Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-002-2015-01556-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-002-2015-01556-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-002-2015-01556-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
30 de octubre de 2025
Radicado: 76001-23-33-002-2015-01556-01 (2139-2025)
Demandante: Víctor Mauricio García Vidarte
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-002-2015-01556-01 (2139-2025)
Demandante: Víctor Mauricio García Vidarte
Demandado: Nación-Unidad Nacional de Protección
Tema: Relación laboral encubierta/Escolta del Departamento
Administrativo de Seguridad (Liquidado)
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de
30 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1 Pretensiones de la demanda
2.Que se declare la nulidad del Oficio OFI15-00017861 de 13 de julio de 2015
expedido por el jefe de la oficina asesora jurídica de la Unidad Nacional de
Protección que negó la existencia de una relación laboral entre el 14 de julio de
2003 y el 18 de junio de 2008.
3. Como consecuencia, solicitó el pago de las acreencias laborales y
prestaciones sociales a que tiene derecho, a saber: i) indemnización por retiro sin
justa causa; ii) bonificación por servicios prestados; iii) viáticos; iv) vacaciones; v)
prima de servicios; vi) prima de antigüedad; vii) prima de riesgo; viii) auxilio de
cesantías; ix) intereses a las cesantías; x) dotaciones; xi) primas especiales de
1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado-SAMAI.
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Demandante: Víctor Mauricio García Vidarte
clima e instalación; xii) subsidios a Caja de Compensación Familiar. En virtud de
lo anterior, reclamó la reliquidación de salarios y prestaciones sociales con
fundamento en los citados emolumentos.
4.Así mismo, requirió la devolución de los aportes a seguridad social en salud y
pensiones, las retenciones en la fuente, pólizas de cumplimiento y demás gastos
asumidos por cuenta propia.
5. Por último, solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria y que se condene
a la institución en costas procesales.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
6.El señor Víctor Mauricio García Vidarte prestó sus servicios personales y
remunerados en favor del Departamento Administrativo de Seguridad a través de
contratos de prestación de servicios celebrados entre el 14 de julio de 2003 y
hasta el 18 de junio de 2008.
7. En el desarrollo de sus actividades se sometió a la continuada subordinación
y dependencia de sus superiores, cumplió horario en las fechas señaladas, así
como en los diferentes lugares y sedes determinadas por el empleador. De la
misma manera, ejerció funciones idénticas al personal de protección que integró
la planta de personal de la institución.
8. El salario promedio mensual que devengó durante el último año de servicios
fue de $2.372.340.
9. El 2 de junio de 2015, solicitó al DAS el reconocimiento de la existencia de una
relación laboral y el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella
por sus servicios como escolta; sin embargo, se negó a través del oficio OFI15-
00017861del 13 de julio de 2015.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
10. Señaló el demandante como vulnerados con la expedición de los actos
opugnados los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 13, 25, 29, 53, 83 y 122 de la Constitución
Política de 1991; 138, 150, 152 y 156 de la Ley 1437 de 2011; los Decretos 2146
de 1989 y 1951 de 24 de septiembre de 1993, así como, la Resolución 01759 de
17 de agosto de 2004. Como concepto de violación argumentó que la entidad
pública demanda conculcó el principio de la primacía de la realidad sobre las
formas, toda vez que se acreditó la existencia de un trabajo desarrollado de
manera personal como escolta, de forma constante e ininterrumpida y
subordinado o dependiente, lo último consistente en la actitud por parte de la
entidad contratante de imponerla órdenes e instrucciones mediante sus
superiores inmediatos en relación con la manera de cumplimiento de sus
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funciones, fijándole un horario de trabajo para la prestación de sus servicios y
con una remuneración como retribución por las labores ejecutadas.
11. Afirmó que la autoridad administrativa le proporcionó los elementos oficiales,
recibía comunicaciones y memorandos respecto al uso y manejo de la dotación,
además, debía tener disponibilidad de tiempo en la prestación del servicio.
12. Señaló que con el trato recibido se vulneró el principio de igualdad, el derecho
al trabajo y demás garantías laborales, pues, desarrollaba similares funciones a
las del personal con un vínculo legal y reglamentario.
1.4. Contestación de la demanda
13. La Unidad Nacional de Protección mediante apoderado alegó que no tenía
la competencia de actuar en el proceso, dado que, no fue la institución
responsable de la expedición del acto administrativo, tampoco de la función
administrativa relacionada con éste, razón por la cual no le correspondería
restablecer el derecho pretendido.
14. De esa manera, explicó que el asunto le correspondía al patrimonio autónomo
de la entidad liquidada (DAS) que era la FIDUPREVISORA, es decir, la UNP no
podría actuar de manera independiente.
