Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01989-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01989-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-01989-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
13 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01989-01 (0230-2023)
Demandante: Liliana María Guerra Mira
Demandado: Hospital General de Medellín E.S.E.
Temas: Relación laboral encubierta. Contratos de prestación de servicios.
Auxiliar de enfermería. Nivelación salarial. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante, contra la
sentencia del veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós (2022) proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual negó las pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora Liliana María Guerra Mira instauró demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
contra del Hospital General de Medellín E.S.E., con el fin de que se acceda a las
siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del acto administrativo No. 01200000000002016000369
del 21 de enero de 2016, por medio del cual se negó el reconocimiento de la relación
laboral, el pago de las prestaciones dejadas de percibir y la solicitud de nivelación
salarial.
Que se declare que existió un vínculo laboral desde el 1 de julio de 2007 hasta el
30 de junio de 2014 y, se condene a la entidad a pagar la diferencia salarial, las
prestaciones sociales y los recargos por trabajo suplementario y nocturno dejados
de percibir.
Que cancele el reajuste de los aportes al sistema de seguridad social y reintegre los
aportes económicos que debió efectuar a las cooperativas y corporaciones a las
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que estuvo vinculada.
Que se ordene la nivelación salarial y prestacional desde el 1 de julio de 2014.
Que se condene en costas a la demandada.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que prestó sus servicios al Hospital General de Medellín como auxiliar de
enfermería, entre el 1 de julio de 2007 y el 31 de julio de 2011, a través de la
Cooperativa de Trabajo Asociado COOPFENIX y, del 1 de agosto de 2011 y el 30
de septiembre de 2013, por medio de la Corporación para la Salud CORFENIX.
Que, del 1 de octubre de 2013 al 30 de junio de 2014 se vinculó por medio del
Sindicato de Profesionales y Oficios de la Salud “DAR-SER”.
Que cumplía turnos programados por la entidad de manera habitual y permanente
durante todos los días de la semana, incluyendo dominicales y festivos y en las
jornadas diurna y nocturna.
Que ejecutó sus funciones bajo continua subordinación, cumplía órdenes del
personal del centro asistencial, sobre las actividades diarias a desempeñar, el
número de pacientes o la forma en que los debía cuidar.
Que su labor correspondía al giro ordinario de la entidad y era ejecutada en las
instalaciones de esta, con su equipo, maquinaria y herramientas.
Que, a partir del 1 de julio de 2014, fue vinculada a la planta de la entidad como
auxiliar del área de salud, en provisionalidad; pero que, su asignación salarial es
inferior a la percibida por otra persona que está vinculada en las mismas
condiciones.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 26 de septiembre de 2016 y, notificada
a la entidad demandada, quien manifestó que los hechos no eran ciertos, porque no
existió ningún vínculo entre las partes, la actora prestó sus servicios en el hospital
como empleada de CORFENIX y DARSER, bajo condiciones que desconoce.
Que suscribió varios contratos de prestación de servicios con las asociaciones
COOPFENIX y CORFENIX entre 2013 y 2014, para que se hicieran cargo de los
servicios especializados para atender las actividades, intervenciones y
procedimientos de enfermería a nivel profesional, auxiliar y otros.
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Que la relación de la entidad con esas compañías fue de carácter privado, comercial
y aquellas contaban con absoluta autonomía, recursos humanos propios y técnicos
frente al usuario, que, igual que el hospital, al final, evaluaba los resultados en los
productos, bienes o servicios.
Que la presunta asignación del horario a la demandante era realizada por la
corporación o cooperativa de trabajo a la que se encontrara vinculada, y los
supervisores eran quienes programaban los turnos e impartían órdenes, por lo que
eran aquellas sus verdaderas empleadoras.
Propuso como excepciones, la inepta demanda, falta de causa para demandar,
imposibilidad de declarar la existencia de una relación laboral, responsabilidad de
un tercero, inexistencia de relación contractual entre las partes, prescripción y
genérica.
Se celebró audiencia inicial el 18 de julio de 2017, en la que se declaró no probada
la excepción de inepta demanda, se fijó el litigio, se surtió la etapa conciliatoria, se
decretaron las pruebas solicitadas y se programó la audiencia para su práctica.
Luego de agotado el periodo probatorio se dio traslado a las partes para que
alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue apelada dentro del término
oportuno por la parte demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del veintidós (22) de
agosto de dos mil veinte dos (2022), negó las pretensiones al considerar que, no se
probó la relación entre la demandante y las corporaciones, solo obraban los
contratos suscritos entre esas entidades y el Hospital General de Medellín, no así
los pactados por la señora Liliana María Guerra Mira.
Que los contratos eran necesarios para conocer el objeto contractual, lugar de
prestación de servicios, cargo desempeñado, jornada de trabajo y, en general, las
condiciones de tiempo, modo y lugar en que la actora desarrolló las actividades.
