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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02001-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02001-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 26 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, el cual quedará así: SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la ESE Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez a pagar cincuenta y cinco millones ochocientos dos mil quinientos cuarenta y ocho pesos ($ 55.802.548 COP) a favor de la señora Mónica Andrea Sánchez Velásquez, por concepto de los emolumentos incluidos en la liquidación realizada en la parte motiva de esta providencia, los cuales se causaron desde el 5 de junio de 2008 hasta el 30 de junio de 2014. 18 consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 05001-23-33-000-2016-02001-01 (3200-2025) Demandante: Mónica Andrea Sánchez Velásquez Adicionalmente, la ESE Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez deberá pagarle la demandante el valor equivalente a dieciséis (16) dotaciones de vestido y calzado causadas en las siguientes fechas: 30 de agosto y 30 de diciembre de 2008; 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de 2009; 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de 2010; 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de 2011; 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de 2012; y 30 de abril y 30 de agosto de 2013. Para tales efectos, se deberá tener en cuenta el valor establecido por dicha entidad en cada vigencia fiscal al momento de la causación de la respectiva dotación, el cual deberá ser indexado hasta la fecha de ejecutoria de esta providencia. SEGUNDO. REVOCAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia del 26 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, a través del cual se había ordenado el pago de diferencias salariales a favor de la demandante desde el 5 de junio de 2008 hasta el 30 de junio de 2014, por las razones explicadas en esta providencia. TERCERO. MODIFICAR el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2016-02001-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02001-01 (3200-2025)
Demandante: Mónica Andrea Sánchez Velásquez
Demandado: ESE Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez

Tema: Principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de la relación laboral –
intermediación a través de cooperativas y uso indebido de
los contratos sindicales

Decisión: Modifica y revoca parcialmente la sentencia de primera
instancia con el fin de precisar el alcance del
restablecimiento

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 26 de febrero de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, con el objeto de que se declare la nulidad del
oficio HGM 012 00000000002016000262 del 18 de enero de 2016, expedido por
la entidad accionada, mediante el cual se negó el reconocimiento de la existencia
de una relación laboral entre el 5 de junio de 2008 y el 30 de junio de 2014,
período durante el cual se desempeñó como auxiliar de enfermería.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: (i) declarar la existencia
del vínculo laboral con la entidad demandada; (ii) efectuar la respectiva nivelación
salarial y prestacional tomando como referencia los valores devengados por los
empleados de planta, incluso desde el 1.° de julio de 2014 hacia adelante; (iii)
pagar a su favor los derechos laborales causados1; (iv) indexar las sumas que se
concedan; (v) condenar en costas a la parte demandada; y (vi) dar cumplimiento
a la sentencia dentro del término de ley.

1
Reajuste de salarios, dominicales y festivos, horas extras, prestaciones sociales legales y extralegales
(prima de servicio, prima de vida cara, prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación de recreación,
vacaciones, cesantías e intereses sobre las cesantías, etc.), reajuste de aportes a seguridad social y
devolución de aportes económicos realizados a las cooperativas o corporaciones.

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Demandante: Mónica Andrea Sánchez Velásquez

3. Como concepto de violación sostuvo que el acto acusado vulneró normas
superiores2, pues, aunque estuvo vinculada a través de cooperativas de trabajo
asociado, corporaciones y sindicatos, en la práctica realizó sus actividades de
manera personal, bajo continuada subordinación y a cambio de una
remuneración, circunstancias que permiten concluir que se configuró una relación
de naturaleza laboral.

Contestación de la demanda

4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones y sostuvo que la
demandante no tuvo ninguna vinculación contractual ni laboral con aquella.

5. Indicó que con CORFENIX suscribió los contratos sindicales 67, 105, 242
y 271 de 2013; con FEDSALUD, los contratos 260 y 272 de 2013 y 95, 128, 148,
149 y 150 de 2014, cuyo objeto fue la prestación de servicios especializados para
atender las actividades, intervenciones y procedimientos en los procesos y
subprocesos de enfermería profesional, auxiliar de enfermería, entre otros.

6. Señaló que CORFENIX y FEDSALUD fueron los empleadores de la
accionante; y que los supervisores de dichas empresas eran quienes le impartían
las órdenes y le programaron los horarios y los cuadros de turnos a esta última.

7. Afirmó que no existe ninguna prueba de que la ESE haya ejercido algún
tipo de subordinación frente a la actora.

8. Propuso las excepciones de «inepta demanda», falta de causa para
demandar, inexistencia de la obligación, imposibilidad de existencia de relación
laboral entre la demandante y el Hospital General de Medellín, responsabilidad
de un tercero, inexistencia de relación contractual entre la ESE Hospital General
de Medellín y DARSER, prescripción y la genérica.

Sentencia apelada

9. El Tribunal declaró la nulidad del acto acusado y condenó a la entidad
accionada a pagar a la demandante las prestaciones sociales que devengaba un
auxiliar del área de salud, código 412, grado 5, por el período comprendido entre
el 5 de junio de 2008 y el 30 de junio de 2014.

10. Adicionalmente, ordenó: i) consignar en el respectivo fondo de previsión
las diferencias entre los aportes pensionales efectuados por la actora como
contratista y los que debieron realizarse en el porcentaje correspondiente al
empleador, calculados con base en los honorarios o en el salario de las auxiliares
de enfermería, según el valor que resultara mayor; ii) computar el tiempo de
servicio para efectos pensionales; iii) pagar las diferencias entre los honorarios
percibidos y los salarios reconocidos a los auxiliares del área de salud 1 —
enfermera auxiliar—; iv) indexar las sumas reconocidas; v) condenar en costas a
la entidad demandada, por haber resultado vencida; y vi) negar las demás
pretensiones.

2
Artículos 13, 23, 25 y 53 de la Constitución Política; 138 y siguientes de la Ley 1437 de 2011; y 8 (inciso
3), 16 y 17 del Decreto 4588 de 2006; y el Decreto 1042 de 1978.
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11. Determinó que la actora prestó sus servicios personales como auxiliar de
enfermería en la E.S.E. accionada desde el 5 de junio de 2008 hasta el 1.º de
julio de 2014. Precisó que su vinculación se produjo a través de la Cooperativa
de Trabajo Asociado COOPFENIX —del 5 de junio de 2008 al 31 de julio de
2011—, la Corporación para la Salud Fénix CORFENIX —del 1.º de agosto de
2011 al 30 de septiembre de 2013— y el sindicato DARSER —del 1.º de octubre
de 2013 al 1.º de julio de 2014—. Añadió que, a partir de esta última fecha, fue
nombrada en provisionalidad en el mismo cargo.

12. Destacó que no se presentaron interrupciones en la prestación del
servicio, pese a que la vinculación se realizó mediante terceros, circunstancia
que acreditaba el carácter permanente y continuado de las funciones
desempeñadas.

13. Indicó que las certificaciones, la historia laboral y los comprobantes de
pago aportados al expediente demostraban que COOPFENIX, CORFENIX y
DARSER pagaron a la demandante la retribución por su trabajo y efectuaron los
aportes a pensión.

