizó la relación laboral, sí le reconoció mediante acto
administrativo, el pago de las cesantías y demás prestaciones sociales a su favor.
18. Consideró que existió una relación laboral en calidad de trabajador del
Estado, aun cuando no pueda ser ubicado dentro de las categorías existentes de
empleado público y trabajador oficial. En tal medida, sostuvo que, si la
administración reconoció expresamente, a través de acto administrativo, su derecho
a percibir el auxilio de cesantías, no resulta admisible excluirlo de la protección
prevista en la Ley 244 de 1995, en cuanto garantiza el pago oportuno de dicha
prestación y prevé la imposición de una sanción económica en los eventos de mora
o incumplimiento por parte del empleador.
19. Señaló que en aquellos asuntos en los cuales el Consejo de Estado9 ha
declarado la existencia del «contrato realidad» y ha negado el reconocimiento de la
sanción moratoria, ello ha obedecido a que se trata de sentencias constitutivas, en
las cuales el derecho laboral en este caso el auxilio de cesantías, nace de la
ejecutoria del fallo. Precisó que, bajo ese entendido, la sanción prevista en la Ley
244 de 1995 únicamente procede si la entidad condenada no efectúa el pago dentro
del término legal, el cual se contabiliza a partir de la firmeza de la decisión.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
20. Mediante auto del 29 de junio de 202310, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de primera
instancia. Además, prescindió del período para correr traslado a las partes, por no
existir pruebas por decretar en segunda instancia.
2.5.1 Concepto del Ministerio público
21. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado rindió11
concepto en el cual solicitó confirmar la sentencia de primera instancia dictada el 23
de febrero de 2022, por el Tribunal Administrativo del Magdalena. Afirmó que, la
declaración de la existencia de la relación laboral debe estar precedida de un juicio
8
Samai visualizar expediente, cuaderno principal 5ED_47001233300020210024, PDF
28RecursoApelacionDemandante.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, exp. 41001-23-33-000-2012-00041-00 (3308-2013)
10 Samai, índice 004.
11 Samai, índice 009.
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Demandante: Miguel Antonio Cervantes Torres
Demandado: municipio de Sitionuevo
ante la jurisdicción contenciosa, en el que se valoren los medios de prueba que
integran los elementos de esta.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
22. El presente asunto es competencia de la corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
23. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir si:
24. ¿El demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por la falta de pago oportuno de sus cesantías definitivas, cuyo
reconocimiento fue ordenado mediante la Resolución núm. 1102 del 15 de
diciembre de 2015 que declaró la existencia de una relación laboral encubierta?
25. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas:
(i) la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006; (ii) las
reglas jurisprudenciales proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado;
(iii) hechos probados; y (iv) caso concreto.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006
26. La Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan los términos para el pago
oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se
dictan otras disposiciones», prevé el procedimiento para la liquidación y pago de las
cesantías definitivas de todos los servidores públicos. En el parágrafo del artículo
2° se regula la sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad
pública obligada, consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el
pago efectivo de aquellas12.
27. Tal sanción se estableció con el propósito de «proteger el derecho de los
servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la
12
«PARÁGRAFO. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada
reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del
término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se
demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable de éste».
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liquidación definitiva de sus cesantías», o el derecho que tienen a pedirlas de
manera parcial para educación o vivienda, buscando con ello que la administración
expida las resoluciones en forma oportuna y expedita para evitar corrupción,
favorecimientos indebidos y perjuicios a los trabajadores.
28. La referida norma fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio
de 2006, con el objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o
parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna
cancelación» (art.1). Igualmente, dispuso el término para la expedición de la
resolución que reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción moratoria en
los artículos 4 y 5, así:
ARTÍCULO 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al
recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
ARTÍCULO 5. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.
PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de
los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este.
29. De acuerdo con lo expuesto, la entidad empleadora o aquella que tenga a su
cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación
de las cesantías definitivas o parciales, la respectiva resolución de reconocimiento.
En el evento en que la solicitud esté incompleta, deberá informársele al peticionario
para que la subsane. A su vez, tendrá como plazo máximo cuarenta y cinco (45)
días hábiles, a partir de la fecha en que cobre firmeza el acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías, para cancelarlas. En caso de mora, la entidad
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obligada debe reconocer y pagar al beneficiario, un día de salario por cada día de
retardo hasta que se haga efectivo el pago de las cesantías.