Que, aunque se presumía la subordinación en la ejecución de las labores de
auxiliares de enfermería, no se allegaron pruebas acerca de la falta de autonomía
de la demandante ni que durante su vinculación con CORFENIX o el sindicato
DARSER hubiera estado sometida a la dirección y control de la entidad demandada.
Que la prueba testimonial conducía a afirmar que la demandante y su actividad era
coordinada por las empresas encargadas de la prestación de los servicios
contratados por el Hospital General de Medellín, que había tres coordinadoras
quienes determinaban sus horarios de trabajo y los permisos, licencias, cambios de
turnos y otros temas.
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Que la relación entre la actora y la entidad se trató de la satisfacción de las
obligaciones contractuales adquiridas por las diferentes asociaciones contratadas
por la segunda de estas, bajo total autonomía e independencia.
Que la pretensión relativa a la nivelación salarial a partir del 1 de julio de 2014 no
podía concederse, porque no probó el desequilibrio y la ausencia de justificación
para la diferencia salarial y prestacional alegada respecto de su asignación y la de
la persona vinculada a la planta de personal como auxiliar del área de salud.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación indicando que sí probó la
configuración de la relación laboral encubierta, que de los convenios que la entidad
suscribió con esas asociaciones y de las certificaciones se puede extraer el objeto,
lugar de prestación, cargo desempeñado y duración de la vinculación.
Que el vínculo fue permanente y continuo, duró más de ocho años y, aunque no
suscribió contratos de prestación de servicios directamente con el Hospital General
de Medellín, aquel empleó otras modalidades para ocuparla en una actividad que
atendía su misionalidad.
Que la subordinación estaba demostrada, porque prestaba el servicio única y
exclusivamente en las instalaciones de la entidad, con los recursos físicos y
tecnológicos de esta, debía usar uniforme, seguir las guías, reglamentos,
procedimientos y directrices fijados para la atención de pacientes y asignados por
los médicos y jefes del servicio.
Que la entidad fijaba los horarios, las horas mínimas o máximas que debía laborar,
vigilaba y controlaba su actividad, no podía ausentarse sin autorización y sus
funciones eran idénticas a las del personal de planta.
Que la afirmación de que existían tres coordinadoras de CORFENIX en el Hospital
General de Medellín no desvirtúa su dependencia a la entidad demandada, sino que
prueba la subordinación del personal contratado por intermediarios, pues debieron
tener una oficina permanente por más de siete años en la entidad.
Que recibía una remuneración salarial por el desarrollo de sus actividades, como se
evidencia en el historial de aportes a pensión que allegó.
Frente a la nivelación salarial, advirtió que la entidad no expuso ni justificó las
razones por las cuales su remuneración era inferior que la de la señora Alexandra
Arango, por el contrario, se acreditó que desempeñaron el mismo cargo, cumplieron
con las mismas funciones, tenían iguales responsabilidades y la jornada laboral y
requisitos exigidos eran similares.
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Que no hay ninguna razón para la diferencia salarial que se presenta.
TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.
El 1 de abril de 2022 fue admitido el recurso de apelación, y se dispuso que, una
vez ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin
necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto
hasta antes de que el proceso ingresara a despacho para fallo.
Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no presentó concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala determinará si se acreditó la existencia de un vínculo entre las partes
derivado de la prestación de servicios profesionales y, en caso afirmativo, si se
encubrió una relación laboral y, como consecuencia, tiene derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión de esa
situación.
Asimismo, se analizará si la demandante tiene derecho a que le sean reconocidas
las diferencias salariales y prestacionales que reclama, a partir del 1 de julio de
2014.
Finalmente, se decidirá lo concerniente a la condena en costas de segunda
instancia.
Marco normativo y jurisprudencial
Encubrimiento de la relación laboral
Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la Ley
80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:
«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».
En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la relación
contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad si entre la
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actora y la entidad demandada existía un verdadero contrato de prestación de
servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la que procede a
analizarse.
La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia o
subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el elemento
de la remuneración.
Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación laboral
ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la sentencia
C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa claramente
las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios, dice al
respecto:
«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de
prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure
se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada
subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo.
En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente
desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el
elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad
de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son
bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias
y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como
por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en
el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la
administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada,
así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio,
se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones
sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación
de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del
contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas para
resaltar).
De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
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servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al
pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad
sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución.
Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:
«2.3.3.2. Subordinación continuada
102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el
cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de
trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación
del servicio.
103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida- ha
considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que
permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las siguientes:
104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado
por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo,
ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por
lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las
modalidades permitidas para los empleados de planta.
105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea
simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en
el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de
jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del
cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia
de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.
106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de
reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,3 la
dirección y control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de
los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de
la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su
inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de
manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así,
cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia,
imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje
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de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio
personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización
de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma
permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente,
siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los
elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona
que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes
perentorias y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá
acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada
se enmarca en el objeto misional de la entidad.