14. Concluyó que también se acreditó la subordinación continuada, pues la
accionante cumplía 44 horas semanales en turnos de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. o
viceversa, fijados en cuadros establecidos por la cooperativa con el aval del
Departamento de Enfermería de la E.S.E. demandada. Además, señaló que no
tenía libertad para elegir el momento en que cumplía el objeto contratado, debía
contar con autorización para retirarse del servicio y ejecutaba tareas inherentes
a la actividad misional del hospital, en condiciones iguales a las del personal de
planta.

15. Precisó que la demandante tenía derecho al pago de las prestaciones
sociales reconocidas a una enfermera auxiliar de planta, tales como vacaciones,
primas, bonificaciones y cesantías, así como aquellas derivadas del Sistema
Integral de Seguridad Social, liquidadas con base en la remuneración prevista
para los servidores de planta. No obstante, excluyó las prestaciones extralegales,
dado que la actora no tuvo ni tiene la condición de empleada pública.

16. Aclaró que los aportes a seguridad social en salud y pensión no
constituyen un crédito a favor de la contratista, razón por la cual no procedía su
reintegro directo.

17. Negó el reconocimiento de horas extras y recargos nocturnos, dominicales
y festivos, porque la accionante no allegó prueba de su autorización ni de su
causación, conforme lo exige el literal b) del artículo 36 del Decreto 1042 de 1978.

18. Señaló que, en el año 2024, el Consejo de Estado modificó su tesis y
admitió la nivelación salarial en los casos de desnaturalización de contratos de
prestación de servicios. Con fundamento en ello, ordenó dicho ajuste por el
período comprendido entre el 5 de junio de 2008 y el 30 de junio de 2014.

19. No obstante, negó la nivelación salarial a partir del 1.º de julio de 2014,
pues la accionante no demostró que cumpliera las mismas funciones del cargo
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equiparable, que reuniera los requisitos para acceder a este, que contara con la
misma preparación ni que tuviera responsabilidades equivalentes. Además,
precisó que fue nombrada en una planta de cargos distinta de aquella a la que
pertenecía el empleo objeto de comparación.

Recurso de apelación

20. La entidad accionada interpuso recurso de apelación y sostuvo que la
demandante no demostró la prestación personal, permanente y continua del
servicio toda vez que COOPFENIX, CORFENIX y DARSER definían
autónomamente los cuadros de turnos y la persona que debía cubrir cada
necesidad en desarrollo de los objetos convenidos y que la existencia de
circunstancias similares entre el desempeño de los contratistas y el del personal
de planta no implica la desnaturalización de los vínculos contractuales.

21. Adujo que los comprobantes de pago expedidos por COOPFENIX,
CORFENIX y DARSER no acreditan que el hospital hubiera reconocido valor
alguno a la accionante sino que, por el contrario, demuestran que el vínculo de
trabajo de esta se dio con dichas organizaciones.

22. En cuanto a la subordinación sostuvo que no existe prueba de que la
entidad le hubiera impartido órdenes, impuesto horarios o sanciones, remitido
memorandos o formulado llamados de atención a la actora. Añadió que el
cumplimiento de turnos, la recepción de instrucciones sobre la ejecución de lo
pactado y la presentación de informes no constituyen prueba suficiente de
subordinación continuada pues esas actuaciones corresponden a la forma
ordinaria de ejecución de la actividad contratada.

23. Expresó que la condena en costas era improcedente dado que su
actuación no fue dilatoria ni entorpeció el proceso y afirmó que el Tribunal aplicó
un criterio de responsabilidad objetiva en ese aspecto.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

24. Por auto del 2 de diciembre de 2025 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

25. La demandante no se pronunció sobre la alzada.

26. El Ministerio Público presentó concepto a través del cual solicitó confirmar
el fallo apelado porque la demandante acreditó los elementos propios de una
relación laboral, teniendo en cuenta, además, la naturaleza de las actividades
desarrolladas.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

27. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.
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Demandante: Mónica Andrea Sánchez Velásquez

Problema jurídico

28. La Sala debe establecer si, conforme a las pruebas obrantes en el
expediente, se demostró que la entidad accionada acudió de manera indebida a
cooperativas de trabajo asociado y a contratos sindicales durante el período
comprendido entre el 5 de junio de 2008 y el 30 de junio de 2014, lapso en el cual
la señora Sánchez Velásquez le prestó sus servicios como auxiliar de enfermería;
y, de ser así, si hay lugar a restablecer el derecho en los términos definidos por
el Tribunal o si debe acudirse a otro parámetro de restablecimiento.
Adicionalmente, se determinará si la condena en costas de primera instancia
observó los parámetros legales y jurisprudenciales aplicables.

Análisis del problema jurídico

29. La Sala modificará parcialmente la decisión apelada, pues, si bien es cierto
que las pruebas obrantes en el expediente acreditan la prestación personal del
servicio, la remuneración y la subordinación durante la ejecución de los objetos
contractuales, también lo es que hay lugar a hacer ajustes en el acápite de
restablecimiento del derecho.

30. La Sala no se ocupará de lo relacionado con la nivelación salarial a partir
del 1.° de julio de 2014, ya que esta pretensión fue negada en primera instancia
y la parte actora no interpuso recurso de apelación.

1. Estudio sobre las condiciones en las que se ejecutaron los contratos

31. De acuerdo con las certificaciones allegadas al expediente, expedidas por
la Cooperativa de Trabajo Asociado COOPFÉNIX, la Corporación para la Salud
Fénix –CORFÉNIX– y el Sindicato de Profesiones y Oficios de la Salud DARSER,
se observa lo siguiente:

i) La actora se desempeñó como auxiliar de enfermería en la ESE
demandada desde el 5 de junio de 2008 hasta el 31 de julio de 2011, por
intermedio de COOPFÉNIX, vinculada a través de un convenio de trabajo
asociado a término indefinido3.

ii) La demandante prestó sus servicios como auxiliar de enfermería en la
entidad accionada, a través de CORFÉNIX, desde el 1.° de agosto de
2011 hasta el 30 de septiembre de 20134.

iii) La accionante estuvo afiliada al sindicato DARSER desde el 1.° de
octubre de 2013 hasta el 1.° de julio de 2014, tiempo durante el cual se
desempeñó como auxiliar de enfermería, bajo la modalidad de contrato
sindical. Además, durante el mismo lapso participó en el contrato suscrito
entre la Federación Gremial de Trabajadores de la Salud (FEDSALUD) y
la entidad demandada, es decir, «mediante el modelo de integración por

3
Certificación del 2 de mayo de 2014 expedida por COOPFÉNIX.
4
Certificación del 30 de abril de 2014 expedida por CORFÉNIX.
5
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medio de FEDSALUD, con un convenio de ejecución a término
indefinido»5.

En primera instancia se practicaron los testimonios de las señoras Blanca Cecilia
Montoya Aguirre y Beatriz María Pereira Valderrama, de los cuales se destaca lo
siguiente:

• La señora Blanca Cecilia Montoya Aguirre relató que trabajó en la ESE
accionada como auxiliar de enfermería de planta durante 18 años, hasta
el 21 de febrero de 2018, y compartió turnos en el servicio «sexto sur» con
la actora, quien estuvo vinculada mediante COOPFENIX desde 2008 o
2009 hasta 2013 o 2014.