15. En lo concerniente a los elementos de la relación laboral, precisó que el
interesado actuó con autonomía e independencia y no recibió órdenes directas
para el ejercicio de sus actividades, por el contrario, le impartieron orientaciones
que se encuentran dentro de la órbita de la coordinación de actividades entre el
contratante y contratista. Si bien se aportaron planillas de entrega y recibido de
armamento suministrado por el DAS, ello denotó el cumplimiento de las
obligaciones contractuales.
16. Manifestó que el personal que ostentaba la calidad de empleado público era
insuficiente para atender la prestación del servicio de seguridad, motivo por el
que se acudió a la contratación por prestación de servicios.
17. Formuló como excepciones las siguientes: i) falta de legitimación en la causa
por pasiva; ii) imposibilidad de imputar el hecho dañoso a la UNP; iii) prescripción;
iv) falta de causa para pedir; v) inexistencia de la obligación.
1.5. Sentencia de primera instancia
18. El Tribunal dictó sentencia el 30 de abril de 2025, en la cual decidió declarar la
nulidad del acto administrativo demandado. A título de restablecimiento del
derecho ordenó a la parte demandada a tomar durante el período de 14 de junio
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de 2014 al 18 de junio de 20082, el ingreso base de cotización (IBC) pensional
del demandante (los honorarios pactados), mes a mes, y si existiere diferencia
entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar,
cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes
a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, por tanto,
el accionante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado
sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las
hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o
completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.
19. Así mismo, dispuso que se realizara la actualización de las sumas reconocidas
en los términos del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, con fundamento al índice
de inflación certificado por el DANE.
20. Además, declaró que el tiempo laborado por el accionante al servicio del
extinto DAS, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, desde el
14 de junio de 2003 hasta el 18 de junio de 2008, debía computar para efectos
pensionales.
21. Por último, negó las demás pretensiones asociadas con el pago de
prestaciones sociales por la configuración de la excepción de prescripción
extintiva del derecho y no condenó en costas procesales a la parte demandada.
22. Para arribar a la anterior decisión, el tribunal corroboró la existencia de los
elementos esenciales de la relación laboral de la siguiente forma:
23. Sobre la prestación del servicio determinó que se suscribieron contratos de
prestación de servicios en el lapso de 14 de julio de 2003 al 18 de junio de 2008
con el objeto de prestar servicios de protección, siendo prohibido ceder el
contrato sin la autorización previa, expresa y escrita de la institución, de ahí que,
el demandante no tenía la posibilidad de ejecutar sus actividades por intermedio
de otra persona. Igualmente, como consecuencia de la labor realizada percibió
una remuneración, tal como se evidenció en los honorarios pactados por las
partes y elemento sobre el que la parte demandada no manifestó oposición.
24. En lo concerniente a la subordinación, señaló que se acreditó el sometimiento
a horarios, órdenes y control de un superior, por ello, fue clara la sujeción del
accionante con la autoridad administrativa que disponía de sus servicios sin limite
alguno, igualmente, las labores se ejecutaron con los elementos e instrumentos
aportados por la institución, tales como, dotación y armamento.
2 El juez de primer grado lo estableció así en la parte resolutiva de la decisión.
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25. Se constató el ánimo de permanencia y continuidad, dado que, la prestación
del servicio acaeció durante un período de 5 años, en consecuencia, no se
desarrollaron labores ocasionales o temporales.
26. Por lo anterior, concluyó que se acreditaron los elementos de la relación laboral
subyacente.
27. En ese sentido, estudió la excepción de prescripción extintiva del derecho,
verificando que como la relación laboral finalizó el 18 de junio de 2008, el
interesado podía ejercer su derecho hasta el día 17 de junio de 2011, sin
embargo, radicó la reclamación administrativa el 2 de junio de 2015, motivo por
el cual, no era procedente el reconocimiento de las prestaciones sociales
pretendidas a excepción de las diferencias pensionales
1.6. Recurso de apelación
28. La Unidad Nacional de Protección presentó escrito de apelación contra la
sentencia de primera instancia, solicitando que fuera revocada con fundamento
a los siguientes argumentos:
29. La institución no tiene legitimación en la causa por pasiva para cumplir la
condena judicial, ya que, a pesar de que es una de las asignatarias de la función
de protección a cargo del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, no
se incluyó la función administrativa bajo la cual se circunscribe el reconocimiento
y pago de acreencias laborales y la liquidación de contratos, en consecuencia,
solicitó condenar al PAP Fiduprevisora S.A, en razón a que la Ley 1753 de 2015
define que esta última asumirá las obligaciones económicas de la entidad
liquidada.
