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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2012-00695-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2012-00695-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Modificar los numerales segundo y tercero de la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral, de 10 de agosto de 2017, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Víctor Manuel Hurtado Ruiz contra el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), los cuales quedarán así: SEGUNDO: DECLARAR la existencia de una relación laboral entre el señor VÍCTOR MANUEL HURTADO RUIZ y la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN (UNP), que actúa como sucesora procesal del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS), en el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2003 y el 31 de marzo de 2011. En consecuencia, DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN sobre las acreencias laborales surgidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2003, salvo lo relacionado con los aportes al sistema de la Seguridad Social en pensión a favor del demandante. TERCERO. A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR A LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN (UNP), como sucesora procesal del extinto DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS), a RECONOCER Y PAGAR al señor VÍCTOR MANUEL HURTADO RUIZ, las prestaciones sociales de orden legal devengadas por un servidor de la misma categoría [escolta], vinculado laboralmente a la planta de la entidad, liquidadas sobre los honorarios pactados en los contratos, en proporción a los períodos en el lapso del 1 de diciembre de 2003 y el 31 de marzo de 2011; pero sin que haya lugar a la devolución de los aportes realizados por la actora al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Radicado: 76001-23-33-000-2012-00695-01 (1526-2018) Actor: Víctor Manuel Hurtado Ruiz Adicionalmente, la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN deberá COTIZAR las diferencias entre los aportes pensionales realizados, si los hubiere, del período comprendido del 1 de abril de 2002 y el 31 de diciembre de 2002, y en los términos indicados en la parte motiva de esta providencia. Segundo. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. Tercero. Sin condena en costas. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2012-00695-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

18 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C. dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Asunto: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicado: 76001-23-33-000-2012-00695-01 (1526-2018)
Demandante: Víctor Manuel Hurtado Ruiz
Demandado: Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en supresión

Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral subyacente o
encubierta, legitimación en la causa por pasiva

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral,
de 10 de agosto de 2017, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138 de
la Ley 1437 de 2011), el ciudadano Víctor Manuel Hurtado Ruiz, mediante apoderado,
formuló demanda en orden a que se declarara la nulidad del oficio DAS.SVAC.DIRS.JUR-
2012-101263-2, de 30 de mayo de 2012, expedido por el director seccional del DAS en
supresión del Valle del Cauca, por medio del cual se le negó el reconocimiento de la
existencia de una relación laboral, así como el pago de las respectivas acreencias laborales
derivadas de esta.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i)
declarar que entre él y la entidad demandada existió una relación laboral desde el 1 de abril
de 2002 hasta el 31 de marzo de 2011; ii) «el reconocimiento de todas las consecuencias
jurídicas económicas que de ello se derivan, efectuando la nivelación del demandante al
código y grado que en forma equivalente existe en la planta de personal de acuerdo con la

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Actor: Víctor Manuel Hurtado Ruiz

asignación básica mensual y funciones ejercidas»; iii) la devolución de «saldos por
conceptos de la seguridad social (sic) en salud y pensiones (…) así como las retenciones
efectuadas a su salario»; y, iv) condenar a la pasiva al pago de la sanción moratoria y a las
costas procesales.

1.1.2. Hechos:

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) El señor Hurtado estuvo vinculado al Servicio de Protección de Personas del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), desde el 1 de abril de 2002 hasta el 31
de marzo de 2011, mediante contratos de prestación de servicios.

ii) Las obligaciones para las que fue contratado las realizó de manera personal y bajo
continuada subordinación y dependencia de sus «inmediatos superiores»; además,
presentó informes, aceptó traslados y atendió requerimientos e investigaciones de sus
labores.

iii) Durante el tiempo de la vinculación, estuvo sujeto a un horario de trabajo, y las
actividades que le fueron encomendadas las debía cumplir en los lugares dispuestos por la
entidad.

iv) El 9 de mayo de 2012, presentó un derecho de petición ante la entidad demandada, por
medio del cual le solicitó el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las
prestaciones sociales.

v) El 30 de mayo de 2012, a través del oficio DAS.SVAC.DIRS.JUR-2012-101263-2, el
director seccional del DAS en supresión del Valle del Cauca le negó las peticiones.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Se citan como normas violadas los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 53 y 83 de la Constitución; y
32 de la Ley 80 de 1993. Al desarrollar el concepto de la violación, el apoderado de la parte
demandante sostuvo lo siguiente:

i) En el caso concreto se prueba que el demandante fue vinculado bajo la modalidad de
contratos de prestación de servicios para disimular el verdadero carácter de una relación
laboral, pues en su ejecución se presentaron los tres elementos constitutivos de un contrato
de trabajo: prestación personal del servicio, remuneración y subordinación.

ii) Como la entidad demandada se abstuvo de realizar los aportes al sistema de la Seguridad
Social, el señor Hurtado Ruiz se vio obligado a efectuarlos; razón por la cual deben serle
devueltas las sumas que, por ese concepto, él asumió.

iii) El elemento de la subordinación está plenamente acreditado, comoquiera que a lo largo
de su vinculación estuvo sometido a órdenes directas de sus jefes inmediatos, cumplió
horarios, reglamentos y recibió memorandos. Además, desempeñó las labores de escolta
en idénticas condiciones que los funcionarios pertenecientes a la planta de personal del

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DAS, y, por lo tanto, bajo las premisas de «a trabajo igual, salario igual» y «primacía de la
realidad sobre las formas», corresponde a la entidad demandada dar el mismo trato a unos
y a otros (pago de una remuneración completa y con inclusión de aquellas prestaciones
sociales ordinarias reconocidas a los empleados de planta).

iv) Por todo lo anterior, aunque entre el señor Víctor Manuel Hurtado y la demandada se
hayan pactado diversos contratos de prestación de servicios, la realidad que subyace a
ellos es la de una auténtica relación laboral, la cual se extendió por un período continuo e
ininterrumpido desde abril de 2002 hasta marzo de 2011. En consecuencia, cabe acceder
a las pretensiones de la demanda.

1.2. Contestación de la demanda

El DAS (en supresión), por conducto de apoderado, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones y solicitó negarlas, de acuerdo con las siguientes razones:1

i) El programa de protección, bajo el cual el actor suscribió los contratos de prestación de
servicios, no solo era competencia del DAS, sino también de otras entidades.

ii) Aunque el instrumento de selección para el programa de protección de personas era el
mismo tanto para los vinculados de planta como para los de contratos de prestación de
servicios, nunca se desvirtuó la condición de contratistas que tuvieron estos últimos.

iii) No hay lugar al reconocimiento y pago de prestaciones sociales, toda vez que estas no
son propias de los contratos de prestación de servicios, ya que según la Ley 80 de 1993,
en ningún caso este tipo de actos jurídicos generan vínculos de naturaleza laboral.

iv) Con la firma de los contratos, el actor se obligó a mantener indemne a la entidad respecto
de cualquier reclamo o acción legal, por lo que es clara la naturaleza contractual de las
vinculaciones.

v) Si bien es cierto que las labores que ejecutó el contratista pudieron haber sido similares
a las del cargo de agente escolta de la planta de personal de la entidad, ello obedeció a las
necesidades del servicio por falta de personal suficiente.

vi) Por todo lo anterior, propuso como excepciones las que denominó «buena fe»,
«inexistencia de la obligación», «pago» y «falta de legitimación en la causa por pasiva».