108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de actividades
o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en este caso la de
abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación laboral, pues, en la
práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el
objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del contrato de prestación
de servicios sí exige que las funciones del contratista sean desarrolladas con
un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la necesidad de coordinación con
la entidad contratante que, en ningún caso, puede servir de justificación para
ejercer comportamientos propios de la subordinación laboral.
(…)
3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993.
131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados, es
esencialmente temporal; por lo tanto, este tipo de contratos, cuando se
suscriben con personas naturales, no pueden concatenarse indefinidamente en
el tiempo.
132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta
donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de
los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para
su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el tiempo
necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe estar sujeto
al principio de planeación, que encuentra su manifestación práctica «en la
elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio jurídico, pues
es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones que
justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».
133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución de
los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones imprevistas que
exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo estimado, ab initio,
como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede resultar insuficiente. En
cualquier caso, las mismas razones que en su momento justificaron la
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planeación del contrato inicial y la suscripción de los contratos modificatorios
del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en los mencionados estudios
previos.
134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla a
cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan,
sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para
garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).
Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación
laboral como son: una actividad personal, un salario y la subordinación. Así lo
ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado en varias oportunidades:
“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir
esa carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un
contrato de prestación de servicios.
42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto
administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se
prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad personal
del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del trabajador y (iii)
remuneración como retribución del trabajo prestado, para que se pueda
configurar un contrato de trabajo.»1.
Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación por
parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su calidad, tales
como las prestaciones sociales.
Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por ello
se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
Nivelación salarial
La Sección Segunda ha sostenido 2 que el trabajador tiene derecho a recibir una
remuneración, en condiciones de igualdad y acorde con las tareas que desempeña.
1 Sentencia del 28 de octubre 2021. Consejero Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Radicación
número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
2
Ver entre otras: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B, sentencia de 19 de junio de 2020, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, número de radicación 05001-23-33-000-
2014-00500-01(0747-16) y (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 25 de octubre de 2018, C.P. William Hernández Gómez, número de radicación:
73001-23-33-000-2014-00383-02 (2239-2016)
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Además, que, en los casos en que, el empleador desconoce de manera caprichosa
tales prerrogativas, está habilitado para reclamar, por vía judicial, la compensación
económica o nivelación salarial.
Respecto de este planteamiento, la Corte Constitucional también ha precisado: 3
«En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria los salarios de
sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose todos en igualdad
de condiciones”. Sin embargo, es preciso advertir que la igualdad predicada obedece
a criterios objetivos y no meramente formales, aceptando entonces homogeneidad
entre los iguales, pero admitiendo también diferenciación ante situaciones
desiguales...”
[…]
7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la Corte se
pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser igual entre dos
trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes presupuestos fácticos: i)
ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con la misma
preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente, cuando (v) las responsabilidades
son iguales».
Lo anterior se sustenta en la medida en que el juicio de igualdad en el ámbito de las
controversias derivadas del trabajo no puede ser formal sino objetivo y material, tal
como lo ha reiterado la Corte Constitucional: 4
«Por lo tanto no toda desigualdad o diferencia de trato en materia salarial
constituye una vulneración de la Constitución, pues se sigue aquí la regla
general la cual señala que un trato diferente sólo se convierte en discriminatorio
(y en esa medida en constitucionalmente prohibido) cuando no obedece a
causas objetivas y razonables, mientras que el trato desigual es conforme a la
Carta cuando la razón de la diferencia se fundamenta en criterios válidos
constitucionalmente. En consecuencia no toda diferencia salarial entre
trabajadores que desempeñan el mismo cargo vulnera el principio “a trabajo
igual salario igual”, como quiera que es posible encontrar razones objetivas que
autorizan el trato diferente.”
6. El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio
relacional, propio del juicio de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración
debe estarse ante dos sujetos que al desempeñar las mismas funciones y estar
sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de cualificación para el
empleo, son comparables y, no obstante ello, reciben una remuneración
diferente. Se insiste entonces en que la discriminación salarial injustificada debe
basarse en la inexistencia de un parámetro objetivo, discernible y razonable,
que justifique la diferenciación.
3 Sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997 Corte Constitucional. Esa Corporación también
señaló al respecto en la sentencia del 19 de julio de 2007 Radicado 454 A-2007 lo siguiente: «Al respecto, se
ha afirmado que ''en materia salarial, si dos o más trabajadores ejecutan la misma labor, tienen la misma
categoría, igual preparación, los mismos horarios e idénticas responsabilidades, deben ser remunerad os en la
misma forma y cuantía, sin que la predilección o animadversión del patrono hacia uno o varios de ellos pueda
interferir el ejercicio del derecho al equilibrio en el salario, garantizado por la Carta Política en relación con la
cantidad y calidad de trabajo'' Sentencia SU-519 de 1997 […]».