30. No se presentaron situaciones que implicaran subordinación, pues, en las
misiones llevadas a cabo por los contratistas contaban con la plena autonomía
en el desarrollo de sus actividades, por ejemplo, si al esquema lo integraban 2 o
3 escoltas, éstos decidían libremente quien conduciría el vehículo automotor,
quien sería el copiloto y el que acompañaría al protegido.
31. Elhecho de que las actividades contractuales requirieran de vigilancia y
control, no implica el desbordamiento de la coordinación de actividades que se
da en las relaciones de este carácter, así mismo, la labor contratada era de
carácter especialísima, ya que, de ella dependía la vida de los beneficiarios del
programa, en virtud de la cual, existían ciertas órdenes y misiones que eran el
medio para hacerla efectiva.
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1.7 Trámite de segunda instancia
32. El 8 de agosto de 2025 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
de no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el proceso regresaría al
despacho para fallo.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
33. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3.
34. De tal modo que, como en este asunto si bien ambas partes recurrieron la
decisión proferida en primera instancia, la competencia se limitará a los
argumentos manifestados en cada uno de sus recursos por no comprender toda
la sentencia.
2.2. Problema jurídico
35. Deacuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:
36. ¿entre el señor Víctor Mauricio García Vidarte y el Departamento
Administrativo de Seguridad (liquidado) existió una relación laboral encubierta o
subyacente en los períodos en que celebraron contratos de prestación de
servicios?
37. De acreditarse lo anterior, se estudiará si sobre tal vínculo contractual acaeció
en todo o en parte el fenómeno de la prescripción trienal, si la parte actora tiene
derecho al pago de las prestaciones sociales invocadas en la demanda.
38. Además, debe determinarse si, ¿la Unidad Nacional de Protección (UNP) es
la entidad llamada a responder por las consecuencias jurídicas del presente fallo?
3 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente
39. Enlo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
40. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).
41. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi
o con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral.
42. Igualmente, estableció unas reglas así: i) los contratos de prestación de
servicios no pueden concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se
suscriben con personas naturales; ii) existe un término de 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, en los contratos de prestación de servicios
que presenten interrupciones, que de no superarse, se puede concluir «la
existencia de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate
que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales
o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades»; de allí que
de encontrarse acreditada la relación laboral, quien pretenda su reconocimiento
debe reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir de la
finalización del vínculo contractual, y, en aquellos casos donde se presente
solución de continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente a
cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización, por lo que de no
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presentarse la reclamación en ese período, operará el fenómeno prescriptivo,
salvo en lo relacionado con los aportes a pensión que no están sometidos a dicho
término; iii) es improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista en exceso, por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal».
2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
43. De acuerdo con las pruebas documentales aportadas por las partes, el señor
Víctor Mauricio García Vidarte suscribió los siguientes contratos de prestación de
servicios con la autoridad administrativa:
No. Contrato Objeto contratado Inicio Finalización Valor
67 del 11 de julio $6.066.667
14/07/20235 11/11/2023
de 20034 M/cte.
30 del 30 de
El contratista en virtud a sus condiciones $11.120.000
diciembre de 01/05/20247 30/12/2024
personales se compromete para con él DAS a M/cte.
20046
prestar sus servicios de protección; con sede
Adición y
principal en la ciudad de Cali (Valle) y
prórroga del
eventualmente en la ciudad donde se asigne el
contrato de
esquema protectivo, dentro del componente $4.144.740
prestación de 01/01/2005 28/02/2005
seguridad a personas, del programa de M/cte.
servicios 30 del
protección a Dirigentes Sindicales,
30 de diciembre
Organizaciones Sociales y Defensores de
de 20048
Derechos Humanos, conforme a las medidas de
28 del 1° de $5.560.000
seguridad aprobadas por el Comité de 01/03/200510 30/06/2005
marzo de 20059 M/cte.
Reglamentación y Evaluación de Riesgos del
135 del 1° de $2.780.000
Ministerio del Interior y de Justicia 01/07/200512 30/08/2005
julio de 200511 M/cte.
231 del 31 de $9.975.873
31/08/200514 28/02/2006
agosto de 200513 M/cte.
4 Folios 375 a 379 del archivo titulado «002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)», expediente digital,
índice 2 de Samai.
5 Información extraída del acta de inicio del contrato de prestación de servicio 67 del 11 de julio de 2003,
folio 315 del archivo titulado «002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)», expediente digital, índice 2
de Samai.
6 Folios 368 a 372 del archivo titulado «002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)», expediente digital,
índice 2 de Samai.
7 Información extraída del acta de inicio del contrato de prestación de servicio 30 del 30 de diciembre de
2004, folio 318 del archivo titulado «002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)», expediente digital,
índice 2 de Samai.