Indicó que las auxiliares contratistas y de planta cumplían las mismas
tareas, entre ellas la aplicación de medicamentos y sueros, la organización
y alimentación de pacientes que no podían hacerlo por sus propios medios
y demás actividades inherentes al cargo; sostuvo que los médicos
elaboraban las órdenes e indicaban qué medicamentos aplicar, cada
cuánto tiempo y por cuál vía, mientras que las jefes de enfermería
elaboraban planes de cuidado basados en protocolos escritos de
obligatorio cumplimiento para las auxiliares y que la ESE era propietaria
de las pinzas, equipos para pasar sondas, jeringas y demás insumos con
los cuales la demandante desarrollaba sus labores.

Añadió que las jefes de enfermería convocaban reuniones con todo el
personal auxiliar tanto contratista como de planta en las que señalaban las
falencias identificadas, las mejoras requeridas y la forma de implementar
nuevos métodos y equipos y que entre esas jefes había personal de planta
y otras vinculadas a través de cooperativas. Explicó que las auxiliares
cumplían jornadas de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. o viceversa conforme a los
cuadros de turnos mensuales que les entregaban las jefes del área y que
la demandante estaba asignada al servicio de sexto sur destinado a la
atención de maternas en posparto y sus recién nacidos. Precisó que los
intercambios de turno entre auxiliares eran posibles, pero requerían
comunicación previa a la jefe correspondiente y la autorización expresa de
esta.

5
Certificaciones del 29 de abril de 2014, 10 de junio de 2014, 30 de enero de 2017 y 20 de diciembre de
2017 expedidas por el sindicato DAR-SER. En la primera y la última certificaciones mencionadas se indicó
que la accionante cumplió las siguientes funciones durante su participación en el contrato suscrito entre
FEDSALUD y la entidad demandada: recibir y entregar el turno de trabajo según las normas y guías
establecidas para tal fin; ubicar al usuario y su familia en la unidad aplicando técnica de aislamiento en caso
que lo requiera en forma discreta, sin vulnerar la dignidad del usuario; ejecutar órdenes médicas; explicar y
entregar al usuario y su familia el inventario de todos los elementos de la unidad; realizar la toma de muestras
para exámenes de apoyo diagnóstico; acompañar y asistir al médico durante la atención a los pacientes
asignados; preparar al paciente para los procedimientos, exámenes y estudios especiales de apoyo
diagnóstico y/o tomar las muestras requeridas; preparar los equipos y materiales para la realización de los
procedimientos; registrar en la historia clínica la evolución, los cuidados, los alimentos suministrados, los
procedimientos realizados por enfermería y adjuntar a esta exámenes, placas y todos los documentos
inherentes a la atención del paciente; capacitar y entregar a pacientes y su familia sobre cuidados especiales
a realizar durante y después de la hospitalización; orientar al paciente y su familia sobre los trámites que
deben efectuarse al interior de la clínica; colaborar en los procesos de investigación que se adelanten en el
servicio y/o clínica; asistir a la inducción y entrenamiento programado; asistir a las actividades de
capacitación y formación programadas y autorizados por el sindicato y/o la clínica; diligenciar y entregar los
registros e informes concernientes a su cargo y los solicitados por el Jefe inmediato (listas de chequeo, etc.);
colaborar con el fujo ágil y oportuno de la información en la sala, dentro y fuera de esta; informar al jefe
inmediato la ocurrencia de incidentes y eventos adversos; orientar las quejas y reclamos presentados por
los usuarios internos y externos; realizar mejoras, acciones correctivas y preventivas establecidas por la
institución según análisis de situaciones e indicadores».
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Precisó que también presentó una demanda contra la ESE accionada, a
fin de obtener el pago de «horas extras, nocturnas y festivas».

• La señora Beatriz María Pereira Valderrama indicó que trabaja como
profesional del área de proyección humana de la ESE demandada y desde
2010 hasta 2013 se desempeñó como coordinadora de recurso humano
de CORFÉNIX, empresa que inició como cooperativa y luego se
transformó en corporación hasta 2014, la cual le proveía auxiliares de
enfermería, enfermeras y auxiliares de farmacia a la entidad accionada;
que si bien no recuerda a la accionante, las auxiliares de enfermería
aplicaban medicamentos, atendían pacientes y realizaban los demás
quehaceres diarios de dicha actividad; y que CORFÉNIX tenía tres (3)
coordinadoras en la ESE accionada: una (1) estaba a cargo de los turnos
y los permisos y las otras dos (2) estaban pendientes en los pisos para
que el recurso humano que había solicitado el hospital estuviera cubierto
en los servicios.

Manifestó que CORFÉNIX le asignaba las funciones a la demandante a
través de una de las coordinadoras y le pagaba los salarios y prestaciones
sociales —aunque luego precisó que no le consta el pago de las
prestaciones a la actora—; que la demandante debía reportarle a
CORFÉNIX cuando se iba a ausentar, para que esta cubriera el turno; que
la ESE le exigía a CORFÉNIX que el personal se adhiriera a los protocolos
de aquella, compromiso que verificaban las coordinadoras; que la ESE
hizo una reestructuración en 2014 y vinculó a varias personas, pero estas
tienen remuneraciones diferentes al personal que venía con más
antigüedad; que los equipos con los cuales se prestaba el servicio eran de
propiedad del hospital, pero CORFÉNIX respondía ante daños o pérdidas;
y que las auxiliares de enfermería contratistas y de planta cumplían los
mismos «quehaceres diarios».

32. La entidad accionada tachó el testimonio de la señora Blanca Cecilia
Montoya Aguirre, con fundamento en que promovió un proceso judicial contra
aquella. Sin embargo, como lo explicó el Tribunal, ese litigio tenía un objeto
distinto al del presente asunto, pues no discutía la desnaturalización de vínculos
contractuales. La testigo era empleada de planta y su reclamación se orientaba
al pago correcto de horas extras y recargos nocturnos, dominicales y festivos.

33. Con todo, para establecer la credibilidad de un testimonio es necesario
verificar que el relato sea claro en las circunstancias de tiempo, modo y lugar;
que las respuestas sean precisas y completas, y que el declarante explique la
forma en que conoció los hechos. Solo a partir de esos elementos puede el juez
valorar si la declaración resulta verosímil, si se ajusta al sentido común y si
guarda coherencia con los demás medios de prueba.

34. La ley no impide valorar la declaración de un testigo sospechoso, pero
exige apreciarla con mayor rigor y contrastarla con el restante material probatorio.
Por ello, el testimonio de la señora Montoya Aguirre será analizado bajo las reglas
de la sana crítica, sin excluirlo del acervo probatorio, pero teniendo en cuenta la
tacha formulada por la entidad accionada.
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35. Precisado lo anterior, la Sala recuerda que las cooperativas de trabajo
asociado tienen sustento jurídico en la Ley 79 de 1988, que permitió la
conformación de organizaciones solidarias integradas por personas naturales
para desarrollar, de manera conjunta, iniciativas económicas y laborales. Este
modelo buscó democratizar los medios de producción, distribuir equitativamente
los excedentes y ofrecer alternativas frente al desempleo.