3.3.2. La sanción moratoria en el pago de las cesantías de los servidores
públicos
30. La Ley 244 de 199513 determinó que la indemnización por mora en el pago
de la cesantía de los servidores públicos constituye una sanción a cargo del
empleador y a favor del trabajador, ello con el fin de resarcir los perjuicios
ocasionados por el incumplimiento de la liquidación del auxilio de cesantía.
31. En consecuencia, la norma estableció los plazos para el reconocimiento y
pago oportuno de las cesantías de los servidores públicos y, en caso de
incumplimiento, dispuso como sanción a cargo de la administración y en favor del
trabajador el pago de un día de salario por cada día de retraso en el pago de dicha
prestación.
32. La Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 18 de julio de
201814, se pronunció sobre los diferentes escenarios en los que puede variar el
plazo para exigir la sanción moratoria derivada del pago tardío o la falta de pago de
las cesantías parciales y/o definitivas y desarrolló las siguientes reglas
jurisprudenciales:
3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las
cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción
moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento,
término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de
ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.
194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado
al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la
notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue
notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término
dispuesto en la ley15 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es,
5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que
compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento
por este medio. De igual modo, que cuando el peticionario renuncia a los términos de
notificación y de ejecutoria, el acto de reconocimiento adquiere firmeza a partir del día
que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán
en contra del empleador como computables para sanción moratoria.
195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se
interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que
13
Por la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen
sanciones y se dictan otras disposiciones.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de julio de 2018, expediente: 73001-23-33-000-2014-
00580-01 (4961-2015)
15 Artículos 68 y 69 CPACA.
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Demandante: Miguel Antonio Cervantes Torres
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lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía,
correrán pasados 15 días de interpuesto.
3.3.3. Prescripción de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías
33. En la sentencia de unificación CE-SUJ004 proferida por la Sección Segunda
de esta corporación, el 25 de agosto de 201616, se definió que la sanción por mora
en el pago tardío o no pago de las cesantías es una penalidad que no puede ser
considerada como un derecho imprescriptible, razón por la cual está sometida a la
prescripción trienal.
34. El mismo criterio se mantuvo en la sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-
2023 dictada por la Sección Segunda el 2 de noviembre de 202317, en la que se
precisó que la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006
depende de que el derecho a las cesantías se haga exigible; además, la posibilidad
de reclamar efectivamente tal sanción existe mientras no haya vencido el término
de prescripción.
35. Al respecto, se explicó que:
69. […] la causación de la sanción moratoria de que tratan las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006, depende de que el derecho al auxilio de cesantía sea exigible,
entendiendo que este derecho pueda ser reclamado tanto en sede administrativa
como judicial, toda vez que si el interesado pierde la oportunidad de reclamar el
reconocimiento y pago de la prestación social por su inactividad, mal podría
comprenderse que continúa abierta la posibilidad de conminar el pago de la sanción
moratoria, puesto que esta penalidad nace a la vida jurídica con el único propósito de
garantizar el pago oportuno de la prestación, […]
71. Además de lo expuesto, el derecho a reclamar la sanción moratoria radica en que
no haya fenecido la posibilidad de exigir la ejecución o la declaración del
reconocimiento de esta penalidad, con lo cual se impone considerar que será un
deber del beneficiario el actuar proactivamente para que esta penalidad no se pierda.
72. En lo que tiene que ver con este aspecto, se enfatiza que el interesado disipa la
posibilidad de obtener el reconocimiento y pago de la sanción cuando reclama ante
la administración de forma extemporánea o acude tardíamente a la administración de
justicia, escenario que acarrea la ocurrencia del fenómeno de la prescripción extintiva,
[…].
36. Ahora bien, la sanción moratoria prescribe en su totalidad y no de forma
parcial, ya que, aunque su cálculo se acumule diariamente, se trata de una
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, radicación número: 08001 23
31 000 2011 00628-01 (0528-14).
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, radicación número: 08001-23-
33-000-2012-00200-02 (2459-2014).
