RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 66001-23-33-000-2021-00123-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00123-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00123-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR los ordinales TERCERO y CUARTO de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia del 25 de septiembre de 2024, los cuales quedarán de la siguiente manera: TERCERO: ORDENAR a título de restablecimiento del derecho a la Empresa Social del Estado Salud Pereira el reconocimiento y pago al señor Jhon Fredy Ramírez Hernández la suma de cuarenta y un millones doscientos cuarenta y dos mil quinientos cincuenta pesos ($ 41.242.550) por el periodo comprendido entre el 1° de abril de 2014 al 30 de abril de 2018, por concepto de las prestaciones sociales incluidas en la liquidación realizada en la parte motiva de esta providencia. Adicionalmente, condenar a la entidad demandada pagar a favor del señor Jhon Fredy Ramírez Hernández el valor equivalente a ocho (8) dotaciones de vestido y calzado que se debieron suministrar en las fechas: 30 de agosto de 2015, 30 de abril de 2016, 30 de agosto de 2016, 30 de diciembre de 2016, 30 de abril de 2017, 30 de agosto de 2017, 30 de diciembre de 2017, y 30 de abril de 2018. Para tales efectos, se deberá tener en cuenta el valor establecido por dicha entidad en cada vigencia fiscal al momento de la causación de la respectiva dotación. CUARTO: ORDENAR a título de restablecimiento del derecho a la Empresa Social del Estado Salud Pereira el reconocimiento y pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, por lo cual, la entidad accionada deberá completarlos al respectivo fondo de pensiones en el porcentaje que le correspondía durante el período en los que se demostró la existencia de la www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 10 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 66001-23-33-000-2021-00123-01 (1919-2024) Demandante: Jhon Fredy Ramírez Hernández relación laboral; esto es, desde el 1° de abril de 2014 al 30 de abril de 2018 tomando como base el valor de los honorarios pactados en cada contrato. La Empresa Social del Estado Salud Pereira deberá tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional del demandante, dentro de los periodos laborados por prestación de servicios mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2021-00123-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00123-01 (1919-2024)
Demandante: Jhon Fredy Ramírez Hernández
Demandado: E.S.E. Salud Pereira

Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades

Decisión: Modifica parcialmente la sentencia de primera instancia con
el fin de precisar el alcance del restablecimiento

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 25 de enero de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, mediante la cual
se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El señor Jhon Fredy Ramírez Hernández interpuso demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de
que se declare la nulidad del oficio R-824 de 24 de febrero de 2021, por medio
del cual se negó el reconocimiento y pago de prestaciones sociales derivadas de
una relación laboral.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) declarar la existencia de
una relación laboral entre las partes durante el período comprendido entre el 1.º
de abril de 2014 y el 20 de abril de 2018; ii) ordenar el reconocimiento y pago de
las diferencias existentes entre lo percibido por la demandante y la remuneración
correspondiente a un auxiliar de enfermería de planta, así como de las
prestaciones sociales1 dejadas de percibir durante dicho lapso, la indemnización
por la no consignación oportuna de cesantías y el pago compensatorio de la
dotación que debió suministrarse conforme a la ley; iii) ordenar el reintegro del
valor de los aportes a pensión que correspondían al empleador; y iv) condenar
en costas a la entidad demandada.

1
Auxilio de alimentación, auxilio de transporte, bonificación por servicios prestados, prima anual
de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías, intereses a las
cesantías.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 1
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00123-01 (1919-2024)
Demandante: Jhon Fredy Ramírez Hernández

3. Como hechos relevantes, indicó que suscribió múltiples contratos de
prestación de servicios con la entidad demandada, ejecutados entre el 1.º de abril
de 2014 y el 30 de abril de 2018, durante los cuales se desempeñó como auxiliar
de enfermería.

