Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2012-00553-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2012-00553-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-31-000-2012-00553-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-31-000-2012-00553-01 (4524-2021)
Demandante: Yovanny Francisco Mavesoy Córdoba
Demandado: Unidad Nacional de Protección
Tema: Relación laboral subyacente o encubierta. Escolta del
Departamento Administrativo de Seguridad (Liquidado)
CCA
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
la parte demandada en contra de la sentencia de 18 de febrero de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
PRIMERO: La parte demandante solicitó la nulidad del oficio SVAC.DIRS.JUR-
2011-1015009-1 de 8 de noviembre de 2011, expedido por el director seccional
Departamento Administrativo de Seguridad en el Valle del Cauca, a través del
cual negó el reconocimiento de una relación laboral, así como también de los
emolumentos salariales y prestacionales a las que tiene derecho el señor
Yovanny Francisco Mavesoy Córdoba.
SEGUNDO: Como restablecimiento del derecho reclamó lo siguiente:
i) Declarar la existencia de una relación laboral entre el demandante y la
autoridad administrativa demandada durante el interregno comprendido
entre el 1° de marzo de 2005 al 31 de diciembre de 2010, junto a las
consecuencias económicas y jurídicas derivadas de ello, efectuando la
nivelación al código y grado en la forma equivalente que existió en la
planta de personal, de acuerdo a la asignación básica y las funciones
ejercidas.
1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado-SAMAI.
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Número interno: (4524-2021)
Demandante: Yovanny Francisco Mavesoy Córdoba
ii) Reconocer y pagar los conceptos salariales y prestacionales que de ello
se derivaban, tales como incrementos por antigüedad, bonificación por
servicios prestados, auxilios de transporte y alimentación, viáticos,
gastos de representación, cesantías e intereses a las cesantías,
vacaciones, compensación en caso de muerte, vestuario, gastos de viaje
de parientes y primas de servicio, vacaciones, clima, riesgo e instalación,
así como la reliquidación de salarios y prestaciones sociales con
fundamento en los anteriores conceptos.
iii) Devolver los saldos por concepto de seguridad social en salud y
pensiones, y las retenciones efectuadas sobre el salario.
iv) Pagar la indemnización o sanción moratoria.
v) Condenar en costas a la parte vencida.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
El señor Yovanny Francisco Mavesoy Córdoba fundamentó sus pretensiones
en los siguientes hechos:
i) Laboró de manera continua e ininterrumpida como escolta en el
Departamento Administrativo de Seguridad, desde el 1° de marzo de
2005 y hasta el 31 de diciembre de 2010, a través de contratos de
prestación de servicios. Durante su vinculación prestó sus servicios bajo
la continua subordinación y dependencia de sus superiores, en el horario
y fechas señaladas y en los diferentes lugares y sedes determinadas por
el empleador.
ii) El salario promedio mensual que devengó durante el último año de
servicios fue de $1.650.000.
iii) Solicitó al DAS el reconocimiento de la existencia de una relación laboral
y el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella por sus
servicios como escolta; sin embargo, se negó mediante el oficio
SVAC.DIRS.JUR-2011-1015009-1 de 8 de noviembre de 2011.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación
Se invocó en la demanda la violación de las siguientes disposiciones
constitucionales y legales: artículos 1°, 2°, 4°, 6°, 13, 25, 29, 53 y 122 de la
Constitución Política de 1991; 131, 132, 135, 137 y 152 del Código Contencioso
Administrativo; los Decretos 1932 y 1933 de 1989, 2164 de 1989, 2146 de 1989
y 377 de 2006.
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Número interno: (4524-2021)
Demandante: Yovanny Francisco Mavesoy Córdoba
Como concepto de violación aseguró que el Departamento Administrativo de
Seguridad desconoció la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional2 y
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia3, y con ello la
primacía de la realidad sobre las formas, dado que desnaturalizó la relación
contractual cuando se acordó mediante la suscripción de contratos de
prestación de servicios la ejecución de funciones permanentes que eran
desempeñadas por los empleados de planta.
1.4. Contestación de la demanda
El Departamento Administrativo de Seguridad por conducto de mandataria
contestó el petitum demandatorio oponiéndose a las pretensiones de la
demanda, mencionó que la relación contractual no generó vinculación de
servidor público sino como contratista, es decir, en ningún momento hubo una
vinculación legal y reglamentaria, a pesar de que las labores hubiesen sido
similares a las asignadas al cargo de planta de escolta, el personal que
ostentaba la calidad de empleado público era insuficiente para atender la
prestación del servicio de seguridad, razón por la que se acudió a la
contratación por prestación de servicios.
Formuló como excepciones las siguientes: i) buena fe; ii) inexistencia de la
obligación; iii) pago y iv) falta de legitimación en la causa por pasiva.
La Policía Nacional, actuando como litisconsorte por pasiva, indicó que el
programa de protección de personas en riesgo extraordinario o extremo a cargo
de esa entidad pública cuenta con recursos propios y es ejercidos por diferentes
miembros de la fuerza pública. Que las funciones ejecutadas por el
demandante a través de la ejecución de contratos de prestación de servicios
en el DAS no son del resorte y responsabilidad de la Policía Nacional.
Teniendo en cuenta lo anterior, propuso como excepción la falta de legitimación
material en la causa por pasiva.
Por último, el Ministerio del Interior contestó de forma extemporánea la
acción, en cambio, el Departamento Administrativo de la presidencia de la
República guardó silencio.
