Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00363-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00363-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-00363-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
20 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00363-01 (0404-2021)
Demandante: Alba Lucia Restrepo Ramírez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Temas: Relación laboral encubierta – Instrumentadora Quirúrgica –
MODIFICA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia proferida el doce (12) de febrero de dos mil veinte (2020) por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora Alba Lucia Restrepo Ramírez instauró demanda, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo, en
contra del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el fin de que se
acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del acto administrativo No. S-2015 014785/ DISAN
ASJUR 4-22 del 27 de febrero de 2015 y, en consecuencia, que entre las partes
existió un vínculo laboral desde el 1 de octubre de 2001 hasta el 10 de noviembre
de 2014.
A título de restablecimiento del derecho, se condene a reconocer y pagar las sumas
debidamente indexadas por concepto de prestaciones sociales que dejó de percibir
durante el periodo mencionado, incluyendo las respectivas sanciones e
indemnizaciones por su no pago.
Que se reconozcan y paguen los aportes a seguridad social y ARL con su debido
calculo actuarial y liquidados con base en los valores pactados en los respectivos
contratos.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
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Que prestó sus servicios al Ministerio de Defensa – Policía Nacional a través de
contratos continuos de prestación de servicio desde el 1 de octubre de 2001 hasta
el 10 de noviembre de 2014 como instrumentadora quirúrgica de manera personal,
directa y subordinada.
Que, durante la ejecución de estos, estuvo sometida a las ordenes laborales de los
jefes especialistas médicos y algunos militares en cuanto al modo, tiempo, calidad,
lugar y de conformidad con los reglamentos de la Policía Nacional.
Que, entre los 24 contratos de prestación de servicios suscritos no existió diferencia
en su objeto, por lo que durante el periodo de vinculación cumplió con idéntica
misión como contratista, sin que le fueran reconocidas las diferentes prestaciones
que por ley les concierne a los servidores de planta.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 10 de mayo de 2016 y notificada a la
entidad demandada, quien manifestó que no existió vínculo laboral entre las partes
pues los contratos celebrados no son contrarios a derecho.
Que, la ejecución de los contratos debió ser supervisada o intervenida con el fin de
garantizar la prestación del servicio de salud a los usuarios, por lo que las
actividades desarrolladas debían estar de acuerdo con los parámetros establecidos
por el ente público y, en consecuencia, el cumplimiento de horarios no acredita que
la demandante ostente la calidad de empleado público.
Que, el objeto del contrato no era posible realizarlo con el personal de nómina pues
la entidad no disponía de cargos para el nombramiento, ni con personal idóneo que
desempeñara la especialidad de instrumentador quirúrgico.
Propuso como excepciones la inexistencia del acto administrativo, inexistencia de
una relación laboral, existencia de la terminación legal del contrato, falta de causa
para demandar, inexistencia de obligación de pago e innominada o genérica.
Se celebró audiencia inicial el 20 de abril de 2017, en la cual se fijó el litigio, se
decretaron las pruebas solicitadas y se programó audiencia para su práctica. Luego
de agotado el periodo probatorio se dio traslado a las partes para que alegaran de
conclusión y se dictó sentencia, la cual fue apelada dentro del término oportuno por
la entidad demandada.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 12 de febrero de
2020, accedió parcialmente a las pretensiones considerando que la demandante
prestó sus servicios bajo la imposición de órdenes y en el cumplimiento de horarios
con el fin de desarrollar una labor permanente que suple funciones inherentes a la
naturaleza de la entidad.
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Que, según los testimonios practicados la labor que despeñaba la demandante
consistía en asistir a todos los procedimientos quirúrgicos que el jefe de cirugía
considerara, impidiéndole enviar a una persona distinta a prestar sus servicios pese
a que el personal de la clínica tenía permitido cambiar los turnos.
Que prestó sus servicios mediante múltiples contratos de prestación de servicios
bajo la continua subordinación de los jefes de cirugía a través del suministro de
uniformes requeridos en el quirófano y en el cumplimiento de horarios, probando
plenamente la dependencia.
Consideró que el fenómeno prescriptivo no operó, pues la finalización del último
contrato fue el 10 de noviembre de 2014 y la actora presentó reclamación
administrativa dentro de los 3 años siguientes.
Declaró la existencia de la relación laboral entre las partes desde el 1 de octubre de
2001 al 10 de noviembre de 2014 y el consecuente reconocimiento de los derechos
laborales incluyendo los dineros que a título de aportes a la seguridad social le
hubiera correspondido efectuar a la parte demandada como empleadora y que la
demandante asumió de su propio patrimonio debidamente indexadas, negó las
demás pretensiones y no condenó en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada interpuso recurso de apelación argumentando que la
demandante firmó contratos de prestación de servicios profesionales con el objeto
de fungir como instrumentadora quirúrgica y recibía remuneración como honorarios
y no salario.
Que del acervo probatorio no emerge la subordinación laboral pues la demandante
recibía instrucciones que eran necesarias para coordinar la debida ejecución de los
contratos por parte del supervisor y entre estas se encontraba la fijación de turnos.
Que los contratos estaban pactados bajo plazos que a su cumplimiento extinguían
las obligaciones recíprocas entre las partes, por lo cual no existe continuidad, de tal
forma que el derecho a reclamar el vínculo laboral prescribió respecto a los que
cuenten con antigüedad superior a los 3 años contados a partir de la fecha de la
reclamación.
TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Por auto del quince (15) de marzo de dos mil veintiuno (2021), se admitió el recurso
y de conformidad con el art. 247 de la ley 1437 de 2011, se dio traslado por el
término de 10 días para la presentación de los alegatos de conclusión y, se corrió
el mismo término para el Ministerio Público.