1.3. La sentencia apelada2

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral, mediante
sentencia de 10 de agosto de 2017, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:

i) Está demostrado que el demandante prestó sus servicios para el DAS, mediante la
suscripción de diferentes contratos de prestación de servicios, cuyo objeto era realizar

1
Folios 434 a 459 y 593 a 602.
2
Folios 645 al 651.

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Actor: Víctor Manuel Hurtado Ruiz

actividades de escolta, en los períodos comprendidos entre el 1 de abril de 2002 y el 31 de
diciembre de 2002, y del 1 de diciembre de 2003 al 31 de marzo de 2011.

ii) De acuerdo con las pruebas aportadas al plenario, se pudo establecer que, si bien el
demandante celebró con la demandada distintos contratos de prestación de servicios, el
vínculo entre las partes presentó las características propias de una relación laboral, toda
vez que:

a) El actor llevó a cabo labores de escolta, lo que implica que fue él quien prestó el servicio
de manera personal.

b) Según los diferentes certificados de cumplimiento, se constata que el demandante
satisfizo a cabalidad sus obligaciones, con lo que se acredita el elemento de la
subordinación; puesto que, para el ejercicio de las funciones de escolta, se requería de su
presencia permanente para acompañar a la persona que tenía bajo su custodia; situación
que desvirtúa su autonomía o independencia en la prestación del servicio.

c) Por los servicios prestados, el demandante recibió una remuneración económica
mensual, la cual estaba pactada en los distintos contratos como «valor del contrato».

iii) Las razones anteriores llevan a concluir que, entre las partes, surgió una auténtica
relación laboral derivada de los contratos de prestación de servicios celebrados en el
período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2002, y del 1 de diciembre
de 2003 al 31 de marzo de 2011, con las consecuencias prestacionales que se
corresponden a la labor desarrollada y la obligación del pago de los aportes por dicho
período a las entidades de Seguridad Social en la debida proporción, tomando como base,
para su liquidación, los honorarios contractualmente pactados y derivados de las órdenes
de prestación de servicios, sin prescripción.

iv) En relación con la solicitud de la Unidad de Protección para ser desvinculada del proceso
como sucesor procesal del extinto DAS y, en su lugar, designar al Patrimonio Autónomo
PAP Fiduprevisora S.A. - Defensa Jurídica, es relevante tener en cuenta lo dispuesto en el
artículo 38 de la Ley 1753 de 2015; pues este precepto establece que la creación del
Patrimonio Autónomo mencionado tiene como finalidad exclusiva la atención de los
procesos judiciales del extinto DAS que no estén relacionados con las funciones
transferidas a otras entidades receptoras.

v) Por lo anterior, y al revisarse el Anexo 4 del Decreto 1303 de 2014, se observa que el
asunto donde actúa como demandante el señor Víctor Manuel Hurtado fue asumido por la
Unidad Nacional de Protección, lo que la convierte en la responsable de asumir el pago de
las sentencias que se le impongan por motivos de los procesos judiciales a su cargo.

vi) Finalmente, no cabe pronunciamiento respecto de las excepciones propuestas por la
parte demandada, las cuales fueron denominadas «buena fe», «pago» e «inexistencia la
obligación», «por no ser verdaderos medios exceptivos».

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1.4. El recurso de apelación

1.4.1. De la demandada

La Unidad Nacional de Protección (UNP), por conducto de su apoderado, interpuso la
alzada con el fin de que se revoque en su integridad la sentencia, sobre la base de los
siguientes argumentos:3

i) El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no realizó un estudio profundo de los
fundamentos jurídicos sobre la falta manifiesta de legitimación en la causa por pasiva, ya
que desconoce que los procesos en donde la UNP puede actuar en calidad de sucesora
procesal son aquellos que quedaron relacionados en al Anexo 4 del Decreto 1303 de 2014.

ii) El artículo 3.º del Decreto Ley 4057 de 2011 ordenó la supresión del DAS y trasladó las
funciones desempeñadas por este a otras entidades. Asimismo, señaló cuáles se trasladan
a la Unidad Administrativa, denominada Unidad Nacional de Protección, que asumió la
función misional de protección que tenía el DAS, la cual no guarda relación con los hechos
de la demanda.

iii) Los contratos de prestación de servicios celebrados con el demandante estuvieron
justificados en la necesidad del DAS de realizar actividades con personal especializado, tal
como lo establece y habilita el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

iv) El juzgador de instancia «pasó por alto la ausencia de pruebas fehacientes que
permitieran configurar los elementos esenciales para poder declarar la existencia de la
relación laboral»; en especial, el concerniente a la subordinación.

v) Los escoltas contratistas del DAS eran completamente autónomos para tomar sus
propias decisiones, sin que mediara una correlación funcional como sucede en un contrato
laboral; por lo que existió una coordinación de actividades, pero sin cumplimiento de horario;
no obstante, sí debía acudir a las instalaciones para recibir las herramientas de trabajo:
armas, chalecos y vehículos blindados.

vi) En definitiva, considera que la sentencia de primera instancia debe revocarse en su
integridad y, en su lugar, negarse todas las pretensiones de la demanda.

1.4.2. Del demandante

El señor Víctor Manuel Hurtado Ruiz, por conducto de su apoderado, interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, con el fin de modificar el numeral tercero
de su parte resolutiva.4 Sin embargo, en la Audiencia de Conciliación, celebrada el 13 de
febrero de 2018, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró desierto el recurso,
en razón de que el apoderado de la parte actora no asistió al trámite.5

3
Folios 663 al 677.
4
Folios 686 al 689.
5
Folios 699 y 700.

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1.5. Alegatos de conclusión en la segunda instancia

1.5.1. De la parte demandada6

La Unidad Nacional de Protección (UNP), por conducto de su apoderado, reiteró los
argumentos propuestos en el recurso de apelación e insistió en la revocatoria de la
sentencia, para negar las pretensiones de la demanda.7

1.5.2. La parte demandante y el ministerio público guardaron silencio.8

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Conforme al artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para conocer
del presente litigio, en segunda instancia. Por su parte, en atención al contenido del artículo
328 del CGP, el juez de alzada únicamente debe pronunciarse respecto de los argumentos
expuestos en el respectivo recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos vertidos por la parte demandada en la alzada, corresponde
a la Sala resolver i) si la Unidad Nacional de Protección (UNP) es la entidad llamada a
responder por las consecuencias jurídicas del presente fallo; ii) si se configuraron los
elementos para que se declare la existencia de la relación laboral entre las partes y; en
caso de reconocerse, iii) de conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-
2021, si ha operado el fenómeno prescriptivo y deben devolverse al interesado los valores
que sufragó por concepto de aportes al sistema de Seguridad Social en Salud.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de septiembre
de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco normativo y
jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes es el siguiente:

El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y
principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo
que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez, los artículos 13 y 25
ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la igualdad y el trabajo digno:

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin

6
Según memoriales adjuntos en los índices 10 y 14 del Samai.
7
Folios 722 al 727.
8
De acuerdo con la constancia de la Secretaría de la Sección Segunda, que obra en el folio 728.

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ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica.

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades,
de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas.

Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de oportunidades;
ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; iii)
estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; v) facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y
discutibles; vi) situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho; y, vii) primacía de la realidad sobre
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.

Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales sobre el
trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la legislación interna (bloque
de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el ámbito del derecho internacional, la
igualdad laboral fue consagrada por la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo -OIT-9 a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el
cual fue desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización10, en cuya
virtud «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y
llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones
y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo
y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto».

Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador:
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos
económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988,
el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de
obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una
actividad lícita libremente escogida o aceptada», de manera que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias
(...)», y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los
trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un
salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas garantías
mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos 1 y 2 del citado
Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los Estados parte de adoptar las
medidas necesarias en su ordenamiento interno, para efectivizar los derechos que en el
Protocolo se reconocen, entre ellos, el trabajo. En consecuencia, ni la ley, ni mucho menos
los contratos, los acuerdos o los convenios laborales pueden menoscabar la libertad, la
dignidad humana o los derechos de los trabajadores en Colombia.

9
Aprobada el 11 de abril de 1919.
10
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.

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Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar que «no
habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para
proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva
planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente», define una
característica esencial de las relaciones laborales de naturaleza legal y reglamentaria y
constituye fundamento constitucional para prohibir la suscripción de contratos de prestación
de servicios para vincular personas en el desempeño de funciones propias o permanentes
de las entidades estatales.

A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a nivel legal,
como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la actividad personal
del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del
empleador; y, iii) un salario como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos,
esta corporación ha determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación
de servicios, pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que
ofrece el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan laboralmente
con el Estado.

Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la
existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta de un
estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto
con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la garantía de
los derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el Estado.

2.2.1. El contrato estatal de prestación de servicios

El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de gestión
pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para satisfacer
sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado, es un tipo de negocio
jurídico que expresamente recoge el estatuto general de contratación pública; se trata, por
tanto, de un contrato típico, pues está definido en el numeral tercero del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, que establece lo siguiente:

3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales destacan
las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios 855 de 1994, 1737,
1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de 2008, 2025 de 2009, 4266 de
2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas, subrogadas, derogadas e incluso

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Actor: Víctor Manuel Hurtado Ruiz

compiladas en el Decreto 1082 de 2015,11 cuyo Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día,
la mayor parte de las disposiciones reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario que
complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta corporación, se
pueden considerar como características del contrato estatal de prestación de servicios las
siguientes:

i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para desarrollar
«actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad», y no cabe
su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes o recurrentes de esta.

ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos casos, la
entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados».12

iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que «En
ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales».13

A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y contratista es
una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede ser
el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus
superiores, o tener que reportar informes.

2.2.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta o
subyacente por contratos de prestación de servicios

Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos de
prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la obligación
de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de esta corporación y de
la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es aplicable cuando se
demuestran los elementos configurativos de un contrato de trabajo.

Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la prevalencia de la
realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse que si bajo el ropaje externo
de un contrato de prestación de servicios se esconde una auténtica relación de trabajo, esta
da lugar al surgimiento del deber de retribución de las prestaciones sociales a cargo de la
Administración. No obstante, aun cuando se acrediten los mencionados elementos del
contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral,
por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado público a quien

11
«Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional»,
12
Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo externo por exceso
de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado necesario para llevar a buen término la
actividad encomendada a la entidad.
13
Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que en la práctica se configure
una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo rige el principio de prevalencia de la realidad sobre
las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso
del numeral 3º del artículo 32, indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que
se acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».

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prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo 122 de la Carta
Política.14

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones como
parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada vinculación
contractual.

2.2.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de servicios
profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la sentencia de
unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del objeto del contrato y
de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que permiten contratar a la persona natural
o jurídica que está en condiciones de desarrollarlo. No obstante, al ser un contrato temporal,
el término por el cual se celebra debe estar consignado en los estudios previos dentro del
objeto contractual.

Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:

[…] para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con un
mismo contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos inequívocos
de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos ellos forman parte de
una misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y permanente, que desborda el
«término estrictamente indispensable» del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los demandantes
deberán demostrar, con fundamento en los estudios previos y demás documentos
precontractuales y contractuales, que el objeto de dichos contratos, las necesidades que se
querían satisfacer, las condiciones pactadas al momento de su celebración y las
circunstancias que rodearon su ejecución, develan la subyacencia de una verdadera relación
laboral encubierta y el consiguiente desconocimiento de sus derechos laborales y
prestacionales, por haber fungido, en la práctica, no como simples contratistas, autónomos
e independientes, sino como verdaderos servidores en el contexto de una relación laboral
de raigambre funcionarial.

2.2.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo
del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de servicios,
pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el cumplimiento de
órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo, obedecer protocolos de
organización y someterlo a su poder disciplinario. No obstante, la subordinación es un
concepto abstracto que se manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el
modo de prestación del servicio.15

A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las siguientes
circunstancias:

i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad para
que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva
realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la Sala Plena estimó necesario matizar
esta circunstancia, por lo que el juzgador debe valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a
las modalidades permitidas para los empleados de planta.

14
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-2001-05650-01(0924-
09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado 08001-23-33-000-2013-00074-
01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.

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ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada de
trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación, y, por consiguiente,
que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios
de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) habitualmente requieren la incorporación de
jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento
estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación
subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de la
exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina
o del ius variandi,16 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista constituye
uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la
subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su inserción en el círculo
rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una
influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia,
imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio
normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas
los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la
relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento
de funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas
en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando
en la ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral
a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

2.2.2.3. Prestación personal del servicio. Como persona natural, la labor encomendada
al presunto contratista debe ser prestada de forma personal y directamente por este;17 pues,
gracias a sus capacidades o cualificaciones profesionales, fue a él a quien se eligió y no a
otro; por lo que, dadas las condiciones para su ejecución, el contratista no pudo delegar el
ejercicio de sus actividades en terceras personas.18

2.2.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha debido
recibir una contraprestación económica, con independencia de si la entidad contratante fue
la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el carácter fijo o periódico de la
remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el nombre de honorarios,
los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que, por dicho concepto, enseñen los
montos que correspondan a la prestación del servicio contratado.

2.2.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021

2.2.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude el
numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase precontractual, pues
es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de los
recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para su ejecución. En
otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el tiempo necesario para ejecutar el

16
A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y 55.
17
Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo] «La actividad
personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
18
Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; de 1 de marzo de 2018; radicado
2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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objeto contractual convenido, y este debe estar sujeto al principio de planeación, que
encuentra su manifestación práctica «en la elaboración de los estudios previos a la
celebración del negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con
suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de
prestación de servicios».19

En ese sentido, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta del
contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos contenidos en
los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla
a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan, sin perjuicio de
las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para garantizar su cumplimiento.

Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está relacionado
directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la formulación de los
documentos que conforman la etapa precontractual, en cada proceso de selección pública,
es manifestación de una correcta y trasparente planeación. En este sentido, la exigencia de
introducir un «término estrictamente indispensable» para la ejecución del objeto convenido
en la etapa precontractual no es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio
de planeación –y en consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del
negocio jurídico.20

2.2.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un período de treinta (30)
días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de
fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de
juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura del
vínculo que se reputa laboral.

Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las siguientes
recomendaciones:

Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de
1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una misma
persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una auténtica
relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el contrato anterior
y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie la ejecución del otro,
no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y cuando se constate que los
objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan
a la satisfacción de las mismas necesidades.

Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los efectos
jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de haberse
presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la prescripción de los
derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el evento contrario, el juez
deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto de algunos de los contratos
sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el reconocimiento de los derechos
salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen podido generarse.

19
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013; radicado 11001-03-26-000-2011-00039-
00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
20
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.

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Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre periodos
contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia de Unificación del
25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter], la
cual estableció, a efectos de declarar probada la excepción de prescripción en los contratos
de prestación de servicios», lo siguiente:

(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización,
puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente
la vocación de permanencia en el servicio.

[...]

(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de
la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término
de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual. (Negrillas
fuera del texto)

En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral encubierta o
subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando no se presenta la
reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los 3 años siguientes a la
terminación del vínculo develado como laboral.21

2.2.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró
«improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados
por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista debe sufragar dicha contribución, en
tanto está obligado por la ley a efectuarla, y, por lo tanto, no es procedente ordenar su
devolución, aunque se haya declarado la existencia de una relación laboral encubierta.

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos de los
artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270 y 271 ejusdem,
para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía judicial y administrativa. En tal
virtud, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos parámetros.
2.4. Hechos probados

De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo siguiente:

2.4.1. Sobre la relación que alega el demandante

i) Entre el 1 de abril de 2002 y el 31 de marzo de 2011, el señor Víctor Manuel Hurtado Ruiz
estuvo vinculado al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), mediante contratos
de prestación de servicios, en los siguientes períodos:

21
En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad
unificado solo cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de
no estarlo, no existe una relación laboral cuya duración deba ser examinada.

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Contrato
Inicio Terminación Objeto Folios
núm.
El contratista, en virtud de sus condiciones personales, se
compromete para con el DAS, a prestar los servicios de
protección, con sede la ciudad de Cali-Valle, y
eventualmente, en la ciudad donde se asigne el esquema
25 y
protectivo, dentro del componente seguridad a personas, del
061 1/04/2002 31/12/2002 Programa de Protección a Dirigentes Sindicales,
CD
(527)22
Organizaciones Sociales y Defensores de Derechos
Humanos, conforme a las medidas de seguridad aprobadas
por el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos
del Ministerio del Interior y de Justicia.
199
1/12/2003 30/4/2004 Ibidem 28 a 30

1/5/2004 31/12/2004
049 Ibidem 31 a 35

1/1/2005 30/7/2005
044 Ibidem 38 a 43

Adición al 1/7/2005 30/8/2005
Ibidem 36 a 37
044
31/8/2005 28/2/2006
246 Ibidem 49 a 55

042 1/3/2006 30/11/2006 Ibidem 57 a 62

150 1/12/2006 30/6/2007 Ibidem 65 a 70
1/7/2007 31/12/2007
051 Ibidem 79 a 85

1/1/2008 31/12/2008
162 Ibidem 72 a 78

1/1/2009 30/6/2009
049 Ibidem 93 a 98

1ª Adición al 1/7/2009 29/8/2009
Ibidem 90 a 92
049
2ª Adición al 30/8/2009 28/9/2009
Ibidem 88 a 89
049
29/9/2009 27/11/2009 108 a
046 Ibidem 114
Adición al 28/11/2009 17/12/2009 115 a
Ibidem 116
046
18/12/2009 31/3/2010
198 Ibidem 99 a 107

1/4/2010 30/6/2010 120 a
025 Ibidem 123
Adición al 1/7/2010 31/7/2010 117
Ibidem
025
1/8/2010 31/12/2010 25
098 Ibidem
1/1/2011 31/3/2011 124 a
169 Ibidem 127

ii) Dentro de los mencionados contratos, se encuentra la siguiente cláusula respecto de las
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: «(…) 3. Presentar para su revisión en la dependencia de
Control de Armamentos, radios y vehículos del DAS o en la que haga sus veces los
elementos logísticos de dotación». De donde se infiere que la entidad demandada
suministraba los elementos para el desarrollo del objeto contractual, sin que hubiese
autonomía por parte del contratista sobre estos.

iii) Por su extensión, en la siguiente tabla se relacionan algunas de la totalidad de las
órdenes de trabajo que obran en los folios 128 a 200, en las cuales, el responsable del área
de Protección le asigna al actor las labores que debe desempeñar. En estos escritos, que

22
Todos los demás folios que se relacionan en el cuadro se encuentran tanto en el mismo CD como en el expediente físico.

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contienen el objeto, la duración de la actividad, el vehículo en que se va a desplazar y las
personas beneficiarias, se precisan las instrucciones que debe seguir el escolta y su
obligación de reportar cualquier novedad que se presente:

ORDEN
DE TÉRMINO FECHA FOLIO
TRABAJO
20 de marzo de 2005 durante la permanencia en el
361 17 de febrero de 2005 128
municipio de Mondomo-Cauca
284 1 de marzo a 30 de junio de 2005 5 de marzo de 2005 129
11 de marzo de 2005 y durante permanece en el
329 9 de marzo de 2005 130
municipio de Roldanillo Valle
6 de abril de 2005 y durante permanencia en
416 4 de abril de 2005 131
Manizales
519 13 de mayo al 30 de junio de 2005 13 de mayo de 2005 132
28 de mayo al 31 de mayo de 2005 en la ciudad de
647 26 de mayo de 2005 133
Pereira
12 al 17 de julio de 2007 en el municipio de Rosas-
1845 11 de julio de 2007 134
Cauca
19 de julio de 2007 en el municipio de
1883 18 de julio de 2007 136
Bugalagrande-Valle
10 al 15 de agosto de 2007 en el corregimiento de
1947 9 de agosto de 2007 141
Rosas-Cauca
22 al 25 de agosto de 2007 en el municipio de
1990 21 de agosto de 2007 142
Bugalagrande-Valle
1 al 5 de septiembre de 2007 de la ciudad de
028 31 de agosto de 2007 144
Bogotá
12 al 16 de septiembre de 2007 en el municipio de
2073 11 de septiembre de 2007 146
Rosas-Cauca
16 al 19 de octubre de 2007 en el municipio de La
2228 16 de octubre de 2007 147
Cumbre-Valle
21 al 25 de noviembre de 2007 en la ciudad de
2378 20 de noviembre de 2007 148
Bogotá
8 al 13 de diciembre de 2007 en el municipio de
2453 7 de diciembre de 2007 149
Rosas y en la ciudad de Bogotá
24 al 28 de diciembre de 2007 en el municipio de
2509 24 de diciembre de 2007 154
Rosas-Cauca
079 1 al 30 de abril de 2011 1 de abril de 2011 472
22 al 27 de junio de 2007 en el municipio de La
1747 22 de junio de 2007 152
Cumbre-Valle
27 de abril al 1 de mayo de 2007 en el municipio
1536 27 de abril de 2007 153
de Rosas

iv) Se aportan al plenario un total de 22 misiones, desde octubre de 2002 hasta julio de
2004, en las cuales, el director seccional del Valle del Cauca y el supervisor del Programa
Protección Especial, le encargan al actor «el servicio de seguridad y escolta» para una
determinada persona y, además le dan instrucciones precisas sobre del lugar adonde debe
desplazarse, el vehículo en el que se transportará, la obligación de portar arma y chaleco,
y el deber de permitir la inspección por parte de las autoridades y de presentar informes
sobre cualquier novedad.23

2.4.2. En relación con la solicitud en sede administrativa

i) El 9 de mayo de 2012, el señor Víctor Manuel Hurtado Ruiz, mediante apoderado,
presentó un derecho de petición ante la entidad demandada, por medio del cual le solicitó
el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales.24

23
Folios 167 al 186.
24
Folios 3 al 16.

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ii) El 30 de mayo de 2012, a través del oficio DAS.SVAC.DIRS.JUR-2012-101263-2, el
director seccional del DAS en supresión del Valle del Cauca le negó las peticiones.25

2.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

El presente recurso de apelación se formula contra la sentencia del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral, de 10 de agosto de 2017, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
instaurada por el señor Víctor Manuel Hurtado Ruiz contra el oficio DAS.SVAC.DIRS.JUR-
2012-101263-2, de 30 de mayo de 2012, a través del cual el extinto DAS le negó el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral, así como el pago de las respectivas
acreencias laborales derivadas de esta.