1.5. Sentencia de primera instancia
El 18 de febrero de 2020, el Tribunal Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, por lo tanto: i) declaró probada
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y ordenó
desvincular a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior, ya que, la
2 Sentencias C-386 de 2000 y T-159 de 2001.
3 Providencia de 11 de junio de 1999, radicado 11959-99, MP Germán Valdés Sánchez.
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Demandante: Yovanny Francisco Mavesoy Córdoba
responsabilidad solamente recae en la Unidad Nacional de Protección; ii)
declaró la nulidad del acto administrativo acusado; iii) declaró la existencia de
una relación laboral entre las partes desde el 1° de marzo de 2005 al 31 de
diciembre de 2010; iv) ordenó pagar el valor correspondiente a las prestaciones
sociales tomando como base para su liquidación los honorarios pactados en el
último contrato de prestación de prestación de servicios; v) ordenó calcular el
ingreso base de cotización pensional (los honorarios pactados en los contratos
de prestación de servicios) mes a mes y si existe diferencia entre los aportes
realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo
fondo pensional las sumas faltantes por aportes a pensión en el porcentaje que
le corresponda como empleador, en ese sentido, el demandante deberá
acreditar las cotizaciones efectuadas y en la eventualidad de no haber sido
realizadas o exista diferencia en su contra, éste tendrá la carga de cancelar o
completar el porcentaje que le corresponde como trabajador; vi) ordenó
reajustar y actualizar la condena en los términos del artículo 178 del Decreto
01 de 1984; ordenó dar cumplimiento a la providencia de acuerdo al artículo
176 del Código Contencioso Administrativo; vii) no condenó en costas a la parte
demandada y viii) negó las demás súplicas de la demanda.
Sobre el cumplimiento del elemento de prestación personal del servicio, se
estableció con base a los contratos de prestación de servicios aportados, los
certificados expedidos por la entidad territorial y los testimonios.
Para llegar a la anterior decisión, luego de referenciar los contratos de
prestación de servicios suscritos por el actor con el extinto DAS y las pruebas
del plenario, el a quo concluyó que se encontraban acreditados los requisitos
que sustentan una relación laboral subyacente.
En efecto, con las pruebas recaudadas en el expediente se demostró la
prestación personal del servicio, en atención a que según el objeto contractual
para el que fue contratado el demandante correspondió a la prestación de
servicios de escolta, igualmente, en los citados contratos se estipuló un valor
que era pagado mensualmente.
En torno a la subordinación, sostuvo que se observaron las órdenes de trabajo
asignadas al señor Mavesoy Córdoba, en aquellas se especificaba la personas
beneficiaria del servicio de seguridad, el término asignado, el vehículo que sería
entregado, el arma de dotación asignada y las instrucciones particulares de la
labor a realizar, así, las funciones de protección no se ejecutaron de forma
independiente, reiteradamente la autoridad administrativa impartió órdenes,
debiendo cumplir horarios y funciones que no eran temporales.
1.6. Recurso de apelación
La Unidad Nacional de Protección solicitó que se revoque la sentencia de
primera instancia, por tal razón, expresó los siguientes argumentos:
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Demandante: Yovanny Francisco Mavesoy Córdoba
i) La Unidad Nacional de Protección no está legitimada en la causa por
pasiva, dado que no es la sucesora procesal del Departamento
Administrativo de Seguridad, sino que debe responder la Fiduprevisora en
los términos de lo contemplado en el artículo 238 de la Ley 1753 de 2015.
ii) No se demostró que efectivamente se prestó los servicios con
subordinación y dependencia a la autoridad administrativa, únicamente se
tuvieron en cuenta los contratos de prestación de servicios.
iii) La relación que acaeció fue del orden contractual, ésta obedeció a lo
establecido por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 que autorizó a las
entidades públicas para la celebración de contratos de prestación de
servicios con el propósito de realizar actividades no solo de carácter
permanente, sino las que de manera excepcional se requirieran para
desarrollar aspectos relacionados con la administración o funcionamiento
de la entidad y estas no pudieran realizarse con el personal de planta o
requieran conocimientos especializados, sin embargo, no generan un
vínculo laboral ni el derecho a percibir prestaciones sociales.
iv) Toda actividad contractual requiere de una vigilancia y control por parte
del contratante, máxime cuando en este caso la labor contratada es
especialísima, puesto que de ella depende la vida de quienes son
beneficiaros del programa, lo que justifica que se hubiese designado un
supervisor.
v) Debe tenerse en cuenta que una vez el escolta salía de las instalaciones
del DAS, las órdenes y sugerencias las impartía el protegido. Además, en
las misiones era completamente autónomo, nunca se le entregó un
manual de funciones ni se le asignó un horario, simplemente se le indicó
que debía asistir a la entidad para hacerle entrega de las herramientas de
trabajo (armas, chalecos, vehículos blindados) que, por su carácter de alta
seguridad, no podían dejarse en manos de los contratistas. Lo anterior
desvirtúa que la relación fuera subordinada.
vi) De acuerdo a lo certificado por el Departamento Administrativo de
Seguridad, los escoltas vinculados mediante de contratos de prestación
de servicios pactaron honorarios más altos que el total del promedio
mensual devengado por los empleados de la planta de personal. En tal
sentido, si lo que se pretende es la aplicación del principio «a trabajo igual,
salario igual», debe declararse que la base salarial de la liquidación es la
de los empleos de planta, por ser la que se equipara a la realidad laboral
que se homologa con la decisión recurrida, y tenerse en cuenta los
emolumentos pagados de más, para que estos «sean descontados del
valor de las pretensiones».
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1.7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La Unidad Nacional de Protección4 reiteró los argumentos expuestos en el
recurso de apelación y señaló que la legitimación en la causa por pasiva está
en cabeza de la Fiduprevisora.
Igualmente, la Policía Nacional5 señaló que conforme lo determinado por el juez
de primera instancia dicha institución no tiene legitimación en la causa por
pasiva, dado que el demandante nunca fue incorporado a la planta de personal
de la institución, por ello, la autoridad administrativa no tiene responsabilidad
en el presente negocio.
Finalmente, la parte demandante6, sostuvo que la jurisprudencia del Consejo
de Estado es pacífica en las situaciones de las relaciones laborales
subyacentes de los escoltas que estuvieron vinculados al extinto Departamento
Administrativo de Seguridad.
Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política
de 1991 y en lo preceptuado por los artículos 11, 12, 34 y 36 de la Ley 270 de
19967; 129 del Decreto 01 de 1984 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 expedido por
la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Segunda del Consejo de Estado
es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a esta Sala de Subsección determinar sí existió una relación
laboral encubierta entre el señor Yovanny Francisco Mavesoy Córdoba y
Departamento Administrativo de Seguridad (Liquidado) en el interregno
comprendido entre el 1° de marzo de 2005 al 31 de diciembre de 2010, y si
como consecuencia de ello, le asiste el derecho al reconocimiento y pago de
las prestaciones sociales dejadas de percibir con ocasión a dicho vínculo, así
como por concepto de aportes a la seguridad social en pensiones; o si se
configuró el fenómeno de la prescripción; o si por el contrario existió una
relación eminentemente contractual con la entidad mencionada, sin derecho a
prestación alguna.