La parte demandante solicitó que se acojan sus pretensiones, argumentando que
el contrato de prestación de servicios es un instrumento transitorio que no debe ser
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utilizado con carácter de permanencia, cuestión que no ocurrió con su apoderada
ya que por más de 13 años cumplió a favor y entero servicio de la entidad tareas
como instrumentadora quirúrgica mediante 24 contratos sucesivos sin ser
reconocidas prestaciones que por ley le conciernen.
Que era vigilada en desarrollo de sus actividades al servicio del contratante, estaba
sometida a una disponibilidad laboral en la que cumplía horario recibiendo
compensación económica.
La parte demandada y el Ministerio Publico guardaron silencio.
Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La sala deberá verificar, si entre las partes existió un vínculo laboral derivado de la
prestación de servicios y, si como consecuencia de ello, la actora tiene derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión a esa
relación.
Marco normativo y jurisprudencial
Para decidir de fondo el asunto, es necesario realizar un análisis de las
generalidades del contrato de prestación de servicios y el concepto de relación
laboral.
El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la Ley
80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:
«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».
En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la relación
sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad la desnaturalización
del vínculo contractual y, de esta manera, si entre el actor y la entidad demandada
existió una relación de tipo laboral.
La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia o
subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el elemento
de la remuneración.
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Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación laboral
ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la sentencia
C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa claramente
las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios, dice al
respecto:
«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de
prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure
se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada
subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo.
En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente
desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el
elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad
de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son
bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias
y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como
por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en
el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la
administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada,
así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio,
se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones
sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación
de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del
contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas para
resaltar).
De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al
pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad
sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución.
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Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:
«2.3.3.2. Subordinación continuada
102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el
cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de
trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación
del servicio.2
103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida- ha
considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que
permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las siguientes:
104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado
por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo,
ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por
lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las
modalidades permitidas para los empleados de planta.
105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea
simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en
el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de
jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del
cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia
de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.
106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de
reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,3 la
dirección y control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de
los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de
la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su
inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de
manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así,
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cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia,
imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje
de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio
personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización
de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma
permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente,
siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los
elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona
que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes
perentorias y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá
acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada
se enmarca en el objeto misional de la entidad.
108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de actividades
o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en este caso la de
abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación laboral, pues, en la
práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el
objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del contrato de prestación
de servicios sí exige que las funciones del contratista sean desarrolladas con
un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la necesidad de coordinación con
la entidad contratante que, en ningún caso, puede servir de justificación para
ejercer comportamientos propios de la subordinación laboral.
(…)
3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993.
131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados, es
esencialmente temporal; por lo tanto, este tipo de contratos, cuando se
suscriben con personas naturales, no pueden concatenarse indefinidamente en
el tiempo.
132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta
donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de
los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para
su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el tiempo
necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe estar sujeto
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al principio de planeación, que encuentra su manifestación práctica «en la
elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio jurídico, pues
es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones que
justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».
133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución de
los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones imprevistas que
exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo estimado, ab initio,
como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede resultar insuficiente. En
cualquier caso, las mismas razones que en su momento justificaron la
planeación del contrato inicial y la suscripción de los contratos modificatorios
del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en los mencionados estudios
previos.
134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla a
cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan,
sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para
garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).
Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación
laboral como son: una actividad personal, un salario y la subordinación. Así lo
ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado en varias oportunidades:
“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir
esa carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un
contrato de prestación de servicios.
42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto
administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se
prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad personal
del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del trabajador y (iii)
remuneración como retribución del trabajo prestado, para que se pueda
configurar un contrato de trabajo»1.
Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación por
parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su calidad, tales
como las prestaciones sociales.
Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
1 Sentencia del 28 de octubre 2021, Radicación número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
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existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por ello
se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Constitución Política.
Resolución al caso concreto
Con relación a las pruebas documentales es posible establecer que la demandante
estuvo vinculada con la Policía metropolitana del Valle de Aburra como
instrumentador quirúrgico mediante contratos de prestación de servicios desde el 1
de octubre de 2001 hasta el 10 de noviembre de 2014 así:
Duración o plazo en Objeto Valor total
No. Contrato
días contrato.
Prestar los servicios como
De 01/10/2001 a INSTRUMENTADOR
12-7-20292 de 2001 15/12/2001 QUIRURGICO en los procesos $2.389.298
75 días asistenciales de la clínica
Regional Valle de Aburra,
ubicada en la calle 48C sur
De 16/12/2001 a
No.43-10 del municipio de
12-7-20520 de 2001 30/04/2002 $4.549.716
Envigado Antioquia, por tiempo
135 días
completo.
De 01/05/2002 a
Prestar los servicios como
65-7-20056 de 2002 30/11/2002 $7.070.000
INSTRUMENTADOR
213 días
QUIRURGICO en la Policía
De 02/12/2002 a
Nacional – Seccional de
65-7-20574 de 2002 30/04/2003 $5.050.000
Sanidad Antioquia.
149 días
De 01/05/2003 a Prestar los servicios como
65-7-20263 de 2003 30/06/2003 INSTRUMENTADOR $2.020.000
60 días QUIRURGICO con oportunidad,
eficiencia y eficacia en la
De 01/07/2003 a
65-7-20478 de 2003 Seccional de Sanidad
15/01/2004 $5.555.000
Con adición 004 Antioquia, o donde esta crea
198 días
conveniente.
