RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2025 › Radicado 25000-23-42-000-2013-06872-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06872-01

Fecha
14 de mayo de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
29 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06872-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 19 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, el cual quedará así: «SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, condenar a la Unidad Nacional de Protección a reconocer y pagar al señor Yon Lenon Sánchez Orjuela ochenta y un millones ochocientos cincuenta y seis mil trescientos dos pesos 17 Publicada en el Diario Oficial 51.568 del 25 de enero de 2021. 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, expediente 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), magistrado ponente: William Hernández Gómez. 19 Artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (cpaca). 20 Numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), aplicable por remisión del artículo 188 del CPACA. 21 De conformidad con el artículo 366 del CGP, aplicable por remisión del artículo 188 del CPACA. 11 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 25000-23-42-000-2013-06872-01 (0121-2019) Demandante: Yon Lenon Sánchez Orjuela ($ 81.856.302 COP) de acuerdo con la liquidación realizada en la parte motiva de esta providencia. Además, la entidad mencionada deberá efectuar las cotizaciones a pensiones en el fondo de previsión al que esté afiliado el demandante en el porcentaje que le correspondía como empleadora (con fundamento en los honorarios pactados); deber que también tendrá que cumplir el actor en su respectiva proporción como trabajador». SEGUNDO. REVOCAR el ordinal sexto de la parte resolutiva de la sentencia del 19 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. En su lugar, TERCERO. CONDENAR en costas de primera instancia a la entidad demandada, a favor del accionante, las cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal. CUARTO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. QUINTO. SIN CONDENA en costas de segunda instancia. SEXTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-06872-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

14 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2013-06872-01 (0121-2019)
Demandante: Yon Lenon Sánchez Orjuela
Demandados: Unidad Nacional de Protección
Tema: Relación laboral encubierta – modifica y revoca
parcialmente la sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide
los recursos de apelación interpuestos por la demandante y la demandada contra
la sentencia proferida el 19 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Se anuncia que se modificará un ordinal de dicha
providencia y se revocará otro.

II. ANTECEDENTES

Demanda

1. El actor interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el Oficio 39754 E-1300,05-201315235 del 27 de agosto de 2013, expedido
por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en liquidación, por
medio del cual se negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral
encubierta a través de contratos de prestación de servicios y el pago de las
acreencias laborales y prestacionales consecuentes.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales que le habrían correspondido de haberse vinculado
en legal forma; que se realicen los reajustes salariales con base en el Índice de
Precios al Consumidor; que además se incluyan las cesantías y los intereses
causados sobre ellas; las vacaciones; la bonificación del 50 % sobre la asignación
básica; las primas de servicios, navidad y especial de riesgo; la sanción moratoria
por el no pago de las cesantías, así como los intereses sobre ellas y sobre las
demás prestaciones debidas cuando terminaron los contratos; que se reintegren
las sumas que consignó por concepto de aportes a pensión y salud; que se
restituyan los valores que le fueron descontados a título de retención en la fuente
e impuesto de industria y comercio; y que se condene en costas a la parte
demandada.

3. Como concepto de la violación argumentó que entre él y el DAS existió
una relación laboral encubierta a través de contratos de prestación de servicios,

1
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000-23-42-000-2013-06872-01 (0121-2019)
Demandante: Yon Lenon Sánchez Orjuela

razón por la cual tiene derecho al pago de los emolumentos que no le fueron
reconocidos.

Contestación de la demanda

4. La parte demandada se opuso a las pretensiones porque el DAS ejecutaba
una función que estaba a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia, en el
marco de la cual solo se presentó coordinación de las actividades contractuales,
más no subordinación. Además, adujo que la falta de personal de planta hizo
necesaria la suscripción de contratos de prestación de servicios para llevar a
cabo actividades contingentes que hacían parte de un programa de medidas de
protección temporales.

Sentencia apelada

5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la sentencia del 19
de abril de 2018, declaró la nulidad parcial del acto administrativo acusado porque
encontró demostrados los tres elementos de la relación laboral.

6. En consecuencia, ordenó el pago de todas las prestaciones sociales y
demás emolumentos legales que dejó de percibir el actor desde el 9 de marzo de
2006 hasta el 30 de junio de 2011, para lo cual tomó como base el valor de los
honorarios y la consignación de los aportes a pensión y salud que debía asumir
la entidad accionada como empleadora y no los emolumentos percibidos por los
trabajadores de la planta de personal.

7. En la sentencia no se accedió a reconocer la sanción moratoria por la falta
de pago de las cesantías y de las prestaciones que se debían cuando terminaron
los contratos.