8 Folios 373 y 374 del archivo titulado «002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)», expediente digital,
índice 2 de Samai.
9 Folios 358 a 362 del archivo titulado «002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)», expediente digital,
índice 2 de Samai.
10 Información extraída del acta de inicio del contrato de prestación de servicio 28 del 1° de marzo de 2005,
folio 319 del archivo titulado «002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)», expediente digital, índice 2
de Samai.
11 Folios 363 a 367 del archivo titulado «002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)», expediente digital,
índice 2 de Samai.
12 Información extraída del acta de inicio del contrato de prestación de servicio 135 del 1° de julio de 2005,
folio 313 del archivo titulado «002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)», expediente digital, índice 2
de Samai.
13 Folios 350 a 357 del archivo titulado «002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)», expediente digital,
índice 2 de Samai.
14 Información extraída del acta de inicio del contrato de prestación de servicio 231 del 31 de agosto de
2005, folio 311 del archivo titulado «002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)», expediente digital,
índice 2 de Samai.
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27 del 1° de $14.648.990
01/03/200616 30/11/2006
marzo de 200615 M/cte.17
135 del 1° de El contratista en virtud a sus condiciones
$15.799.110
diciembre de personales se compromete para con él DAS a 01/12/200619 30/06/2007
M/cte.
200618 prestar sus servicios de protección; con sede
principal en la ciudad de Cali (Valle) y $13.784.040
36 de 200720 01/07/200721 31/12/2007
eventualmente en la ciudad donde se asigne el M/cte.
esquema protectivo, dentro del componente
seguridad a personas, del programa de
protección a Dirigentes Sindicales,
149 del 26 de
Organizaciones Sociales y Defensores de $1.575.000
diciembre de 01/01/200823 31/12/2008
Derechos Humanos, conforme a las medidas de M/cte.
200722
seguridad aprobadas por el Comité de
Reglamentación y Evaluación de Riesgos del
Ministerio del Interior y de Justicia
44. Adicionalmente, el día 24 de septiembre de 200924 la coordinadora
administrativa del DAS Valle del Cauca certificó que «el señor Víctor Mauricio
García Vidarte identificado con la cédula de ciudadanía […] estuvo vinculado
como escolta contratista desde el 14 de julio de 2003 hasta el 18 de junio de
2008, mediante contrato de prestación de Servicios, haciendo parte del
componente de protección a personas que se encuentran en situación de riesgo
contra su vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la
violencia política, o con el conflicto armado interno, programa liderado por el
Ministerio del Interior y Justicia, con ingresos mensuales por valor de $1.575.000
m/cte. Fecha de terminación 18 de Junio de 2008».
45. Teniendo en cuenta lo anterior, con el material probatorio allegado al proceso
se acreditó la prestación personal del servicio de seguridad y protección
(escolta) dentro del componente de seguridad a personas, del programa de
protección a dirigentes sindicales, organizaciones sociales y defensores de
derechos humanos entre el 14 de julio de 2003 al 18 de junio de 2008,
ininterrumpidamente, período que reclamó el interesado en la demanda.
15 Folios 350 a 357 del archivo titulado «002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)», expediente digital,
índice 2 de Samai.
16 Información extraída del acta de inicio del contrato de prestación de servicio 27 del 1° de marzo de 2006,
folio 312 del archivo titulado «002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)», expediente digital, índice 2
de Samai.
17 En virtud de la adición en dinero que se realizó al contrato de prestación de servicios 027 del 1° de marzo
de 2006, vista en los folios 348 y 349 del archivo titulado «002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
18 Folios 336 a 341 del archivo titulado «002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)», expediente digital,
índice 2 de Samai.
19 Información extraída del acta de inicio del contrato de prestación de servicio 135 del 1° de diciembre de
2006, folio 320 del archivo titulado «002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)», expediente digital,
índice 2 de Samai.
20 Folios 329 a 335 del archivo titulado «002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)», expediente digital,
índice 2 de Samai.
21 Información extraída del acta de inicio del contrato de prestación de servicio 36 de 2007, folio 314 del
archivo titulado «002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)», expediente digital, índice 2 de Samai.
22 Folios 321 a 327 del archivo titulado «002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)», expediente digital,
índice 2 de Samai.
23 Información extraída del acta de inicio del contrato de prestación de servicio 149 del 26 de diciembre de
2007, folio 316 del archivo titulado «002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)», expediente digital,
índice 2 de Samai.
24 Documento observado en el folio 31 del archivo titulado «002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09
(.pdf)», expediente digital, índice 2 de Samai.
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46. Con relación a la contraprestación que se refiere a las sumas de dinero
recibidas por el contratista durante la ejecución de las actividades convenidas,
advierte la Sala que, a partir de los contratos de prestación de servicios, se
extraen los honorarios recibidos por el demandante por concepto de los servicios
ejecutados. Con lo que se acredita este requisito.