De 16/01/2004 a
65-7-20087 de 2004 15/11/2004 Prestar sus servicios como $10.100.000
304dias instrumentador quirúrgico,
con idoneidad, ética,
oportunidad y efectividad en la
De 06/12/2004 a seccional de sanidad Antioquia
65-7-20746 de 2004 28/02/2005 o donde la policía nacional $3.116.667
84 días seccional sanidad Antioquia
cea conveniente y sujeto al
cumplimiento de las
De 01/03/2005 a obligaciones estipuladas en la
65-7-20110 de 2005 15/11/2005 cláusula segunda2 para atender $9.350.000
259 días a los usuarios del subsistema
de salud de la policía nacional –
De 16/11/2005 a seccional Antioquia.
65-7-20650 de 2005 30/01/2006 $4.000.000
75 días
De 02/02/2006 a Prestar sus servicios
65-7-20031 de 2006 con
16/12/2006 profesionales como $17.173.333
adición 001 de 2006
317 días INSTRUMENTADORA
De 19/01/2007 a QUIRURGICA del área de
65-7-20009 de 2007 31/12/2007 cirugía o en el área o servicio $18.240.000
346 días que determine el contratante,
De 04/02/2008 a de acuerdo con sus
65-7-20024 de 2008 03/06/2008 necesidades y programación $7.040.000
120 días establecida, con oportunidad,
2 Refiere a las obligaciones del contratista.
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00363-01 (0404-2021)
De 04/06/2008 a eficiencia e idoneidad en la
65-7-20442 de 2008 con Seccional Sanidad Antioquia.
28/03/2009 $17.306.667
adición 001 de 2009
297 días
De 01/04/2009 a
65-7-20250 de 2009 15/12/2009 $14.960.000
258 días
De 16/12/2009 a Prestar servicios profesionales
65-7-20763 de 2009 30/03/2010 como INSTRUMENTADOR $6.468.000
104 días QUIRURGICO o en el área y/o
servicio que determine el
contratante de acuerdo con sus
De 01/04/2010 a necesidades y programación
65-7-20184 de 2010 30/10/2010 establecida con oportunidad, $12.860.000
212 días eficiencia, eficacia e idoneidad
en la Seccional Sanidad
Antioquia.
Prestar sus servicios
profesionales y de apoyo a la
gestión como
INSTRUMENTADOR
QUIRURGICO o en el área y/o
De 01/11/2010 a
65-7-20521 de 2010 servicio que determine el
07/06/2011 $13.367.200
Con adición 01 de 2011 contratante de acuerdo con sus
218 días
necesidades y programación
establecida con oportunidad,
eficiencia, eficacia e idoneidad
en la Seccional Sanidad
Antioquia.
Prestación de servicios como
INSTRUMENTADORA
QUIRURGICA, para el
desarrollo de las actividades
descritas en la justificación
hecha por parte de la
dependencia que requiere los
servicios, según formatos
De 08/06/2011 a establecidos para tal fin, los
65-7-20232 de 2011 07/12/2011 cuales forman parte integral del $11.088.00
182 días presente contrato con
oportunidad, eficiencia y
eficacia en las condiciones que
determine el contratante, de
acuerdo con sus necesidades y
programación establecida, para
la atención y beneficio de los
usuarios del Subsistema de
Salud de la Policía Nacional.
Prestación de servicios como
INSTRUMENTADORA
De 08/12/2011 a
QUIRURGICA, por un tiempo
65-7-20706 de 2011 31/03/2012 $7.136.546
no inferior a 44 horas
114 días
semanales y mínimo 190 horas
mensuales.
Prestación de sus servicios
De 01/04/2012 a profesionales y de apoyo a la
65-7-20055-12 31/12/2012 gestión como $16.205.947
274 días INSTRUMENTADOR
QUIRURGICO
De 08/02/2013 a Prestación de servicios
65-7-20018-13 30/11/2013 profesionales y de apoyo a la $19.065.820
295 días gestión como
De 01/12/2013 a INSTRUMENTADOR
65-7-20607-13 25/04/2014 QUIRURGICO para lo cual el $7.600.906
145 días contratista se acoge a los
honorarios, necesidades y
De 26/04/2014 a cuadros de turno establecidos
65-7-20155-14 10/11/2014 en la institución y en donde la $12.888.492
198 días Seccional Sanidad Antioquia lo
requiera.
Teniendo en cuenta los argumentos de la apelación de la parte demandada, se
10
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00363-01 (0404-2021)
procederá a realizar el análisis de los tres elementos que configuran una relación
laboral, es decir, la prestación personal, la remuneración como contraprestación y
la subordinación.
En cuanto a la prestación personal es claro, que la señora Alba Lucia Restrepo
Ramírez fue contratada mediante contratos de prestación de servicios por la Policía
Nacional – Sanidad Antioquia con el objetivo de prestar sus servicios como
instrumentadora quirúrgica para los usuarios del subsistema de salud de la policía
nacional – seccional Antioquia en las instalaciones de la clínica Regional Valle de
Aburra.
Que por la naturaleza propia de la actividad la ejecución de estos debía ser realizada
de manera personal, pues la función ejercida por la accionante no podía ser
remplazada por otra persona.
Del mismo modo, se tiene constancia de la remuneración, pues la demandante
recibía mensualmente lo que era pactado en cada contrato.
En cuanto a la subordinación, es claro que los servicios prestados como
instrumentadora quirúrgica deben ser realizados dentro de la institución hospitalaria
y acogiéndose a la disponibilidad horaria de sus salas de cirugía, pues es allí donde
surge la necesidad del servicio; sin embargo, la sala encuentra que dentro de la
relación contractual se desarrollaron situaciones en las que el contratista superó sus
facultades y generó una relación laboral con la demandante.