8. Por último, se abstuvo de condenar en costas a la demandada.

Recurso de apelación

9. Inconformes con la decisión, ambas partes interpusieron sendos recursos
de apelación, por las siguientes razones:

10. La entidad accionada señaló1 que fue vinculada al proceso sin que se
tramitara la sucesión procesal y se le notificara el auto admisorio en debida forma,
con lo cual se violó el derecho al debido proceso.

11. Adicionalmente, argumentó que no emitió el acto acusado ni asumió las
cargas laborales del DAS por lo que no puede responder por las obligaciones que
este dejó de pagar; además, afirmó que la entidad no contaba con personal de
planta suficiente para atender el programa de protección cuya administración le
encomendó el Ministerio del Interior y de Justicia, razón por la cual celebró
contratos de prestación de servicios en los que el actor no demostró que hubiera
subordinación.

1
Folios 602 a 606 del expediente.

2
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000-23-42-000-2013-06872-01 (0121-2019)
Demandante: Yon Lenon Sánchez Orjuela

12. Por otra parte, sostuvo que las prestaciones sociales generadas entre el 9
de marzo de 2006 y el 14 de agosto de 2010 están prescritas; y agregó que la
pretensión del actor debió limitarse a las diferencias entre lo que él percibía y lo
que devengaban los escoltas de planta.

13. El demandante manifestó2 que se deben reconocer los mismos derechos
que tenían los demás trabajadores de la entidad demandada y con fundamento
en ello realizar la liquidación de la condena con base en el cargo equivalente en
la planta de personal, con los incrementos de los salarios según el Índice de
Precios al Consumidor, las primas extralegales, la prima de riesgo, las
bonificaciones.

14. Por otra parte, sostuvo que se debió tener al demandante como despedido
sin justa causa.

15. Además, consideró que hay lugar a que se declare que tiene derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria, y se debe imponer condena en costas
en razón a las actuaciones administrativas y judiciales que se han adelantado.

Trámite en segunda instancia

16. La agente del ministerio público manifestó que se configuró la prescripción
respecto de los derechos causados hasta el 31 de julio de 2010, pero solicitó
confirmar la decisión del tribunal.

III. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

17. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación
la Sala debe definir los siguientes problemas jurídicos: i) ¿se vulneró el derecho
fundamental al debido proceso al tener como parte a la UNP sin que se le haya
notificado el auto admisorio?; ii) ¿el actor demostró la continuada subordinación
en la prestación del servicio? En caso de que sea afirmativa la respuesta a la
pregunta anterior: iii) ¿cuáles son las prestaciones sociales que se deben pagar
a título de restablecimiento del derecho?; iv) ¿se configuró la prescripción trienal
respecto de las prestaciones sociales?; v) ¿hay lugar a declarar que existió un
despido injusto?; y vi) ¿se debía condenar en costas de primera instancia a la
entidad?

Análisis del argumento de la violación del derecho al debido proceso por
no haberse notificado a la UNP el auto admisorio

18. En relación con el argumento expuesto por la UNP referente a la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso por el hecho de que no
se haya expedido propiamente un auto en el que se haya decretado la sucesión
procesal y que no se le haya notificado la demanda, es pertinente señalar que
esta opera por ley, dado que la entidad asumió las funciones de seguridad y

2
Folios 608 y 609 del expediente.

3
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000-23-42-000-2013-06872-01 (0121-2019)
Demandante: Yon Lenon Sánchez Orjuela

protección que antes ejercía el DAS, según los Decretos 4057 de 2011 (artículo
3, numeral 3.4) y 4065 de 2011 (artículos 3, 4 y 23).

19. Por otra parte, es preciso poner de presente que el artículo 9 del Decreto
1303 de 2014 señaló que los procesos judiciales, reclamaciones de carácter
administrativo, laboral y contractual en los que sea parte el DAS y/o su Fondo
Rotatorio al cierre de la supresión del primero, serían notificados a las entidades
que hayan asumido las funciones, de acuerdo con la naturaleza, objeto o sujeto
procesal y que si aquellas no fueron atribuidas a alguna de las entidades de la
Rama Ejecutiva, corresponderán a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

20. Además, la UNP ha participado en el proceso desde el 17 de agosto de
2017 cuando designó apoderado, momento desde el cual ha estado vinculada al
proceso y ha ejercido actuaciones en defensa de sus intereses, entre ellas la
proposición de una nulidad procesal3 que fue negada por el Tribunal4
Administrativo de Cundinamarca.