36. Posteriormente, el Decreto 4588 de 2006 definió estas organizaciones
como entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la
economía, conformadas por personas naturales que, simultáneamente, actúan
como gestoras, contribuyen económicamente a la cooperativa y aportan
directamente su capacidad de trabajo para desarrollar actividades económicas,
profesionales o intelectuales, con el propósito de producir bienes, ejecutar obras
o prestar servicios en beneficio de sus asociados y de la comunidad.

37. No obstante, esa normativa fijó límites precisos al uso de la figura. En sus
artículos 16 y 17 dispuso que, cuando una cooperativa envíe a sus asociados a
prestar servicios a un tercero bajo condiciones de subordinación, se entenderá
configurado un vínculo laboral dependiente entre el asociado y la persona natural
o jurídica beneficiaria de su trabajo.

38. Asimismo, prohibió expresamente que las cooperativas y precooperativas
actuaran como empresas de intermediación laboral o de servicios temporales, o
que dispusieran del trabajo de sus asociados para suministrar mano de obra a
terceros. De configurarse tales prácticas, la cooperativa, sus directivos y el
contratante responderán solidariamente por las obligaciones económicas
derivadas del vínculo así encubierto.

39. La jurisprudencia de esta corporación ha precisado que la finalidad,
estructura y funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado difieren
sustancialmente de las empresas de carácter comercial, lo que justifica la
existencia de un régimen jurídico especial. Sin embargo, dicha particularidad no
autoriza el desconocimiento de los derechos laborales constitucionalmente
protegidos.

40. En particular, se ha advertido que el trabajo asociado no puede utilizarse
para evadir obligaciones frente a personas que, en la práctica, prestan sus
servicios de manera personal, remunerada y bajo continuada subordinación. Por
ello, cuando un asociado solicita la desnaturalización de la figura con fundamento
en el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, le corresponde
acreditar la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación
continuada respecto del tercero beneficiario.

41. Además de la vinculación a través de cooperativas de trabajo asociado, la
demandante también prestó sus servicios al hospital mediante la figura prevista
en el artículo 482 del Código Sustantivo del Trabajo, desarrollada por el Decreto
1429 de 2010. Esta disposición define el contrato sindical como un acuerdo de
voluntades de naturaleza colectivo-laboral, solemne, nominado y principal, que
puede celebrarse entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios

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empleadores o sindicatos de empleadores, para la prestación de servicios o la
ejecución de obras por medio de sus afiliados.

42. La celebración y ejecución de este tipo de acuerdos se enmarca en el
ejercicio de la libertad sindical y se desarrolla bajo la autonomía administrativa e
independencia financiera del sindicato contratante, con sujeción a las normas y
principios del derecho colectivo del trabajo.

43. Hechas las anteriores precisiones, la Sala destaca que la certificación
expedida el 2 de mayo de 2014 por COOPFÉNIX da cuenta de que la
demandante se desempeñó como auxiliar de enfermería en la entidad accionada
entre el 5 de junio de 2008 y el 31 de julio de 2011. No obstante, no se aportó
prueba del vínculo jurídico que habría existido entre dicha cooperativa y la E.S.E.
demandada.

44. Ahora bien, la certificación expedida por COOPFÉNIX es coherente con la
prueba testimonial, teniendo en cuenta que la señora Blanca Cecilia Montoya
Aguirre relató que la accionante laboró en la entidad accionada desde 2008 o
2009 hasta 2013 o 2014, vinculada a través de dicha cooperativa. Además, en el
expediente se encuentran los cuadros de turnos de julio, agosto y septiembre de
2008, en los cuales aparece relacionada la demandante6.

45. De igual manera, en el informe de semanas cotizadas a Colpensiones se
registra que «COOFENIX CTA» (sic) realizó aportes a pensión a favor de la
demandante desde el 6 de junio de 2008 hasta el 31 de julio de 2011, de manera
continua.

46. Así las cosas, si bien no se aportó el contrato o convenio que celebró la
entidad accionada con COOPFÉNIX, las demás pruebas aportadas al
expediente, valoradas de manera conjunta y de acuerdo con las reglas de la sana
crítica, permiten concluir que la información certificada por dicha cooperativa es
cierta, en tanto resulta coherente con los demás elementos de juicio recaudados.
Por consiguiente, debe entenderse demostrado que la accionante prestó sus
servicios como auxiliar de enfermería desde el 5 de junio de 2008 hasta el 31 de
julio de 2011.

47. Por otro lado, frente al lapso comprendido entre el 1.° de agosto de 2011
y el 1.° de julio de 2014, en el expediente se encuentran los siguientes contratos
suscritos por la ESE accionada y CORFÉNIX y por aquella y FEDSALUD, a
través de los cuales estas últimas se comprometieron a prestar sus servicios
especializados para atender las actividades, intervenciones y procedimientos en
diferentes subprocesos, entre esos los de auxiliares de enfermería7.

Contrato Contratante Contratista Duración
ESE Hospital General
Contrato de prestación de 1/3/2013 al
de Medellín Luz CORFÉNIX
servicios 67 del 27 de 31/7/2013
Castro de Gutiérrez
6
Aunque también se aportaron los cuadros de turnos de los meses de agosto, septiembre, octubre y
noviembre de 2010 y febrero, abril, mayo, junio y julio de 2011, en ellos no se relaciona a la demandante.
7
En el expediente también se encuentran los contratos 66 de 2013 (FEDSALUD), 105 de 2013 (CORFÉNIX),
95 de 2014 (FEDSALUD), 148 de 2014 (FEDSALUD), 149 de 2014 (FEDSALUD) y 150 de 2014
(FEDSALUD); sin embargo, en el objeto de estos no se previó la atención de subprocesos de «enfermería
a nivel auxiliar».
9
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Demandante: Mónica Andrea Sánchez Velásquez

febrero de 2013 y
modificaciones
Contrato de prestación de ESE Hospital General
1/9/2013 al
servicios 242 del 30 de de Medellín Luz CORFÉNIX
1/10/2013
agosto de 2013 Castro de Gutiérrez
ESE Hospital General
Contrato sindical 260 del 1/10/2013 al
de Medellín Luz FEDSALUD
27 de septiembre de 2013 31/12/2013
Castro de Gutiérrez
ESE Hospital General
Contrato sindical 272 del 8 11/10/2013 al
de Medellín Luz FEDSALUD
de octubre de 2013 31/12/2013
Castro de Gutiérrez
Contrato sindical 32 del 31 ESE Hospital General
1/2/2014 al
de enero de 2014 y de Medellín Luz FEDSALUD
1/7/2014
modificación Castro de Gutiérrez
ESE Hospital General
Contrato sindical 128 del 30/5/2014 al
de Medellín Luz FEDSALUD
29 de mayo de 2014 31/8/2014
Castro de Gutiérrez

48. En este punto vale la pena destacar que en la audiencia inicial se
decretaron varias pruebas, entre ellas se requirió a COOPFÉNIX y/o CORFÉNIX
para que certificara, entre otras cosas, los extremos de la relación laboral que
sostuvo con la demandante, la entidad beneficiaria del servicio y las jornadas de
trabajo; sin embargo, a pesar de varios requerimientos, dicha corporación no dio
respuesta, por lo cual, mediante auto del 2 de marzo de 2021, el Tribunal aceptó
el desistimiento de dicha prueba, ante las dificultades para obtener la
información.