Por un lado, al analizar los testimonios, se encuentra que el doctor Luis Fernando
Zapata Mendoza quien desde el año 1998 trabaja como anestesiólogo en la Clínica
de Medellín y desde el año 2000 conoce a la accionante, manifestó que ella asistía
al cirujano como instrumentadora quirúrgica y que “cuando ocupó el cargo de jefe
de cirugía Alba era una de sus subordinadas”.
Adicionalmente reveló que los turnos que cumplía la demandante eran notificados
uno o dos días antes de empezar el mes y que “el jefe de cirugía llega a las 6:30 o
6:40 y está supervisando el cumplimiento de esos turnos”.
El doctor Víctor Raúl Guevara Saldaña médico cirujano, especialista en gerencia de
IPS quien desde el 2007 y por 6 años fue coordinador del servicio de cirugía y
médico general de las garantías quirúrgicas de la policía, que además trabajó
durante todo ese tiempo con la señora Alba Lucia Restrepo Ramírez, manifestó que
las labores que la accionante desempeñaba no gozaban de independencia pues
“ella no podía laborar en la hora que quisiera y el día que quisiera”.
Afirmó que los horarios que debía cumplir se daban a través de la publicación
mensual de cuadros de turnos, los cuales “se diseñaban a través de las necesidades
de la institución”, que los contratistas “hacían solicitudes de algunos días que
pidieran el favor de no ser llamados a trabajar” y que en dado caso la accionante no
pudiera asistir “debía justificar su ausencia o no se le reconocían sus honorarios”.
Que la clínica contaba con 7 instrumentadores quirúrgicos, pero solo uno estaba
vinculado “Raúl Sáenz, que tenía las mismas funciones que los demás contratistas,
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pero el señor Sáenz pertenecía a la policía” afirmó que “en las reuniones de la
policía estaban incluidos los contratistas”.
La testigo Luz Estella Mejía Molina quien prestó sus servicios como contratista por
8 años como auxiliar de enfermería para la clínica y realizaba sus turnos en
compañía de la demandante manifestó que “la señora Alba tenía que hacer caso a
lo que decían en la clínica” y que “hacían reuniones para actualizarse en sus
labores”.
Que los cuadros de turnos los hacia el jefe de cirugía de manera mensual y “el jefe
de cirugía siempre hacia el control de los horarios” pudiendo hacer “2 o 3 peticiones
de permiso para que no se lo programaran” y que en dado caso de no asistir “debía
conseguir un remplazo con uno de los compañeros con quien conseguía turno y si
no iba le decían que le hacían un disciplinario”.
Que había 6 o 7 instrumentadores quirúrgicos y “Raúl Sáenz era de la nómina de la
policía” a quien “le pagaban prestaciones de ley y a la señora alba no, ella estaba
con contrato de prestación de servicios continuos”.
Por otro lado, al analizar las pruebas documentales se evidencia que en los cuadros
de turnos aportados por la demandante se relacionan los instrumentadores
quirúrgicos en su momento activos y se les comunica la agenda que debían cumplir
advirtiendo en varios a través de un acápite denominado “NOTA” que:
• “SOLO SE PERMITIRA TRES CAMBIOS DE TURNO POR MES, POR ESCRITO Y
JUSTIFICADO”3
• “COPIA DE ESTE CUADRO DE TURNO REPOSARA EN LA OFICINA DE
TALENTO HUMANO, BAJO PREVIA NOTIFICACION A LA DIRECCION DE LA
CLIVA. POR TANTO, LAS MODIFICACIONES AL MISMO, SE DEBERAN
INFORMAR A DICHA OFICINA UTILIZANDO EL FORMATO PRESTABLECIDO
DILIGENCIANDO COMPLETAMENTE. PARA FINES DE EVITAR ALTERACIONES
EN LOS PROCESOS QUIRURGICOS SOLO SE PODRAN REALIZAR 03
MODIFICACIONES A LAS AGENDAS DE SERVICIOS DE CADA PROFESIONAL”4
• EL CUADRO DE TURNO SOLO SE PUEDE MODIFICAR EN 02
OPORTUNIDADES POR CADA INSTRUMENTADOR QUIRURGICO, Y CON
PREVIO VISTO BUENO POR COORDINACION DEL SERVICIO QUIRURGICO”.5
Adicionalmente, se encuentran los formatos de solicitud de intercambios de turnos6
que evidencian la aprobación del respectivo líder del proceso de cirugía y de quien
remplaza, Katherin Trujillo, quien está relacionada como instrumentadora quirúrgica
en los cuadros de turno.
Lo anterior confirma que si bien es cierto que la entidad asignaba los turnos
conforme a la necesidad del servicio de cirugía de la institución hospitalaria y los
comunicaba de manera específica y directa a los instrumentadores quirúrgicos
3 Folio 249 y siguientes; Expediente físico.
4 Folio 262 y siguientes, Expediente físico.
5 Folio 274; Expediente físico.
6 Folio 295 y siguientes; Expediente físico.
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activos, también limitaba la independencia del profesional con la imposición de
órdenes sobre la modificación de los mismos, pues restringía con un máximo
mensual los cambios que el profesional necesitara y adicional esto dependía de la
autorización del coordinador.