4 Corte Constitucional. Sala novena de revisión. Sentencia T-833 del 23 de octubre de 2012. Expediente: T-
3.561.818 y sentencia C-071 del 25 de febrero de 1993 de la Sala Plena de dicha corporación en el expediente:
D-113. Se aclara en este punto que a pesar de que la primera de las providencias referidas es de revisión de
tutela con efectos inter partes, lo cierto es que dentro de su parte considerativa se desarrolló una regla
jurisprudencial de aplicación homogénea en clave de precedente relacionada con lo casos en los que se invoca
la igualdad para efectos de nivelación salarial.
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Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como razones admisibles de
diferenciación salarial, entre otras (i) la aplicación de criterios objetivos de
evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura institucional de las
dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima
facie análogos; y (iii) la distinta clasificación de los empleos públicos, a partir de
la cual se generan diferentes escalas salariales, que responden a
cualificaciones igualmente disímiles para el acceso a dichos empleos.» (Cursiva
según la transcripción).
Estas consideraciones implican que en los asuntos donde se afirma una presunta
igualdad basada en el ejercicio homogéneo de funciones que le corresponden a un
empleo con mejor remuneración, y en el cumplimiento exacto de requisitos o perfiles
para desempeñar la misma actividad, tales hechos tendrán que valorarse en
conjunto con todas las condiciones particulares de cada cargo en contraste desde
diferentes aristas objetivas, en orden de fijar un criterio de equiparación viable en lo
relativo a la nivelación salarial, en la medida en que un examen adecuado para
hallar un trato discriminatorio únicamente puede ser predicado entre pares exactos
y no entre similares con ciertas divergencias. 5
Así, esta Subsección6 ha precisado que quien alega estar en una situación
desfavorable al considerar que las funciones y demás condiciones que cumple
resultan asimilables a otro empleo, debe probar procesalmente lo siguiente:
«Conforme a lo esbozado, se precisa que quien pretenda el pago de una
diferencia en su remuneración porque considera que las funciones y demás
condiciones que cumple resultan asimilables a las de otro empleo cuya
asignación es mayor, debe acreditar necesariamente que existe un criterio de
igualdad entre los dos para poder evidenciar si se presenta un trato disímil
injustificado, aspecto que solo se logra si se comprueba fehacientemente que
quien está en la supuesta situación desfavorable: a) cumplía las mismas
funciones y tenía iguales responsabilidades que las de la plaza comparada, b)
contaba con idéntica preparación o perfil al de un funcionario que ocupa el cargo
contrastado, y c) acreditaba la totalidad de requisitos exigidos para desempeñar
el empleo cotejado».
Resolución del caso concreto
Encubrimiento de la relación laboral
De conformidad con las pruebas, se puede establecer:
Que el Hospital General de Medellín E.S.E. suscribió los siguientes contratos de
prestación de servicios con la Cooperativa de Trabajo Asociado COOPFENIX de
Servicios Integrales:
1. Contrato No. 242 de 2007, con el objeto de prestarle al hospital los servicios de
trabajo asociado en los procesos de enfermería a nivel profesional, enfermería a
nivel auxiliar, enfermería a nivel profesional auxiliar y tecnología de imágenes
5 La mentada tesis jurídica ya fue advertida por esta misma Subsección en sentencia del 15 de julio de 2021,
proferida en el proceso con radicado: 73001-23-33-000-2016-00616-01 (0047-2018).
6 Ibidem.
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diagnosticas por medio de personas asociadas a la cooperativa. Con vigencia del
11 de julio de 2007 al 31 de enero de 2008.
2. Contrato No. 23 de 2008, con el mismo objeto que el anterior. Con vigencia del 1 de
febrero de 2008 al 31 de enero de 2009.
3. Contrato No. 343 de 2008, con el mismo objeto que el anterior. Con vigencia del 1
de febrero de 2009 al 31 de enero de 2010.
4. Contrato No. 36 de 2010, con el mismo objeto que el anterior. Con vigencia del 1 de
febrero al 30 de junio de 2010.
5. Contrato No. 228 de 2010, con el mismo objeto que el anterior. Con vigencia del 1
de julio al 28 de febrero de 2011.
6. Contrato No. 113 de 2011, con el objeto de prestar los servicios especializados para
atender los procesos y subprocesos que comprenden las actividades,
intervenciones y procedimientos en enfermería a nivel profesional, enfermería a
nivel auxiliar, perfusión, enfermería a nivel profesional angiografía, enfermería a
nivel auxiliar angiografía, vacunación a nivel auxiliar, digitación de vacunación,
registro de vacunación, evento en enfermería a nivel profesional vascular, evento
en enfermería a nivel asistencial. Con vigencia del 1 de marzo de 2011 al 28 de
febrero de 2012.