49. En esas condiciones, aunque tampoco se tienen todos los contratos que
celebró la ESE accionada con CORFÉNIX y FEDSALUD y/o DARSER entre el
1.° de agosto de 2011 y el 1.° de julio de 2014, lo cierto es que las certificaciones
expedidas por CORFÉNIX y DARSER indican las fechas exactas durante las
cuales la demandante estuvo vinculada a dichas organizaciones y prestó sus
servicios como auxiliar de enfermería en beneficio de la entidad accionada.

50. Adicionalmente, las dos (2) testigos que concurrieron al proceso dieron
cuenta del sistema de intermediación que utilizaba la ESE demandada con el
propósito de vincular personal auxiliar de enfermería; y también se aportaron los
cuadros de turnos correspondientes a los meses de diciembre de 2011, marzo,
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2012; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 20138, en los
cuales aparece relacionada la demandante.

51. De igual manera, el informe de aportes pensionales efectuados a
Colpensiones registra que CORFÉNIX realizó cotizaciones a favor de la
accionante desde el 1.° de agosto de 2011 hasta el 30 septiembre de 2013; y que
DARSER hizo lo mismo entre el 1.° de octubre de 2013 y el 30 de junio de 2014.

52. Bajo ese panorama, la Sala considera plausible concluir, mediante una
valoración integral de las pruebas recaudadas, conforme a las reglas de la sana
crítica, que la demandante sí prestó sus servicios como auxiliar de enfermería en
la entidad accionada desde el 1.° de agosto de 2011 y el 1.° de julio de 2014,
toda vez que los documentos recaudados y los testimonios practicados respaldan

8
Aunque también se aportaron los cuadros de turnos de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2011,
en ellos no se relaciona a la demandante.
10
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la información certificada por CORFÉNIX y DARSER, por lo cual le brindan
coherencia y fuerza persuasiva.

53. Lo anterior, teniendo en cuenta que, si bien no se aportaron todos los
contratos que celebró la ESE demandada con CORFÉNIX y FEDSALUD o
DARSER, existen otros elementos probatorios que, analizados en su conjunto,
generan la convicción suficiente en cuanto a que la accionante se desempeñó
como auxiliar de enfermería al servicio de la entidad accionada.

54. En resumen, la Sala considera que la actora cumplió con la carga de
demostrar que prestó un servicio personal como auxiliar de enfermería a favor de
la entidad accionada, desde el 5 de junio de 2008 hasta el 30 de junio de 2014,
como lo afirmó en la demanda, a través de COOPFÉNIX, CORFÉNIX y DARSER.

55. Por otra parte, también está acreditado que la demandante recibió una
remuneración por el cumplimiento de sus tareas como auxiliar de enfermería,
teniendo en cuenta que en los contratos celebrados entre la ESE accionada y las
organizaciones intermediarias se pactó un valor por la prestación del servicio,
hecho que puede constatarse en todos los contratos que fueron aportados al
proceso, de donde se desprende que se trató de acuerdos onerosos.

56. Adicionalmente, al proceso se allegó una circular informativa del 1.º de
agosto de 2013, mediante la cual CORFÉNIX informó a sus empleados que
desde ese momento se iniciaría un nuevo contrato con la ESE accionada y que
el pago se haría quincenal, entre otras cosas; así como el «otrosí al contrato de
trabajo de duración por obra o labor determinada» 199 del 1.° de agosto de 2011
suscrito entre la demandante y CORFÉNIX el 1.° de agosto de 2013, en el cual
se modificó el valor que esta última le pagaría a la primera por concepto de
salario-hora laborada desde la fecha mencionada.

57. Asimismo, la testigo Beatriz María Pereira Valderrama relató que
COOPFÉNIX y CORFÉNIX le pagaba a la demandante su remuneración.

58. De igual manera, en el expediente se encuentra una certificación expedida
por DARSER el 17 de enero de 2018, en la cual indica el valor de las
compensaciones que le pagó a la demandante entre 2013 y 2014 y la liquidación
definitiva.

59. De acuerdo con lo expuesto, resulta suficientemente claro que la
demandante recibió una remuneración como retribución por el servicio personal
que prestó en beneficio de la ESE accionada en condición de auxiliar de
enfermería.

60. Respecto de la continuada subordinación, esta corresponde al poder
jurídico permanente de dirección que ostenta el empleador sobre la actividad del
trabajador, el cual se manifiesta en la facultad de fijar la manera en que este debe
desarrollar sus funciones, exigir el cumplimiento de órdenes e instrucciones,
someterlo a reglamentos y ejercer sobre él la potestad disciplinaria. No se trata,
por tanto, de la mera existencia de coordinación, seguimiento o verificación del
servicio, sino de una verdadera situación de dependencia en la que la autonomía

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del contratista queda comprometida por la sujeción constante a la voluntad de
quien requiere el servicio9.

61. Esta corporación10 ha considerado que las labores relacionadas con la
actividad de enfermería suelen llevar implícita la continuada subordinación, ya
que la parte contratante ejerce el control o dirección de la forma en que se
ejecutan las tareas, tesis que es consonante con las pruebas recaudadas en el
proceso, las cuales permiten entender con un alto grado de probabilidad que la
demandante carecía de autonomía para determinar la cantidad, el tiempo, el
modo y el lugar en que cumplía sus quehaceres. Adicionalmente, vale la pena
destacar que el ejercicio de tareas asistenciales de enfermería implica el
direccionamiento por parte de los médicos respecto de los cuidados que los
auxiliares de enfermería deben prestar al paciente para seguir el tratamiento
ordenado por los primeros11.

62. Si bien el cumplimiento de horarios y la ejecución de actividades en las
instalaciones de la entidad beneficiaria constituyen únicamente indicios de
subordinación y no prueba suficiente de su existencia, tratándose de labores de
auxiliar de enfermería tales circunstancias adquieren especial relevancia, pues
esas funciones suponen un importante grado de direccionamiento por parte de
los superiores inmediatos —como jefes de enfermería— y del personal médico.

63. Conforme a lo expuesto, la Sala considera demostrado que la entidad
accionada ejercía un control efectivo sobre la forma en que la demandante
desarrollaba sus funciones como auxiliar de enfermería. En efecto, la atención y
cuidado brindados a los pacientes dependían del cumplimiento de las órdenes
médicas y de las directrices impartidas por el personal de enfermería, de modo
que la actora no contaba con autonomía para definir los medicamentos que debía
aplicar, la periodicidad de los procedimientos o las actividades asistenciales que
debía ejecutar.

64. De ello dio cuenta la testigo Blanca Cecilia Montoya Aguirre, quien también
se desempeñó como auxiliar de enfermería. Expuso que la demandante atendía
a los pacientes de acuerdo con los tratamientos prescritos por los médicos y los
planes de cuidado definidos por las jefes de enfermería, conforme a los
protocolos de la entidad demandada. Agregó que cumplía turnos de 7:00 a. m. a
7:00 p. m. y de 7:00 p. m. a 7:00 a. m.