Por otro lado, y contrario a lo argumentado por el apelante, no es posible justificar
la vinculación de la demandada por medio de contratos de prestación de servicios
basándose en la necesidad del servicio, pues el instrumentador quirúrgico es un
profesional indispensable para el perfeccionamiento y cumplimiento de la actividad
misional de la entidad de prestar el servicio público esencial en salud a sus afiliados
y beneficiarios del sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
La Ley 784 de 2002 que reglamenta el ejercicio de la instrumentación quirúrgica en
Colombia, establece en su artículo 9:
«Las entidades hospitalarias, públicas o privadas, deberán emplear profesion
ales en Instrumentación Quirúrgica que cumplan con los requisitos establecidos
de conformidad con la presente ley». (Negrillas para resaltar)
Igualmente, la circular conjunta 000076 de 2005 del Ministerio de la Protección
Social y director del Departamento Administrativo de la Función Pública dirigida a
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado
de Salud de carácter Nacional y Territorial se precisa que:
«Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y las Empresas Sociales
del Estado de naturaleza publica de orden nacional y territorial podrán
modificar su planta de personal, de acuerdo con las necesidades del servicio, los
requerimientos de habitación del servicio según su nivel de atención y su
sostenibilidad financiera, a efectos de contar con empleos de Profesional
Universitario área de salud código 237 y vincular en ellos los egresados del
programa en Instrumentador Quirúrgica Profesional».
Por lo anterior, se entiende que, en principio esta labor debe ser desempeñada por
personal de planta y no por contratistas, pues es una actividad de carácter
permanente y misional, por lo que la figura de contrato por prestación de servicios
debió ser utilizada de forma transitoria y no de manera indefinida, para este caso 14
años.
Por lo tanto, por encontrarse acreditados los elementos esenciales de una relación
laboral entre la demandante y el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional,
se confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia sobre este punto.
Prescripción.
Sobre este asunto, esta Corporación ha unificado criterios acerca de la manera
como debe analizarse el fenómeno fijando las siguientes reglas7:
7 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-05 del 25 de agosto
de 2016. Consejero Ponente Dr. Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001-23-33-000-2013-00260-01
(0088-2015).
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00363-01 (0404-2021)
• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado
es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y que
pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se
deriven de aquella.
• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de
servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de
ellos, a partir de sus fechas de finalización.
En la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 20218, esta Sección adoptó
el periodo de treinta días hábiles como indicador temporal de la no solución de
continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este
constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de
acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de
determinar si se presentó o no la solución de continuidad del vínculo laboral.
Es claro entonces que la misma sentencia de unificación, estableció que el juez
puede superar este término e incluso reducirlo en caso de que los contratos tengan
objetos totalmente diferentes. Es que pretender que ese término sea inmodificable
puede incluso conducir a que se presente todo lo contrario a lo que quiso la
sentencia porque la administración con el solo propósito de eludir la regla podrá en
todos los casos superar los 30 días para suscribir el nuevo contrato.
Además; si se le exigiera al particular que reclame inmediatamente termina un
contrato, esto llevaría a que no se le volviera a contratar, por ello considera la Sala,
que se debe analizar en cada caso concreto de cuánto tiempo pudo haber sido la
interrupción y así determinar si la petición, se elevó o no dentro de un “plazo
razonable”.
Con las anteriores precisiones, se procede a analizar el presente asunto. En ese
sentido, los contratos entre las partes se ejecutaron en los siguientes periodos:
Interrupción
Contrato Inicio Finalización en
días hábiles
12-7-20292 de 2001 01/10/2001 15/12/2001 -
12-7-20520 de 2001 16/12/2001 30/04/2002 -
65-7-20056 de 2002 01/05/2002 30/11/2002 -
65-7-20574 de 2002 02/12/2002 30/04/2003 -
65-7-20263 de 2003 01/05/2003 30/06/2003 1
65-7-20478 de 2003
01/07/2003 15/01/2004 -
Con adición 004
65-7-20087 de 2004 16/01/2004 15/11/2004 15
65-7-20746 de 2004 06/12/2004 28/02/2005 -
65-7-20110 de 2005 01/03/2005 15/11/2005 -
65-7-20650 de 2005 16/11/2005 30/01/2006 2
65-7-20031 de 2006 con adición
02/02/2006 16/12/2006 25
001 de 2006
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado: 05001-23-33-000-
2013-01143-01 (1317-2016). Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00363-01 (0404-2021)
65-7-20009 de 2007 19/01/2007 31/12/2007 26
65-7-20024 de 2008 04/02/2008 03/06/2008 -
65-7-20442 de 2008 con adición
04/06/2008 28/03/2009 3
001 de 2009
65-7-20250 de 2009 01/04/2009 15/12/2009 -
65-7-20763 de 2009 16/12/2009 30/03/2010 1
65-7-20184 de 2010 01/04/2010 30/10/2010 1
65-7-20521 de 2010
01/11/2010 07/06/2011 -
Con adición 01 de 2011
65-7-20232 de 2011 08/06/2011 07/12/2011 -
65-7-20706 de 2011 08/12/2011 31/03/2012 -
01/04/2012
65-7-20055-12 31/12/2012 30
08/02/2013
65-7-20018-13 30/11/2013 -
01/12/2013
65-7-20607-13 25/04/2014 -
26/04/2014
65-7-20155-14 10/11/2014 Finalización
La sala advierte que los extremos temporales relacionados se sustentan en la
constancia emitida por la oficina de contratos de la Seccional Sanidad Antioquia9,
ya que dentro de las pruebas documentales aportadas por las partes no es posible
encontrar actas o constancias que indiquen las fechas exactas de terminación y/o
inicio de los contratos.
Se observa que no se presentaron interrupciones ostensiblemente amplias en la
vinculación de la demandante con la entidad, por lo que, para efectos de la
prescripción, hay una sola relación laboral y no debe revisarse el término individual
o parcializado.
Además, la reclamación administrativa se presentó el 6 de febrero de 201510 la cual
se encuentra dentro de los 3 años siguientes a la culminación de la vinculación; la
respuesta por parte de la entidad fue emitida el 27 de febrero de 2015 y la demanda
se instauró el 2 de septiembre de 2015.