Ahora bien, teniendo en cuenta que los motivos de inconformidad de la parte apelante se
circunscriben a señalar su falta de legitimación en la causa por pasiva y la no acreditación
de los elementos constitutivos de una relación laboral, para resolver la alzada, la Sala
procederá a dar respuesta a los siguientes interrogantes:

2.5.1. Primero: ¿Es la Unidad Nacional de Protección (UNP) la entidad llamada a
responder por las consecuencias jurídicas del presente fallo?

En lo que tiene que ver con la legitimación en la causa, esta corporación la ha definido como
«la relación sustancial que debe existir entre las partes en el proceso y el interés sustancial
del litigio, de tal manera que aquella persona a quien se le exige la obligación es a quien
habilita la ley para actuar procesalmente (…)».26 De igual manera, en relación con la
legitimación en la causa por pasiva, se ha precisado que «[esta] se predica de la persona
obligada a responder por el derecho o el interés que reclama el demandante». 27

De acuerdo con lo anterior y en atención a la inconformidad de la parte apelante, cabe
indicar que el Decreto 372 de 1996, por el cual se establece el funcionamiento del Ministerio
del Interior y de Justicia y se dictan otras disposiciones complementarias, entre ellas las
relacionadas con la Dirección General Unidad Administrativa Especial para los Derechos
Humanos,28 estableció que dicho ministerio tiene, entre sus objetivos, el de desarrollar
programas para «la protección, preservación y restablecimiento de los derechos de las
personas en situación de riesgo, con ocasión del conflicto armado interno o en

25
Folios 17 al 19.
26
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 17 de septiembre de 2018, radicado 19001-23-31-000-2010-00350-
01(54756); C.P. Jorge Enrique Rodríguez Navas.
27
Ibidem.
28
“Artículo 28. DIRECCIÓN GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS. La Dirección
General Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, tiene por objeto actuar, preventivamente,
en casos de amenaza inminente de los derechos humanos, desarrollar programas especiales para su protección, preservación y
restablecimiento; y emprender de oficio las acciones correspondientes ante las autoridades judiciales, así como la protección de los
denunciantes. Lo anterior, sin detrimento de las funciones del Ministerio Público o de otras autoridades.”
El artículo 29 de la misma norma, dispone para el logro del objeto señalado en el artículo anterior, las siguientes funciones: “a) Adelantar
las acciones y los programas de protección de los derechos humanos que le asignen el Consejo Gubernamental de Derechos Humanos
y el Ministro del Interior;
(…)
d)Desarrollar con el apoyo del Departamento Administrativo de Seguridad y otros organismos, el Programa de Protección Especial a
Testigos y Personas Amenazadas, para la seguridad de las personas amenazadas por la violencia política y, en casos particulares de
extremo riesgo de violación de los derechos a la vida y la integridad personal;”.

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consideración a su condición dentro del mismo»; y varios de esos objetivos los desarrollaba
a través del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

A su vez, el numeral 3 del artículo 6.º del Decreto 2110 de 1992, por el cual se reestructuró
el DAS, estableció como una de sus funciones la de «Proteger al Presidente de la República
y a su familia en la forma que él determine, a los Expresidentes, y prestar servicios de
seguridad personal a quienes por razón del cargo, posición, funciones o motivos especiales,
puedan ser objeto de atentados contra su persona o bienes, cuando de ellos pudieren
derivarse perturbaciones del orden público». Por su parte, el Decreto 643 de 2004 instauró,
entre otras funciones a cargo del DAS, las siguientes:

ARTÍCULO 2. FUNCIONES GENERALES. Entidad suprimida por el artículo 1 del Decreto 4057 de
2011. El Departamento Administrativo de Seguridad tendrá, además de las funciones que
determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:
(…)
Brindar seguridad al Presidente de la República y su familia, Vicepresidente y su familia,
Ministros y ex Presidentes de la República; la información relacionada con su seguridad tiene
reserva legal.
(…)
PARÁGRAFO. Para los efectos de la seguridad que deba darse a personas y dignatarios,
distintas de los previstos en el numeral 14 de este artículo, que requieran la protección del
Estado, deberá concertarse la asunción de dicha función por parte de otros organismos
estatales que desarrollen funciones de protección. El Departamento Administrativo de
Seguridad continuará prestando tales servicios hasta que sean asumidos por otras entidades,
de acuerdo con los estudios de riesgo correspondientes.

Así las cosas, comoquiera que el Decreto 643 de 2004 facultó al Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS) para ejecutar las funciones de protección del Estado,
era, por lo tanto, la entidad encargada de brindar los servicios de protección a las personas
designadas en los programas implementados por Ministerio del Interior y de Justicia, lo cual
realizaba a través del personal que estuviera a ella vinculado.

Ahora bien, en la alzada, el apoderado de la UNP señaló que la Fiduciaria La Previsora
debía ser la llamada a responder como sucesora procesal del extinto DAS. A este respecto,
la Sala debe traer a colación las disposiciones contenidas en el Decreto 4057 del 31 de
octubre de 2011, mediante el cual se dispuso la supresión del Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS) y se ordenó el cese definitivo de sus actividades, por cuanto allí se
dispuso trasladar la función comprendida en el numeral 14 del artículo 2.° del Decreto 643
de 2004 y las demás que de ella se desprendieran, y que se encontraran en cabeza del
DAS, a la Unidad Nacional de Protección, lo cual se establecería en un decreto aparte:

Artículo 3°. Traslado de funciones. Las funciones que corresponden al Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS), contempladas en el Capítulo I, numerales 10, 11, 12 y 14
del artículo 2°, del Decreto 643 de 2004, y las demás que se desprendan de las mismas se
trasladan a las siguientes entidades y organismos, así:

3.1 Las funciones de control migratorio de nacionales y extranjeros y los registros de
identificación de extranjeros de que trata el numeral 10 del artículo 2° del Decreto 643 de 2004
y las demás disposiciones sobre la materia, se trasladan a la Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, que se creará en decreto
separado.

3.2 La función comprendida en el numeral 11 del artículo 2° del Decreto 643 de 2004 de Policía
Judicial para investigaciones de carácter criminal, y las demás que se desprendan de la

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misma, se traslada a la Fiscalía General de la Nación en armonía con lo dispuesto en el
artículo 251 de la Constitución Política.

3.3 La función comprendida en el numeral 12 del artículo 2° del Decreto 643 de 2004 y las
demás que se desprendan de la misma, se traslada al Ministerio de Defensa Nacional Policía
Nacional.