Análisis de la configuración de una relación laboral encubierta

21. La jurisprudencia nacional ha sido consistente en que una relación laboral
se configura cuando existe una prestación personal del servicio, una
remuneración a cambio de esta y una continuada subordinación de quien se
beneficia de la actividad (empleador) hacia quien la desarrolla (trabajador), en los
términos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

22. El Consejo de Estado ha identificado ciertas pautas en torno a las
relaciones laborales que se encubren o camuflan mediante contratos de
prestación de servicios (numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993),5 de las
cuales se destacan las siguientes:

22.1. La reclamación encaminada a que se declare la existencia de una relación
laboral con el Estado y se reconozcan sus consecuencias prestacionales debe
presentarse dentro de los tres (3) años siguientes a la terminación del vínculo
contractual, so pena de que opere la prescripción extintiva, aspecto que debe
analizarse en la sentencia correspondiente. Para tales efectos, la solución de
continuidad está orientada por un término de treinta (30) días hábiles entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, el cual puede flexibilizarse
según las circunstancias especiales de cada caso.

22.2. Los aportes pensionales son imprescriptibles, pero no la devolución de los
dineros que pagó el contratista por ese concepto.

3
La unp solicitó que se declarara la nulidad del proceso porque no se había tramitado la sucesión
procesal ni se le había notificado el auto admisorio de la demanda.
4
Auto del 28 de marzo de 2023 (folios 673 a 676 e índice 67 de la plataforma Samai del tribunal).
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencias de
Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, expediente 23001-23-33-
000-2013-00260-01 (0088-2015); y SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021,
expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

4
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000-23-42-000-2013-06872-01 (0121-2019)
Demandante: Yon Lenon Sánchez Orjuela

22.3. Las reclamaciones sobre los aportes con destino al Sistema General de
Seguridad Social no están sujetas a la caducidad ni al requisito de procedibilidad
de conciliación extrajudicial.

22.4. Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe
pronunciarse sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, así no lo haya solicitado la parte interesada.

22.5. El reconocimiento de prestaciones sociales y del tiempo de servicios para
fines pensionales a causa de la declaración de existencia de una relación laboral
con el Estado se da a título de restablecimiento del derecho.

22.6. El «término estrictamente indispensable» al que se refiere el numeral 3 del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 es el señalado en los estudios previos y en el
objeto del contrato de prestación de servicios, el cual es esencialmente temporal,
sin ánimo de permanencia.

22.7. No es procedente la devolución de los aportes que habría tenido que
asumir la Administración y que realizó el contratista con destino al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, por la naturaleza parafiscal de ellos.

23. Como las partes procesales no reprocharon la sentencia del Tribunal en
punto de los extremos temporales en los que se ejecutaron los contratos de
prestación de servicios, la Sala partirá de ellos en iguales términos6, a saber:

N.º contrato Vigencia Terminó
N.º 277 de 2006 09 de marzo de 2006 31 de diciembre de 2006
N.º 607 de 2006 01 de diciembre de 2006 27 de junio de 2007
N.º 183 de 2007 28 de junio de 2007 17 de diciembre de 2007
N.º 487 de 2007 18 de diciembre de 2007 12 de diciembre de 2008
N.º 222 de 2008 29 de diciembre de 2008 28 de septiembre de
2009
N.º 143 de 2009 29 de septiembre de 17 de diciembre de 2009
2009
N.º 299 de 2009 18 de diciembre de 2009 30 de marzo de 2010
N.º 120 de 2010 31 de marzo de 2010 31 de julio de 20107
N.º 288 de 2010 30 de julio de 20108 27 de diciembre de 2010
N.º 474 de 2010 28 de diciembre de 2010 30 de abril de 20119
N.º 88 de 2011 01 de enero de 201110 31 de mayo de 2011
N.º 172 de 2011 01 de junio de 2011 30 de junio de 2011

24. Del análisis integral de las pruebas recaudadas en el proceso (solo
documentales), la Sala concluye que entre el accionante y la entidad demandada

6
En el expediente se encuentran todos los contratos de prestación de servicios, pero no son
claras las fechas en que inició y terminó la ejecución de varios de ellos, razón por la cual se
acudirá al ejercicio que hizo el Tribunal, el cual no fue reprochado por las partes.
7
La ejecución del contrato de prestación de servicios 120 de 2010 inició el 1.° de abril de 2010 y
terminaba el 30 de junio de 2010, pero se prorrogó hasta el 31 de julio de 2010.
8
El contrato de prestación de servicios 288 de 2010 se ejecutó entre el 1.° de agosto de 2010 y
el 27 de diciembre de 2010.
9
La ejecución del contrato de prestación de servicios 474 de 2010 inició el 28 de diciembre de
2010 y culminaba el 31 de marzo de 2011, pero se prorrogó hasta el 30 de abril de 2011.
10
El contrato de prestación de servicios 88 de 2011 se ejecutó entre el 1.° de mayo de 2011 y el
31 de mayo de 2011.