4. Como concepto de violación, sostuvo que los contratos de prestación de
servicios fueron ejecutados bajo condiciones de subordinación continuada y que
la entidad demandada contaba con personal de planta que desarrollaba las
mismas funciones que él desempeñaba. En consecuencia, afirmó que debía
aplicarse el principio constitucional de primacía de la realidad sobre las
formalidades, dado que entre las partes existió una verdadera relación laboral,
pese a la modalidad contractual utilizada.

Contestación de la demanda

5. La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda y
manifestó que los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes
no reunieron los elementos constitutivos de una relación laboral. Precisó, en
consecuencia, que no existió obligación jurídica de reconocer ni cancelar las
prestaciones sociales reclamadas, por cuanto la vinculación se mantuvo dentro
del marco contractual previsto en la ley.

6. Propuso como excepciones la inexistencia de la relación laboral,
inexistencia de causa para demandar y cobro de lo no debido, prescripción
trienal, interrupciones que dan lugar a la solución de continuidad, y la innominada.

Sentencia apelada

7. Mediante sentencia del 25 de enero de 2024, el Tribunal Administrativo de
Risaralda accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En
consecuencia, declaró no probada la excepción de prescripción, anuló la
Resolución R-824 del 24 de febrero de 2021, expedida por la E.S.E. Salud
Pereira, y declaró demostrada la existencia de una relación laboral entre las
partes durante el período comprendido entre el 1.º de abril de 2014 y el 30 de
abril de 2018.

8. A título de restablecimiento del derecho, ordenó reconocer y pagar al
demandante las prestaciones sociales legales correspondientes al cargo de
auxiliar de enfermería de planta causadas durante dicho período, liquidadas con
fundamento en la remuneración devengada por un servidor del mismo nivel
funcional, con exclusión de la prima de servicios y de las demás prestaciones
extralegales. Así mismo, dispuso que la entidad completara los aportes al sistema
general de pensiones únicamente en el porcentaje que le correspondía como
empleadora. Para tal efecto, ordenó calcular, mes a mes, el ingreso base de
cotización con fundamento en la remuneración de un auxiliar de enfermería de
planta, comparar ese valor con los aportes efectuados por el demandante como
contratista y trasladar al respectivo fondo de pensiones la diferencia a cargo de

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 2
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00123-01 (1919-2024)
Demandante: Jhon Fredy Ramírez Hernández

la entidad. A su vez, precisó que el actor debía acreditar las cotizaciones
realizadas y asumir el porcentaje que le correspondiera como trabajador en caso
de ausencia de pago o de existir diferencias en su contra.

9. Igualmente, indicó que el tiempo laborado mediante contratos de
prestación de servicios debía computarse para efectos pensionales. De otra
parte, negó las pretensiones relacionadas con la prima de servicios, las
diferencias salariales, las horas extras, los recargos dominicales y festivos y la
sanción moratoria por cesantías. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas
y dispuso el archivo del expediente una vez ejecutoriada la providencia, en caso
de no ser apelada.

10. Como fundamento de la decisión, consideró acreditado que el
demandante prestó sus servicios de manera personal a la E.S.E. Salud Pereira
como auxiliar de enfermería entre el 1.º de abril de 2014 y el 30 de abril de 2018
y que percibió una remuneración como contraprestación por dicha labor.

11. En cuanto al elemento de la subordinación, señaló que el Consejo de
Estado ha reconocido una presunción en las labores de enfermería, por tratarse
de actividades misionales y permanentes relacionadas directamente con la
prestación del servicio público esencial de salud. Añadió que se trata de
funciones continuas respecto de las cuales la ley restringe la utilización de
contratos de prestación de servicios.

12. A partir de la valoración conjunta de las pruebas documentales y
testimoniales, concluyó que el demandante ejecutó sus funciones bajo
condiciones de supervisión, direccionamiento y control por parte de la entidad.
En particular, encontró demostrado que las actividades desarrolladas
correspondían a procesos técnicos propios del área asistencial y eran ejecutadas
conforme a instrucciones impartidas por los responsables del servicio, en
condiciones que excedían la simple coordinación propia del vínculo contractual.
Por ello, concluyó que entre las partes existió una verdadera relación laboral.