10
Radicación: 47001-23-33-000-2021-00247-01 (3963-2022)
Demandante: Miguel Antonio Cervantes Torres
Demandado: municipio de Sitionuevo
obligación indivisible de ejecución y, por tanto, sujeta a un único término de
prescripción18.
37. En la misma providencia se indicó que, según el criterio pacífico de la
jurisprudencia de la Sección Segunda, el término de la prescripción extintiva para
efectos de la sanción moratoria es el previsto en el artículo 151 del Código Procesal
del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS), el cual dispone lo siguiente:
ARTICULO 151. PRESCRIPCIÓN. Las acciones que emanen de las leyes
sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido
por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual.
38. Lo anterior, comoquiera que la prescripción establecida en los Decretos 3135
de 196819 y 1848 de 196920, solo se refiere a los derechos de que tratan esas
normas, entre los que no figura la sanción moratoria, en tanto para el momento en
el que fueron dictadas tal penalidad no se había instituido.
3.4. Hechos probados
39. La Sala, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente,
encuentra acreditados los siguientes hechos:
40. El señor Miguel Cervantes Torres prestó sus servicios al municipio
demandado en calidad de asistente de la Oficina de Contratación Municipal de
Sitionuevo durante los años 2004 al 2006. Posteriormente, se desempeñó como
asistente de enlace municipal de más familias en acción para las vigencias 2007 al
2015, mediante órdenes de prestación de servicios, conforme consta en el
certificado expedido por la asistente de Secretaría de Hacienda Municipal del
municipio accionado21.
41. Asimismo, consta la Resolución núm. 1102 del 15 de diciembre de 201522,
expedida por el alcalde municipal (e) de Sitionuevo, por medio de la cual se dispuso
lo siguiente:
18Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20
de marzo de 2010, radicado núm. 05001-23-33-000-2018-02426-01 (1118-2024).
19 Artículo 41. Las sanciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres
años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del
empleado o trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
20
Artículo 102. Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto,
prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
21 Samai visualizar expediente, cuaderno principal 5ED_47001233300020210024, PDF 02Demanda, folio 11.
22 Samai visualizar expediente, cuaderno principal 5ED_47001233300020210024, PDF 02Demanda, folios 12
y 13.
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Demandante: Miguel Antonio Cervantes Torres
Demandado: municipio de Sitionuevo
Que el señor Miguel Antonio Cervantes Torres, tiene derecho al reconocimiento y
pago de sus prestaciones sociales de que tratan los decretos 3135 de 1968, 1848
de 1969, 1045 de 1978, concordantes con el Decreto 1919 de 2012, como son:
primas de navidad, primas de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías,
vacaciones, primas de vacaciones […] relacionado con el CONTRATO REALIDAD.
[…]
De igual manera, dispuso que, de no pagarse las cesantías, se deberá reconocer la
indemnización moratoria prevista en las leyes 244 de 1995, 1252 de 2000 y 1071
de 2006.
42. La referida resolución fue notificada personalmente al interesado el 17 de
diciembre de 201523.
43. Igualmente, obra en el expediente la reclamación administrativa presentada
el 23 de noviembre de 201824 ante el municipio accionado, mediante la cual el actor
solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria, de conformidad con la Ley 244
de 1995. Frente a dicha solicitud, la entidad guardó silencio, circunstancia que dio
lugar a la configuración del acto administrativo ficto o presunto objeto de la presente
controversia.
3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
44. El presente asunto se contrae en determinar si al actor le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006, con ocasión del no pago oportuno de sus cesantías definitivas,
teniendo en cuenta que la administración municipal reconoció la existencia de una
relación laboral encubierta mediante la Resolución núm. 1102 del 15 de diciembre
de 2015.
45. Al respecto, del acervo probatorio se advierte que el demandante prestó sus
servicios al municipio de Sitionuevo mediante órdenes de prestación de servicios.