5
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000-23-42-000-2013-06872-01 (0121-2019)
Demandante: Yon Lenon Sánchez Orjuela

se estructuró una relación laboral que fue encubierta a través de contratos de
prestación de servicios, tal como se pasa a explicar:

25. En todos los contratos citados el objeto fue la prestación de «servicios
personales de protección», y siempre existió una retribución económica por el
desempeño de esa actividad, de suerte que está suficientemente acreditada la
prestación personal de un servicio a cambio de una remuneración.

26. En relación con la continuada subordinación, las obligaciones que asumió
el actor comprendieron la realización de tareas de escolta bajo la dirección y
control permanente de la demandada, la cual establecía las condiciones de
tiempo, modo y lugar en que se ejecutaban.

27. Ello se desprende del hecho de que el accionante realizaba las actividades
de «índole protectivo» en las fechas, horarios y sitios que la entidad le indicara,
hecho del que dan cuenta los contratos y las múltiples órdenes de trabajo que le
señalaban los lugares y las fechas en que debía prestar seguridad al «protegido»,
lo cual demuestra que las funciones no eran ejercidas de manera autónoma por
el contratista.

28. De manera puntual, se destacan las siguientes obligaciones que fueron
comunes a todos los contratos:

«Cumplir con las actividades de protección en el lugar que le sea asignado por el
DAS a través del supervisor, o por su protegido».
«Realizar las actividades de índole protectivo previa autorización para cumplir con
la actividad encomendada, o destinación del funcionario competente del
Departamento Administrativo de Seguridad».
«Presentar para su revisión en la dependencia de Control de Armamento, Radios
y Vehículos del DAS, o en la que haga sus veces, los elementos logísticos de
dotación, dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes».
«Al terminar el servicio y cuando por alguna circunstancia, el contratista no se
encuentre prestando el servicio para el cual fue contratado deberá hacer entrega
de los elementos en la misma dependencia diariamente».
«Observar excelente conducta social, laboral y buenas relaciones interpersonales
con los funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, con sus
compañeros y con la persona protegida».
«No ingerir bebidas embriagantes, sustancias alucinógenas o psicotrópicas».
«Informar oportunamente a la Oficina de Protección Especial del DAS, los
desplazamientos que por la naturaleza del contrato deba hacer a otras ciudades y
las novedades que se presenten en el servicio».
«Observar en forma permanente las instrucciones impartidas en lo relacionado con
el uso de armas, técnicas protectivas y las demás que se relacionen con las
actividades propias del objeto del presente contrato».
«Informar al supervisor del contrato las novedades de servicio relacionadas con
permisos, incapacidades u otras circunstancias que suspendan o interrumpan la
ejecución del contrato, caso en el cual se efectuarán los descuentos
correspondientes al valor diario por el tiempo en que no se preste el servicio. Estos
descuentos podrán hacerse efectivos durante el tiempo de ejecución del contrato
o en la liquidación del mismo, previa certificación del supervisor.

29. Adicionalmente, entre las pruebas documentales se encuentran múltiples
órdenes de trabajo y autorizaciones de desplazamiento de los años 2006 a 2011,
en las cuales se ordenó al demandante prestar seguridad a una persona en

6
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000-23-42-000-2013-06872-01 (0121-2019)
Demandante: Yon Lenon Sánchez Orjuela

ciudades diferentes a Bogotá y se le impartieron instrucciones concretas para el
cumplimiento de la labor, tales como coordinarse con las autoridades civiles y
militares, presentarse ante el director de la seccional del DAS o el comandante
de Policía, mantener comunicación con el jefe inmediato y realizar un informe de
cumplimiento al finalizar cada misión.

30. Lo anterior refleja la inserción del accionante en el círculo rector y
organizativo de la entidad demandada, pues esta impartía instrucciones y
disponía de las condiciones logísticas para el desempeño de la función, mientras
que aquel debía observar tales órdenes y tener la disponibilidad para realizar las
tareas de protección en los lugares y momentos que le eran señalados, situación
que desdibujó la autonomía con la que podía realizar las tareas convenidas y la
coordinación connatural a los contratos de prestación de servicios.