De esta manera, no se configuró la prescripción de los derechos laborales
reclamados y por ello se confirmará en ese punto la decisión apelada.
De las prestaciones a reconocer
Se observa que, el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la entidad
demandada a pagar en favor de la señora Restrepo Ramírez, todas las prestaciones
comunes, propias de quienes ocupan el cargo de instrumentador quirúrgico en la
Clínica Regional del Valle de Aburrá, por los periodos efectivamente laborados. Sin
embargo, esto deberá modificarse, porque, en los términos de las sentencias de
unificación del 25 de agosto de 2016 y 9 de septiembre de 2021, aun cuando se
declare la existencia de una relación laboral encubierta gracias a la aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formas, no es posible otorgar la
9 Constancia de contratos suscritos; Oficina de contratos de la seccional Sanidad Antioquia; Folio 437
expediente físico.
10 Folio 308; Expediente físico.
15
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categoría de servidor público al contratista, sin que concurran los presupuestos del
artículo 122 de la Constitución Política.
De este modo, en el caso, atendiendo al criterio jurisprudencial, el restablecimiento
del derecho comprende las prestaciones de orden legal del régimen público general
y, la base para su cálculo será los honorarios pactados en cada uno de los contratos.
Bajo ese entendido, el Decreto 1042 de 1978 define como factores de salario,
además de la asignación básica fijada para los diferentes empleos, del valor del
trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso
obligatorio, todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como
retribución por sus servicios y, enlistó las siguientes: (i) los incrementos por
antigüedad a que se refieren los artículos 49 y 97 de este Decreto; (ii) Los gastos
de representación; (iii) La prima técnica; (iv) El auxilio de transporte; (v) El auxilio de
alimentación; (vi) La prima de servicio; (vii) La bonificación por servicios prestados
y (viii) Los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión.
Por su parte, el Decreto 1045 de 1978 define las prestaciones sociales comunes
para los servidores públicos, así:
ARTICULO 5º. DE LAS PRESTACIONES SOCIALES. Sin perjuicio de lo
dispuesto en normas especiales, los organismos a que se refiere el artículo 2o.,
de este decreto o las entidades de previsión, según el caso, reconocerán y
pagarán las siguientes prestaciones sociales:
a. Asistencia médica, obstétrica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria;
b. Servicio odontológico;
c. Vacaciones;
d. Prima de Vacaciones;
e. Prima de Navidad;
f. Auxilio por enfermedad;
g. Indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional;
h. Auxilio de maternidad;
i. Auxilio de cesantía;
j. Pensión vitalicia de jubilación;
k. Pensión de invalidez;
l. Pensión de retiro por vejez;
m. Auxilio funerario;
n. Seguro por muerte.
Ahora, en cuanto a las prestaciones a reconocer, se precisa que estas corresponden
a aquellas a cargo del empleador y a las que tiene derecho un servidor público
vinculado a una entidad pública del orden nacional, por ser la demandada de este
orden, según las exigencias previstas en las normas antes citadas, es decir, la
bonificación por servicios prestados, la prima de servicios, las vacaciones,
prima de vacaciones, prima de navidad, el auxilio de cesantías y los intereses
a las cesantías.
No es procedente en el caso bajo análisis reconocer el auxilio de transporte y
subsidio de alimentación y familiar, debido a que no se cumplen los requisitos
establecidos en la Ley 15 de 1959 y los Decretos 2553 de 2015, 2210 de 2016 y
2270 de 2017, a través de los cuales se fijó el monto del auxilio de transporte en los
16
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años en que la demandante estuvo vinculada, para las personas que devenguen
hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Por su parte, el artículo 20 de la Ley 21 de 1982 enuncia que tienen derecho al
subsidio familiar en dinero, especie y servicio, los trabajadores cuya remuneración
mensual fija o variable no sobrepase el límite de treinta y cuatro mil doscientos
pesos ($ 34.200.00) o la suma que equivalga a cuatro veces el salario mínimo legal.
En el caso, el valor de los honorarios que percibió la demandante entre 2001 a 2014
excedió ese límite.
Igualmente, el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978 indica que, del reconocimiento
y pago del subsidio de alimentación, serán acreedores, únicamente, aquellos
empleados que no tuvieron una asignación básica que haya superado los dos
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Efectuadas esas precisiones y las operaciones aritméticas del caso, de conformidad
con la tabla subsiguiente, se reporta como la deuda a cargo de la entidad
demandada la suma total indexada de $183.777.572.
LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES CON FACTORES SALARIALES EN CONTRATO REALIDAD -SECTOR PúBLICO
LIQUIDADO
# SALARIO INTERES
# TOTAL PRIMA DE PRIMA DE
Desde IPC IPC Días PROMED. CESANTÍAS SOBRE LA PRIMA DE PRIMA DE
meses ANUAL CESANTÍAS SERVICIO NAVIDAD
por MENSUAL CESANTÍAS SERVICIO NAVIDAD
por año SALARIOS
Año FINAL INICIAL año POR AÑO INDEXADA INDEXADAS INDEXADA INDEXADA
2001 146,24 46,58 75 2,5 955.719 2.389.298 207.468 651.355 16.284 106.813 335.344 203.927 640.238
2002 146,24 48,31 135 4,5 1.011.048 4.549.716 408.463 1.236.465 55.641 214.453 649.174 396.085 1.198.995
2002 146,24 49,70 213 7,1 995.775 7.070.003 663.239 1.951.551 138.560 355.587 1.046.299 632.074 1.859.849
2003 146,24 52,10 149 4,967 1.016.779 5.050.002 456.948 1.282.612 63.703 240.916 676.229 441.741 1.239.927
2003 146,24 52,33 60 2 1.010.000 2.020.000 173.955 486.130 9.723 89.076 248.929 171.572 479.470
2004 146,24 53,54 198 6,6 841.667 5.555.002 516.707 1.411.342 93.149 276.014 753.909 494.062 1.349.489
2004 146,24 55,82 304 10,13 996.711 10.100.005 998.028 2.614.683 264.955 544.993 1.427.800 932.128 2.442.035
2005 146,24 57,02 84 2,8 1.113.095 3.116.666 271.977 697.543 19.531 140.466 360.255 266.790 684.240
2005 146,24 58,66 259 8,633 1.083.012 9.350.004 900.404 2.244.717 193.794 487.660 1.215.742 849.444 2.117.673
2006 146,24 59,02 75 2,5 1.600.000 4.000.000 347.328 860.611 21.515 178.819 443.078 341.401 845.925
2006 146,24 61,33 317 10,57 1.625.237 17.173.338 1.709.900 4.077.218 430.826 936.451 2.232.946 1.593.474 3.799.603
2007 146,24 64,82 346 11,53 1.581.503 18.240.001 1.846.645 4.166.204 480.502 1.015.288 2.290.585 1.709.253 3.856.235
2008 146,24 68,73 120 4 1.760.000 7.040.000 626.762 1.333.590 53.344 327.556 696.956 609.823 1.297.549
2009 146,24 71,15 297 9,9 1.748.148 17.306.665 1.703.355 3.501.035 346.602 929.332 1.910.127 1.593.783 3.275.823
2009 146,24 71,20 258 8,6 1.739.535 14.960.001 1.439.829 2.957.312 254.329 779.686 1.601.422 1.358.686 2.790.649
2010 146,24 72,46 104 3,467 1.865.769 6.467.999 570.733 1.151.863 39.931 296.781 598.968 557.369 1.124.892
2010 146,24 72,84 212 7,067 1.819.811 12.859.998 1.205.721 2.420.712 171.064 646.310 1.297.589 1.149.371 2.307.578
2011 146,24 75,31 218 7,267 1.839.523 13.367.200 1.257.550 2.441.961 177.449 675.049 1.310.837 1.197.191 2.324.754
2011 146,24 76,19 182 6,067 1.827.692 11.087.998 1.022.090 1.961.812 119.017 543.783 1.043.744 980.822 1.882.602
2012 146,24 77,31 114 3,8 1.878.038 7.136.544 633.237 1.197.834 45.518 330.313 624.822 616.956 1.167.037
2012 146,24 78,05 274 9,133 1.774.374 16.205.949 1.574.088 2.949.323 269.371 855.089 1.602.155 1.480.154 2.773.321
2013 146,24 79,35 295 9,833 1.938.897 19.065.821 1.874.329 3.454.340 339.677 1.022.208 1.883.903 1.754.462 3.233.428
2014 146,24 81,14 145 4,833 1.572.601 7.600.905 686.219 1.236.784 59.778 361.323 651.219 663.890 1.196.540
2014 146,24 82,25 198 6,6 1.952.802 12.888.493 1.198.842 2.131.534 140.681 640.397 1.138.622 1.146.303 2.038.120
INTERES
PRIMA DE SERVICIO PRIMA DE NAVIDAD
CESANTÍAS INDEXADAS CESANTÍAS
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES INDEXADA INDEXADA
INDEXADO
$ 48.418.530 3.804.943 $ 26.040.655 $ 45.925.973
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# SALARIO BONIFICA-
# TOTAL PRIMA DE BONIFICA-
Desde IPC IPC VACACIONES CIÓN POR
Dias PROMED. PRIMA DE VACACIONES
meses ANUAL VACACIONES CIÓN POR SERVICIO
por MENSUAL VACACIONES
por año SALARIOS SERVICIO
Año FINAL INICIAL año POR AÑO INDEXADA INDEXADA INDEXADA
2001 146,24 46,58 75 2,5 955.719 2.389.298 101.086 317.364 101.086 317.364 69.688 218.789
2002 146,24 48,31 135 4,5 1.011.048 4.549.716 194.996 590.276 194.996 590.276 132.700 401.698
2002 146,24 49,70 213 7,1 995.775 7.070.003 308.433 907.550 308.433 907.550 206.208 606.758
2003 146,24 52,10 149 4,967 1.016.779 5.050.002 217.112 609.414 217.112 609.414 147.302 413.463
2003 146,24 52,33 60 2 1.010.000 2.020.000 85.194 238.081 85.194 238.081 58.917 164.648
2004 146,24 53,54 198 6,6 841.667 5.555.002 241.497 659.629 241.497 659.629 162.021 442.547
2004 146,24 55,82 304 10,13 996.711 10.100.005 450.371 1.179.904 450.371 1.179.904 294.487 771.512
2005 146,24 57,02 84 2,8 1.113.095 3.116.666 132.111 338.827 132.111 338.827 90.903 233.140
2005 146,24 58,66 259 8,633 1.083.012 9.350.004 412.377 1.028.060 412.377 1.028.060 272.698 679.839
2006 146,24 59,02 75 2,5 1.600.000 4.000.000 169.232 419.324 169.232 419.324 116.667 289.078
2006 146,24 61,33 317 10,57 1.625.237 17.173.338 768.297 1.831.987 768.297 1.831.987 501.047 1.194.735
2007 146,24 64,82 346 11,53 1.581.503 18.240.001 821.957 1.854.412 821.957 1.854.412 531.846 1.199.894
2008 146,24 68,73 120 4 1.760.000 7.040.000 300.735 639.888 300.735 639.888 205.333 436.897
2009 146,24 71,15 297 9,9 1.748.148 17.306.665 770.409 1.583.480 770.409 1.583.480 504.778 1.037.509
2009 146,24 71,20 258 8,6 1.739.535 14.960.001 659.645 1.354.866 659.645 1.354.866 436.333 896.199
2010 146,24 72,46 104 3,467 1.865.769 6.467.999 275.343 555.702 275.343 555.702 188.668 380.773
2010 146,24 72,84 212 7,067 1.819.811 12.859.998 560.896 1.126.104 560.896 1.126.104 375.101 753.086
2011 146,24 75,31 218 7,267 1.839.523 13.367.200 583.837 1.133.718 583.837 1.133.718 389.895 757.114
2011 146,24 76,19 182 6,067 1.827.692 11.087.998 480.267 921.830 480.267 921.830 323.418 620.772
2012 146,24 77,31 114 3,8 1.878.038 7.136.544 304.461 575.920 304.461 575.920 208.149 393.736