4 Índice 19 de Samai.
5 Índice 21, ibidem.
6 Índice 23, ibidem.
7 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
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De probarse la relación laboral encubierta previamente citada, debe
determinarse si, ¿la Unidad Nacional de Protección (UNP) es la entidad llamada
a responder por las consecuencias jurídicas del presente fallo?
2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente
En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho y primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las
partes.
Asimismo, el artículo 53 ejusdem establece que los convenios internacionales
sobre el derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano,
forman parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). Por
esta razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de «salario
igual por un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio
111 de la OIT,8 constituye, junto con otros principios convencionales,9 un
axioma laboral de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno.
Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que
respecta al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los instrumentos
de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la
Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de
los fines del Estado), el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo
recoge como un tipo de negocio jurídico o contrato típico, en los siguientes
términos:
«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»
8 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
9 Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de
Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San
Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como
«(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño
de una actividad lícita libremente escogida o aceptada».
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Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los
contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni
generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo,
la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha admitido
que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).
En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una
interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de
prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley 80
de 1993, y la forma en que este queda desvirtuado para dar lugar a la
declaratoria de una relación laboral encubierta o subyacente.
Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique
conductas o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el
Estado es el empleador, deberá ser analizada en consideración de los derechos
fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la
Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente
ratificados por el Estado.
En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y
remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia
para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios,
el elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se puede matizar
ante el surgimiento de una «nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas»;
ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o imposición de
jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en función del objeto
contractual convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que se
materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción del prestador
del servicio en el círculo rector, organizativo o disciplinario de la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de manera idéntica,
semejante o equivalente a las que tienen asignadas los servidores de planta,
siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación
laboral.
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No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el
contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna
manera, una vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle la
categoría de empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer las
exigencias del artículo 122 de la Carta Política10.
Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante
o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo.
Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las
siguientes reglas de unificación:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de
acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la
necesidad de la prestación del servicio a favor de la Administración, de forma
esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse
en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas
dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la
Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la
devolución de los valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto
se recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal.
En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de dar
cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades
estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la
manera más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente indispensable»
puede advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde la entidad
justifica, en función del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el
10 Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-
31-000-2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
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tiempo máximo que estima imprescindible para la ejecución de un contrato
futuro. De ahí que los contratos de prestación de servicios no puedan
concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se suscriben con personas
naturales.
En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles,
en principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad
para aquellos contratos de prestación de servicios que presenten
interrupciones, cuya consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción
de derechos una vez declarada la relación laboral subyacente. En
consecuencia, de no superarse dicho lapso, se puede concluir «la existencia
de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate que los
objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o
similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades».
A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se reiteró
que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la prescripción de
derechos prestacionales derivados de la relación laboral encubierta o
subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de unificación del
25 de agosto de 201611, según la cual, en caso de encontrarse acreditada la
relación laboral, quien pretenda su reconocimiento debe reclamarlo dentro de
los tres años siguientes contados a partir de la finalización del vínculo
contractual, y, en aquellos casos donde se presente solución de continuidad
entre contratos, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a
partir de sus fechas de finalización12, por lo que de no presentarse la
reclamación en ese período, operará el fenómeno prescriptivo, salvo en lo
relacionado con los aportes a pensión que no están sometidos a dicho
término13.
En igual sentido, mediante providencia de 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo
cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23
del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación
laboral cuya duración deba ser examinada.
11 Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-2021.
12 En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos contratos de
prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene
un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus
fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez
verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada
en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido
burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación
de servicios. […]» (Negrita fuera del texto)
13 Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen deprecado
de forma expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las diferencias que se
demuestren causadas, mes a mes, respecto de la parte que le correspondía a la entidad contratante como
empleadora.
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Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente la
devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el
contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio
en la vía judicial y administrativa.
2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
El material probatorio recaudado en el proceso demuestra lo siguiente:
1. Contratos de prestación suscritos entre el demandante y el
Departamento Administrativo de Seguridad: De acuerdo con las pruebas
documentales aportadas el señor Yovanny Francisco Mavesoy Córdoba
suscribió lo siguientes contratos de prestación de servicios con la autoridad
administrativa:
Contrato de
# prestación de Inicio Terminación Objeto contractual Valor
servicios
El contratista en virtud
a sus condiciones
personales se
compromete para con
el Das a prestar sus
servicios de protección;
con sede principal en la
ciudad de Cali y
eventualmente en la
ciudad donde se asigne
el esquema protectivo,
dentro del componente
seguridad a personas,
1° de marzo de 30 de junio de $5.560.000
1 54 de 200514 del programa de
2005 2015 M/cte.
protección a dirigentes
sindicales,
organizaciones
sindicales y defensores
de derechos humanos,
conforme a las
medidas de seguridad
aprobadas por el
Comité de
Reglamentación y
Evaluación de Riesgos
del Ministerio del
Interior y de Justicia
1° de julio de 30 de agosto de $2.780.000
2 161 de 200515 Ibidem
2005 2005 M/cte.
14 Folios 24 a 28 del archivo titulado «P1. 202102235480», expediente digital, índice 2 de Samai.
15 Folios 31 a 35 del archivo titulado «P1. 202102235480», expediente digital, índice 2 de Samai.
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Demandante: Yovanny Francisco Mavesoy Córdoba
31 de agosto de 28 de febrero de $9.975.873.33
3 256 de 200516 Ibidem
2015 2006 M/cte.
1° de marzo de 30 de noviembre $14.648.990
4 053 de 200617 Ibidem
2006 de 2006 M/cte.
1° de diciembre 30 de junio de $15.799.110
5 161 de 200618 Ibidem
de 2006 2017 M/cte.
1° de julio de 31 de diciembre $13.784.040
6 062 de 200719 Ibidem
2007 de 2007 M/cte.
1° de enero de 31 de diciembre $29.011.040
7 172 de 200820 Ibidem
2008 de 2008 M/cte.
1° de enero de 30 de junio de $14.506.260
8 060 de 200921 Ibidem
2009 2009 M/cte.
Adición al contrato
de prestación de 1° de julio de 29 de agosto de $4.835.420
9 Ibidem
servicios 060 de 2009 2009 M/cte.