13. Señaló que entre los contratos suscritos por el demandante no se
presentaron interrupciones superiores a treinta (30) días hábiles, motivo por el
cual no se configuró solución de continuidad en la ejecución del vínculo. En
consecuencia, concluyó que los derechos derivados de los contratos ejecutados
entre el 1.º de abril de 2014 y el 30 de abril de 2018 no se encontraban prescritos,
teniendo en cuenta que la reclamación administrativa fue presentada el 10 de
febrero de 2021.

14. En relación con los aportes al sistema de seguridad social, precisó que,
conforme a la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 9 de septiembre
de 2021, corresponde a la parte actora acreditar las cotizaciones efectivamente
realizadas durante la vigencia de los contratos. Indicó que, en caso de no haberse
efectuado tales aportes o de existir diferencias en su contra, será carga del
demandante cancelar o completar el porcentaje que le correspondía asumir como
trabajador. Añadió que el ingreso base de cotización debía determinarse con

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 3
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00123-01 (1919-2024)
Demandante: Jhon Fredy Ramírez Hernández

fundamento en la remuneración devengada por un auxiliar de enfermería de
planta de la entidad demandada.

15. Así mismo, explicó que la declaratoria de existencia de una relación
laboral, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades, da lugar al reconocimiento de prestaciones sociales y no de
conceptos de naturaleza salarial. En ese sentido, precisó que el régimen previsto
en el Decreto 1042 de 1978 resulta aplicable exclusivamente a los empleados
públicos del orden nacional, conforme a la interpretación efectuada por la Corte
Constitucional en la sentencia C-402 de 2013, razón por la cual no podía
extenderse íntegramente al caso concreto.

16. Con fundamento en lo anterior, concluyó que no procedía el
reconocimiento de la prima de servicios ni de diferencias salariales. Respecto de
la primera, indicó que, aunque el Decreto 2351 de 2014 reconoció dicha
prestación a los empleados públicos territoriales, esta conserva naturaleza
salarial conforme al artículo 42 del Decreto 1042 de 1978 y a los Decretos 1919
de 2002 y 2351 de 2014. En cuanto a las diferencias salariales, señaló que, en
los eventos de contrato realidad, únicamente procede el reconocimiento de
diferencias de carácter prestacional.

17. Finalmente, negó el reconocimiento de horas extras diurnas y nocturnas
y de recargos por trabajo dominical y festivo, por falta de prueba suficiente.
También descartó la procedencia de la sanción moratoria por cesantías, al
considerar que el reconocimiento derivado de la declaratoria de existencia de la
relación laboral tiene carácter indemnizatorio y que la mora solo puede
configurarse a partir de la ejecutoria de la sentencia que reconoce el vínculo
laboral.

Recurso de apelación

18. La parte demandante interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó
que se acceda al reconocimiento y pago de las diferencias salariales. En ese
sentido, sostuvo que durante el período acreditado desarrolló las mismas
funciones que los auxiliares de enfermería de planta, y que estuvo sometido a un
idéntico régimen funcional y operativo, incluso cumpliendo jornadas más
extensas, circunstancia que —a su juicio— quedó demostrada a través de la
prueba testimonial practicada en el proceso.

19. Afirmó que, al negar el reconocimiento de las diferencias salariales, la
sentencia de primera instancia incurrió en una discriminación salarial
injustificada, con lo que vulneró los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución
Política, así como lo dispuesto en el artículo 143 del Código Sustantivo del
Trabajo, que consagra el principio de igualdad salarial frente a trabajo de igual
valor.