Que la E.S.E. también suscribió los siguientes contratos de prestación de servicios
con la Corporación para la Salud Fenix-Corfenix:
1. Contrato No. 23 de 2012, con el objeto de prestar los servicios especializados para
atender las actividades, intervenciones y procedimientos tanto efectivos como
urgentes en los subprocesos que se describen, entre ellos, enfermería a nivel
profesional y auxiliar. Con vigencia de un año, a partir del 1 de marzo de 2012 al 28
de febrero de 2013.
2. Contrato No. 266 de 2012, con el objeto de prestar los servicios especializados para
atender las actividades de intervenciones y procedimientos ambulatorios, en los
subprocesos de enfermería a nivel auxiliar en vacunación extramural, registro de
vacunación extramural, digitación de bases de datos de vacunación extramural, en
el proceso de actividad extramural de presupuesto participativo. Con vigencia de un
mes.
3. Contrato No. 67 de 2013, con el objeto de prestar sus servicios especializados para
atender las actividades, intervenciones y procedimientos tanto electivos como
urgentes en los subprocesos que se descritos en el convenio. Con vigencia de
cuatro meses.
4. Contrato No. 105 de 2013, con el objeto de prestar sus servicios especializados para
atender las actividades, intervenciones y procedimientos ambulatorios, en los
subprocesos de enfermería a nivel auxiliar en vacunación extramural, registro de
vacunación extramural, digitación de bases de datos de vacunación extramural, en
el proceso de actividad extramural de presupuesto participativo. Con vigencia de
dos meses, prorrogada por dos meses más.
Según la certificación del 9 de abril de 2014 7 expedida por la Cooperativa de Trabajo
Asociado COOPFENIX de Servicios Integrales, la demandante prestó sus servicios
con la asociación «facilitando su fuerza de trabajo como Auxiliar de Enfermería, en
7 Folio 299 Cuaderno Principal 2.
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el HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, desde el 11 de Julio de 2007 hasta el 31
de Julio de 2011. Con un convenio de trabajo asociado a término indefinido (Decreto
ley 4588 de 2006)».
También la gerencia de la Corporación para la Salud Fenix-Corfenix certificó el 9 de
abril de 2014 8, que la señora Guerra Mira prestó sus servicios a la corporación
«facilitando su fuerza de trabajo como Auxiliar de Enfermería, en El Hospital General
de Medellín desde el 01 de Agosto de 2011 al 30 de septiembre de 2013, con un
contrato por obra labor determinada».
Obra la certificación del 2 de mayo de 2014 9 del Sindicato de Profesiones y Oficios
de la Salud DAR-SER, en la que da cuenta que la demandante «se encuentra
afiliada al Sindicato desde el 01 de Octubre de 2013 hasta el 31 de Marzo de 2014,
en calidad de Auxiliar de Enfermería». Asimismo, enlista las funciones a cargo de la
actora.
Las anteriores pruebas dan cuenta que el Hospital General de Medellín E.S.E.
suscribió múltiples contratos para el suministro de servicios profesionales de
enfermería y auxiliar de enfermería con COOPFENIX y la Corporación para la Salud
Fenix-Corfenix y que, la demandante prestó sus servicios como auxiliar de
enfermería en la entidad demandada, por intermedio de esas asociaciones, entre el
11 de julio de 2007 y el 30 de septiembre de 2013 y del sindicato DAR-SER, entre
el 1 octubre de 2013 y el 31 de marzo de 2014 y, como contraprestación de la labor,
se pactó el pago de unos valores específicos.
Ahora, según la jurisprudencia el Consejo de Estado 10 y la Corte Suprema de
Justicia11 la tercerización y la intermediación laboral son permitidas en Colombia,
pero cuando aquellas desbordan sus límites, naturaleza y finalidades se convierten
en ilegales y conducen al reconocimiento de relaciones laborales encubiertas y a la
protección de los derechos de quienes resultaron afectados por la indebida
utilización de esas figuras.
Dicho esto, en el caso, corresponde determinar si se desbordaron los límites de
esas formas de contratación.
La Sala encuentra que la vinculación de la demandante con COOPFENIX, la
Corporación para la Salud Fenix-Corfenix y el sindicato DAR-SER se suscitó a
través de diferentes modalidades contractuales, según la información que reposa
en las certificaciones allegadas. Sin embargo, no existen pruebas adicionales
acerca de características y condiciones en que se desarrolló el vínculo de la
8 Folio 300 Cuaderno Principal 2.
9 Folios 323 y 324 Cuaderno Principal 2.
10 Sobre el análisis, ver, entre otras, la sentencia de la Sección Segunda, Subsección A, del 9 de junio de 2022,
expediente 2016-00263. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
11 En ese tema, ver, entre otras, las sentencias del SL1210-2022 del 28 de marzo de 2022, radicado: 88214;
SL467-2019 del 6 de febrero de 2019, radicado: 71281
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demandante con las diferentes asociaciones en las que ejerció su labor como
auxiliar de enfermería en el aludido hospital.