47. En cuanto al elemento esencial de la relación laboral esto es, el de la
continuada subordinación y dependencia, se recuerda que, la Sala ha
afirmado que «implica una superioridad jerárquica en el esquema
organizacional de quien se atribuye esta facultad sobre el subordinado»,
mientras que la coordinación «más que una facultad es una obligación que el
estatuto de contratación estatal, por medio de las normas que lo rigen, impone a
los entes públicos que desarrollen cualquier tipo de convenio con rubros oficiales,
y que deben realizar para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual.
Dicha obligación incluye facultades de carácter administrativo, que implican
regularizar algunas funciones, el definir horarios en la prestación del servicio
contratado e incluso el suministro de algunos elementos, que identifiquen al
contratista con la comunidad; empero, coordinar de ningún modo lleva implícita
la superioridad jerárquica contenida de la subordinación»25.
48. En el caso concreto, a efectos de determinar si se configuró o no la
subordinación, se deben analizar los elementos probatorios con el fin de
establecer si existió una relación de subordinación con la autoridad
administrativa.
49. Para ello se tendrán en cuenta los criterios expuestos por esta Corporación en
la sentencia de unificación SUJ-025-CES2- 2021.
50. En esos términos, en cuanto al lugar de trabajo, dadas las características
particulares de su función de escolta, la prestación de su servicio era aleatorio
comoquiera que podía ser desarrollado en distintos lugares. Lo anterior se
evidencia, por ejemplo, en que desde el mismo objeto de los contratos de
prestación de servicios se establecía que la prestación de los servicios de
protección eventualmente se realizaría en la ciudad en la que se asigne el
esquema de seguridad.
51. De manera que, es dable advertir la sujeción a la que se encontraba sometido
el demandante por parte del DAS en lo concerniente al lugar del desarrollo de
sus funciones.
52. No obstante, el común denominador en cuanto al lugar de la prestación del
servicio del señor Víctor Mauricio García Vidarte, era la imposición que sobre
estos hacía el DAS en las misiones y órdenes de trabajo, así como la
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio de
2021, expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
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consecuente información que debía rendirle a la entidad por medio de los
informes de prestación de servicios, respecto a los desplazamientos que
realizaría conforme las indicaciones de su protegido26.
53. Respecto al horario de labores, teniendo en cuenta la naturaleza propia de
las labores ejecutadas por el demándate, se advierte que este, como escolta o
personal de seguridad, estaba sujeto a turnos que dependían de las ordenanzas
emitas por la entidad contratante27.
54. En todo caso, es de resaltar que para la Sala de Subsección el cumplimiento
de un horario no debe entenderse como un aspecto que, en su análisis particular
y aislado, configure el elemento de la subordinación en la relación laboral
encubierta. Por el contrario, el cumplimiento del horario debe entenderse, en los
contratos de prestación de servicios, como un parámetro lógico que guarda
relación con la coordinación entre el contratista y el contratante a fin de lograr la
correcta ejecución del objeto convenido28.
55. En cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar,
es de reiterar que el control y manejo directo de la entidad contratante sobre las
actividades ejecutadas por el contratista resultan ser un requisito fundamental a
efectos de constatar la existencia o no del elemento de subordinación. De forma
que, para probar la existencia de la relación laboral encubierta, debe la parte
demandante probar que se encontraba dentro del círculo rector, disciplinario y
organizativo de la entidad, a modo tal que se concluya que las actividades
ejecutadas se encontraban dirigidas de manera irresoluta por la entidad
contratante.
56. En primer lugar, se advierte que en el expediente únicamente se aportaron
medios probatorios de carácter documental, no obstante, es pertinente hacer
hincapié en que de acuerdo al artículo 165 del Código General del Proceso se
podrán tener como medios probatorios la declaración de parte, la confesión, el
juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial,
los documentos, los indicios, los informes y cualquier otro elemento de convicción
que sea útil para el convencimiento del juez, por lo tanto, la subordinación puede
ser demostrada a través de cualquier elemento de convicción, dado que no existe
tarifa legal para demostrar los elementos de la relación laboral.
26 Es de indicar que el numeral 1 de la cláusula séptima de la totalidad de los contratos de prestación de
servicios suscritos por el actor con el Das, disponen que aquel contaba con la obligación de cumplir con la
protección personal del protegido en el lugar que se le fuera indicado por la entidad o por el protegido, lo
anterior de la siguiente forma: «[…] 1. Cumplir con las actividades de protección en el lugar que le sea
asignado por el DAS o por su protegido […]».