31. Lo expuesto resulta consonante con la jurisprudencia de esta corporación,
según la cual la labor de escolta por lo general implica el cumplimiento de órdenes
y directrices que denotan un alto grado de subordinación,11 elemento que está
acreditado en este caso.

Análisis acerca del restablecimiento del derecho

32. Frente al restablecimiento del derecho, es pertinente hacer las siguientes
precisiones:

33. En la sentencia del 20 de marzo de 2025, adoptada dentro del proceso
0404-2021, esta Subsección señaló que en los eventos en los que se declare la
existencia de una relación laboral, el demandante tiene derecho a las
prestaciones mínimas del régimen general consagradas exclusivamente en los
Decretos 1042 de 1978 y 1045 de 1978, con base en los honorarios pactados.

34. En ese sentido, se precisa que a pesar de que el contratista haya ejercido
las mismas funciones que los escoltas vinculados a través de una relación legal
y reglamentaria no hay lugar a la aplicación del principio de «a trabajo igual
salario igual» por las siguientes razones:

A. No se cumplen las formalidades sustanciales para la existencia de la
relación laboral (nombramiento y posesión, existencia del cargo en la
planta de personal, así como el hecho de que los emolumentos estén
previstos en las disposiciones que rigen para la entidad).

B. La responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal de un contratista y un
empleado no es equivalente.

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 18 de abril de 2024, expediente 08001-23-33-000-2016-00197-01 (5863-2022),
magistrado ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez.

7
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000-23-42-000-2013-06872-01 (0121-2019)
Demandante: Yon Lenon Sánchez Orjuela

C. El contratista no ingresa a prestar sus servicios a través de los mecanismos
contemplados en el ordenamiento jurídico para ello, en especial si se tiene
en cuenta que, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 125 de la
Constitución Política, la regla general es la de la carrera administrativa en
la que el ingreso se realiza después de superado un concurso de méritos.

35. Por otra parte, y en atención a los argumentos expuestos en el recurso de
apelación de la parte demandante, se considera que no es procedente reconocer
la sanción moratoria por el no pago de las cesantías y de los intereses sobre
ellas, ya que la relación laboral de la cual surge el restablecimiento del derecho
apenas se está reconociendo en esta sentencia, motivo por el cual no puede
predicarse una mora imputable a la demandada.

36. Tampoco es posible acceder al reajuste de los honorarios que recibió el
actor con base en el Índice de Precios al Consumidor para equipararlos a los
salarios que devengaban los escoltas de planta de la entidad, por las razones
expuestas, en especial si se tiene en cuenta que la declaratoria de existencia de
la relación laboral no le otorga al demandante la condición de empleado público,
calidad que solo se adquiere previo cumplimiento de las formalidades
constitucionales12 y legales13 a las que se hizo referencia.

37. A pesar de que en primera instancia se condenó al pago de los aportes en
salud, es necesario tener en cuenta que, de acuerdo con las consideraciones de
la sentencia del 9 de septiembre de 2021 no hay lugar a reconocerlos pues
carece de sentido y justificación cubrir contingencias de salud hacia el pasado, y
en todo caso estas fueron solventadas en su momento con las cotizaciones que
debió realizar el actor como contratista14.

38. Con fundamento en lo anterior, se modificará el restablecimiento del
derecho a que hay lugar.

Estudio acerca del fenómeno de la prescripción

39. En la Sentencia CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016 la Sección
Segunda del Consejo de Estado precisó que si entre uno y otro contrato hubo un
período de interrupción, el término de prescripción trienal se contabilizaría desde
la fecha de finalización de ellos.

40. Posteriormente, en la Sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de
septiembre de 2021 se definió que la solución de continuidad está orientada por

12
Artículo 122 de la Constitución Política.
13
Artículos 4 del Decreto 2400 de 1968 y 2.2.5.1.4 del Decreto 1083 de 2015 (modificado por el
artículo 1 del Decreto 648 de 2017).
14
En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de mayo de 2024, expediente 73001-23-33-000-2017-
00458-01 (1509-2021), magistrado ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez.

8
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000-23-42-000-2013-06872-01 (0121-2019)
Demandante: Yon Lenon Sánchez Orjuela

un término de treinta (30) días hábiles entre la finalización de un contrato y la
ejecución del siguiente, lapso que puede flexibilizarse según el caso.