65. Aunque la testigo Beatriz María Pereira Valderrama indicó que las
coordinadoras de COOPFÉNIX o CORFÉNIX asignaban las tareas a la
accionante, también precisó que la ESE exigía a esas intermediarias que el
personal dispuesto para la prestación del servicio, incluida la actora, desarrollara
sus actividades de acuerdo con los protocolos adoptados por el hospital.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
10
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencias del 12 de junio de 2025, expediente 66001-23-33-000-2017-00062-01 (3238-2019); 14 de
mayo de 2025, expediente 25000-23-42-000-2016-00467-02 (3382-2021); 9 de mayo de 2024, expediente
66001-23-33-000-2017-00061-01 (0870-2020); y 21 de abril de 2016, expediente 13001-23-31-000-2012-
00233-01 (2820-2014); y Subsección B, sentencias del 12 de diciembre de 2023, expediente 66001-23-33-
000-2017-00274-01 (2189-2020) y 28 de julio de 2022, expediente 76001-23-33-000-2011-00822-01 (1953-
2018).
11
Ver, entre otras, las siguientes providencias proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado:
Subsección A, sentencia del 18 de julio de 2018, expediente 52001-23-31-000-2011-00207-01 (0501-2017).
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66. De acuerdo con la primera testigo, los médicos daban a la demandante las
órdenes relacionadas con los tratamientos y cuidados que debía aplicar,
circunstancia que coincide con lo que se ha reconocido de manera pacífica
respecto de este tipo de actividades y que ha sustentado la presunción de
subordinación. A su vez, la segunda testigo, quien actuaba como enlace entre la
cooperativa y la ESE, manifestó que esta última exigía al personal cooperado la
observancia de sus protocolos. Esto demuestra que los procedimientos y pautas
que guiaban las labores de la actora eran definidos por la entidad demandada,
no por la cooperativa, cuya intervención se limitaba a asignar o distribuir el
personal entre los distintos servicios, según las necesidades de la ESE.

67. Además, aunque la señora Pereira Valderrama señaló que los cuadros de
turnos eran definidos por las coordinadoras designadas por COOPFÉNIX y/o
CORFÉNIX, lo cierto es que en la ESE accionada había jefes de enfermería de
planta y contratistas, las cuales tenían facultad de ordenar el desarrollo de las
tareas de las auxiliares de enfermería, tal como lo explicó la testigo Montoya
Aguirre. En igual sentido, en los contratos celebrados entre las organizaciones
intermediarias y el hospital, aportado al proceso, se previó una cláusula según la
cual este último podía realizar variaciones en las horas y lugares de prestación
de los servicios, según las necesidades que este tuviera, hecho que pone en
duda la versión de la testigo Pereira Valderrama según la cual las organizaciones
mencionadas controlaban los cuadros de turnos que debía observar la
accionante.

68. Lo anterior demuestra que, a pesar de que los terceros intermediarios
enviaban coordinadoras a las instalaciones de la ESE para ordenar la
disponibilidad del personal en los diferentes servicios y que en ese ejercicio
aquellas podían orientar la prestación del servicio a cargo de la demandante, ello
respondía un esquema de consecución y administración del recurso humano
adoptado por la entidad accionada, pues, en todo caso, la actora debía observar
los protocolos de atención y procedimientos elaborados por esta última al
momento de cumplir sus tareas como auxiliar de enfermería.

69. Por lo expuesto, queda claro: (i) que la accionante no gozaba de
autonomía para prestar el servicio, pues no definía los tratamientos ni las demás
asistencias que brindaba a los pacientes, sino que estos correspondían a las
indicaciones impartidas por los médicos y jefes de enfermería, a través de
órdenes y planes de cuidado; y (ii) que esas instrucciones se daban dentro del
esquema de administración de personal adoptado por la propia ESE demandada.
De ahí que, en este caso, la subordinación se ejerciera materialmente por la
entidad hospitalaria, incluso si para la organización del recurso humano acudió a
terceros intermediarios.

70. Esta conclusión no desconoce lo decidido por esta Subsección en la
sentencia del 13 de febrero de 2025, dictada dentro del proceso con radicación
05001-23-33-000-2016-01989-01 (0230-2023). Aunque en ese asunto también
se analizó la presencia de coordinadoras de las organizaciones intermediarias en
el Hospital General de Medellín, la decisión se apoyó en un acervo probatorio
distinto, del cual se demostró que aquellas asumían la programación de turnos,
la asignación de actividades, el manejo de permisos, incapacidades y novedades,
13
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así como el trámite de quejas o llamados de atención. En cambio, en el presente
proceso la prueba testimonial permitió establecer que la coordinadora de la
organización intermediaria cumplía, en esencia, una función de enlace y
distribución del recurso humano entre los servicios requeridos por la ESE,
mientras que las órdenes asistenciales, los planes de cuidado, los tratamientos,
la aplicación de medicamentos y los protocolos de obligatorio cumplimiento
provenían del personal médico y de enfermería de la entidad hospitalaria. Por
ello, la diferencia entre ambos asuntos no radica en la sola existencia de una
coordinadora dentro del hospital, sino en el alcance que, según la prueba
practicada en cada expediente, tuvo esa coordinación frente al ejercicio material
del poder de dirección sobre la prestación efectiva del servicio.

71. Así las cosas, ha quedado en evidencia que la intermediación a la cual
recurrió la entidad accionada –cooperativas, corporaciones y contrato sindical–
fue ejecutada de manera indebida, pues era la entidad contratante la que tenía
el control de la prestación del servicio a cargo de la demandante en cuanto al
tiempo, el modo, el lugar y la cantidad del trabajo, mas no COOPFÉNIX,
CORFÉNIX ni DARSER, razón por la cual resulta procedente declarar la
existencia del vínculo de trabajo con la ESE accionada, conforme al principio de
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la
relación laboral.

72. De acuerdo con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia en tanto declaró la nulidad del acto acusado y declaró la existencia de
un vínculo de trabajo entre la actora y la entidad demandada desde el 5 de junio
de 2008 hasta el 30 de junio de 2014.

73. Por último, en punto de la condena en costas, resulta relevante poner de
presente que la sentencia apelada fue proferida el 26 de febrero de 2025, es
decir, en vigencia de la Ley 2080 de 2021, cuyo artículo 47 adicionó el inciso
segundo del artículo 188 del CPACA. En vigencia de esta normativa, la Sala ha
considerado que, tratándose de asuntos de nulidad y restablecimiento del
derecho, este último artículo citado mantuvo la regla según la cual la condena en
costas procede contra la parte que haya resultado vencida.

74. Al respecto, la Sala estima que la condena impuesta en primera instancia
atendió la tesis enunciada, comoquiera que la parte demandada resultó vencida
y, por lo tanto, era procedente la condena en costas contra ella.

2. El restablecimiento del derecho

75. La Sala observa que el Tribunal condenó a la entidad accionada a pagarle
a la actora las prestaciones sociales que devengada un auxiliar de enfermería de
planta desde el 5 de junio de 2008 hasta el 30 de junio de 2014.