27 Esta Subsección ha llegado a iguales conclusiones en casos de similares premisas fácticas. Ver
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. 76001-23-33-000-2012-00695-01 (1526-2018) CP
Rafael Francisco Suárez Vargas Bogotá, D. C. dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós
(2022). Rad. 25000234200020130457501 (2611-2016) C.P: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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57. Ahora bien, analizadas las pruebas allegadas al plenario y valoradas en
conjunto y bajo el principio de la sana crítica, es claro que el demandante no
ejecutaba sus funciones de manera autónoma, pues estaba obligado a cumplir
con los turnos que le eran impuestos por la entidad contratante y ejecutaba su
labor conforme a las misiones u órdenes de trabajo asignadas; de tal manera
que, durante la ejecución de su actividad debía seguir las directrices impuestas
por el Departamento Administrativo de Seguridad, dado que la función de escolta
se estructuraba a partir de los modelos de seguridad que de manera vertical eran
impuestos por parte de esa entidad, quien no solo le establecía la persona que
debía proteger, sino también los horarios en que debía hacerlo, determinaba los
lugares y forma de ejecutar la función.
58. Ello, se advierte del contenido de los contratos de prestación de servicios
suscritos y de las órdenes de trabajo permanente, en los que el contratista debía
cumplir con las actividades de protección que le asignara el DAS; ejecutar sus
labores con base en los elementos de dotación dados por la entidad, tales como
armamentos y radios de comunicaciones, chalecos, y presentar los elementos de
trabajo a la dependencia que se le indicara29.
59. De otro lado, se allegaron múltiples órdenes de trabajo y autorizaciones de
desplazamiento de los años 2004 a 200830 en las que se le asignó la prestación
de seguridad a una persona en múltiples municipios del departamento del Valle
del Cauca o del territorio nacional31, por lo cual, recibió instrucciones de coordinar
con las autoridades civiles y militares los mecanismos de protección, mantener
29 En efecto, se pactaron las obligaciones contractuales que a continuación se señalan: 1. Cumplir con las
actividades de protección en el lugar que le sea asignado por el DAS a través del supervisor, o por su
protegido. 2. Realizar las actividades de índole protectivo previa autorización para cumplir con la actividad
encomendada, o destinación del funcionario competente del Departamento Administrativo de Seguridad. 3.
Presentar para su revisión en la dependencia de Control de Armamento, Radios y Vehículos del DAS, o en
la que haga sus veces, los elementos logísticos de dotación, dentro de los últimos cinco (5) días de cada
mes. 4. Al terminar el servicio y cuando por alguna circunstancia, el contratista no se encuentre prestando
el servicio para el cual fue contratado deberá hacer entrega de los elementos en la misma dependencia
diariamente. 5. Observar excelente conducta social, laboral y buenas relaciones interpersonales con los
funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, con sus compañeros y con la persona
protegida. 6. No ingerir bebidas embriagantes, sustancias alucinógenas o psicotrópicas. 7. Respetar las
normas de tránsito y de convivencia ciudadana, y colaborar con las autoridades civiles, militares y de policía
8. Informar oportunamente a la Oficina de Protección Especial del DAS, los desplazamientos que por la
naturaleza del contrato deba hacer a otras ciudades y las novedades que se presenten en el servicio. 9.
Mantener en buen estado los elementos logísticos entregados por el DAS y velar por su buen uso y cuidado,
los cuales deberán destinarse en forma exclusiva para el servicio objeto del presente contrato. 10. Observar
en forma permanente las instrucciones impartidas en la relacionado con el uso de armas, técnicas
protectivas y las demás que se relacionen con las actividades propias del objeto del presente contrato. 11.
Informar al Supervisor del contrato las novedades de servicio relacionadas con permisos, incapacidades u
otras circunstancias que suspendan o interrumpan la ejecución del contrato, caso en el cual se efectuarán
los descuentos correspondientes al valor diario por el tiempo en que no se preste el servicio. Estos
descuentos podrán hacerse efectivos durante el tiempo de ejecución del contrato o en la liquidación del
mismo, previa certificación del supervisor. 12. Observar las medidas de seguridad preventivas para el
manejo de las armas de fuego, evitando poner en riesgo la vida e integridad física de los ciudadanos.
30 Folios 7 a 235 del archivo titulado «002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)», expediente digital,
índice 2 de Samai.
31 Por ejemplo, mediante la orden de trabajo 0994 de 7 de noviembre de 2006 se le encomendó la prestación
de servicios de protección durante los días 8 a 11 de noviembre de 2011 en los municipios de Caicedonia,
el Águila, Sevilla (Valle del Cauca) y Armenia (Quindío), vista en folio 208 del archivo titulado «002Contrato
104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)», expediente digital, índice 2 de Samai.