En el caso del sindicato DAR-SER no fue allegado el contrato sindical o convenio
entre la E.S.E. y la organización referenciada ni el acuerdo o contrato suscrito entre
la actora y este último.
Se aportó el reporte de los aportes a pensión de la actora y algunos cuadros de
turno de los auxiliares de enfermería del 2013, en los que se incluye a la
demandante y se registran unas denominaciones alfabéticas y un recuadro de
número de horas del mes que oscila entre 150 y 240 en el caso en estudio.
Lo anterior, a juicio de la Sala, no puede considerarse por sí solo como demostrativo
de la existencia de una relación en condición de subordinación y dependencia
continuada, ello, en tanto que, en su generalidad, obedece a la finalidad del servicio
contratado.
Por lo tanto, se continúa con el análisis de las declaraciones recibidas en las
audiencias de prueba llevada a cabo en la primera instancia por parte de la señora
Beatriz María Pereira Valderrama y los trasladados de otros procesos, señores
Jorge Uriel Urrego Herrera 12 y Blanca Cecilia Montoya13.
La primera testigo, la cual fue solicitada por la parte demandada, señaló que se
desempeñó como encargada de servicio humano de la Corporación para la Salud
Fenix-Corfenix desde septiembre de 2010 hasta septiembre de 2011 y,
posteriormente, como profesional de gestión humana del Hospital General de
Medellín E.S.E. y, debido a esas ocupaciones, le constaba que la corporación tenía
una sede en el centro asistencial, en la que laboraban tres coordinadoras y una
secretaria, que se encargaban del manejo del personal que prestaba sus servicios
en áreas asistenciales.
Que una de las coordinadoras era la de novedades, que se encargaba de la
programación de turnos, asignación de actividades y permisos, incapacidades y
novedades y, las otras dos estaban encargadas de los pisos generales del centro
asistencial.
Que la demandante recibía las indicaciones sobre sus actividades y programación
de turnos de la corporación y debía reportar cualquier novedad a la coordinadora
encargada. Que tenía total autonomía para ausentarse o no asistir al turno
programado, solo debía reportar la novedad.
Que los equipos e instrumentos eran de la E.S.E., pero la corporación debía
responder por cualquier daño o perdida. Que todo el personal debía ceñirse a los
12 La parte demandada solicitó el traslado de la declaración rendida por el señor Jorge Uriel Urrego Herrera en
el proceso 2016-01229.
13 La parte demandante solicitó el traslado de la declaración rendida por el señor Jorge Uriel Urrego Herrera en
el proceso 2016-01955.
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protocolos de servicios de la entidad, los cuales corresponden a políticas de
acreditación y habilitación generales de las empresas de servicios de salud.
Que las quejas sobre la atención del personal de enfermería y auxiliares de
enfermería eran reportadas a la corporación, que se encargaba de realizar los
procesos o llamados de atención correspondientes.
El segundo indicó que era director de gestión humana de la E.S.E. desde octubre
de 2003 y, por esa razón sabía que la entidad contrató con terceros, entre ellos
cooperativas, corporaciones y sindicatos la prestación de varios servicios
asistenciales.
Que la justificación de esa contratación fue el incremento de las necesidades
asistenciales y, su mayoría, abordaron servicios específicos, subprocesos y ejes
determinados, como la enfermería y auxiliares de enfermería.
Que existían áreas determinadas en la E.S.E., en la que prestaban los servicios de
manera exclusiva del personal vinculado a través de cooperativas, corporaciones o
sindicatos.
Que la E.S.E. suscribió un contrato de arrendamiento con Fenix-Corfenix, de una
oficina en la entidad, en la que realizaban el manejo y control de su personal. Que
había tres coordinadoras que se encargaban de la programación de turnos y manejo
de quejas o inconformidades en la prestación que eran reportadas por el supervisor
del contrato de prestación de servicios general.
La tercera indicó que era auxiliar de enfermería de la E.S.E. y estaba vinculada a la
planta de personal desde 1999. Se refirió de manera particular al caso del señor
José Julián Narváez Hernández y, que, desde su actividad tenía conocimiento que
en la entidad había personal vinculado por intermedio de cooperativas,
corporaciones o sindicatos de trabajo.
Analizadas las anteriores declaraciones, esta Sala no encuentra elementos que
indiquen que efectivamente la relación se llevó bajo una subordinación; pues de
estas no puede extraerse con un mínimo grado de certeza que se le exigiera a la
actora que ejecutara el objeto contractual bajo unas condiciones de tiempo y modo
impuestas por la entidad y, en tal sentido, no se demostró que la demandada hubiera
ejercido una imposición decisiva sobre la manera en la que debía desarrollar sus
actividades.
Por el contrario, dos de los declarantes afirmaron que la actividad de la demandante
mientras estuvo vinculada a la Corporación para la Salud Fenix-Corfenix, estaba a
cargo de esa corporación. Que, la asociación tenía una oficina en las instalaciones
del centro asistencial y personal que organizaba o programaba los turnos, asignaba
las tareas y se encargaba de todas las novedades del personal vinculado a esta.