Igualmente, se corroboró que el ente territorial declaró la existencia de una relación
laboral y, como consecuencia de ello, ordenó el reconocimiento y pago de cesantías
definitivas, junto con otras prestaciones sociales. No obstante, dichas acreencias no
fueron pagadas; por ende, en principio, a partir del día siguiente a la notificación del
acto administrativo, el municipio disponía de un plazo de 45 días para efectuar el
pago del auxilio. Sin embargo, no habría lugar al reconocimiento de la sanción
solicitada, pues, aunque el acto administrativo confirió al actor el derecho no solo
de las cesantías sino también a otras prestaciones, ello no le otorga la categoría de
empleado público25.
23 Samai visualizar expediente, cuaderno principal 5ED_47001233300020210024, PDF 02Demanda, folio 15.
24
Samai visualizar expediente, cuaderno principal 5ED_47001233300020210024, PDF 02Demanda, folio 10
25Para tener la calidad de empleado público esta Corporación ha indicado: «Por otra parte, es claro que para
que una persona natural desempeñe un empleo en calidad de empleado público (relación legal y reglamentaria),
es preciso que se realice su ingreso al servicio público en la forma establecida en la ley, vale decir, requiere de
la designación válida (nombramiento o elección, según el caso) seguida de la posesión, para poder entrar a
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Radicación: 47001-23-33-000-2021-00247-01 (3963-2022)
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46. En consecuencia, no sería posible reconocer la indemnización pretendida,
dado que esta no surge de una relación originada en la celebración de contratos de
prestación de servicios con la administración26.
47. Aunado a lo anterior, es claro que a los contratistas les asiste el derecho a
percibir determinadas prestaciones de origen legal que, por su naturaleza, resultan
equiparables a aquellas reconocidas a los servidores públicos vinculados de planta,
en tanto se trata de garantías mínimas destinadas a proteger el trabajo subordinado
en situaciones que exceden la ejecución de un contrato de prestación de servicios.
No ocurre lo mismo con la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías, pues
esta no constituye una prestación social en sentido estricto ni un derecho laboral
propio del trabajador, sino que reviste la naturaleza de una penalidad de carácter
económico impuesta al empleador por su incumplimiento en la oportunidad para el
reconocimiento y pago del auxilio de las cesantías.
48. Con fundamento en lo expuesto, la finalidad de dicha indemnización es
eminentemente sancionatoria y presupone la existencia de un verdadero vínculo
legal y reglamentario, elemento que no se presenta en los contratos de prestación
de servicios. Al respecto, precisa la Sala que la declaratoria judicial de la existencia
de una relación laboral encubierta, derivada de la configuración de los elementos
propios del contrato de trabajo, no tiene como efecto automático conferir al
contratista la calidad de empleado público. En otras palabras, tal declaratoria
únicamente reconoce una situación de hecho con efectos prestacionales, pero no
crea una vinculación propia de la función pública, la cual está sometida a estrictos
requisitos legales.
49. En este sentido, el Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-
5 de 25 de agosto de 201627, sostuvo: «[p]ese a hallarse probados los elementos
configurativos de una relación laboral en virtud del principio de primacía de la
realidad sobre las formalidades (prestación personal del servicio), destaca la Sala
que ello no implica que la personal obtenga la condición de empleado público, ya
que no median los componentes para una relación de carácter legal y reglamentario
en armonía con el artículo 122 superior28». Por consiguiente, aun cuando se
ejercer las funciones propias de dicho empleo. Así es dable concluir, que no por el hecho de haber laborado
para el Estado se adquiere la calidad de empleado público, dada las condiciones especiales que se predican
de dicha vinculación establecidas en la Constitución y la Ley». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de agosto de 2020, exp núm. 44001-23-33-000-
2016-00092-01(3548-18).
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda Subsección A, sentencia del 16
de octubre de 2025, exp. Núm. 47001-23-33-000-2021-00097-00 (4880-2023
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, exp. 23001-23-33-000-2013-
00260-01 (0088-15)
28 “No habrá empelo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de
carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos
en el presupuesto correspondiente.
Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y
desempeñar los deberes que le incumben.
Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuanta autoridad competente se lo solicite deberá
declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas.
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Radicación: 47001-23-33-000-2021-00247-01 (3963-2022)
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reconozcan derechos prestacionales derivados de la declaratoria de una relación
laboral encubierta, como ocurre en el caso bajo estudio, tal reconocimiento no
habilita la extensión de prerrogativas propias del empleo público ni permite asimilar
al interesado a la categoría de servidor público para los efectos jurídicos como
pretende el actor.