200922
Adición al contrato
de prestación de 30 de agosto de 28 de septiembre $2.417.710
10 Ibidem
servicios 060 de 2009 de 2009 M/cte.
200923
29 de
27 de noviembre $4.835.420
11 057 de 200924 septiembre de Ibidem
de 2009 M/cte.
2009
Adición al contrato
de prestación de 28 de noviembre 17 de diciembre $1.892.710
12 Ibidem
servicios 057 de de 2009 de 2009 M/cte.
200925
18 de diciembre 31 de marzo de $8.702.049
13 209 de 200926 Ibidem
de 2009 2010 M/cte.
1° de abril de 30 de junio de $7.543.254
14 035 de 201027 Ibidem
2010 2010 M/cte.
16 Folios 36 a 43 del archivo titulado «P1. 202102235480», expediente digital, índice 2 de Samai.
17
Folios 49 a 51 del archivo titulado «P1. 202102235480», expediente digital, índice 2 de Samai.
18 Folios 52 a 57 del archivo titulado «P1. 202102235480», expediente digital, índice 2 de Samai.
19 Folios 58 a 64 del archivo titulado «P1. 202102235480», expediente digital, índice 2 de Samai.
20 Folios 65 a 72 del archivo titulado «P1. 202102235480», expediente digital, índice 2 de Samai.
21 Folios 73 a 77 del archivo titulado «P1. 202102235480», expediente digital, índice 2 de Samai.
22 Folios 78 a 80 del archivo titulado «P1. 202102235480», expediente digital, índice 2 de Samai.
23 Folios 81 a 82 del archivo titulado «P1. 202102235480», expediente digital, índice 2 de Samai.
24 Folios 83 a 89 del archivo titulado «P1. 202102235480», expediente digital, índice 2 de Samai.
25 Folios 90 y 91 del archivo titulado «P1. 202102235480», expediente digital, índice 2 de Samai.
26 Folios 92 a 95 del archivo titulado «P1. 202102235480» y folios 96 a 100 del archivo titulado «P2.
202102235480», expediente digital, índice 2 de Samai.
27 Folios 101 a 104 del archivo titulado «P2. 202102235480», expediente digital, índice 2 de Samai.
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Adición al contrato
de prestación de 1° de julio de 31 de julio de $2.514.418
15 Ibidem
servicios 035 de 2010 2010 M/cte.
201028
1° de agosto de 31 de diciembre $12.572.090
16 108 de 201029 Ibidem
2010 de 2010 M/cte.
2. Ejecución de los contratos de prestación de servicios: El director del
Departamento Administrativo Seccional del Valle del Cauca a través de
certificado expedido el 20 de marzo de 201230 constató que fueron ejecutados
por el señor Yovanny Francisco Mavesoy Córdoba en calidad de escolta
contratista al servicio del programa especial de seguridad del gobierno nacional
los contratos de prestación de servicios N° 54 de 2005, 161 de 2005, 256 de
2005, 053 de 2006, 161 de 2006, 062 de 2007, 172 de 2008, 060 de 2009, 057
de 2009, 209 de 2009, 035 de 2010 y 108 de 2010.
3. Acta de inicio del contrato de prestación de servicios 54 de 200531 y
certificados de cumplimiento del contrato 053 de 200632.
4. Constancias expedidas el 26 de noviembre de 2007, 12 de noviembre de
2007, 24 de septiembre de 2007, 8 de noviembre de 2007 y 23 de julio de 2007,
por el comandante de la estación de policía del municipio de la Tebaida, el
inspector de policía del municipio de Calima el Darién, la inspectora de policía
(E) del municipio de Santander de Quilichao, respectivamente, en las que se
certificó la participación del demandante es los esquemas de seguridad de
dirigentes sindicales de «Sintraempuv» y «Sintraofiemcali».
5. Certificados de permanencia de fecha 18 de julio de 2006 y 31 de julio de
2006 emitidos por la coordinadora del grupo administrativo, financiero y de
talento humano de la seccional del Das en el departamento del Quindío en las
que se indicó que el ciudadano colaboró en comisión de servicio como escolta
adscrito a la seccional del Valle del Cauca para el cumplimiento de las órdenes
de trabajo 0685 y 63733.
6. Informe bajo misión de trabajo presentada entre otros por Yovanny Mavesoy
Córdoba en la que se colocó en conocimiento del director del Departamento
Administrativo de Seguridad de Valle del Cauca que por motivos personales del
protegido no se cumplió la orden de trabajo desde el 26 a 27 de agosto de 2006.
28 Folios 105 y 106 del archivo titulado «P2. 202102235480», expediente digital, índice 2 de Samai.
29 Folios 107 a 110 del archivo titulado «P2. 202102235480», expediente digital, índice 2 de Samai.
30 Folio 23 del archivo titulado «P1. 202102235480», expediente digital, índice 2 de Samai.
31 Folio 30 del archivo titulado «P1. 202102235480», expediente digital, índice 2 de Samai.
32 Folio 140 a 143 del archivo titulado «P2. 202102235480», expediente digital, índice 2 de Samai.
33 Folio 150 y 151 del archivo titulado «P2. 202102235480», expediente digital, índice 2 de Samai.
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7. Memorandos expedidos el 7 de marzo de 2005,16 de mayo de 2005, 16 de
febrero de 2006 y 9 de octubre de 200734 por el director seccional del Das Valle
del Cauca y el supervisor del programa lideres sindicales, respectivamente,
dirigidos al almacenista de la institución en los que le solicitaron la entrega de
armamento al demandante.
8. En el expediente se encuentra un total de 24 misiones y órdenes de trabajo
que se extienden desde julio de 2006 hasta el mes de junio de 2007, en los que
el Departamento Administrativo de Seguridad-Seccional Valle del Cauca, a
través de su oficina de protección social, le precisa al actor las indicaciones con
las cuales debía desarrollar su servicio como escolta, entre ellas se detallan: i)
duración y lugar en la que se ejecutó el servicio; ii) la persona (s) determinada
(s) a las cuales se le prestó el servicio de protección; iii) el armamento de
protección asignado por la entidad para la prestación del servicio y iv) se detalla
que el funcionamiento del servicio debía ser realizado atendiendo las
instrucciones que el jefe del grupo de protección dispusiera35.