20. En ese contexto, argumentó que, una vez reconocido el contrato realidad
y acreditada la identidad funcional entre el demandante y los auxiliares de

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 4
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00123-01 (1919-2024)
Demandante: Jhon Fredy Ramírez Hernández

enfermería de planta, la negativa a reconocer las diferencias salariales y la prima
de servicios vulnera el principio constitucional de «a igual trabajo, igual salario»,
genera una situación de trato discriminatorio en perjuicio del trabajador y legitima
el aprovechamiento indebido por parte de la entidad pública demandada.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

21. Por auto de 25 de julio de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia.

22. Las partes procesales no se pronunciaron sobre los recursos de apelación
y el Ministerio Público no presentó concepto.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

23. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico

24. Corresponde a la Sala determinar si le asiste razón a la parte demandante
en los reproches formulados contra la sentencia de primera instancia. Para tal
efecto, deberá establecer si, a título de restablecimiento del derecho, procede el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y de la prima de servicios con
fundamento en la remuneración devengada por los auxiliares de enfermería de
planta.

Estudio del cargo de la apelación

25. La Sala modificará parcialmente la decisión apelada, en el sentido de
establecer la liquidación en concreto y señalar las bases sobre las cuales se debe
restablecer el derecho.

26. Solo para efectos de determinar esa suma, se recuerda que el
demandante suscribió los siguientes contratos de prestación de servicios con la
entidad demandada, en el cargo de auxiliar de enfermería2:

Contrato u orden de Interrupción
Duración Honorarios
prestación de servicios
1° de abril al 30 de junio de $ 3.101.577 Sin
094 de 2014 y adición
2014 $1.368.343 interrupción
1° de julio al 31 de diciembre $5.473.372 Sin
536 de 2014 y adición
de 2014 $2.417.406 interrupción
1° de enero al 28 de febrero de Sin
136 de 2015
2015 $2.736.686 interrupción
1° de marzo al 30 de junio de 3 días hábiles
373 de 2015 $5.473.372
2015

2
Índice 1 y 13 SAMAI del Tribunal.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 5
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00123-01 (1919-2024)
Demandante: Jhon Fredy Ramírez Hernández

5 de julio al 6 de noviembre de $2.554.240 Sin
865 de 2015 y adición
2015 $2.554.240 interrupción
7 de noviembre al 31 de $1.368.343 Sin
1122 de 2015 y adición
diciembre de 2015 $1.094.674 interrupción
1° de enero al 29 de febrero de $1.368.343 Sin
76 de 2016 y adición
2016 $1.368.343 interrupción
1° de marzo al 15 de agosto de $5.473.372 Sin
228 de 2016 y adición
2016 $2.052.515 interrupción
16 de agosto al 31 de $5.473.372 Sin
935 de 2016 y adición
diciembre de 2016 $738.000 interrupción
1° de enero al 30 de marzo de Sin
77 de 2017 $4.291.200
2017 interrupción
1° de abril al 30 de septiembre 8 días hábiles
289 de 2017 $8.582.400
de 2017
11 de octubre al 26 de 3 días hábiles
800 de 2017 $3.576.000
diciembre de 2017
$5.800.0004
1° de enero al 30 de abril de
046 de 2018 (valor
20183
ejecutado)

27. En relación con el restablecimiento del derecho, la Sala advierte que una
condena fundada en lo percibido por el personal de planta plantea serias
dificultades de ejecución y genera incertidumbre respecto de su alcance.

28. En efecto, no resulta claro quién debe definir, ni con base en qué criterios,
el servidor público con el cual deba efectuarse la equiparación. Si tal
determinación se difiere a la entidad demandada, surgen interrogantes
relevantes: si debe acudirse al contenido de los contratos para identificar
funciones equivalentes; si la comparación debe atender al perfil profesional de la
demandante; o si deben considerarse factores como la experiencia, la formación
o el monto de los honorarios percibidos.