76. No obstante, la demandante no tiene derecho al pago de todas las
«prestaciones sociales» que podrían beneficiar a un funcionario de planta, ya que
el reconocimiento de la desnaturalización de la intermediación laboral no le
otorga a aquella la condición de empleada pública, de modo que no es posible
aplicar el principio a igual trabajo, igual salario.

14
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Demandante: Mónica Andrea Sánchez Velásquez

77. Al respecto, se advierte que no es procedente una condena fundada en la
remuneración del personal de planta por las siguientes razones: de un lado, la
dificultad de establecer un parámetro cierto de comparación con los servidores
de la entidad; de otro, la improcedencia de predicar una equiparación plena entre
la contratista y un empleado vinculado mediante relación legal y reglamentaria.

78. En cuanto al primer aspecto, no resulta posible determinar con claridad el
empleo de planta que serviría como referente ni los criterios para efectuar la
comparación. En efecto, no está definido si debe acudirse a las funciones
contractuales, al perfil profesional, a la experiencia o a la formación, ni obran en
el expediente elementos que permitan identificar con precisión la denominación,
el código, el grado o la escala salarial del cargo equivalente durante todo el
período analizado. Esta indeterminación compromete la seguridad jurídica y
dificulta la ejecución de la decisión, en la medida en que trasladaría a la
administración un margen amplio de discrecionalidad para fijar el parámetro, con
el riesgo de generar nuevas controversias.

79. En cuanto al segundo aspecto, aun si fuera posible establecer una
equivalencia, no es viable asimilar la situación de la demandante a la de un
empleado público, pues no existió nombramiento ni posesión que la incorporaran
a la planta de personal, ni accedió al cargo mediante concurso de méritos. A ello
se suma que los servidores públicos se encuentran sometidos a un régimen de
responsabilidades disciplinaria, fiscal y penal más exigente, lo que impide
predicar una equiparación plena entre ambas situaciones.

80. Con base en lo anterior, esta Subsección ha considerado que en estos
eventos la parte demandante tiene derecho a las prestaciones mínimas del
régimen general consagradas exclusivamente en los Decretos 1042 y 1045 de
1978, con base en los honorarios pactados12.

81. Por consiguiente, la Sala modificará el fallo de primera instancia a fin de
ordenar a la entidad accionada que le pague a la actora el auxilio de transporte13,
el subsidio de alimentación14, las cesantías, los intereses sobre las cesantías, la
prima de navidad, las vacaciones entre el 5 de junio de 2008 y el 30 de septiembre
de 2013 y la prima de vacaciones causados desde el 5 de junio de 2008 hasta el
30 de junio de 2014. Tales emolumentos se calcularán de la siguiente manera:
desde el 5 de junio de 2008 hasta el 30 de septiembre de 2013, con base en el
salario mínimo legal mensual vigente, debido a que no se allegó prueba del valor
exacto de la remuneración que devengó la actora en ese lapso; y desde el 1.° de
octubre de 2013 hasta el 30 de junio de 2014, teniendo en cuenta las
compensaciones básicas certificadas por DARSER.

82. No se reconocerá ningún valor a título de vacaciones entre el 1.° de
octubre de 2013 y el 30 de junio de 2014, teniendo en cuenta que DARSER le

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 20 de marzo de 2025, expediente 05001-23-33-000-2016-00363-01 (0404-2021).
13
Solo reconocerá el auxilio de transporte durante el período comprendido entre el 5 de junio de 2008 y el
30 de septiembre de 2013, ya que en los tiempos restantes la actora devengó remuneraciones superiores a
las que exige la ley para acceder a dicho emolumento.
14
Solo reconocerá el subsidio de alimentación durante el período comprendido entre el 5 de junio de 2008
y el 30 de septiembre de 2013, puesto que en los tiempos restantes la actora devengó remuneraciones
superiores a las que exige la ley para acceder a dicho emolumento.
15
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Demandante: Mónica Andrea Sánchez Velásquez

canceló una «compensación por descanso» durante ese período, concepto que,
de acuerdo con las reglas de la lógica y la sana crítica, tenía la finalidad de
amparar la misma contingencia que las vacaciones15.

83. Tal asimilación no resulta procedente respecto de los valores pagados por
concepto de «compensación semestral DIC/13» y «compensación semestral
JUN/2014», «compensación anual (10/2013-06-2014)» e «intereses
compensación anual (01/2014-06/2014)», debido a que no se tiene conocimiento
sobre el objeto y/o finalidad con la cual se reconocieron estos emolumentos.

84. Los emolumentos enunciados se liquidan en los siguientes términos:

Remuneración
Días Meses Total Auxilio de Subsidio de
IPC IPC promedio Auxilio de Subsidio de
Año o mes por completos remuneración transporte alimentación
final inicial mensual por transporte alimentación
año por año anual indexado indexado
año
2008 158,2 68,73 210 6,87 461.500 3.230.500 377.850 869.555 243.967 561.448
2009 158,2 70,21 365 12 496.900 6.045.617 711.600 1.603.102 484.944 1.092.488
2010 158,2 71,69 365 12 515.000 6.265.833 738.000 1.628.253 494.652 1.091.353
2011 158,2 74,12 365 12 532.500 6.478.750 763.200 1.628.647 510.336 1.089.043
2012 158,2 76,75 366 12 566.700 6.913.740 813.600 1.676.705 535.860 1.104.325
1/1/2013 al
158,2 78,28 273 9 589.500 5.364.450 634.500 1.282.050 415.728 840.006
30/9/2013
1/10/2013 al
158,2 79,52 31 1 1.722.917 1.780.348 0 0 0 0
31/10/2013
1/11/2013 al
158,2 79,35 30 1 1.799.980 1.799.980 0 0 0 0
30/11/2013
1/12/2013 al
158,2 79,56 31 1 1.771.038 1.830.073 0 0 0 0
31/12/2013
1/1/2014 al
158,2 79,95 31 1 1.537.272 1.588.514 0 0 0 0
31/1/2014
1/2/2014 al
158,2 80,45 28 1 1.593.029 1.486.827 0 0 0 0
28/2/2014
1/3/2014 al
158,2 80,77 31 1 1.741.717 1.799.774 0 0 0 0
31/3/2014
1/4/2014 al
158,2 81,14 30 1 1.791.398 1.791.398 0 0 0 0
30/4/2014
1/5/2014 al
158,2 81,53 31 1 1.639.853 1.694.515 0 0 0 0
31/5/2014
1/6/2014 al
158,2 81,61 30 1 2.106.644 2.106.644 0 0 0 0
30/6/2014
Auxilio de transporte Subsidio de alimentación
TOTAL EMOLUMENTOS indexado indexado
$ 8.688.312 $ 5.778.664