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Lo anterior, impide concluir que el direccionamiento o supervisión de la actividad a
la que se dedicó la demandante estuvo a cargo de la E.S.E. y, de esta manera, que
se presentó una tercerización laboral ilegal. Esto último, cobra mayor fuerza,
teniendo en cuenta que en el caso no se cuenta con los documentos contractuales
suscritos entre Fenix y la demandante, lo cual impide corroborar las condiciones en
que la segunda fue contratada, las condiciones u obligaciones exigidas para cumplir
sus tareas y, en general, la forma en la que desarrolló sus actividades.
Es importante precisar, que, si bien esta Sección en oportunidades anteriores 14 ha
señalado que la labor de los auxiliares de enfermería y enfermeros tiene implícito el
elemento de la subordinación frente a la entidad de salud demandada, en el
presente asunto, las pruebas allegadas permiten arribar a una conclusión contraria,
esto es, a que la demandante no estaba supeditada al direccionamiento y control
por parte de la E.S.E. en cuanto a aspectos como el establecimiento de un horario
de trabajo, impartición de órdenes o directrices y el sometimiento a reglamentos
internos de trabajo.
n el expediente no obran pruebas que permitan advertir que, mientras la
demandante se desempeñó como auxiliar de enfermería, recibió órdenes e
instrucciones por parte de empleados y funcionarios del ente de salud, ya fuera
sobre la forma en que debía ejecutar sus actividades o quejas o llamados de
atención por el incumplimiento de estas, situaciones que debieron ser acreditadas
por la parte demandante y que, ante su ausencia, no es posible determinar que
durante su vinculación, se encubrió una relación de carácter laboral.
Se resalta que, aun cuando en otras oportunidades15 se ha estudiado la existencia
de una relación laboral encubierta frente a entidades estatales cuando aquellas
acuden a la intermediación laboral, concretamente, a través de cooperativas de
trabajo asociado, entendiendo que existe un vínculo y sometimiento subordinado y,
que aquel, ocurre con el tercero contratante de la labor, en el presente asunto, a
partir de las pruebas no se demuestra algo más allá que el vínculo asociativo
existente entre la demandante y las cooperativas, pues no se tiene mayores
elementos para determinar las circunstancias en que se desarrolló dicha relación.
En el caso, no logra identificarse con precisión si las condiciones y particularidades
en que se dio la vinculación de la demandante a la E.S.E a través de las
cooperativas de trabajo desbordaron las limitaciones o prohibiciones de tales
asociaciones, imposibilitándose, de esta forma, el análisis de si existió o no alguna
clase de intermediación o tercerización laboral ilegal, en los términos pretendidos
en el proceso.
14 Ver, entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda del .14 de julio de 2022, expediente 2015-00185-01 (2088-2018) y del 31 de agosto de 2023,
expediente 2015-01074 (0803-2021).
15 Ver entre otras, las sentencias del 20 de abril de 2023, expediente 2012-00153-01 (2277-2016); del 28 de
abril de 2022, expediente 2014-00384-01 (2728-2021) y del 27 de abril de 2016, expediente 2012-00241 (2525-
2014).
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Sucede lo mismo en cuanto al contrato sindical, pues aun cuando la jurisprudencia 16
de la Corte Suprema de Justicia ha revisado que esos acuerdos bilaterales no
pueden ser instrumentalizados para suministrar ilegalmente personal subordinado
en actividades misionales permanentes de las entidades estatales, en el presente
asunto, los medios probatorios no dan cuenta de la subordinación alegada y, en ese
orden, de la desnaturalización de la vinculación bajo la modalidad inicialmente
mencionada.
En consecuencia, se confirmará la decisión apelada en ese punto.
Nivelación salarial
Dentro de las pruebas aportadas, se tiene el oficio 01200000000002016000369 del
21 de enero de 2016, acto administrativo acusado, a través del cual se negó la
diferencia salarial y prestacional 17 en el que se indicó lo siguiente:
«Con relación a la nivelación salarial y prestacional, no se encuentra justificación
alguna, entendiendo que la vinculación a partir del primero (1°) de julio de 2014. Se
dio bajo el Acuerdo N° 100 de octubre (sic) 18 de 2013, que estableció la nueva planta
de cargos y asignaciones salariales, bajo las cuales se vinculó la peticionaria».
En cuanto la vinculación de la demandante obra la certificación18 expedida por la
E.S.E. el 18 de agosto de 2017, en la que se informa que estuvo vinculada con la
institución desde el 1 de julio de 2014, en el cargo de auxiliar de la salud (auxiliar de
enfermería) con nombramiento en provisionalidad, con una intensidad horaria de
ocho horas diarias.