29. Además, existen diferencias sustanciales entre la situación de los
empleados públicos y la de quienes se vinculan como contratistas. Los primeros
acceden al servicio mediante concurso de méritos y quedan sometidos a un
régimen jurídico especial en materia de permanencia, situaciones
administrativas, causales de retiro y responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal.
A ello se suma que su remuneración se define conforme a escalas y factores
establecidos dentro del sistema legal y reglamentario propio de la función pública,
el cual responde a criterios de carrera administrativa, nivel de responsabilidad y
organización de la administración.

30. En esas condiciones, aunque el contratista pueda desarrollar actividades
similares a las asignadas al personal de planta, ello no conduce automáticamente
a una equiparación plena de carácter salarial, pues ambas formas de vinculación
obedecen a fundamentos constitucionales y legales distintos. Por esa razón, la
aplicación del principio de primacía de la realidad permite reconocer las
consecuencias prestacionales derivadas de la desnaturalización de los contratos,

3
Fecha inicial del contrato del 1° de enero al 31 de julio de 2018, pero el 30 de abril el actor
presentó renuncia.
4
El valor inicial del contrato ascendió a diez millones ciento cincuenta mil pesos ($10.150.000), y
el valor ejecutado se estableció con base en las afirmaciones contenidas en la demanda y en su
contestación.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 6
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00123-01 (1919-2024)
Demandante: Jhon Fredy Ramírez Hernández

pero no supone incorporar al contratista a la planta de personal ni extender
integralmente el régimen retributivo previsto para los servidores públicos.

31. Además, debe destacarse que aun en los escenarios en los que una
eventual equivalencia funcional pudiera considerarse acreditada, la orden de
nivelación implicaría superar el análisis pormenorizado de la estructura de cargos
de la entidad. En el presente caso no se demostró el cumplimiento integral de las
funciones del cargo frente al cual se reclama la nivelación, ni se aportó un medio
probatorio idóneo que permita establecer la estructura y escala salarial aplicable
al momento de la vinculación. En particular, no existe certeza sobre el código,
denominación ni nomenclatura del cargo tomado como referente, a lo cual se
suma, sin que se acreditara de manera completa su grado, nivel o régimen
salarial.

32. En mérito de lo expuesto, se concluye que no se configura el derecho a la
nivelación salarial pretendida por el actor, al no acreditarse los presupuestos
fácticos y jurídicos exigidos para su procedencia, razón por la cual se mantendrá
la negativa a dicho reconocimiento.

33. Ahora bien, la Sala considera que le asiste parcialmente la razón al
demandante en su reproche relativo a la prima de servicios, puesto que la
jurisprudencia de esta Subsección5 ha precisado que cuando se declara la
desnaturalización de los contratos en el marco del principio de primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral,
el contratista tiene derecho a los emolumentos mínimos del régimen general
consagrados en los Decretos 1042 de 1978 y 1045 de 1978, liquidados con base
en los honorarios pactados6, que la contemplan.

34. En ese sentido, es necesario poner de presente que el Decreto 2351 de
2014 estableció que los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del nivel
territorial tendrían derecho a dicho emolumento a partir del año 2015, por lo que,
teniendo en cuenta que el demandante estuvo vinculado a la entidad demandada
entre el 1.º de abril de 2014 y el 30 de abril de 2018, su reconocimiento se
realizará a partir del 1° de enero de 2015.

35. Ahora bien, en atención a los conceptos que se reconocieron en la
sentencia de primera instancia, la Sala establecerá la forma de restablecer el
derecho, de acuerdo con los parámetros que ha fijado al respecto.