41. Así las cosas, como en este caso no hubo solución de continuidad entre
unos y otros contratos de prestación de servicios, la prescripción debe
contabilizarse desde el día siguiente al 30 de junio de 2011 (cuando terminó la
ejecución del contrato 172 de 2011), de suerte que el demandante presentó la
reclamación administrativa de manera oportuna el 14 de agosto de 2013,15 motivo
por el cual no hay lugar a declarar la prescripción trienal de las prestaciones
reconocidas.

Examen del reproche relativo al despido sin justa causa

42. Respecto de la petición encaminada a que se declare que no existió justa
causa para la terminación del «contrato de trabajo», la Sala se limitará a señalar
que tal pretensión no fue planteada en la demanda (motivo por el cual no fue
analizada por el Tribunal) ni es procedente proponerla como cuestión novedosa
en segunda instancia, pues ello desconocería el principio de justicia rogada, e
incluso si en gracia de discusión se aceptara, no habría lugar a acceder a esta,
pues con ello se desconocen las particularidades de derecho administrativo
propias de las relaciones legales y reglamentarias, pues se le daría una
estabilidad al trabajador que no se desprende de la forma de vinculación.

Alcance del restablecimiento del derecho

43. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la Sala advierte que el señor
Sánchez Orjuela tiene derecho a que la UNP (en condición de sucesor procesal)
le reconozca las prestaciones sociales previstas para los empleados públicos de
la Rama Ejecutiva del orden nacional en los Decretos 1042 de 1978 y 1045 de
197816, respecto de las cuales cumplió los requisitos, liquidadas con base en los
honorarios pactados y de manera indexada, a saber: prima de servicio,
bonificación por servicios prestados, vacaciones, prima de vacaciones, prima de
navidad, auxilio de cesantía e intereses sobre las cesantías.

44. No se reconocerá la prima especial de riesgo porque no fue prevista por
los Decretos 1042 y 1045 de 1978.

45. Asimismo, es necesario precisar que la bonificación por servicios
prestados no se debe liquidar en este caso con el «50 % de la asignación básica»,
sino con el 35 % de los honorarios pactados, ya que el accionante devengó una
remuneración mensual superior a la que señalaron los decretos anuales
salariales para que se pudiera calcular con el 50 %.

46. Tampoco hay lugar a reconocer los auxilios de transporte y alimentación
debido a que los honorarios que percibió el accionante mensualmente superaron

15
Folio 3.
16
En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2025, expediente 05001-23-33-000-2016-
00363-01 (0404-2021), magistrado ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez.

9
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000-23-42-000-2013-06872-01 (0121-2019)
Demandante: Yon Lenon Sánchez Orjuela

los dos (2) salarios mínimos legales de las anualidades correspondientes, tope
que previeron los Decretos 4726 de 2005, 4581 de 2006, 4966 de 2007, 4869 de
2008, 5054 de 2009 y 4835 de 2010 para poder beneficiarse de ellos.