Así las cosas, con el acervo probatorio, se tiene demostrada la prestación
personal del servicio del señor Yovanny Francisco Mavesoy Córdoba,
comoquiera que fue vinculado al extinto Departamento Administrativo de
Seguridad seccional Valle del Cauca para prestar los servicios de seguridad y
protección (escolta) dentro del componente de seguridad a personas, del
programa de protección a dirigentes sindicales, organizaciones sociales y
defensores de derechos humanos, a través de 12 contratos de prestación de
servicios, los cuales, junto con sus respectivas prorrogas, se extienden sin
solución de continuidad por el período comprendido entre el 1° de marzo de
2005 hasta el 31 de diciembre de 2010, esto es, por 5 años, 9 meses y 30 días.
De la misma manera, con esos elementos de juicio y demás documentales
recaudados en el expediente, tales como los contratos de prestación de
servicios, se demuestra el segundo elemento de la relación laboral, esto es, la
contraprestación o remuneración, que se refiere a las sumas de dinero
recibidas por el demandante durante la ejecución de sus labores.
En cuanto al otro elemento esencial de la relación laboral, este es, el de la
continuada subordinación y dependencia, se recuerda que, conforme con lo
previsto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo consiste en la
facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador «el cumplimiento
de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo
de duración del contrato».
Elemento respecto del cual, la Sala ha afirmado que «implica una superioridad
jerárquica en el esquema organizacional de quien se atribuye esta facultad
34 Folio 135 a 139 del archivo titulado «P2. 202102235480», expediente digital, índice 2 de Samai.
35 Folios 116 a 134 del archivo titulado «P2. 202102235480», expediente digital, índice 2 de Samai.
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sobre el subordinado», mientras que la coordinación «más que una facultad es
una obligación que el estatuto de contratación estatal, por medio de las normas
que lo rigen, impone a los entes públicos que desarrollen cualquier tipo de
convenio con rubros oficiales, y que deben realizar para garantizar la correcta
ejecución del objeto contractual. Dicha obligación incluye facultades de carácter
administrativo, que implican regularizar algunas funciones, el definir horarios en
la prestación del servicio contratado e incluso el suministro de algunos
elementos, que identifiquen al contratista con la comunidad; empero, coordinar
de ningún modo lleva implícita la superioridad jerárquica contenida de la
subordinación»36.
En el caso concreto, se tiene acreditado que el demandante estuvo vinculado
por 5 años, 9 meses y 30 días al Departamento Administrativo de Seguridad
seccional Valle del Cauca, ejerciendo funciones de escolta y cumpliendo el
mismo objeto contractual37. De forma que, resulta necesario establecer indicios
que determinen la existencia de subordinación en la ejecución de las labores a
cargo del actor en el presente asunto, atendiendo lo expuesto por esta
Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CES22021, en la que
precisó como tales los siguientes:
«i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus
actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad
laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la Sala Plena estimó
necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe
valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades
permitidas para los empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que
exista subordinación, y, por consiguiente, que la relación contractual sea
simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de
urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) habitualmente requieren la
incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello,
si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo
puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual
convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la
imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina
o del ius variandi, la dirección y control efectivo de las actividades del
contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio
de 2021, expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
37 «El contratista en virtud a sus condiciones personales se compromete para con el Das a prestar sus
servicios de protección; con sede principal en la ciudad de Cali y eventualmente en la ciudad donde se
asigne el esquema protectivo, dentro del componente seguridad a personas, del programa de protección
a dirigentes sindicales, organizaciones sindicales y defensores de derechos humanos, conforme a las
medidas de seguridad aprobadas por el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos del Ministerio
del Interior y de Justicia».
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la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo
que debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector,
organizativo disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que
esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a
cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio
probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o
seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un
ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se
reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho
de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de
funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o
equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia
de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la
ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de
la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo
del Trabajo».
Así pues, siguiendo los criterios previamente expuestos, se procederá a
determinar la existencia de la subordinación en el presente asunto a partir de
los siguientes ítems:
i) Lugar de trabajo: del análisis en conjunto del acervo probatorio, tales como
los contratos de prestaciones de servicios y las órdenes y misiones de encargo
de prestación del servicio de vigilancia, se colige que, dadas las características
particulares de su función de escolta, la prestación de su servicio era aleatorio
dado que podía ser desarrollado en distintos lugares. Lo anterior se evidencia,
por ejemplo, en que para el período comprendido entre el 2 y el 6 de noviembre
de 2006 prestó sus servicios en la ciudad de Bogotá en el departamento de
Cundinamarca y en el municipio de Melgar en el departamento del Tolima 38, y
posteriormente, entre el 31 de marzo al 8 de abril de 2007, cumplió funciones
de escolta en el corregimiento del Queremal en el departamento de Valle del
Cauca y en la ciudad de Manizales en el departamento de Caldas39.
No obstante, el común denominador en cuanto al lugar de la prestación del
servicio del señor Yovanny Francisco Mavesoy Córdoba, era la imposición que
sobre estos hacía el DAS en las misiones y órdenes de trabajo, así como la
consecuente información que debía rendirle a la entidad por medio de los
informes de prestación de servicios, respecto a los desplazamientos que
realizaría conforme las indicaciones de su protegido40.
38 Folio 120 del archivo titulado «P2. 202102235480», expediente digital, índice 2 de Samai.
39 Folio 123 del archivo titulado «P2. 202102235480», expediente digital, índice 2 de Samai.
40 Es de indicar que el numeral 1 de la cláusula primera de la totalidad de los contratos de prestación de
servicios suscritos por el actor con el Das, disponen que aquel contaba con la obligación de cumplir con la
protección personal del protegido en el lugar que se le fuera indicado por la entidad o por el protegido, lo
anterior de la siguiente forma: «[…] 1. Cumplir con las actividades de protección en el lugar que le sea
asignado por el DAS o por su protegido […]».