36. En consecuencia, el demandante tiene derecho a que se le reconozcan y
paguen los siguientes: auxilio de transporte, subsidio de alimentación, cesantías,
intereses sobre las cesantías, prima de servicio7, prima de navidad, vacaciones,

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 20 de marzo de 2025, expediente 05001-23-33-000-2016-00363-01 (0404-2021).
6
En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2025, expediente 25000-23-42-000-2013-
06872-01 (0121-2019).
7
El Decreto 2351 de 2014 estableció que los empleados públicos del nivel territorial serían
beneficiarios de la prima especial de servicios a partir del 1.° de enero de 2015.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 7
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00123-01 (1919-2024)
Demandante: Jhon Fredy Ramírez Hernández

prima de vacaciones y bonificación por servicios prestados desde el año 20168,
causados durante los siguientes períodos: 1.º de abril de 2014 y el 30 de abril de
2018.

37. En lo que respecta al auxilio de transporte y al auxilio de alimentación, se
precisa que su reconocimiento resulta procedente respecto de los contratos 865
de 2015 y su adición, 76 de 2016 y su adición, 228 de 2016 y su adición, 935 de
2016 y su adición, 77 de 2017, 289 de 2017 y 046 de 2018.

SALA INTER PRIM
RIO AUXILI AUXILI TOTA CESA ES A DE
Desde IPC IPC #
PROM AUXILI O DE AUXILI O DE L NTIA SOBR PRIMA SERVI
# Dias meses
ED. O DE TRAN O DE ALIME ANUA CESA E LA DE CIO
por compl
MENS TRAN SPT. ALIME NT L NTIA CESA SERVI
año por
INICIA UAL SPT. INDEX NT INDEX SALA INDEX NTIA CIO INDEX
Año FINAL año
L POR ADO ADO RIOS ADA INDEX ADA
AÑO ADA
094 de
1.489.
2014 y 91 3 0 0 0 0 4.519. 388.52 757.37
973
adición 158,17 81,14 585 8 6 22.974 0 0
536 de
1.315.
2014 y 184 6 0 0 0 8.066. 715.09 1.383.
129
adición 158,17 81,73 125 6 907 84.880 0 0
136 de 1.368. 2.691. 230.51 439.28 114.02 217.30
59 2 0 0 0
2015 158,17 83 343 075 3 1 8.639 9 0
373 de 1.368. 5.564. 490.04 917.81 228.05 427.13
122 4 0 0 0
2015 158,17 84,45 343 595 0 6 37.325 7 8
865 de
1.255. 137.10
2015 y 125 4,07 74.000 49.767 92.206 5.229. 461.68 855.38 212.85 394.36
154 4
adición 158,17 85,37 808 3 6 35.641 3 6
1122
de 1.360.
55 1,81 0 0 0 0
2015 y 782 2.494. 213.18 385.31 102.62 185.49
adición 158,17 87,51 767 2 6 7.064 6 1
76 de
137.79
2016 y 60 2 1.368. 77.700 53.634 95.115 2.736. 236.35 419.15 123.53 219.07
4
adición 158,17 89,19 343 686 3 0 8.383 1 0
228 de
1.363. 134.78
2016 y 168 5,52 77.700 53.634 93.039 7.634. 703.50 1.220. 385.70 669.07
385 6
adición 158,17 91,18 956 5 370 68.341 2 7
935 de
1.374. 132.60
2016 y 138 4,52 77.700 53.634 91.533 6.321. 571.77 975.80 307.54 524.87
197 5
adición 158,17 92,68 306 6 6 44.887 9 1
77 de 1.444. 139.79 4.286. 376.75 633.47 200.92 337.83
89 2,97 83.140 57.255 96.269
2017 158,17 94,07 848 2 382 3 5 18.793 6 9
289 de 1.430. 137.11 8.725. 811.29 1.337. 447.00 737.17
183 6 83.140 57.255 94.422
2017 158,17 95,91 400 0 440 0 939 81.614 0 0
800 de 1.413. 136.45 3.627. 316.38 519.27 164.70 270.33
77 2,53 83.140 57.255 93.971
2017 158,17 96,37 438 6 824 5 5 13.328 7 0
046 de 1.450. 143.05 5.800. 519.52 842.53 281.94 457.24
120 4 88.211 60.170 97.581
2018 158,17 97,53 000 7 000 1 7 33.701 4 5