Desde # # HONORARIOS
TOTAL INTERESES PRIMA DE PRIMA PRIMA DE
IPC IPC Días meses PROMED. CESANTÍAS PRIMA DE
ANUAL CESANTÍAS CESANTÍAS SERVICIO DE NAVIDAD
Año FINAL INICIAL por por MENSUAL INDEXADAS SERVICIO
HONORARIOS INDEXADO INDEXADA NAVIDAD INDEXADA
año año POR AÑO
2006 (Cto. 277) 149,7 59,83 298 9,93 1.458.110 14.483.893 1.426.287 3.567.743 354.396 778.022 1.946.160 1.333.829 3.336.469
2006 (Cto. 607) 149,7 61,33 31 1,03 1.458.110 1.506.714 127.697 311.610 3.220 64.457 157.291 126.381 308.399
2007 (Cto. 607) 149,7 61,80 181 6,03 1.500.000 9.050.000 833.716 2.018.995 121.813 443.158 1.073.188 799.765 1.936.777
2007 (Cto. 183) 149,7 64,23 183 6,1 1.500.000 9.150.000 843.918 1.966.382 119.949 449.081 1.046.387 809.621 1.886.469
2008 (Cto. 487) 149,7 65,51 366 12 1.575.000 19.215.000 1.962.619 4.483.674 547.008 1.063.125 2.428.748 1.781.949 4.070.928
2009 (Cto. 487) 149,7 70,21 1 0,03 1.575.000 52.500 4.377 9.330 3 1.970 4.200 3.939 8.396
2009 (Cto. 222) 149,7 70,21 270 9 1.575.000 14.175.000 1.373.676 2.928.135 263.532 745.664 1.589.461 1.292.872 2.755.892
2009 (Cto. 143) 149,7 71,28 80 2,66 1.575.000 4.200.000 365.673 767.769 20.474 188.106 394.948 358.143 751.959
2009 (Cto. 299) 149,7 71,20 14 0,46 1.638.000 764.400 64.182 134.909 630 31.816 66.877 63.064 132.558
2010 (Cto. 299) 149,7 71,69 90 3 1.638.000 4.914.000 430.250 898.191 26.946 222.666 464.837 421.470 879.860
2010 (Cto. 120) 149,7 72,79 122 4,06 1.638.000 6.661.200 593.648 1.220.570 49.637 309.908 637.186 576.422 1.185.154
2010 (Cto. 288) 149,7 73,00 149 4,96 1.638.000 8.135.400 736.060 1.509.024 74.948 387.493 794.413 710.596 1.456.819
2010 (Cto. 474) 149,7 73,45 4 0,13 1.638.000 218.400 18.239 37.163 50 8.906 18.147 17.767 36.201
2011 (Cto. 474) 149,7 74,12 120 4 1.638.000 6.552.000 583.316 1.177.808 47.112 304.850 615.540 567.551 1.145.975
2011 (Cto. 88) 149,7 75,07 31 1,03 1.638.000 1.692.600 143.451 285.984 2.955 72.409 144.356 141.972 283.037
2011 (Cto. 172) 149,7 75,31 30 1 1.638.000 1.638.000 138.753 275.738 2.757 70.241 139.586 137.796 273.836
INTERESES
PRIMA DE SERVICIO PRIMA DE NAVIDAD
CESANTÍAS INDEXADAS CESANTÍAS
TOTAL PRESTACIONES INDEXADAS INDEXADA INDEXADA
INDEXADO
$ 21.593.026 $1.635.430 $ 11.521.324 $ 20.448.730

Desde BONIFICACIÓN
# # HONORARIOS BONIFICACIÓN
TOTAL PRIMA DE POR
IPC IPC Días meses PROMED. VACACIONES PRIMA DE POR
ANUAL VACACIONES VACACIONES SERVICIOS
Año FINAL INICIAL por por MENSUAL INDEXADAS VACACIONES SERVICIOS
HONORARIOS INDEXADA PRESTADOS
año año POR AÑO PRESTADOS
INDEXADA
2006 (Cto. 277) 149,7 59,83 298 9,93 1.458.110 14.483.893 644.896 1.613.155 644.896 1.613.155 422.305 1.056.363
2006 (Cto. 607) 149,7 61,33 31 1,03 1.458.110 1.506.714 63.168 154.146 63.168 154.146 43.804 106.892
2007 (Cto. 607) 149,7 61,80 181 6,03 1.500.000 9.050.000 391.894 949.042 391.894 949.042 263.813 638.870
2007 (Cto. 183) 149,7 64,23 183 6,1 1.500.000 9.150.000 396.414 923.671 396.414 923.671 266.875 621.836
2008 (Cto. 487) 149,7 65,51 366 12 1.575.000 19.215.000 869.012 1.985.289 869.012 1.985.289 551.250 1.259.351
2009 (Cto. 487) 149,7 70,21 1 0,03 1.575.000 52.500 2.188 4.664 2.188 4.664 1.378 2.938
2009 (Cto. 222) 149,7 70,21 270 9 1.575.000 14.175.000 626.847 1.336.190 626.847 1.336.190 413.438 881.286
2009 (Cto. 143) 149,7 71,28 80 2,66 1.575.000 4.200.000 177.873 373.464 177.873 373.464 122.194 256.559
2009 (Cto. 299) 149,7 71,20 14 0,46 1.638.000 764.400 31.937 67.131 31.937 67.131 21.977 46.194
2010 (Cto. 299) 149,7 71,69 90 3 1.638.000 4.914.000 208.562 435.395 208.562 435.395 143.325 299.205
2010 (Cto. 120) 149,7 72,79 122 4,06 1.638.000 6.661.200 284.665 585.286 284.665 585.286 193.967 398.805
2010 (Cto.288) 149,7 73,00 149 4,96 1.638.000 8.135.400 349.744 717.023 349.744 717.023 236.964 485.809
2010 (Cto. 474) 149,7 73,45 4 0,13 1.638.000 218.400 9.107 18.556 9.107 18.556 6.211 12.655
2011 (Cto. 474) 149,7 74,12 120 4 1.638.000 6.552.000 279.888 565.139 279.888 565.139 191.100 385.861
2011 (Cto. 88) 149,7 75,07 31 1,03 1.638.000 1.692.600 70.961 141.469 70.961 141.469 49.208 98.102
2011 (Cto. 172) 149,7 75,31 30 1 1.638.000 1.638.000 68.660 136.444 68.660 136.444 47.775 94.941
PRIMA DE VACACIONES BONIFICACIÓN POR SERVICIOS
VACACIONES INDEXADAS
INDEXADA PRESTADOS INDEXADA
TOTAL PRESTACIONES INDEXADAS
$ 10.006.063 $ 10.006.063 $ 6.645.666
$ 81.856.302