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De manera que, es dable advertir la sujeción a la que se encontraba sometido
el demandante por parte del Departamento Administrativo de Seguridad en lo
concerniente al lugar del desarrollo de sus funciones.
ii) Horario de labores: De las pruebas aportadas al plenario y de la naturaleza
propia de las labores ejecutadas por el actor se advierte que este, como escolta
o personal de seguridad, estaba sujeto a turnos que dependían de las
ordenanzas emitas por la entidad contratante41.
iii) La dirección y el control efectivo de las actividades a ejecutar: Según
lo expuesto con precedencia, este requisito se configura al probarse que el
contratista se insertó en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la
entidad, a partir de órdenes que lograran direccionar la manera en que, en
tiempo, modo, lugar y cantidad de trabajo, el contratista desarrollaba sus
funciones.
Analizadas las pruebas allegadas al plenario y valoradas en conjunto y bajo el
principio de la sana crítica, es claro que el demandante no ejecutaba sus
funciones de manera autónoma, pues estaba obligado a cumplir con los turnos
que le eran impuestos por la entidad contratante y ejecutaba su labor conforme
a las misiones u órdenes de trabajo asignadas; de tal manera que, durante la
ejecución de su labor debía seguir las directrices impuestas por el DAS, dado
que la función de escolta se estructuraba a partir de los modelos de seguridad
que de manera vertical eran impuestos por parte de esa entidad, quien no solo
le establecía la persona que debía proteger, sino también los horarios en que
debía hacerlo, determinaba los lugares y forma de ejecutar la función.
Ello, se advierte del contenido de los contratos de prestación de servicios
suscritos, en los que el contratista debía cumplir con las actividades de
protección que le asignara la autoridad administrativa42; ejecutar sus labores
con base en los elementos de dotación dados por la entidad, tales como
vehículos armamentos y radios de comunicaciones43, y presentar para revisión
dentro de los primeros cinco días de cada mes los elementos de trabajo a la
dependencia de control de armamento, radios y vehículos del DAS, o la que
hiciera sus veces44.
De modo que, se considera que el señor Yovanny Francisco Mavesoy Córdoba
se encontraba inserto bajo la dirección y control efectivo de funciones por parte
41 Esta Subsección ha llegado a iguales conclusiones en casos de similares premisas fácticas. Ver
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. 76001-23-33-000-2012-00695-01 (1526-2018)
CP Rafael Francisco Suárez Vargas Bogotá, D. C. dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
42 Vrg. Contrato de prestación de servicios 256 de 2005 «OCTAVA: Obligaciones del contratista: […]
1. Cumplir con las actividades de protección en el lugar que le sea asignado por el DAS o por su
protegido. […]».
43 Vrg. Contrato de prestación de servicios 161 de 2006 «NOVENA Obligaciones del DAS: […] 4.
Suministrar y efectuar mantenimiento a los elementos dados como dotación, vales decir, vehículos,
armamento y radios de comunicaciones».
44 Vrg Contrato de prestación de servicios 062 de 2007: «SÉPTIMA: Obligaciones del contratista: […]
3. Presentar para su revisión en la dependencia de Control de Armamento, Radios y Vehículos del
DAS, o en la que haga sus veces, los elementos logísticos de dotación, dentro de los primero cinco
días de cada mes».
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del DAS pues dicha entidad determinaba las condiciones de tiempo, modo y
lugar en que debía ejecutar sus funciones, sin que sea dable considerar que
ellas estaban regidas bajo el principio de coordinación, pues de acuerdo con lo
expuesto, se advierte que lo que existió entre las partes fue una verdadera
relación de subordinación.
Además, es de acotar que esta Subsección con precedencia ha indicado que
las funciones ejecutadas por los escoltas contratistas al servicio del
Departamento Administrativo de Seguridad, por su naturaleza, se ejecutan bajo
el principio de subordinación, dadas las condiciones regladas y uniformes que
se instituyen por sus superiores para la prestación de sus servicios45.
v) Que las actividades o tareas correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan
los elementos configurativos de la relación laboral:
La Sala considera que la función desempeñada por el demandante era de
competencia y responsabilidad del extinto DAS, pues así lo dispone el Decreto
2110 de 1992, en concordancia con el Decreto 643 de 2004.
En efecto, siguiendo lo preceptuado en el artículo 28 del Decreto 372 de 1996,
por el cual se establece el funcionamiento del Ministerio del Interior y de Justicia
y se dictan otras disposiciones complementarias, se regula lo relacionado a la
Dirección General Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos
y se determina que tal entidad, adscrita al Ministerio del Interior, cuenta con la
obligación de actuar preventivamente en los casos inminentes de riesgos y
amenazas de los derechos humanos, a través del desarrollo de programas
especiales para su protección, preservación y restablecimiento; emprendiendo
de oficio las acciones correspondientes ante las autoridades judiciales, así
como la protección de los denunciantes46. Para dichas actividades, la Dirección
General contaba con el apoyo del DAS, así como de otras entidades del Estado.
45 Ver entre otras, las sentencias del 1 de septiembre de 2022, expediente 2012-00162-02 (6229-2019);
26 de enero de 2013 expediente 2012-00121-01 (3578-2013) y del 21 de septiembre de 2013 expediente
2013- 00324-01 (0215-2018).
46 “Artículo 28. DIRECCIÓN GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LOS DERECHOS
HUMANOS. La Dirección General Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos del
Ministerio del Interior, tiene por objeto actuar, preventivamente, en casos de amenaza inminente de los
derechos humanos, desarrollar programas especiales para su protección, preservación y
restablecimiento; y emprender de oficio las acciones correspondientes ante las autoridades judiciales, así
como la protección de los denunciantes. Lo anterior, sin detrimento de las funciones del Ministerio Público
o de otras autoridades.” El artículo 29 de la misma norma, dispone para el logro del objeto señalado en el
artículo anterior, las siguientes funciones: “a) Adelantar las acciones y los programas de protección de los
derechos humanos que le asignen el Consejo Gubernamental de Derechos Humanos y el Ministro del
Interior;
(…)
d)Desarrollar con el apoyo del Departamento Administrativo de Seguridad y otros organismos, el
Programa de Protección Especial a Testigos y Personas Amenazadas, para la seguridad de las personas
amenazadas por la violencia política y, en casos particulares de extremo riesgo de violación de los
derechos a la vida y la integridad personal;”.