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comunicación con el jefe inmediato y presentar un informe con los detalles de la
misión llevada a cabo.
60. En consecuencia, se considera que el señor Víctor Mauricio García Vidarte se
encontraba inserto bajo la dirección y control efectivo de funciones por parte de
la autoridad administrativa, pues dicha entidad determinaba las condiciones de
tiempo, modo y lugar en que debía ejecutar sus funciones, sin que sea dable
considerar que ellas estaban regidas bajo el principio de coordinación, pues de
acuerdo con lo expuesto, se advierte que lo que existió entre las partes fue una
verdadera relación de subordinación.
61. Además, es de acotar que esta Subsección con precedencia ha indicado que
las funciones ejecutadas por los escoltas contratistas al servicio del
Departamento Administrativo de Seguridad, por su naturaleza, se ejecutan bajo
el principio de subordinación, dadas las condiciones regladas y uniformes que se
instituyen por sus superiores para la prestación de sus servicios 32. En
consecuencia, se confirmará la decisión de primer grado en lo atinente a la
configuración de los elementos de la relación laboral.
2.5. Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico
62. Una vez comprobada la existencia de la relación laboral encubierta entre el
contratista y la entidad pública, corresponde determinar si esta fue objeto o no de
interrupción.
63. De esa manera, el material probatorio revela que el accionante laboró desde
el 14 de julio de 2003 y hasta el 18 de junio de 2008, período en el cual no
existieron interrupciones, pues conforme a la certificación expedida el 24 de
septiembre de 2009 por la coordinadora administrativa del DAS Valle del Cauca,
la prestación del servicio fue continua.
64. Por lo tanto, como la relación laboral culminó el 18 de junio de 2008, el actor
tenía hasta el día 17 de junio de 2011 para presentar la reclamación
administrativa, sin embargo, la petición de reconocimiento y pago de acreencias
laborales ante la entidad demandada se radicó el 2 de junio de 201533, y la
demanda fue presentada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo el
10 de diciembre de 201534, por lo tanto, operó el fenómeno prescriptivo frente a
los derechos laborales reclamados, toda vez que el actor no presentó
reclamación dentro de los 3 años siguientes a la culminación del vínculo
contractual, razón por la cual no hay lugar a reconocer las prestaciones
deprecadas en la demanda.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2025. Radicado 25000-
234200020130687201 (0121-2019) C.P: Juan Camilo Morales Trujillo.
33 Conforme al sello de recibido visto en el folio 15 del archivo titulado «002Contrato 104 DE 2020 - SASI-
2020-09 (.pdf)», expediente digital, índice 2 de Samai.
34 Según el sello de recibido visto en el folio 40, ídem.
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65. No obstante, en aplicación de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-
2021 de 9 de septiembre de 2021 la demandante tiene derecho a que la autoridad
administrativa, realice las cotizaciones a pensión, por dichos períodos, por
tratarse de una prestación imprescriptible, tal y como lo determinó el a quo.
66. De otro lado, en el numeral segundo de la sentencia recurrida que reconoció
el pago de las diferencias pensionales, el a quo estableció que el período que
sería objeto de ello correspondería entre el 14 de junio de 2014 al 18 de junio de
2008, lo cual, corresponde a un error en los datos registrados en la parte
resolutiva, dado que, a lo largo de la decisión se estableció que el tiempo de
prestación de servicio perduró entre el 14 de julio de 2003 y el 18 de junio de
2008. En consecuencia, para dar claridad a la orden se modificará ello para
precisar la fecha correcta del extremo inicial de la relación laboral encubierta.
2.6. Análisis de la Sala frente al tercer problema jurídico
67. La Unidad Nacional de Protección reclamó que no es la entidad pública
legitimada por pasiva y en ese orden de ideas no debe asumir el pago de la
condena, frente a ello, esta instancia destaca que contrario a lo explicado por la
demandada, las obligaciones de carácter laboral del extinto DAS se asignaron a
la Unidad Nacional de Protección, de ahí que, es el sucesor procesal de la
referida institución.
68. El Decreto 4057 del 31 de octubre de 2011, dispuso la supresión del
Departamento Administrativo de Seguridad y ordenó el cese definitivo de sus
actividades; al tiempo que se ordenó en el artículo 3 numeral 3.435 el traslado de
las funciones de seguridad que se encontraban en cabeza del DAS
comprendidas en el numeral 14 del artículo 2.° del Decreto 643 de 2004 36 y las
demás que de ella se desprendieran, a la Unidad Nacional de Protección, a
partir de la regulación que para ello se estableciera en un decreto posterior.