BONIFI
SALARI
PRIMA PRIMA BONIFI CA-
O
# PRIMA DE VACACI PRIMA DE CA- CIÓN
Desde IPC IPC PROME
# Dias meses DE NAVIDA VACACI ON DE VACACI CIÒN POR
D.
por año complp NAVIDA D ON VACACI ON POR SERVIC
MENSU
or año D ON SERVIC IO
AL POR
INDEXA INDEXA INDEXA IO INDEXA
Año FINAL INICIAL AÑO
DA DA DA DA
094 de
1.489.97
2014 y 91 3
3
adición 158,17 81,14 376.417 733.766 188.316 367.093 188.316 367.093 0 0
536 de
1.315.12
2014 y 184 6 1.299.66
9
adición 158,17 81,73 671.568 9 336.089 650.424 336.089 650.424 0 0
136 de 1.368.34
59 2
2015 158,17 83 3 231.209 440.606 112.907 215.162 112.907 215.162 0 0
373 de 1.368.34
122 4
2015 158,17 84,45 3 468.979 878.371 235.078 440.288 235.078 440.288 0 0
865 de
1.255.15
2015 y 125 4,07
4
adición 158,17 85,37 438.576 812.575 242.475 449.249 242.475 449.249 0 0
1122 de
1.360.78
2015 y 55 1,81
2
adición 158,17 87,51 207.856 375.689 104.602 189.063 104.602 189.063 0 0
76 de
2016 y 60 2 1.368.34
adición 158,17 89,19 3 233.115 413.408 126.623 224.554 126.623 224.554 114.029 202.219
228 de
1.363.38
2016 y 168 5,52 1.158.52
5
adición 158,17 91,18 667.853 6 362.365 628.595 362.365 628.595 313.579 543.965
935 de
1.374.19
2016 y 138 4,52
7
adición 158,17 92,68 544.733 929.655 297.606 507.902 297.606 507.902 258.807 441.687
77 de 1.444.84
89 2,97
2017 158,17 94,07 8 369.554 621.371 199.865 336.055 199.865 336.055 178.800 300.636
289 de 1.430.40 1.263.36
183 6
2017 158,17 95,91 0 766.070 5 416.286 686.518 416.286 686.518 357.600 589.736

8
El Decreto 2418 de 2015 estableció que los empleados públicos del nivel territorial serían
beneficiarios de la bonificación por servicios prestados a partir del 1.° de enero de 2016.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 8
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00123-01 (1919-2024)
Demandante: Jhon Fredy Ramírez Hernández

800 de 1.413.43
77 2,53
2017 158,17 96,37 8 306.480 503.019 168.970 277.326 168.970 277.326 149.000 244.550
046 de 1.450.00
120 4
2018 158,17 97,53 0 505.480 819.766 273.669 443.825 273.669 443.825 241.667 391.925

TOTAL AUXILIO AUXILIO CESAN INTERE PRIMA PRIMA VACACI PRIMA
BONIFI
PREST DE DE TIAS S DE DE ONES DE
CACIÒN $
ACIONE TRANS ALIMEN INDEXA CESAN SERVIC NAVIDA INDEXA VACACI
POR 41.242.5
S PORTE TO DA TIA IO D DAS ONES
SERVIC 50
SOCIAL INDEXA INDEXA INDEXA INDEXA INDEXA INDEXA
IOS
ES DO DO DO DA DA DA
INDEXA
INDEXA DA
DAS $ $ $ $ $ $ $ $ $
1.098.70 754.137 10.687.6 465.570 4.439.89 10.549.7 5.416.05 5.416.05 2.714.71
4 34 7 87 2 2 7