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Posteriormente, el numeral 3 del artículo 6 del Decreto 2110 de 1992 dispuso
como funciones generales adscritas al funcionamiento del DAS la de «Proteger
al Presidente de la República y a su familia en la forma que él determine, a los
Expresidentes, y prestar servicios de seguridad personal a quienes por razón
del cargo, posición, funciones o motivos especiales, puedan ser objeto de
atentados contra su persona o bienes, cuando de ellos pudieren derivarse
perturbaciones del orden público» (subrayado de la Sala).
Luego, el Decreto 643 de 2004 en su artículo 2, detalló nuevamente las
funciones generales del DAS47, facultando a la entidad de seguridad para
adelantar las funciones de protección del Estado, con la responsabilidad de
brindar los servicios de protección a las personas designadas en los programas
implementados por el Ministerio del Interior y de Justicia, lo cual realizaba a
través del personal que estuviera a ella vinculado.
De esa manera, es de concluir que las funciones de seguridad que ejerció el
actor, aunque se fundaban en el programa de protección creado en un primer
momento por el Ministerio del Interior, lo cierto era que, en lo atinente a su
concreción, la entidad a cargo de ello resultaba ser el extinto DAS siguiendo las
preceptivas jurídicas previamente indicadas.
Por tanto, al ejecutar el actor sus funciones de escolta por 5 años, 9 meses y
30 días al servicio del DAS, se evidencia que desempeñó tareas y funciones
que inherentemente debían ser desarrolladas por el personal de la entidad y
resultaban ser del giro ordinario de la misma.
En ese orden de ideas, se evidencia el cumplimiento de los elementos de
prestación personal del servicio, remuneración y subordinación, propios de una
relación laboral, sin que pueda predicarse la existencia de un vínculo de
coordinación en las actividades ejecutadas por el demandante, como lo
sostiene la entidad recurrente en el escrito de alzada; pues de esos mismos
medios de convicción se advierte con claridad meridiana que en realidad existió
entre las partes una relación laboral subyacente, en donde el actor ejecutó sus
labores de manera subordinada a través de la imposición de horarios, labores,
elementos para su realización y los lugares en los que se prestaba el servicio;
debiéndose confirmar en consecuencia, la sentencia de primera instancia en
torno a este aspecto.
47 “ARTÍCULO 2. FUNCIONES GENERALES. Entidad suprimida por el artículo 1 del Decreto 4057 de
2011. El Departamento Administrativo de Seguridad tendrá, además de las funciones que determina el
artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes: (…) Brindar seguridad al Presidente de la República y
su familia, Vicepresidente y su familia, Ministros y ex Presidentes de la República; la información
relacionada con su seguridad tiene reserva legal.
(…)
PARÁGRAFO. Para los efectos de la seguridad que deba darse a personas y dignatarios, distintas de los
previstos en el numeral 14 de este artículo, que requieran la protección del Estado, deberá concertarse la
asunción de dicha función por parte de otros organismos estatales que desarrollen funciones de
protección. El Departamento Administrativo de Seguridad continuará prestando tales servicios hasta que
sean asumidos por otras entidades, de acuerdo con los estudios de riesgo correspondientes.”
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Ahora, de acuerdo con los lineamientos establecidos por esta Sección, si bien
se confirmó la existencia de una relación laboral encubierta, ello no implica que
el demandante obtenga la categoría de empleado público, pues no median los
componentes a fin de declarar una relación legal o reglamentaria en los
términos del artículo 122 de la Carta Política.
2.5. Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico
Ahora bien, es necesario poner de presente que una vez se ha comprobado la
existencia de la relación laboral entre la contratista y la entidad pública, en tanto
se ha descubierto la simulación del contrato de prestación de servicios,
corresponde determinar si esta llegó a ser interrumpida en algún momento.
En el presente caso, no se presentaron interrupciones entre los contratos de
prestación de servicios suscritos entre las partes, la prestación del servicio fue
continua e ininterrumpida, además, como la finalización del último vínculo
ocurrió el 31 de diciembre de 2010 y la reclamación administrativa fue
presentada el 4 de noviembre de 2011, no operó el fenómeno prescriptivo frente
a los derechos laborales reclamados, ello, teniendo en cuenta que, contrario a
lo alegado por la recurrente, la parte demandante presentó reclamación dentro
de los 3 años siguientes a la culminación de su vinculación, como
acertadamente lo concluyó el juez de primera instancia.
2.6. Análisis de la Sala frente al tercer problema jurídico. Sobre los
salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del derecho.
En primer lugar, esta Sala advierte que el a quo ordenó la liquidación de la
condena con base en los honorarios contractuales, no obstante, la Unidad
Nacional de Protección considera que dichos valores deben ser liquidados de
acuerdo a la asignación salarial que percibe un escolta que integraba la planta
de personal del Departamento Administrativo de Seguridad (liquidado), al ser
la asignación básica del empleado público inferior a lo recibido por el
contratista, de tal manera que se aplique el principio de igual salario igual
trabajo.
Sin embargo, la sentencia de unificación CE-SUJ2-005 de 25 de agosto de
2016, estableció que el ingreso sobre el que debe calcularse las prestaciones
sociales que no recibió el contratista, será los honorarios pactados en los
contratos de prestación de servicios.
Además, la declaración de la relación laboral subyacente no implica la
adquisición del estatus de empleado oficial, por lo tanto, no es equiparable la
situación de contratista-trabajador con la de las personas que gozan de una
vinculación legal y reglamentaria.
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En ese sentido, independientemente de que la asignación salarial del empleado
de planta sea mayor o inferior a la que recibió el señor Yovanny Francisco
Mavesoy Córdoba, los valores reconocidos por concepto de indemnización, se
liquidarán en principio conforme al ingreso base de los honorarios
contractuales.
Pues en los eventos en que se pruebe que las funciones ejercidas son las
mismas que ejerce una persona en propiedad cuyo cargo tiene denominación
en la planta de personal de la entidad y se pruebe dentro del proceso el monto
del salario, es posible que la condena se haga con fundamento en este último.
Pero, en respeto del principio de favorabilidad, si los honorarios percibidos
resultan ser de mayor ingreso la condena deberá efectuarse con fundamento
en los mismos.