69. Al mismo tiempo, se profirió el Decreto 4065 de 2011 37, por el cual se creó la
Unidad Nacional de Protección, y en su artículo 1 dispuso que esta es una entidad
del «orden nacional, […] con personería jurídica, autonomía administrativa y
financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Interior, hará parte del
35
«Artículo 3°. Traslado de funciones. Las funciones que corresponden al Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS), contempladas en el Capítulo I, numerales 10, 11, 12 y 14 del artículo 2°, del Decreto
643 de 2004, y las demás que se desprendan de las mismas se trasladan a las siguientes entidades y
organismos, así […]
3.4 La función comprendida en el numeral 14 del artículo 2.° del Decreto 643 de 2004, en el Decreto 1700
de 2010 y las demás que se desprendan de la misma, se traslada a la Unidad Administrativa denominada
Unidad Nacional de Protección que se creará en decreto separado».
36 «Artículo 2°. Funciones generales. El Departamento Administrativo de Seguridad tendrá, además de
las funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes: […]
14. Brindar seguridad al presidente de la República y su familia, vicepresidente y su familia, ministros y
ex presidentes de la República; la información relacionada con su seguridad tiene reserva legal».
37 «Por el cual se crea la Unidad Nacional de Protección (UNP), se establecen su objetivo y estructura».
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Sector Administrativo del Interior y tendrá el carácter de organismo nacional de
seguridad».
70. En torno al objetivo de la Unidad Nacional de Protección, el artículo 3 ibidem
dispone que su finalidad es «articular, coordinar y ejecutar la prestación del
servicio de protección a quienes determine el Gobierno Nacional que por virtud
de sus actividades, condiciones o situaciones políticas, públicas, sociales,
humanitarias, culturales, étnicas, de género, de su calidad de víctima de la
violencia, desplazado, activista de derechos humanos, se encuentren en
situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida,
integridad, libertad y seguridad personal o en razón al ejercicio de un cargo
público u otras actividades que pueden generar riesgo extraordinario».
71. A su vez el artículo 23 del citado Decreto 4065 de 2011 dispuso el traslado de
los archivos del DAS a la UNP en los siguientes términos: «Los archivos de los
cuales sea el titular el Programa de Protección de la Dirección de Derechos
Humanos del Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) en supresión, a la entrada en vigencia del presente decreto y
que tengan relación con las competencias de la Unidad Nacional de Protección,
deberán ser transferidos a esta entidad, en los términos que señalen los
representantes legales a través de las Secretarías Generales».
72. A su turno, el Decreto 1303 de 2014 en el artículo 9° del Decreto 1303 de 2014
estableció que los procesos judiciales, reclamaciones de carácter administrativo,
laboral y contractual, en los que sea parte el Departamento Administrativo de
Seguridad o su Fondo Rotatorio al cierre de la supresión del primero, se
notificarán a las entidades que hayan asumido las funciones, de acuerdo con la
naturaleza, objeto o sujeto procesal y que si aquellas no fueron atribuidas a
alguna de las entidades de la Rama Ejecutiva del poder público, corresponderán
a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
73. Así mismo, la Corporación ha concluido que «la competencia de la
Fiduprevisora es de carácter residual, y atiende a que el proceso o las funciones
no se hayan trasladado a ninguna otra entidad llamada a suceder procesalmente
al extinto DAS»38.
74. Teniendo en cuenta lo precedente, la Unidad Nacional de Protección interviene
en el proceso del epígrafe como sucesor procesal del DAS, pues, la función de
coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección le fue conferida a la
precitada entidad pública, por ende, le asiste la obligación de asumir la condena
del presente negocio.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de marzo de 2021, radicado 76001-23-33-000-
2014-00204-01 (4087-2018) CP Gabriel Valbuena Hernández.
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2.7. De la condena en costas en segunda instancia
75. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
76. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
77. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
78. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandada, por cuanto se
confirma la decisión que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
y se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el a quo y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia de 30 de abril de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará
de la siguiente manera:
«SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, y a título de
restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la Unidad Nacional de
Protección, sucesor del extinto Departamento Administrativo de Seguridad
-DAS-, tomar (durante el tiempo comprendido entre el 14 de julio de 2003 y
el 18 de junio de 2008), el ingreso base de cotización (IBC) pensional del
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demandante (los honorarios pactados), mes a mes, y si existe diferencia
entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron
efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por
concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía
como empleador, por tanto el actor deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la
eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su
contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el
porcentaje que le incumbía como trabajador, en armonía con lo dicho en la
parte motiva.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la providencia recurrida que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda radicada por el señor Víctor
Mauricio García Vidarte contra la Unidad Nacional de Protección.
TERCERO: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada, las
cuales serán liquidadas por el a quo.
CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVAN DUQUE GUITÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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