47. Adicionalmente, la UNP deberá efectuar las cotizaciones al sistema de
seguridad social en pensiones en el fondo al que se encuentra afiliado el
demandante, en el porcentaje que le correspondía como empleadora, de
conformidad con los honorarios pactados.

48. No hay lugar a reconocer las diferencias en los aportes a salud, pues
expresamente fueron excluidos de acuerdo con las consideraciones expuestas
en la sentencia de 9 de septiembre de 2021.

49. Tampoco hay lugar a declarar que se presentó la figura del despido injusto.

Condena en costas en primera instancia

50. En cuanto a la decisión de no condenar en costas de primera instancia a
la entidad demandada, resulta necesario destacar que la sentencia apelada fue
proferida el 19 de abril de 2018, es decir, antes de que entrara en vigor la Ley

10
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000-23-42-000-2013-06872-01 (0121-2019)
Demandante: Yon Lenon Sánchez Orjuela

2080 de 2021.17 En ese contexto, esta Subsección18 precisó que la condena en
costas responde a un criterio objetivo-valorativo, pues el fallo debe disponer
sobre ese aspecto19 y solo habrá lugar a costas cuando estén causadas y en la
medida de su comprobación.20

51. El demandante actuó de manera propositiva durante el trámite de primera
instancia, por conducto de apoderado, quien presentó la demanda, la subsanó,
pagó $ 80.000 por concepto de «gastos del proceso», descorrió el traslado de las
excepciones, asistió a la audiencia inicial, radicó memoriales de impulso
procesal, presentó alegatos de conclusión y apeló la sentencia, lo cual demuestra
la causación de las costas procesales (expensas y agencias en derecho), motivo
por el cual se revocará el ordinal sexto de la parte resolutiva del fallo impugnado,
a fin de condenar en costas de primera instancia a la entidad demandada21, las
cuales deberán ser liquidadas en los términos del artículo 366 del Código General
del Proceso.

Condena en costas en segunda instancia

52. En el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, se realizó una modificación a la
redacción del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, y se determinó que la condena
en costas se impondrá «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».

53. Al revisar el caso concreto se considera que los recursos presentados no
carecen de fundamento legal, sino que comportan argumentaciones válidas y
coherentes dirigidas a defender sus intereses, lo que lleva a no imponer condena
en costas de segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia
del 19 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, el cual quedará así:

«SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de
restablecimiento del derecho, condenar a la Unidad Nacional de Protección
a reconocer y pagar al señor Yon Lenon Sánchez Orjuela ochenta y un
millones ochocientos cincuenta y seis mil trescientos dos pesos

17
Publicada en el Diario Oficial 51.568 del 25 de enero de 2021.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016,
expediente 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), magistrado ponente: William
Hernández Gómez.
19
Artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(cpaca).
20
Numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), aplicable por remisión del
artículo 188 del CPACA.
21
De conformidad con el artículo 366 del CGP, aplicable por remisión del artículo 188 del CPACA.

11
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000-23-42-000-2013-06872-01 (0121-2019)
Demandante: Yon Lenon Sánchez Orjuela

($ 81.856.302 COP) de acuerdo con la liquidación realizada en la parte
motiva de esta providencia.

Además, la entidad mencionada deberá efectuar las cotizaciones a
pensiones en el fondo de previsión al que esté afiliado el demandante en el
porcentaje que le correspondía como empleadora (con fundamento en los
honorarios pactados); deber que también tendrá que cumplir el actor en su
respectiva proporción como trabajador».

SEGUNDO. REVOCAR el ordinal sexto de la parte resolutiva de la sentencia del
19 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A. En su lugar,

TERCERO. CONDENAR en costas de primera instancia a la entidad
demandada, a favor del accionante, las cuales deberán ser liquidadas por el
Tribunal.

CUARTO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

QUINTO. SIN CONDENA en costas de segunda instancia.

SEXTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado Consejero de Estado

constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que conforman la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

12
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.