Intereses
Prima de Prima de
Cesantías sobre las Prima de Vacaciones Prima de
Cesantías navidad Vacaciones vacaciones
indexadas cesantías navidad indexadas vacaciones
indexada indexada
indexadas
298.144 686.126 48.029 279.283 642.721 315.968 727.144 315.968 727.144
624.363 1.406.573 171.133 568.440 1.280.589 858.482 1.933.999 858.482 1.933.999
646.759 1.426.948 173.612 588.830 1.299.139 885.962 1.954.703 885.962 1.954.703
668.690 1.426.965 173.614 608.797 1.299.155 915.560 1.953.779 915.560 1.953.779
713.558 1.470.533 179.405 647.871 1.335.162 974.048 2.007.364 974.048 2.007.364
516.723 1.044.073 95.011 480.983 971.859 621.730 1.256.248 621.730 1.256.248
149.929 298.217 3.082 144.092 286.607 0 0 74.181 147.551
151.564 302.117 3.021 150.519 300.033 0 0 74.999 149.497
154.116 306.392 3.166 148.116 294.463 0 0 76.253 151.596
133.774 264.653 2.735 128.566 254.349 0 0 66.188 130.944
125.167 246.087 2.297 133.183 261.846 0 0 61.951 121.800
151.565 296.805 3.067 145.664 285.250 0 0 74.991 146.852
150.842 294.043 2.940 149.802 292.015 0 0 74.642 145.502
142.700 276.842 2.861 137.145 266.064 0 0 70.605 136.975
177.387 343.797 3.438 176.163 341.426 0 0 87.777 170.122
Intereses
sobre las
Cesantías indexadas Prima de navidad indexada Vacaciones indexadas Prima de vacaciones indexada
cesantías
indexadas
$ 10.090.170 $ 867.410 $ 9.410.678 $ 9.833.237 $ 11.134.076
$ 55.802.548

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Mediante sentencia del 5 de febrero de 2026, proferida dentro del expediente 76001-23-33-000-2014-
00055-01 (1365-2022), esta Subsección adoptó una decisión similar respecto de la contribución de
movilización y el auxilio de transporte.
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Demandante: Mónica Andrea Sánchez Velásquez

85. Adicionalmente, de conformidad con la Ley 70 de 1988 y el Decreto 1978
de 1989, y teniendo en cuenta que la demandante devengó remuneraciones
mensuales inferiores a dos (2) salarios mínimos legales mensuales entre el 5 de
junio y el 31 de diciembre de 2008, la Sala ordenará a la entidad accionada
reconocer y pagar a favor de aquella la compensación en dinero correspondiente
a dieciséis (16) dotaciones de vestido y calzado causadas en las siguientes
fechas: 30 de agosto y 30 de diciembre de 2008; 30 de abril, 30 de agosto y 30
de diciembre de 2009; 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de 2010; 30
de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de 2011; 30 de abril, 30 de agosto y 30
de diciembre de 2012; y 30 de abril y 30 de agosto de 2013, teniendo en cuenta
el valor establecido por dicha entidad en cada vigencia fiscal al momento de la
adquisición de cada dotación, de manera indexada.

86. No se reconocerá ningún valor por concepto de prima de servicio ni
bonificación por servicios prestados, pues estos emolumentos benefician a los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden territorial a partir del 1.° de
enero de 2015 y el 1.° de enero de 2016, de acuerdo con los Decretos 2351 de
2014 y 2418 de 2015, y la vinculación de la accionante a través de terceros
perduró hasta el 30 de junio de 2014.

87. Por otro lado, aunque los artículos 320 y 328 del CGP limitan la
competencia del juez de segunda instancia a los reparos concretos planteados
en la apelación, el artículo 187 del CPACA dispone que en la sentencia se
decidirán todas las excepciones propuestas y las que el fallador encuentre
probadas, siempre que no se desmejore la situación del apelante único.

88. Con base en la normativa citada, la Sala revocará el literal b) del ordinal
segundo de la parte resolutiva del fallo de primera instancia, en el cual se ordenó
a la entidad accionada efectuar el pago los aportes a pensión a su cargo, con
destino al fondo de previsión correspondiente, puesto que tales cotizaciones
fueron realizadas en su momento por COOPFÉNIX, CORFÉNIX y DARSER, tal
como se desprende del reporte expedido por Colpensiones.

89. De igual manera, se revocará la condena tendiente a que la ESE
demandada reconozca las diferencias salariales que resulten entre la
remuneración que recibió la accionante y lo que debió recibir en igualdad de
condiciones a los auxiliares de enfermería de planta, desde el 5 de junio de 2008
hasta el 30 de junio de 2014, teniendo en cuenta que ello no es procedente en
tanto la demandante no tuvo la condición de empleada pública y la presente
decisión no le otorga tal condición, tal como se señaló previamente.

90. Asimismo, se modificará el ordinal quinto de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia a fin de excluir la orden dirigida a que la entidad
accionada indexe las sumas que resulten de la condena, comoquiera que la
liquidación de emolumentos efectuada previamente ya incluye tal actualización y
solo se mantendrá para efectos del pago de la dotación de vestido y calzado.

91. En torno a la prescripción extintiva (trienal), la Sala observa que esta no
se configuró, puesto que la demandante prestó sus servicios de auxiliar de
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Demandante: Mónica Andrea Sánchez Velásquez

enfermería de manera continua desde el 5 de junio de 2008 hasta el 30 de junio
de 2014, y la reclamación administrativa y la demanda se promovieron dentro de
los tres (3) años siguientes a esta última fecha, a saber: el 6 de octubre de 2015
y el 21 de junio de 2016, respectivamente.

La condena en costas de segunda instancia

92. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

93. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

94. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

95. En este contexto, no hay lugar a condena en costas. En efecto, se
modifican y revocan parcialmente aspectos de la sentencia de primera instancia,
particularmente las órdenes de pago de aportes a pensión y diferencias
salariales, de modo que no puede afirmarse que alguna de las partes haya
resultado vencida en esta instancia por lo que se prescinde de su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia
del 26 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Decisión, el cual quedará así:

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la ESE Hospital General de Medellín
Luz Castro de Gutiérrez a pagar cincuenta y cinco millones ochocientos dos mil
quinientos cuarenta y ocho pesos ($ 55.802.548 COP) a favor de la señora Mónica
Andrea Sánchez Velásquez, por concepto de los emolumentos incluidos en la
liquidación realizada en la parte motiva de esta providencia, los cuales se causaron
desde el 5 de junio de 2008 hasta el 30 de junio de 2014.

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Demandante: Mónica Andrea Sánchez Velásquez

Adicionalmente, la ESE Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez
deberá pagarle la demandante el valor equivalente a dieciséis (16) dotaciones de
vestido y calzado causadas en las siguientes fechas: 30 de agosto y 30 de
diciembre de 2008; 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de 2009; 30 de
abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de 2010; 30 de abril, 30 de agosto y 30 de
diciembre de 2011; 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de 2012; y 30 de
abril y 30 de agosto de 2013. Para tales efectos, se deberá tener en cuenta el valor
establecido por dicha entidad en cada vigencia fiscal al momento de la causación
de la respectiva dotación, el cual deberá ser indexado hasta la fecha de ejecutoria
de esta providencia.

SEGUNDO. REVOCAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia del
26 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Decisión, a través del cual se había ordenado el pago de diferencias
salariales a favor de la demandante desde el 5 de junio de 2008 hasta el 30 de
junio de 2014, por las razones explicadas en esta providencia.

TERCERO. MODIFICAR el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia
del 26 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Decisión, el cual quedará así:

QUINTO: La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos
señalados en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

CUARTO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

QUINTO. Sin condena en costas de segunda instancia.

SEXTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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