Una vez culminado el proceso de incorporación de los servidores del DAS necesarios para la
prestación del servicio a la planta de personal del Ministerio de Defensa Policía Nacional, así
como el traslado de los elementos, bienes y equipos, las autoridades judiciales continuarán
remitiendo los informes y avisos necesarios para que el Ministerio de Defensa Nacional -
Policía Nacional mantenga actualizados los registros delictivos y de identificación de
nacionales y expida los certificados judiciales. Para el efecto, se suscribirá un acta de inicio
por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en supresión y el Ministerio
de Defensa Nacional - Policía Nacional, el traslado se comunicará a la comunidad en general
y a las autoridades correspondientes.

El Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional garantizará que la información contenida
en las bases de datos mantenga los niveles de seguridad requeridos de acuerdo a su
naturaleza.

Igualmente, en desarrollo de esta función el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional
deberá garantizar el acceso y consulta a la información en línea a la Fiscalía General de la
Nación y demás autoridades que ejerzan funciones de Policía Judicial y autoridades
administrativas que en razón a sus funciones y competencias lo requieran; los titulares de los
datos tendrán acceso a la información correspondiente a su certificado Judicial en los mismos
términos y condiciones señalados en las normas vigentes.

3.4 La función comprendida en el numeral 14 del artículo 2.° del Decreto 643 de 2004, en el
Decreto 1700 de 2010 y las demás que se desprendan de la misma, se traslada a la Unidad
Administrativa denominada Unidad Nacional de Protección que se creará en decreto
separado.

Parágrafo. Las entidades receptoras de las funciones sustituirán al Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS), en los comités, juntas y demás instancias en los cuales
participa y asiste, a la entrada en vigencia del presente decreto.

En función de lo anterior, se profirió el Decreto 4065 de 2011, por el cual se creó la Unidad
Nacional de Protección, como una entidad del «orden nacional, […] con personería jurídica,
autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Interior,
hará parte del Sector Administrativo del Interior y tendrá el carácter de organismo nacional
de seguridad». Allí, en su artículo 23, se dispuso que «Los archivos de los cuales sea el
titular el Programa de Protección de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del
Interior y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en supresión, a la entrada en
vigencia del presente decreto y que tengan relación con las competencias de la Unidad
Nacional de Protección, deberán ser transferidos a esta entidad, en los términos que
señalen los representantes legales a través de las Secretarías Generales».

Más adelante, el Decreto 1303 de 2014 «Por el cual se reglamenta el Decreto 4057 de
2011» estableció, en su artículo 7.°, lo siguiente:

Artículo 7°. Procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales. Los procesos judiciales y
conciliaciones prejudiciales en curso en los que sea parte el DAS y/o el Fondo Rotatorio del
DAS que aún no han sido recibidos por las entidades que asumieron las funciones, Migración
Colombia, Dirección Nacional de Protección, Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional
y la Fiscalía General de la Nación de conformidad con lo señalado en el numeral 3.2., del
artículo 3° del Decreto-ley 4057 de 2011, serán entregados a estas entidades por el Director

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del DAS en proceso de supresión debidamente inventariados y mediante acta, para lo cual
debe tener en cuenta la naturaleza, objeto o sujeto procesal.

Igualmente, los procesos que tengan relación con los servidores públicos del DAS
incorporados a otras entidades de la Rama Ejecutiva deberán ser asumidos por la entidad
receptora.

Los procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales que no deban ser asumidos por las
entidades a las cuales se trasladaron funciones o se incorporaron servidores deberán ser
entregados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que continúe con
Crédito Público proveerá los recursos presupuestales necesarios.

Los procesos judiciales se entregarán a las citadas entidades teniendo en cuenta los listados
contenidos en los cuadros que hacen parte integral del presente decreto.

El Acta mediante la cual se hace entrega de los procesos deberá contener como mínimo:

1. El nombre e identificación del demandante o reclamante.
2. El número de identificación del litigob (sic).
3. El valor de las pretensiones iniciales del demandante en el proceso o conciliación.
4. El despacho judicial en que cursa o cursó el proceso.
5. La última actuación del proceso.
6. El nombre y dirección del apoderado que representó al DAS.
7. Entidad que recibe el proceso.

Parágrafo. Con el propósito de garantizar la adecuada defensa del Estado la entidad que
recibe los procesos deberá continuar atendiendo la gestión de los mismos, una vez estos le
sean entregados, en los términos señalados en el presente decreto.

Posteriormente, la Ley 1753 de 2015 «Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018 “Todos por un nuevo país”», en su artículo 238, se refirió a la atención de
procesos judiciales y reclamaciones administrativas del extinto DAS, con el siguiente tenor:

ARTÍCULO 238. ATENCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES Y RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS DEL
EXTINTO DAS Y CONSTITUCIÓN DE FIDUCIA MERCANTIL.

Para efecto de dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 18 del Decreto ley 4057 de 2011
y 7o y 9.° del Decreto número 1303 de 2014, autorícese la creación de un patrimonio
autónomo administrado por Fiduciaria La Previsora S.A. con quien el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público suscribirá el contrato de fiducia mercantil respectivo.

Para todos los efectos legales la representación de dicho patrimonio autónomo la llevará la
sociedad fiduciaria, quien se encargará de la atención de los procesos judiciales,
reclamaciones administrativas, laborales o contractuales en los cuales sea parte o destinatario
el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o su Fondo Rotatorio, y que no
guarden relación con funciones trasladadas a entidades receptoras de acuerdo con la
naturaleza, objeto o sujeto procesal, o que por cualquier razón carezcan de autoridad
administrativa responsable para su atención.

Los recursos serán invertidos observando los criterios de seguridad, solidez y rentabilidad de
acuerdo con lo que para el efecto se establezca en el contrato de fiducia mercantil. (Negrilla
de la Sala)

Como se infiere de los anteriores preceptos, la competencia de la Fiduprevisora es de
carácter residual, y atiende a que el proceso o las funciones no se hayan trasladado a
ninguna otra entidad llamada a suceder procesalmente al extinto DAS.

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En consecuencia, el llamado a responder por las súplicas de la presente demanda es la
Unidad Nacional de Protección (UNP), en razón de que el demandante suscribió
directamente con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) los contratos de
prestación de servicios, que sirven de fundamento a la solicitud del reconocimiento de la
relación laboral.

2.5.2. Segundo: ¿Existió entre el demandante y el extinto DAS una relación laboral
encubierta que permita el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
reclamadas, por el tiempo en que permaneció la vinculación contractual?

De acuerdo con el material probatorio que obra dentro del expediente, se tiene que el señor
Víctor Manuel Hurtado estuvo vinculado con la entidad demandada, a través de contratos
de prestación de servicios, en un período de más de nueve años (indicio del carácter
permanente de sus funciones),29 en virtud de lo cual desarrolló personalmente un objeto
similar en cada uno de ellos (escolta) y, además, recibió una remuneración económica
periódica por sus labores.

Sentado lo anterior, y teniendo en cuenta que la parte apelante no discute el período de
vinculación determinado por el a quo (del 1 de abril al 31 de diciembre de 2002 y del 1 de
diciembre de 2003 al 31 de marzo de 2011), la Sala realizará el segundo análisis sobre la
existencia de los tres elementos que configuran una relación laboral, a saber:

2.5.2.1. Prestación personal del servicio. Las labores encomendadas al señor Hurtado
Ruiz, consistentes en la guarda y seguridad (protección) de diferentes personas en distintos
lugares, no podían ser delegadas en un tercero y requerían de su presencia permanente,
puesto que exigían un alto grado de compromiso y responsabilidad por su parte, en tanto
de él dependía la vida e integridad de sus protegidos.