50. Posteriormente, en sentencia de unificación CE-SUJ-025-CE-S2-025-2021
del 9 de septiembre de 202129, esta Corporación, precisó:
Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la prevalencia de
la realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse, que si bajo el ropaje
externo de un contrato de prestación de servicios se esconde una auténtica relación de
trabajo, esta da lugar al surgimiento del deber de retribución de las prestaciones sociales
a cargo de la Administración. No obstante, aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre
las formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de
empleado público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos
en el artículo 122 de la Carta Política.30
51. Así las cosas, se reitera que cuando, bajo la apariencia de un contrato de
prestación de servicios, se configuran los elementos propios de una relación laboral,
surge para la administración la obligación de reconocer prestaciones sociales. No
obstante, aun cuando se acredite la existencia de una relación laboral, ello no
convierte al contratista en empleado público, pues tal condición como se ha
señalado únicamente se adquiere mediante el estricto cumplimiento de los
requisitos legales establecidos para la vinculación a la función pública.
52. Aunado a lo expuesto, y en un proceso de similares características, esta
Corporación reiteró31:
Sobre el particular, precisa la Sala que tal declaración no otorga al contratista la
calidad de empleado público, pues no crea un vínculo legal y reglamentario entre
las partes contratantes32.
Y aunque el artículo 53 Superior33 establece el derecho del contratista a ser tratado
en igualdad de condiciones de quienes realizan la misma cantidad y calidad de
Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor
público.
(…)”.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, exp. 05001-23-33-000-2013-
01143-01 (1317-16)
30 Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-2001-
05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de octubre de 2025, exp. 47001-23-
33-000-2021-00097-01 (4880-2023)
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de noviembre de 2024, exp. 25000-
23-42-000-2017-05343-01 (4065-2024) y sentencia del 23 de octubre de 2024, exp. 76001-23-31-000-2012-
00553-01 (4524-2021).
33 Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo
menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores;
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Demandante: Miguel Antonio Cervantes Torres
Demandado: municipio de Sitionuevo
trabajo de manera subordinada en ejercicio del principio de primacía de realidad
sobre las formalidades, lo cierto es que dichas garantías se aplican en consonancia
a las disposiciones constitucionales que regulan el acceso al empleo público, esto
es, el artículo 122 ibidem34, entre otros.
De manera que, en estos casos, la jurisprudencia «reconoce que al contratista le fue
cercenado su derecho a recibir las prestaciones que le hubiere correspondido si la
Administración no hubiese usado la modalidad de contratación estatal para
esconder en la practica una relación de trabajo»35, sin embargo, por prohibición
constitucional, las sentencias y actos administrativos constitutivos que declaran la
relación laboral encubierta, no tienen la consecuencia jurídica de atribuir al
interesado derechos y prerrogativas que tendría, por disposición legal un servidor
público.
53. En ese orden de ideas, no resulta aplicable al caso concreto lo dispuesto en
las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, en tanto dichas normas regulan la sanción
moratoria derivada del pago tardío del auxilio de cesantías de los servidores
públicos, calidad de la cual, conforme quedó demostrado, carece el demandante36.
3.6. Conclusión de la decisión
54. En atención a lo consignado se confirmará en su totalidad la sentencia del 23
de febrero de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena que negó
las súplicas de la demanda presentada por el señor Miguel Antonio Cervantes
Torres.
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar
sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el
descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado
garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios
internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos,
los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de
los trabajadores.
34 Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo
menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores;
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar
sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el
descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado
garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios
internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos,
los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de
los trabajadores.
35
Sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16.
36 Ver sentencia Consejo de Estado, sección segunda, sentencia de 29 de abril de 2021, expediente: 08001 23
33 000 2015 00436-01 (1896-17).
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Demandado: municipio de Sitionuevo
3.7. Costas
55. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario37 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
56. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar la sentencia del 23 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda dentro del
proceso promovido por el señor Miguel Antonio Cervantes Torres, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
37 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
16
Radicación: 47001-23-33-000-2021-00247-01 (3963-2022)
Demandante: Miguel Antonio Cervantes Torres
Demandado: municipio de Sitionuevo
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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