Además, en el manual de funciones y competencias del hospital 19, se especifica
que el cargo que ocupa la demandante es de nivel asistencial, código 412, grado 2
y se detallan las funciones esenciales, requisitos de estudio y de experiencia, entre
otros ítems.
También, el acumulado de pagos 20 desde el 31 de mayo de 2015 hasta el 31 de
julio de 2017, con el texto explicativo, la cantidad y el importe económico; donde los
conceptos detallados corresponden a sueldo básico, recargo nocturno,
compensatorio, domingo diurno con compensatorio, hora extra nocturna y otros.
En relación con la señora Alexandra Cecilia Arango Jaramillo, profesional de la
salud con la que se pretende comparar la remuneración básica y prestacional de la
actora, obra la Resolución No. 197 G del 28 de julio de 2000 21, por medio de la cual
se realiza su nombramiento en provisionalidad como auxiliar de enfermería y el acta
de posesión No. 07922 del 16 de agosto del 2000 donde se indicó que la
16 Ver entre otras, las sentencias CSJ SL4330-2020, CSJ SL3086-2021 y SL4332-2021.
17 Folio 4 Cuaderno Principal 1.
18 Folio 325 Cuaderno Principal 2.
19 Folios 326 a 327 Cuaderno Principal 2.
20 Folios 328 a 330 Cuaderno Principal 2.
21 Folio 331 Cuaderno Principal 2.
22 Folio 332 Cuaderno Principal 2.
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remuneración sería de $903.027 mensuales más los recargos legales.
La certificación 23 expedida el 18 de agosto de 2017, en la que se indica que está
vinculada con la institución desde el 16 de agosto del 2000, en el cargo de auxiliar
de la salud (auxiliar de enfermería) con nombramiento en provisionalidad, con una
intensidad horaria de ocho horas diarias.
El manual de funciones y competencias del hospital 24, en el que se identifica el
cargo que ocupa la señora Arango Jaramillo como de nivel asistencial, código 412,
grado 1 y se detallan las funciones esenciales, requisitos de estudio y de
experiencia, entre otros ítems.
Igual el acumulado de pagos 25 desde el 16 de abril de 2009 hasta el 31 de julio de
2017, con el texto explicativo, la cantidad y el importe económico; donde los
conceptos detallados corresponden al sueldo básico, recargo nocturno,
compensatorio, domingo diurno con compensatorio, hora extra nocturna y otros.
Realizado el anterior recuento probatorio, la Sala advierte que existen varias
diferencias entre los cargos; por ejemplo, a partir del manual de funciones allegado
en la etapa procesal pertinente se evidencia que la aquí actora ocupa el cargo de
auxiliar de la salud, código 412, grado 2; mientras que el de la señora Arango
Jaramillo corresponde al de auxiliar de la salud, código 412, grado 1.
Al revisar la exigencia de experiencia profesional para cada uno, se tiene que en el
grado de la demandante se exige seis (6) meses de experiencia relacionada,
mientras que el que, para el otro, se exige doce (12) meses; lo que da lugar a
entender que, al exigirse mayor experiencia, sería posible una mayor remuneración
y esto explicaría la diferencia entre cada una.
Sumando a lo anterior, al revisar el acto administrativo demandado, la entidad indicó
que sería negada la solicitud de nivelación salarial, por cuanto la actora fue
vinculada al Hospital General de Medellín E.S.E. mediante el Acuerdo 100 de
octubre 18 de 2013, que consagra una nueva escala salarial y la nueva planta de
cargos. Situación que claramente difiere de la otra persona, quien se encuentra
vinculada desde el año 2000.
Cabe resaltar que tal acuerdo no fue aportado por ninguna de las partes y tampoco
se cuenta con los parámetros que regulan la situación salarial y prestacional de la
otra persona, por lo que la Sala no puede determinar cuál es este régimen para
compararlo con el nombramiento de la señora Liliana Arango Jaramillo, por lo que
se concluirá que la demandante no acreditó de manera suficiente los supuestos de
hecho para exigir la nivelación.
23 Folio 333 Cuaderno Principal 2.
24 Folios 334 a 335 Cuaderno Principal 2.
25 Folios 340 a 348 Cuaderno Principal 2.
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Si lo que pretende es que se le conceda una mayor remuneración al empleo que
ocupa, le correspondía acreditar que efectuado el ejercicio comparativo tanto de su
empleo, perfil profesional y funciones desempeñadas, se desprende que
efectivamente hay lugar a la nivelación salarial.
Por lo tanto, la Sala confirmará la decisión de negar la nivelación salarial, por las
razones que aquí se exponen.
De la condena en costas en segunda instancia
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la reciente normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del art. 188 de la Ley
1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir de la
demanda y del recurso de apelación, que no se presenta una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, las
partes presentaron argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses, en
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el veintidós (22) de agosto de dos mil
veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las
pretensiones.
Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.
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19
05001-23-33-000-2016-01989-01 (0230-2023)
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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