2.5.2.2. Subordinación continuada. Siguiendo los lineamientos consolidados en la
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, en el presente caso, son indicios de
la subordinación continuada los siguientes:

i) El lugar de trabajo. En atención al objeto de los contratos de prestación de servicios, a
las actas que relacionan las misiones encargadas al señor Hurtado, y a las características
propias de su actividad de escolta, el sitio donde este debía llevarlas a cabo era aleatorio,
pero siempre dependiente de las instrucciones que le imponían sus superiores dentro del
Programa de Protección para el Valle del Cauca. Además, como se desprende las referidas
actas de misión, los quipos técnicos (armas y chalecos antibalas) así como los vehículos
blindados y demás insumos necesarios para desempeñar sus tareas, eran proporcionados
por la citada entidad.

ii) El horario de labores. De acuerdo con las «certificaciones de permanencia» adjuntas a
las órdenes de trabajo relacionadas en el hecho probado tercero, el demandante debía
cumplir con un horario de asistencia a las dependencias de la entidad, que oscilaba entre
las 7:00 a.m. y las 12:00 p.m. No obstante, por la naturaleza de las actividades ejecutadas
por el actor, esto es, como escolta o seguridad personal, estaba sometido a cumplir horarios

29
Conforme a los respectivos contratos de prestación de servicios, relacionados en el hecho probado primero.

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y turnos de trabajo, los cuales, en gran medida, «dependían de las actividades que
programaba durante el día la persona que estaba bajo su custodia».30

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Siguiendo la sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021, este indicio constituye uno de los aspectos más
relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese
sentido, «lo que debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo
y disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual».31

A este respecto, las pruebas arrimadas al plenario dan cuenta de que el actor no contaba
con autonomía e independencia para realizar sus labores, pues estaba sujeto a horarios y
turnos de trabajo debido a la naturaleza de sus actividades de escolta. Además, siempre
estuvo sometido a las directrices impartidas por la entidad, como lo evidencia el contenido
de las denominadas «Misiones», que eran los documentos de planeación de las actividades
de protección del DAS, organizadas por los superiores inmediatos del señor Hurtado, y en
las cuales se le instruía respecto de las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que
debía prestar su servicio.

Así, en dichas misiones y en las órdenes de trabajo, como eran denominadas, se observa
que a los respectivos escoltas se les identificaba con un número de carné, se les indicaba
si los desplazamientos serían por vía aérea o terrestre, caso en el cual se les informaba
cuál era el vehículo previsto para el cumplimiento de la misión y, además, en cada una se
daba al escolta unas instrucciones, entre las que estaban las siguientes: i) dar estricto
cumplimiento a las normas y medidas preventivas de seguridad; ii) coordinar con las
autoridades civiles, policiales y la fuerza pública, el apoyo necesario para llevar a cabo la
misión; iii) presentarse ante el correspondiente director del DAS en el lugar a donde se
dirigían, y, en caso de que la entidad no tuviera representación, ante el comando de policía
de la jurisdicción; iv) una vez finalizado el servicio, debían devolver la misión con el
correspondiente informe de cumplimiento.

Lo anterior permite concluir que, en el caso concreto, la ejecución de las actividades
contratadas no podía ser ejercida en forma independiente y autónoma por el actor, se itera,
en tanto que este recibía órdenes e instrucciones precisas por parte del DAS, en forma
continua, permanente, para efectos del correcto desarrollo de sus servicios. Además,
teniendo en cuenta que la función propia del DAS era la de brindar seguridad a la persona
a quien se le asignaba un esquema de protección, el escolta, en este caso el señor Víctor
Manuel, estaba obligado al cumplimiento de dichas órdenes, pues no disponía siquiera de
los insumos mínimos para ejecutar tales actividades.

Por consiguiente, en el presente caso no puede hablarse de coordinación, habida cuenta
de que el desempeño de las labores por parte del demandante estaba sujeto a la imposición
de instrucciones de la demandada, tales como: un horario prácticamente inmodificable
debido al funcionamiento de los esquemas de protección sobre persona protegida;
imposibilidad en la prestación del servicio por otras personas, sino directamente por el
30
Así lo indicó esta Sección Segunda en un asunto de similares contornos, en sentencia de 18 de septiembre de 2014; radicado 68001-
23-33-000-2013-00161-01
31
Ibidem.

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contratista; y, además, la situación referente a que debía actuar según los lineamientos
impuestos por sus superiores (las precisas órdenes de las misiones), denota, sin lugar a
dudas, que el accionado, en su condición de empleador, tenía la posibilidad de disponer del
trabajo del demandante, lo que demuestra la existencia de una verdadera dependencia
continuada.

iv) Las actividades o tareas a desarrollar corresponden a las que tienen asignadas
los servidores de planta. Las actividades desarrolladas por el demandante, a lo largo de
más de nueve años en el DAS, demuestran que estas eran inherentes al objeto misional de
la entidad.

Por lo tanto, valoradas las pruebas en su conjunto, se colige que si bien el reclamante se
vinculó al otrora DAS a través de contratos de prestación de servicios, se desdibujaron las
características propias de este tipo de vínculos, circunstancia que originó una relación
laboral distinguida por la permanencia y continuidad en su ejecución y la correspondiente
subordinación.

Así las cosas, al presente asunto le es aplicable el principio de «la primacía de la realidad
sobre formalidades», pues es indudable que el demandante se encontraba en las mismas
condiciones de otros empleados públicos de la planta de personal de la entidad, toda vez
que desempeñaba personalmente la labor en un cargo que revestía las características de
permanente y necesario para su funcionamiento, motivo por el cual, estaba sujeto a
subordinación y dependencia, tal como lo determinó el a quo.

Por todo lo anterior, la Sala concluye que las funciones ejercidas por la demandante, lejos
de ser servicios transitorias o temporales, debían ser desarrolladas de forma permanente
con el personal de planta de la institución, y no contratados, como lo hizo el DAS, mediante
contratos de prestación de servicios.

2.5.2.3. Remuneración. Frente a este elemento, encuentra la Sala que al demandante se
le cancelaban mensualmente las sumas reconocidas a título de honorarios en los diferentes
contratos celebrados entre las partes. Ello se deduce de los contratos de prestación de
servicios relacionados en el hecho probado primero, en los cuales se pactó́ , en las cláusulas
de valor y forma de pago, los montos correspondientes.

2.5.2.4. Temporalidad. Aunado a todo ello, se evidencia que la relación contractual no tuvo
carácter temporal, sino permanente o con ánimo de permanencia, en la medida en que se
desarrolló por más de nueve años; período en el cual el señor Hurtado Ruiz desempeñó las
funciones de escolta, de manera uniforme, según los objetos contractuales concertados y
las obligaciones inferidas de la prueba documental allegada al proceso.