Y si bien el a quo dispuso en la condena que las prestaciones debían liquidarse
con fundamento en los honorarios del último contrato celebrado entre las
partes, lo cierto es que debe hacerse en cada lapso por el monto estipulado en
cada uno de los contratos, razón por la cual, el numeral cuarto de la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia debe ser modificada; en el
sentido de precisar que la liquidación de las prestaciones sociales se hará de
acuerdo al valor mensual pactado como honorarios dentro de cada de los
contratos de prestación de servicios N° 54 de 2005, 161 de 2005, 256 de 2005,
053 de 2006, 161 de 2006, 062 de 2007, 172 de 2008, 060 de 2009, 057 de
2009, 209 de 2009, 035 de 2010 y 108 de 2010, incluyendo sus respectivas
prórrogas de las que hubieren sido objeto.
2.7. Análisis de la Sala frente al cuarto problema jurídico
La Unidad Nacional de Protección reclamó que no es la entidad pública
legitimada por pasiva y en ese orden de ideas no debe asumir el pago de la
condena, frente a ello, esta instancia destaca que contrario a lo explicado por
la demandada, las obligaciones de carácter laboral del extinto Das se asignaron
a la Unidad Nacional de Protección, de ahí que, es el sucesor procesal de la
referida institución.
Pues bien, el Decreto 4057 del 31 de octubre de 2011, dispuso la supresión del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y ordenó el cese definitivo
de sus actividades; al tiempo que se ordenó en el artículo 3 numeral 3.4 48 el
traslado de las funciones de seguridad que se encontraban en cabeza del DAS
48 «Artículo 3°. Traslado de funciones. Las funciones que corresponden al Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS), contempladas en el Capítulo I, numerales 10, 11, 12 y 14 del artículo 2°, del
Decreto 643 de 2004, y las demás que se desprendan de las mismas se trasladan a las siguientes
entidades y organismos, así […]
3.4 La función comprendida en el numeral 14 del artículo 2.° del Decreto 643 de 2004, en el Decreto
1700 de 2010 y las demás que se desprendan de la misma, se traslada a la Unidad Administrativa
denominada Unidad Nacional de Protección que se creará en decreto separado».
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comprendidas en el numeral 14 del artículo 2.° del Decreto 643 de 200449 y las
demás que de ella se desprendieran, a la Unidad Nacional de Protección, a
partir de la regulación que para ello se estableciera en un decreto posterior.
Al mismo tiempo, se profirió el Decreto 4065 de 201150, por el cual se creó la
Unidad Nacional de Protección, y en su artículo 1 dispuso que esta es una
entidad del «orden nacional, […] con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Interior,
hará parte del Sector Administrativo del Interior y tendrá el carácter de
organismo nacional de seguridad».
En torno al objetivo de la Unidad Nacional de Protección, el artículo 3 ibidem
dispone que su finalidad es «articular, coordinar y ejecutar la prestación del
servicio de protección a quienes determine el Gobierno Nacional que por virtud
de sus actividades, condiciones o situaciones políticas, públicas, sociales,
humanitarias, culturales, étnicas, de género, de su calidad de víctima de la
violencia, desplazado, activista de derechos humanos, se encuentren en
situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida,
integridad, libertad y seguridad personal o en razón al ejercicio de un cargo
público u otras actividades que pueden generar riesgo extraordinario».
A su vez el artículo 23 del citado Decreto 4065 de 2011 dispuso el traslado
archivos del DAS a la UNP en los siguientes términos: «Los archivos de los
cuales sea el titular el Programa de Protección de la Dirección de Derechos
Humanos del Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) en supresión, a la entrada en vigencia del presente decreto y
que tengan relación con las competencias de la Unidad Nacional de Protección,
deberán ser transferidos a esta entidad, en los términos que señalen los
representantes legales a través de las Secretarías Generales».
A su turno, el Decreto 1303 de 2014 en el artículo 9° del Decreto 1303 de 2014
estableció que los procesos judiciales, reclamaciones de carácter
administrativo, laboral y contractual, en los que sea parte el Departamento
Administrativo de Seguridad o su Fondo Rotatorio al cierre de la supresión del
primero, se notificarán a las entidades que hayan asumido las funciones, de
acuerdo con la naturaleza, objeto o sujeto procesal y que si aquellas no fueron
atribuidas a alguna de las entidades de la Rama Ejecutiva del poder público,
corresponderán a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
Teniendo en cuenta lo precedente, la Unidad Nacional de Protección interviene
en el proceso del epígrafe como sucesor procesal del Das, pues, la función de
coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección le fue conferida a
49 «Artículo 2°. Funciones generales. El Departamento Administrativo de Seguridad tendrá, además de
las funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes: […]
14. Brindar seguridad al presidente de la República y su familia, vicepresidente y su familia, ministros
y ex presidentes de la República; la información relacionada con su seguridad tiene reserva legal».
50 «Por el cual se crea la Unidad Nacional de Protección (UNP), se establecen su objetivo y estructura».
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la precitada entidad pública, por ende, le asiste la obligación de asumir la
condena del presente asunto.
2.8. Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a
condenar en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia
de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica,
por lo que en esos términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo
análisis, de la revisión de los argumentos presentados por las partes, no puede
observarse dicha situación, contrario a ello, se observa que se sustentaron las
razones en defensa jurídica de los intereses y, por ende, no se condenará en
costas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia de 18 de febrero de
2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual
quedará de la siguiente manera:
«CUARTO: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de
restablecimiento del derecho a la entidad accionada se la ORDENARÁ lo
siguiente:
• PAGAR el valor correspondiente a las prestaciones sociales,
derivadas de la relación laboral reconocida en esta sentencia, entre
el 1° de marzo de 2005 y el 31 de diciembre de 2010, teniendo como
base para su liquidación el valor mensual pactado como honorarios
dentro de cada de los contratos de prestación de servicios
celebrados en ese interregno.
• CALCULAR el ingreso base de cotización pensional (IBC) pensional
(los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios)
del señor Yovanny Francisco Mavesoy Córdoba, mes a mes, y si
existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los
que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones
las sumas faltantes por concepto de aportes a pensión solo en el
porcentaje que le correspondía como empleador, por lo que el
demandante deberá probar las cotizaciones que realizó al sistema
durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no
las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga
de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le atañe
como trabajador».
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Demandante: Yovanny Francisco Mavesoy Córdoba
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la providencia recurrida que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda radicada por el señor Yovanny
Francisco Mavesoy Córdoba contra la Unidad Nacional de Protección.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de
origen y efectúese las anotaciones en el programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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