38. En cuanto a la dotación de vestido y calzado, de conformidad con la Ley
70 de 1988 y el Decreto 1978 de 1989, y teniendo en cuenta que el actor devengó
remuneraciones mensuales inferiores a dos (2) salarios mínimos legales
mensuales durante algunos de los períodos de ejecución de los contratos de
prestación de servicios, la Sala ordenará a la entidad accionada reconocer y
pagar a favor del actor la compensación en dinero correspondiente a las
dotaciones de vestido y calzado causadas en esos lapsos, teniendo en cuenta el
valor establecido por dicha entidad en cada vigencia fiscal al momento de la
adquisición de cada dotación, así:

i) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2015.
ii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2016.
iii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2016.
iv) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2016.
v) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2017.
vi) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2017.
vii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2017.
viii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2018.

39. En cuanto a la prescripción extintiva, la Sala considera acertada la decisión
adoptada por el Tribunal, puesto que entre los contratos de prestación de
servicios no se presentaron interrupciones superiores a treinta (30) días hábiles.
En consecuencia, para estos efectos no existió solución de continuidad entre el
1.º de abril de 2014 y el 30 de abril de 2018. Así, no se configuró el fenómeno
prescriptivo, toda vez que la reclamación administrativa fue presentada el 10 de
febrero de 2021, dentro de los tres (3) años siguientes a la finalización del último
suscrito entre las partes, y la demanda se promovió poco tiempo después, el 18
de mayo del mismo año.

Condena en costas

40. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 9
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00123-01 (1919-2024)
Demandante: Jhon Fredy Ramírez Hernández

41. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.

42. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

43. En este contexto, no procede la condena en costas en esta instancia, toda
vez que el recurso de apelación prospera parcialmente, circunstancia que impide
considerar que alguna de las partes haya resultado vencida en el proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR los ordinales TERCERO y CUARTO de la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia del 25 de septiembre de 2024, los
cuales quedarán de la siguiente manera:

TERCERO: ORDENAR a título de restablecimiento del derecho a la Empresa
Social del Estado Salud Pereira el reconocimiento y pago al señor Jhon Fredy
Ramírez Hernández la suma de cuarenta y un millones doscientos cuarenta y dos
mil quinientos cincuenta pesos ($ 41.242.550) por el periodo comprendido entre
el 1° de abril de 2014 al 30 de abril de 2018, por concepto de las prestaciones
sociales incluidas en la liquidación realizada en la parte motiva de esta
providencia.

Adicionalmente, condenar a la entidad demandada pagar a favor del señor Jhon
Fredy Ramírez Hernández el valor equivalente a ocho (8) dotaciones de vestido y
calzado que se debieron suministrar en las fechas: 30 de agosto de 2015, 30 de
abril de 2016, 30 de agosto de 2016, 30 de diciembre de 2016, 30 de abril de
2017, 30 de agosto de 2017, 30 de diciembre de 2017, y 30 de abril de 2018. Para
tales efectos, se deberá tener en cuenta el valor establecido por dicha entidad en
cada vigencia fiscal al momento de la causación de la respectiva dotación.

CUARTO: ORDENAR a título de restablecimiento del derecho a la Empresa
Social del Estado Salud Pereira el reconocimiento y pago de los aportes al
sistema de seguridad social en pensiones, por lo cual, la entidad accionada
deberá completarlos al respectivo fondo de pensiones en el porcentaje que le
correspondía durante el período en los que se demostró la existencia de la

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 10
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00123-01 (1919-2024)
Demandante: Jhon Fredy Ramírez Hernández

relación laboral; esto es, desde el 1° de abril de 2014 al 30 de abril de 2018
tomando como base el valor de los honorarios pactados en cada contrato.

La Empresa Social del Estado Salud Pereira deberá tomar el ingreso base de
cotización o IBC pensional del demandante, dentro de los periodos laborados por
prestación de servicios mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes
realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo
fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en
el porcentaje que le correspondía como empleador.

El tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicio, se
debe computar para efectos pensionales.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
ACPC

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 11
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.