Por consiguiente, queda en evidencia la necesidad permanente o misional del servicio
que requería la entidad contratante, la cual la condujo a desbordar el «término estrictamente
indispensable» al que alude el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. De
manera que, como se expuso en el apartado correspondiente, en el presente caso es
posible determinar la existencia de una relación laboral encubierta por el extinto
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

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En definitiva, esta Sala encuentra plenamente acreditados los elementos esenciales de una
relación laboral (encubierta) entre la parte demandante y la entidad demandada; en
consecuencia, considera que la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
debe ser confirmada.

2.5.3. Tercero: ¿Se debe declarar la prescripción respecto de alguno o algunos de los
contratos?

Una vez se ha comprobado la existencia de la relación laboral entre la contratista
demandante y la entidad pública demandada, en tanto se ha desvirtuado la naturaleza de
los contratos de prestación de servicios pactados, corresponde determinar si se trató de
una única relación laboral o, por el contrario, se presentó solución de continuidad; es decir,
si fue interrumpida en algún momento.

A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre
de 2021, se estableció que para efectos de la prescripción del derecho solo se tienen en
cuenta los períodos acreditados a través de las vinculaciones o contratos de prestación de
servicios y se aplica el término orientativo de 30 días hábiles para determinar la no solución
de continuidad.

2.5.2.1. Inexistencia de una relación laboral continuada

Según la relación de tiempos en que se celebró y finalizó cada contrato de prestación de
servicios,32 y en atención al criterio acogido en la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 2021, se concluye que, entre la fecha del primer contrato celebrado, esto es,
el 1 de abril de 2002, y la finalización del último, el 31 de marzo de 2011, se presentó una
única interrupción que superó el término orientativo de los 30 días hábiles para considerar
la solución de continuidad en el presente caso.

Lo anterior, porque entre la fecha de terminación del primer contrato de prestación de
servicios (31 de diciembre de 2002), y la de inicio del segundo (1 de diciembre de 2003),
transcurrieron más de once meses; y puesto que dentro del plenario no se demostró
ninguna circunstancia que justifique tal interregno, la Sala deberá declarar la prescripción
sobre este primer período, al margen de lo concerniente a los aportes pensionales a favor
del actor, los cuales son imprescriptibles.

2.5.4. Cuarto ¿Resulta procedente la devolución en favor del demandante de los
aportes realizados al Sistema General de Seguridad Social en Salud?

La sentencia de unificación del 26 de agosto de 2016 ordenó al juez contencioso-
administrativo estudiar en todos los procesos donde proceda el reconocimiento de la relación
laboral encubierta o subyacente, aunque no se haya solicitado expresamente, el tema
concerniente a las cotizaciones adeudadas por la Administración al sistema de Seguridad
Social en pensiones.

En ese orden, al declararse la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, el
reconocimiento al que hay lugar en materia de Seguridad Social, específicamente, frente a

32
Ver tabla del hecho probado primero.

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los aportes a salud y pensión, comprende únicamente el pago de los porcentajes que
debieron haber sido cotizados por el empleador al fondo de pensión respectivo, durante el
tiempo en que se acreditó la relación laboral.

Por lo tanto, la anterior prerrogativa no ampara la devolución de los dineros pagados por
concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, sino las cotizaciones
adeudadas que podrían afectar la liquidación del monto pensional, y que se derivan de la
relación de trabajo comprobada, que comprende la obligación, a cargo del empleador, de
efectuar los correspondientes aportes al sistema de pensiones.

En esa medida, el beneficio derivado de la declaratoria de existencia de una relación laboral
encubierta, entre un particular y una entidad pública, en materia de Seguridad Social, solo
abarca la obligación de la Administración de determinar, mes a mes, si existe diferencia entre
los porcentajes de cotización que se debieron efectuar por ésta y los realizados por el
contratista, para, en consecuencia, cotizar al respectivo fondo la suma faltante por concepto
de aportes a pensión, en el porcentaje que le concernía como empleador.

Por su parte, en lo referente a los aportes a salud, en la sentencia de unificación SUJ-025-
CE-S2-021 se determinó que, dada su naturaleza parafiscal, estos son de obligatorio pago y
recaudo para un fin específico y, por lo tanto, no constituyen un crédito en favor del
interesado, ya que, independientemente de que hubiera conseguido o no un provecho de
estos, su finalidad no se altera y permanece para garantizar la sostenibilidad del sistema, lo
que excluye la posibilidad de titularidad que sobre los mismos pretenda el actor ejercer. En
consecuencia, no procede su devolución.

2.6. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que, «[s]alvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer condena en
costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,33 en la que el juez debía
ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la medida de su comprobación, sin
considerar factores subjetivos como la buena fe o la temeridad de las partes. Sin embargo,
dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en tanto adicionó
un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que, «[e]n todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda
con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que, con la anterior modificación, el juez está llamado a
analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación jurídica de sus
intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer costas a cargo de
alguna de ellas.

33
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco
Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.

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Radicado: 76001-23-33-000-2012-00695-01 (1526-2018)
Actor: Víctor Manuel Hurtado Ruiz

En el presente asunto, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de
que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se apoyaron en la
jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses, por lo que
esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en segunda instancia.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos,
fáctica y jurídicamente, al asunto que ahora es objeto de estudio, y en el acervo probatorio,
la Sala concluye que entre la parte demandante y la demandada existió una relación laboral
encubierta; razón por la cual hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Sin embargo, se modificarán los
numerales segundo y tercero de la decisión, para declarar la prescripción respecto del
período comprendido entre el 1 de abril de 2002 y el 31 de diciembre de 2002, salvo los
aportes para pensión, y señalar que no hay lugar a la devolución de los aportes realizados
por la actora al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Sin condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la
autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Modificar los numerales segundo y tercero de la sentencia del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral, de 10 de agosto de
2017, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido por Víctor Manuel Hurtado Ruiz contra el
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), los cuales quedarán así:

SEGUNDO: DECLARAR la existencia de una relación laboral entre el señor VÍCTOR
MANUEL HURTADO RUIZ y la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN (UNP), que actúa como
sucesora procesal del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS), en el
período comprendido entre el 1 de diciembre de 2003 y el 31 de marzo de 2011. En
consecuencia, DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN sobre las acreencias laborales surgidas
con anterioridad al 1 de diciembre de 2003, salvo lo relacionado con los aportes al
sistema de la Seguridad Social en pensión a favor del demandante.

TERCERO. A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR A LA UNIDAD NACIONAL
DE PROTECCIÓN (UNP), como sucesora procesal del extinto DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS), a RECONOCER Y PAGAR al señor VÍCTOR MANUEL
HURTADO RUIZ, las prestaciones sociales de orden legal devengadas por un servidor
de la misma categoría [escolta], vinculado laboralmente a la planta de la entidad,
liquidadas sobre los honorarios pactados en los contratos, en proporción a los
períodos en el lapso del 1 de diciembre de 2003 y el 31 de marzo de 2011; pero sin
que haya lugar a la devolución de los aportes realizados por la actora al Sistema
General de Seguridad Social en Salud.

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www.consejodeestado.gov.co

26
Radicado: 76001-23-33-000-2012-00695-01 (1526-2018)
Actor: Víctor Manuel Hurtado Ruiz

Adicionalmente, la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN deberá COTIZAR las diferencias
entre los aportes pensionales realizados, si los hubiere, del período comprendido del
1 de abril de 2002 y el 31 de diciembre de 2002, y en los términos indicados en la
parte motiva de esta providencia.

Segundo. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

Tercero. Sin condena en costas.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes
en el aplicativo Samai.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

CBT

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