2012 146,24 78,05 274 9,133 1.774.374 16.205.949 717.355 1.344.087 717.355 1.344.087 472.656 885.602
2013 146,24 79,35 295 9,833 1.938.897 19.065.821 848.297 1.563.389 848.297 1.563.389 556.068 1.024.819
2014 146,24 81,14 145 4,833 1.572.601 7.600.905 326.489 588.437 326.489 588.437 221.678 399.534
2014 146,24 82,25 198 6,6 1.952.802 12.888.493 560.311 996.230 560.311 996.230 375.914 668.373
PRIMA DE VACACIONES BONIFICACIÓN POR
VACACIONES INDEXADAS
INDEXADA SERVICIO INDEXADA
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES
$ 22.358.479 $ 22.358.479 $ 14.870.513
$ 183.777.572
De los aportes al Sistema de Seguridad Social
El Tribunal en el numeral segundo de la sentencia de primera instancia ordenó la
cancelación de aquellas sumas que la demandante demuestre que aportó a la
seguridad social en pensión, salud y riesgos profesionales, en el porcentaje que por
Ley correspondían al empleador.
Sin embargo, la Subsección advierte que, aunque este tema no fue uno de los
desacuerdos propuestos en la apelación lo cierto es que en esta instancia es posible
analizarlo, porque el juez no puede mantener reconocimientos irregulares o, que,
conlleven a un enriquecimiento económico indebido y un detrimento patrimonial
evidente, como es el caso.
Esto, en atención a lo previsto en los artículos 187 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 328 del Código General del
Proceso.
Mediante sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de
2021, se aclaró el carácter parafiscal de los aportes a pensión para la financiación
del Sistema General de Seguridad Social, que no son ingresos ni beneficios
económicos para el demandante, por lo que, esta Corporación señaló que no
corresponde el pago de estos rubros directamente a la parte interesada ni es posible
el reembolso de estos.
Frente a los aportes a salud, de conformidad con esta misma providencia, se precisó
que estos son contribuciones parafiscales con la destinación especifica de cubrir los
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servicios para los dos regímenes que integran el sistema y en este caso, es claro
que el riesgo que pretendió asegurar se superó.
Por esto, no es posible ordenar la devolución de los aportes a pensión y a salud, así
se haya declarado la existencia de un vínculo laboral, ya que, de admitirse tal
pretensión, se le estaría otorgando un beneficio propiamente económico, que no
influye en el derecho prestacional como tal.
Por ende, se modificará el ordinal segundo de la decisión apelada, en el sentido de
ordenar a la demandada que consigne los aportes a pensión, en el respectivo fondo
de previsión al que se encuentre afiliada la demandante con base en la suma
anteriormente reconocida.
Para esto, la demandante deberá acreditar los pagos que realizó al Sistema General
de Seguridad Social en pensiones, y en la eventualidad de que no las hubiese hecho
o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según
el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.
De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202111 en el que se
indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los fundamentos esbozados por el recurrente en sus distintas intervenciones, no se
presenta una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó argumentos razonables
en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se impondrá condena en
costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Modificar el numeral segundo de la sentencia proferida el doce (12) de
febrero de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual
quedará así:
«Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
CONDENAR a la NACIÓN — MINISTERIO DE DEFENSA — POLICÍA
NACIONAL a reconocer y pagar a la señora ALBA LUCÍA RESTREPO
RAMÍREZ, C.C. No. 42.998.696 la suma de $183.777.572 (CIENTO
OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
11 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00363-01 (0404-2021)
QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS) que corresponde a las
prestaciones de orden legal a las que tiene derecho un empleado público del
orden Nacional, esto es, la bonificación por servicios prestados, la prima de
servicios, las vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, el auxilio
de cesantías y los intereses a las cesantías, por los períodos en que existió
la relación laboral y con base a los honorarios pactados en los contratos de
prestación de servicios.
Se ordena que se consignen los aportes a pensión, en el respectivo fondo de
previsión al que se encuentre afiliada la demandante con base en la suma
anteriormente reconocida y se niega el reintegro de los aportes de salud.
Para esto, la demandante deberá acreditar los pagos que realizó al Sistema
General de Seguridad Social en pensiones, y en la eventualidad de que no
las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de
cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como
trabajador.»
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia.
Tercero. Reconocer personería al abogado John Jairo Guzmán Álvarez portador
de la Tarjeta Profesional 184.220 del Consejo Superior de la Judicatura para que
actúe dentro del proceso de la referencia en calidad de apoderado general de la
demandante conforme al poder conferido.12
Cuarto. Sin condena en costas de segunda instancia.
Quinto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
12 Índice 17; SAMAI.
20
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